La Confederación Hidrográfica del Júcar prevé la aparición de problemas para ajustar la oferta y la demanda de agua en el nuevo plan hidrológico del Júcar, condicionado, entre otras razones, por el descenso en las aportaciones de aguas superficiales, las «limitaciones» que tienen los planes de modernización de regadíos a la hora de liberar recursos, y el cumplimiento de los criterios medioambientales, que será obligatorio incluso en regiones como la valenciana donde existe un déficit estructural de agua.
Aunque se trata todavía de borradores pendientes de ser ajustados en el proceso de debate sobre el «esquema de temas importantes» -paralizado hasta que se delimiten las cuencas hidrográficas que son responsabilidad exclusiva de la Generalitat Valenciana-, los trabajos previos realizados por la Confederación Hidrográfica del Júcar destacan como «cuestiones clave» a tener en cuenta en el futuro plan la «probable reducción de recursos hídricos renovables».
La CHJ maneja dos escenarios distintos derivados del uso de la serie estadística larga -1940-2006- y la corta -1980-2006-, con reducciones de hasta el 40% en la infiltración por lluvia en las zonas de Cuenca, Teruel y Albacete, donde ganan su caudal los ríos Júcar, Cabriel y, en menor medida, el Turia.
Los estudios constatan una variación «espacial» de las precipitaciones-llueve más en la costa y mucho menos en el interior- y una disminución global de las aportaciones, muy acusada en los últimos 25 años.
Con estos parámetros, el recurso renovable disponible se quedaría en 3.294 Hm3 anuales, una cantidad que puede ser menor si se acrecientan los efectos del cambio climático. «Hay menos agua disponible, puede haber todavía mucha menos de lo que ahora se estima y además ya no pueden ignorarse los requerimientos medioambientales», apuntan desde la Confederación.
Así, el recurso a las aguas subterráneas estará condicionado por la necesidad de mantener el equilibro entre el recurso disponible y las extracciones. El índice de explotación «k», resultado de dividir las extracciones por el recurso disponible no puede ser mayor de 0,8, lo que deja en el límite de la explotación sostenible a decenas de acuíferos valencianos. Como restricción medioambiental deben de mantenerse todas las descargas de los acuíferos a la red fluvial, lo que limita todavía más la gestión del recurso.
Respecto a la demanda previsible, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha hecho ya decenas de proyecciones, aunque existen todavía grandes incertidumbres, especialmente en lo relativo al consumo de agua para uso de boca.
Demanda en crecimiento
En la actualidad, la demanda se sitúa en torno a los 551 Hm3/anuales y se prevé que en 2015 ascienda a 679,1. La incógnita crece para los años posteriores y la CHJ maneja para el 2007 un horquilla de consumo entre 738 y 903 hectómetros, excesivamente amplia a la hora de hacer una planificación. Respecto al regadío, la CHJ admite un incremento de casi 100.000 hectáreas desde 1982 a 2004, la mayoría en Castilla-La Mancha. Aunque la tendencia parece estabilizada, la CHJ recoge en sus informes la existencia de una demanda bruta muy elevada todavía, con 2.505 hectómetros cúbicos anuales. En 2015, la modernización de regadíos habrá finalizado y la demanda bruta se situará en 2.294 hm3, con un ahorro de 211 hm3 respecto a la situación actual. En este sentido, la CHJ, atendiendo a la necesidad de mantener caudales medioambientales aguas abajo de los primeros regadíos y fijar un nivel de recarga en los acuíferos costeros suficiente para evitar la intrusión salina, invita a ser «prudentes» en la estimación de los ahorros derivados de la mejora de la eficiencia en el riego
Compensar el déficit
Por último, la CHJ destaca la «importancia» pero también las «limitaciones» de las escasas actuaciones proyectadas para incrementar la oferta. Dentro del ámbito de la demarcación Júcar, y excluida por ello la amplia zona del sur de Alicante abastecida por el Segura, la CHJ preve un incremento de la reutilización de aguas depuradas.
Sin embargo, también aquí se pronuncia con cautela. Así, el volumen total depurado asciende hoy a 524 hm3/año y el reutilizado 151 hm3. Sin embargo, en 2015 se estima una reutilización real de la mitad de lo depurado actualmente, sin superar los 248 hectómetros cúbicos.
Por último, las desalinizadoras tan solo aportarán en 2015 97 hm3 ya que las más importantes se situan en el ámbito de la cuenca del Segura, donde existe una mayor necesidad de caudales. No existe, de momento un balance oficial que confronte los recursos propios disponibles en el interior de la cuenca y las demandas previsibles, pero las calculadoras echan humo.

El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, anunció hoy que pedirán, «de manera inmediata», una entrevista con la titular de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, para aclarar aspectos relacionados con la revisión del Plan Hidrológico del Júcar.

   Belmonte explicó que la organización que preside ha tenido conocimiento de un documento que se maneja en el Ministerio, por el cual y en su opinión se pretende eludir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 2004 por la que se anularon varios artículos que incluían la gestión conjunta de las cuencas del Júcar con el Turia, Vinalopó, Mijares, así como a la Albufera.

   De este modo, la sentencia obligaba a que las cuencas internas de la Comunidad Valenciana fueran administradas por el Gobierno  regional, y no por el estado a través del organismo de cuenca, cuya gestión tendría competencia sobre el Júcar.

   El documento que ha hecho levantarla voz de alarma en la organización de regantes, según expresó Belmonte, redefine lo que según el Ministerio son cuencas intracomunitarias, e intercomunitarias.

   Según esa clasificación las cuencas que administraría la Generalitat Valenciana corresponderían a las que recorren la provincia de Castellón (Cenia, Mijares y Palancia), por el norte, y por el sur en la provincia de Alicante, la comarca de la Marina Alta. El resto, que estaría considerado como una especie de Delta, sería administrado de forma unitaria por la Confederación del Júcar.

   Esta sustancial modificación, en opinión de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, perjudicaría a los usuarios de Castilla-La Mancha, al tener que repartir los recursos con los de la amplia zona que surge de esta nueva clasificación, y una manera de vulnerar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo.

   Por eso, anunció Francisco Belmonte solicitarán una entrevista con la ministra Espinosa para explicarle sus puntos de vista, y aclarar la situación, como ocurrió, recordó Belmonte, durante los gobiernos del Partido Popular, cuando la ministra Isabel Tocino aseguró la prevalencia de los derechos históricos que sobre el Júcar, tenía la Comunidad Valenciana.

   «Si entonces fuimos a explicar nuestra postura, ahora también queremos ser escuchados, para que la ministra escuche otras opiniones, además de la de los altos cargos del Ministerio, que curiosamente son mayoritariamente valencianos, o han pasado por las instituciones valencianas», manifestó el presidente de los regantes manchegos.

   Por último, aseguró que están dispuestos «a ir a Bruselas y lo que haga falta, siempre de manera pacifica», y añadió que esperan contar con el apoyo de las autoridades regionales.

El pleno del Congreso aprobó ayer por unanimidad el Real-Decreto Ley por el que se adoptan una serie de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas del Júcar, Segura, Guadiana y Guadalquivir.

La normativa establece conceder la exención de determinadas tasas de agua para riego, extendiéndola a los abastecimientos afectados por la escasez de recursos. Las medidas aprobadas en 2005 se prorrogan a 2009.

En la cuenca del Segura las reformas permitirán la modernización, impermeabilización y sistemas de control en las acequias principales de las vegas de los ríos Segura y Mundo y ahorrar así 51 millones de euros .

En la del Júcar, se van a llevar a cabo actuaciones para mejorar la disponibilidad, garantía y calidad de los recursos en la Ribera del Júcar, Valencia y su área metropolitana.

A los regantes de la Mancha Oriental no les temblará el pulso, llegado el momento, a la hora de denunciar al Ministerio de Medio Ambiente por incumplir durante cuatro años la sentencia del Júcar emitida por el Tribunal Supremo en octubre de 2004 «dedicándose a darle la vuelta a la situación, mediante los informes técnicos que interpretan torcidamente la ley para no asumir las consecuencias de su aplicación».

Así lo manifestó ayer el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Francisco Belmonte, quien anunció que solicitarán una entrevista con la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, para aclarar algunas cuestiones relativas a la revisión del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) que han despertado su preocupación. En este sentido, recordó que la revisión del Plan está pendiente de la definición territorial de las cuencas intercomunitarias que componen la demarcación del Júcar y que el pertinente esquema de temas importantes no ha sido publicado a día de hoy al no existir consenso sobre el mismo.

El responsable de los regantes señaló que la sentencia del Supremo estableció que en el PHJ no pueden incluirse las cuencas intracomunitarias valencianas que quedaron claramente definidas en su exposición.

Propuesta

El problema ha surgido cuando la Junta Central de Regantes ha tenido conocimiento de un documento que está manejando el Ministerio de Medio Ambiente según el cual, en opinión de Belmonte, se pretende eludir el cumplimiento de la sentencia. Y es que en este documento el Ministerio, según Belmonte, realiza una propuesta de nueva definición de las cuencas intercomunitarias que componen la demarcación del Júcar. Así se interpretaría que los ríos desembocan, o pueden desembocar, según la Ley de Aguas, en estuarios o deltas creando un nuevo conceto de desembocadura mediante sistema deltaíco que podría englobar el río principal y las cuencas costeras vecinas.

De esta forma, según detallaron desde la Junta Central de Regantes, a las cuencas intercomunitarias del Júcar, Turia y Mijares, se les incorporaría las cuencas intracomunitarias definidas en la sentencia del Supremo e incluiría sus territorios como parte de la cuenca hidrográfica intercomunitaria principal.

En el caso concreto de la cuenca hidrográfica del Júcar se le añadiría todas las cuencas intracomunitarias de Valencia que formaban parte del sistema de explotación del Júcar más la del río Jarabo incluyendo La Albufera «definida por la propia legislación valenciana como cuenca hidrográfica».

¿Qué supondría este cambio? A juicio de Belmonte, se traduciría en un menor peso específico de los usuarios y de la administración regional en los órganos de gobierno y gestión de la Confederación del Júcar, y la obligación de repartir los mismos recursos con una zona mucho más amplia y un mayor número de usuarios».

Belmonte reiteró que si fuese necesario denunciarían al Ministerio y que solicitarán al Gobierno regional «la máxima firmeza ante el Ejecutivo central, como ha hecho hasta ahora, en que se cumpla escrupulosamente la sentencia». Además anunciaron que éste último persistiese en su actitud pedirían a la Junta que exija la gestión de los ríos que discurren por la Región como lo han hecho otras comunidades.

El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, anunció ayer que pedirán, «de manera inmediata», una entrevista con la titular de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, para aclarar aspectos relacionados con la revisión del Plan Hidrológico del Júcar.
Los regantes han tenido acceso a los borradores del nuevo Plan Hidrológico del Júcar en el que se establecen los límites de la nueva «Demarcación Júcar» que sustituye al ámbito territorial de la actual confederación hidrográfica.
La nueva distribución territorial, que incorpora la división entre ríos intracomunitarios-cuya gestión debe asumir la Generalitat- y los extra comunitarios, cumple con la sentencia del Tribunal Supremo y con el Estatut de Autonomía. Además, supondría mantener una mínima mayoría de representantes procedentes de la Comunitat Valenciana en los órganos de gestión del Júcar.
Por el contrario, Belmonte cree que el texto pretende eludir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de por la que se anularon varios artículos del Plan Hidrológico del Júcar vigente.
Desde la óptica de Castilla-La Mancha cumplir la sentencia pasa por desgajar la cuenca del Júcar de la del Turia, Vinalopó, Mijares, así como a la Albufera.
Además de la manipulación geográfica que supondría desgajar la Albufera del Júcar, de cuyas aguas se nutre, la Administración Estatal entiende que no puede crearse una demarcación independiente para cada río intercomunitario. Para la CHJ, el Mijares y el Turia, por razones obvias, pero también el Palancia y el Vinalopó son intercomunitarios.
Esta sustancial modificación, en opinión de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, perjudicaría a los usuarios de Castilla-La Mancha, al tener que repartir los recursos con los de la amplia zona que surge de esta nueva clasificación, y una manera de vulnerar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo.
«Mayoritariamente valencianos»
Los regantes quieren que la ministra escuche «otras opiniones, además de la de los altos cargos del Ministerio, que curiosamente son mayoritariamente valencianos, o han pasado por las instituciones valencianas», manifestó el presidente de los regantes manchegos.
Por último, aseguró que están dispuestos «a ir a Bruselas y lo que haga falta, siempre de manera pacifica», y añadió que esperan contar con el apoyo de las autoridades regionales.

El portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, destacó hoy que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para paliar daños producidos por sequía, que será convalidado mañana, jueves, por el Pleno del Congreso de los Diputados, contempla más de 84 millones de euros en exenciones de tarifas de aguas.

   Según el portavoz socialista de Agricultura, el Real Decreto-Ley establece dos tipos de medidas: prorroga las adoptadas en años anteriores para la gestión de la sequía y establece otras ayudas nuevas a los titulares de uso de derechos de agua para riego que hayan tenido una dotación inferior al 50% de la normal, a la mancomunidad de los Canales de Taivilla para paliar el desequilibrio económico producido por la adquisición de derechos de uso de agua y al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel por los recursos aportados para paliar su difícil situación ecológica.

   Alonso subrayó que la prórroga de las medidas de gestión no necesitan dotación presupuestaria adicional, pero sí las segundas que suponen un ahorro por exención de tarifas de utilización de aguas públicas de 84,5 millones de euros. «En la Cuenca del Segura, el ahorro para los usuarios es de 51 millones y en la Cuenca del Guadalquivir, de 31 millones», detalló.

   El portavoz socialista de Agricultura calificó de «gran importancia» que el Real Decreto establezca «la declaración de utilidad pública y, por tanto, de urgente necesidad de ocupación de un listado de obras en todas las Cuencas Hidrográficas», y entre ellas destacó las del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Segura, informó el PSOE en nota de prensa.

Parece que el Congreso de los Diputados va a recoger el ‘guante’ que se ha lanzado desde Castilla-La Mancha para lograr un Pacto Nacional del Agua. Así se solicitó en una resolución unánime aprobada por las Cortes regionales en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, y también lo reivindicó el presidente autonómico, José María Barreda, cuando subió a la tribuna el 14 de octubre en el debate de la toma en consideración en las Cortes generales del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía.

El portavoz de los diputados nacionales socialistas, José Antonio Alonso, explicó ayer la intención de su Grupo de impulsar la creación de una Subcomisión que derive en un Pacto nacional que supere los criterios «partidistas» y las «diferencias territoriales» que ha suscitado esta cuestión en los últimos años. Este anuncio llega precisamente cuando el Estatuto castellano-manchego está en proceso de enmiendas en la Cámara Baja. Entre su articulado se recoge la caducidad del trasvase Tajo-Segura, algo que ha reabierto la ‘guerra del agua’.

Quizá para superar ese ‘escollo’, el Congreso de los Diputado comience a trabajar para lograr un Pacto nacional del Agua, un objetivo que contentaría a los representantes de Castilla-La Mancha. Así lo han manifestado anteriormente y siempre que garantice agua suficiente para la región tanto en cantidad como en calidad. Con estas palabras defendió Barreda esta vía en el Congreso: «Estaríamos de acuerdo en apoyar un Pacto de Estado que, dejando atrás polémicas sobre los planes anteriores, y sin que nos condicionaran, capaz de abordar la cuestión con vocación de encontrar soluciones globales desde las posibilidades que ofrecen el presente y el futuro».

El portavoz de los socialistas en el Congreso manifestó ayer que todavía se desconocen las fechas de cuándo podría empezar a funcionar este nuevo órgano, dado que todavía tiene que recabar la información del resto de formaciones politicas sobre la Subcomisión de Agua. Una vez creada, su misión será la de estudiar un modelo global y de Estado de gestión del agua. Uno de los objetivos ya lo expresó ayer José Antonio Alonso, que confía en alcanzar una solución «coherente» que evite enfrentamientos entre comunidades autónomas.

«una bendición». Mientras el Congreso de los Diputados abre nuevos foros para discutir la política hidrológica de España, la reforma del Estatuto de Autonomía sigue su proceso. El portavoz de los diputados socialistas, pero en este caso de las Cortes regionales, Santiago Moreno, expresó ayer que la nueva ampliación del plazo de enmiendas es una «bendición». En su opinión, lo «deseable» es que las enmiendas se presenten cuando los partidos políticos estén de acuerdo, de ahí que acepte como una ‘buena señal’ la prórroga. «De lo contrario, a lo que asistiremos es a una guerra de la que nadie saldrá beneficiado», alertó.

Moreno confía en que los Grupos parlamentarios alcancen un consenso para que el Estatuto salga como se aprobó en Castilla-La Mancha de la ‘criba’ del Congreso. También habló ayer de las reivindicaciones de la región para participar en los órganos de gestión de cuenca de los ríos. La propuesta es que cada comunidad tenga el peso que le corresponda en proporción con el ‘porcentaje’ de cauce que discurra por su territorio. El objetivo, «hacer de la gestión del agua una adecuación al Estado de las Autonomías».

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, anunció hoy que su Grupo pedirá la creación de una subcomisión que estudie el modelo de gestión del agua para evitar disputas «partidarias o territoriales».

Según explicó en rueda de prensa, el objetivo es consensuar un MODELO (XGMD.MCMODELO

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Última noticiaIU Ávila cree que el Guisasola «tiene en mente» el modelo sanitario de Esperanza Aguirre, lo que sería «desesperanzador» Ver más resumen  noticias  perfil  gráficos  histórico  )de gestión del agua que supere esas discusiones, «que existen de hecho» entre algunos territorios y formaciones políticas, y que recoja la cooperación de las comunidades autónomas en la gestión de las cuencas.

Los socialistas tienen intención de someter esa propuesta a los demás partidos, por lo que Alonso no quiso avanzar el plazo de tiempo en el que podría trabajar la subcomisión o el tipo de comparecencias que acogería.

La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó en rueda de prensa posterior que el PSOE no había contactado aún con ellos para exponer esa iniciativa. No avanzó si la respaldarán o no, aunque sí reiteró que su objetivo es «poner remedio» a los problemas relacionados con el agua.

Para la portavoz del PP, esa iniciativa del PSOE certifica «el desastre» de política de agua emprendida por el Gobierno en los últimos años, y comporta toda una «declaración de culpas».

Acusó a los socialistas de haber generado «un lío monumental» al suscitar enfrentamientos entre territorios sin haber resuelto las carencias de suministro de un bien esencial que debe ser distribuido de acuerdo con el principio de solidaridad.

La reserva de agua de los embalses de la cuenca del Júcar duplica «prácticamente» su capacidad respecto a las reservas contenidas dos años antes. En la actualidad, la capacidad de los embalses registra  un 24,2 por ciento, lo que supone un total de 810 hectómetros cúbicos (Hm3), mientras que hace dos años la cantidad de agua era de un 12,7 por ciento, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana.

   Según las citadas fuentes, son los mejores registros respecto al año pasado y la media de agua embalsada de los últimos cinco y 10 años, de manera que en la actualidad los embalses de la cuenca de este río disponen de un 0,1 por ciento más que hace una semana de reserva de agua (810 Hm3 frente a 808 Hm3), un 5,8 por ciento más que hace un año y un 11,5 por ciento más que hace dos años.

   Asimismo, estos embalses han registrado un 1,8 por ciento más que la media de los últimos cinco años y un 1,9 por ciento más que en los últimos 10 años. En concreto, hace un año los pantanos disponían de 617 Hm3 y ahora 810, es decir, 193 Hm3 más. La media de los últimos 10 años era de 726 Hm3, mientras que ahora son 810 más, es decir, 84 Hm3 más.