La propuesta alternativa, el voto particular, presentado ayer por el Grupo Popular para que se introduzcan nuevas bonificaciones fiscales y se rebajen o congelen los impuestos, las tasas y los precios públicos para el año que viene no fructificó. Se quedó en agua de borrajas porque se encontró con la ‘pared’ unánime de los 13 votos socialistas y el definitivo de IU.

A pesar de los esfuerzos dialécticos del concejal popular Juan Carlos López Garrido por defender que toda su propuesta estaba «perfectamente redactada» a pesar de que «sólo hemos tenido dos días cuando ustedes han estado trabajando en su documento desde abril», se rechazó de pleno. No se aceptó ni la disminución del tipo impositivo del IBI en urbana, ni la introducción de bonificaciones «que se noten el próximo año y no dentro de cinco» en el impuesto de los vehículos de tracción mecánica, ni que se mantenga el Impuesto por Actividades Económicas, ni que se rebajen los índices del ICIO y la plusvalía o que se congelen las tasas correspondientes al agua y a la recogida de las basuras.

El argumento fundamental que ofrecieron tanto la concejal de IU, Rosario Gualda, como del concejal de Hacienda, Antonio Martínez, fue casi idéntico, demostrando ser buenos cogobernantes y co-autores de la propuesta de Ordenanzas Fiscales que finalmente salió adelante: «Deben explicar cómo sufragarían la reducción en cinco millones de euros que supone su propuesta», les pidió Gualda. Para Martínez, esa cantidad quedaría entre cinco millones y 5,5, que es, al parecer, lo que se va a recaudar de más el próximo año, sobre éste, con el incremento de impuestos y tasas, a pesar de las bonificaciones planteadas.

SIN ALTERNATIVA. «Cuando se presentan bonificaciones y peticiones de rebajas hay que tener responsabilidad de intentar cuadrar las cuentas», esgrimió la portavoz izquierdista. Lo que le recriminó el concejal de Hacienda fue la poca capacidad de reacción cuando no se les aceptan a los populares propuestas alternativas. «El año pasado -le achacó al concejal popular- ya se le dijo que lo que proponía era ilegal, duplicado o poco concretado y lo vuelven a presentar igual, de la misma forma que lo llevan haciendo desde hace cinco años, y cambiando únicamente el epígrafe y cuatro cifras más».

La respuesta del edil popular fue lanzar de nuevo la pelota al tejado del equipo de gobierno. «En las propuestas y en el expediente que ustedes nos han presentado no viene tampoco el impacto económico ni la recaudación que van a suponer sus medidas».

La contrariedad en las filas populares no sirvió para que su propuesta alternativa no fuera rechazada y se pasó al debate del documento presentado el viernes por PSOE e IU y que supondrá el incremento de las tasas e impuestos municipales para 2009 en, al menos, un 4,4% (medio punto menos que el IPC interanual de agosto, fijado en el 4,9%), aunque con numerosas excepciones.

¿Y qué excepciones van a ser esas? En el IBI, la versión del PSOE es que se reduce el tipo impositivo del 0,47% al 0,45% (excepto para los inmuebles con uso industrial, oficinas y comercios con valor catastral superior a 300.000 euros) y se introducen bonificaciones para VPO y familias numerosas y la diferencia media entre lo que paguen en la capital y en las pedanías será del 38%. Para el PP, la revisión va a suponer una subida de, al menos, el 5,9%, que llegará al 10% en los locales en los que no se reduce el tipo impositivo.

En el impuesto de vehículos, para PSOE e IU se premiará a los que menos consumen, mientras que para el PP, las bonificaciones sólo benefician a unos pocos e incentivan a cambiar de coche, en lugar de a ahorrar.

En el IAE sí hay coincidencia: el recibo subirá un 20% para las 1.713 empresas que ganan más de un millón de euros (de las 14.000 que hay en la capital).

En el ICIO, los proponentes hablan de una revisión del 4,4%, pero con bonificaciones para obras de accesibilidad, para uso de energías limpias o que se lleven a cabo en edificios catalogados.

Por último, la revisión de las tasas, que también varía, propició división de opiniones. Para PSOE e IU se pone tarifa única en la recogida de basuras (90 euros para todos, menos para las que eran «hasta ahora» calles de cuarta categoría y pedanías, que pagarán 60 euros). Para el PP supondrá que los que viven en el centro paguen menos que ahora y viceversa.

En el agua, la subida -según la propuesta- se calcula aplicando el IPC de julio (5,3%) y se añaden los tres céntimos de euro derivados de los acuerdos del Júcar. Supondrá una subida trimestral que irá entre 1,33 euros (para el consumo mínimo de 15 m3) a los 18,98 euros (60 m3). El PP asegura que el incremento porcentual va del 7,72% al 25,17%

SUELDOS CONGELADOS. Las tasas, los impuestos y los precios públicos subirán para el próximo año y los cargos públicos municipales y sus asesores se apretarán el cinturón. El Pleno aprobó una moción, presentada de forma conjunta por los tres grupos, después de que se aglutinara en una la que habían propuesto, cada uno por su parte, los grupos socialistas y populares. Un texto al que dio lectura el secretario general del Ayuntamiento y que supondrá «para 2009» la congelación del sueldo de la alcaldesa y los concejales, de las partidas de las dietas de los cargos electos por asistencia a plenos, comisiones informativas y consejos de administración de las empresas municipales, de los asesores y cargos de libre confianza y, por último, de las asignaciones a los grupos municipales.

Así, los concejales liberados cobrarán 2.400 euros al mes y los asesores percibirán 2.100 euros. Se mantiene en 150 euros brutos la cuantía que los concejales perciben por asistencia a plenos, comisiones y consejos y la asignación de los grupos sigue en 8.500 euros mensuales para PSOE y PP y 2.500 para IU. El cálculo sale de los 1.500 euros al mes que se dan por grupo, mas 500 por concejal y otros 500 por portavoz.

Por primera vez, la población de la Región de Murcia y de Alicante necesita menos agua de la cabecera del Tajo debido a la progresiva puesta en marcha de las desalinizadoras. La contrapartida es que el agua saldrá cada vez más cara para las familias. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla solicitó ayer 22 hectómetros cúbicos en la reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto celebrada en Madrid. Este volumen, aprobado ayer, supone casi la mitad de las asignaciones trimestrales que ha venido necesitando la Mancomunidad para atender a una problación de 2,5 millones de personas. El nuevo debate que se abre ahora es si los caudales del Tajo que deje de consumir la población beneficiarán o no finalmente a los regantes del Segura.

La Comisión también aprobó una derivación de 2,5 hectómetros para los abastecimientos de Almería; así como un desembalse de 20 hectómetros para los regadíos del Segura, con el consiguiente enfado del representante de Castilla-La Mancha. Éste se negó en redondo a que se envíen excedentes para los cultivos.

La Comisión estuvo presidida por la directora general del Agua, Marta Moren. El director técnico de la Mancomunidad, Joaquín Salinas, explicó ayer que es la primera vez que solicitan una cantidad tan baja para el próximo trimestre. Se irá reduciendo más conforme se incremente la produción industrial de agua desalinizada. La asignación máxima del Tajo para la población es de 151 hectómetros en origen.

El secretario general del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, José Manuel Clave consideró que la cantidad propuesta se queda corta a la vista de las existencias en los pantanos, que alcanzan los 311 hectómetros.

UPA- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA, exige al Gobierno coherencia con la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural apoyando y potenciando las instalaciones fotovoltaicas en los tejados agrícolas y ganaderos

En el último borrador de modificación del RD 661/2007 que regula la producción de energía eléctrica a partir de la tecnología fotovoltaica, establece una prima superior para las instalaciones en cubierta. Esta idea nosotros la compartimos. La discrepancia con el último borrador viene a la hora de definir lo que se considera instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta: “aquellas que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones fijas cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de servicios, comercial o industrial, y que dispongan de referencia catastral”. Esta definición deja CONSCIENTEMENTE fuera a las instalaciones agrícolas y ganaderas.

Esto supone una discriminación intolerable respecto al sector agrario. ¿Porque en qué se diferencia un tejado de una nave agrícola o ganadera de una nave industrial o de una comercial?

Además si tenemos en cuenta la última Ley aprobada por el anterior gobierno, la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, podemos afirmar que la incumple totalmente. La ley habla explícitamente de desarrollar en el medio rural las energías renovables. En opinión de UPA difícilmente se van a desarrollar las energías renovables con proyectos de real decreto como el conocido que elimina la posibilidad de realizar instalaciones fotovoltaicas en los tejados de las naves agrícolas y ganaderas.

UPA considera una oportunidad la revisión del RD 661/2007 en lo que se refiere a la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. De igual manera que la propuesta de modificación del RD conocida plantea una diferenciación de las tarifas reguladas correspondientes a las instalaciones del tipo I y II, UPA estima que es conveniente y necesario plantear una discriminación positiva a favor de las instalaciones en cubierta realizadas en el medio rural, siguiendo el espíritu y los planteamientos de la Ley 45/2007.

Se trata de potenciar el desarrollo de este tipo de energía renovable en el medio rural, promovida por los agentes que habitan y desarrollan su actividad en el medio rural. Y por supuesto, no de dejar fuera a las instalaciones agrícolas y ganaderas. Una visión progresista debería apoyar la producción social de la energía fotoeléctrica evitando grandes concentraciones, como ha ocurrido hasta ahora, y propiciando una dispersión homogénea por el territorio alentando las instalaciones de pequeño y mediano tamaño.

La Ley establece una discriminación positiva en la acción de gobierno de todos los ministerios en favor del medio rural. Por tanto este proyecto va en contra de la Ley que más ha defendido el Presidente del Gobierno en la última parte de la anterior legislatura.

Indra, multinacional de tecnologías de la información, se ha asociado con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino para peinar el estado de embalses, cuencas hidrográficas, presas y aguas subterráneas en toda España.
La iniciativa busca unificar, centralizar y optimizar la gestión de toda la información que maneja la Dirección General del Agua, «disponer de un mapa preciso del aprovechamiento del agua», explica Alfredo Rey, responsable del proyecto. Para ello se ha creado una base de datos SAP centralizada y única que «impulsará los servicios web básicos que den soporte a la Administración electrónica y a las distintas necesidades de los productores de información», según reza el comunicado de la compañía. En la práctica, cuando el usuario de la Administración o cualquier ciudadano acceda a la página web del Ministerio de Medio Ambiente, tendrá acceso «a un visor cartográfico», es decir, a un mapa muy preciso de los embalses (para saber dónde se encuentran y cuál es su nivel de ocupación) y de las aguas subterráneas. El usuario también podrá localizar las presas que existen en España y calcular el aprovechamiento de los saltos de agua para la generación de energía eléctrica o cuántos kilovatios podría generar. Cada autonomía proporcionará los datos correspondientes a su territorio. Este Google map hidrográfico, centralizado, mucho más preciso y moderno que las herramientas existentes hasta ahora, también permitirá cartografiar las zonas más vulnerables a las inundaciones en todo el país. La solución de Indra permitirá homogeneizar, integrar y procesar grandes volúmenes de información procedente de los organismos que colaboran con el ministerio en la recogida y gestión de parte de los datos del agua. Las Confederaciones y Agencias Autonómicas del Agua, el Instituto Geológico y Minero de España, la Agencia Estatal de Meteorología, el Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas o el Instituto Geográfico Nacional colaborarán en el proyecto, que estará operativo «en octubre o noviembre», según Rey. Indra, multinacional de tecnologías de la información líder en España y segunda en Europa por capitalización bursátil de su sector, alcanzó 2.167 millones de euros de ventas en 2007, de los que un tercio procedieron del mercado internacional. La compañía emplea a 24.000 personas y tiene clientes en más de 90 países

El concejal Juan Carlos López Garrido afirmó que, como mínimo, el IBI va a suponer a los ciudadanos un incremento del 5,9% y no del 4,4% como anunció el «gobierno progresista»E.REAL

La propuesta de adaptación de las tasas e impuestos municipales para el próximo año que presentaban hace unos días el concejal de Hacienda, Antonio Martínez, y la portavoz de IU, Rosario Gualda, ya ha tenido la respuesta de la oposición. De rechazo total.

Era el concejal popular Juan Carlos López Garrido el que comparecía ayer para argumentar su rechazo. Unas críticas que se han basado, fundamentalmente, en que no es el momento propicio para aplicar una subida tan fuerte. «Lo razonable sería disminuir los tipos impositivos, introducir verdaderas bonificaciones fiscales y reducir o congelar las tasas y precios públicos», explicó. Sin embargo, añadió López Garrido, «aquí, el deporte favorito del PSOE es subir los impuestos».

Además, no consideran «razonable» que, no sólo se haya optado por el aumento, sino que éste sea sólo medio punto menos que el IPC. Algo que, además, no se cumple en todos los casos y, para acreditarlo, hizo un repaso de cómo, según el concejal, va a repercutir la subida en los ciudadanos.

¿Qué redistribución? Para López Garrido, es cuanto menos «divertido» que el concejal, y especialmente la portavoz de IU, alegaran que se han utilizado criterios de «redistribución de la riqueza» en función de quien más o menos tiene.

Así, tomó como referencia la unificación de la tasa de recogida de basuras, que va a ser de 90 euros al año para todos, a excepción de las calles de cuarta categoría y de las pedanías, que pagarán 60 euros y cada año se les irá incrementando hasta llegar, como el resto, a los 90. Esta medida supondrá que, según el concejal popular, 22.779 usuarios vean disminuido el recibo y son los que viven en calles «de categoría especial, primera y segunda», mientras que 47.760 euros notarán un aumento en el recibo y son los que viven en calles de tercera y cuarta categoría y en pedanías. «¿Eso es redistribución de la riqueza?», preguntó.

Como datos concretos, el concejal dijo que «un vecino de la calle Ancha pasará de pagar 147,11 euros este año a 90 en 2009 y un vecino del Cerrico pagará de 52,05 euros este año a 60 el próximo». Esto equivale a que «para el 67% de los usuarios les va a subir el recibo». A las pedanías se les incrementa un 15%, mientras que a los vecinos de la calle Ancha y el Altozano les baja un 40%, apuntó.

En el recibo del agua, el caso va a ser similar. De un incremento del 4,4% nada de nada, según los populares. Para ello, y basándose en los datos que aparecen en el estudio de revisión de las tarifas para 2009, elaborado por Aguas de Albacete, la subida en los recibos según el consumo será la siguiente: un 7,72% para los domicilios con consumo de hasta 15 metros cúbicos; del 8,65% por consumo de hasta 30 m3; del 12,53% para los hogares con consumo de hasta 45 m3; y del 25,17% para los consumos de hasta 60 m3.

La subida del recibo del agua para las empresas tampoco se queda corta, señaló el concejal. Para el mismo orden de tramos de consumo, los incrementos serán del 9,91%, el 9,90%, el 14,79% y el 17,32% respecto a este año.

Poco tiempo. Del resto de tasas e impuestos, también hizo el concejal el pertinente análisis, a pesar -lamentó- de que «sólo nos han dado dos días para revisar un documento en el que ellos llevaban trabajando desde abril».

De la contribución urbana, del IBI, criticó López Garrido que, a pesar de que se haya reducido el tipo impositivo, se siguen sufriendo las consecuencias de la revisión catastral y «el recibo les va a incrementar a los ciudadanos, como mínimo, un 5,9%» y eso, añadió, «no es medio punto menos que el IPC». Como tampoco lo es la subida que van a tener que hacer frente los inmuebles de uso industrial (342), de oficinas (132) y comercios (509) que «van a pagar en su recibo un 10% más».

Denunció también la poca repercusión que va a tener la bonificación para los vehículos poco contaminantes, de los que aún se han vendido pocos, y, por contra, la subida tan alta de entre el 12% y el 14,22% que experimentarán, «según el padrón», 5.602 coches.

Tampoco será mejor el destino de quienes tengan que pagar el IAE «aunque sean pocos», o la plusvalía, a la que han modificado el tipo impositivo un 19,05%.

Fenacore advierte que unos costes energéticos “desorbitados” pueden frenar la modernización de regadíos y el ahorro de agua. Castilla-La Mancha y Castilla y León son las regiones más perjudicadas por la subida tarifaria.

25/09/2008 (Noticia leida 51 veces)

AFRE- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) suscribirá acuerdos de colaboración con las principales compañías eléctricas – Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa- con el objetivo de obtener condiciones más ventajosas en la contratación de energía eléctrica que permitan hacer frente al fuerte encarecimiento experimentado por las tarifas de regadío desde este mes de julio. A cambio, los regantes se comprometen a desarrollar las acciones necesarias para garantizar el ahorro energético y el cuidado del medio ambiente.

De esta forma, la negociación para buscar una salida al encarecimiento de la factura eléctrica abandona el escenario político –donde los regantes, después de largas conversaciones, no han encontrado medidas concretas- para saltar ámbito empresarial privado donde las principales eléctricas parecen más predispuestas a ratificar una serie de convenios marco que faciliten a los regantes el acceso al mercado liberalizado en condiciones más favorables que las actuales.

Fenacore advierte que este encarecimiento de la factura eléctrica puede frenar el proceso de transformación de más de un millón de hectáreas hacia sistemas de riego más eficientes. Además, puede hacer inviable la modernización ya realizada en algunas comunidades de regantes, debido al incremento “desorbitado” de los costes energéticos no valorados previamente en los proyectos de modernización.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “al esfuerzo económico derivado del propio proceso de modernización con la transformación de los sistemas de riego por gravedad (de coste energético despreciable) a los nuevos mecanismos por presión (aspersión, goteo, etc.), habrá que añadir a partir de julio el sobrecoste adicional de la energía eléctrica que requieren estos nuevos regadíos, en contraste con los sistemas tradicionales que apenas precisaban de electricidad para su funcionamiento”.

Es cierto que el trasvase Tajo-Segura y la política del agua provocan serias contradicciones internas y luchas territoriales tanto en PSOE como en el PP, y que, por tanto, el asunto es igualmente espinoso y delicado para Zapatero que para Rajoy, para Barreda que para Cospedal. Hemos visto en los últimos años la profunda división que el Tajo-Segura genera internamente entre socialistas y populares valencianos, murcianos, andaluces y castellano-manchegos. La del agua en España, a falta de un gobierno central que ponga coherencia en el conflicto, es una lucha lamentable de todos contra todos.

Fijada esta posición inicial queda, sin embargo, un profundo poso de melancolía en torno a la posición real de Cospedal. Barreda lo tiene claro y ha resuelto ese problema: el presidente de Castilla-La Mancha está en contra del trasvase y quiere cerrar el grifo para siempre, sin tener en cuenta lo que digan ni Zapatero ni sus compañeros del PSOE en Murcia y en Valencia. Barreda va a su trantran y no se sale ni una gota del discurso desde hace años. Si las Cortes Generales deciden echar abajo el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, incluso con el voto de los diputados socialistas de la región, es algo de lo que él intentará desvincularse y que sean otros los que tengan que explicarse. Es más, utilizará probablemente esta hipotética derrota, si es que se produce, en plan victimista para hacerse aún más fuerte frente al problema que quiere clausurar.

Sin embargo, las cosas son más complejas para Cospedal y a día de hoy no sabemos ciertamente dónde está. Ella lo explica, o lo intenta, pero siempre queda algo enmarañado y confuso. Sí pero no. Evidentemente, como presidenta del PP de Castilla-La Mancha, Cospedal está en contra del trasvase: así lo ha pactado con Barreda y está escrito en la reforma estatutaria. Sin embargo, como secretaria general del PP y número dos de Rajoy, a Cospedal este asunto le quema porque su posición antitrasvasista en nuestra región choca frontalmente con la de sus compañeros de partido en el Levante, algunos tan poderosos como Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, presidentes de las comunidades de Valencia y Murcia. Y también porque la política nacional del PP en torno al agua no traza los mismos caminos pactados por Barreda–Cospedal en nuestra región. ¿Se enfrentaría Cospedal al programa de Rajoy en este asunto?

En fin. Ellos mismos, Valcárcel y Camps, se lo han dicho muy claro estos días a su «jefa»: por muy número dos que sea lucharán por mantener abierto el trasvase porque les va la vida en ello y forma parte de su estilo natural de estar en el mundo. O sea, en el Levante consideran fundamental aquello que Barreda y Cospedal han pactado cargarse en cuanto puedan. Cospedal, como brazo derecho de Rajoy y, a su vez, presidenta regional del PP tiene por tanto un problema de difícil conjugación. Intereses profundamente contrapuestos a los cuales debe atender en cargos que, como se ve, a veces chocan y entran en contradicción. El reciente episodio de un alto cargo levantino del PP, que puso en un brete a Cospedal, revela hasta qué punto la líder popular no lo tiene fácil. ¿Quiere realmente cerrar este grifo Cospedal? No lo tenemos claro.

Es fácil meter estas palabras en el mismo saco del argumentario socialista de estos días, pero la nueva ofensiva lanzada por Valcárcel y Camps ha dejado más que nunca la situación al descubierto. La línea que separa una y otra posición es muy sutil y Cospedal no ha sabido explicarla todavía de forma clara y profunda, más allá del pacto nacional del agua y todo ese bla-bla. Es verdad que a Barreda este asunto también puede quemarle en su próxima tramitación en el Congreso, pero la amplitud e intensidad de las quemaduras puede hacerle más daño a Cospedal. Lo suyo es más difícil de explicar. 

La presidenta regional del PP y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, aseguró hoy que su postura y la del PP de Castilla-La Mancha en materia de agua «está meridianamente clara, especialmente después del Debate sobre el Estado de la Región», y que cumplirán los acuerdos alcanzados con el PSOE en este asunto «e imagino que el señor Barreda también lo cumplirá».

   Después de que el presidente de la Región de Murcia, el ‘popular’ Ramón Luis Valcárcel, señalase que De Cospedal tendrá que cumplir las políticas hidráulicas que emanan de los debates del Partido Popular, la presidenta de este partido en Castilla-La Mancha no respondió directamente a su compañero de partido y recordó que su postura y la de su formación política es sobradamente conocida en materia de agua en Castilla-La Mancha.

   En declaraciones a los medios en la celebración del Comité Ejecutivo Regional del PP, De Cospedal resaltó que «la presidenta del PP de Castilla-La Mancha ha dicho en numerosas ocasiones todo lo que tenía que decir. En el Debate quedó meridianamente clara nuestra postura, y creo que ustedes lo tienen meridianamente claro. Si quieren que cada día estemos adoptando el mismo acuerdo, lo haremos, pero en el PP de Castilla-La Mancha cuando expresamos una cosa, es porque creemos en ello».

   Sobre la reunión que mantendrá el próximo viernes con José María Barreda, De Cospedal reconoció que «yo estoy dispuesta a hablar de ese tema y sobre cualquier otro, pero como imagino que el señor Barreda va a cumplir el acuerdo, no sé si hace falta que volvamos a hablar o no sobre este asunto».

   Por otro lado, las medidas contra la crisis económica y contra el desempleo, la implantación de la educación gratuita de cero a tres años, la situación del sector vitivinícola o el Plan de Infraestructuras son algunos de los temas que la presidenta regional del Partido Popular planteará el próximo viernes en la reunión. Asimismo, pedirá al presidente que apoye una resolución aprobada hoy por los ‘populares’ para que defienda la candidatura de Cuenca como Capital Europea de la Cultura en el año 2016.

   La cita con Barreda ha sido uno de los temas tratados hoy en el primer Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular, que se ha reunido por primera vez en el Parador de Cuenca, tras el Congreso Regional de julio. Ahora que llega el turno de los congresos provinciales, Cospedal aseguró que la situación es de «completa tranquilidad», y que la convocatoria de los congresos provinciales seguirá su curso durante las próximas semanas.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, manifestó hoy en Zaragoza que el debate del agua se ha «territorializado» en exceso, trasladando a la opinión pública un concepto localista del agua equivocado.

   Durante su participación en un seminario sobre «La Economía de Agua de Riego» organizado por el Gobierno de Aragón, Del Campo calificó de «preocupante» que los distintos Estatutos de Autonomía hayan entrado a regular una competencia exclusiva del Estado, «ya que las competencias sobre cuencas intercomunitarias no pertenecen a las regiones, sino al Estado Central».

   «El agua es de todos los españoles, por lo que ninguna cuenca, comunidad autónoma, ayuntamiento o comunidad de usuarios es dueña de este recurso, ya que el derecho al uso privativo del agua se adquiere mediante una ley o una concesión administrativa», afirmó.

   En este sentido, insistió en que los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas deben ser planificados y gestionados por el Estado, con la participación de los usuarios y de las comunidades autónomas, con el fin de evitar la «instrumentalización» del uso de este recurso que sólo conduce a provocar «guerras del agua».

   Además, recordó que el Ejecutivo Central debe defender y respetar el principio de la unidad de cuenca que marca la Constitución, asumiendo siempre un papel director y relevante en la gestión de la política hidráulica para evitar «posturas localistas» y «egoístas» en el tema de agua.

RIESGO DE LA RECUPERACIÓN ÍNTEGRA DE COSTES

   Por otro lado, el presidente de los regantes apuntó que la aplicación de una política de precios al agua que contempla esta normativa resulta «casi una excepción» dentro de los países de la Unión Europea cuando se trata de la agricultura española, debido a su rigor climático y a la necesidad de mantener numerosas infraestructuras hidráulicas para poder disponer de agua garantizada.

   Por ello, advirtió de que la aplicación de la recuperación íntegra de los costes del agua sobre las tarifas de los agricultores supondría la desaparición de la tercera parte del regadío español por falta de competitividad, con una pérdida importante de la aportación de la agricultura al PIB español (cifrado en más del 20% en algunas provincias), así como a la crisis del turismo rural, la desertización de zonas rurales y la concentración de la población en grandes ciudades.

   Finalmente, Del Campo recordó que el nivel de recuperación de costes en España por la prestación de los servicios del agua está comprendido en una horquilla de entre el 65% y 96% dependiendo del servicio, los usuarios y la cuenca.

   Además, destacó que la recuperación de los servicios de riego presentan un mayor porcentaje de recuperación de costes (85%-98%) que los usos urbanos (57%-96%).

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 23.866 hectómetros cúbicos, 1.019 menos que el pasado año y 2.005 menos que la media de los últimos 10 años, según datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la del Ebro (-131 hm³) es la que más ha disminuido su reserva, situándose al 57,6 por ciento de su capacidad total.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses del Norte II (Asturias y Cantabria), que están al 78.2 por ciento; las cuencas internas del País Vasco, al 76,2 por ciento; las del Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas), que caen al 69 por ciento; la Norte I (sur de Galicia y norte de León), que disminuye al 58,2 por ciento; Galicia Costa, que baja al 57 por ciento; las cuencas internas de Cataluña, que se sitúan al 55,8 por ciento y la cuenca del Duero, al 53,9 ciento.

Ya por debajo del 50 por ciento se encuentra la cuenca del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura), al 44,8 por ciento; la cuenca del Tajo, al 42,5 por ciento; la cuenca del Guadalquivir, al 31,7 por ciento de su capacidad total; y la Cuenca Atlántica Andaluza al 30 por ciento.

En situación más crítica permanece la cuenca Mediterránea Andaluza, al 21,2 por ciento; la del Júcar, al 21 por ciento y la del Segura, que está al 14,7 por ciento.

Los embalses de las cuencas españolas pueden acoger un total de 54.308 hm³, aunque la cantidad de agua embalsada es de 23.866 hm³. De éstos, 18.096 hm³ corresponden a las cuencas de la vertiente atlántica y 5.770 hm³ a las de la vertiente mediterránea.