Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en 5,39 hectómetros cúbicos (hm3) durante la pasada semana y se han situado en los 710,02 hectómetros, lo que supone el 21,22 por ciento de los 3.346,6 hectómetros de su capacidad total.

Según han informado hoy en un comunicado fuentes de la CHJ, de los veintiséis embalses adscritos a la Confederación, trece han aumentado el nivel de agua almacenada, diez lo han disminuido y otros tres, han mantenido el mismo caudal.

El embalse que ha registrado el mayor descenso de agua ha sido el de Cortes II, que ha perdido 3,43 hectómetros cúbicos y alcanza los 111,47 hm3, que suponen el 94,45 por ciento de los 118 hectómetros de su capacidad.

El El embalse de Alarcón ha disminuido sus reservas en 1,12 hm3 y está al 8,81 por ciento de su capacidad, con 98,54 hectómetros cúbicos embalsados.

También el embalse de El Molinar ha reducido su reserva hídrica al perder 0,61 hm3, por lo que cuenta con 2,96 hm3, al 74 por ciento de su capacidad.

Por su parte, el embalse que ha sufrido el mayor incremento en las reservas hídricas ha sido Tous-La Ribera, que ha crecido 5,49 hectómetros cúbicos, lo que lo sitúa al 14,31 por ciento de su capacidad.

También La Muela ha aumentado sus reservas en 2,56 hm3 y está al 31,55 por ciento de su capacidad, con 6,31 hm3 almacenados del total de 20 que podría albergar.

Pese al buen resultado, la Confederación extrema la vigilancia en el canal Tajo-Segura, el río Valdemembra, el Canal de María Cristina y las playas fluviales de Alcalá y EnguídanosE.F.

La calidad del agua superficial del río Júcar en sus tramos medio y alto es «buena» o «muy buena», de acuerdo con el índice calidad general (ICG)calculado por la confereración hidrográfica.

Este índice se ha calculado a través de los datos proporcionados por 118 estaciones de control repartidas por toda la cuenca hidrográfica, que han tomado muestras para analizar hasta 23 parámetros diferentes del agua. Los últimos resultados se actualizaron a fecha de 30 de junio de este año.

En general, y conforme a los datos del ICG, el organismo de cuenca considera que el Júcar, en sus tramos alto y medio, esto es, la parte manchega de la cuenca, tiene buena calidad. Pero también identifica hasta cuatro puntos que exigen extrema la vigilancia, porque se han detectado problemas en algunos parámetros.

Para ser exactos, son el canal del Trasvase Tajo-Segura, que aprovecha parte de las infraesrtructuras de la CHJ en su recorrido; la playa fluvial de Enguídanos, sobre el río Cabriel; la playa fluvial de Alcalá del Júcar, el río Valdemembre, en Tarazona de la Mancha y el Canal de María Cristina, este último en el término municipal de Albacete, en la capital provincial.

También hay que subrayar que, como parte del cálculo del ICG, la Confederación del Júcar detecta problemas de diversa índole, desde leves a muy graves, en más de medio centenar de puntos diferentes de toda la cuenca.

En el caso del canal del trasvase Tajo-Segura, el principal problema son los sulfatos, que registran concentraciones de entre 209 y 275 miligramos por litro.

Las playas fluviales del Júcar manchego que presentan algún tipo de problema son, según el ICG, la de Enguídanos, con calidad «deficiente» y la playa de Alcalá del Júcar, que presenta una concentración de clorofila (52 microgramos por litro) y de bacterias del género coliforme.

No obstante, la propia CHJ puntualiza que la presencia de estas bacterias es un problema «muy extendido» en el ámbito de la cuenca, y que si se excluyese del cálculo del ICG, sus valores mejorarían de forma notable.

En lo tocante al río Valdemembra, en el término de Tarazona de la Mancha, presentaba concentraciones elevadas de amonio, amoniaco no ionizado, cliformes, nitrios y oxígeno disuelto.

Estos mismos problemas, en términos generales, también se detectan en el Canal de María Cristina, en su confluencia con el río Arquillo. En este sentido, recordar que, desde hace ya varios años, el organismo de cuenca y el Ayuntamiento de la ciudad de Albacete trabajan conjuntamente para recuperar esta zona.

Holanda ha construido unas casas que flotan y Venecia ha decidido protegerse de las inundaciones instalando murallas bajo el mar y la laguna. La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) ha resaltado en su informe Impactos del cambio climático en Europa la necesidad de adaptarse lo antes posible a las consecuencias del calentamiento global que ya no podemos remediar. «El régimen ecológico mundial posterior a Kioto requiere tanto la mitigación de las emisiones de CO2 como la adaptación», se asegura en el informe.

Holanda y Venecia representan dos de estos casos irremediables que sí se han preparado para el desastre. Holanda tiene un tercio de su territorio bajo el nivel del mar; la ciudad de los canales se hundió el siglo pasado unos 24 centímetros. El llamado sistema Mose pretende salvar la ciudad de su inexorable hundimiento. Es una de las obras de ingeniería más ambiciosas de Europa. Se trata de un sistema de diques que permitiría cerrar la laguna de Venecia al mar y protegerla de las inundaciones que afectan de contínuo la ciudad. La infraestructura consiste en 72 compuertas hundidas en el mar que emergen cuando el nivel del agua sube un metro, lo que ocurre aproximadamente siete veces al año.

Por lo que se refiere a Holanda, sus casas flotantes han sido construidas por la empresa Dura Vermeer expresamente para probar su habitabilidad. Desde hace cuatro años, en la localidad de Maasbommel (Gelderland) 32 familias viven sobre el río. Sus casas están, normalmente, en seco. Pero cuando sube la marea flotan sin riesgo de perder la electricidad o la conexión a Internet. El lugar fue elegido expresamente para investigar si es posible vivir sobre las aguas convulsas del cambio climático. Y es que la subida del nivel del mar provocará la pérdida del 2% del PIB debido a la escasez de agua dulce, daños en la agricultura y la industria pesquera, la interrupción del turismo o la reducción de la seguridad energética, según publicó el Banco Mundial a mediados de agosto en su guía de ciudades resistentes al clima.

Pero el ejemplo más desesperado de adaptación no está en el viejo continente. Un atolón del pacífico, las Islas Tuvalu, formación coralina de 25 kilómetros que en su punto más alto se levanta cinco metros sobre el nivel del mar, se extinguirá en las próximas décadas bajo las aguas. Allí viven 11.300 personas. Por eso han planeado un éxodo masivo a Nueva Zelanda o Australia, las dos naciones desarrolladas de la región.

El Boletín Oficinal del Estado (BOE) publica hoy una resolución del a Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en la que abre una nueva oferta de adquisición de derechos de agua en el Alto Guadiana con un presupuesto base de licitación de 10,3 millones de euros.

Esta publicación tiene lugar un día después de que el presidente de la CHG, Eduardo Alvarado, la avanzara ayer en Ciudad Real, asegurando que la misma podría llegar hasta los 12 millones de euros totales.

Según señala el BOE, esta nueva oferta, la cuarta que lleva a cabo la CHG en los últimos dos años en los que lleva aplicando esta iniciativa, se tramitará a través del Centro de Intercambio de Derechos de Uso del Agua de la propia Confederación.

El periodo para acogerse a esta oferta de compra de derechos es de 30 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de la correspondiente resolución en el BOE o el siguiente día hábil.

El lugar de ejecución de esta oferta es la zona del perímetro del acuífero de la Mancha Occidental, que fue declarado sobre explotado por la Junta de Gobierno de la CHG.

El propio presidente de la CHG señaló ayer que, hasta el momento, se han comprado derechos de agua de unas 2.400 hectáreas y relacionaba el éxito de las mismas con el proceso de regularización de pozos ilegales en la zona.

El titular de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, señaló ayer en Toledo que durante los próximos años “queremos dar un impulso fundamental a las políticas de desarrollo rural”, pues para el Ejecutivo autonómico es una prioridad absoluta el desarrollo del medio rural de una forma sostenible. Para ello, como explicó el consejero, ya estamos impulsando desde todos los departamentos del Gobierno el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Un plan que viene a ser la aplicación en nuestra Comunidad Autónoma de la Ley marco nacional de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y que desde esta región ya se está poniendo en práctica. “En Castilla-La Mancha estamos cumpliendo los deberes, hemos zonificado nuestra Comunidad Autónoma y hemos fijado los criterios para su aplicación concreta”, señaló el consejero. Martínez Guijarro hacía estas declaraciones durante su intervención en la inauguración de la jornada “Desarrollo Rural-Desarrollo Sostenible” organizada por Global Encuentros, donde destacó que para el Gobierno del presidente Barreda “el principal objetivo es frenar el despoblamiento que existe en algunos lugares de esta región”. En palabras del titular de la Consejería, para ello hay que trabajar en varias direcciones que han sido fijadas como principales ejes de este Plan: la mejora de las infraestructuras, de los servicios públicos del medio rural y el impulso de la creación de empleo. En cuanto a las infraestructuras, Martínez Guijarro recalcó el importante esfuerzo que se realizará tanto en infraestructuras de comunicación como de telecomunicaciones, “vitales para favorecer cualquier tipo de desarrollo socioeconómico”. Al mismo tiempo mejorar los servicios públicos que se prestan en el medio rural. “Desde este Gobierno estamos haciendo un esfuerzo muy importante para la mejora de las infraestructura tanto de servicios educativos, como de servicios sociales y sanitarios, y seguiremos en esta línea”, apuntó. En tercer lugar, la gran apuesta es la creación de empleo y especialmente el destinado a mujeres y jóvenes. En este sentido, destacó algunos sectores que tienen mucho potencial de cara a estos dos grupos de población como puede ser la atención a la dependencia, que puede llegar a convertirse en una oportunidad de desarrollo de estas comarcas, “ya que podemos atender a las personas mayores en su entorno y al mismo tiempo generar empleo”. También destacó el sector turístico, así como lo relacionado con la gestión de los espacios protegidos y la gestión ambiental. Como concluyó el consejero, ese es el objetivo que se ha marcado el Ejecutivo autonómico con el compromiso de aportar 11.000 millones de euros en el periodo de programación hasta el año 2013. Martínez Guijarro estuvo acompañado por el vicepresidente segundo de Fundación Rayet, Miguel Bernal, por la directora general de Desarrollo Rural, Ana Isabel Parras, y por el diputado nacional Alejandro Alonso, que participaron posteriormente en una mesa redonda.

Por lo que respecta a las tarifas eléctricas, y tras las negociaciones que ASAJA ha mantenido con el Ministerio de Industria, Pedro Barato informó de que existe el compromiso de que antes del 1 de octubre se hagan públicos los contratos de temporada, las tarifas de las horas valle, así como de las cuotas de potencia. Asimismo, añadió: “Si estamos abocados a la liberalización del sector eléctrico español, que el mercado sea realmente libre”, en referencia a situaciones concretas que en estos momentos se están produciendo en distintas provincias españolas.
Por último, el presidente se refirió a la política hidráulica española e indicó que España tiene agua y de lo que carece es de infraestructuras suficientes.
Por ello, reclamó que se acometan las obras que sean necesarias para el máximo aprovechamiento de los recursos hídricos “y que el sobrante se lleve a las zonas más deficitarias”. o

La propuesta alternativa, el voto particular, presentado ayer por el Grupo Popular para que se introduzcan nuevas bonificaciones fiscales y se rebajen o congelen los impuestos, las tasas y los precios públicos para el año que viene no fructificó. Se quedó en agua de borrajas porque se encontró con la ‘pared’ unánime de los 13 votos socialistas y el definitivo de IU.

A pesar de los esfuerzos dialécticos del concejal popular Juan Carlos López Garrido por defender que toda su propuesta estaba «perfectamente redactada» a pesar de que «sólo hemos tenido dos días cuando ustedes han estado trabajando en su documento desde abril», se rechazó de pleno. No se aceptó ni la disminución del tipo impositivo del IBI en urbana, ni la introducción de bonificaciones «que se noten el próximo año y no dentro de cinco» en el impuesto de los vehículos de tracción mecánica, ni que se mantenga el Impuesto por Actividades Económicas, ni que se rebajen los índices del ICIO y la plusvalía o que se congelen las tasas correspondientes al agua y a la recogida de las basuras.

El argumento fundamental que ofrecieron tanto la concejal de IU, Rosario Gualda, como del concejal de Hacienda, Antonio Martínez, fue casi idéntico, demostrando ser buenos cogobernantes y co-autores de la propuesta de Ordenanzas Fiscales que finalmente salió adelante: «Deben explicar cómo sufragarían la reducción en cinco millones de euros que supone su propuesta», les pidió Gualda. Para Martínez, esa cantidad quedaría entre cinco millones y 5,5, que es, al parecer, lo que se va a recaudar de más el próximo año, sobre éste, con el incremento de impuestos y tasas, a pesar de las bonificaciones planteadas.

SIN ALTERNATIVA. «Cuando se presentan bonificaciones y peticiones de rebajas hay que tener responsabilidad de intentar cuadrar las cuentas», esgrimió la portavoz izquierdista. Lo que le recriminó el concejal de Hacienda fue la poca capacidad de reacción cuando no se les aceptan a los populares propuestas alternativas. «El año pasado -le achacó al concejal popular- ya se le dijo que lo que proponía era ilegal, duplicado o poco concretado y lo vuelven a presentar igual, de la misma forma que lo llevan haciendo desde hace cinco años, y cambiando únicamente el epígrafe y cuatro cifras más».

La respuesta del edil popular fue lanzar de nuevo la pelota al tejado del equipo de gobierno. «En las propuestas y en el expediente que ustedes nos han presentado no viene tampoco el impacto económico ni la recaudación que van a suponer sus medidas».

La contrariedad en las filas populares no sirvió para que su propuesta alternativa no fuera rechazada y se pasó al debate del documento presentado el viernes por PSOE e IU y que supondrá el incremento de las tasas e impuestos municipales para 2009 en, al menos, un 4,4% (medio punto menos que el IPC interanual de agosto, fijado en el 4,9%), aunque con numerosas excepciones.

¿Y qué excepciones van a ser esas? En el IBI, la versión del PSOE es que se reduce el tipo impositivo del 0,47% al 0,45% (excepto para los inmuebles con uso industrial, oficinas y comercios con valor catastral superior a 300.000 euros) y se introducen bonificaciones para VPO y familias numerosas y la diferencia media entre lo que paguen en la capital y en las pedanías será del 38%. Para el PP, la revisión va a suponer una subida de, al menos, el 5,9%, que llegará al 10% en los locales en los que no se reduce el tipo impositivo.

En el impuesto de vehículos, para PSOE e IU se premiará a los que menos consumen, mientras que para el PP, las bonificaciones sólo benefician a unos pocos e incentivan a cambiar de coche, en lugar de a ahorrar.

En el IAE sí hay coincidencia: el recibo subirá un 20% para las 1.713 empresas que ganan más de un millón de euros (de las 14.000 que hay en la capital).

En el ICIO, los proponentes hablan de una revisión del 4,4%, pero con bonificaciones para obras de accesibilidad, para uso de energías limpias o que se lleven a cabo en edificios catalogados.

Por último, la revisión de las tasas, que también varía, propició división de opiniones. Para PSOE e IU se pone tarifa única en la recogida de basuras (90 euros para todos, menos para las que eran «hasta ahora» calles de cuarta categoría y pedanías, que pagarán 60 euros). Para el PP supondrá que los que viven en el centro paguen menos que ahora y viceversa.

En el agua, la subida -según la propuesta- se calcula aplicando el IPC de julio (5,3%) y se añaden los tres céntimos de euro derivados de los acuerdos del Júcar. Supondrá una subida trimestral que irá entre 1,33 euros (para el consumo mínimo de 15 m3) a los 18,98 euros (60 m3). El PP asegura que el incremento porcentual va del 7,72% al 25,17%

SUELDOS CONGELADOS. Las tasas, los impuestos y los precios públicos subirán para el próximo año y los cargos públicos municipales y sus asesores se apretarán el cinturón. El Pleno aprobó una moción, presentada de forma conjunta por los tres grupos, después de que se aglutinara en una la que habían propuesto, cada uno por su parte, los grupos socialistas y populares. Un texto al que dio lectura el secretario general del Ayuntamiento y que supondrá «para 2009» la congelación del sueldo de la alcaldesa y los concejales, de las partidas de las dietas de los cargos electos por asistencia a plenos, comisiones informativas y consejos de administración de las empresas municipales, de los asesores y cargos de libre confianza y, por último, de las asignaciones a los grupos municipales.

Así, los concejales liberados cobrarán 2.400 euros al mes y los asesores percibirán 2.100 euros. Se mantiene en 150 euros brutos la cuantía que los concejales perciben por asistencia a plenos, comisiones y consejos y la asignación de los grupos sigue en 8.500 euros mensuales para PSOE y PP y 2.500 para IU. El cálculo sale de los 1.500 euros al mes que se dan por grupo, mas 500 por concejal y otros 500 por portavoz.

Por primera vez, la población de la Región de Murcia y de Alicante necesita menos agua de la cabecera del Tajo debido a la progresiva puesta en marcha de las desalinizadoras. La contrapartida es que el agua saldrá cada vez más cara para las familias. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla solicitó ayer 22 hectómetros cúbicos en la reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto celebrada en Madrid. Este volumen, aprobado ayer, supone casi la mitad de las asignaciones trimestrales que ha venido necesitando la Mancomunidad para atender a una problación de 2,5 millones de personas. El nuevo debate que se abre ahora es si los caudales del Tajo que deje de consumir la población beneficiarán o no finalmente a los regantes del Segura.

La Comisión también aprobó una derivación de 2,5 hectómetros para los abastecimientos de Almería; así como un desembalse de 20 hectómetros para los regadíos del Segura, con el consiguiente enfado del representante de Castilla-La Mancha. Éste se negó en redondo a que se envíen excedentes para los cultivos.

La Comisión estuvo presidida por la directora general del Agua, Marta Moren. El director técnico de la Mancomunidad, Joaquín Salinas, explicó ayer que es la primera vez que solicitan una cantidad tan baja para el próximo trimestre. Se irá reduciendo más conforme se incremente la produción industrial de agua desalinizada. La asignación máxima del Tajo para la población es de 151 hectómetros en origen.

El secretario general del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, José Manuel Clave consideró que la cantidad propuesta se queda corta a la vista de las existencias en los pantanos, que alcanzan los 311 hectómetros.

UPA- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA, exige al Gobierno coherencia con la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural apoyando y potenciando las instalaciones fotovoltaicas en los tejados agrícolas y ganaderos

En el último borrador de modificación del RD 661/2007 que regula la producción de energía eléctrica a partir de la tecnología fotovoltaica, establece una prima superior para las instalaciones en cubierta. Esta idea nosotros la compartimos. La discrepancia con el último borrador viene a la hora de definir lo que se considera instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta: “aquellas que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones fijas cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de servicios, comercial o industrial, y que dispongan de referencia catastral”. Esta definición deja CONSCIENTEMENTE fuera a las instalaciones agrícolas y ganaderas.

Esto supone una discriminación intolerable respecto al sector agrario. ¿Porque en qué se diferencia un tejado de una nave agrícola o ganadera de una nave industrial o de una comercial?

Además si tenemos en cuenta la última Ley aprobada por el anterior gobierno, la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, podemos afirmar que la incumple totalmente. La ley habla explícitamente de desarrollar en el medio rural las energías renovables. En opinión de UPA difícilmente se van a desarrollar las energías renovables con proyectos de real decreto como el conocido que elimina la posibilidad de realizar instalaciones fotovoltaicas en los tejados de las naves agrícolas y ganaderas.

UPA considera una oportunidad la revisión del RD 661/2007 en lo que se refiere a la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. De igual manera que la propuesta de modificación del RD conocida plantea una diferenciación de las tarifas reguladas correspondientes a las instalaciones del tipo I y II, UPA estima que es conveniente y necesario plantear una discriminación positiva a favor de las instalaciones en cubierta realizadas en el medio rural, siguiendo el espíritu y los planteamientos de la Ley 45/2007.

Se trata de potenciar el desarrollo de este tipo de energía renovable en el medio rural, promovida por los agentes que habitan y desarrollan su actividad en el medio rural. Y por supuesto, no de dejar fuera a las instalaciones agrícolas y ganaderas. Una visión progresista debería apoyar la producción social de la energía fotoeléctrica evitando grandes concentraciones, como ha ocurrido hasta ahora, y propiciando una dispersión homogénea por el territorio alentando las instalaciones de pequeño y mediano tamaño.

La Ley establece una discriminación positiva en la acción de gobierno de todos los ministerios en favor del medio rural. Por tanto este proyecto va en contra de la Ley que más ha defendido el Presidente del Gobierno en la última parte de la anterior legislatura.

Indra, multinacional de tecnologías de la información, se ha asociado con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino para peinar el estado de embalses, cuencas hidrográficas, presas y aguas subterráneas en toda España.
La iniciativa busca unificar, centralizar y optimizar la gestión de toda la información que maneja la Dirección General del Agua, «disponer de un mapa preciso del aprovechamiento del agua», explica Alfredo Rey, responsable del proyecto. Para ello se ha creado una base de datos SAP centralizada y única que «impulsará los servicios web básicos que den soporte a la Administración electrónica y a las distintas necesidades de los productores de información», según reza el comunicado de la compañía. En la práctica, cuando el usuario de la Administración o cualquier ciudadano acceda a la página web del Ministerio de Medio Ambiente, tendrá acceso «a un visor cartográfico», es decir, a un mapa muy preciso de los embalses (para saber dónde se encuentran y cuál es su nivel de ocupación) y de las aguas subterráneas. El usuario también podrá localizar las presas que existen en España y calcular el aprovechamiento de los saltos de agua para la generación de energía eléctrica o cuántos kilovatios podría generar. Cada autonomía proporcionará los datos correspondientes a su territorio. Este Google map hidrográfico, centralizado, mucho más preciso y moderno que las herramientas existentes hasta ahora, también permitirá cartografiar las zonas más vulnerables a las inundaciones en todo el país. La solución de Indra permitirá homogeneizar, integrar y procesar grandes volúmenes de información procedente de los organismos que colaboran con el ministerio en la recogida y gestión de parte de los datos del agua. Las Confederaciones y Agencias Autonómicas del Agua, el Instituto Geológico y Minero de España, la Agencia Estatal de Meteorología, el Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas o el Instituto Geográfico Nacional colaborarán en el proyecto, que estará operativo «en octubre o noviembre», según Rey. Indra, multinacional de tecnologías de la información líder en España y segunda en Europa por capitalización bursátil de su sector, alcanzó 2.167 millones de euros de ventas en 2007, de los que un tercio procedieron del mercado internacional. La compañía emplea a 24.000 personas y tiene clientes en más de 90 países