El concejal Juan Carlos López Garrido afirmó que, como mínimo, el IBI va a suponer a los ciudadanos un incremento del 5,9% y no del 4,4% como anunció el «gobierno progresista»E.REAL

La propuesta de adaptación de las tasas e impuestos municipales para el próximo año que presentaban hace unos días el concejal de Hacienda, Antonio Martínez, y la portavoz de IU, Rosario Gualda, ya ha tenido la respuesta de la oposición. De rechazo total.

Era el concejal popular Juan Carlos López Garrido el que comparecía ayer para argumentar su rechazo. Unas críticas que se han basado, fundamentalmente, en que no es el momento propicio para aplicar una subida tan fuerte. «Lo razonable sería disminuir los tipos impositivos, introducir verdaderas bonificaciones fiscales y reducir o congelar las tasas y precios públicos», explicó. Sin embargo, añadió López Garrido, «aquí, el deporte favorito del PSOE es subir los impuestos».

Además, no consideran «razonable» que, no sólo se haya optado por el aumento, sino que éste sea sólo medio punto menos que el IPC. Algo que, además, no se cumple en todos los casos y, para acreditarlo, hizo un repaso de cómo, según el concejal, va a repercutir la subida en los ciudadanos.

¿Qué redistribución? Para López Garrido, es cuanto menos «divertido» que el concejal, y especialmente la portavoz de IU, alegaran que se han utilizado criterios de «redistribución de la riqueza» en función de quien más o menos tiene.

Así, tomó como referencia la unificación de la tasa de recogida de basuras, que va a ser de 90 euros al año para todos, a excepción de las calles de cuarta categoría y de las pedanías, que pagarán 60 euros y cada año se les irá incrementando hasta llegar, como el resto, a los 90. Esta medida supondrá que, según el concejal popular, 22.779 usuarios vean disminuido el recibo y son los que viven en calles «de categoría especial, primera y segunda», mientras que 47.760 euros notarán un aumento en el recibo y son los que viven en calles de tercera y cuarta categoría y en pedanías. «¿Eso es redistribución de la riqueza?», preguntó.

Como datos concretos, el concejal dijo que «un vecino de la calle Ancha pasará de pagar 147,11 euros este año a 90 en 2009 y un vecino del Cerrico pagará de 52,05 euros este año a 60 el próximo». Esto equivale a que «para el 67% de los usuarios les va a subir el recibo». A las pedanías se les incrementa un 15%, mientras que a los vecinos de la calle Ancha y el Altozano les baja un 40%, apuntó.

En el recibo del agua, el caso va a ser similar. De un incremento del 4,4% nada de nada, según los populares. Para ello, y basándose en los datos que aparecen en el estudio de revisión de las tarifas para 2009, elaborado por Aguas de Albacete, la subida en los recibos según el consumo será la siguiente: un 7,72% para los domicilios con consumo de hasta 15 metros cúbicos; del 8,65% por consumo de hasta 30 m3; del 12,53% para los hogares con consumo de hasta 45 m3; y del 25,17% para los consumos de hasta 60 m3.

La subida del recibo del agua para las empresas tampoco se queda corta, señaló el concejal. Para el mismo orden de tramos de consumo, los incrementos serán del 9,91%, el 9,90%, el 14,79% y el 17,32% respecto a este año.

Poco tiempo. Del resto de tasas e impuestos, también hizo el concejal el pertinente análisis, a pesar -lamentó- de que «sólo nos han dado dos días para revisar un documento en el que ellos llevaban trabajando desde abril».

De la contribución urbana, del IBI, criticó López Garrido que, a pesar de que se haya reducido el tipo impositivo, se siguen sufriendo las consecuencias de la revisión catastral y «el recibo les va a incrementar a los ciudadanos, como mínimo, un 5,9%» y eso, añadió, «no es medio punto menos que el IPC». Como tampoco lo es la subida que van a tener que hacer frente los inmuebles de uso industrial (342), de oficinas (132) y comercios (509) que «van a pagar en su recibo un 10% más».

Denunció también la poca repercusión que va a tener la bonificación para los vehículos poco contaminantes, de los que aún se han vendido pocos, y, por contra, la subida tan alta de entre el 12% y el 14,22% que experimentarán, «según el padrón», 5.602 coches.

Tampoco será mejor el destino de quienes tengan que pagar el IAE «aunque sean pocos», o la plusvalía, a la que han modificado el tipo impositivo un 19,05%.

Fenacore advierte que unos costes energéticos “desorbitados” pueden frenar la modernización de regadíos y el ahorro de agua. Castilla-La Mancha y Castilla y León son las regiones más perjudicadas por la subida tarifaria.

25/09/2008 (Noticia leida 51 veces)

AFRE- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) suscribirá acuerdos de colaboración con las principales compañías eléctricas – Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa- con el objetivo de obtener condiciones más ventajosas en la contratación de energía eléctrica que permitan hacer frente al fuerte encarecimiento experimentado por las tarifas de regadío desde este mes de julio. A cambio, los regantes se comprometen a desarrollar las acciones necesarias para garantizar el ahorro energético y el cuidado del medio ambiente.

De esta forma, la negociación para buscar una salida al encarecimiento de la factura eléctrica abandona el escenario político –donde los regantes, después de largas conversaciones, no han encontrado medidas concretas- para saltar ámbito empresarial privado donde las principales eléctricas parecen más predispuestas a ratificar una serie de convenios marco que faciliten a los regantes el acceso al mercado liberalizado en condiciones más favorables que las actuales.

Fenacore advierte que este encarecimiento de la factura eléctrica puede frenar el proceso de transformación de más de un millón de hectáreas hacia sistemas de riego más eficientes. Además, puede hacer inviable la modernización ya realizada en algunas comunidades de regantes, debido al incremento “desorbitado” de los costes energéticos no valorados previamente en los proyectos de modernización.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “al esfuerzo económico derivado del propio proceso de modernización con la transformación de los sistemas de riego por gravedad (de coste energético despreciable) a los nuevos mecanismos por presión (aspersión, goteo, etc.), habrá que añadir a partir de julio el sobrecoste adicional de la energía eléctrica que requieren estos nuevos regadíos, en contraste con los sistemas tradicionales que apenas precisaban de electricidad para su funcionamiento”.

Es cierto que el trasvase Tajo-Segura y la política del agua provocan serias contradicciones internas y luchas territoriales tanto en PSOE como en el PP, y que, por tanto, el asunto es igualmente espinoso y delicado para Zapatero que para Rajoy, para Barreda que para Cospedal. Hemos visto en los últimos años la profunda división que el Tajo-Segura genera internamente entre socialistas y populares valencianos, murcianos, andaluces y castellano-manchegos. La del agua en España, a falta de un gobierno central que ponga coherencia en el conflicto, es una lucha lamentable de todos contra todos.

Fijada esta posición inicial queda, sin embargo, un profundo poso de melancolía en torno a la posición real de Cospedal. Barreda lo tiene claro y ha resuelto ese problema: el presidente de Castilla-La Mancha está en contra del trasvase y quiere cerrar el grifo para siempre, sin tener en cuenta lo que digan ni Zapatero ni sus compañeros del PSOE en Murcia y en Valencia. Barreda va a su trantran y no se sale ni una gota del discurso desde hace años. Si las Cortes Generales deciden echar abajo el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, incluso con el voto de los diputados socialistas de la región, es algo de lo que él intentará desvincularse y que sean otros los que tengan que explicarse. Es más, utilizará probablemente esta hipotética derrota, si es que se produce, en plan victimista para hacerse aún más fuerte frente al problema que quiere clausurar.

Sin embargo, las cosas son más complejas para Cospedal y a día de hoy no sabemos ciertamente dónde está. Ella lo explica, o lo intenta, pero siempre queda algo enmarañado y confuso. Sí pero no. Evidentemente, como presidenta del PP de Castilla-La Mancha, Cospedal está en contra del trasvase: así lo ha pactado con Barreda y está escrito en la reforma estatutaria. Sin embargo, como secretaria general del PP y número dos de Rajoy, a Cospedal este asunto le quema porque su posición antitrasvasista en nuestra región choca frontalmente con la de sus compañeros de partido en el Levante, algunos tan poderosos como Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, presidentes de las comunidades de Valencia y Murcia. Y también porque la política nacional del PP en torno al agua no traza los mismos caminos pactados por Barreda–Cospedal en nuestra región. ¿Se enfrentaría Cospedal al programa de Rajoy en este asunto?

En fin. Ellos mismos, Valcárcel y Camps, se lo han dicho muy claro estos días a su «jefa»: por muy número dos que sea lucharán por mantener abierto el trasvase porque les va la vida en ello y forma parte de su estilo natural de estar en el mundo. O sea, en el Levante consideran fundamental aquello que Barreda y Cospedal han pactado cargarse en cuanto puedan. Cospedal, como brazo derecho de Rajoy y, a su vez, presidenta regional del PP tiene por tanto un problema de difícil conjugación. Intereses profundamente contrapuestos a los cuales debe atender en cargos que, como se ve, a veces chocan y entran en contradicción. El reciente episodio de un alto cargo levantino del PP, que puso en un brete a Cospedal, revela hasta qué punto la líder popular no lo tiene fácil. ¿Quiere realmente cerrar este grifo Cospedal? No lo tenemos claro.

Es fácil meter estas palabras en el mismo saco del argumentario socialista de estos días, pero la nueva ofensiva lanzada por Valcárcel y Camps ha dejado más que nunca la situación al descubierto. La línea que separa una y otra posición es muy sutil y Cospedal no ha sabido explicarla todavía de forma clara y profunda, más allá del pacto nacional del agua y todo ese bla-bla. Es verdad que a Barreda este asunto también puede quemarle en su próxima tramitación en el Congreso, pero la amplitud e intensidad de las quemaduras puede hacerle más daño a Cospedal. Lo suyo es más difícil de explicar. 

La presidenta regional del PP y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, aseguró hoy que su postura y la del PP de Castilla-La Mancha en materia de agua «está meridianamente clara, especialmente después del Debate sobre el Estado de la Región», y que cumplirán los acuerdos alcanzados con el PSOE en este asunto «e imagino que el señor Barreda también lo cumplirá».

   Después de que el presidente de la Región de Murcia, el ‘popular’ Ramón Luis Valcárcel, señalase que De Cospedal tendrá que cumplir las políticas hidráulicas que emanan de los debates del Partido Popular, la presidenta de este partido en Castilla-La Mancha no respondió directamente a su compañero de partido y recordó que su postura y la de su formación política es sobradamente conocida en materia de agua en Castilla-La Mancha.

   En declaraciones a los medios en la celebración del Comité Ejecutivo Regional del PP, De Cospedal resaltó que «la presidenta del PP de Castilla-La Mancha ha dicho en numerosas ocasiones todo lo que tenía que decir. En el Debate quedó meridianamente clara nuestra postura, y creo que ustedes lo tienen meridianamente claro. Si quieren que cada día estemos adoptando el mismo acuerdo, lo haremos, pero en el PP de Castilla-La Mancha cuando expresamos una cosa, es porque creemos en ello».

   Sobre la reunión que mantendrá el próximo viernes con José María Barreda, De Cospedal reconoció que «yo estoy dispuesta a hablar de ese tema y sobre cualquier otro, pero como imagino que el señor Barreda va a cumplir el acuerdo, no sé si hace falta que volvamos a hablar o no sobre este asunto».

   Por otro lado, las medidas contra la crisis económica y contra el desempleo, la implantación de la educación gratuita de cero a tres años, la situación del sector vitivinícola o el Plan de Infraestructuras son algunos de los temas que la presidenta regional del Partido Popular planteará el próximo viernes en la reunión. Asimismo, pedirá al presidente que apoye una resolución aprobada hoy por los ‘populares’ para que defienda la candidatura de Cuenca como Capital Europea de la Cultura en el año 2016.

   La cita con Barreda ha sido uno de los temas tratados hoy en el primer Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular, que se ha reunido por primera vez en el Parador de Cuenca, tras el Congreso Regional de julio. Ahora que llega el turno de los congresos provinciales, Cospedal aseguró que la situación es de «completa tranquilidad», y que la convocatoria de los congresos provinciales seguirá su curso durante las próximas semanas.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, manifestó hoy en Zaragoza que el debate del agua se ha «territorializado» en exceso, trasladando a la opinión pública un concepto localista del agua equivocado.

   Durante su participación en un seminario sobre «La Economía de Agua de Riego» organizado por el Gobierno de Aragón, Del Campo calificó de «preocupante» que los distintos Estatutos de Autonomía hayan entrado a regular una competencia exclusiva del Estado, «ya que las competencias sobre cuencas intercomunitarias no pertenecen a las regiones, sino al Estado Central».

   «El agua es de todos los españoles, por lo que ninguna cuenca, comunidad autónoma, ayuntamiento o comunidad de usuarios es dueña de este recurso, ya que el derecho al uso privativo del agua se adquiere mediante una ley o una concesión administrativa», afirmó.

   En este sentido, insistió en que los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas deben ser planificados y gestionados por el Estado, con la participación de los usuarios y de las comunidades autónomas, con el fin de evitar la «instrumentalización» del uso de este recurso que sólo conduce a provocar «guerras del agua».

   Además, recordó que el Ejecutivo Central debe defender y respetar el principio de la unidad de cuenca que marca la Constitución, asumiendo siempre un papel director y relevante en la gestión de la política hidráulica para evitar «posturas localistas» y «egoístas» en el tema de agua.

RIESGO DE LA RECUPERACIÓN ÍNTEGRA DE COSTES

   Por otro lado, el presidente de los regantes apuntó que la aplicación de una política de precios al agua que contempla esta normativa resulta «casi una excepción» dentro de los países de la Unión Europea cuando se trata de la agricultura española, debido a su rigor climático y a la necesidad de mantener numerosas infraestructuras hidráulicas para poder disponer de agua garantizada.

   Por ello, advirtió de que la aplicación de la recuperación íntegra de los costes del agua sobre las tarifas de los agricultores supondría la desaparición de la tercera parte del regadío español por falta de competitividad, con una pérdida importante de la aportación de la agricultura al PIB español (cifrado en más del 20% en algunas provincias), así como a la crisis del turismo rural, la desertización de zonas rurales y la concentración de la población en grandes ciudades.

   Finalmente, Del Campo recordó que el nivel de recuperación de costes en España por la prestación de los servicios del agua está comprendido en una horquilla de entre el 65% y 96% dependiendo del servicio, los usuarios y la cuenca.

   Además, destacó que la recuperación de los servicios de riego presentan un mayor porcentaje de recuperación de costes (85%-98%) que los usos urbanos (57%-96%).

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 23.866 hectómetros cúbicos, 1.019 menos que el pasado año y 2.005 menos que la media de los últimos 10 años, según datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la del Ebro (-131 hm³) es la que más ha disminuido su reserva, situándose al 57,6 por ciento de su capacidad total.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses del Norte II (Asturias y Cantabria), que están al 78.2 por ciento; las cuencas internas del País Vasco, al 76,2 por ciento; las del Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas), que caen al 69 por ciento; la Norte I (sur de Galicia y norte de León), que disminuye al 58,2 por ciento; Galicia Costa, que baja al 57 por ciento; las cuencas internas de Cataluña, que se sitúan al 55,8 por ciento y la cuenca del Duero, al 53,9 ciento.

Ya por debajo del 50 por ciento se encuentra la cuenca del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura), al 44,8 por ciento; la cuenca del Tajo, al 42,5 por ciento; la cuenca del Guadalquivir, al 31,7 por ciento de su capacidad total; y la Cuenca Atlántica Andaluza al 30 por ciento.

En situación más crítica permanece la cuenca Mediterránea Andaluza, al 21,2 por ciento; la del Júcar, al 21 por ciento y la del Segura, que está al 14,7 por ciento.

Los embalses de las cuencas españolas pueden acoger un total de 54.308 hm³, aunque la cantidad de agua embalsada es de 23.866 hm³. De éstos, 18.096 hm³ corresponden a las cuencas de la vertiente atlántica y 5.770 hm³ a las de la vertiente mediterránea.

Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la cuenca tiene 703 hectómetros cúbicos embalsados, cuando hace 12 meses tan sólo almacenaba 559E.F.

El próximo martes, día 30 de septiembre, termina oficialmente el año hidrológico 2007-2008. Y todo indica que el cierre de este ejercicio será mejor que el del anterior, según los últimos datos ofrecidos ayer por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), a través del Boletín Hidrológico Semanal.

En concreto, Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) bajaron 7,43 hectómetros cúbicos durante la pasada semana y se han situado en los 704,88 hectómetros, lo que supone el 21,10 por ciento de los 3.340,3 hectómetros de su capacidad total.

A pesar del descenso antes mencionado, la cuenca tiene embalsados 144 más que hace justo un año. Por esas fechas, el los diferentes sistemas adscritos a la Confederación Hidrográfica del Júcar tenían un total de 559 hectómetros cúbicos de agua.

Estas cifras podrían haber sido aún mayores, de no ser porque el embalse de Tous-La Ribera, uno de los tres embalses clave del sistema Júcar, tiene tan sólo 49 hectómetros cúbicos. El motivo es porque el propósito fundamental de dicho embalse es la prevención de avenidas y, por tanto, por estas fechas, debe tener las reservas por debajo de una curva de garantía mínima, para tener un margen de seguridad en caso de riada.

En cuanto a los otros embalses clave del sistema Júcar, el mayor de todos, el de Alarcón, redujo sus reservas en 2,02 hectómetros y está al 8,94 por ciento de su capacidad, con un total de 99,92 hectómetros cúbicos embalsados. Por último, Contreras subió un hectómetro cúbico, situándose en 112 hectómetros cúbicos, de una capacidad total máxima de 874 hectómetros cúbicos.

En total, y según la CHJ, de los veintiséis embalses adscritos a la Confederación, dieciséis han disminuido el nivel de agua almacenada, ocho lo han aumentado y otros dos, han mantenido el mismo caudal, aunque uno de ellos porque está en obras, que es justo el de Almansa. El embalse que ha registrado el mayor incremento en las reservas hídricas ha sido Cortes II, que ha crecido 6,73 hectómetros cúbicos, lo que lo sitúa al 97,37 por ciento.

EFE– La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, explicó ayer, en rueda de prensa, la agenda de los próximos meses dentro de la negociación de la revisión o en el argot comunitario «chequeo médico» de la PAC.

La PAC absorbe la mitad del presupuesto comunitario, 55.800 millones de euros al año (España el segundo receptor, con más de 6.900 millones para agricultura y pesca).

Los ministros de Agricultura de los Veintisiete comenzaron ayer una reunión no decisoria de tres días, en Annecy (Francia) en la que precisamente retoman los debates sobre la reforma de la PAC, con la crisis de los precios de los alimentos como telón de fondo.

Tanto en esta cita como en el Consejo de ministros comunitario de los próximos días 29 y 30 en Bruselas, la comisaria, la presidencia francesa de turno de la UE y los países van a celebrar reuniones bilaterales para acercar posiciones, ha señalado Fischer Boel.

Después, la CE y la presidencia prepararán un nuevo proyecto de compromiso, con el fin de dar un fuerte «empuje» a la negociación, para que en la reunión de ministros de Agricultura de finales de octubre, en Luxemburgo que será «decisivo» haya un avance notable.

Sin embargo, el Parlamento Europeo debe pronunciarse sobre la reforma y la negociación final se producirá en noviembre.

Fischer Boel ha citado entre los asuntos más complicados para conseguir un acuerdo la llamada «modulación», con lo que se conoce el recorte de subvenciones agrícolas directas para trasvasar ese dinero a otras políticas en el campo, las de desarrollo rural (cofinanciadas por la UE y los países).

Actualmente ya se aplica esa reducción al 5% de las ayudas y Bruselas pretende elevar el recorte hasta situarlo en el 13% para los productores que perciben subsidios por más de 5.000 euros.

La comisaria ha defendido hoy tal aumento de la modulación porque de lo contrario «no habrá dinero» para otras medidas necesarias en la agricultura, como por ejemplo las ayudas a adaptar a los ganaderos al final de las cuotas lecheras, que según Fischer Boel, deben salir de los planes del desarrollo rural

Otro punto en el que hace falta acercar posiciones, según Fischer Boel, es el relativo al futuro de las medidas de mercado.

Ha aludido así a la idea de la CE de convertir el máximo posible de apoyos en un pago por superficie o explotación, independiente de la cantidad producida, como ya ocurre en algunos sectores.

Respecto a los precios de los alimentos, la comisaria ha insistido en que las cotizaciones del cereal se han reducido en origen y esto debería traducirse en una bajada al consumidor, que no se ha producido.

Sin embargo, Fischer Boel ha indicado que «son los países los que deben vigilar» que la caída de precios en origen se traduce en productos menos caros para el ciudadano.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y la compañía eléctrica Iberdrola han firmado un acuerdo marco de colaboración que les permitirá negociar la adaptación de tarifas y la contratación del término de potencia en el sector agrícola.

Según aseguran desde la Junta Central de Regantes, tras la liberación del mercado y la desaparición de las tarifas específicas de precio regulado para regadíos, el coste energético para los regantes es «prácticamente inasumible».

De ahí que la JCRMO haya estado realizando gestiones con la finalidad de recabar las mejores ofertas por parte de las compañías de comercialización eléctrica para sus integrantes, ante una situación teórica de liberalización del mercado que «no se produce» y ante una situación transitoria de fuertes penalizaciones «que presiona a los usuarios de regadío a suscribir las condiciones ofrecidas por las eléctricas, aún tratándose de tarifas caras y poco adaptadas a su actividad».

En el seno de los mencionados contactos, y a la vista que se frustaban las expectativas de que a finales de septiembre se pudiera llegar, a nivel nacional, a un acuerdo con las empresas comercializadoras que facilitaría la firma de contratos adaptados a la actividad agrícola de regadío, Iberdrola y la JCRMO han firmado un acuerdo marco de colaboración como medio para futuras negociaciones, ya que permitirá la interlocución preferente con la citada compañía para la realización de un análisis y la búsqueda de soluciones surgida en la actual situación, tales como la adaptación de las tarifas a los horarios agrícolas, contratación del término de potencia adecuado a cada caso, etc.

La problemática

Por parte de la Ccompañía eléctrica suscribió este acuerdo Aitor Moso, director comercial de la misma, quien mantuvo una reunión con los representantes de los regantes, presididos por Francisco Belmonte, quienes le trasladaron la problemática surgida con motivo de la modificación normativa que ha producido que el encarecimiento de la factura de la electricidad que sufren los agricultores sea muy superior a la aprobada para el resto de usuarios de energía eléctrica, ya que al incremento del precio del kw consumido y la potencia contratada, hay que añadir la disminución de las horas valle o baratas que lleva aparejada la necesidad de consumir en otro horario tarifario mucho más caro, todo lo cual supondrá un incremento de más de un 30% de media.

También se le manifestó a Moso, la desinformación y ausencia de asesoramiento personalizado por parte de las compañías suministradoras ante los cambios de mercado producidos y las nuevas tarifas aplicables, teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios de nuestro ámbito reciben el servicio de esa compañía.

El otoño llega con fuerza a la provincia de Albacete en forma de lluvias torrenciales. Ya está aquí la nueva estación y se prevé con algo más de agua que el año pasado.

Las lluvias comenzaron el domingo en parte del suroeste español. En Albacete, una de las localidades más afectadas fue Pozohondo, municipio ubicado en el centro de la provincia.

La alcaldesa de la localidad, la popular Amparo Núñez, explicó en un primer momento a La Tribuna de Albacete, que la lluvia comenzó a primeras horas de la tarde del domingo y fuerte, «porque según me dijeron, en 20 minutos pudieron caer, más o menos, 80 litros por metro cuadrado y estuvo lloviendo sin parar una media hora».

Las intensas precipitaciones produjeron daños de cuantiosa magnitud. Las calles quedaron anegadas de agua y barro, pero la peor parte se la llevó el campo.

Ayer el Ayuntamiento celebró un Pleno extraordinario en el que se decidió pedir la declaración de «zona catastrófica al campo afectado». La alcaldesa de Pozohondo aseguró que «se va a perder mucha viña, almendros, olivos, todo lo que es la parte del Campillo, El Pocico, ha sufrido mucho porque ha caído mucha piedra», manifestó.

colectores. Por otro lado en el Pleno extraordinario también se decidió la petición de ayudas a las instituciones competentes; por un lado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, «para que nos instalen colectores, los necesitamos en el pueblo porque no los hay y se lo estamos pidiendo al ejecutivo regional, porque cuando hay una tromba de agua de estas características el colector no lo va a salvar, pero sí puede ayudar a lo que es la parte baja del pueblo que es donde se canaliza el agua, donde se inundan las casas, y éstas son las ayudas prioritarias que nos tienen que dar», explicó la edil popular. Por otro lado a la Diputación Provincial y a la Subdelegación del Gobierno también se les solicitará ayuda en los próximos días.

Ahora se encuentran evaluando los daños. Tienen que hacer balance de lo que han perdido para pedir las ayudas correspondientes. Será en el Pleno del próximo jueves cuando se terminen de contabilizar. Núñez asegura «que las pérdidas han sido cuantiosas también en el pueblo».

La tromba de agua ocasionó el levantamiento de algunas calles, que las casas se anegaran de agua y de barro.

Para ayudar en las labores acudieron a la zona miembros del Sepei y Protección Civil. La alcaldesa de Pozohondo quiso hacer hincapié en que, además de la ayuda que proporcionaron los bomberos, la colaboración entre los vecinos fue muy buena.

seguros. Durante la mañana de ayer el delegado de Agricultura, Manuel Miranda, se trasladó hasta la localidad para comprobar ‘in situ’, la realidad de los hechos.

Miranda informó a la alcaldesa sobre los seguros que pueden ayudar a los agricultores perjudicados y también de que será la delegación de Agricultura quien se encargue del arreglo de los caminos rurales «que han quedado destrozados por el arrastre de tierra».

Uno de los agricultores afectados es Emilio Sánchez. Él es propietario de unas 125 hectáreas de terreno del campo de Pozohondo. La mayor parte de las hectáreas son de cereal y según Emilio Sánchez «ya está cosechado y por eso se ha salvado». Es la parte de viña y olivo la que ha resultado afectada, en total 10 hectáreas. Este agricultor, que además es concejal en el Ayuntamiento de Pozohondo por el grupo de Izquierda Unida, asegura que lo que ha ocurrido «ha sido una catástrofe, hemos perdido todo tipo de cultivos, viñas, la aceituna, cebolla, menos la cebada y la almendra que está a medio, todo se ha visto afectado».