Julián Sánchez Pingarrón: «Nuestra postura es clara, son ilegales, deben cerrarse de forma inmediata, y así se lo hemos hecho saber al Gobierno y al Ministerio de Medio Ambiente»E. FERNÁNDEZ

El consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, respaldó ayer públicamente al alcalde de Hellín, Diego García Caro, en su lucha contra la apertura de pozos de sequía en su término municipal, para derivar agua hacia Murcia.

Desde hace ya varias semanas, García Caro viene haciendo declaraciones, cada vez más duras, en contra de dichos pozos. Su argumento fundamental es la propia ley del Trasvase Tajo-Segura, que contiene una disposición adicional que prohibe, de forma expresa, trasvasar «las aguas subterráneas de la provincia de Albacete».

Ayer, durante su visita al Recinto Ferial, invitado por la Diputación, el consejero señalaba a preguntas de La Tribuna «hemos intentado, por todos los medios a nuestro alcance, que la Confederación del Segura entrase en razón; como no ha sido posible, nosotros mismos llevamos este asunto a la Justicia».

En este sentido, Sánchez Pingarrón recordó que los servicios jurídicos de la Junta ya han terciado en el asunto, interponiendo una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, al entender que podría haber un presunto delito ecológico.

«La posición de la Junta, la que hemos hecho saber a la Confederación y al Ministerio de Medio Ambiente, es tajante en este sentido -remarcó- los pozos son ilegales, y los pozos deben cerrarse de forma inmediata».

Por todos estos motivos, el consejero de Ordenación del Territorio indicó que la administración regional comprende que el alcalde de Hellín haya montado en cólera y le dio su respaldo.

«Es lógico que el alcalde de Hellín defienda los intereses de sus vecinos -reconoció- ¿cómo no va a hacerlo, si está viendo cómo esquilman los recursos de sus acuíferos, sin haberse hecho ningún tipo de estudio ambiental serio y sin que se haya justificado debidamente la necesidad o la emergencia, para poder abrir estos pozos de sequía?».

plan hidrológico. Por todo ello, reiteró que estaba «de acuerdo» con la actitud del alcalde. Y, además, subrayó que esta situación se produce en un momento clave para la cuenca del Segura. No en vano, recordó, su Confederación Hidrográfica ha iniciado el proceso de revisión de su Plan Hidrológico de Cuenca.

«Aún estamos en estado de avance, de participación pública, de información y presentación de alegaciones -aclaró- pero aún así nuestra posición es clara, no estamos de acuerdo cómo se ha determinado la demarcación, al igual que en el caso del Júcar, hay cuencas cuya gestión, entendemos, corresponde a las comunidades autónomas, no al estado».

Además, Sánchez Pingarrón subrayó que la postura básica de la administración autónoma es y será siempre igual, «la defensa de los intereses de nuestra región en algo tan delicado como es el agua» tanto en el proceso de revisión del Plan Hidrológico como en la polémica de los pozos de Hellín.

La integración de los agricultores por cuenta propia en el RETA dentro de un Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) se produjo el 1 de enero del presente ejercicio, en cumplimiento de la disposición sexta del Pacto de Toledo de integración de regímenes, y tras el acuerdo del Gobierno con los agentes sociales y las organizaciones agrarias.

El Real Decreto publicado hoy en el BOE adapta a estos cambios cuatro reglamentos sobre encuadramiento y cotización a la Seguridad Social de los trabajadores agrarios, así como la colaboración que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional prestan en la cobertura de las contingencias profesionales y la incapacidad temporal.

En concreto, se modifica el procedimiento a seguir para la acreditación y comprobación del cumplimiento de los requisitos necesarios para el encuadramiento de los trabajadores agrarios por cuenta propia en el citado sistema especial.

Como ejemplo, los agricultores que contraten a hijos menores de 30 años no necesitarán presentar declaración conjunta en la que se acredite su condición de asalariados, aunque sí habrá que hacerlo un mes después de que cumplan dicha edad.

Asimismo, se actualizan los preceptos relativos a la cobertura de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto de los trabajadores autónomos, en función del tipo de actividad que desempeñen, de las condiciones de su ejercicio y de si éste se simultanea o no con otras actividades que determinen su alta en el mismo o en otro régimen del sistema de la Seguridad Social.

El Real Decreto se compone de cuatro artículos que modifican los reglamentos generales sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en la Seguridad Social; sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social; sobre recaudación, y sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.E.P.

Los regantes españoles se han encontrado a la vuelta de las vacaciones con unas escandalosas subidas en las tarifas de riego como consecuencia del incumplimiento de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente y Medio Rural del pacto verbal alcanzado con los representantes agrarios para paralizar las nuevas tarifas reguladas hasta el mes de octubre, con el objetivo de que los agricultores pudiesen así contratar sin presiones con las Industrias Eléctricas en el mal llamado »mercado libre».

Efectivamente después de numerosas reuniones entre representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y del Ministerio de Industria encabezados por el Secretario General de Energía de este Ministerio, Sr. Marín, a finales de julio, se acordó que aunque se había firmado ya el pasado 26 de junio la Orden ITC/1857/2008 que fijaba subidas disparatadas de las tarifas de riego, se establecía una moratoria de hecho de dos meses, que se extendía hasta el 1 de octubre, pues no se contaba el mes de agosto por inhábil. En dicho periodo transitorio los agricultores y las eléctricas tenían tiempo para suscribir contratos sujetos al “libre mercado”, sin que en este período se facturasen los consumos hasta tener suscritos los mismos.

Lamentablemente, los ministerios implicados no han hecho nada para que las Industrias Eléctricas cumpliesen el acuerdo con los agricultores. Por lo que éstas, de una manera voraz y sin respetar el acuerdo Gobierno-Agricultores, se han lanzado a facturar los consumos energéticos del regadío en plena campaña, con incrementos medios de las facturas de más de un 60%. De tal manera que Ministerio de Industria y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural han metido a los regantes españoles en una auténtica “ratonera” al incumplir lo pactado, teniendo los regantes que pagar tarifas abusivas, sin poder modificar las condiciones de sus contratos antiguos y sin tiempo para negociar los nuevos.

En consecuencia los agricultores han quedado a merced de las industrias eléctricas que, nunca mejor dicho, han hecho su “agosto” con los regantes. Además, hay que denunciar la actuación de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) quien, de manera insolidaria con los pequeños regantes, ha actuado como cómplice de la industria, firmando un acuerdo con algunas eléctricas con la excusa de favorecer sus intereses sin conseguirlo, ya que la mayoría de sus comunidades asociadas están sufriendo facturaciones abusivas porque, al igual que el resto de regantes, no han tenido tiempo de firmar unos contratos razonables con las suministradoras en el “mercado libre”. Con su actuación FENACORE ha provocado que las Eléctricas se lanzaran a facturar, desde el pasado 8 de agosto, al margen del acuerdo alcanzado con ambos Ministerios.

En conclusión, ASAJA denuncia el enorme daño provocado a sabiendas por el Gobierno al Sector del Regadío Español, que aporta alrededor del 30% de la mano de obra agraria y entorno al 50% de toda la producción final agraria nacional, al permitir que se quebrante el acuerdo verbal al que se llego con los representantes agrarios en julio. Queda así en evidencia que al frente del Ministerio de Industria y Medio Rural y Marino) hay personas que no son de fiar, lo que sin duda endurecerá el tono de las actuaciones de ASAJA en el próximo otoño, salvo que haya una urgente rectificación por parte del Ministerio de Industria y Medio Rural y sencillamente cumplen lo pactado.

El Consejo de Gobierno autorizó en su última reunión autorizar a los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para impugnar el trasvase de 21,86 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo con destino al Segura, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de julio.

Según informó ayer la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, durante su primera comparecencia ante los medios de comunicación en esta nueva responsabilidad que asume, de los 21,86 hectómetros cúbicos aprobados, 18 hectómetros eran destinados para riego, lo que impulsó al ejecutivo regional a presentar este recurso, y para refrendar esta decisión, volvió a repetir la pauta del presidente Barreda: «Agua para todos, sí; agua para todo, no».

Recordó que no es la primera impugnación que se hace, pues desde que se puso en funcionamiento esta infraestructura se han trasvasado 9.890 hectómetros cúbicos de agua y se han interpuesto ocho recursos ante el Tribunal Supremo, siempre contra los trasvases destinados a regadío, desde el año 2005 hasta este último del pasado 18 de julio.

El presidente de la Diputación de Albacete destaca que «este verano, se han visto muy pocos camiones cisterna por nuestros pueblos» para dar suministro a las poblaciones

El presidente de la Diputación, Pedro Antonio Ruiz Santos, hizo ayer un balance de los últimos 12 meses ante un nutrido grupo de alcaldes de la provincia. Y, de todas las cosas que se han conseguido, hay una, reconoció, que le ha hecho una ilusión especial.

«Este año, hemos visto muy pocos camiones cisterna por los pueblos -dijo con ilusión- y eso ha sido gracias al convenio de obras hidráulicas que hemos suscrito con la administración regional y, personalmente, me ha gustado muchísimo ver cada vez menos cubas por nuestros municipios».

Ruiz Santos pronunció estas palabras ante alcaldes de todas las tendencias políticas, procedentes de las comarcas de Mancha Centro, Manchuela y el corredor de Almansa-Monte Ibérico. Un logro del que, a su juicio, todos deben sentirse orgullosos.

«En cosas como el agua, pero también los caminos, el saneamiento, importa muy poco el partido -afirmó- porque nosotros, los alcaldes, tenemos en común que somos los primeros que reciben las peticiones, las sugerencias y, a veces, las broncas de los vecinos, y ahí tenemos que estar, atentos a lo que nos exigen».

En lo tocante al convenio de aguas, señalar que se firmó por primera vez en el año 2005, con una inversión de 9,5 millones de euros en tres años, que se tradujeron en 40 actuaciones en 32 municipios de la provincia.

El convenio se renovó en abril de este mismos año. Su montante asciende a 5 millones de euros, y comprende una larga lista de obras de redes de distribución y saneamiento en un total de 23 municipios de la provincia.

Ruiz Santos destacó también otros logros del último año. Entre ellos, y casi al mismo nivel que el de la mejora de las redes de agua y saneamiento, destacó el notable esfuerzo que se ha hecho para mejorar la red viaria provincial.

«En todo caso, este año ha sido de mucho esfuerzo y trabajo -concluyó el presidente- y el futuro es incierto, pero todos nosotros, alcaldes, tenemos la obligación de estar al lado del vecino, hay que levantar ese ánimo».

Para un Ayuntamiento pequeño, de poco más de 1.200 habitantes y 700.000 euros al año de presupuesto, cobrarle de golpe 100.000 euros al año es dejarlo en quiebra. Y este es el «papelón» que se le viene encima a Peñas de San Pedro y el motivo por el que su alcalde, Antonio Serrano, quiere hablar «de inmediato» con el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues.

El pasado sábado, en estas mismas páginas, se publicaba que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) quiere cobrarle 108.000 euros a Peñas el año que viene, a cuenta de las obras de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua, a través de una conexión con la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) de Los Llanos.

«Lo gracioso del asunto es que la obra no está hecha, y aún así nos la quieren cobrar», manifestaba ayer Antonio Serrano, quien no dudaba en calificar lo ocurrido como «un atropello, un auténtico impuesto revolucionario».

OTROS TÉRMINOS. Esta situación, además, afecta a más términos municipales, como Albacete (151.000 euros), Alcadozo (136.000), Pozohondo (100.000), Barrax (30.000), Bonete (26.000) o Alatoz (24.700).

A todos, les quieren cobrar las cantidades antedichas «o más bien descontárnoslas de la aportación que hace el Estado a los municipios». El motivo es similar, diversas obras para garantizar el abastecimiento humano en períodos de sequía.

«Hay una desproporción brutal -afirmaba Serrano- porque, por ejemplo, que a Albacete le cobren 151.000 euros por estas obras es un pico, pero hablamos de una ciudad de casi 180.000 habitantes, supongo que lo podrán asumir; sin embargo, Pozohondo, con cien veces menos población, que son 1.700 habitantes, nada menos, le quieren cobrar 136.000 euros el año que viene, no tiene ni pies ni cabeza, es imposible».

Ante esta situación, el alcalde de Las Peñas pedirá «de inmediato» una reunión con el presidente de la Confederación del Júcar, ya que a su juicio «nos han impuesto una obra faraónica por un coste desorbitado, cuando esto mismo, con un sondeo de 40.000 euros, de una sentada, resuelto».

Por otra parte, y en su calidad de diputado provincial, Serrano se preguntaba cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido para diseñar, aprobar y ejecutar esta obra. A su juicio, hay muchas cosas que no le acaban de cuadrar.

TODO CLARO. «La Diputación hace obras para apoyar y mejorar el abastecimiento de agua a los pueblos y, en su caso, el procedimiento es claro, transparente – recordaba- porque las peticiones de los ayuntamientos, los proyectos, los presupuestos, pasan todos por comisión, por el pleno, todo está claro».

Sin embargo, de la obra en cuestión, «por no saber, aún no sé si se han terminado las expropiaciones», y por el Ayuntamiento que preside, afirma el propio alcalde, no ha pasado prácticamente ningún papel, documento técnico o memoria que le explique el cómo, el porqué y, sobre todo, el cuánto.

«En 2006, ya escribí al Ministerio de Medio Ambiente, diciendo que si la obra la tenía que pagar el Ayuntamiento, no la queríamos simplemente porque no la podíamos asumir -recordaba- pero no nos han hecho ni caso, y eso que ya hubo quien se llenó la boca diciendo que iban a traer no sé cuantos millones de euros para abastecer la región, así yo también hago promesas, haciendo que paguen otros».

En cuanto al futuro inmediato, además de la entrevista con el presidente de la CHJ, Serrano indicó que «vamos a llevar este asunto a la Diputación, a las Cortes Regionales y, al margen de si gobernamos unos u otros, quiero hablar con los demás alcaldes afectados para ver si en esto vamos todos juntos».

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se reunirá la última semana de septiembre con el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, en una cumbre en la que pretenden acordar un documento en defensa del trasvase Tajo-Segura, según confirmaron ayer fuentes del PP murciano. El alcalde de Torrevieja, el también popular Pedro Ángel Hernández Mateo, ejercerá como anfitrión.

La cumbre autonómica tendrá como finalidad dejar clara la defensa del PP valenciano y murciano del trasvase Tajo-Segura, y recordar también su apuesta por construir un canal desde el río Ebro hasta Almería. En esta ocasión, la unidad entre Valcárcel y Camps cobra especial relevancia tras el apoyo de la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, al Estatuto de Castilla-La Mancha, que incluye la caducidad del trasvase Tajo-Segura para 2015.

Ayer mismo, Cospedal afirmó que su partido propone para toda España «un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que respete tanto el principio de unidad de cuenca como el principio de solidaridad interterritorial, con el uso preferente de la cuenca natural pero también que el agua vaya de aquellos sitios de donde sobre a donde falte».

Camps y Valcárcel también tratarán de llegar a un acuerdo en relación con la financiación autonómica, que está en plena discusión. Pero además de mostrar su oposición a las decisiones de Cospedal, Camps y Valcárcel rechazarán los trabajos preliminares realizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en los que rebajan de forma ostensible las previsiones de trasvases a la cuenca del Segura.

De esta forma, los dirigentes valenciano y murciano retoman las tradicionales reuniones entre los presidentes de ambas comunidades de forma alterna en San Pedro del Pinatar y Torrevieja, que este año no se había celebrado «porque con la crisis que padecemos no está el horno para bollos, y no podemos irnos de comida como si no pasara nada», según explicó ayer a EL PAÍS el portavoz del PP murciano y alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez.

A la cumbre de trabajo acudirán, además de los presidentes autonómicos, los titulares de las consejerías de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, y de Agua y Medio Ambiente de la Generalitat, José Ramón García Antón.

La Confederación Hidrográfica del Júcar no tendrá que realizar finalmente desembalses forzados desde la presa de Tous como se temió hasta hace unas semanas. La gestión realizada en los embalses del Júcar se ha afinado hasta el extremo para evitar este episodio que hubiera ofrecido una imagen «engañosa» de la actual campaña, que comenzó con severas restricciones en las dotaciones de agua para riego en la Ribera del Xúquer.
Según los planes de explotación de la presa de Tous, cada vez que llega el otoño y de manera concreta a fecha 30 de septiembre, el embalse solo puede almacenar un máximo de 72 hectómetros cúbicos de una capacidad teórica total de 378,6 hectómetros cúbicos.
Se trata de cumplir con una curva de seguridad que permitiría al embalse evitar daños aguas abajo aún en el caso de riadas como la de 1982 o la histórica avenida de San Carlos en 1864.
Recuperación
Las lluvias registradas en el tramo final de la pasada primavera en la cuenca media y alta del Júcar, unido a los episodios tormentosos en el bajo Júcar, provocaron una recuperación del caudal base del río que ha permitido mantener el volumen disponible en Alarcón al inicio de campaña, aumentar la reserva de Contreras, mantener el caudal ecológico del Júcar en Albacete -con el apoyo de los desembalses de Alarcón- y atender las demandas para regadío de la Ribera y la del agua potable de Valencia prácticamente con los caudales fluyentes y el aporte de Tous.
Sin embargo, este «escenario» se produjo justo después de que cientos de agricultores de la Ribera se vieran obligados a renunciar a plantar hortalizas debido a la falta de agua en el río y a las restricciones cautelares marcadas por la CHJ.
En este situación sobrevenida, la CHJ optó por cerrar Contreras-prácticamente solo ha liberado agua los fines de semana para el mantenimiento de las actividades de turismo de aventura en el río Cabriel- y ha limitado las salidas de Alarcón a las necesidades de caudal ecológico en La Mancha Orienta.
Dicho de otro modo y según fuentes de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, Alarcón no ha servido este año para dar agua a los regantes valencianos, sino para mantener un caudal mínimo en el Júcar que contribuye, además, a recuperar el maltrecho nivel del acuífero de La Mancha Oriental (Cuenca y Albacete).
Ayer Tous almacenaba 52 hm3 tras perder en la última semana tan solo 2,11 hm3. Se estima que los caudales fluyentes sean suficientes para abastecer a los regadío de Cullera, Cuatro Pueblos, abastecimiento de Valencia y caudal ecológico del Júcar, de modo que las únicas necesidades que deben atenderse con agua desembalsada son las de la Real Acequia de Carcaixent y algunos volúmenes adicionales aplazados en su entrega por la Acequia Real del Júcar.
En esta coyuntura solo unas lluvias importantes podrían obligar a desembalsar agua para que Tous almacene a 1 de octubre los 72 hm3 que marca su plan de explotación anual.

Las cuentas del río Júcar no acaban de salir. El proceso de elaboración del nuevo plan hidrológico del Júcar ha entrado en su recta final con la identificación del denominado Esquema de Temas Importantes. Es la hora de la verdad y entre otras tareas toca empezar la casa por los cimientos: hay que saber, con el mayor grado de certidumbre, de cuánta agua se dispone en el río.
Entre los regantes y ecologistas valencianos, existe el temor de que el próximo plan hidrológico acabe incurriendo en los mismos errores que el anterior, certificando que hay más agua disponible de la realmente existente y, en consecuencia, asignado a los usuarios actuales y futuros y al caudal ecológico de los ríos: un agua virtual.
El Ministerio de Medio Ambiente ha dictado unas Instrucciones de Planificación donde se recomienda usar las series hidrológicas -la estadística que recoge el agua que llega cada año a un lugar determinado- «más amplias disponibles», y que en el caso de la cuenca del Júcar, con los ríos Albaida, Júcar, Cabriel y Magro como principales tributarios, se remonta a 1940/41 y finaliza en 2005/2006. Es la denominada «serie larga» de 66 años que contrasta con la «serie corta» que arranca en 1981/1982 y que recoge los datos de los últimos 25 años.
En un trabajo elaborado por Antonio Estevan, Abel La Calle y José Manuel Naredo se recuerda que en la mayoría de las cuencas hidrográficas y especialmente en las de la vertiente mediterránea y la mitad sur de la Península, «tanto las precipitaciones como las aportaciones han experimentado una considerable reducción en los últimos 25 años, tanto en cantidad como en calidad».
En el caso concreto del Júcar, la media de las aportaciones anuales regulables en Tous considerando la serie completa es de 1.303 hectómetros cúbicos (hm3) anuales. Si se considera sólo la serie de los últimos 25 años, la media de las aportaciones se reduce a 947,5 hm3, lo que representa disponer de un 37,5% menosÉ
En el Segura y el Alto Tajo, donde se generan los recursos para el regadío alicantino y murciano, la estadística arroja una distancia mucho mayor: la diferencia entre la «serie larga» y la «corta» representa un descenso del 54,6% en el río Segura y del 47,4% en las aportaciones reguladas del río Tajo en Bolarque.
Los autores del trabajo, miembros de la denominada Nueva Cultura del Agua, estiman que la utilización de la «serie larga» determinaría «el establecimiento de mayores caudales disponibles para su asignación a las funciones ambientales y a los distintos usuarios de la cuencaÉ aunque estas asignaciones podrían no estar respaldadas por recursos reales». Advierten que la sobrevaloración de los recursos conllevaría «graves consecuencias ambientales, económicas y sociales» y recuerdan que el problema ya se ha producido «de modo generalizado en la planificación vigente, en la que las series utilizadas han acabado mostrando una divergencia con la realidad aún mayor» que la que evidencian los datos anteriores.
La apuesta por la serie larga
Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), asegura que en el proceso de participación pública abierto en la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar están defendiendo la aplicación de la serie corta y afirman que la disminución de recursos experimentada en los últimos 25 años es «muy evidente» y sin justificación en las sequías coyunturales que se han producido en este periodo.
Francisco Sanz, de Xúquer Viu, asegura que esta organización apoya también la aplicación de la serie corta, «más aún cuando existe una tendencia a una reducción a un mayor en las aportaciones que reflejan todos los escenarios del cambio climático».
Xúquer Viu no quiere «trampas» como utilizar en unos casos la «seria larga» y la «corta» en otros atendiendo a criterios políticos, y recuerda que la Directiva Marco del Agua prioriza el mandato de lograr en el año 2015 «el buen estado ecológico de las masas de agua superficiales y subterráneas». Un mandato claro que pone en primer lugar la componente ambiental que debe tener el nuevo Plan Hidrológico del Júcar.
Francisco Sanz defiende una alianza entre los intereses ambientales y el regadío histórico para mantener un caudal en el bajo Júcar que cumpla el objetivo de la Directiva.
Afirma, asimismo, que «ahora mismo hay ya unas presiones tremendas sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Generalitat debería dejarse de trasvases y defender en la negociación del nuevo plan hidrológico los verdaderos intereses valencianos», que, según su organización «están en el Júcar».