La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA, ha informado que mantiene esta semana una lucha negociadora contrarreloj con el fin de evitar los graves prejuicios económicos que supondrá, a partir de hoy, la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para 2008. Para ello, ASAJA Salamanca participará, la próxima semana, en una reunión regional con responsables de la empresa en la que se acercarán posturas y propuestas para ofertar una tarifa global para los regantes.

Por otra parte, indicó la asociación, el miércoles, 2 de julio, el presidente provincial de ASAJA, Vicente de la Peña, viajará a Madrid para participar en la Junta directiva urgente de esta organización agraria en la que se tratarán las negociaciones y acuerdos alcanzados al respecto como resultado de la multitudinaria manifestación celebrada el pasado 19 de junio en la capital de España, dando así sus frutos gracias a la presión e insistencia ejercida en los últimos meses desde ASAJA. Las tarifas eléctricas y el gasóleo profesional serán dos de los puntos que centrarán esta reunión.

Cabe señalar que, la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas supone un incremento de la cuota de potencia en un 423%, en los contratos de baja tensión, y de un 270 %, en alta tensión. Por ello resulta más llamativo aún el hecho de que la mayoría de los regantes tan sólo utilizan un 10% la cuota de potencia al año, es decir, un uso de dos meses a pesar de pagar el año completo. En definitiva, una situación que, estos días, desde ASAJA, se abordará en profundidad.

Mientras la reserva de agua de los embalses de la cabecera del Tajo se ha mantenido en la última semana, la cuenca del Júcar ha roto la tendencia al alza de los últimos meses.

Según los datos facilitados ayer por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), la reserva del embalse conquense de Buendía ha aumentado un hectómetro cúbico y ha alcanzado los 208, el 12,69% de los 1.639 posibles.

Por lo que respecta al pantano guadalajareño de Entrepeñas, mantiene los 184 hectómetros cúbicos que tenía la pasada semana, un volumen que representa el 22,03% de su capacidad total, que es de 835 hectómetros cúbicos.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han descendido en 8,77 hectómetros cúbicos durante la pasada semana y se han situado en 902,85 hectómetros, lo que supone un 26’98% de los 3.346,6 hectómetros de su capacidad total. Este descenso rompe una tendencia ascendente que se prolonga prácticamente desde el otoño y que han elevado las reservas hasta las cotas más elevadas de los dos últimos años.

El Gobierno y las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha mostraron ayer su oposición y rechazo a la posibilidad de que el Consejo de Ministros, previa proposición de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, autorice un trasvase de 75,5 hectómetros cúbicos de los que 35,5 serían para regadío.

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha, por medio de su director general del Agua, José Fernando Ortega, ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que no atienda la propuesta de un nuevo trasvase para regadío de la cuenca del Tajo a la del Segura, que sería «imprudente, injustificado e innecesario».

El secretario regional de COAG-IR, Apolonio Moreno, defendió que su organización nunca se opondrá a que se trasvase agua para el abastecimiento humano, pero instó a todos los regantes a seguir «las reglas que se aplican los del Guadiana».

El responsable de UPA, Julián Morcillo, aseguró que el trasvase Tajo-Segura es una «injusticia histórica y una obra del pasado», más cuando «hay pueblos en Castilla-La Mancha que tienen que abastecer a sus habitantes con camiones cisterna, cuando encima ven pasar el agua hacia Levante».

El secretario regional de Asaja defendió que mientras no haya una política hidráulica nacional no se podrá garantizar «agua para todos», y acusó a los integrantes de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura de «estar ciegos» , por no ver la situación de los embalses de cabecera.

También expresó su rechazo la titular regional de Agricultura, Mercedes Gómez, quien reiteró que el Gobierno castellanomanchego siempre ofrecerá agua para beber, pero no consentirá el uso de agua para regadíos, además cuando nunca se ha podido comprobar que esos recursos se han destinado a tal fin.

AVA-ASAJA se ha dirigido por carta al presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, pera reclamarle que ordene “una investigación exhaustiva” sobre el modo con el que las eléctricas están abordando el pretendido mercado liberalizado de la electricidad. En el escrito, la asociación, que integra a más de un millar de entidades de riego valencianas y a varios millares de instalaciones de riego a goteo adheridas a ellas, de­nuncia que tales compañías se están repartiendo ‘de facto’ el mercado según zonas.

La asociación indica que aunque en apariencia ofrecen precios distintos, en la realidad, si se comparan los costes medios de todos los conceptos, representan precios prácticamente idénticos lo que hace sospechar que ha habido acuerdos al respecto, contrarios a la libre competencia.

Para Asaja, las compañías eléctricas están aprovechando la liberalización, que en principio debería ser buena y conveniente, como ha defendido el Gobierno, para imponer subidas “exageradas” que oscilan, por término medio, entre el 35% y el 60% y que en algunos casos superan el 100%. Además, discriminan a los usos agrarios (riego, granjas…) con modalidades de contratación que no tienen en cuenta las peculiaridades y necesidades de este sector.

“Espero que la CNC se atreva a investigar a las todopoderosas compañías eléctricas, entre otras cosas porque la supuesta liberalización, lejos de favorecer la competencia, la está complicando y los encarecimientos afectarán, primero, a los sectores productivos, pero acto seguido llegarán a los consumidores, con lo que la inflación se disparará aún más”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

En la denuncia se recuerda a Berenguer que el proceso de liberalización, que comienza a aplicarse el próximo 1 de julio, es sólo la antesala del que entrará en vigor el 1 de enero de 2009, que afectará también a todos los usuarios domésticos, por lo que la “receta” que ahora se aplique será básicamente la misma que vendrá después.

La organización agraria cuestiona el modo de liberalización que se está imponiendo, puesto que “casi nadie puede acceder ahora a que le suministre electricidad otra compañía distinta de la que ya lo hace y que es predominante en esa zona geográfica”. Esto demuestra que las eléctricas “siguen repartiéndose el territorio”, advierte la carta. A lo sumo, y seguramente para guardar las apariencias, continúa, “se dan tímidas incursiones de compañías en zonas ‘ajenas’, pero dándose la llamativa circunstancia de que cada una deja a las demás que entren sólo un poco en las suyas”.

De igual manera, AVA-ASAJA denuncia que la negociación previa a la liberalización no ha ampliado la oferta de precios sino que las medias de éstos son “globalmente iguales, sólo con ligeras variaciones en algunas tarifas para determinados periodos”.

Especialmente gravoso para las entidades de riego agrícola resulta la modalidad de contratación de ‘tres periodos’ obligatoria para aquellos usuarios con una potencia menor de 450 kw/h. En esta situación se encuentran la inmensa mayoría de po­zos, a los que se les excluye del horario ‘menos caro’ sábados, do­mingos y festivos, dejando sólo las 8 horas nocturnas (de 0 a 8 horas de la mañana). En cambio, los grandes consumidores, con potencias superiores a 450 kw/h, disponen de dichas 8 horas más todos los sábados, domingos, festivos nacionales y todo el mes de agosto. Aguado lamenta que se dis­crimine “a los usuarios más modestos, en este caso a los agricultores, que tienen menor capacidad de negociación”.

En este sentido, señala la organización, resulta igualmente “escandaloso” que las mayores subidas de precios, entre el 50 y el 100%, “se den precisamente en las franjas horarias de menor consumo y de precios menos altos, con lo cual se está poniendo de entredicho el gran esfuerzo realizado por los agricultores y las administraciones públicas en la modernización masiva de los regadíos”.

El Ministerio de Economía y Hacienda se reunirá hoy con las principales organizaciones agrarias para analizar la implantación de medidas fiscales de apoyo al sector primario, ante el fuerte encarecimiento del gasóleo.

De esta manera, el departamento de Pedro Solbes responde a las demandas de estas organizaciones, que se han manifestado en varias ocasiones en demanda de medidas ante la crisis que afecta a la agricultura.

Según explicó a Servimedia un portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), esta organización, junto a Asaja, UPA y las cooperativas, llevará a la Mesa de Fiscalidad distintas demandas de rebajas fiscales.

Entre ellas, la reducción del IVA del 16% al 7% en el gasóleo y la electricidad y rebajas en el Impuesto Especial de Hidrocarburos y en la tasa que grava el consumo eléctrico.

Asimismo, reclaman una nueva moratoria de un año en la desaparición de la tarifa eléctrica de riego que debería extinguirse el 1 de julio, o, en todo caso, que el Gobierno medie en la negociación entre los agricultores y las eléctricas para poder acordar una tarifa rentable.

Las distintas organizaciones agrarias esperarán al resultado de este encuentro con los representantes de Economía y Hacienda antes de convocar nuevas movilizaciones.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Josep Puxeu, ha asegurado que los regantes encontrarán soluciones adecuadas para afrontar los precios de las nuevas tarifas eléctricas que entran en vigor el próximo 1 de julio.Puxeu ha indicado que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha facilitado la negociación que en próximas semanas llevarán a cabo los regantes y las organizaciones agrarias junto con el Ministerio de Industria y las empresas eléctricas.Cree, además, que en el marco de este consenso que se ha establecido se encontrarán las soluciones adecuadas, y que por lo tanto el trabajo del Ministerio ha acabado.Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha mostrado  su satisfacción porque se pueda negociar con las hidroeléctricas y el Ministerio de Industria para que la subida de las tarifas sea menos traumática para los regantes.De esta manera, según fuentes cercanas a la negociación, las tarifas para los regantes se mantienen durante el tiempo necesario hasta que se consiga un acuerdo y en ese momento se aplicará la subida correspondiente con efecto retroactivo al 1 de julio.Las reuniones entre las hidroeléctricas, el Ministerio de Industria, los regantes y las organizaciones agrarias comenzarán la próxima semana, según indicaron estas mismas fuentes.

Lamentablemente, habrá un día en el que ya no se podrá pescar en los ríos de la comarca. De momento, los ríos ya están avisando. Según revela el informe de 2007 sobre el estado de los ríos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), elaborado por Projecte Rius-Fundación Limne, «el 38% de los ríos presenta síntomas de enfermedad».

Para ello, basta con pasear por algunos de los tramos del Júcar para comprobar la gran cantidad de residuos (plásticos, papeles o latas, entre los más comunes) que alberga el río. La gravedad de la situación parece ser más alentadora si se manifiesta que sólo el 15% de los tramos analizados por los voluntarios del Projecte Rius-Fundación Limne está «sano». Esto es, sin elementos tóxicos y contaminantes.

Los resultados del informe derivan de la labor que han hecho más de 400 voluntarios de la comarca durante el otoño de 2007, en diversos tramos de río que han escogido los propios grupos. Para 2008, al control del río durante el otoño, se ha añadido otro en primavera.

Entre los parámetros evaluados para comprobar el estado de los ríos, se encuentran el Ph, el nivel de nitratos y de carbonatos. Conviene señalar que una gran parte de las inspecciones muestran que el río posee una concentración de nitratos de cero miligramos por litro.

Sin embargo, en algunos tramos el nivel de este elemento es muy superior al permitido por la Comisión Europea para el consumo humano. Por no hablar de los efectos devastadores que ha tenido sobre algunas especies de peces.

Sobre la disminución de ejemplares en el Júcar, saben bien los numerosos aficionados a la pesca. Una pérdida que cada vez está siendo más acentuada desde que se inició durante la década de los ochenta. «Madrillas, pelaets, pencas… y también las anguilas», señala Robert, un gran aficionado a la pesca.

La degradación del estado de los ríos y de la vegetación de ribera en la comarca se ha notado también en las especies que tradicionalmente tenían su hábitat en sus márgenes. Es el caso de las ranas y las serpientes, «un bio-indicador certero del estado de salud de los ríos», como manifiesta Robert.

Ciertamente, la «mala salud» a la que se refiere Projecte Rius en su informe se puede percibir más allá del flujo del ríos. El 50% de los bosques de ribera analizados presentan una «alteración importante» de su vegetación asociada y un 41% están «muy degradados». La conclusión no puede ser más preocupante. En los ríos de la cuenca del Júcar el estado de su vegetación es aún mucho peor que el de sus aguas.

Justamente, fue su preocupación por el grave estado de salud de los ríos una de las razones por las que se constituyó en 2007 la asociación Projecte Rius-Fundación Limne, con el objetivo de estimular y potenciar el trabajo de voluntariado ambiental y la participación ciudadana relacionados con la conservación del patrimonio ambiental.

La misma finalidad de promoción les ha llevado a organizar la I Trobada de la fundación, que se celebrará hoy en Villanueva de Castellón, una de las localidades de la comarca que cuenta con mayor número de voluntarios.

Desde las diez de la mañana, los vecinos que se acerquen hasta la Plaza del Ayuntamiento de la localidad podrán conocer cuales son los proyectos e iniciativas que se están llevando a cabo desde Limne.

Según explicó ayer la secretaria general de Medio Rural, Alicia Villauriz, el Gobierno está trabajando para que el sector agrario y las eléctricas lleguen a un acuerdo «en el plazo de unos dos o tres meses» sobre las tarifas eléctricas que entrarán en vigor el día 1 de julio, informa EFEAGRO.

Además recordó que el Ministerio de Medio Rural ya ha mantenido reuniones con organizaciones agrarias, regantes y el Ministerio de Industria, y que continúa negociando una prórroga -de hasta dos meses- para que los regantes negocien tarifas «más ajustadas a sus necesidades».

Así lo destacó Villauriz durante la asamblea general de la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX), celebrada ayer en Madrid y que reunió al sector para analizar su evolución y las cuestiones que le afectan como la creciente competencia tanto intracomunitaria como de terceros países o el incremento de los costes de producción.

En este sentido, destacó la preocupación del sector por la por la negociación de acuerdos de la UE con terceros países, así como por el desarrollo normativo de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas.

Villauriz señaló el «importante» esfuerzo modernizador realizado por el sector hortofrutícola español e hizo un llamamiento para que éste saque «la parte positiva» de la apertura comercial, ya que tiene intereses en el exterior y «capacidad para desarrollar más estos mercados».

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) y las distintas organizaciones agrarias se reunirán esta tarde con responsables de los ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de Industria, Turismo y Comercio, con el fin de buscar soluciones que permitan a los agricultores hacer frente a la fuerte subida que experimentará la tarifa eléctrica para regadío a partir del próximo 1 de julio.

   El presidente de Fenacore, Andrés Del Campo, aprovechará la reunión para solicitar la aprobación en el Consejo de Ministros de mañana de las modificaciones legislativas pertinentes para evitar un encarecimiento «desorbitado» de la factura eléctrica que podría poner en peligro el proceso de modernización de regadíos y la propia sostenibilidad de la agricultura.

   Fenacore confió en que el Gobierno acometa las modificaciones legislativas necesarias para que las nuevas tarifas eléctricas para regadío no excedan la subida del IPC, tal y como reconoció el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, en su intervención la semana pasada en Zaragoza donde aseguró, según Fenacore, que «el Gobierno trabaja para que el incremento de las tarifas eléctricas para los regantes no supere el 4,5%».

   En la actualidad, Fenacore desconoce el borrador de modificaciones que el Ejecutivo tiene previsto aplicar al Real Decreto 809/2006 y que recoge a partir del próximo martes, día 1 de julio, una revisión al alza de la tarifa eléctrica para regadío.

   Este hecho, unido a la desaparición de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión, puede suponer un encarecimiento medio de los costes energéticos de entre el 20% y 40% en la próxima campaña de riego, pudiendo superar en algunos casos el 80%.