La Fundación Agua y Progreso de la Comunitat Valenciana y la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) presentarán mañana en Valencia las conclusiones del informe denominado ‘Evaluación del cambio climático y su incidencia en los recursos hídricos disponibles en la cuenca del Júcar en el horizonte de los años 2030-2050’, según informaron fuentes de la fundación en un comunicado.

   El objeto del estudio, elaborado por el grupo de investigación de la Estación de Climatología Aplicada (ECA) de la UJI, es concretar la incidencia del cambio climático en la cuenca del Júcar en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de 2006 (Pnacc), que vincula a los Gobiernos central y autonómicos, y que concede carácter prioritario a las actividades de investigación y desarrollo relacionadas con la evaluación del cambio climático y la de su impacto con los recursos hídricos.

   En la presentación del informe se tratará con «carácter preferente» los efectos sobre la cuenca del Júcar, aunque también se hará referencia a la cuenca del Ebro, puesto que el estudio también recoge la regionalización efectuada por el Instituto Nacional de Meteorología, del Ministerio de Medio Ambiente.

   El estudio pretende aportar «los efectos observados y analizados en las cuencas del Júcar y del Segura bajo condiciones climáticas contrastadas, sobre la intensificación del ciclo hidrológico». De este modo, dadas las «estrechas» relaciones existentes entre los elementos climáticos que intervienen en el ciclo hidrológico natural, se pudieron establecer funciones de ajuste que vinculen las escorrentías totales con las precipitaciones y temperatura, las cuales han permitido proyecciones de recursos hídricos en el horizonte 2025-2030.

   El trabajo adquiere, según las mismas fuentes, una «gran trascendencia» a tenor de las consideraciones que los modelos desarrollados establecen sobre la región mediterránea. En este sentido, las bases científicas de los últimos informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU predicen que ésta será la región «más vulnerable» de Europa a efectos del cambio climático, debido a una «reducción de los recursos hídricos que se producirá de forma simultánea a un aumento térmico regional», indicaron.

OBSERVATORIOS PARA EL CONTROL CLIMÁTICO.

   Para el desarrollo de este estudio, el equipo científico encabezado por el profesor José Quereda, catedrático de Análisis Geográfico y director del Laboratorio de Climatología de la UJI, realizó un «riguroso tratamiento estadístico de control y homogeneización de las series climáticas temporales obtenidas en el medio centenar de observatorios con más de 50 años que componen la red regional».

   El estudio contó, además, con la red de diez observatorios de estaciones automáticas de meteorología que la UJI tiene excepcionalmente ubicados tanto en medio marino como en cimas alejadas de toda influencia humana, con la que ha desarrollado sus observaciones a lo largo de la última década. La investigación comportó, igualmente, el empleo de la teledetección por imaginería de satélite y de la dendrocronología por scanner en la vertiente mediterránea del Sistema Ibérico.

Durante la reunión que mantuvieron ayer representantes del ministerio de Industria y la organización agraria ASAJA, el Gobierno se comprometió a estudiar un sistema de «contratos temporales» para que los agricultores paguen su cuota de potencia sólo «cuando estemos regando».

Al menos así lo ha explicado a AGROCOPE Miguel Afán de Ribera, vicesecretario general de ASAJA, quien manifiesta que es inconcebible pagar «un dineral por una potencia contratada que sólo usamos durante 4 meses».

De ahí, la necesidad de establecer un sistema donde se pague una cantidad en función del momento en que el que se riega, es decir, establecer horas de riego donde el precio de la electricidad es menor «como por la noche o los fines de semana» y donde también se produce un menor consumo por parte del resto de los consumidores.

Una iniciativa, que no sólo «tenemos que acordar con las eléctricas», apunta, sino que aquí también «hay que concienciar al agricultor para que se acostumbre a regar en otras franjas», comenta el vicesecretario de ASAJA.

Afán, que recuerda que se ha establecido un periodo transitorio de tres meses desde el 1 de julio, día en que se aprobó el incremento de las tarifas eléctricas, espera que para el 1 de octubre, el 80 por ciento de los contratos para riego tengan una tarifa adaptada al mercado libre «pero razonable para el agricultor».

Por el momento, Industria va a estudiar los planteamientos de ASAJA a la espera de la próxima reunión «presumiblemente la próxima semana». Mientras, la OPA mantendrá una reunión, esta semana, con las eléctricas para «tratar de avanzar en un contrato que se adapte a nuestras necesidades».

La entrada en vigor el 1 de julio de la Orden ITC/1857/2008, para la liberalización del Mercado Eléctrico en España supone un estacazo definitivo para un sector en crisis, con crecimiento cero, en dura tendencia descendente y con abandonos progresivos de superficie en producción. En definitiva, un sector atomizado que no puede soportar la subida y aparición de nuevos costes de producción.

Por todas estas razones, siempre han justificado un tratamiento especial histórico para los agricultores y regantes que ahora el Gobierno unilateralmente decide eliminar bajo el exiguo y oscuro pretexto de liberalizar el mercado eléctrico en España. En nuestro país existe un monopolio abusivo, por el cual dos mercantiles eléctricas controlan el 76% del mercado ¿Dónde está la libertad de mercado? ¿Acaso es libertad de mercado un incremento del coste de la electricidad para el agricultor del 75%?

Desde Jóvenes Agricultores – ASAJA Alicante queremos transmitir al Gobierno central la necesidad imperiosa de una prórroga del actual régimen de tarifas especiales para riego ante la liberalización del Mercado Eléctrico. En esta línea, consideramos que no existen razones para suprimirlas y sí argumentos importantes para defender su continuidad, como los aumentos excesivos de los precios de las nuevas tarifas que llegan a incrementarse, como ya hemos dicho, hasta en un 75%.

Al respecto, el presidente de Jóvenes Agricultores – ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, considera “que la regulación del Gobierno de no prorrogar las tarifas especiales para riego, supone un duro golpe para el abandono definitivo del campo. Al mismo tiempo, es una provocación teniendo en cuenta la delicada situación por la que atraviesa el sector. No entendemos, como este Gobierno en lugar de ponerse a nuestra disposición para sortear estos momentos difíciles, decide literalmente meter la mano en los bolsillos de los agricultores”.

Al hilo de lo anterior, pensamos que dejarnos en mano de las Industrias Eléctricas para que firmemos contratos, es firmar la muerte del sector; pues las eléctricas siempre imponen y prevalecen sus condiciones como parte dominante que son.

En este sentido, Eladio Aniorte indica “consideramos que con medidas como esta se pone de manifiesto y de una forma muy clara y explícita el interés de nuestro Gobierno por acabar con la agricultura, pues nos encarece los costes de producción continuamente y no pone medidas para solventar esta situación y, además, hace oídos sordos a la necesidad de establecer una Ley de Márgenes Comerciales y de Precios Mínimos”.

Así mismo, Aniorte señala “si en un breve periodo de tiempo no se toman medidas desde la Administración y no vemos intenciones de ayudarnos a mejorar la situación volveremos a salir a la calle como ya lo hicimos el 19 de junio, pero en las próximas ocasiones cortaremos carreteras y no cesaremos en nuestro empeño de hacernos oír”.

Los embalses de la Confederación Hidrogáfica del Júcar (CHJ) han alcanzado en la última semana medida (del 1 al 8 de julio) la mejor cifra de reserva de agua de los últimos dos años, con un total de 886 hectómetros cúbicos, lo que supone un 26,5% de su capacidad.

El agua un bien valioso y escaso

Según fuentes de la CHJ, esta cifra supone un aumento de 5,1 puntos respecto a la misma semana de 2007, que contaba con un volumen del 21,4%, y de 8,3 puntos más respecto a 2006, en el que el nivel de los embalses se encontraba al 18,2%.

Sin embargo, los datos de la reserva de agua de esta última semana se han reducido 17 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior, en la que se registraron 903 hectómetros cúbicos. Así, los 886 hectómetros cúbicos de reserva de agua registrados en los veintisiete embalses adscritos a la Confederación Hidrográfica del Júcar, supone un incremento de 199 hectómetros cúbicos desde el mes de enero de este año, 103 hectómetros más que en el mismo período de 2007, y 184 más que en 2006.

Los socialistas castellano-manchegos, ¿vencieron o perdieron en el 37º Congreso Federal del PSOE a la hora de defender la caducidad del trasvase Tajo-Segura, teniendo en cuenta que el texto de la ponencia marco admite las transferencias de agua que sean «viables económicamente, medioambientalmente sostenibles y socialmente aceptadas»? Pues según la versión que se oiga, se extraen unas conclusiones u otras.

Empezando por la oposición. Ayer, el secretario general del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, opinó que el presidente regional, José María Barreda, ha sido el «gran perdedor» del cónclave socialista pues, además de haber perdido la «batalla del agua», ha sido «ninguneado» por Rodríguez Zapatero.

«No nos alegramos de que Barreda haya perdido la batalla del agua», pero, sobre este asunto «lleva mintiendo tanto tiempo que no tiene credibilidad», dijo Tirado. Recordó que Barreda, «primero, firmó y votó el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Gobierno de Aznar, pero, luego, le cogieron y le dijeron que hiciera lo contrario. No tiene ninguna credibilidad ni coherencia».

Y el Estatuto, ¿qué?

Al ser preguntado sobre lo que puede ocurrir cuando la reforma del Estatuto de Autonomía -que contempla el fin de trasvase en el 2015- tenga que votarse en el Congreso de los Diputados después del verano, Tirado dijo que el PP va a seguir trabajando en la «misma línea». Precisó al respeto que el PP defiende que el agua vaya de donde sobra a donde falta y en Castilla-la Mancha hace falta agua y la que sobra es la que va al mar «por culpa, entre otros, de Barreda».

La visión desde las filas socialistas, por supuesto, era muy distinta. El vicepresidente de la Junta, Fernando Lamata, admitió que «hubo un rifirrafe, sus más y sus menos» entre los socialistas de diferentes regiones a la hora de fijar una posición sobre el agua, un debate en el que los socialistas de Castilla-La Mancha lograron que el término trasvase se eliminara de la ponencia, aunque aparece con el eufemismo transferencia de recursos.

Al final, el PSOE decidió apostar por un pacto nacional sobre el agua basado en la solidaridad y el consenso y que, entre otras medidas, incluye los trasvases sostenibles y socialmente aceptados, aunque los denomina «transferencias de recurso a través de infraestructuras hidráulicas necesarias».

Con este texto, dijo Lamata, el trasvase Tajo-Segura no tendría cabida pues no cumple dos de los requisitos que exigirán los socialistas para que haya trasvases: el del consenso social y el de la sostenibilidad ambiental.

Consideró que «poquito a poco» y con «responsabilidad, con tranquilidad, con rigor, con razones» los socialistas castellanomanchegos están logrando convencer a sus compañeros del resto de España y sus planteamientos han experimentado «un avance muy importante».

No obstante, aún no han logrado «todo lo que quisiéramos», admitió Lamata, de ahí que los delegados castellano-manchegos votaran en contra de la ponencia.

«Más ambiciosos»

La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, por su parte, atribuyó este voto en contra a que «queríamos ser más ambiciosos y perseguir el máximo, el ideal», no obstante, opinó que «podemos estar contentos» con el texto final.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Patrocinio Gómez, dijo que lo que los socialistas aprobaron en esta materia es lo que el presidente regional viene reclamando desde hace tiempo, que es «un pacto nacional del agua, y que no valen los trasvases a costa de cualquier cosa».

«Esta tarea es larga pero vamos ganando adeptos, porque el PSOE tiene claro cuál es su posición en materia de agua», dijo Gómez.

reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han disminuido en 15,17 hectómetros cúbicos durante la pasada semana y se han situado en los 887,68 hectómetros, lo que supone el 26’53 por ciento de los 3.346,6 hectómetros de su capacidad total.

según han informado hoy en un comunicado fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, dieciocho han registrado un descenso en el nivel de agua almacenada, cuatro han aumentado y cinco han mantenido el mismo caudal.

El embalse que ha registrado el mayor descenso de agua ha sido el de Tous-La Ribera, que ha perdido 9,44 hectómetros cúbicos y se sitúa al 34,30 por ciento de su capacidad, de 378,6 hectómetros, seguido del embalse de Arenós, que ha descendido en 1’92 hectómetros y está al 51,26%.

El de Bellús, situado en el complejo de Cortes, es el tercer embalse que más ha visto reducido su caudal en la última semana, con un descenso de 1,78 hectómetros cúbicos, por lo que en estos momentos se encuentra al 30,11% de su capacidad.

Otros embalses que han visto reducidas sus reservas han sido los de El Naranjero, con un descenso de 1,54 hectómetros cúbicos y que se encuentra al 68,99 por ciento de su capacidad, Alarcón y Benageber, que lo han disminuido en un 1,22, y se han situado en un 10,48 por ciento de su capacidad, el primero, y en un 56,60 por ciento, el segundo.

Los embalses de Loriguilla, La Toba, Sichar, Beniarres, Guadalest, Maria Cristina, Ulldecona, Regajo, Buseo, Escalona, El Molinar y Forata son los demás, pertenecientes a la CHJ, que han visto reducidas sus reservas hídricas durante la última semana.

Por su parte, el mayor incremento lo ha registrado el embalse de Cortes II, que ha aumentado el agua almacenada en un 2,63 hectómetros cúbicos y se ha situado en un 95,85 por ciento de su capacidad total, que es de 118 hectómetros.

A continuación, se encuentran los embalses de Contreras, La Muela y Arquillo de San Blas, los otros tres cuyas reservas han aumentado respecto a la semana pasada.

En el primer caso, el agua almacenada ha aumentado en 1,47 hectómetros cúbicos y se encuentra al 12,81 por ciento de su capacidad; en el de La Muela, el agua ha crecido 0,95 hectómetros y ha situado el caudal del embalse al 49,62% de su capacidad, y en el tercer caso, el aumento ha sido del 0,08, por lo que se ha situado en un 84,38%.

Los cinco embalses que han mantenido el mismo nivel de reservas con respecto a la semana anterior han sido los de Amadorio, Algar, Alcora, Almansa y Onda.

Durante los primeros seis meses del año, la Unión de Consumidores de Albacete (UCE) ha contabilizado cerca de 3.000 reclamaciones (2.939), superando así el total de las registradas a lo largo del año 2007. Unos datos que se deben a las numerosas quejas recibidas por la eliminación de la tarifa nocturna eléctrica, explicó el presidente de la UCE, José María Roncero, destacando que se han recibido unas 2.800 relacionadas con este tema.

Roncero explicó que la eliminación de la tarifa nocturna ha sido denunciado, principalmente, por el perjuicio económico que supondrá para los ciudadanos que disfrutaban de la misma, al mismo tiempo que los albaceteños se han quejado de la «falta de información», pues desconocen el nuevo sistema promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el cual no ha sido bien recibido.

El presidente de la UCE indicó que, según los estudios ratificados por la Comisión Nacional de la Energía, el perjuicio económico en los recibos de la luz rondará entre el 25 y el 80 por ciento. Y es que se trata de una medida que «ha creado alarma y preocupación» y que, incluso, la UCE de Albacete remitió al Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha para que éste «hiciese llegar la preocupación de la Unión de Consumidores y de los ciudadanos a la Consejería de Industria para que el consejero se implicase y pudiese frenar que las repercusiones económicas tuviesen un efecto prejudicial».

La UCE reclamaba la no entrada en vigor de la tarifa nocturna, algo que no han podido frenar, ya que el pasado 1 de julio se puso en marcha un nuevo sistema de precio basado en la discriminación horaria con un porcentaje de descuento menor. Ahora, resaltó Roncero «no sabemos en qué condiciones están los más de un millón de afectados que hay en toda España», por lo que estudiaremos si la vía judicial es la que habrá que emprender.

La Comisión de Cambio Climático del 37 Congreso Federal del PSOE aprobó hoy las dos enmiendas presentadas por el PSOE de Murcia en materia de agua, un Pacto de Estado y la necesidad de acometer trasvases que sean «social, económica y medioambientalmente viables», según explicó hoy el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura.

en declaraciones a los periodistas desde el Palacio de Congresos Municipal de Madrid, donde este fin de semana se celebra el cónclave socialista, Saura valoró como «muy positiva» para la Región de Murcia la aprobación de las dos enmiendas, un aspecto que, según informaron fuentes socialistas, fue muy debatido en el interior de la comisión por la definición del término ‘trasvase’.

De hecho, según explicó el propio Saura, la delegación de Castilla- La Mancha votó en contra de las enmiendas murcianas que permitirán que la dirección socialita plantee un Pacto Nacional de Agua, que contemple la desalinización y las transferencias de agua a las zonas que lo necesiten, siempre que sean «social y económicamente viables».

Saura subrayó que durante el plenario de ayer ya planteó a los 995 delegados la necesidad de dicho pacto y las transferencias de agua. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero «recogió ese guante» y hoy ha sido posible que las comisión saque adelante las dos enmiendas defendidas por los delegados murcianos.

«Hemos ganado esa votación porque se ha entendido que era necesario, señaló el socialista murciano. La ponencia marco de los socialistas recoge, incluida las enmiendas murcianas, que el PSOE ha obtenido «éxitos en las mejoras de la productividad de la agricultura, pero no tanto en la prevención de las injustas o negativas consecuencias sociales y medioambientales asociadas a esos éxitos».

Reconocen que no se ha prestado «la atención requerida a cuestiones como la pérdida de biodiversidad, o al déficit de provisión de agua» por lo que consideran que «es hora de poner en marcha políticas que eviten o minimicen estos efectos».

Así, apuestan por «continuar con la política del agua desarrollada en los últimos cuatro años, para garantizar el consumo, presente y futuro, a toda la población y aplicar de forma adecuada y eficiente, con solidaridad y consenso, la gestión de los recursos hídricos a través de modernización de conducciones, ahorro de consumo, desalinización, reutilización, modernización de regadíos».

En el texto de la ponencia se señala, como adelantó Saura, que hay que continuar con «aquellas transferencias del recurso (agua), a través de las infraestructuras hidráulicas necesarias, que sean viables económicamente, medioambientalmente sostenibles y socialmente aceptadas».

Apuesta por energías renovables
Por otro lado, la Comisión de Cambio Climático también aceptó un enmienda a la ponencia marcho en la que se hace una apuesta «decidida» por el desarrollo de las energías renovables frente a la proliferación de nuevas centrales nucleares.

Según recoge el documento final, es una «apuesta fundamental de los socialistas en el camino hacia el nuevo modelo de crecimiento energéticamente sostenible».

El texto socialista no prevé promocionar «nuevos paquetes nucleares» aunque sí respetar la vida útil de las actuales centrales y, al respecto, insta a «extremar con todo rigor la garantía de seguridad» desde la acción de gobierno y del organismo regulador correspondiente, así como su «permanente actualización tecnológica».

Los socialistas consideran que España tiene «las condiciones naturales necesarias», «la tecnología más avanzada» y cuenta con «empresas líderes» en el desarrollo de la energía renovable. El PSOE cree que es «una gran oportunidad para ocupar un lugar avanzado en el mundo» por lo que llama a asumir «desde el principio que esa es nuestra opción y que, estratégicamente, sólo esa opción tiene un futuro seguro».

«Tendremos que asegurar las exigencias que nos plantea la continuidad de nuestro crecimiento con un uso energético cada vez más eficiente y austero, y con la provisión de las distintas fuentes de energía», añade.

Fue un pulso político en toda la regla, de los pocos que se han producido en este 37º Congreso Federal del PSOE, y como trasfondo tenía la controversia sobre la continuidad o no del trasvase Tajo-Segura.

Al final, el documento ideológico que salga del congreso socialista incluirá la defensa de los trasvases, a pesar de que la ponencia marco no aludía inicialmente a esta infraestructura. Y esto será posible gracias a una enmienda presentada por la delegación murciana que, tras más de dos horas de discusión y varios retoques para levantar las reticencias de unos y otros, recibió 98 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones.

El texto final refleja las tensiones que tuvieron lugar en la comisión sobre el cambio climático y que provocaron la supresión de la palabra «trasvase». Pero aunque la palabra no aparece como tal -algo que pretendían los socialistas murcianos-, el PSOE sí que aboga por los trasvases denominándolos «transferencias de recurso a través de infraestructuras hidráulicas necesarias, que sean viables económicamente, medioambientalmente sostenibles y socialmente aceptadas».

Murcia y Valencia

Este párrafo alternativo al texto que había el PSOE de Murcia fue defendido por la secretaria de Medio Ambiente de la federal socialista, Soraya Rodríguez, y cosechó el apoyo mayoritario de los participantes, excepto de los delegados de Castilla-La Mancha, que reclaman la caducidad del trasvase Tajo-Segura, siguieron oponiéndose a que apareciera toda alusión a las transferencias de agua, por lo que al final votaron en contra.

Enrique Guerrero, uno de los ponentes de la comisión, fue preguntado en la rueda de prensa posterior si el término «transferencias» se refería a los trasvases, y asintió al responder: «Se refiere a transferencias de agua de un sitio a otro».

El secretario general del Partido Socialista de Murcia, Pedro Saura se declaró «muy satisfecho porque el partido ha reconocido la necesidad de trasvases a la Región».

También los socialistas valencianos mostraron su satisfacción al haber conseguido que todas sus enmiendas sobre agua fuesen aceptadas, permitiendo incorporar a la ponencia marco las transferencias hídricas, por tanto, los trasvases, como una de las muchas formas de gestionar los recursos hídricos del Estado español.

Tras esta derrota dialéctica, el PSOE de Castilla-La Mancha no se pronunció. El diputado por Toledo, Alejandro Alonso, dijo al terminar la reunión de la comisión de cambio climático, que la ponencia marco había recogido la propuesta del secretario general del PSOE castellano-manchego, José María Barreda, para ofrecer al resto de las formaciones políticas y sociales un gran pacto nacional por el agua.

«En este debate complejo, que tiene muchas aristas, Castilla-La Mancha cada día está mejor posicionada e, incluso, la palabra trasvase ha desaparecido como terminología», dijo Alonso, a través de un comunicado remitido por el PSOE de la región, pero se olvidó de mencionar que la delegación manchega había votado en contra por su oposición a la terminología «transferencias de agua».

Según el diputado toledano, las posiciones de Castilla-La Mancha van ganando la batalla y queda claro que «si en algún momento en España se producen trasvases serán para garantizar el abastecimiento de las poblaciones y tendrán que ser siempre políticas de medidas hidráulicas que se adoptan con carácter de emergencia».

La razones todavía no explicadas por parte del Consejo de Ministros, que ha dejado el desembalse del Tajo al Segura en el atolladero, han tenido respuesta a través del presidente socialista de Castilla-La Mancha , José María Barreda, quien ha revelado que el nuevo envío de agua no se ha autorizado debido a sus gestiones políticas. Barreda declaró el viernes a ABC, en el transcurso del Congreso Federal del PSOE, que no ha habido trasvase «porque la vicepresidenta Fernández de la Vega se había comprometido conmigo a estudiar el asunto en profundidad y ha entendido nuestras razones».

El presidente castellano manchego mostró su doble satisfacción por este compromiso de De la Vega, que tuvo después su reflejo en la reunión del Consejo de Ministros, en la que el envío de agua a la cuenca del Segura «no estaba en el orden del día» en contra de lo previsto.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, reunida el pasado lunes, propuso sobre la base de criterios técnicos, que se podían enviar 35,5 hectómetros cúbicos para los regadíos, además de otros 4 para completar los abastecimientos del verano. La Comisión hizo una interpretación muy prudente de las reglas de explotación del acueducto, dado que legalmente podía haber propuesto un desembalse de 69 hectómetros -a razón de 23 por mes- a la vista de los excedentes almacenados en los pantanos de la cabecera del Tajo. El Sistema Entrepeñas-Buendía almacena más de 390 hectómetros, de los que 150 se consideran excedentarios con la legislación actual. Esto hace que el desembalse que ayer no se atrevió a estudiar el Consejo de Ministros tenga pleno respaldo legal y técnico.

Razones políticas

Tras la confesión de Barreda, las razones políticas parecen haber pesado más que las técnicas para dejar el nuevo desembalse en dique seco. El Gobierno murciano calificó de «vergüenza» este aplazamiento. A juicio del consejero de Presidencia, el PSOE ha preferido tener un Congreso tranquilo y anteponer sus intereses partidistas al bien común.

El compromiso que arrancó José María Barreda a De la Vega abre además la posibilidad de que el Consejo de Ministros recorte el envío de agua.

Mientras tanto, los caudales del Tajo para abastecer a la población se están transportando a través del acueducto. Éstos no necesitan autorización del Consejo de Ministro porque se compraron a Aranjuez a través del decreto que autoriza los intercambios de derechos de agua. Un agua que resulta casi tres veces más cara con esta fórmula que si se hubiera derivado a cargo de los sobrantes de la cabecera, ya que hay suficiente para atender todas las demandas.