La Federación Nacional de Comunidades de Regantes sigue negociando con el Gobierno una solución al problema de la subida eléctrica y le ha pedido que, al menos, aplace tres meses el incremento de la tarifa para la agricultura que entró anteayer en vigor y que provoca aumentos medios del 30% en las comunidades de regantes de la provincia, veinticinco puntos más que el aumento oficial.
Alicante tiene en explotación 125.000 hectáreas de regadío que consumen de media 5.000 metros cúbicos de agua al año con un coste energético de 0,10 céntimos de euros por cada metro cúbicos -más de 60 millones de euros anuales-. Los regantes esperan que si se logra un acuerdo sobre las tarifas éste se aplique con carácter retroactivo.
La agricultura provincial es uno de los sectores económicos más consumidores de energía debido a que necesita mucha electricidad para extraer el agua subterránea y, por otro lado, porque se trata de una agricultura muy modernizada «y el riego por goteo también consume mucha luz», subrayaron desde la Federación. De ahí que los cambios tarifarios que entraron en vigor el martes afectan directamente a la economía de las 50.000 familias que se dedican directamente a la agricultura.
La energía eléctrica representa actualmente el 80% de los costes del agua, de ahí que la desaparición de la tarifa especial para el regadío puede sumir al sector en el caos al entrar en un escenario bien diferente, por ejemplo, al de 1998 cuando comenzó a liberalizarse de forma escalonada el mercado eléctrico español y se lograron precios muy competitivos. Los agricultores ven en los cambios una vuelta de tuerca más a la que sufrieron el 1 de enero, cuando se convirtieron en temporada alta para el sector eléctrico los meses de junio y julio que es cuando más se riega por el calor y para evitar la evaporación de los cultivos. Con la desaparición ahora del denominado mercado libre las comunidades de regantes van a ver crecer la factura eléctrica y muchas van a ver comprometidos, incluso, sus proyectos de modernización al no haber incluido este aumento de costes. Además, y según fuentes de la Federación, el sistema actual obliga a los agricultores a contratar la potencia para todo el año, sin la opción de hacerlo en dos periodos anuales, algo que vuelve a ir en contra de las necesidades de las comunidades de regantes que requieren mucha energía en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre y ni un watio el resto del año

«Dice Zapatero que no lo tiene en su agenda, que no tiene previsto en este momento fijar la fecha de caducidad del trasvase. Nosotros sí». Con esta rotundidad el portavoz regional, Fernando Lamata, se refirió a las últimas declaraciones que ha hecho el presidente del Gobierno sobre el Tajo-Segura en una entrevista. Aun así, Lamata entiende que Zapatero «tenga que armar los intereses de toda España, los de Castilla-La Mancha, Murcia y el Levante».

El portavoz regional destacó como positivo que el presidente del Gobierno haya expresado que hay mucho que hacer antes de 2015, la fecha propuesta por el proyecto del Estatuto de Autonomía. Todo lo que hay que hacer abarca desde desaladoras para abastecer al Levante, como infraestructuras para que Castilla-La Mancha utilice su agua, en los embalses de cabecera, en los pueblos del acueducto Tajo-Segura o mediante la Tubería Manchega. Por eso, Lamata concluyó que «Zapatero ya nos está dando la mitad de la razón». Según el también vicepresidente regional, ahora queda convencerle de la otra mitad.

Los mensajes que ayer lanzó el portavoz regional al Gobierno central no sólo se dirigieron a su presidente. Lamata también se refirió a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino ante la petición de una nueva derivación de agua del Tajo-Segura de 75,5 hectómetros cúbicos, 35,5 para regadío. «Tienen que acostumbrarse a que no es una inercia», se quejó Lamata, «acostumbrarse a decir que no a los trasvases para regadío».

El portavoz regional no se mostró en contra del trasvase pedido para consumo humano: «Nos duele cuando desde Murcia se dice que somos insolidarios cuando hoy están bebiendo de nuestra agua». La oposición «rotunda» la manifiestan en el trasvase para regadío, entendiendo que cuando el «agua no sobra» no se puede dar para el desarrollo económico de una zona.

una región seca. Lamata hizo un recorrido por la situación delicada de los recursos hídricos en la región. Pasó por los pantanos de cabecera del Tajo: «Entrepeñas y Buendía están vacíos». Se acercó a las riberas del río a su paso por Toledo: «Va sucio, no tiene vida, se está muriendo». Bajó hacia la zona de las Tablas: «Los humedales se están secando». Y el viaje lo terminó en Hellín:«Están sacando agua de los pozos y vaciándola en el Segura en cantidades importantes». Por todos estos motivos, Lamata exige «rigor, cumplimiento de la norma y justicia». En materia de agua lo dejó claro: «No vamos a movernos ni un milímetros». Una cruzada, a la que invitó al PP para que se pronuncie. Así se lo preguntó a su líder: «Señora Cospedal, a la propuesta del trasvase ¿sí o no?».

La Junta permite la ‘manga corta’ para no forzar el consumo de aire acondicionado

l.g.e. / toledo

El portavoz regional, Fernando Lamata, acudió ayer a explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno ante los medios, y lo hizo con camisa de manga corta, sin corbata y sin chaqueta. Lo que puede parecer un detalle anecdótico de su indumentaria no lo es tanto, teniendo en cuenta que la Junta ha cogido una nueva arma para luchar contra el Cambio Climático. El Consejo de Gobierno ya aprobó el martes que en ninguno de los edificios públicos el aire acondicionado bajase de los 24 grados, una medida que también tendrá su reflejo en invierno, cuando la calefacción no podrá subir de los 22.

Este grado de más o de menos tiene su repercusión en el medio ambiente, y el Gobierno regional ya calcula que en sus 250.000 metros cuadrados de edificios públicos dejarán de emitir 1,3 toneladas de dióxido de carbono al día. Para facilitar que en los centros de trabajo se mantenga a raya el termostato, Lamata aclaró que la Junta quita la obligación de llevar chaqueta y corbata a sus trabajadores, como ordenanzas y conductores. «Se recomienda porque si no, igual tenemos la inercia de que al tener calor, bajemos la temperatura», explicó.

Aunque no será una exigencia, también podrán optar por una ropa más cómoda los miembros del Gobierno. Así pues, ayer fue Lamata quien dio ejemplo, y por la tarde lo mismo hizo el consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro. Eso sí, las nuevas recomendaciones de la Junta recuerdan que la chaqueta y la corbata se deberán mantener en caso de que un acto protocolario así lo exija.

grano a grano. Lamata explicó que esta decisión se enmarca en un conjunto de medidas, y que no sólo se trata de una «anécdota». Recurriendo al refranero, dijo que «un grano no hace granero, pero ayuda al compañero». Así pues, los 24 grados de aire acondicionado y la liberalización de corbatas y chaquetas, son un ariete más en el compromiso del Gobierno regional de luchar contra el Cambio Climático.

Aprovechando la ocasión, Lamata hizo un repaso breve de algunas de las medidas que ya se han ido adoptando. En un lugar destacado, puso las energías renovables, en las que Castilla-La Mancha es una región líder en campos como la eólica y la termosolar. Además, se está haciendo un esfuerzo importante en investigación como en el caso de la energía de hidrógeno. Otro de los campos de actuación es el de la reforestación, que en un año se cifra en más de cinco millones de árboles plantados. Asimismo, Lamata recordó algunas de las medidas que el consejero de Medio Ambiente anunció el pasado lunes en las Cortes regionales, centradas en la compra pública verde, con ejemplos como el uso de papel reciclado o de automóviles ecológicos. Precisamente, dicho consejero ha hablado en muchas ocasiones de dar ejemplo en la lucha contra el Cambio Climático, y así lo demuestran con la medida del aire acondicionado y la indumentaria.

Lamata advierte de que el descenso del paro «no es un cambio de tendencia»

luis j. gómez / toledo

El portavoz regional, Fernando Lamata, no aprovechó la «buena noticia» del descenso del paro en la región para lanzar un mensaje triunfalista. Se alegró del esfuerzo que están haciendo empresarios y trabajadores para «poder mantener el empleo», pero puso los matices necesarios para una situación económica compleja.

En la cara positiva, la región ha registrado mes tras mes una subida en el número de afiliados a la Seguridad Social, y en junio ha bajado el número de demandantes de empleo en 1.143 personas. «Estamos satisfechos por el esfuerzo de toda Castilla-La Mancha», recalcó.

En la cara negativa, Lamata dijo que no es conveniente pensar que este descenso del paro es «un cambio de tendencia». Dijo que «vamos a tener que luchar mucho para mantener el empleo y recuperarlo». Aludió a las previsiones de la consejera de Trabajo para anunciar «meses malos» en el segundo semestre de 2008, y prácticamente en el conjunto de 2009.

Fernando Lamata explicó que la situación está marcada por una «crisis económica nacional e internacional». Para hacerle frente, el portavoz regional dijo que la Junta va a seguir adoptando muchas medidas en los últimos meses. «El Gobierno regional no va a parar de intentar que no aumente el paro de manera significativa», declaró.

La subida en el precio de las tarifas eléctricas no solo va a afectar a las economías domésticas sino en particular a la agricultura de regadío. El 1 de julio terminó el periodo de aplicación de las tarifas especiales para la agricultura. En estos últimos meses son muchos los movimientos que han hecho los regantes españoles para conseguir prorrogar el estatus actual. Al final el gobierno no ha accedido a esta demanda, pero ha aceptado establecer tres meses de negociación para alcanzar acuerdos especiales. También se ha aprobado que los futuros pactos tengan efecto retroactivo a partir del 1 de julio, por lo que en el momento actual los regantes desconocen las tarifas finales que les van a ser aplicadas.

La desaparición de la tarifa especial agraria es difícil de comprender. El tratamiento especial para este sector en el caso de las tarifas de riego responde a una política de mejora de la eficiencia en el uso agrícola del agua. Los tradicionales riegos a manta han sido uno de los talones de Aquiles del agro español, desde un punto de vista ambiental. Su transformación a riego por aspersión o riego localizado han sido una apuesta necesaria por parte de las administraciones competentes y de las propias comunidades de regantes.

Se trata de un uso más eficaz de un recurso escaso, que encarece el consumo energético, en este caso de electricidad. La disponibilidad de una tarifa reducida ha sido uno de los motivos que han incentivado la importante transformación que ha experimentado el campo español en sus sistemas de riego. En esta situación, es necesario que el Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino, junto con el Ministerio de Industria, encuentren alternativas diferenciales que permitan continuar con una reforma hídrica necesaria.

Los sobres nacionales

En otro campo, la Organización Común del Mercado del Vino permite aplicar hasta once medidas que pueden ser financiadas con los sobres nacionales. El Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino ha presentado una propuesta de Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español, en la que desarrolla siete de ellas. Es el caso del pago único que se aplicaría a partir de la campaña 2010-2011 e iría destinado a los productores que percibían ayudas para destilación de boca y producción de mosto. Las campañas de referencia son la 2005-2006 y la 2006-2007. El resto de los fondos se destinarán a promoción, reestructuración y reconversión del viñedo, inversiones para la mejora de la producción y comercialización.

Se trata de un enfoque que no ha gustado a las zonas productoras de vinos de calidad, por entender que no favorece de forma clara el apoyo a sus caldos. Tampoco ha gustado en zonas donde ha primado la cantidad frente a la calidad, ya que no da libertad a cada región para decidir las prioridades, las dotaciones económicas y los plazos destinados a cada medida.

Un debate similar al que se produjo en la fase de negociación de la última reforma, que tampoco esta vez dejará satisfecho a casi nadie.

Finalizamos hoy con uno de los sectores agrarios que más sufre la crisis de costes y precios: el ovino y caprino. Tal como informa Agroeuropa, se va a reducir la cabaña de ovino en España, la mayor de la Unión Europea (UE), en un 3,6 por ciento en 2008, respecto a 2007. Una bajada que se une al 11,6 por ciento de la pasada campaña. Esta misma tendencia se deja sentir en el resto de la UE.

En el caso del caprino la evolución es similar, pero menos intensa. Disminuyó el número de cabezas un 4,5 por ciento el pasado año, con una previsión de bajada para 2008 del 2,1 por ciento. Esta reducción de la oferta interior no ha sido suficiente para regular el mercado, ya que se ha compensado con la entrada de carne de terceros países. Consciente de esta realidad, el Parlamento Europeo ha solicitado un apoyo financiero de urgencia, que según este organismo se debe traducir en una prima por cabeza en zonas de especial valor ambiental, ayudas para la identificación electrónica y creación de un logotipo europeo para diferenciar y potenciar el consumo. Más información en ‘La Trilla’, los domingos, de 15.00 a 16.00 horas, en Punto Radio Badajoz-Montijo, en el 102.1 de la FM, y en Punto Radio Norte de Extremadura, en el 101.2 de la FM.

Otra vez a la greña por el agua. Castilla-La Mancha y Murcia reavivan la tensión política tras el anuncio de un nuevo trasvase del Tajo al Segura que podría aprobarse este viernes.

2 de julio de 2008.  Las reacciones no se están haciendo esperar. Como era previsible, la petición de un nuevo trasvase al Gobierno realizada por la comisión de explotación del Tajo-Segura ha reavivado la ya tradicional guerra del agua entre Castilla-La Mancha y Murcia y ha vuelto a poner sobre la mesa el fuerte conflicto abierto entre los Gobiernos del socialista José María Barreda y del popular Ramón Luis Valcárcel, antagónicos en esta materia y pendientes ahora, una vez más, del Consejo de Ministros del próximo viernes.

El nuevo trasvase solicitado, como ha informado EL DIGITAL, incluye un total de 69 hectómetros cúbicos, de los cuales 35,5 serían para el regadío en la cuenca del Segura, una posibilidad que no gusta nada en Castilla-La Mancha, cuya posición oficial es la de nunca negarse a dar agua del Tajo para abastecimiento humano, pero rechazar cualquier trasvase para el riego.

Murcia quiere más

Así las cosas, los Ejecutivos de Barreda y Valcárcel han vuelto a la greña por esta polémica. El consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, aseguró ayer que el riego de socorro de 35,5 hectómetros cúbicos aprobado por la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, y que será elevado al próximo Consejo de Ministros, «alivia la sequía pero no resuelve la situación de escasez», según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado de prensa, aunque en todo caso, es valorado positivamente por el Gobierno murciano. 

El titular de Agricultura de Murcia realizó estas declaraciones tras presidir la toma de posesión del nuevo gerente del Ente Público del Agua (EPA), José Manuel Ferrer. Cerdá consideró que «hay un cambio de actitud del Gobierno central con los regadíos murcianos», aunque pidió «soluciones definitivas, permanentes y duraderas» para que los agricultores murcianos «puedan planificar sus plantaciones y cumplir sus objetivos».

El consejero murciano hizo referencia a las declaraciones del secretario de Estado de Agua y Medio Rural, Josep Puxeu, publicadas ayer en un diario nacional, en las que aseguraba que «en el Levante se utiliza el agua de manera racional» y apostaba por «mantener el trasvase Tajo-Segura y la agricultura del sureste español». Asimismo, coincidió con el responsable de Agua del Ministerio en que «condenar a desaparecer a la cuenca del Segura es un disparate como país». La posición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero parece, por tanto, contraria a la de Barreda en esta materia.

Calificó Cerdá de «positivos» los cambios que se están produciendo en esta legislatura y criticó la actitud del Gobierno de Castilla-La Mancha en contra del trasvase Tajo-Segura al expresar su rechazo para atender las necesidades de abastecimiento y regadío de la Región de Murcia.

Castilla-La Mancha contra el trasvase y aviso a la ministra

Por su parte, el PSOE de Castilla-La Mancha se ha sumado este martes al rechazo al nuevo trasvase expresado por el Ejecutivo de Barreda. Así, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes castellano-manchegas, Santiago Moreno, se mostró «convencido» de que el Consejo de Ministros del próximo viernes, día 4, no aprobará un nuevo trasvase del Tajo al Segura ya que esta decisión sería «gravemente irresponsable».

A preguntas de los medios, en rueda de prensa, Moreno señaló que de aprobarse esta nueva derivación de agua, eso sería «un mal comienzo» para la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que llevaría aparejado «un recurso» de Castilla-La Mancha.

El diputado del PSOE aseveró que esta decisión «atenta contra los intereses de los castellano-manchegos», y apeló a la «sensatez» a la hora de adoptar una decisión como esta en una época en la que «no está para nada justificado» un trasvase de agua y su aprobación sería «una irresponsabilidad que nos puede hipotecar el futuro».

A su juicio, para tomar una decisión así habría que esperar a que haya agua suficiente, y añadió que los que tienen escasez de agua lo que tienen que hacer es «aprobar las fórmulas que les permitan tener agua suficiente y poner en marcha las desaladoras».

Modificar las leyes

De otro lado, Moreno animó al Ejecutivo central a modificar las leyes que regulan las confederaciones, algo que esperó se ponga a funcionar «este mismo año», ya que es «absurdo» que en el Estado de las Autonomías «nosotros no tengamos voz y voto» en materia hídrica.

Respecto a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015, el portavoz del Grupo Socialista señaló que «las posturas de todos son conocidas» y Castilla-La Mancha tendrá ahora que negociar su Estatuto de Autonomía -donde se recoge esa fecha- a partir también del mes de septiembre.

Además, criticó la postura de la presidenta regional del PP y secretaria general de ese partido, María Dolores de Cospedal, porque cuando se le pregunta por el asunto del agua «no sabe no contesta». Moreno insistió en que esta situación demuestra la «incompatibilidad» de intereses y competencias que tiene Cospedal.

A su juicio, la líder del PP está privada de la autonomía necesaria para defender los intereses de Castilla-La Mancha y, por ello, demandó que María Dolores de Cospedal se manifieste y diga «con mucha claridad» cuál es su postura ante el agua y la fecha de caducidad del trasvase en 2015.

El PP regional, crítico con Barreda

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Ana Guarinos, manifestó este martes que falta una «política hidráulica clara» por parte de quien debería tener una estrategia nacional en materia de agua, que «además ha condenado a Castilla-La Mancha a soportar un trasvase».

A preguntas de los medios, durante la rueda de prensa que ofreció, la diputada del PP se pronunció de este modo sobre la propuesta que la Comisión de Explotación del Trasvase del Tajo-Segura elevó ayer al Consejo de Ministros para realizar un nuevo envío a Levante.

A pesar de ser preguntada varias veces por el mismo asunto, la portavoz de los parlamentarios populares «por prudencia» eludió realizar una valoración, e insistió en que de momento se trata solo de una propuesta, y que se pronunciará al respecto cuando el Consejo de Ministros haya emitido una resolución al respecto.

Guarinos defendió que lo que es «evidente» es que para que Castilla-La Mancha deje de tener problemas hídricos, es necesario una política nacional que permita a la región beneficiarse de los recursos de los que dispone.

Preguntada también sobre las afirmaciones realizadas por el presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, que, como hemos indicado, aseguró en una entrevista no tener claro que la fecha adecuada para la caducidad del trasvase Tajo-Segura sea el 2015, la portavoz de los parlamentarios del PP dijo que «no sorprende, porque Zapatero y el PSOE se han mantenido en una postura de mentira permanente, al igual que el presidente regional, José María Barreda, porque nunca han escuchado la propuesta de Castilla-La Mancha».

Para la diputada de Guadalajara «sorprende» también que el Gobierno central no tenga una alternativa en materia de agua, y que sacrifique sólo a Castilla-La Mancha. «Aquí había una solución, que era el Plan Hidrológico Nacional, y el PSOE fue quien acabó con ella y creo el problema», concluyó.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA, ha informado que mantiene esta semana una lucha negociadora contrarreloj con el fin de evitar los graves prejuicios económicos que supondrá, a partir de hoy, la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para 2008. Para ello, ASAJA Salamanca participará, la próxima semana, en una reunión regional con responsables de la empresa en la que se acercarán posturas y propuestas para ofertar una tarifa global para los regantes.

Por otra parte, indicó la asociación, el miércoles, 2 de julio, el presidente provincial de ASAJA, Vicente de la Peña, viajará a Madrid para participar en la Junta directiva urgente de esta organización agraria en la que se tratarán las negociaciones y acuerdos alcanzados al respecto como resultado de la multitudinaria manifestación celebrada el pasado 19 de junio en la capital de España, dando así sus frutos gracias a la presión e insistencia ejercida en los últimos meses desde ASAJA. Las tarifas eléctricas y el gasóleo profesional serán dos de los puntos que centrarán esta reunión.

Cabe señalar que, la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas supone un incremento de la cuota de potencia en un 423%, en los contratos de baja tensión, y de un 270 %, en alta tensión. Por ello resulta más llamativo aún el hecho de que la mayoría de los regantes tan sólo utilizan un 10% la cuota de potencia al año, es decir, un uso de dos meses a pesar de pagar el año completo. En definitiva, una situación que, estos días, desde ASAJA, se abordará en profundidad.

Mientras la reserva de agua de los embalses de la cabecera del Tajo se ha mantenido en la última semana, la cuenca del Júcar ha roto la tendencia al alza de los últimos meses.

Según los datos facilitados ayer por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), la reserva del embalse conquense de Buendía ha aumentado un hectómetro cúbico y ha alcanzado los 208, el 12,69% de los 1.639 posibles.

Por lo que respecta al pantano guadalajareño de Entrepeñas, mantiene los 184 hectómetros cúbicos que tenía la pasada semana, un volumen que representa el 22,03% de su capacidad total, que es de 835 hectómetros cúbicos.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han descendido en 8,77 hectómetros cúbicos durante la pasada semana y se han situado en 902,85 hectómetros, lo que supone un 26’98% de los 3.346,6 hectómetros de su capacidad total. Este descenso rompe una tendencia ascendente que se prolonga prácticamente desde el otoño y que han elevado las reservas hasta las cotas más elevadas de los dos últimos años.

El Gobierno y las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha mostraron ayer su oposición y rechazo a la posibilidad de que el Consejo de Ministros, previa proposición de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, autorice un trasvase de 75,5 hectómetros cúbicos de los que 35,5 serían para regadío.

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha, por medio de su director general del Agua, José Fernando Ortega, ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que no atienda la propuesta de un nuevo trasvase para regadío de la cuenca del Tajo a la del Segura, que sería «imprudente, injustificado e innecesario».

El secretario regional de COAG-IR, Apolonio Moreno, defendió que su organización nunca se opondrá a que se trasvase agua para el abastecimiento humano, pero instó a todos los regantes a seguir «las reglas que se aplican los del Guadiana».

El responsable de UPA, Julián Morcillo, aseguró que el trasvase Tajo-Segura es una «injusticia histórica y una obra del pasado», más cuando «hay pueblos en Castilla-La Mancha que tienen que abastecer a sus habitantes con camiones cisterna, cuando encima ven pasar el agua hacia Levante».

El secretario regional de Asaja defendió que mientras no haya una política hidráulica nacional no se podrá garantizar «agua para todos», y acusó a los integrantes de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura de «estar ciegos» , por no ver la situación de los embalses de cabecera.

También expresó su rechazo la titular regional de Agricultura, Mercedes Gómez, quien reiteró que el Gobierno castellanomanchego siempre ofrecerá agua para beber, pero no consentirá el uso de agua para regadíos, además cuando nunca se ha podido comprobar que esos recursos se han destinado a tal fin.

AVA-ASAJA se ha dirigido por carta al presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, pera reclamarle que ordene “una investigación exhaustiva” sobre el modo con el que las eléctricas están abordando el pretendido mercado liberalizado de la electricidad. En el escrito, la asociación, que integra a más de un millar de entidades de riego valencianas y a varios millares de instalaciones de riego a goteo adheridas a ellas, de­nuncia que tales compañías se están repartiendo ‘de facto’ el mercado según zonas.

La asociación indica que aunque en apariencia ofrecen precios distintos, en la realidad, si se comparan los costes medios de todos los conceptos, representan precios prácticamente idénticos lo que hace sospechar que ha habido acuerdos al respecto, contrarios a la libre competencia.

Para Asaja, las compañías eléctricas están aprovechando la liberalización, que en principio debería ser buena y conveniente, como ha defendido el Gobierno, para imponer subidas “exageradas” que oscilan, por término medio, entre el 35% y el 60% y que en algunos casos superan el 100%. Además, discriminan a los usos agrarios (riego, granjas…) con modalidades de contratación que no tienen en cuenta las peculiaridades y necesidades de este sector.

“Espero que la CNC se atreva a investigar a las todopoderosas compañías eléctricas, entre otras cosas porque la supuesta liberalización, lejos de favorecer la competencia, la está complicando y los encarecimientos afectarán, primero, a los sectores productivos, pero acto seguido llegarán a los consumidores, con lo que la inflación se disparará aún más”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

En la denuncia se recuerda a Berenguer que el proceso de liberalización, que comienza a aplicarse el próximo 1 de julio, es sólo la antesala del que entrará en vigor el 1 de enero de 2009, que afectará también a todos los usuarios domésticos, por lo que la “receta” que ahora se aplique será básicamente la misma que vendrá después.

La organización agraria cuestiona el modo de liberalización que se está imponiendo, puesto que “casi nadie puede acceder ahora a que le suministre electricidad otra compañía distinta de la que ya lo hace y que es predominante en esa zona geográfica”. Esto demuestra que las eléctricas “siguen repartiéndose el territorio”, advierte la carta. A lo sumo, y seguramente para guardar las apariencias, continúa, “se dan tímidas incursiones de compañías en zonas ‘ajenas’, pero dándose la llamativa circunstancia de que cada una deja a las demás que entren sólo un poco en las suyas”.

De igual manera, AVA-ASAJA denuncia que la negociación previa a la liberalización no ha ampliado la oferta de precios sino que las medias de éstos son “globalmente iguales, sólo con ligeras variaciones en algunas tarifas para determinados periodos”.

Especialmente gravoso para las entidades de riego agrícola resulta la modalidad de contratación de ‘tres periodos’ obligatoria para aquellos usuarios con una potencia menor de 450 kw/h. En esta situación se encuentran la inmensa mayoría de po­zos, a los que se les excluye del horario ‘menos caro’ sábados, do­mingos y festivos, dejando sólo las 8 horas nocturnas (de 0 a 8 horas de la mañana). En cambio, los grandes consumidores, con potencias superiores a 450 kw/h, disponen de dichas 8 horas más todos los sábados, domingos, festivos nacionales y todo el mes de agosto. Aguado lamenta que se dis­crimine “a los usuarios más modestos, en este caso a los agricultores, que tienen menor capacidad de negociación”.

En este sentido, señala la organización, resulta igualmente “escandaloso” que las mayores subidas de precios, entre el 50 y el 100%, “se den precisamente en las franjas horarias de menor consumo y de precios menos altos, con lo cual se está poniendo de entredicho el gran esfuerzo realizado por los agricultores y las administraciones públicas en la modernización masiva de los regadíos”.

El Ministerio de Economía y Hacienda se reunirá hoy con las principales organizaciones agrarias para analizar la implantación de medidas fiscales de apoyo al sector primario, ante el fuerte encarecimiento del gasóleo.

De esta manera, el departamento de Pedro Solbes responde a las demandas de estas organizaciones, que se han manifestado en varias ocasiones en demanda de medidas ante la crisis que afecta a la agricultura.

Según explicó a Servimedia un portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), esta organización, junto a Asaja, UPA y las cooperativas, llevará a la Mesa de Fiscalidad distintas demandas de rebajas fiscales.

Entre ellas, la reducción del IVA del 16% al 7% en el gasóleo y la electricidad y rebajas en el Impuesto Especial de Hidrocarburos y en la tasa que grava el consumo eléctrico.

Asimismo, reclaman una nueva moratoria de un año en la desaparición de la tarifa eléctrica de riego que debería extinguirse el 1 de julio, o, en todo caso, que el Gobierno medie en la negociación entre los agricultores y las eléctricas para poder acordar una tarifa rentable.

Las distintas organizaciones agrarias esperarán al resultado de este encuentro con los representantes de Economía y Hacienda antes de convocar nuevas movilizaciones.