Bajo un sol de justicia y a ritmo de silbatos, cencerros e infinidad de cánticos como «Zapatero, el campo es lo primero» o «si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra», miles de agricultores y ganaderos -20.000 según la organización convocante ASAJA y cerca de 10.000 según la Policía Nacional- han lanzado gritos de desesperación para pedir «soluciones ya» porque «Zapatero, Solbes y Espinosa a ver si os enteráis, los tractores no funcionan con gaseosa».

Sus problemas ya son conocidos por todos y sin embargo el Gobierno continúa impasible ante una situación que «nos está arruinando» han comentado a AGROCOPE los manifestantes.

Y es que la situación es estremecedora, ya que el sector es cada vez más mayor y los jóvenes no quieren trabajar para perder dinero y, por si fuera poco «cada día va a peor». Para Aurelio Cervera, un agricultor de 70 años de Cuenca, el problema, es que «todo el mundo se mete por medio para sacar tajada» y lo que no entienden es que si el campo desaparece «el país se va al carajo».

La manifestación, que ha provocado esta mañana el caos circulatorio en el mítico Paseo de la Castellana, ha transcurrido de forma pacífica hasta el Ministerio de Economía y Hacienda, pero cargada de simbologías.

Con coronas de flores, un féretro y un sacerdote, agricultores y ganaderos extremeños han llorado y enterrado el campo, ahogado por los costes de producción y los bajos ingresos.

Pero sin duda, una de las imágenes más sobrecogedoras de la jornada se ha producido con el desparrame de miles de tomates y cebollas por el suelo, como muestra de que les da igual vender que tirar su producción.

Para Pedro Barato, presidente de ASAJA, el Gobierno puede hacer «y mucho» por el sector y por ello ha reclamado un gasóleo profesional, la implantación del impuesto de hidrocarburos, la rebaja del IVA que grava el combustible del 16 por ciento al siete por ciento o un plan de reestructuración para la ganadería.

Ha denunciado la «pasividad» del Gobierno que se mantiene impasible mientras «el gasóleo o los fertilizantes se encarecen un 50 por ciento. Por ello, Barato ha advertido de que si no hay soluciones «ya veremos que pasa».

Lo que está claro es que ni agricultores ni ganaderos van a dejar que les roben porque «el campo es productor y consumidor» y por eso no solo piden precios justos para ellos, sino para todos.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha invitado a todos cuantos tienen algo que decir y a unos pocos más a participar en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico del Júcar.

J. Sierra, Valencia
La Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha ha advertido ya que impugnará en los tribunales cualquier regulación futura del río Júcar que mantenga la actual delimitación de la demarcación hidrográfica.
Castilla-La Mancha quiere ser la dueña del río Júcar y del Cabriel – pese a que no puede escapar de la tutela del Estado que presta la Confederación Hidrográfica del Júcar-haciendo valer su presunta supremacía territorial y ya ha advertido, pese al incipiente estado de tramitación del nuevo Plan Hidrológico del Júcar, que considera «imprescindible excluir (del plan) a todos los efectos las cuencas internas competencia de la Generalitat Valenciana, incluidas las costeras».
«Cualquier actuación en otro sentido acarrearía la nulidad del proceso, recurriéndose cualquier acto o disposición de planificación que se alcance sobre el citado ámbito territorial, en su formulación actual, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha», añaden.
El conflictivo melón del nuevo PHJ ya está abierto y el gobierno de José Maria Barreda lo ha aprovechado para fijar posiciones. Y eso que hasta ahora no existe ningún documento técnico o de regulación y que ambas administraciones sólo se han visto las caras a través de sus aportaciones al ambicioso y completo proceso de participación pública que debe informar todo el proceso de elaboración del Plan. La posición de decenas de instituciones, colectivos, empresas, etc. están referidas al informe sobre la demarcación hidrográfica del Júcar elaborado en 2004 con motivo de la aplicación de la Directiva Marco del Agua.
Investigación
Al final, la pelea es por el territorio y de las alegaciones de Castilla-La Mancha se desprende que se va a luchar por cada kilómetro cuadrado de suelo, pantano o costa. paradójicamente, al final, del proceso, la autonomía que más metros cuadrados de cuenca hidrográfica del Júcar competencia del Estado tenga en su territorio, podrá ejercer un mayor control sobre el río.
El conflicto plantea situaciones llamativas. La primera es que la Generalitat Valenciana no dedica ni una línea en sus alegaciones a reivindicar sus competencias sobre los ríos «valencianos». La segunda es que en la pelea por ver quién que se queda- quien influye sobre- más cuenca hidrográfica del Júcar ha llevado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a solicitar «por fundamental», que se detalle «y justifique técnicamente la delimitación de la cuenca hidrográfica del Vinalopó, así como su inclusión en la Confederación Hidrográfica del Segura- posición de Castilla-La Mancha- o del Júcar». Dependiendo de la adscripción del seco Vinalopó, el Júcar podría acabar como río castellano-manchego o seguirá valenciano.
Un experto consultado ayer por Levante-EMV ironizaba al respecto: «Por lo visto vamos a tener que mandar una expedición científica para que investigue donde se encuentran las fuentes de nuestro Nilo particular», en alusión al Vinalopó.

Hoy se celebra en Valencia una nueva Mesa de Participación de la revisión del Plan Hidrológico del Júcar. Una reunión que se espera decisiva ya que, valga la redundancia, se acerca el momento de tomar decisiones y elegir.

Durante seis meses, se celebró un proceso de consulta pública, se recogieron las alegaciones a los documentos planteados desde la Confederación Hidrográfica, la CHJ, y se ha elaborado un documento que las incluye a todas.

Dicho documento, denominado Síntesis del proceso de participación pública y de las observaciones y alegaciones contiene, desde la parte manchega, numerosas alegaciones interpuestas por dos actores: La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo).

Pero este documento, en sí, se limita a enumerar las posturas de los diferentes actores. «Y ahora es cuando empieza lo realmente duro -señalaban ayer a La Tribuna fuentes de la representación castellano-manchega- porque si queremos que el proceso avance y tener un documento para finales de año, hay que empezar a decantarse y eso supone que, a partir de ahora, quien tiene que asomar la patita es la administración».

Por si fuese poco el problema, ahora es cuando hay que tomar una serie de decisiones que afectan al desarrollo de todo el proceso. Por ejemplo, qué hacer con el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y con el Comité de Autoridades Competentes, órganos creados siguiendo las directrices de la Directiva Marco del Agua de la UE.

Especialmente importante es la cuestión del Consejo del Agua ya que, atendiendo al Real Decreto que crea estos organismos, sus funciones son, precisamente, velar por el desarrollo y buen funcionamiento del proceso de revisión de los planes de cuenca, de la participación pública en los mismos, aprobar los ‘esquemas de temas importantes’ o elevar al gobierno los planes hidrológicos de cuenca y sus revisiones.

«En la anterior reunión de la mesa de participación, ya se planteó este problema -indican desde la delegación manchega- y no sólo desde nuestra región, está surgiendo un consenso sobre que no podemos seguir con un procedimiento asambleario».

Al asunto pendiente del Consejo del Agua, hay que añadir el del Comité de Autoridades competentes, un órgano con menos atribuciones pero que se encarga de algo tan complejo en la Cuenca del Júcar como la coordinación entre administraciones. No hay que olvidar, en este sentido, que casi todo el ámbito de la CHJ se reparte entre Castilla-la Mancha y Valencia, pero también ‘toca’ a otras comunidadea autónomas como Murcia, Aragón o Cataluña.

Encima, el Ministerio de Medio Ambiente que inició el proceso, como tal, ya no existe. Existe el de Medio Ambiente, Rural y Marino y la ministra ya no es Cristina Narbona, es Elena Espinosa, quien deberá definir su propia agenda hidrológica.

En un periodo aproximado de dos a tres años, Villarrobledo podría aprovecharse del agua potable de la tubería manchega, según ha afirmado el concejal de Turismo y Medio Ambiente, Juan Luis Iñiguez, que ha dado a conocer este proyecto que va a permitir conducir agua del el acueducto Tajo-Segura a la llanura manchega para garantizar el abastecimiento para consumo doméstico a más de 500.000 vecinos de la región.

Iñiguez, señaló que el pasado viernes se publicaba en el BOE la resolución, que garantizará agua potable a 50 lugares, repartidos en 13.000 kilómetros cuadrados, en las provincias de Albacete, Cuenca, Toledo y Ciudad Real.

El responsable municipal, afirmó que Villarrobledo va a sustituir los recursos subterráneos que viene utilizando para abastecer a la población, y que según precisó, en esta localidad, son durísimos, ya que el agua potable cuenta con un alto índice de cal. Dijo que en los próximos meses se iniciarán las obras, que supondrán un cambio histórico que ha venido siendo reivindicado por los vecinos .

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 167 millones de euros para las obras de licitación, y de 35 millones de euros para el proyecto de la planta potabilizadora, en la cabecera de la red.

Financiada

La ejecución de las obras de una nueva tubería en la llanura manchega, depende, según el concejal, directamente de la Consejería que aportará un 15%, el Ministerio de Medio Ambiente aportará el 85 % de la ejecución de la obra y lo que conlleva en cuanto a proyectos y asistencia técnica y otras incidencias como la expropiación de los terrenos.

Juan Luis Iñiguez expresó su satisfacción de que con esta actuación se consiga romper una tendencia histórica, y después de más de 30 años, en los que la región ha servido como vehículo transmisor del agua sin poder utilizarla, por fin pueda usarla. Afirma que este hito histórico va a sentar las bases de una política hidráulica en la región sin precedentes, con la colaboración del Ministerio y la gran labor del gobierno regional, que hace de la política hidráulica uno de los pilares básicos de su política, y que además servirá para sentar las bases de un futuro mucho mejor y menos incierto en materia de agua.

En otro orden de cosas, Juan Luis Iñiguez informó sobre la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el 22 de mayo, por Medio Ambiente, de ayudas a la forestación para la reconversión de tierras agrarias.

Destacó la importancia de esta orden en una localidad como Villarrobledo, con más de 850 kilómetros cuadrados de término municipal, y que basa la mayor parte de su economía en las explotaciones agrarias.

Las medidas de reconversión cuentan con hasta un 80 % de subvención para particulares, y supone una gran oportunidad para diversificar la actividad agraria.

Esta iniciativa, supone para el concejal de Medio Ambiente, una contribución a la mejora de la calidad, de vida, fuentes de renta y empleo, además de evitar la desertización de los terrenos.

Iñiguez, concluyó indicando que l plazo para acogerse a estas ayudas, finalizará el próximo día 30 de junio.

El Ministerio de Industria remitió ayer a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la propuesta de orden ministerial que determina la subida de la luz a partir de julio. El planteamiento acordado por el equipo que dirige Miguel Sebastián consiste en ajustar el incremento de la tarifa eléctrica a un 5,62% para los hogares. Para los grandes consumidores industriales que todavía están sujetos a un precio regulado, el aumento se limitará al 4,7%, de acuerdo con el IPC adelantado del pasado mes de mayo.

El borrador de la citada disposición normativa, al que ha tenido acceso ABC, fija en el 1 de noviembre el inicio del año eléctrico, una fecha que debe marcarse en rojo dentro del calendario porque servirá para abordar las futuras y más vertiginosas subidas de la luz. No en balde, el Gobierno tiene hasta finales de año para reestructurar los llamados costes de acceso del sistema eléctrico, que son los que componen el principal caballo de batalla en las relaciones con las empresas generadoras. Dicho de otro modo, será a partir de noviembre cuando se desencadene la verdadera ofensiva sobre la tarifa eléctrica, de la que dependerá el incremento para el año 2009.

Hasta entonces, y con arreglo a la subida del próximo 1 de julio, el Ministerio de Industria va a tener que admitir un nuevo déficit de tarifa de 2.500 millones de euros entre el pasado abril y el próximo octubre. A esta cifra hay que añadir otros 1.300 millones de «agujero» acumulado durante el primer trimestre del año.

Exención del 5%

El déficit en cuestión es producto de un incremento de tarifa que queda situado muy por debajo del 11,3% propuesto inicialmente por la CNE. La subida media del 5,6%para los consumidores finales se produce gracias a la aplicación de un mínimo de consumo exento de 25 kilowatios por hora al bimestre. Se da la circunstancia de que el consumo medio en el sector residencial y de oficinas (unos 22 millones de puntos de suministro) está cuantificado en 272 kilowatios por hora al mes, lo que supone 544 kilowatios por hora al bimestre. En consecuencia, los 25 kilowatios por hora de consumo mínimo gratuito vienen a suponer una exención del 5% para la mayor parte de los consumidores españoles.

La orden ministerial de Industria incluye como anunció Miguel Sebastián la adopción de la futura tarifa social de aplicación a suministros domésticos en baja tensión contratados por personas físicas y solo para su residencia habitual, no para las segundas viviendas. Dicha tarifa social podrá ser solicitada por un total de 3,6 millones de hogares y para acceder a ella será necesario firmar una declaración jurada en la que se acredite el cumplimiento de unos requisitos básicos. Dichas condiciones se resumen en la obligación de disponer de una potencia contratada inferior a los 3 kilowatios.

La tarifa social se traduce básicamente en que sus beneficiarios no tendrán que pagar el denominado término de potencia o coste fijo y, en consecuencia, sólo deberán afrontar los costes variables de sus respectivos consumos.

Para compensar al sistema eléctrico de todos estos ajustes a la baja, el planteamiento del Ministerio de Industria incluye un incremento de las penalizaciones que ahora se establecen por los denominados consumos excesivos. Hasta la fecha, el consumo excesivo se estimaba a partir de los 1.100 kilowatios por hora al bimestre, prácticamente el doble del consumo promedio que, como queda dicho, es de 544 kilowatios por hora.

A partir de ahora, el límite del exceso de consumo se determina en los 1.000 kilowatios por hora al bimestre y a partir de esta cuantía los consumidores pagarán penalizaciones del 25% del consumo de energía básico establecido en la tarifa 2.0.1, que es la que comprende una potencia contratada de entre 1 y 2,5 kilowatios.

Próximo calendario

La orden ministerial fue ayer distribuida a los comités consultivos afectados por la subida de la luz, que se reunirán el próximo lunes con la Comisión de la Energía que preside Maite Costa. A partir de este encuentro se espera que el miércoles día 25 el organismo regulador aborde en su consejo la propuesta del Ministerio de Industria con el fin de trasladar su informe preceptivo al Gobierno. Los plazos administrativos culminarán el viernes 27 con la aprobación del nuevo recibo de la luz por parte del Consejo de Ministros. En consecuencia con este calendario, la subida de la tarifa eléctrica entrará en vigor el próximo 1 de julio.

La Federación Provincial de Comunidades de Regantes denunció ayer que la desaparición a partir del próximo 1 de julio de las tarifas especiales eléctricas, en aplicación de la Directiva 2003/54/CE tendrá unas consecuencias impredecibles para un sector ya castigado por la sequía que sacude el Mediterráneo desde 2005 y que ahora se enfrenta aumentos de costes de hasta el 120% al año o, lo que es lo mismo, hasta 70 millones de euros más de lo que las comunidades de regantes pagan actualmente por el suministro eléctrico. Alicante tiene en explotación 125.000 hectáreas de regadío que consumen de media 5.000 metros cúbicos de agua al año con un coste energético de 0,10 céntimos de euro por cada metro cúbicos -más de 60 millones de euros anuales-, según explicó ayer un portavoz autorizado de la Federación. La agricultura provincial es, además, gran consumidora de energía eléctrica ya que necesita mucha electricidad para extraer el agua subterránea y porque que se trata de una agricultura muy modernizada «y el riego por goteo también consume mucha luz», subrayaron desde la Federación. De ahí que los cambios tarifarios que entrarán en vigor desde el 1 de julio afectarán directamente a la economía de las 50.000 familias que se dedican directamente a la agricultura.La energía eléctrica representa actualmente el 80% de los costes de producción de la agricultura, de ahí que la desaparición de la tarifa especial para el regadío desde el 1 de julio puede sumir al sector en el caos al entrar en un escenario bien diferente, por ejemplo, al de 1998 cuando comenzó a liberalizarse de forma escalonada el mercado eléctrico español y se lograron precios muy competitivos. Los agricultores ven en los cambios que comenzarán a aplicarse en verano una vuelta de tuerca más a la que sufrieron el 1 de enero cuando se convirtieron en temporada alta para el sector eléctrico los meses de junio y julio que es cuando más se riega por el calor. La desaparición ahora del denominado mercado libre «la comunidades de regantes vamos a ver crecer la factura eléctrica y muchas van a ver comprometidos, incluso, sus proyectos de modernización al no haber incluido este aumento de costes», denunciaron ayer desde la Federación Provincial de Comunidades de Regantes. Además, y según las mismas fuentes, el sistema actual obliga a los agricultores a contratar la potencia para todo el año, sin la posibilidad de hacerlo en dos periodos anuales, algo que vuelve a ir en contra de las necesidades de las comunidades de regantes que requieren mucha energía en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre «y ni un watio en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, meses en los que nos obligan a pagar por algo que no utilizamos y encima obligan a que la compañía distribuidora tenga reservada una potencia sin usarla y, por tanto, sin poder atender la demanda de otros usuarios».DevolucionesLos agricultores reclaman para paliar el aumento de costes que se recuperen las tarifas especiales para el regadío, la puesta en marcha de un sistema similar las devoluciones de costes como se hace con el gasóleo con el impuesto de hidrocarburos, la elaboración de una normativa estatal que facilite el acceso de las comunidades de regantes a las energías renovables -solar, termosolar y eólica- y el establecimiento de un IVA reducido para la agricultura. Las comunidades de regantes no están sujetas a dicho impuesto con lo cual no pueden repercutirlo a sus comuneros y deben soportarlo como un usuario final. Esto supone, según explican desde la Federación, más encarecimiento y un lastre para la modernización. En este sentido, los regantes han solicitado que España adopte el modelo de Italia, donde el IVA agrícola se ha reducido a la mitad (10%).La Federación de Comunidades de Riego de la Provincia de Alicante -Ferpa-, se creó en noviembre de 2006 convirtiéndose en una de las asociaciones profesionales más numerosas de la provincia al contar con unos 50.000 asociados que cultivan 125.000 hectáreas, actividad que representa entre el ocho y el diez por ciento del Producto Interior Bruto de Alicante. La federación nació fruto del trabajo desarrollado por Manuel Serrano y Andrés Martínez, presidentes de las dos grandes comunidades de regantes y usuarios del agua en la provincia: Riegos de Levante (margen derecha) y la Junta Central del Trasvase Júcar-Vinalopó-l´Alacantí y la Marina Baixa a los que se unieron posteriormente Riegos de Levante (margen izquierda) y las comunidades de la Marina Alta, l´Alcoià y El Comtat.La federación forma parte de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes -Fenacore-, entidad sin ánimo de lucro creada en 1955 para defender los intereses de las comunidades de regantes en España, habiéndose convertido en un auténtico «lobby» agrícola.

Miguel Sebastián afirma que la subida del precio de la luz no va a beneficiar a las empresas eléctricas, que, en su opinión, van a tener menos beneficios.

Así lo manifiesta en una entrevista que hoy publica el diario El Mundo, en la que afirma, en referencia a la subida del crudo, que ‘la experiencia de estas crisis es que luego se sale creciendo mucho más fuerte’, aunque también aclara que hay que ‘perder grasa’ para modernizarse.

Anuncia que la subida del precio de la luz será entre el 5 y el 6 por ciento, pero ‘no de una forma lineal’ y agrega que la política del Gobierno se dirige hacia el ahorro eléctrico.

Sobre el petróleo, Miguel Sebastián dice que España importa 435 millones de barriles al año y que eso es ‘una barbaridad’ porque si sube el precio del barril es país sufre ‘una pérdida de renta nacional’, para matizar que ‘otra cosa es que ese empobrecimiento se reparta de la forma más justa posible.

El titular de Industria admite que no es un experto en el mercado petrolífero, pero cree a los que señalan que no es razonable que el precio del barril esté por encima de los 100 dólares y atribuye esta circunstancia a factores especulativos.

El ministro anuncia que se a proponer en Bruselas reducir la capacidad de endeudamiento que tienen los operadores de mercados de futuros, ‘que con muy pocas garantías’, pueden operar sobre ingentes cantidades.

Sebastián cree que el ‘tema inmobiliario’ estará resuelto en la segunda parte de 2009 y que la baja de precios animará a la gente, tanto de dentro como de fuera, a comprar.

El titular de Industria reitera que no se va a aplicar la tarifa mínima que pide una parte del sector de transporte de mercancías por carretera, actualmente en paro, porque ‘es ir contra el funcionamiento correcto de los mercados’ y aclara que ‘si estamos en una economía de mercado tenemos que jugar con sus reglas’.