Casi dos meses después de que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, autorizara la venta de agua del canal de Estremera (Madrid), que se nutre del Tajo, al Sindicato de regantes del Tajo-Segura en Alicante y Murcia, Castilla-La Mancha decidió ayer interponer un recurso al considerar que el proyecto no ofrece garantías jurídicas ni medioambientales al no haberse sometido a Evaluación Ambiental y vulnerar la normativa del Plan Hidrológico del Tajo y de la Ley de Aguas.
Así lo manifestó ayer el vicepresidente del Gobierno regional, Fernando Lamata, quien añadió que el recurso también viene motivado por el hecho de que no se explica a qué fines irán destinados los recursos trasvasados, tal y como reclama el Gobierno regional cada vez que se produce una acción de este tipo.
El ejecutivo castellano manchego cree que la venta vulnerar la normativa del Plan Hidrológico del Tajo y la Ley de Aguas y no garantiza que los regantes mejoren los sistemas de riego para economizar y usar de manera eficiente los recursos.
Por todo ello, la comunidad hará lo posible para evitar que el proyecto de Espinosa salga adelante, para lo que interpondrá un recurso ante los tribunales ante el Ejecutivo aún siendo «del mismo signo político». Lamata aseveró que «al Gobierno de Castilla La Mancha no le temblará el pulso a la hora de defender los intereses de la región», tal y como demuestra el recurso.
Lamata precisó que su Comunidad tienen recursos suficientes para «beber y afianzar el desarrollo de la región», «pero no valen usos insostenibles a 500 kilómetros de distancia».

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, mostró en Huesca su confianza en que el Gobierno acometa las modificaciones legislativas necesarias para que las nuevas tarifas eléctricas para regadío, que entrarán en vigor el próximo 1 de julio, sean asumibles para el agricultor regante y no excedan la subida del IPC, que actualmente se sitúa en el 4,7%.

De esta forma, Del Campo – que participó en la XVI edición del Congreso Internacional de Riegos organizado por la Asociación Española de Riegos y Drenajes en colaboración con Fenacore y otras entidades- tomó la palabra al secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, quien la pasada semana aseguró que “el Gobierno trabaja para que el incremento de las tarifas eléctricas para los regantes no supere el 4,5%.”

El presidente de Fenacore reconoció desconocer el borrador de modificaciones que el Ejecutivo tiene previsto aplicar al Real Decreto 809/2006 y que recoge a partir de julio una revisión al alza de la tarifa eléctrica para regadío. Este hecho, unido a la desaparición de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión, puede suponer un encarecimiento medio de los costes energéticos de entre el 20% y 40% en la próxima campaña de riego, pudiendo superar en algunos casos el 80%.

Del Campo aprovechó su intervención ante los regantes aragoneses para instar al Gobierno a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes las modificaciones legislativas pertinentes para evitar un encarecimiento “desorbitado” de la factura eléctrica que podría poner en peligro el proceso de modernización y la propia sostenibilidad de la agricultura.

Un freno a la modernización

El presidente de Fenacore recordó que un fuerte encarecimiento de la factura eléctrica puede frenar el proceso de transformación de más de un millón de hectáreas hacia sistemas de riego más eficientes. Además, puede paralizar la modernización ya realizada en algunas comunidades de regantes, debido al incremento “desorbitado” de los costes energéticos no valorados previamente en los proyectos de modernización.

Según Del Campo, “al esfuerzo económico derivado del propio proceso de modernización con la transformación de los sistemas de riego por gravedad (de coste energético despreciable) a los nuevos mecanismos por presión (aspersión, goteo, etc.), habrá que añadir a partir de julio el sobrecoste adicional de la energía eléctrica que requieren estos nuevos regadíos, en contraste con los sistemas tradicionales que apenas precisaban de electricidad para su funcionamiento”.

La Federación de Regantes considera “paradójico” que el Ejecutivo “premie” el esfuerzo realizado por los regantes en estos últimos años para modernizar sus explotaciones agrarias con una subida tarifaria de este calado. En los últimos siete años, el riego localizado, es decir, de superficie (sin modernizar) ha pasado de representar el 59% del regadío español en el año 2000 al 33% en 2007. Por el contrario, el riego localizado (por goteo) –de mayor optimización y menor consumo de agua- ha pasado del 17% a casi el 45% el pasado año, superando por primera vez al riego de gravedad.

El Real Decreto 809/2006 establecía la desaparición, a partir del 1 de julio de 2007, de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión que aplican actualmente los regantes, obligándoles así a acudir al mercado libre. La eliminación de estas tarifas de riego se ha prorrogado en sucesivos textos legislativos hasta el próximo 1 de julio de 2008, fecha en la que desaparecerán, además de las tarifas de riegos, todas las tarifas de alta tensión. El consumo de electricidad en el sector agrario representa el 1,2% del consumo total de energía eléctrica del país y es uno de los principales costes que este sector tiene que asumir.

Fenacore es una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, creada en 1955, que agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el fin de defender sus intereses y derechos de uso del agua. En la actualidad, cuenta con más de 300 entidades federadas de todas las provincias españolas, que suponen 700.000 regantes y casi 2 millones de hectáreas, es decir, más del 50% del regadío nacional. FENACORE trabaja estrechamente con los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Además, es órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y vocal nato del Consejo Nacional del Agua. En el marco internacional, FENACORE es miembro fundador de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC).

La cuenca del Júcar sigue estando entre las más deficitarias de la península pese a que desde principios de año no ha parado de incrementar sus reservas hídricas. Sólo la cuenca del Segura está más en precario.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar han ganado desde principios de año 222 hectómetros cúbicos y esta semana han alcanzado la mayor reserva de agua de los dos últimos años, con 911,62 hectómetros cúbicos, lo que representa el 27,24% de los 3.346,6 hectómetros de su capacidad total.

La reserva de agua ha disminuido por primera vez desde hace seis meses y el agua acumulada en los embalses peninsulares supone un 0,3% menos que hace una semana. Según los datos publicados ayer por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la reserva hidráulica se sitúa en 156 hectómetros cúbicos, el 59,9% de la capacidad total de los embalses.

La disminución ha afectado prácticamente a todas las cuencas, salvo las catalanas, que han registrado un incremento de su reserva de agua del 2,4%, y se encuentran ya al 60,2% de su capacidad, casi diez puntos más que hace un año.

También han aumentado sus reservas los embalses de la cuenca del Duero, un 0,5%; y los del Ebro, un 0,3%.

Las cuencas del Segura y del Júcar siguen siendo las más deficitarias y se encuentran al 22,4 y al 27,1%, respectivamente. Por debajo del 50% continúan los embalses de la cuenca mediterránea andaluza (29,6%), la atlántica andaluza (41,1%) y los del Guadalquivir (43,5%).

Los embalses del País Vasco son los únicos que están al cien por cien desde hace tres semanas. Las precipitaciones han afectado a toda la península y la máxima se ha producido en San Sebastián, con 48 litros por metro cuadrado.

Han sido más abundantes en la vertiente atlántica (7 litros por metro cuadrado), menos que la media de 9,3 litros por metro cuadrado

El portavoz de Xúquer Viu, Francisco Sanz, advirtió ayer sobre la «intensidad» y el alcance que están teniendo las presiones de Castilla-La Mancha en el debate abierto para la elaboración del nuevo Plan Hidrológico del Júcar.
Según Sanz, que hablaba en representación de la Mesa por el Júcar, «todos los colectivos de Castilla-La Mancha actúan de forma coordinada y todos tienen muy claro un modelo de explotación del río que puede impedir la recuperación del Júcar que se derivaría de la aplicación de la Directiva Marco del Agua».
La Mesa por el Júcar, que reune a Xúquer Viu, regantes, representantes municipales, sindicatos, grupos ecologistas y colectivos ciudadanos, ha denunciado estas presiones, así como las que se ejercen desde la Junta de Usuarios del Vinalopó, «con el apoyo del Gobierno valenciano, sin querer entender que el Júcar es un río deficitario».
«La sobreexplotación del Júcar es el principal problema ambiental del río y supone igualmente una amenaza a los regadíos tradicionales de la Ribera», añaden en un comunicado en el que recuerdan que tanto Xúquer Viu como otros componentes de la Mesa pel Xúquer, han pedido reiteradamente que se declare sobreexplotado el acuífero».
La Mesa pel Xúquer exige que el nuevo Plan de Cuenca, actualmente en redacción, «unos caudales ecológicos adecuados que el anterior plan no contemplaba».
Para la mesa, lograr en 2015 un «buen estado ecológico de las masas de agua» ha de ser el principal objetivo del nuevo plan de cuenca que sustituirá al «denigrado» plan vigente de 1997 «que consagra la sobreexplotación del río».

Bajo un sol de justicia y a ritmo de silbatos, cencerros e infinidad de cánticos como «Zapatero, el campo es lo primero» o «si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra», miles de agricultores y ganaderos -20.000 según la organización convocante ASAJA y cerca de 10.000 según la Policía Nacional- han lanzado gritos de desesperación para pedir «soluciones ya» porque «Zapatero, Solbes y Espinosa a ver si os enteráis, los tractores no funcionan con gaseosa».

Sus problemas ya son conocidos por todos y sin embargo el Gobierno continúa impasible ante una situación que «nos está arruinando» han comentado a AGROCOPE los manifestantes.

Y es que la situación es estremecedora, ya que el sector es cada vez más mayor y los jóvenes no quieren trabajar para perder dinero y, por si fuera poco «cada día va a peor». Para Aurelio Cervera, un agricultor de 70 años de Cuenca, el problema, es que «todo el mundo se mete por medio para sacar tajada» y lo que no entienden es que si el campo desaparece «el país se va al carajo».

La manifestación, que ha provocado esta mañana el caos circulatorio en el mítico Paseo de la Castellana, ha transcurrido de forma pacífica hasta el Ministerio de Economía y Hacienda, pero cargada de simbologías.

Con coronas de flores, un féretro y un sacerdote, agricultores y ganaderos extremeños han llorado y enterrado el campo, ahogado por los costes de producción y los bajos ingresos.

Pero sin duda, una de las imágenes más sobrecogedoras de la jornada se ha producido con el desparrame de miles de tomates y cebollas por el suelo, como muestra de que les da igual vender que tirar su producción.

Para Pedro Barato, presidente de ASAJA, el Gobierno puede hacer «y mucho» por el sector y por ello ha reclamado un gasóleo profesional, la implantación del impuesto de hidrocarburos, la rebaja del IVA que grava el combustible del 16 por ciento al siete por ciento o un plan de reestructuración para la ganadería.

Ha denunciado la «pasividad» del Gobierno que se mantiene impasible mientras «el gasóleo o los fertilizantes se encarecen un 50 por ciento. Por ello, Barato ha advertido de que si no hay soluciones «ya veremos que pasa».

Lo que está claro es que ni agricultores ni ganaderos van a dejar que les roben porque «el campo es productor y consumidor» y por eso no solo piden precios justos para ellos, sino para todos.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha invitado a todos cuantos tienen algo que decir y a unos pocos más a participar en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico del Júcar.

J. Sierra, Valencia
La Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha ha advertido ya que impugnará en los tribunales cualquier regulación futura del río Júcar que mantenga la actual delimitación de la demarcación hidrográfica.
Castilla-La Mancha quiere ser la dueña del río Júcar y del Cabriel – pese a que no puede escapar de la tutela del Estado que presta la Confederación Hidrográfica del Júcar-haciendo valer su presunta supremacía territorial y ya ha advertido, pese al incipiente estado de tramitación del nuevo Plan Hidrológico del Júcar, que considera «imprescindible excluir (del plan) a todos los efectos las cuencas internas competencia de la Generalitat Valenciana, incluidas las costeras».
«Cualquier actuación en otro sentido acarrearía la nulidad del proceso, recurriéndose cualquier acto o disposición de planificación que se alcance sobre el citado ámbito territorial, en su formulación actual, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha», añaden.
El conflictivo melón del nuevo PHJ ya está abierto y el gobierno de José Maria Barreda lo ha aprovechado para fijar posiciones. Y eso que hasta ahora no existe ningún documento técnico o de regulación y que ambas administraciones sólo se han visto las caras a través de sus aportaciones al ambicioso y completo proceso de participación pública que debe informar todo el proceso de elaboración del Plan. La posición de decenas de instituciones, colectivos, empresas, etc. están referidas al informe sobre la demarcación hidrográfica del Júcar elaborado en 2004 con motivo de la aplicación de la Directiva Marco del Agua.
Investigación
Al final, la pelea es por el territorio y de las alegaciones de Castilla-La Mancha se desprende que se va a luchar por cada kilómetro cuadrado de suelo, pantano o costa. paradójicamente, al final, del proceso, la autonomía que más metros cuadrados de cuenca hidrográfica del Júcar competencia del Estado tenga en su territorio, podrá ejercer un mayor control sobre el río.
El conflicto plantea situaciones llamativas. La primera es que la Generalitat Valenciana no dedica ni una línea en sus alegaciones a reivindicar sus competencias sobre los ríos «valencianos». La segunda es que en la pelea por ver quién que se queda- quien influye sobre- más cuenca hidrográfica del Júcar ha llevado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a solicitar «por fundamental», que se detalle «y justifique técnicamente la delimitación de la cuenca hidrográfica del Vinalopó, así como su inclusión en la Confederación Hidrográfica del Segura- posición de Castilla-La Mancha- o del Júcar». Dependiendo de la adscripción del seco Vinalopó, el Júcar podría acabar como río castellano-manchego o seguirá valenciano.
Un experto consultado ayer por Levante-EMV ironizaba al respecto: «Por lo visto vamos a tener que mandar una expedición científica para que investigue donde se encuentran las fuentes de nuestro Nilo particular», en alusión al Vinalopó.

Hoy se celebra en Valencia una nueva Mesa de Participación de la revisión del Plan Hidrológico del Júcar. Una reunión que se espera decisiva ya que, valga la redundancia, se acerca el momento de tomar decisiones y elegir.

Durante seis meses, se celebró un proceso de consulta pública, se recogieron las alegaciones a los documentos planteados desde la Confederación Hidrográfica, la CHJ, y se ha elaborado un documento que las incluye a todas.

Dicho documento, denominado Síntesis del proceso de participación pública y de las observaciones y alegaciones contiene, desde la parte manchega, numerosas alegaciones interpuestas por dos actores: La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo).

Pero este documento, en sí, se limita a enumerar las posturas de los diferentes actores. «Y ahora es cuando empieza lo realmente duro -señalaban ayer a La Tribuna fuentes de la representación castellano-manchega- porque si queremos que el proceso avance y tener un documento para finales de año, hay que empezar a decantarse y eso supone que, a partir de ahora, quien tiene que asomar la patita es la administración».

Por si fuese poco el problema, ahora es cuando hay que tomar una serie de decisiones que afectan al desarrollo de todo el proceso. Por ejemplo, qué hacer con el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y con el Comité de Autoridades Competentes, órganos creados siguiendo las directrices de la Directiva Marco del Agua de la UE.

Especialmente importante es la cuestión del Consejo del Agua ya que, atendiendo al Real Decreto que crea estos organismos, sus funciones son, precisamente, velar por el desarrollo y buen funcionamiento del proceso de revisión de los planes de cuenca, de la participación pública en los mismos, aprobar los ‘esquemas de temas importantes’ o elevar al gobierno los planes hidrológicos de cuenca y sus revisiones.

«En la anterior reunión de la mesa de participación, ya se planteó este problema -indican desde la delegación manchega- y no sólo desde nuestra región, está surgiendo un consenso sobre que no podemos seguir con un procedimiento asambleario».

Al asunto pendiente del Consejo del Agua, hay que añadir el del Comité de Autoridades competentes, un órgano con menos atribuciones pero que se encarga de algo tan complejo en la Cuenca del Júcar como la coordinación entre administraciones. No hay que olvidar, en este sentido, que casi todo el ámbito de la CHJ se reparte entre Castilla-la Mancha y Valencia, pero también ‘toca’ a otras comunidadea autónomas como Murcia, Aragón o Cataluña.

Encima, el Ministerio de Medio Ambiente que inició el proceso, como tal, ya no existe. Existe el de Medio Ambiente, Rural y Marino y la ministra ya no es Cristina Narbona, es Elena Espinosa, quien deberá definir su propia agenda hidrológica.

En un periodo aproximado de dos a tres años, Villarrobledo podría aprovecharse del agua potable de la tubería manchega, según ha afirmado el concejal de Turismo y Medio Ambiente, Juan Luis Iñiguez, que ha dado a conocer este proyecto que va a permitir conducir agua del el acueducto Tajo-Segura a la llanura manchega para garantizar el abastecimiento para consumo doméstico a más de 500.000 vecinos de la región.

Iñiguez, señaló que el pasado viernes se publicaba en el BOE la resolución, que garantizará agua potable a 50 lugares, repartidos en 13.000 kilómetros cuadrados, en las provincias de Albacete, Cuenca, Toledo y Ciudad Real.

El responsable municipal, afirmó que Villarrobledo va a sustituir los recursos subterráneos que viene utilizando para abastecer a la población, y que según precisó, en esta localidad, son durísimos, ya que el agua potable cuenta con un alto índice de cal. Dijo que en los próximos meses se iniciarán las obras, que supondrán un cambio histórico que ha venido siendo reivindicado por los vecinos .

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 167 millones de euros para las obras de licitación, y de 35 millones de euros para el proyecto de la planta potabilizadora, en la cabecera de la red.

Financiada

La ejecución de las obras de una nueva tubería en la llanura manchega, depende, según el concejal, directamente de la Consejería que aportará un 15%, el Ministerio de Medio Ambiente aportará el 85 % de la ejecución de la obra y lo que conlleva en cuanto a proyectos y asistencia técnica y otras incidencias como la expropiación de los terrenos.

Juan Luis Iñiguez expresó su satisfacción de que con esta actuación se consiga romper una tendencia histórica, y después de más de 30 años, en los que la región ha servido como vehículo transmisor del agua sin poder utilizarla, por fin pueda usarla. Afirma que este hito histórico va a sentar las bases de una política hidráulica en la región sin precedentes, con la colaboración del Ministerio y la gran labor del gobierno regional, que hace de la política hidráulica uno de los pilares básicos de su política, y que además servirá para sentar las bases de un futuro mucho mejor y menos incierto en materia de agua.

En otro orden de cosas, Juan Luis Iñiguez informó sobre la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el 22 de mayo, por Medio Ambiente, de ayudas a la forestación para la reconversión de tierras agrarias.

Destacó la importancia de esta orden en una localidad como Villarrobledo, con más de 850 kilómetros cuadrados de término municipal, y que basa la mayor parte de su economía en las explotaciones agrarias.

Las medidas de reconversión cuentan con hasta un 80 % de subvención para particulares, y supone una gran oportunidad para diversificar la actividad agraria.

Esta iniciativa, supone para el concejal de Medio Ambiente, una contribución a la mejora de la calidad, de vida, fuentes de renta y empleo, además de evitar la desertización de los terrenos.

Iñiguez, concluyó indicando que l plazo para acogerse a estas ayudas, finalizará el próximo día 30 de junio.