Ecologistas en Acción (EA) indicó que la decisión tomada por el Consejo Científico de la Unesco de conceder una moratoria a la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda supone que «tras un paréntesis de medio siglo se abre una nueva etapa para el conjunto de estos espacios naturales».

Hernández, portavoz de la organización ecologista, señaló que valora la moratoria de la Unesco para que Las Tablas de Daimiel conserven su catalogación puesto que «no se podía hacer algo mejor, pero tampoco se podía confiar en dar un cheque en blanco a las administraciones».

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel está incluido en el entorno de La Mancha Húmeda, declarado Reserva de la Biosfera en 1980.

El Consejo Científico de la Unesco en España evaluó la posibilidad de retirar la catalogación y acordó otorgar una moratoria, hasta 2011 para estudiar las medidas que se propongan para su recuperación y hasta 2015 para comprobar si surten efecto.

En su reunión en el Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo Científico -órgano encargado de asesorar al Comité MAB de la Unesco- debatió un informe suyo previo que fue elaborado después de que varias ONG españolas pidieran al organismo de las Naciones Unidas la descatalogación.

Pérdida de recursos

Las Tablas de Daimiel y los humedales de la cuenca alta del Guadiana han perdido en las últimas décadas la práctica totalidad de los elementos naturales que le proporcionaban su singularidad, debido principalmente a la agricultura de regadío en la zona y a los pozos ilegales en el Acuífero 23.

Para el portavoz de los conservacionistas esta decisión cierra el ciclo pernicioso que se inició en 1956 cuando se promulgó la ley que proponía desecar los humedales, «cuando empezó a escribirse el final» para Las Tablas de Daimiel .

Por ello, tras 52 años, «se abre una nueva etapa ilusionante que pone las bases más serias para que la Reserva de la Biosfera encuentre su camino y sea una realidad». Para Hernández la moratoria de la Unesco es «la ocasión que hemos anhelado todos estos años».

«Ahora tenemos que esforzarnos todos, y especialmente las administraciones, para que con herramientas como la Directiva Marco del Agua y el Plan Especial del Alto Guadiana se puedan cumplir los objetivos que propone el Consejo Científico para solucionar este problema», añadió.

La depuración de las aguas que se utilizan en nuestras ciudades y pueblos es una cuestión pendiente de resolver, que sigue provocando problemas ambientales y que hasta ahora no había sido abordada en serio y con un enfoque global en nuestra región. Ahora, la Junta de Comunidades parece dispuesta a afrontar un gran plan, el segundo, que además de hacer nuevas instalaciones vendrá a corregir los no pocos defectos y problemas que se arrastran desde actuaciones anteriores. La apuesta es seria, al menos en lo económico: más de novecientos millones de euros hasta el 2015.

En la provincia de Albacete la inversión prevista es de 106.289.062 euros, más trece millones de euros anuales de explotación y mantenimiento anual.

La fecha no es casual; ese es el horizonte que fija la Directiva Marco del Agua del año 2000, que establece que en ese año debe conseguirse en el territorio de la Unión Europea el buen estado ecológico de todas las masas de agua.

Porque este segundo plan, que acaba de salir a información pública, abarca a Castilla-La Mancha y a todos sus municipios, grandes, medianos y pequeños. Se prevén distintas instalaciones en cada caso, pero finalmente el resultado debe ser que en ningún sitio se viertan al medio ambiente aguas contaminadas.

El II Plan director de depuración ha sido elaborado por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y su Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Mancha, y viene a suceder al I Plan Director de Depuración de Aguas Residuales de 1996.

Puesta al día

La primera finalidad de este proyecto ha sido realizar un riguroso diagnóstico de la situación de la depuración en la Región, sobre el que se planifican la construcción de nuevas depuradoras y la adaptación de las actuales (muchas de ellas en mal estado) a la normativa europea.

Y los propios datos del plan lo evidencian con claridad. En la provincia de Albacete, el censo revela que hay 114 depuradoras, de las que están en funcionamiento correcto 47, menos de la mitad. Otras 41 están aún en construcción, en tres hay mal funcionamiento, y 21 sencillamente no funcionan.

La finalidad principal del plan (que sigue la directiva europea) es la protección del medio ambiente, reduciendo las cargas contaminantes de las aguas residuales urbanas. Para esto, el objetivo último del Plan es la depuración del cien por cien de las aguas residuales generadas en las aglomeraciones urbanas de la Región. Para ello, el II Plan establece una serie de criterios que deberán cumplirse en materias de calidad de las aguas, tratamientos de depuración, o la gestión de lodos y caudales depurados, entre otros.

La revisión de instalaciones ya existentes se hace en algunos casos porque se han quedado técnicamente obsoletas, en otros porque son pequeñas para la población que deben atender, y en algunos casos porque han dejado de funcionar por problemas de averías o falta de mantenimiento adecuado.

Cada instalación tendrá unas características distintas, según el lugar en que se instale. Hay criterios más rigurosos, por ejemplo, en las grandes ciudades y poblaciones de más de 10.000 habitantes, con vertidos más caudalosos y generalmente también más contaminados.

Los tratamientos en pequeños municipios serán más básicos, aunque hay excepciones. Es el caso de depuradoras que vayan a hacer su vertido en lugares protegidos o de gran valor medioambiental, como es el caso de las Lagunas de Ruidera; en estas situaciones, el tratamiento de las aguas es mayor, de modo que no provoquen efectos negativos en el entorno. Una vez que se completen las actuaciones, la situación se irá revisando cada cinco años, tal y como marca la Ley del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha.

En cuanto a previsiones de inversión, el plan ha estimado en más de 928 millones de euros la construcción de infraestructuras o renovación de las actuales, y una media de 75 millones de euros anuales en concepto de explotación y mantenimiento de instalaciones.

Para alcanzar estas grandes cifras, se prevé una financiación a través de distintas vías, como son los Fondos Europeos, los Presupuestos Generales del Estado, el Presupuesto de la Junta de Castilla-La Mancha o de las corporaciones locales, así como la financiación procedente de los promotores de nuevos desarrollos urbanísticos.

En la comunidad, para el pago de la gestión de las depuradoras se creó el canon de depuración, como ingreso de derecho público con naturaleza de tasa, a pagar por la población que se beneficie de estas obras. No es fácil gestionar el agua en Castilla-La Mancha. Ni la de abastecimiento, ni tampoco la de los vertidos.

A la existencia de un extenso territorio de 80.000 kilómetros cuadrados, con más de 900 municipios y más de medio millar de instalaciones de depuración previstas, se une el hecho de que la región está afectada por siete confederaciones hidrográficas distintas.

Estas entidades, que son las responsables principales del control de los vertidos, son las de Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Segura, Ebro y Duero.

En el caso de la provincia de Albacete, 62 depuradoras están en el ámbito de la cuenca del Júcar; 31 en la del Segura, 12 en la del Guadalquivir, y 9 en la del Guadiana.

Además, hay que tener en cuenta que a la Región llegan aguas evacuadas en otras comunidades, y que las aguas vertidas aquí van a parar a cauces que pasan por otras regiones.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se ha posicionado a favor de los trasvases de agua entre cuencas excedentarias y deficitarias, siempre que estén controlados y no causen despilfarros. Asimismo, detecta problemas aún no resueltos en la desalinización y la reutilización de aguas, como los altos cortes energéticos y la acumulación de contaminantes. En la práctica, este organismo anima a la Comisión Europea a que se realicen trasvases.

El CESE es un órgano consultivo de la Unión Europea con más de 50 años de antigüedad y cuyos miembros representan un amplio abanico de intereses económicos, sociales y culturales, desde empresarios hasta ecologistas, pasando por agricultores, ONG y consumidores. Elabora dictámenes sobre las propuestas legislativas de la UE. En este caso, el 30 de mayo aprobó su informe sobre la escasez de agua y la sequía en el territorio de la Unión, como respuesta al documento base presentado por la Comisión Europea, que está siendo sometido ahora a un amplio debate social y político antes de que se tome una decisión final.

Menos cautelas

Frente a las cautelas a los trasvases que formula la Comisión, este organismo mantiene una postura más abierta. «No hay motivo para rechazar a priori los trasvases de caudales, siempre y cuando se hagan de manera controlada para evitar actitudes despilfarradoras respecto de un recurso, el agua, cuya gestión debe estar permanentemente orientada al ahorro y utilizar técnicas más avanzadas de control del consumo», señala el dictamen al cual ha tenido acceso este periódico. En este punto, el dictamen hace referencia a la audiencia pública celebrada en Murcia en abril, donde «se constató que este tipo de técnicas con un uso razonado y razonable del agua ya está disponible en el mercado. Además, los cultivos y la plantación de árboles permiten luchar contra la desertificación».

En este sentido, el CESE «pide» a las autoridades comunitarias «que examinen las posibilidades de llevar a cabo trasvases interregionales de caudales. Incluso desde una perspectiva europea, los trasvases a partir de cuencas excedentarias hacia otras deficitarias pueden resultar convenientes, por ejemplo con vistas a la autosuficiencia agrícola, con la condición de que los usos dados al agua en la cuenca receptora sean eficaces y de bajo consumo».

Al analizar la desalinización, apunta que esta opción plantea dos tipos de problemas: el elevado consumo energético y las pegas medioambientales debido a «los subproductos y la mezcla de concentración de sales». También ve deficiencias en la reutilización «debido a la acumulación de productos contaminantes a lo largo de los ciclos de reutilización».

Agua más cara

Propone el CESE más programas de investigación, como el desarrollo de la desalinización solar, y nuevas técnicas para ahorrar agua. Plantea la posibilidad de reinyectar caudales en las capas freáticas mediante el revestimiento de las vías urbanas, así como habilitar grandes almacenes subterráneos.

El Comité Económico y Social plantea otras novedades sobre el precio del agua. Coincide con la Comisión en que deben aumentar las tarifas y mejorar los mecanismos de medición y registro. El CESE no es partidario de que en algunos países se cargue a los consumidores urbanos los costes de preservación de caudales, en beneficio de los usuarios agrícolas e industriales.

Propone igualmente que cuando la demanda de agua para usos urbanos sea estacional, como ocurre en los lugares de vacaciones, deben establecerse tarifas diferenciadas. «Eso introduciría un elemento de justicia entre los residentes y los veraneantes por lo que se refiere al reparto de los costes fijos del sistema».

Hacer depuradoras y mantenerlas es caro y complicado; además, el buen funcionamiento de las instalaciones exige, además, que las aguas a tratar no presenten complicaciones excesivas.

Por esta razón, el plan prevé que, una vez puestas en marchas las instalaciones, los ayuntamientos se comprometan a mantener la disciplina en lo que se refiere a los vertidos que pueden llegar a las instalaciones.

Se prohíbe o limita el vertido a las redes de alcantarillado y colectores, de aguas residuales de origen industrial, agrícola y ganadero que puedan alterar el funcionamiento de las instalaciones de evacuación y tratamiento.

Se limitan también los productos que pueden ir a parar a las redes de alcantarillado y colectores, regulados en el Reglamento de la Ley del Ciclo Integral de Castilla-La Mancha. Para controlar esta actividad, se someterá a autorización municipal los vertidos de naturaleza no doméstica, con carácter previo a su conexión a las redes de saneamiento.

En algunos casos, las aguas deberán recibir un tratamiento previo antes de su vertido a la red pública.

También se deberán controlar los vertidos accidentales potencialmente peligrosos para la seguridad de las personas o de las instalaciones de saneamiento, así como de los vertidos de los camiones cisterna.

Como mínimo, los vertidos no domésticos deberán contar con una arqueta de registro para su inspección.

Se establece también el criterio de que pague mayor contribución quien más contamine, de modo que las instalaciones responsables de una carga más problemática paguen un canon superior al de quienes realizan un mero vertido de aguas procedentes de su uso doméstico ordinario.

Las lluvias del mes de mayo y principio de junio permitirán a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) abrir el grifo de los embalses, pero sin alegrías. La situación ha mejorado, los pantanos albergan más agua, los acuíferos están «bien» y L’Albufera se mantiene en niveles «normales», según resumió ayer el presidente del organismo, Juan José Moragues. Sin embargo, toda precaución es poca tras cuatro años de dura sequía. De hecho, como destacó Moragues, éste es el cuarto año más seco en los principales embalses del Júcar desde que comenzaron las mediciones en 1940.

A pesar de la mejora, éste es el cuarto año más seco de la historia del Júcar

No obstante, las importantes precipitaciones del último mes y medio han supuesto «un alivio» para el precario equilibrio hídrico en el Júcar, por lo que la confederación ofreció ayer más agua a los regantes en la comisión de la sequía. Las restricciones al regadío no se levantan, pero hasta septiembre, siempre y cuando la necesiten, los agricultores de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana dispondrán en total de 28 hectómetros cúbicos más de los previstos que se soltarán de los embalses. Además, la ciudad de Albacete no tendrá que recurrir a sus pozos para beber y recibirá de los pantanos tres hectómetros cúbicos.

Juan José Moragues recordó que la reducción de recursos a los regantes para garantizar el abastecimiento a las poblaciones en el próximo ejercicio se compensa en parte con aguas depuradas y con los pozos de sequía, que este año están en muy buena situación por la recarga de los acuíferos costeros. Las obras de emergencia de los últimos años también han permitido mejorar la capacidad de embalses como el de Arenós, y también se han producido ahorros con la modernización de regadíos, entre otras actuaciones.

Además, los embalses aún ganarán agua en los próximos días por las escorrentías de las últimas lluvias y los regantes de la Ribera Baixa están aprovechando el mayor caudal de los afluentes del Júcar para no tirar de las reservas.

El panorama ha mejorado, pero la sequía no ha terminado. Las entradas totales desde el pasado octubre en Alarcón, Contreras y Tous -los embalses más importantes- están por debajo de las del año pasado -317 hectómetros cúbicos frente a 366-. Especialmente en el pantano de Alarcón, «que está mal», ya que sólo ha recogido 105 hectómetros cúbicos, frente a los 174 del año pasado por estas fechas. Con estos datos, el sistema del Júcar se mantiene en el estado de emergencia, del que saldrá para instalarse en el de alerta en julio o septiembre si la mejora de las reservas «se estabiliza». La CHJ, además, vigila el cauce medio del río en Castilla-La Mancha, que se recupera ligeramente después de que en los últimos meses haya llegado a secarse al regar varias comunidades de agricultores al mismo tiempo.

El sistema del río Turia continúa en prealerta, aunque la mejoría es evidente. Todos los demás sistemas de la Confederación Hidrográfica del Júcar pueden presumir de un estado de «normalidad». Es el caso del área del Mijares, el Palancia, el Serpis o las dos Marinas. Por todo ello, las reservas globales de la CHJ están, con 876,38 hectómetros cúbicos, por encima de las del año pasado, cuando los embalses guardaban 781.

La confederación celebrará el mes próximo otra comisión de sequía para evaluar la situación y analizar los efectos finales de las lluvias de mayo y principios de junio.

Los Reyes presidirán hoy, a las 21:00 horas, la ceremonia inaugural de la Expo, a la que están invitadas 5.000 personas. Desde mañana, esta muestra estará abierta al público: tres meses por delante para conocer las propuestas de 105 países, de todas las comunidades autónomas, de organismos internacionales, compañías y organizaciones no gubernamentales, con el agua como argumento. El espectáculo «Iluminar» será el protagonista de la ceremonia inaugural. Estará compuesto por la pirotecnia dirigida por Christophe Berthoneau, y los hinchables de Plasticiens Volants.

Los Reyes estarán acompañados por los Príncipes de Asturias, los Duques de Palma y la Infanta Elena, así como por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, varios de sus ministros, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, y el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch.

La apertura de la Expo pone fin a una carrera que arrancaba hace nueve años, cuando Zaragoza, con el respaldo del Estado, se lanzó como candidata a organizar esta muestra.

«Agua y desarrollo sostenible»

Comienzan tres meses de exposición y de un concentrado programa de actividades culturales y espectáculos. En el recinto, el visitante se encontrará con 60.000 metros cuadrados de pabellones expositivos, en los que se funden propuestas en torno al lema de la exposición, «Agua y desarrollo sostenible», pero también oferta turística y divulgación.

Todo ello, acompañado de más de 4.500 espectáculos de teatro, música y danza. Además, unas 32.000 personas participarán en la Tribuna del Agua, un foro de debate en el que intervendrán, entre otros, Mijail Gorbachov, Rigoberta Menchú o Federico Mayor Zaragoza.

A las 25 hectáreas del recinto, levantado en el Meandro de Ranillas, se añaden las 120 hectáreas del Parque Metropolitano del Agua en ese mismo espacio natural, el Meandro de Ranillas y su entorno labrado por el Ebro. El parque consta de un jardín botánico de 13 hectáreas y un sistema de canales, acueductos y balsas de navegación.

2.250 millones de inversión

El Estado ha sufragado la mayor parte de las inversiones, a las que también han contribuido el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza, junto a socios y patrocinadores privados. En total, 700 millones de euros dedicados a construir el recinto de la Expo y otros 1.550 millones del denominado Plan de Acompañamiento, para infraestructuras complementarias en Zaragoza.

Durante los tres meses que permanecerá abierta, la Expo espera recibir 3,6 millones de visitantes. Como algunos entrarán varias veces al recinto, el cómputo total de visitas que se han marcado como objetivo asciende a seis millones y medio. Y los organizadores se muestran optimistas, porque hasta el momento ya hay garantizadas más de tres millones de visitas con las entradas y pases que se han vendido antes de la inauguración.

Entre tanto, el alcalde de Zaragoza emitió ayer un bando en el que llama a la colaboración de los vecinos de la capital para que expresen su «mejor disposición» y hagan que la ciudad muestre «su mejor cara». «Nos queda un último esfuerzo», dice Belloch en su bando: «Ser los mejores anfitriones para nuestros visitantes».

Agricultores y técnicos confirman la existencia de graves daños y serios problemas a causa del exceso de lluvia en varios de los principales cultivos como el ajo, la cebolla, el olivo, la vid o los herbáceosEMILIO FERNÁNDEZ

La lluvia caída sobre la provincia en los últimos días, pero especialmente sobre el término municipal de Albacete, no sólo está creando complicaciones en la red viaria o en el casco urbano de la capital. Las crea en el campo.

Si el agua hubiese caído en abril, habría sido una bendición. Pero, en junio, llega cuando menos conviene, interfiriendo con la recolección de producciones, encharcando campos, u obligando a la realización de tratamientos fitosanitarios extraordinarios.

Según explicaba ayer el delegado de Agricultura, Manuel Miranda, los principales problemas se están dando en los cultivos de cebolla y ajos, así como en los viñedos. En los dos primeros casos, lo que más preocupa es el encharcamiento de las parcelas.

«Los datos preliminares hablan de una superficie encharcada de ajos, sobre todo en las inmediaciones de la ciudad de Albacete, de unas 20-30 hectáreas -indicaba- y en cuanto a la cebolla, se trataría de una superficie similar, puede que un poco mayor».

En el caso de la cebolla, hay que esperar a ver el comportamiento del terreno. Si éste drena rápido el agua, es posible que haya daños, pero de escasa cuantía. Si, por contra, el agua se estanca, el cultivo se pudrirá.

«En cuanto al ajo, lo cierto es que, como mínimo, tenemos un primer daño, que es una pérdida de calidad, de valor comercial -admitió- porque con la humedad el bulbo tiende a abrirse, especialmente en el caso del ajo chino, que ya empezaba a secarse».

La viña es otra preocupación urgente, pero no porque haya problemas, sino porque hay que correr para evitar que éstos aparezcan. La mayor preocupación es prevenir la aparición del mildiu.

«En estos momentos, con las parcelas embarradas, no se puede entrar -indicó- pero en cuanto se sequen un poco, se dará un segundo tratamiento, ya que la combinación de un exceso de humedad con las temperaturas propias de esta época del año son propicias para el mildiu, así que nos tenemos que mover rápido para evitar que aparezca».

Parecidas preocupaciones las compartía ayer Claudio, uno de los responsables de una explotación de ajo situada a la salida de Albacete, por la carretera de las Peñas, recién pasada Aguas Nuevas, en la finca La Humosa. En esa zona, y según sus declaraciones, las cifras excederían las primeras estimaciones oficiales.

«Estamos hablando de unas 120 hectáreas de ajo encharcadas -indicó- y se pueden haber pedido 1.800.000 kilos de ajos, 50 millones de las antiguas pesetas, esto está perdido, porque en 10 ó 15 días esto no se va a secar».

Por su parte, el presidente de Asaja-Albacete, José Pérez Cuenca, mostraba su preocupación tanto por los cultivos hortícolas, como el ajo, como por otros como el olivar o las vides, que, además de riesgo de plagas o enfermedades, ven como el exceso de agua entorpece la floración y la polinización.

«Los herbáceos, también se están viendo afectados -explicaba- porque hay que recordar que algunas parcelas estaban a punto de ser cosechadas, y ahora no se puede entrar; y las forrajeras, ya había quien había dejado alguna parcela a secar, después de segar, y con esta lluvia, no se seca».

100 hectómetros. El secretario de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Herminio Molina, ponía cifras a lo que ha llovido en los últimos días en el área de la Jcrmo:«1.000 metros cúbicos por hectárea, así que si tenemos en cuenta que los regadíos de la Mancha Oriental son 100.000 hectáreas, la cuenta es clara, salen 100 hectómetros cúbicos».

Buena parte de este agua se ha ido al acuífero, empapando los terrenos, lo que en sí es bueno. Pero el agua sigue sin llegar a la cabecera de la cuenca y, sobre todo, al embalse de Alarcón, que ha subido sólo tres hectómetros. «Imagínese como estaríamos si hubiésemos subido 100 hectómetros en Alarcón -señalaba Molina- por lo que estas lluvias nos dejan una sensación agridulce; bien para el acuífero, no tan bien para aquellos cultivos que, justo ahora, no necesitan tanta humedad, y mal para la cabecera de la cuenca, que sigue sin subir todo lo que nos gustaría a todos».

Y tres meses después de las elecciones, Elena Espinosa compareció en el Congreso. Había expectación por escuchar a la superministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Pero en más de cuatro horas de comparecencia no anunció nuevas leyes ni medidas de impacto. Sí reiteró su propuesta para alcanzar un pacto nacional del agua. Pero rectificó el anuncio del pasado 2 de junio y ayer aclaró que no habrá trasvases entre cuencas, sino dentro de una misma confederación. Con una salvedad -que no aclaró a qué se debe-, el del Ródano a Cataluña, que el Ejecutivo sí contempla.

El PP: «No buscan solución al agua, sino a su problema electoral con el agua»

En una intervención leída, Espinosa avanzó las grandes líneas de su ministerio en la legislatura. Como sus competencias son enormes, pasó del gasóleo a la merluza y del Protocolo de Kioto a la pérdida de especies sin profundizar en ninguna.

Cuando llegó al tema del agua hizo una pausa. Llegaba lo importante: «Lo que supongo que estarán esperando escuchar sus señorías es un pacto en el que el Gobierno no descarta a priori las interconexiones intracuencas». El «intracuencas» no tiene nada que ver con el «intercuencas» que el Gobierno lanzó una semana antes. Lo que ayer anunció Espinosa es que podrá haber trasvases pero siempre entre ríos de una misma cuenca (como ya hay cientos, el Ter-Llobregat o el Júcar-Vinalopó) pero no entre cuencas distintas.

La ministra señaló que estudiará los trasvases «que sean ambientalmente sostenibles, económicamente viables y socialmente aceptables», algo que a su juicio no cumplía el derogado trasvase del Ebro.

El Gobierno sostiene que paliará el déficit hídrico de 450 hectómetros al año del Segura (y revisado al alza por el aumento de población) sin aportes desde fuera de la cuenca. Lo que apuntó fue la utilización de aguas depuradas, que hasta diciembre no tenía un soporte legal.

El pacto nace cojo. El PP anunció que no lo apoya. El portavoz popular Carlos Floriano criticó que la política del Gobierno en materia de agua se base en «la providencia», en si llueve o no. Espinosa le recriminó que hubiera votado a favor en el Congreso del decreto ley que contemplaba la derogación del trasvase del Ebro a Barcelona si llovía y que ahora proteste porque no se fuese a construir la tubería. Ambos protagonizaron además, un duro enfrentamiento por el incendio de Guadalajara. Floriano lo calificó como el «mayor desastre ambiental» de España y lamentó que, a su juicio, a la izquierda «le importe más la muerte de los percebes que otros siniestros», en alusión a las 11 víctimas del fuego. Espinosa le pidió que lo retirara.

Sin directores de Agua y Costas

El agua centra el debate, pero el Gobierno sigue sin director general del Agua. El departamento de Elena Espinosa sigue buscando una mujer que ocupe el cargo que el 9 de mayo dejó vacante Jaime Palop. También sigue vacante la dirección de Costas, tras la salida de José Fernández el mismo día. El diputado de ICV Joan Herrera preguntó por dos veces a Espinosa cuándo va a cubrir los puestos, pero la ministra replicó que iba allí a dialogar pero que el tono de Herrera le parecía una imposición y no replicó. A este organigrama a medias se une la destitución el 6 de junio de Francisco Amarillo como director general de Desarrollo Rural. La estructura del macroministerio no termina de arrancar.

La mayoría del equipo de Espinosa eran hombres y ahora busca mujeres para Medio Ambiente. Allí ha nombrado a Teresa Ribera como secretaria de Estado

Con esta manifestación, convocada por Asaja frente al Ministerio de Economía y Hacienda, el sector agrario y ganadero reclamará soluciones para reducir los costes de producción y afrontar la crisis ganadera, así como una ley de comercio de transparencia de mercado para los precios y el doble etiquetado.

Barato señaló que los agricultores y ganaderos atraviesan por la »peor crisis» en lo que se refiere a costes de producción, que se han incrementado en más de 9.000 euros en una explotación de 100 hectáreas desde 2006 a 2008. »Nunca he visto una caída libre de los precios en lo que nosotros producimos», dijo Barato.

El presidente de ASAJA señaló que los agricultores y ganaderos necesitan medidas diferentes a otros sectores para hacer frente al incremento del precio del gasóleo, que en la actualidad supera el euro por litro.

Entre las reivindicaciones de la organización para compensar los cotes de producción, Barato volvió a reclamar el establecimiento de una gasóleo profesional, la bajada del precio de los abonos y fertilizantes, que en algunos casos han subido un 90,6%, la prórroga del actual sistema de tarifas eléctricas y el desacoplamiento total de las ayudas ganaderas.

Asimismo, exigió al Gobierno una ley de comercio por la que no se deba vender un productor agrario por debajo de los costes de producción. »Pedimos unos precios mínimos acordes con los costes de producción», dijo Barato, quien precisó que no se trata de pactos de precios, sino de asegurar »como mínimo» los costes.

»Somos el único sector que nunca puede repercutir nada, porque nos ponen precio a los que compramos y a lo que vendemos», señaló Barato.

Por último, el presidente de ASAJA destacó que la huelga de transportistas que se iniciará a partir del próximo 8 de junio tendrá consecuencias »muy negativas» para el sector, por lo que confió en una rápida solución del conflicto.