El Ministerio de Industria remitió ayer a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la propuesta de orden ministerial que determina la subida de la luz a partir de julio. El planteamiento acordado por el equipo que dirige Miguel Sebastián consiste en ajustar el incremento de la tarifa eléctrica a un 5,62% para los hogares. Para los grandes consumidores industriales que todavía están sujetos a un precio regulado, el aumento se limitará al 4,7%, de acuerdo con el IPC adelantado del pasado mes de mayo.

El borrador de la citada disposición normativa, al que ha tenido acceso ABC, fija en el 1 de noviembre el inicio del año eléctrico, una fecha que debe marcarse en rojo dentro del calendario porque servirá para abordar las futuras y más vertiginosas subidas de la luz. No en balde, el Gobierno tiene hasta finales de año para reestructurar los llamados costes de acceso del sistema eléctrico, que son los que componen el principal caballo de batalla en las relaciones con las empresas generadoras. Dicho de otro modo, será a partir de noviembre cuando se desencadene la verdadera ofensiva sobre la tarifa eléctrica, de la que dependerá el incremento para el año 2009.

Hasta entonces, y con arreglo a la subida del próximo 1 de julio, el Ministerio de Industria va a tener que admitir un nuevo déficit de tarifa de 2.500 millones de euros entre el pasado abril y el próximo octubre. A esta cifra hay que añadir otros 1.300 millones de «agujero» acumulado durante el primer trimestre del año.

Exención del 5%

El déficit en cuestión es producto de un incremento de tarifa que queda situado muy por debajo del 11,3% propuesto inicialmente por la CNE. La subida media del 5,6%para los consumidores finales se produce gracias a la aplicación de un mínimo de consumo exento de 25 kilowatios por hora al bimestre. Se da la circunstancia de que el consumo medio en el sector residencial y de oficinas (unos 22 millones de puntos de suministro) está cuantificado en 272 kilowatios por hora al mes, lo que supone 544 kilowatios por hora al bimestre. En consecuencia, los 25 kilowatios por hora de consumo mínimo gratuito vienen a suponer una exención del 5% para la mayor parte de los consumidores españoles.

La orden ministerial de Industria incluye como anunció Miguel Sebastián la adopción de la futura tarifa social de aplicación a suministros domésticos en baja tensión contratados por personas físicas y solo para su residencia habitual, no para las segundas viviendas. Dicha tarifa social podrá ser solicitada por un total de 3,6 millones de hogares y para acceder a ella será necesario firmar una declaración jurada en la que se acredite el cumplimiento de unos requisitos básicos. Dichas condiciones se resumen en la obligación de disponer de una potencia contratada inferior a los 3 kilowatios.

La tarifa social se traduce básicamente en que sus beneficiarios no tendrán que pagar el denominado término de potencia o coste fijo y, en consecuencia, sólo deberán afrontar los costes variables de sus respectivos consumos.

Para compensar al sistema eléctrico de todos estos ajustes a la baja, el planteamiento del Ministerio de Industria incluye un incremento de las penalizaciones que ahora se establecen por los denominados consumos excesivos. Hasta la fecha, el consumo excesivo se estimaba a partir de los 1.100 kilowatios por hora al bimestre, prácticamente el doble del consumo promedio que, como queda dicho, es de 544 kilowatios por hora.

A partir de ahora, el límite del exceso de consumo se determina en los 1.000 kilowatios por hora al bimestre y a partir de esta cuantía los consumidores pagarán penalizaciones del 25% del consumo de energía básico establecido en la tarifa 2.0.1, que es la que comprende una potencia contratada de entre 1 y 2,5 kilowatios.

Próximo calendario

La orden ministerial fue ayer distribuida a los comités consultivos afectados por la subida de la luz, que se reunirán el próximo lunes con la Comisión de la Energía que preside Maite Costa. A partir de este encuentro se espera que el miércoles día 25 el organismo regulador aborde en su consejo la propuesta del Ministerio de Industria con el fin de trasladar su informe preceptivo al Gobierno. Los plazos administrativos culminarán el viernes 27 con la aprobación del nuevo recibo de la luz por parte del Consejo de Ministros. En consecuencia con este calendario, la subida de la tarifa eléctrica entrará en vigor el próximo 1 de julio.

La Federación Provincial de Comunidades de Regantes denunció ayer que la desaparición a partir del próximo 1 de julio de las tarifas especiales eléctricas, en aplicación de la Directiva 2003/54/CE tendrá unas consecuencias impredecibles para un sector ya castigado por la sequía que sacude el Mediterráneo desde 2005 y que ahora se enfrenta aumentos de costes de hasta el 120% al año o, lo que es lo mismo, hasta 70 millones de euros más de lo que las comunidades de regantes pagan actualmente por el suministro eléctrico. Alicante tiene en explotación 125.000 hectáreas de regadío que consumen de media 5.000 metros cúbicos de agua al año con un coste energético de 0,10 céntimos de euro por cada metro cúbicos -más de 60 millones de euros anuales-, según explicó ayer un portavoz autorizado de la Federación. La agricultura provincial es, además, gran consumidora de energía eléctrica ya que necesita mucha electricidad para extraer el agua subterránea y porque que se trata de una agricultura muy modernizada «y el riego por goteo también consume mucha luz», subrayaron desde la Federación. De ahí que los cambios tarifarios que entrarán en vigor desde el 1 de julio afectarán directamente a la economía de las 50.000 familias que se dedican directamente a la agricultura.La energía eléctrica representa actualmente el 80% de los costes de producción de la agricultura, de ahí que la desaparición de la tarifa especial para el regadío desde el 1 de julio puede sumir al sector en el caos al entrar en un escenario bien diferente, por ejemplo, al de 1998 cuando comenzó a liberalizarse de forma escalonada el mercado eléctrico español y se lograron precios muy competitivos. Los agricultores ven en los cambios que comenzarán a aplicarse en verano una vuelta de tuerca más a la que sufrieron el 1 de enero cuando se convirtieron en temporada alta para el sector eléctrico los meses de junio y julio que es cuando más se riega por el calor. La desaparición ahora del denominado mercado libre «la comunidades de regantes vamos a ver crecer la factura eléctrica y muchas van a ver comprometidos, incluso, sus proyectos de modernización al no haber incluido este aumento de costes», denunciaron ayer desde la Federación Provincial de Comunidades de Regantes. Además, y según las mismas fuentes, el sistema actual obliga a los agricultores a contratar la potencia para todo el año, sin la posibilidad de hacerlo en dos periodos anuales, algo que vuelve a ir en contra de las necesidades de las comunidades de regantes que requieren mucha energía en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre «y ni un watio en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, meses en los que nos obligan a pagar por algo que no utilizamos y encima obligan a que la compañía distribuidora tenga reservada una potencia sin usarla y, por tanto, sin poder atender la demanda de otros usuarios».DevolucionesLos agricultores reclaman para paliar el aumento de costes que se recuperen las tarifas especiales para el regadío, la puesta en marcha de un sistema similar las devoluciones de costes como se hace con el gasóleo con el impuesto de hidrocarburos, la elaboración de una normativa estatal que facilite el acceso de las comunidades de regantes a las energías renovables -solar, termosolar y eólica- y el establecimiento de un IVA reducido para la agricultura. Las comunidades de regantes no están sujetas a dicho impuesto con lo cual no pueden repercutirlo a sus comuneros y deben soportarlo como un usuario final. Esto supone, según explican desde la Federación, más encarecimiento y un lastre para la modernización. En este sentido, los regantes han solicitado que España adopte el modelo de Italia, donde el IVA agrícola se ha reducido a la mitad (10%).La Federación de Comunidades de Riego de la Provincia de Alicante -Ferpa-, se creó en noviembre de 2006 convirtiéndose en una de las asociaciones profesionales más numerosas de la provincia al contar con unos 50.000 asociados que cultivan 125.000 hectáreas, actividad que representa entre el ocho y el diez por ciento del Producto Interior Bruto de Alicante. La federación nació fruto del trabajo desarrollado por Manuel Serrano y Andrés Martínez, presidentes de las dos grandes comunidades de regantes y usuarios del agua en la provincia: Riegos de Levante (margen derecha) y la Junta Central del Trasvase Júcar-Vinalopó-l´Alacantí y la Marina Baixa a los que se unieron posteriormente Riegos de Levante (margen izquierda) y las comunidades de la Marina Alta, l´Alcoià y El Comtat.La federación forma parte de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes -Fenacore-, entidad sin ánimo de lucro creada en 1955 para defender los intereses de las comunidades de regantes en España, habiéndose convertido en un auténtico «lobby» agrícola.

Miguel Sebastián afirma que la subida del precio de la luz no va a beneficiar a las empresas eléctricas, que, en su opinión, van a tener menos beneficios.

Así lo manifiesta en una entrevista que hoy publica el diario El Mundo, en la que afirma, en referencia a la subida del crudo, que ‘la experiencia de estas crisis es que luego se sale creciendo mucho más fuerte’, aunque también aclara que hay que ‘perder grasa’ para modernizarse.

Anuncia que la subida del precio de la luz será entre el 5 y el 6 por ciento, pero ‘no de una forma lineal’ y agrega que la política del Gobierno se dirige hacia el ahorro eléctrico.

Sobre el petróleo, Miguel Sebastián dice que España importa 435 millones de barriles al año y que eso es ‘una barbaridad’ porque si sube el precio del barril es país sufre ‘una pérdida de renta nacional’, para matizar que ‘otra cosa es que ese empobrecimiento se reparta de la forma más justa posible.

El titular de Industria admite que no es un experto en el mercado petrolífero, pero cree a los que señalan que no es razonable que el precio del barril esté por encima de los 100 dólares y atribuye esta circunstancia a factores especulativos.

El ministro anuncia que se a proponer en Bruselas reducir la capacidad de endeudamiento que tienen los operadores de mercados de futuros, ‘que con muy pocas garantías’, pueden operar sobre ingentes cantidades.

Sebastián cree que el ‘tema inmobiliario’ estará resuelto en la segunda parte de 2009 y que la baja de precios animará a la gente, tanto de dentro como de fuera, a comprar.

El titular de Industria reitera que no se va a aplicar la tarifa mínima que pide una parte del sector de transporte de mercancías por carretera, actualmente en paro, porque ‘es ir contra el funcionamiento correcto de los mercados’ y aclara que ‘si estamos en una economía de mercado tenemos que jugar con sus reglas’.

Ecologistas en Acción (EA) indicó que la decisión tomada por el Consejo Científico de la Unesco de conceder una moratoria a la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda supone que «tras un paréntesis de medio siglo se abre una nueva etapa para el conjunto de estos espacios naturales».

Hernández, portavoz de la organización ecologista, señaló que valora la moratoria de la Unesco para que Las Tablas de Daimiel conserven su catalogación puesto que «no se podía hacer algo mejor, pero tampoco se podía confiar en dar un cheque en blanco a las administraciones».

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel está incluido en el entorno de La Mancha Húmeda, declarado Reserva de la Biosfera en 1980.

El Consejo Científico de la Unesco en España evaluó la posibilidad de retirar la catalogación y acordó otorgar una moratoria, hasta 2011 para estudiar las medidas que se propongan para su recuperación y hasta 2015 para comprobar si surten efecto.

En su reunión en el Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo Científico -órgano encargado de asesorar al Comité MAB de la Unesco- debatió un informe suyo previo que fue elaborado después de que varias ONG españolas pidieran al organismo de las Naciones Unidas la descatalogación.

Pérdida de recursos

Las Tablas de Daimiel y los humedales de la cuenca alta del Guadiana han perdido en las últimas décadas la práctica totalidad de los elementos naturales que le proporcionaban su singularidad, debido principalmente a la agricultura de regadío en la zona y a los pozos ilegales en el Acuífero 23.

Para el portavoz de los conservacionistas esta decisión cierra el ciclo pernicioso que se inició en 1956 cuando se promulgó la ley que proponía desecar los humedales, «cuando empezó a escribirse el final» para Las Tablas de Daimiel .

Por ello, tras 52 años, «se abre una nueva etapa ilusionante que pone las bases más serias para que la Reserva de la Biosfera encuentre su camino y sea una realidad». Para Hernández la moratoria de la Unesco es «la ocasión que hemos anhelado todos estos años».

«Ahora tenemos que esforzarnos todos, y especialmente las administraciones, para que con herramientas como la Directiva Marco del Agua y el Plan Especial del Alto Guadiana se puedan cumplir los objetivos que propone el Consejo Científico para solucionar este problema», añadió.

La depuración de las aguas que se utilizan en nuestras ciudades y pueblos es una cuestión pendiente de resolver, que sigue provocando problemas ambientales y que hasta ahora no había sido abordada en serio y con un enfoque global en nuestra región. Ahora, la Junta de Comunidades parece dispuesta a afrontar un gran plan, el segundo, que además de hacer nuevas instalaciones vendrá a corregir los no pocos defectos y problemas que se arrastran desde actuaciones anteriores. La apuesta es seria, al menos en lo económico: más de novecientos millones de euros hasta el 2015.

En la provincia de Albacete la inversión prevista es de 106.289.062 euros, más trece millones de euros anuales de explotación y mantenimiento anual.

La fecha no es casual; ese es el horizonte que fija la Directiva Marco del Agua del año 2000, que establece que en ese año debe conseguirse en el territorio de la Unión Europea el buen estado ecológico de todas las masas de agua.

Porque este segundo plan, que acaba de salir a información pública, abarca a Castilla-La Mancha y a todos sus municipios, grandes, medianos y pequeños. Se prevén distintas instalaciones en cada caso, pero finalmente el resultado debe ser que en ningún sitio se viertan al medio ambiente aguas contaminadas.

El II Plan director de depuración ha sido elaborado por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y su Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Mancha, y viene a suceder al I Plan Director de Depuración de Aguas Residuales de 1996.

Puesta al día

La primera finalidad de este proyecto ha sido realizar un riguroso diagnóstico de la situación de la depuración en la Región, sobre el que se planifican la construcción de nuevas depuradoras y la adaptación de las actuales (muchas de ellas en mal estado) a la normativa europea.

Y los propios datos del plan lo evidencian con claridad. En la provincia de Albacete, el censo revela que hay 114 depuradoras, de las que están en funcionamiento correcto 47, menos de la mitad. Otras 41 están aún en construcción, en tres hay mal funcionamiento, y 21 sencillamente no funcionan.

La finalidad principal del plan (que sigue la directiva europea) es la protección del medio ambiente, reduciendo las cargas contaminantes de las aguas residuales urbanas. Para esto, el objetivo último del Plan es la depuración del cien por cien de las aguas residuales generadas en las aglomeraciones urbanas de la Región. Para ello, el II Plan establece una serie de criterios que deberán cumplirse en materias de calidad de las aguas, tratamientos de depuración, o la gestión de lodos y caudales depurados, entre otros.

La revisión de instalaciones ya existentes se hace en algunos casos porque se han quedado técnicamente obsoletas, en otros porque son pequeñas para la población que deben atender, y en algunos casos porque han dejado de funcionar por problemas de averías o falta de mantenimiento adecuado.

Cada instalación tendrá unas características distintas, según el lugar en que se instale. Hay criterios más rigurosos, por ejemplo, en las grandes ciudades y poblaciones de más de 10.000 habitantes, con vertidos más caudalosos y generalmente también más contaminados.

Los tratamientos en pequeños municipios serán más básicos, aunque hay excepciones. Es el caso de depuradoras que vayan a hacer su vertido en lugares protegidos o de gran valor medioambiental, como es el caso de las Lagunas de Ruidera; en estas situaciones, el tratamiento de las aguas es mayor, de modo que no provoquen efectos negativos en el entorno. Una vez que se completen las actuaciones, la situación se irá revisando cada cinco años, tal y como marca la Ley del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha.

En cuanto a previsiones de inversión, el plan ha estimado en más de 928 millones de euros la construcción de infraestructuras o renovación de las actuales, y una media de 75 millones de euros anuales en concepto de explotación y mantenimiento de instalaciones.

Para alcanzar estas grandes cifras, se prevé una financiación a través de distintas vías, como son los Fondos Europeos, los Presupuestos Generales del Estado, el Presupuesto de la Junta de Castilla-La Mancha o de las corporaciones locales, así como la financiación procedente de los promotores de nuevos desarrollos urbanísticos.

En la comunidad, para el pago de la gestión de las depuradoras se creó el canon de depuración, como ingreso de derecho público con naturaleza de tasa, a pagar por la población que se beneficie de estas obras. No es fácil gestionar el agua en Castilla-La Mancha. Ni la de abastecimiento, ni tampoco la de los vertidos.

A la existencia de un extenso territorio de 80.000 kilómetros cuadrados, con más de 900 municipios y más de medio millar de instalaciones de depuración previstas, se une el hecho de que la región está afectada por siete confederaciones hidrográficas distintas.

Estas entidades, que son las responsables principales del control de los vertidos, son las de Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Segura, Ebro y Duero.

En el caso de la provincia de Albacete, 62 depuradoras están en el ámbito de la cuenca del Júcar; 31 en la del Segura, 12 en la del Guadalquivir, y 9 en la del Guadiana.

Además, hay que tener en cuenta que a la Región llegan aguas evacuadas en otras comunidades, y que las aguas vertidas aquí van a parar a cauces que pasan por otras regiones.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se ha posicionado a favor de los trasvases de agua entre cuencas excedentarias y deficitarias, siempre que estén controlados y no causen despilfarros. Asimismo, detecta problemas aún no resueltos en la desalinización y la reutilización de aguas, como los altos cortes energéticos y la acumulación de contaminantes. En la práctica, este organismo anima a la Comisión Europea a que se realicen trasvases.

El CESE es un órgano consultivo de la Unión Europea con más de 50 años de antigüedad y cuyos miembros representan un amplio abanico de intereses económicos, sociales y culturales, desde empresarios hasta ecologistas, pasando por agricultores, ONG y consumidores. Elabora dictámenes sobre las propuestas legislativas de la UE. En este caso, el 30 de mayo aprobó su informe sobre la escasez de agua y la sequía en el territorio de la Unión, como respuesta al documento base presentado por la Comisión Europea, que está siendo sometido ahora a un amplio debate social y político antes de que se tome una decisión final.

Menos cautelas

Frente a las cautelas a los trasvases que formula la Comisión, este organismo mantiene una postura más abierta. «No hay motivo para rechazar a priori los trasvases de caudales, siempre y cuando se hagan de manera controlada para evitar actitudes despilfarradoras respecto de un recurso, el agua, cuya gestión debe estar permanentemente orientada al ahorro y utilizar técnicas más avanzadas de control del consumo», señala el dictamen al cual ha tenido acceso este periódico. En este punto, el dictamen hace referencia a la audiencia pública celebrada en Murcia en abril, donde «se constató que este tipo de técnicas con un uso razonado y razonable del agua ya está disponible en el mercado. Además, los cultivos y la plantación de árboles permiten luchar contra la desertificación».

En este sentido, el CESE «pide» a las autoridades comunitarias «que examinen las posibilidades de llevar a cabo trasvases interregionales de caudales. Incluso desde una perspectiva europea, los trasvases a partir de cuencas excedentarias hacia otras deficitarias pueden resultar convenientes, por ejemplo con vistas a la autosuficiencia agrícola, con la condición de que los usos dados al agua en la cuenca receptora sean eficaces y de bajo consumo».

Al analizar la desalinización, apunta que esta opción plantea dos tipos de problemas: el elevado consumo energético y las pegas medioambientales debido a «los subproductos y la mezcla de concentración de sales». También ve deficiencias en la reutilización «debido a la acumulación de productos contaminantes a lo largo de los ciclos de reutilización».

Agua más cara

Propone el CESE más programas de investigación, como el desarrollo de la desalinización solar, y nuevas técnicas para ahorrar agua. Plantea la posibilidad de reinyectar caudales en las capas freáticas mediante el revestimiento de las vías urbanas, así como habilitar grandes almacenes subterráneos.

El Comité Económico y Social plantea otras novedades sobre el precio del agua. Coincide con la Comisión en que deben aumentar las tarifas y mejorar los mecanismos de medición y registro. El CESE no es partidario de que en algunos países se cargue a los consumidores urbanos los costes de preservación de caudales, en beneficio de los usuarios agrícolas e industriales.

Propone igualmente que cuando la demanda de agua para usos urbanos sea estacional, como ocurre en los lugares de vacaciones, deben establecerse tarifas diferenciadas. «Eso introduciría un elemento de justicia entre los residentes y los veraneantes por lo que se refiere al reparto de los costes fijos del sistema».

Hacer depuradoras y mantenerlas es caro y complicado; además, el buen funcionamiento de las instalaciones exige, además, que las aguas a tratar no presenten complicaciones excesivas.

Por esta razón, el plan prevé que, una vez puestas en marchas las instalaciones, los ayuntamientos se comprometan a mantener la disciplina en lo que se refiere a los vertidos que pueden llegar a las instalaciones.

Se prohíbe o limita el vertido a las redes de alcantarillado y colectores, de aguas residuales de origen industrial, agrícola y ganadero que puedan alterar el funcionamiento de las instalaciones de evacuación y tratamiento.

Se limitan también los productos que pueden ir a parar a las redes de alcantarillado y colectores, regulados en el Reglamento de la Ley del Ciclo Integral de Castilla-La Mancha. Para controlar esta actividad, se someterá a autorización municipal los vertidos de naturaleza no doméstica, con carácter previo a su conexión a las redes de saneamiento.

En algunos casos, las aguas deberán recibir un tratamiento previo antes de su vertido a la red pública.

También se deberán controlar los vertidos accidentales potencialmente peligrosos para la seguridad de las personas o de las instalaciones de saneamiento, así como de los vertidos de los camiones cisterna.

Como mínimo, los vertidos no domésticos deberán contar con una arqueta de registro para su inspección.

Se establece también el criterio de que pague mayor contribución quien más contamine, de modo que las instalaciones responsables de una carga más problemática paguen un canon superior al de quienes realizan un mero vertido de aguas procedentes de su uso doméstico ordinario.

Las lluvias del mes de mayo y principio de junio permitirán a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) abrir el grifo de los embalses, pero sin alegrías. La situación ha mejorado, los pantanos albergan más agua, los acuíferos están «bien» y L’Albufera se mantiene en niveles «normales», según resumió ayer el presidente del organismo, Juan José Moragues. Sin embargo, toda precaución es poca tras cuatro años de dura sequía. De hecho, como destacó Moragues, éste es el cuarto año más seco en los principales embalses del Júcar desde que comenzaron las mediciones en 1940.

A pesar de la mejora, éste es el cuarto año más seco de la historia del Júcar

No obstante, las importantes precipitaciones del último mes y medio han supuesto «un alivio» para el precario equilibrio hídrico en el Júcar, por lo que la confederación ofreció ayer más agua a los regantes en la comisión de la sequía. Las restricciones al regadío no se levantan, pero hasta septiembre, siempre y cuando la necesiten, los agricultores de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana dispondrán en total de 28 hectómetros cúbicos más de los previstos que se soltarán de los embalses. Además, la ciudad de Albacete no tendrá que recurrir a sus pozos para beber y recibirá de los pantanos tres hectómetros cúbicos.

Juan José Moragues recordó que la reducción de recursos a los regantes para garantizar el abastecimiento a las poblaciones en el próximo ejercicio se compensa en parte con aguas depuradas y con los pozos de sequía, que este año están en muy buena situación por la recarga de los acuíferos costeros. Las obras de emergencia de los últimos años también han permitido mejorar la capacidad de embalses como el de Arenós, y también se han producido ahorros con la modernización de regadíos, entre otras actuaciones.

Además, los embalses aún ganarán agua en los próximos días por las escorrentías de las últimas lluvias y los regantes de la Ribera Baixa están aprovechando el mayor caudal de los afluentes del Júcar para no tirar de las reservas.

El panorama ha mejorado, pero la sequía no ha terminado. Las entradas totales desde el pasado octubre en Alarcón, Contreras y Tous -los embalses más importantes- están por debajo de las del año pasado -317 hectómetros cúbicos frente a 366-. Especialmente en el pantano de Alarcón, «que está mal», ya que sólo ha recogido 105 hectómetros cúbicos, frente a los 174 del año pasado por estas fechas. Con estos datos, el sistema del Júcar se mantiene en el estado de emergencia, del que saldrá para instalarse en el de alerta en julio o septiembre si la mejora de las reservas «se estabiliza». La CHJ, además, vigila el cauce medio del río en Castilla-La Mancha, que se recupera ligeramente después de que en los últimos meses haya llegado a secarse al regar varias comunidades de agricultores al mismo tiempo.

El sistema del río Turia continúa en prealerta, aunque la mejoría es evidente. Todos los demás sistemas de la Confederación Hidrográfica del Júcar pueden presumir de un estado de «normalidad». Es el caso del área del Mijares, el Palancia, el Serpis o las dos Marinas. Por todo ello, las reservas globales de la CHJ están, con 876,38 hectómetros cúbicos, por encima de las del año pasado, cuando los embalses guardaban 781.

La confederación celebrará el mes próximo otra comisión de sequía para evaluar la situación y analizar los efectos finales de las lluvias de mayo y principios de junio.

Los Reyes presidirán hoy, a las 21:00 horas, la ceremonia inaugural de la Expo, a la que están invitadas 5.000 personas. Desde mañana, esta muestra estará abierta al público: tres meses por delante para conocer las propuestas de 105 países, de todas las comunidades autónomas, de organismos internacionales, compañías y organizaciones no gubernamentales, con el agua como argumento. El espectáculo «Iluminar» será el protagonista de la ceremonia inaugural. Estará compuesto por la pirotecnia dirigida por Christophe Berthoneau, y los hinchables de Plasticiens Volants.

Los Reyes estarán acompañados por los Príncipes de Asturias, los Duques de Palma y la Infanta Elena, así como por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, varios de sus ministros, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, y el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch.

La apertura de la Expo pone fin a una carrera que arrancaba hace nueve años, cuando Zaragoza, con el respaldo del Estado, se lanzó como candidata a organizar esta muestra.

«Agua y desarrollo sostenible»

Comienzan tres meses de exposición y de un concentrado programa de actividades culturales y espectáculos. En el recinto, el visitante se encontrará con 60.000 metros cuadrados de pabellones expositivos, en los que se funden propuestas en torno al lema de la exposición, «Agua y desarrollo sostenible», pero también oferta turística y divulgación.

Todo ello, acompañado de más de 4.500 espectáculos de teatro, música y danza. Además, unas 32.000 personas participarán en la Tribuna del Agua, un foro de debate en el que intervendrán, entre otros, Mijail Gorbachov, Rigoberta Menchú o Federico Mayor Zaragoza.

A las 25 hectáreas del recinto, levantado en el Meandro de Ranillas, se añaden las 120 hectáreas del Parque Metropolitano del Agua en ese mismo espacio natural, el Meandro de Ranillas y su entorno labrado por el Ebro. El parque consta de un jardín botánico de 13 hectáreas y un sistema de canales, acueductos y balsas de navegación.

2.250 millones de inversión

El Estado ha sufragado la mayor parte de las inversiones, a las que también han contribuido el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza, junto a socios y patrocinadores privados. En total, 700 millones de euros dedicados a construir el recinto de la Expo y otros 1.550 millones del denominado Plan de Acompañamiento, para infraestructuras complementarias en Zaragoza.

Durante los tres meses que permanecerá abierta, la Expo espera recibir 3,6 millones de visitantes. Como algunos entrarán varias veces al recinto, el cómputo total de visitas que se han marcado como objetivo asciende a seis millones y medio. Y los organizadores se muestran optimistas, porque hasta el momento ya hay garantizadas más de tres millones de visitas con las entradas y pases que se han vendido antes de la inauguración.

Entre tanto, el alcalde de Zaragoza emitió ayer un bando en el que llama a la colaboración de los vecinos de la capital para que expresen su «mejor disposición» y hagan que la ciudad muestre «su mejor cara». «Nos queda un último esfuerzo», dice Belloch en su bando: «Ser los mejores anfitriones para nuestros visitantes».