La Comunitat Valenciana dispone todavía de 121.528 hectáreas de regadío en las que se sigue practicando el tradicional «riego a manta», lo que supone, una mayor «ineficiencia» y un consumo de agua más elevado, según los expertos, matizado por las grandes beneficios medioambientales que este tipo de riego genera en los humedales costeros valencianos en muchos acuíferos.
Las algo más de 120.000 hectáreas representan un 40,6% de la superficie regable valenciana y en el contexto nacional se sitúa en un lugar intermedio, aunque muy por encima del de Murcia, comunidad que también reclama trasvases para paliar su escasez de agua, o de Andalucía y Castilla-La Mancha.
Las cifras fueron dadas a conocer ayer por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Fenacore, y tienen como fuente la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce).
El presidente de esta institución, Andrés del Campo, reclamó ayer al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, un paquete de medidas para amortiguar el encarecimiento de la factura eléctrica de los regantes, que oscila notablemente según el método de riego empleado.
Los regantes han solicitado una nueva prórroga de seis meses de la tarifa especial de riego hasta la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas. Fenacore persigue que el Ejecutivo disponga del tiempo necesario para elaborar unas tarifas específicas.
Aseguran que las nuevas tarifas son «abusivas» y pueden suponer incrementos en la factura de entre el 20 y el 40% que, paradójicamente, penalizarían a quienes han modernizado su regadío aplicando el riego localizado que tiene mayor consumo eléctrico que el de por gravedad.
En el territorio nacional el riego por goteo supone el 44,7% del total, aunque hace apenas ocho años, en 2000, representaba el 17%.
En la Comunitat Valenciana se ha alcanzado un porcentaje de riego localizado del 58,52%, sólo superado por Canarias (73,5%), Andalucía (71,73%) y Murcia (77,08%).
Las comunidades autónomas más retrasadas en la incorporación de nuevas tecnologías de riego son, según puede verse en el cuadro adjunto, Castilla-León, con apenas un 3,92% y Aragón con un 10,93%.
En la vecina comunidad de Castilla-La Mancha el porcentaje de riego localizado se aproxima ya, con un 54,7%, al de la Comunitat Valenciana.

La federación de regantes plantea a Sebastián un paquete de medidas para «aliviar» la factura al regadío MADRID, 5 (SERVIMEDIA) La subida de las tarifas eléctricas del regadío preocupa más a los regantes que la falta de agua y los costes que la sequía genera, según reconoció hoy el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo.

El presidente de los regantes convocó hoy una comida de prensa en Madrid para quejarse de los costes «desorbitados» que la desaparición el próximo mes de julio de las tarifas especiales para el regadío tendrá para estos profesionales.

Según advirtió Del Campo, esta subida tarifaria puede obligar a los agricultores a sustituir el regadío por el secano; provocar la pérdida del 20% del PIB que genera la industria agroalimentaria del país; frenar la modernización del sector, el ahorro de agua e, incluso, «paralizar muchos de los regadíos» de España.

«Las nuevas tarifas son abusivas, pueden suponer un encarecimiento medio de los costes energéticos de entre el 20% y 40% en la próxima campaña de riego. Para nosotros es un elemento limitante, peor incluso que la falta de agua y sus costes», subrayó.

SOLUCIONES Ante esta situación, las comunidades de regantes de todo el país convocaron en Madrid esta semana una Junta general para estudiar un paquete de medidas «urgentes» con el que el Ejecutivo les podrá «aliviar» la factura eléctrica.

Fenacore ha presentado este paquete de medidas al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián; al vicepresidente Económico, Pedro Solbes, y a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

En primer lugar, solicitan una nueva prórroga de seis meses de la tarifa especial de riego, hasta la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas. Con este aplazamiento, los regantes persiguen que el Ejecutivo «disponga del tiempo necesario para constituir grupos de trabajo que planteen alternativas que faciliten la adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado».

Una alternativa a la prórroga de la tarifa especial agraria sería la aprobación de una tarifa de último recurso a la que se puedan acoger los regadíos.

Modificar el nuevo periodo tarifario de los meses de junio y julio, «los de mayor coste» y «justo aquellos en los que se riega», para aplicar en esos «meses punta» tarifas más bajas; facilitar el acceso de los regantes a las energías renovables y aplicar a estas comunidades un tipo reducido de IVA en el suministro de electricidad para los regadíos, son otras de sus propuestas.

El alcalde de Hellín, Diego García Caro, arropado por representantes de la UGT, agricultores de la UPA y el alcalde de Tobarra Manuel Valcárcel, en representación de la Fundación Campos de Hellín, mostró ayer su apoyo a la resolución del Gobierno de regional de enviar al fiscal, para su investigación, la situación de los pozos de sequía que la Confederación del Segura ha abierto en la comarca.

García Caro dijo que en numerosas ocasiones el Ayuntamiento ha llevado a cabo actuaciones para defender los intereses de nuestra tierra: «Hemos solicitado medidas para poner fin a lo que supone un claro abuso y un expolio incontrolado de los escasos recursos hídricos subterráneos de nuestra tierra. Además existe una Ley que regula el Trasvase Tajo-Segura que dice que queda prohibido derivar aguas subterráneas de la provincia de Albacete al Levante Español; queremos que se cumpla la Ley en los once pozos que están abiertos en estos momentos».

Agregó el alcalde que «no podemos permitir ni aceptar que a nuestros agricultores se les pongan todo tipo de trabas y dificultades para el acceso a nuestras aguas subterráneas; y saltándose las normas dictadas se autoriza y se fomenta para abastecer las vegas del Segura».

«Lo que a nosotros se nos niega -añadió- se le ofrece a otros territorios del levante, por eso no vamos a tolerar que la riqueza de unos se haga a costa de empobrecer a otros. El agua es vital para nosotros y no estamos dispuestos a seguir tolerando transferencias a la región de Murcia, sin saber el uso que se le da al agua que nos están quitando».

Pacto por el agua

El alcalde dijo que la decisión del Gobierno de la región ha sido valiente, y agregó que «tenemos que llegar a un pacto por el agua donde los agentes políticos, sindicales, ganaderos, agricultores alcancemos un gran acuerdo para resolver estos problemas que vienen a enfrentar a los territorios».

El secretario provincial de UPA, Julián Morcillo, dijo que estas acciones de la Confederación del Segura no sólo atentan contra Hellín sino contra los intereses de la región, por lo que su organización también apoya al gobierno regional: « No se pueden amparar en un Real Decreto Ley, desde la Confederación se lleva a cabo un trasvase encubierto en torno a 40 hectómetros cúbicos. No podemos estar de acuerdo cuando tenemos regadíos declarados de interés social aprobados en el Pan Nacional de Regadíos como en Liétor o Elche de la Sierra y no se les autoriza el riego».

Añadió que esos pozos «ponen en peligro los regadíos de nuestras zonas porque bajan los niveles».

Agregó el dirigente de la UPA que «no podemos entender que explotaciones a las que se les está reduciendo el agua estén a pocos metros de estos pozos, que se llevan un caudal inmenso a través del río Mundo a Murcia». La UGT, a través de Eduardo Mayordomo, dijo que su presencia era para seguir apoyando la decisión de que se tomen medidas para cerrar los pozos: «Valoramos positivamente la decisión tomada por el presidente Barreda para cerrar la explotación de los once pozos. Tenemos el mismo derecho de crecer que en las comarcas cercanas».

El alcalde de Tobarra apoyaba también la decisión de la Junta; dijo Valcárcel que no era justo que el agua «se la esté llevando Murcia cuando la necesitamos en nuestras tierras, y no podemos permitir ni lo vamos a permitir lo que está sucediendo con el agua».

Julián Martínez, de la UPA, dijo que como agricultores no van a poner trabas a los agricultores compañeros de otras regiones, «pero entendemos que las extracciones de los pozos de nuestra tierra pueden ir a otros usos; es muy grave y resulta penoso que agricultores de nuestra región por donde pasa el agua no pueden hacer uso de ella; se necesita de un estudio muy amplio y concreto para conocer las necesidades que tiene cada sector».

Las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al periódico «Financial Times», en las que afirma que España no construirá más centrales nucleares por los costes que generan, pero también porque un país vulnerable a las sequías no tiene suficiente agua para refrigerar los reactores, han provocado, cuanto menos, incredulidad y sorpresa entre el sector eléctrico y la industria nuclear.

Fuentes consultadas por este periódico han recordado que las centrales nucleares necesitan grandes cantidades de agua, pero que el 98% se devuelve al medio del que se toma, sea un río, un embalse o el mar, después de enfriarse. El resto, se evapora.

Hay que subrayar que el agua que se utiliza sólo se destina al circuito de refrigeración de la instalación, por lo que nunca puede contaminarse.

Cada central nuclear tiene una concesión de consumo de agua. Una instalación tipo de 1.000 MW, tiene un consumo de entre 15 y 20 hectómetros cúbicos al año, según el Foro Nuclear.

Además, todas las centrales de generación eléctrica que emplean turbinas de vapor, como las que utilizan carbón y gas natural, también necesitan grandes cantidades de agua como refrigerante para producir la condensación del vapor que, al expansionarse en la turbina, mueve el generador y produce la electricidad.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apuesta claramente por la energía renovable como fuente energética para España en el futuro. Entrevistado por el Financial Times, Zapatero ha descartado la inversión en energía nuclear porque, a diferencia de Francia, este país «no tiene la capacidad de agua suficiente» para refrigerar este tipo de plantas.

«Nuestra posición es muy clara: mantenemos el calendario de cierre de nuestras centrales nucleares, salvo circunstancias especiales«, respondió Zapatero al ser preguntado sobre qué alternativa energética elegirá de cara al futuro del país. «Una apuesta por la energía nuclear podría ser la opción fácil, pero no la mejor a largo plazo», afirmó el presidente del Gobierno, y explicó que las plantas nucleares «podrían erosionar nuestro interés en las renovables» a la hora de investigar e invertir en ellas, añadió Zapatero.

«Es cierto que las energías renovables son caras y que no pueden ser desarrolladas sin el apoyo del sector público, pero es un importante inversión de futuro», agregó.

La confianza en las renovables del jefe del Ejecutivo es tal que espera que la conexión eléctrica con Francia «permitirá enviar de España a Francia este tipo de energía, producida con recursos renovables»

El presidente del Gobierno considera que la política energética europea debe ser construida bajo dos premisas, garantizar el suministro y la cooperación, requisitos con los que justifica que «no todos los países aspiran a tener un ‘campeón nacional'» y que la relación con los países exportadores de energía a Europa, en especial Rusia, debe ser fluida.

«Se debe mantener una buena relación por motivos geopolíticos, porque se debe garantizar la estabilidad y el equilibrio, y porque la Unión Europea tiene que tener relevancia en el mundo. Tener de compañero a Rusia es un activo valioso en el orden mundial», dijo Zapatero sobre la relación europea con el país del este.

Respecto a las relaciones con Estados Unidos, Zapatero confía en el triunfo del candidato demócrata Barack Obama en las próximas elecciones generales de noviembre. «Me gusta, sí me gustaría verle en la Casa Blanca», dijo el presidente del Gobierno tras augurar que «noviembre traerá un nuevo amanecer para hacer frente a los retos que el mundo encara».

Garantiza las conquistas sociales ante la crisis

«En mi Gobierno, los derechos de los trabajadores no serán erosionados». El presidente del Ejecutivo aseguró en la entrevista que las turbulencias económicas no afectarán a los avances sociales logrados hasta ahora. «Los términos de los pactos colectivos sólo cambiarán en la medida que patronal y sindicatos acuerden su modificación«, señaló.

En caso de nuevas negociaciones entre ambos colectivos, el papel del Gobierno será, según Zapatero, «promocionar,apoyar y acompañar estos procesos». Una política de «economía dinámica» que Zapatero promociona con la liberalización de la economía: «el sector público apenas pesa en España, básicamente todo está siendo privatizado», dijo el jefe del Ejecutivo antes de destacar la importancia de sectores privatizados como el logístico, el energético y las telecomunicaciones.

«Estamos bien preparados ante las dificultades que llegan», dijo Zapatero ante la inevitable pregunta sobre la debilidad de España ante la crisis, según el ‘Financial Times’. «En 2007 hemos sido el tercer país inversor del mundo tras Estados Unidos y Francia», a lo que añadió que «nuestros bancos no han tenido ningún problema durante la crisis financiera«.

El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, dijo ayer que su grupo no se opone a que el futuro Pacto Nacional del Agua contemple trasvases, aunque sólo para dar de beber en las zonas donde sea necesario y no para otros usos, algo que cree que debe quedar recogido explícitamente en ese pacto.

Moreno respondía así a preguntas de los periodistas sobre ese gran pacto nacional del agua que la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, anunció ayer que quiere hacer el Gobierno de España y en el que no se descartarían los trasvases.

Manifestó que «lo que dice la ministra nos satisface», pues no sólo debe haber «soluciones bilaterales» para resolver el programa del agua, que recordó «es un problema nacional, que afecta a todos los españoles y debe afrontarse desde un gran pacto nacional».

El portavoz socialista afirmó que desde Castilla-La Mancha no se ha descartado nunca el trasvase de agua de una cuenca a otra para beber.

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, opinó ayer en Albacete que este anunciado Pacto Nacional del Agua «se van a negar todo tipo de trasvases menos el Tajo-Segura que, según la ministra, se va a mantener tal y como está». Cospedal apostilló que no entiende «por qué, en este sentido, Aragón o Cataluña tienen un trato preferencial por parte del PSOE y a Castilla-La Mancha se la perjudica a la hora de hablar de trasvases sí o trasvases no».

Por su parte, la diputada regional del Partido Popular, Carmen Casero dijo ayer que la postura de su partido en la región en materia hidráulica sigue siendo la recogida en el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, favorable al fin del trasvase Tajo-Segura, y que no puede valorar el pacto nacional sobre el agua que ahora ofrece el Gobierno de España porque «no está escrito».

Carmen Casero recordó que el PP de Castilla-La Mancha ya pactó en su día una postura con el Gobierno regional en la reforma del Estatuto. «Esa es nuestra postura y está clara», añadió finalmente.

Otras posturas

Por otro lado, los gobiernos de la Comunitat Valenciana y de Murcia mostraron ayer su disposición a trabajar con el Gobierno central y con el resto de comunidades autónomas para alcanzar un gran pacto del agua, pero avanzaron que no aceptarán que se deje fuera «una parte de la solución», como es el trasvase del Ebro.

Por último, el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, afirmó ayer que el titular del Congreso de los Diputados, José Bono, «a lo que tiene que dedicarse es a presidir el Congreso, que de la consolidación del trasvase Tajo-Segura ya se encarga el Gobierno de España», en relación a la felicitación que Bono hizo al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, por haberse «cargado» el trasvase.

La presidenta regional del Partido Popular, Mª Dolores Cospedal, ha mantenido una reunión de trabajo con los representantes de las asociaciones de comerciantes de Albacete –integrados en FEDA- para escuchar las reivindicaciones y problemas del sector y para desgranar las propuestas que el Partido Popular ofrece como solución.

Cospedal pidió ayuda para el sector servicios y comercio tradicional, con una serie de medidas que abarcan desde aumentar las dotaciones de efectivos de Cuerpos de Fuerzas de Seguridad del Estado, reformas en el código penal “para que delinquir en España no salga barato”, e incentivos fiscales que ayuden a pequeños y medianos empresarios a mantener los puestos de trabajo.

Aseguró la presidenta regional del Partido Popular que es especialmente importante ayudar al comercio tradicional de nuestra comunidad en el contexto de una crisis económica como lo demuestran los datos del desempleo conocidos este martes: “Es la primera vez en 12 años que sube el paro en el mes de mayo, a lo que hay que añadir el 20% de incremento de desempleados en Castilla-La Mancha durante el último año”.

Incoherencia del gobierno socialista de la región en materia de agua

Asimismo, Cospedal ha mantenido, posteriormente, una reunión con los agricultores de la Junta Central de Regantes Mancha Oriental, donde apostó por “un Plan Nacional del Agua donde no exista un trato preferencial hacia determinadas Comunidades Autónomas en detrimento de Castilla-La Mancha” y criticó que se hayan derogado todos los trasvases mientras se mantiene el acueducto Tajo-Segura.

La presidenta regional del PP lamentó que los diputados de Castilla-La Mancha del PSOE derogaran el anterior Plan Hidrológico Nacional “después de haberlo aprobado en nuestra región, donde se dijo que era el mejor Plan que se podía tener. Espero que si se llega a un gran acuerdo, la Junta no cambie de opinión a los pocos días”.

Añadió Cospedal, en este sentido, que “el PP tiene las cosas claras y nos dedicamos a defender los intereses de nuestra tierra”. Por su parte, los regantes expresaron su postura ante una redacción del Plan de Cuenca del Júcar, destacando el esfuerzo realizado por estos regantes para ahorro en el consumo de agua procedente del propio Júcar.

Las reacciones de las distintas comunidades autónomas implicadas en la «guerra del agua» al anuncio de un pacto nacional lanzado por la ministra de medio Ambiente, Elena Espinosa, no se han hecho esperar. Mientras las cuencas potencialmente receptoras aplaudieron el principio de «cambio» en las tesis del Ejecutivo, las que se convertirían en cedentes mostraron una vez más su oposición frontal.

Las dos regiones que comparten la cuenca hidrográfica del Segura -la más deficitaria de España-, la Comunidad Valenciana y Murcia, se felicitaron ayer por la intención del Gobierno de alcanzar un «gran Pacto del Agua», como lo definió Espinosa el pasado lunes.

Tanto el consejero de Agua valenciano, José Ramón García Antón, como su homólogo en la Región de Murcia, Antonio Cerdá, aplaudieron el cambio de postura del Ejecutivo -que durante la pasada legislatura vetó la posibilidad de debatir la interconexión de cuencas-. No obstante, se mostraron poco optimistas sobre las posibilidades del citado pacto, dado que Espinosa «ha excluido de entrada» el trasvase del Ebro al Levante.

Antes de participar en Alicante en unas jornadas sobre gestión de aguas organizadas por una asociación empresarial, García Antón admitió que la salida de Cristina Narbona del Ministerio dibuja un nuevo escenario tras la «etapa antitrasvasista», acentuado por el debate en torno a la derogada transferencia a Barcelona, y dijo que «gobiernan según la climatología».

«Criterios técnicos»

El consejero valenciano, que la pasada semana se reunió con el secretario de Estado de Agua, José Puxeu, confió en que la relación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno «cambie» tras ese encuentro, en el que se limaron asperezas. En cualquier caso, recordó que la «radical» política de Medio Ambiente en los últimos cuatro años será difícil de cambiar «de golpe», por lo que se mostró cauto sobre su verdadero alcance.

En este sentido, afirmó -en relación a la negativa de Espinosa a debatir sobre el trasvase del Ebro original- que «si se veta algo, es que no hay un sincero deseo de pacto». Por ello, advirtió que «aunque estamos dispuestos» a formar parte de dicho acuerdo, «si empiezan con exclusiones, no podemos estar».

El consejero de Agua de la Generalitat Valenciana incluso retó a la ministra de Medio Ambiente: «Estamos dispuestos a admitir, si nos lo demuestran, que no tenemos razón al pedir el trasvase», dijo. Eso sí, pidió que el debate se centre en aspectos «técnicos, y no políticos». Así, consideró que el Ebro «nos recuerda cada dos meses -en relación a las crecidas del río- que tiene agua suficiente» para acometer la transferencia.

El consejero murciano, por su parte, se sumó al análisis de su homólogo. Cerdá dio la «bienvenida» al Pacto del Agua propuesto por la ministra, aunque advirtió que el trasvase del Ebro al Levante «tiene que estar sobre la mesa». El consejero advirtió que el Ebro «no es un río sagrado», y por tanto se trata de una opción a contemplar «como el resto».

Aragón, entre tanto, no quiere que se siga hablando de trasvase. La coalición PSOE-PAR ha estado a punto de tener que digerir un trasvase a Barcelona después de años arremetiendo contra el PP por el defendido para la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

«Vacuna» contra el trasvase

A toro pasado, con el trasvase a Barcelona descartado gracias a las lluvias, el líder del PAR y vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, exigió ayer que se le otorgue a esta Comunidad la gestión de 6.550 hectómetros cúbicos. Es el volumen que el Pacto del Agua de 1992 reconoce como necesaria para cubrir las necesidades hídricas de esta Comunidad, la misma cifra que incluyó el PHN del gobierno Aznar y la que, eso sí, sigue sin poder hacerse efectiva porque no hay embalses en los que guardar el agua. Embalses que fijaba en 1992 el mismo Pacto del Agua de Aragón.

Desde 1999, los esfuerzos institucionales de esta región han dado prioridad a luchar contra el trasvase del Ebro. Ahora, la coalición PSOE-PAR subraya que esos embalses son imprescindibles para abastecer a Aragón, pero también como «vacuna» contra futuros intentos de trasvases, porque con 6.550 hectómetros cúbicos a gestionar, será más difícil que haya excedentes en el Ebro.

Para que esos embalses lleguen de una vez, Biel defiende que sea Aragón la que gestione la ejecución de las obras, que en cualquier caso han de ser financiadas con los presupuestos del Estado. Biel avanzó que así lo pedirán el próximo 7 de julio, en la comisión bilateral de coordinación Estado-Aragón. El vicepresidente aragonés afirmó que si esta Comunidad gestiona esa reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos y los embalses se hacen de una vez por todas, se habrá acabado con la «amenaza del trasvase para los próximos cien años».