La ponencia económica que se presentará a debate en el XVI Congreso del PP de junio defiende los trasvases de agua entre cuencas y la recuperación de la política hidráulica del Gobierno de Aznar, informó el PP de Murcia.

Según el portavoz de la ejecutiva regional, Pedro Antonio Sánchez, el PP ha asumido «íntegramente» las propuestas realizadas desde Murcia y considera, así, los trasvases como «oportunidad de progreso para todos».

Sánchez explicó que la ponencia económica que se presentará al congreso de Valencia defiende la construcción de trasvases de cuencas excedentarias a deficitarias, una vez cubiertas las necesidades de las cedentes, y considera estas infraestructuras como un «instrumento eficaz para la mejora del medio ambiente hídrico, y un elemento de seguridad frente a posibles efectos del cambio climático». El texto argumenta, según Sánchez, que «es plenamente posible el empleo en una cuenca de recursos sobrantes disponibles de otras, siempre de forma no prioritaria y subordinada a las necesidades de la cuenca de origen y cumpliendo obligatoriamente estrictos requisitos de orden técnico, jurídico-administrativo, ecológico y económico».

Hasta 22 litros por metro cuadrado se sumaron ayer al espectacular balance de precipitaciones de este mes en la Comunitat Valenciana. El último domingo de mayo de 2008 dejó lluvias generalizadas, de carácter moderado en la mayor parte de las comarcas valencianas, pero con registros que superaron los 20 litros en la provincia de Castelló, donde Catí acumuló 22 litros y Fredes otros 20. En las provincias de Valencia y Alicante, las lluvias de ayer fueron más débiles, con valores de entre 5 y 10 litros por metro cuadrado, aunque se extendieron por la mayor parte de las comarcas, de acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Con las lluvias y tormentas de este fin de semana han aumentado notablemente los puntos de la Comunitat en los que se superan este mes los 100 litros por metro cuadrado y, lo que es más importante, el balance es extensivo a la cabecera de la cuenca hidrográfica del Júcar. Los datos de las diferentes cuencas corroboran que el aumento de las reservas es generalizado en toda España, incluida Cataluña, donde los embalses alcanzaban durante este fin de semana más del 35% de su capacidad.
Las temperaturas de ayer, domingo, fueron claramente inferiores a las normales: en la mayor parte de la Comunitat no se superaron los 20 grados, algo impropio de finales de mayo. En Valencia, por ejemplo, el termómetro se quedó en 18 grados de máxima.
Persiste la inestabilidad
Las previsiones meteorológicas no dan por zanjada la situación de inestabilidad y la mantienen para esta última semana de mayo. Según la Aemet, con mayor o menos intensidad, una borrasca mantendrá su influencia sobre la mayor parte de España en estos próximos días, por lo que el balance final de lluvias de mayo aún puede aumentar apreciablemente, tanto en la Comunitat Valenciana como en la cabeceras del Júcar.
En el caso de nuestra comunidad, para hoy y mañana se espera el predominio de cielos nubosos con riesgo de chubascos tormentosos de intensidad entre débil y moderada.
Como ya adelantó Levante-EMV, este mes de mayo es el segundo más lluvioso de las últimas décadas tras el de 2002 para numerosas comarcas de la Comunitat Valenciana.

La reserva de agua de la Península ya está por encima de la de 2006 por estas mismas fechas. Aunque los embalses registran un 57% de su capacidad, siete puntos por debajo del año pasado, la lluvia ha dado un respiro a la alarmante sequía de los últimos meses. Cataluña, la comunidad más necesitada, es también una de las más beneficiadas: sus reservas ya superan el 35%, cuando hace tan sólo 40 días rozaban el 20%.

El crecimiento de reservas que muestra el último boletín hidrológico -del pasado martes- se extiende a todas las cuencas excepto dos andaluzas: la del Guadiana y la Atlántica. Y las previsiones son optimistas. La Agencia Estatal de Meteorología augura lluvias en prácticamente toda la Península durante, al menos, los próximos cuatro días.

La depresión que cruzará la Península este fin de semana aportará precipitaciones especialmente abundantes sobre Cataluña. «Serán chaparrones que caerán de forma muy irregular pero sin descanso», señaló ayer el Meteocat, servicio meteorológico catalán. Las previsiones señalan que el frente beneficiará sobre todo el noroeste del territorio, donde se concentran las cabeceras de los ríos que alimentan el área barcelonesa. La horquilla que maneja el Meteocat estima que esta zona recaudará entre 50 y 70 litros por metro cuadrado. La última vez que se auguró la misma intensidad, a principios de mayo, las reservas de los embalses catalanes aumentaron cinco puntos en una semana.

Es probable que la tónica de chubascos intensos se puedan mantener en Cataluña hasta el próximo viernes. De cumplirse este pronóstico, las lluvias cerrarían un mes pasado por agua en Cataluña. A falta del balance definitivo, el Meteocat lo define como el mayo más húmedo desde el año 1977.

La unidad de los regantes se resquebraja por momentos. La figura de Andrés Martínez, que durante los últimos años ha ejercido como líder indiscutible de los agricultores del Vinalopó, está siendo cuestionada por parte de algunas comunidades desde que se conociera el interés de la multinacional Danone en embotellar agua procedente de los acuíferos de Villena.

Precisamente, los 200 millones de litros de agua al año -que podrían ampliarse hasta los 700 millones- que la firma Font Vella, filial de Danone, utilizaría para el envasado y posterior explotación comercial se extraerían de uno de los pozos que son propiedad de la Comunidad de Regantes de Villena, cuyo presidente es Andrés Martínez.

La asamblea de dicha entidad decidió aprobar la cesión a la mercantil de una cantidad mínima de 0,2 hectómetros cúbicos y máxima de 0,7 hectómetros cúbicos del caudal que, hasta la fecha, ha servido para regar hortalizas. Para compensar el volumen de extracción y no saturar todavía más los esquilmados acuíferos del Vinalopó, los agricultores de Villena están dispuestos a sacrificar un total de 200 hectáreas de cultivo. Ello supondría, según cálculos de la entidad, el ahorro de casi 1 millón de litros de agua al año.

Además, la Comunidad de Regantes de Villena obtendría unos ingresos anuales de 150.000 euros en concepto de canon de explotación que vendrían muy bien para solventar la deuda millonaria que la entidad contrajo con la Sociedad Estatal de Infraestructuras de la Meseta Sur (Seiasa) a causa de las obras de modernización de los regadíos.

Pese a que la asamblea de la Comunidad de Regantes de Villena dio su visto bueno a la operación por amplia mayoría de los socios asistentes, su presidente no ha podido evitar que, a lo largo de los últimos días, surjan algunas voces discrepantes con la idoneidad la planta embotelladora y, sobre todo, con la implicación particular de Andrés Martínez en la gestión del proyecto. No hay que olvidar que parte de la parcela donde se prevé la instalación del complejo es propiedad de la empresa Horfres, regentada por el propio Andrés Martínez.

Malestar en el Consell
Por otro lado, cabe reseñar el malestar que ha generado el proyecto en el seno del Consell, al ser presentado pocas horas después de celebrarse en Orihuela un acto reivindicativo para exigir el trasvase del Ebro, en el que se dieron cita 300 alcaldes acompañando al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El propio Andrés Martínez ha admitido su error al escoger ese día para aprobar la venta de agua a la multinacional Danone. Sin embargo, este propósito de enmienda no le ha valido para evitar el cisma en el seno de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó que preside su paisano y delfín, Pedro Menor.

El pasado jueves, este organismo que aglutina a las comunidades de regantes y ayuntamientos del Alto y Medio Vinalopó, celebró una junta extraordinaria para abordar la petición de dimisión de Andrés Martínez como presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y la Marina Baixa. Dicha solicitud fue cursada de manera oficial por la comunidad Montagud de Novelda, la comunidad de Beneixama, las comunidades de San Cristóbal y Pinar Alto de Villena, así como por el Ayuntamiento de Sax, gobernado por la socialista Ana Barceló.

Los representantes de estas entidades consideran que, en estos momentos y dado los acontecimientos, la figura de Andrés Martínez significa un obstáculo para los intereses de los regantes del Vinalopó al estar enfrentado tanto a organismos estatales como a comunidades de regantes del Júcar.

Andrés Martínez se defiende
Martínez, sin embargo, replica a este argumento afirmando que la polémica está orquestada por el PSOE, que trata de dividir a los regantes para sacar rédito político. No obstante, para curarse en salud, el, todavía hoy, presidente de la Junta Central de Usuarios ha preferido promover la creación de una comisión dentro de la propia entidad que se encargará de llevar las negociaciones con la Administración estatal.

Con esta fórmula, Andrés Martínez pretende pasar a un segundo plano y, de esta forma, rebajar la tensión generada en las últimas semanas en torno a su persona tras su gestión en el proyecto de la planta embotelladora de Villena.

WILLIAM COLOM El intento de la Comunidad de Regantes de Villena de vender su agua proveniente, además, de un acuífero declarado sobreexplotado no ha hecho más que poner sobre la mesa lo que no era más que una evidencia a voces: la falacia del «déficit hídrico estructural» que atenaza el desarrollo de esas tierras, no es tal. Bien al contrario, se trata de un claro ejemplo de uso insostenible de un recurso, muy por encima de la capacidad de ese territorio. Y no es el único en la cuenca del Júcar, ni mucho menos. En realidad, el tan manido déficit de esta cuenca no es, ni mucho menos, cierto. Y así lo afirmaba también hace poco en una entrevista el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y también saben perfectamente que es así aquellas personas que han hecho de ese discurso victimista, materia de fe y de confrontación permanente. Confrontación que obstaculiza (cabe preguntarse si consciente e interesadamente) cualquier reflexión y estudio serio al respecto.
Independientemente de este nuevo y último hecho, ya son muchas las veces que desde Acció Ecologista-Agró hemos solicitado (se puede comprobar consultando tanto las actas de los órganos correspondientes en los que participamos, como comunicados o notas de prensa anteriores) la sistemática revisión de las concesiones, adaptándolas a las situaciones y necesidades reales, y recuperando, de forma prioritaria, los caudales liberados para satisfacer las incumplidas demandas y objetivos ambientales de nuestros acuíferos, masas de agua, ecosistemas y hábitats acuáticos. Recuperando, en definitiva, el dominio público de este recurso. Garantizando de ese modo que, tal como establecen nuestras leyes, las necesidades ambientales dejen de ser papel mojado y alcancen a ser las restricciones que se imponen con carácter general a los sistemas de explotación.
En tanto en cuanto no se recuperen y garanticen esas demandas y objetivos ambientales mediante, como hemos dicho, las oportunas revisiones de concesiones, no deberían, ni tan siquiera, plantearse nuevos usos adicionales a los ahora existentes, ni tampoco cesiones de derechos de usos como el pretendido por la Comunidad de Regantes de Villena. Cesiones de derechos que, caso de serlo, deben tener carácter temporal y están sometidas a previa autorización administrativa.
Por otra parte, y aprovechando el mismo hecho con el que iniciábamos este artículo, es conveniente recordar, ya que parece que algunos lo han olvidado, que las concesiones de agua son eso, concesiones hidráulicas, con lo que eso implica respecto a la precariedad de las mismas, al estar supeditadas a la disponibilidad o no de recurso. Y es que esas concesiones se otorgan debiendo tener en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos. Razón por la cual no se entiende el empecinamiento de algunos en hablar del derecho que tienen a disponer de esos caudales, independientemente del estado de los acuíferos o ecosistemas acuáticos asociados. Y mucho menos si, además, tenemos en cuenta que la asunción real de las obligaciones ambientales marcadas por la Directiva Marco del Agua implicaría, necesariamente, la revisión de las concesiones y autorizaciones para poder cumplir con esas obligaciones. Co-mo tampoco se entiende que la administración competente conceda indemnizaciones (vía ofertas públicas de adquisición de derechos) cuando, por razones de afecciones ambientales o de falta de recurso debido a un período de sequía severa como el actual, se deben restringir las extracciones.
Si a lo dicho le añadimos que, de acuerdo a la normativa de aguas, el agua que se conceda quedará adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se tratase de riegos, con la excepción de lo previsto en el caso de cesiones de derechos. O que toda modificación de las características de una concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante. Es más que evidente, entonces, que la comunidad de regantes antes citada, ha hecho de su capa un sayo y, tirando por la calle de en medio, ha decidido adjudicarse algún derecho que, obviamente, no le corresponde.
Y es que, tanto en este caso como en otros similares, el hecho de que agua concedida para regadío pase a ser agua de uso industrial (la venta de agua embotellada vendría a ser eso y no abastecimiento) o de suministro para urbanizaciones, constituye una clara modificación de las características y condiciones de la concesión. O es eso o, peor aún, se trata de un incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión, con lo que podría implicar la declaración de caducidad del derecho concesional del cedente.
*Biólogo. Consultor ambiental. Acció Ecologista-Agró.

Un 47% de las riberas de los principales ríos valencianos presenta un deficiente grado de conservación hasta el punto de que la recuperación y regeneración de los mismos es «inviable», «difícil» o «muy difícil» en un 42% de los tramos incluidos en un estudio encargado por la Confederación Hidrográfica del Júcar a un equipo de la Universitat de Valencia del que forma parte, entre otros, el director del Jardín Botánico de Valencia Antoni Aguilella.
El estudio, denominado «Bases para un plan de conservación de riberas de la Confederación Hidrográfica del Júcar» pretende, además de hacer un diagnóstico de situación, establecer distintas tipologías de zonas para una acción posterior «que garantice una adecuada protección y gestión de las riberas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar».
Sin embargo, la situación de partida no es, en muchos casos, la idónea para pensar en una recuperación de las riberas de los ríos, un espacio que en los últimos años «han cobrado un protagonismo especial» a la hora de precisar el estado ecológico de los ecosistemas acuáticos, un factor esencial en la gestión hídrica en la directiva marco del Agua de la Unión Europea.
El estudio afecta a los diez cauces principales de los ríos mas importantes e la cuenca hidrográfica del Júcar en los que se han delimitado 239 tramos que abarcan 1.741 km de cauce y a los que se han otorgado un valor de calidad (estado de conservación) basado en el índice denominado QBR.
Los resultados del trabajo indican que casi la mitad de los tramos estudiados (47%), presentan un deficiente estado de conservación, con calidades «pésima» o «mala», y solo un 33% se conservan bien (categorías «buena» y «óptima».
Entre los ríos estudiados el Cabriel destaca por su estado de conservación, con un 26,3% de sus tramos con calidad «óptima» un 66% de calidad «buena».
En el polo opuesto se encuentra el río de la Sénia, en el límite con Cataluña, sin tramos con calidad «óptima», al igual que ocurre con el Vinalopó, donde no hay calidad «optima» y solo un 4,2% de calidad «buena».

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró hoy que velará por que los consumidores sufran «el menor impacto posible» con las subidas de la tarifa de la luz, y adelantó que las empresas eléctricas también van a tener que contribuir a corregir el desajuste del sector.

En una interpelación parlamentaria, el ministro afirmó que «las empresas deben y van a afrontar parte del desajuste necesario para ajustar los precios» de la luz a sus costes reales. Junto a esto, la Administración también deberá contribuir trasladando a los Presupuestos Generales del Estado algunas de las partidas de la tarifa.

Sebastián anunció que las próximas semanas el Gobierno presentará una estrategia en la que «cada uno de los actores asuma su parte de responsabilidad», y señalo que el actual déficit tarifario genera «beneficios artificiales a las empresas», que reciben ingresos procedentes de una mayor demanda provocada por precios de electricidad más bajos de los reales.

El ministro reiteró que el Gobierno creará una nueva «tarifa social» para «reducir los incrementos en los precios sobre los consumidores más desfavorecidos» y «velará por que los consumidores sufran el menor impacto posible y por que los que tienen menos recursos no se vean perjudicados».

En su comparecencia, Sebastián enfatizó además el problema del déficit de tarifa y advirtió de que sólo puede reducirse de dos formas: reduciendo los costes de suministro y subiendo el precio de la electricidad.

«Se puede discutir si la diferencia (entre la tarifa y el precio real de mercado) es de un 5% o un 10% o un 15%, pero lo que no se puede discutir es que la diferencia existe y genera problemas», afirmó el ministro.

BENEFICIOS DE LAS ELECTRICAS Uno de estos problemas del déficit tarifario y el desajuste entre el precio de la luz y el coste real de la energía es que «las eléctricas se benefician de niveles de demanda artificialmente elevados y eso provoca beneficios artificialmente elevados», señaló.

Junto a esto, el déficit genera un «espejismo de precios» que «obliga a los consumidores a endeudarse sin ser conscientes de ello» y provoca «inseguridad intergeneracional», al trasladar la deuda actual a generaciones futuras.

«No podemos responsabilizar a los consumidores del problema, pero es bueno que sean conscientes» de la situación, señaló antes de destacar la importancia de que se transmitan «señales» a los usuarios para que ahorren.

Junto a esto, advirtió de que la liberalización de las tarifas no podrá acometerse hasta que no se acabe con el déficit y recordó, como argumento para las subidas, que la legislación establece el «principio de aditividad», por el que se reflejan en el precio final los costes asociados con la energía para transmitir un «escenario» lo más real posible.

CNE Y TARIFA NOCTURNA El ministro señaló además que el Ejecutivo «no puede ignorar» algunas de las recomendaciones de la CNE, entre ellas la de contemplar el fuerte incremento de los carburantes, la de acoger algunos aspectos de la tarifa en los Presupuestos Generales del Estado y la de corregir algunas «deficiencias» en los mercados eléctricos.

En cuanto a la tarifa nocturna, aseguró que la nueva modalidad de discriminación horaria ampliará en cuatro el número de horas de coste reducido y reducirá «entre un 2% y un 3% el coste para la mayoría de los consumidores».

Las asociaciones de consumidores denuncian que cerca de un millón de familias acogidas a la actual tarifa nocturna tendrán que pagar hasta un 80% más por la electricidad con el nuevo sistema, que les obliga a contratar potencia máxima y a soportar mayores penalizaciones por consumir en «horas punta».

15.000 MILLONES DE PLANIFICACION ENERGETICA Sebastián repasó las líneas maestras del Gobierno en materia energética y dijo que la nueva planificación energética para el gas y la electricidad tendrá un presupuesto en materia de inversión de más de 15.000 millones hasta 2016.

La planificación «representará inversiones empresariales que van a superar los 15.000 millones entre 2008 y 2016», señaló el ministro sin hacer más precisiones. Durante la anterior legislatura, el Ministerio de Industria dijo que este plan, aún pendiente de aprobación, incluiría inversiones de unos 18.000 millones.

Esta estrategia englobará los proyectos de interconexiones internacionales con Franca y Portugal, así como el desarrollo del segundo gasoducto con Argelia, construido por el consorcio Medgaz.

En este sentido, Sebastián dijo que «antes del verano» podría alcanzarse un «acuerdo histórico» acerca del desarrollo de la nueva interconexión con Francia.

El Gobierno regional presentó ayer su posición sobre a la financiación autonómica enMoncloa, en la reunión que convocó José Luis Rodríguez Zapatero con los presidentes autonómicos. El vicepresidente Fernando Lamata, adelantó algunos de esos principios en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, sobre todo el referido a la «igualdad de oportunidades» de todos los españoles. Es decir, que por una parte exige que haya «suficiencia financiera» para que las regiones tengan la capacidad de prestar los servicios necesarios a los ciudadanos. Pero también esta igualdad se debe reflejar en el desarrollo económico. Lamata se refirió a «corregir desequilibrios» que existen en el país.

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, el portavoz regional explicó que «hasta hace muy poquito», las inversiones en infraestructuras o industria «han pasado de largo». Por eso, «si hemos tenido unas condiciones históricas que nos han maltratado, bien está que sigamos reclamando una mayor inversión», recalcó.

Lamata incidió en que no es culpa de los castellano-manchegos que haya una renta más baja, o que la región tenga menos densidad de población. Y como ejemplo puso el trasvase Tajo-Segura: «Se hizo para llevar agua de esta tierra a Levante, porque no se contaba con Castilla-La Mancha».

LLEVARSE EL GATO AL AGUA. Otro de los puntos que señaló el portavoz sobre el debate de la financiación es la de una mayor corresponsabilidad fiscal. Defendió que Castilla-La Mancha es una de las regiones «que la ha gestionado mejor» y apuesta por que se siga en esa línea. Otra de las exigencias básicas es la de fomentar una negociación multilateral, «donde nadie pretenda llevarse el gato al agua a costa de los demás». Lamata incidió en que la postura de Castilla-La Mancha es que «ganemos todos y que gane España».

Y por último, el portavoz regional se refirió a otro de los puntos críticos, el de los factores que marquen el reparto de pastel. Aunque reconoció que la población es un «referente que todos aceptamos», dijo que debe «corregirse» ese factor. O lo que es lo mismo, que se tenga en cuenta la dispersión poblacional, porque «no es lo mismo llevar servicios sanitarios a Madrid, que a un pueblo de la sierra, donde residen seis personas».

Lamata también insistió en que hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población, «que consume más servicios»,y también la población infantil, que requiere centros educativos. Otro de los puntos que el portavoz considera que hay que tener en cuenta es el incremento de la población. De hecho, recordó que Castilla-La Mancha es la región que más tasa de crecimiento ha tenido.

A todos estos principios aludió el portavoz regional al afirmar que «vamos con ánimo de acuerdo, y con voluntada de defender firmemente nuestras posiciones». Lamata aseguró que la experiencia de Castilla-La Mancha contribuirá a construir un «gran acuerdo» para España.

Lamata comparte el «diagnóstico» que hace Cecam, pero no su «señal de alarma»

El portavoz del Gobierno regional, Fernando Lamata, expresó su impresión de que la situación económica es «complicada», pero no de «catástrofe». De esta forma, quiso contrarrestar el análisis de la crisis que hizo el martes, Jesús Bárcenas, presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam).

Lamata explicó que no discrepa en el «diagnóstico» de Bárcenas, pero sí en su «señal de alarma». Y es que, «si damos mensajes muy negativos sobre la situación, al final lanzamos también señales negativas a inversores y al consumidor». En concreto, las palabras de Bárcenas en la Asamble de Cecam, reclamaron que se dejen de utilizar términos eufemísticos para hablar de la crisis.

Según Lamata, «lo importante no es tanto cómo lo califiquemos». Dijo que respeta a quien lo denomine crisis, o quien prefiera hablar de ajustes, «no vamos a discutir en los términos». Lo importante, en su opinión, es trabajar todos juntos para que el «impacto negativo sea el menor posible».

Lamata se refirió al año y medio en lo que se prolongará esta situación complicada, y explicó las causas que la han motivado, desde las «turbulencias financieras, con restricción de créditos», a la desaceleración en el sector de la construcción.

En relación con los posibles efectos de esta situación al gasto social, el portavoz regional explicó que cuando la riqueza es mayor, lo que se recauda por impuestos «da para más». En caso contrario, si el crecimiento disminuye, «tendremos que ajustarnos el cinturón»

La Junta califica la revisión de la PAC de «prematura»

A falta de analizar en detalle la propuesta de chequeo médico de la Política Agrícola Común (PAC), que se presentó el martes, Fernando Lamata adelantó que considera «prematura» esta reforma de una política que lleva dos años de andadura. El portavoz regional explicó que fue en 2006 cuando se empezó aplicar la nueva PAC, de la Unión Europea, y que hay que dar cierto timpo para que los agentes se adapten a sus reformas.

En cuanto al contenido, Lamata mostró la postura del Gobierno regional en dos supuestos. «Si se trata de simplificar los procedimientos», Castilla-La Mancha dará su apoyo. En caso de que haya reducción de las ayudas a los agricultores, la respuesta es inmediata: «Claramente, no».

Por el momento, los representantes del Gobierno regional tendrán que ver en profundidad en qué consiste el chequeo de la PAC, junto con las organizaciones agrarias de la región. Después de hacer este primer trabajo, se podrán conformar «propuestas o contrapropuestas» que Castilla-La Mancha llevará al Gobierno de España y a la Unión Europea.

conservar el entorno. El Consejo de Gobierno aprobó esta semana tres medidas dirigidas a asegurar un «desarrollo sostenible». Dos de ellas se centran en la eco-eficiencia energética, y la tercera es una partida de 63,8 millones para 118 acciones del Geacam.

CLM aplaude las detenciones de etarras y su ingreso en prisión

Una semana después de que ETA se cobrara su última muerte, el portavoz del Gobierno regional pudo mostrar su satisfacción por las detenciones de etarras que se ha producido en Francia. Fernando Lamata reiteró el respaldo de la Junta a la «firmeza del Gobierno en la lucha contra ETA».

A su vez, el también vicepresidente regional mostró la convicción de que «los asesinos sólo tienen un final cierto que es la cárcel», precisamente un pensamiento que ya trasladó en relación con los últimos atentados ocurridos en el País Vasco.

El portavoz regional aprovechó la ocasión para felicitar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a los Gobiernos de Francia y España por la detención del considerado número uno de la banda terrorista, clave en la disolución de la cúpula

Los datos no pueden ser mejores. El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Francisco Belmonte, indicó ayer que las lluvias que se han registrado en lo que va de mayo van a traducirse en un ahorro de unos 50 hectómetros cúbicos, ya que han coincidido con la época de mayores extracciones por la confluencia de los cultivos de primavera y verano.

Explicó que en los últimos 15 días han dejado de salir del acuífero 35 hectómetros cúbicos de agua, que se sumarán a otros 15 hectómetros a lo largo de esta semana. Una cantidad que, según afirmó, es «importantísima», y que se añade a los recursos que están entrando al embalse de Alarcón, que ha mejorado sustancialmente su capacidad.

El máximo representante de la JCRMO subrayó que esta situación «no significa que se vayan a levantar las restricciones» ya que la gestión prevista «es la misma», pero indicó que las precipitaciones que se han contabilizado, con una media de 80 litros por metro cuadrado en la provincia de Albacete, van a beneficiar a los agricultores y contribuirán a alejar el fantasma de un Júcar seco este verano.

En el mismo sentido se pronunció el delegado provincial de Agricultura, Manuel Miranda, quien recordó la importancia de unas lluvias que podrían seguir cayendo en los próximos días y que, según dijo, vienen a paliar los daños que la sequía estaba originando en los cultivos de la zona sur y sureste de la provincia, donde según explicó «se han recuperado mucho las siembras».

Miranda comentó que ha llovido «mucho y bien» y que esto va a permitir un desarrollo óptimo del cereal, cuya cosecha se iniciarán dentro de pocas semanas, así como de cultivos leñosos como el almendro, el viñedo o el olivar.

Desde el 8 de mayo, las precipitaciones recogidas en Albacete capital han sido de 81 litros por metro cuadrado, con 66,2 litros por metro cuadrado en Hellín y Almansa; 52 litros por metro cuadrado en Villarrobledo o los 82 litros por metro cuadrado registrados en Motilleja.

No obstante, en este periodo también se han producido tormentas con granizo que han afectado a zonas concretas como la pedanía de Las Minas en Hellín o Santa Ana y Argamasón en Albacete, cuyos daños aún están siendo evaluados por los técnicos de Agricultura.