El Gobierno de Aragón va a recurrir ante los tribunales de lo contencioso-administrativo el decreto ley 108/2008 de 15 de mayo de la sequía de Cataluña por entender que «subjetiviza» lo que es sequía o no en un claro «abuso de poder».

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, quien ha apuntado que el decreto de la Generalitat que se recurre fija de forma subjetiva los porcentajes de agua que deben de tener los embalses catalanes para considerar si Cataluña vive una situación excepcional por la sequía.

Biel ha recordado que el decreto ley de abastecimiento a Barcelona con agua del Ebro incluye una disposición final que marca que el fin de la vigencia del propio decreto se producirá cuando se supere la situación de excepcionalidad en Cataluña, que es establecida precisamente por el Gobierno catalán en el decreto que Aragón ha decidido recurrir.

Además, el gobierno de Aragón ha ordenado a sus servicios jurídicos la impugnación de todos los actos administrativos que tengan que ver con el decreto ley de abastecimiento a Barcelona, incluidos los trámites de adjudicación de obras, el convenio entre el Gobierno central y el catalán o el proceso de información pública. De hecho, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, ya amenazó hace dos semanas con emprender acciones legales contra el decreto de sequía si se iniciaban las obras del trasvase.

Es decir, ha precisado Biel, «todo lo que tenga que ver con el real decreto ley de marras». «No vamos a dejar pasar ninguna y vamos a impugnar todo lo que se mueva en relación con el decreto ley», ha recalcado.

Además, los servicios jurídicos, a los que se les ha dado «bastante poder» para actuar respecto a estas dos normas, pedirán las medidas cautelares pertinentes para asegurar que, al menos, un juez pueda parar las obras.

En la última semana los embalses de las cuencas internas de Cataluña han ganado 65 hectómetros cúbicos («prácticamente el agua de dos trasvases», ha dicho Biel) y se han colocado al 44,3 por ciento con 270 hectómetros cúbicos en total, justo «el doble» que el día en el que se aprobó el decreto ley.

El Gobierno no lo ve’ justificado’

La iniciativa de Aragón cuenta con el respeto del Ejecutivo de Zapatero, pero la postura del Gobierno no es coincidente con la de la Administración dirigida por Marcelino Iglesias. Así lo ha manifestado la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, que ha ha subrayado que el Ejecutivo no lo ve «justificado».

A su juicio, el Ejecutivo que preside el socialista Marcelino Iglesias es «soberano» para interponer un recurso, pero el Gobierno de España «ha manifestado suficientemente la conveniencia de acometer estas obras».

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en 16,80 hectómetros cúbicos (hm3) durante la pasada semana y se han situado en los 846,28 hectómetros, lo que supone el 25,29% de los 3.346,6 hectómetros de su capacidad total.

Según informaron ayer fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, dieciséis han aumentado el nivel de agua almacenada, siete lo han disminuido y otros cuatro han mantenido el mismo caudal. El embalse que ha registrado el mayor incremento de agua ha sido el de Benageber, que ha recibido 4,79 hm3 y alcanza los 110,67 hm3, que suponen el 50% de los 221,3 hectómetros de su capacidad.

El embalse de Arenós ha aumentado sus reservas en 3,43 hm3 y está al 54,30% de su capacidad, con 74,36 hm3 almacenados del total de 136,9 que podría albergar.

También el embalse de Contreras ha aumentado su reserva hídrica al recibir 3,16 hm3, por lo que cuenta con 84,95 hectómetros cúbicos, al 9,97% de su capacidad.

Otros embalses que han incrementado sus reservas han sido los de Alarcón, con un aumento del 2,79 hm3, lo que le sitúa al 9,32% de su capacidad; el de El Molinar, con una subida de 0,94 hectómetros cúbicos; o el de El Naranjero, que ha ganado 0,81 hm3.

Por su parte, el embalse que ha sufrido el mayor descenso en las reservas hídricas ha sido el de La Muela, que almacena 11,33 hectómetros cúbicos, 3,59 menos que la semana anterior, lo que lo sitúa al 56,69% de su capacidad.

A continuación se sitúa el embalse de Sichar, que ha perdido 1,15 hectómetros, por lo que su actual reserva es de 44,83 hm3 de una capacidad total de 49,3.

Otro embalse que han visto reducidas sus reservas ha sido el de La Toba, con un descenso de 0,28 hm3.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural ha autorizado al Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura la compra de 31,5 hectómetros cúbicos de agua a la comunidad de regantes madrileña de Estremera después de que las lluvias de las últimas semanas hayan permitido la recuperación de los embalses del alto Tajo. La comunidad de Riegos de Levante anunció ayer que los recursos se pondrá a la venta a razón de 10 minutos por tahúlla.
Los 31,5 hectómetros en origen se convertirán en 30 en destino una vez descontadas las mermas que se producen durante el transporte desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía. Riegos de Levante recibirá una cuarta parte del caudal.
La operación de compra estaba acordada entre las partes desde finales del año pasado, pero no se había podido llevar a cabo debido a las escasas reservas de los embalses del Alto Tajo, en donde almacena el agua la comunidad de regantes madrileña.
La legislación impide enviar caudales a las zonas dependientes de esta infraestructura por debajo de los 240 hectómetros de reservas en estos pantanos. Además, el abastecimiento es prioritario sobre la agricultura, lo que viene complicando en los últimos años de sequía el envío de agua a los regadíos dependientes del trasvase de Alicante, Murcia y Almería.
El portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, explicó que la cuarta parte de los caudales que recibe el sindicato corresponden a esta comunidad. Sus responsables anunciaron ayer un reparto de 10 minutos por tahúlla cuando un riego completo equivale a una hora. Para llegar a los 10 minutos se suma el agua de Estremera, los caudales procedentes de Estremera y un hipotético trasvase desde el Alto Tajo que el Gobierno debería de aprobar antes de octubre.
Los regantes confían en que el Consejo de Ministros autorice un desembalse para este verano, aunque las actuales reservas de Entrepeñas y Buendía no garantizan a día de hoy una decisión de este tipo.
El Sindicato Central de Regantes va a pagar seis millones de euros a la comunidad de Estremera por la compra de estos 31,5 hectómetros. El precio del metro cúbico sale a 18 céntimos de euro (30 pesetas) a los que hay que añadir el gasto derivado del transporte.
Urbina reconoció que este precio es más alto que el que se pagará por los caudales procedentes de los pozos de sequía del Segura y del que se paga por el agua trasvasada habitualmente desde el alto Tajo. Aún así, el portavoz de la comunidad de regantes anunció que los precios de venta al agricultor se van a mantener para no castigar más la economía de los regantes.
El agua se podrá adquirir a partir de hoy en las ventas programadas con anterioridad por las comunidades de base. La distribución podrá comenzar antes de que el agua esté físicamente aquí puesto que se utilizarán los recursos del pasado año hidrológico que muchos agricultores guardan para este verano.

La ponencia económica que se presentará a debate en el XVI Congreso del PP de junio defiende los trasvases de agua entre cuencas y la recuperación de la política hidráulica del Gobierno de Aznar, informó el PP de Murcia.

Según el portavoz de la ejecutiva regional, Pedro Antonio Sánchez, el PP ha asumido «íntegramente» las propuestas realizadas desde Murcia y considera, así, los trasvases como «oportunidad de progreso para todos».

Sánchez explicó que la ponencia económica que se presentará al congreso de Valencia defiende la construcción de trasvases de cuencas excedentarias a deficitarias, una vez cubiertas las necesidades de las cedentes, y considera estas infraestructuras como un «instrumento eficaz para la mejora del medio ambiente hídrico, y un elemento de seguridad frente a posibles efectos del cambio climático». El texto argumenta, según Sánchez, que «es plenamente posible el empleo en una cuenca de recursos sobrantes disponibles de otras, siempre de forma no prioritaria y subordinada a las necesidades de la cuenca de origen y cumpliendo obligatoriamente estrictos requisitos de orden técnico, jurídico-administrativo, ecológico y económico».

Hasta 22 litros por metro cuadrado se sumaron ayer al espectacular balance de precipitaciones de este mes en la Comunitat Valenciana. El último domingo de mayo de 2008 dejó lluvias generalizadas, de carácter moderado en la mayor parte de las comarcas valencianas, pero con registros que superaron los 20 litros en la provincia de Castelló, donde Catí acumuló 22 litros y Fredes otros 20. En las provincias de Valencia y Alicante, las lluvias de ayer fueron más débiles, con valores de entre 5 y 10 litros por metro cuadrado, aunque se extendieron por la mayor parte de las comarcas, de acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Con las lluvias y tormentas de este fin de semana han aumentado notablemente los puntos de la Comunitat en los que se superan este mes los 100 litros por metro cuadrado y, lo que es más importante, el balance es extensivo a la cabecera de la cuenca hidrográfica del Júcar. Los datos de las diferentes cuencas corroboran que el aumento de las reservas es generalizado en toda España, incluida Cataluña, donde los embalses alcanzaban durante este fin de semana más del 35% de su capacidad.
Las temperaturas de ayer, domingo, fueron claramente inferiores a las normales: en la mayor parte de la Comunitat no se superaron los 20 grados, algo impropio de finales de mayo. En Valencia, por ejemplo, el termómetro se quedó en 18 grados de máxima.
Persiste la inestabilidad
Las previsiones meteorológicas no dan por zanjada la situación de inestabilidad y la mantienen para esta última semana de mayo. Según la Aemet, con mayor o menos intensidad, una borrasca mantendrá su influencia sobre la mayor parte de España en estos próximos días, por lo que el balance final de lluvias de mayo aún puede aumentar apreciablemente, tanto en la Comunitat Valenciana como en la cabeceras del Júcar.
En el caso de nuestra comunidad, para hoy y mañana se espera el predominio de cielos nubosos con riesgo de chubascos tormentosos de intensidad entre débil y moderada.
Como ya adelantó Levante-EMV, este mes de mayo es el segundo más lluvioso de las últimas décadas tras el de 2002 para numerosas comarcas de la Comunitat Valenciana.

La reserva de agua de la Península ya está por encima de la de 2006 por estas mismas fechas. Aunque los embalses registran un 57% de su capacidad, siete puntos por debajo del año pasado, la lluvia ha dado un respiro a la alarmante sequía de los últimos meses. Cataluña, la comunidad más necesitada, es también una de las más beneficiadas: sus reservas ya superan el 35%, cuando hace tan sólo 40 días rozaban el 20%.

El crecimiento de reservas que muestra el último boletín hidrológico -del pasado martes- se extiende a todas las cuencas excepto dos andaluzas: la del Guadiana y la Atlántica. Y las previsiones son optimistas. La Agencia Estatal de Meteorología augura lluvias en prácticamente toda la Península durante, al menos, los próximos cuatro días.

La depresión que cruzará la Península este fin de semana aportará precipitaciones especialmente abundantes sobre Cataluña. «Serán chaparrones que caerán de forma muy irregular pero sin descanso», señaló ayer el Meteocat, servicio meteorológico catalán. Las previsiones señalan que el frente beneficiará sobre todo el noroeste del territorio, donde se concentran las cabeceras de los ríos que alimentan el área barcelonesa. La horquilla que maneja el Meteocat estima que esta zona recaudará entre 50 y 70 litros por metro cuadrado. La última vez que se auguró la misma intensidad, a principios de mayo, las reservas de los embalses catalanes aumentaron cinco puntos en una semana.

Es probable que la tónica de chubascos intensos se puedan mantener en Cataluña hasta el próximo viernes. De cumplirse este pronóstico, las lluvias cerrarían un mes pasado por agua en Cataluña. A falta del balance definitivo, el Meteocat lo define como el mayo más húmedo desde el año 1977.

La unidad de los regantes se resquebraja por momentos. La figura de Andrés Martínez, que durante los últimos años ha ejercido como líder indiscutible de los agricultores del Vinalopó, está siendo cuestionada por parte de algunas comunidades desde que se conociera el interés de la multinacional Danone en embotellar agua procedente de los acuíferos de Villena.

Precisamente, los 200 millones de litros de agua al año -que podrían ampliarse hasta los 700 millones- que la firma Font Vella, filial de Danone, utilizaría para el envasado y posterior explotación comercial se extraerían de uno de los pozos que son propiedad de la Comunidad de Regantes de Villena, cuyo presidente es Andrés Martínez.

La asamblea de dicha entidad decidió aprobar la cesión a la mercantil de una cantidad mínima de 0,2 hectómetros cúbicos y máxima de 0,7 hectómetros cúbicos del caudal que, hasta la fecha, ha servido para regar hortalizas. Para compensar el volumen de extracción y no saturar todavía más los esquilmados acuíferos del Vinalopó, los agricultores de Villena están dispuestos a sacrificar un total de 200 hectáreas de cultivo. Ello supondría, según cálculos de la entidad, el ahorro de casi 1 millón de litros de agua al año.

Además, la Comunidad de Regantes de Villena obtendría unos ingresos anuales de 150.000 euros en concepto de canon de explotación que vendrían muy bien para solventar la deuda millonaria que la entidad contrajo con la Sociedad Estatal de Infraestructuras de la Meseta Sur (Seiasa) a causa de las obras de modernización de los regadíos.

Pese a que la asamblea de la Comunidad de Regantes de Villena dio su visto bueno a la operación por amplia mayoría de los socios asistentes, su presidente no ha podido evitar que, a lo largo de los últimos días, surjan algunas voces discrepantes con la idoneidad la planta embotelladora y, sobre todo, con la implicación particular de Andrés Martínez en la gestión del proyecto. No hay que olvidar que parte de la parcela donde se prevé la instalación del complejo es propiedad de la empresa Horfres, regentada por el propio Andrés Martínez.

Malestar en el Consell
Por otro lado, cabe reseñar el malestar que ha generado el proyecto en el seno del Consell, al ser presentado pocas horas después de celebrarse en Orihuela un acto reivindicativo para exigir el trasvase del Ebro, en el que se dieron cita 300 alcaldes acompañando al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El propio Andrés Martínez ha admitido su error al escoger ese día para aprobar la venta de agua a la multinacional Danone. Sin embargo, este propósito de enmienda no le ha valido para evitar el cisma en el seno de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó que preside su paisano y delfín, Pedro Menor.

El pasado jueves, este organismo que aglutina a las comunidades de regantes y ayuntamientos del Alto y Medio Vinalopó, celebró una junta extraordinaria para abordar la petición de dimisión de Andrés Martínez como presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y la Marina Baixa. Dicha solicitud fue cursada de manera oficial por la comunidad Montagud de Novelda, la comunidad de Beneixama, las comunidades de San Cristóbal y Pinar Alto de Villena, así como por el Ayuntamiento de Sax, gobernado por la socialista Ana Barceló.

Los representantes de estas entidades consideran que, en estos momentos y dado los acontecimientos, la figura de Andrés Martínez significa un obstáculo para los intereses de los regantes del Vinalopó al estar enfrentado tanto a organismos estatales como a comunidades de regantes del Júcar.

Andrés Martínez se defiende
Martínez, sin embargo, replica a este argumento afirmando que la polémica está orquestada por el PSOE, que trata de dividir a los regantes para sacar rédito político. No obstante, para curarse en salud, el, todavía hoy, presidente de la Junta Central de Usuarios ha preferido promover la creación de una comisión dentro de la propia entidad que se encargará de llevar las negociaciones con la Administración estatal.

Con esta fórmula, Andrés Martínez pretende pasar a un segundo plano y, de esta forma, rebajar la tensión generada en las últimas semanas en torno a su persona tras su gestión en el proyecto de la planta embotelladora de Villena.

WILLIAM COLOM El intento de la Comunidad de Regantes de Villena de vender su agua proveniente, además, de un acuífero declarado sobreexplotado no ha hecho más que poner sobre la mesa lo que no era más que una evidencia a voces: la falacia del «déficit hídrico estructural» que atenaza el desarrollo de esas tierras, no es tal. Bien al contrario, se trata de un claro ejemplo de uso insostenible de un recurso, muy por encima de la capacidad de ese territorio. Y no es el único en la cuenca del Júcar, ni mucho menos. En realidad, el tan manido déficit de esta cuenca no es, ni mucho menos, cierto. Y así lo afirmaba también hace poco en una entrevista el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y también saben perfectamente que es así aquellas personas que han hecho de ese discurso victimista, materia de fe y de confrontación permanente. Confrontación que obstaculiza (cabe preguntarse si consciente e interesadamente) cualquier reflexión y estudio serio al respecto.
Independientemente de este nuevo y último hecho, ya son muchas las veces que desde Acció Ecologista-Agró hemos solicitado (se puede comprobar consultando tanto las actas de los órganos correspondientes en los que participamos, como comunicados o notas de prensa anteriores) la sistemática revisión de las concesiones, adaptándolas a las situaciones y necesidades reales, y recuperando, de forma prioritaria, los caudales liberados para satisfacer las incumplidas demandas y objetivos ambientales de nuestros acuíferos, masas de agua, ecosistemas y hábitats acuáticos. Recuperando, en definitiva, el dominio público de este recurso. Garantizando de ese modo que, tal como establecen nuestras leyes, las necesidades ambientales dejen de ser papel mojado y alcancen a ser las restricciones que se imponen con carácter general a los sistemas de explotación.
En tanto en cuanto no se recuperen y garanticen esas demandas y objetivos ambientales mediante, como hemos dicho, las oportunas revisiones de concesiones, no deberían, ni tan siquiera, plantearse nuevos usos adicionales a los ahora existentes, ni tampoco cesiones de derechos de usos como el pretendido por la Comunidad de Regantes de Villena. Cesiones de derechos que, caso de serlo, deben tener carácter temporal y están sometidas a previa autorización administrativa.
Por otra parte, y aprovechando el mismo hecho con el que iniciábamos este artículo, es conveniente recordar, ya que parece que algunos lo han olvidado, que las concesiones de agua son eso, concesiones hidráulicas, con lo que eso implica respecto a la precariedad de las mismas, al estar supeditadas a la disponibilidad o no de recurso. Y es que esas concesiones se otorgan debiendo tener en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos. Razón por la cual no se entiende el empecinamiento de algunos en hablar del derecho que tienen a disponer de esos caudales, independientemente del estado de los acuíferos o ecosistemas acuáticos asociados. Y mucho menos si, además, tenemos en cuenta que la asunción real de las obligaciones ambientales marcadas por la Directiva Marco del Agua implicaría, necesariamente, la revisión de las concesiones y autorizaciones para poder cumplir con esas obligaciones. Co-mo tampoco se entiende que la administración competente conceda indemnizaciones (vía ofertas públicas de adquisición de derechos) cuando, por razones de afecciones ambientales o de falta de recurso debido a un período de sequía severa como el actual, se deben restringir las extracciones.
Si a lo dicho le añadimos que, de acuerdo a la normativa de aguas, el agua que se conceda quedará adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se tratase de riegos, con la excepción de lo previsto en el caso de cesiones de derechos. O que toda modificación de las características de una concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante. Es más que evidente, entonces, que la comunidad de regantes antes citada, ha hecho de su capa un sayo y, tirando por la calle de en medio, ha decidido adjudicarse algún derecho que, obviamente, no le corresponde.
Y es que, tanto en este caso como en otros similares, el hecho de que agua concedida para regadío pase a ser agua de uso industrial (la venta de agua embotellada vendría a ser eso y no abastecimiento) o de suministro para urbanizaciones, constituye una clara modificación de las características y condiciones de la concesión. O es eso o, peor aún, se trata de un incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión, con lo que podría implicar la declaración de caducidad del derecho concesional del cedente.
*Biólogo. Consultor ambiental. Acció Ecologista-Agró.