La propuesta de IU fue apoyada a pesar que el PP consideró que este Grupo ha contribuido «a fomentar la confusión» y que el PSOE defendió que la calidad del agua «está asegurada»

El Ayuntamiento de Albacete se dotará de una nueva Ordenanza municipal, en este caso, encaminada a impulsar actuaciones para el ahorro del consumo del agua en la ciudad, y que vendrá a unirse a las que todavía hay que poner en marcha, como la del Ruido.

A instancias del Grupo Municipal de IU, el Pleno aprobó ayer, por unanimidad, que el Consistorio ponga en marcha un grupo de trabajo en el que participen los grupos, ecologistas, consumidores, vecinos y demás sectores implicados para «aportar propuestas e ideas» para la elaboración de esta Ordenanza municipal.

Asimismo, se adquirió el compromiso de, en el marco del Plan Municipal de Educación Ambiental, ampliar las medidas formativas y educativas en ahorro del agua dirigidas a «consumidores, industriales y, especialmente, a agricultores», planteó la portavoz del grupo proponente, Rosario Gualda, en su exposición.

A pesar, sin embargo, del apoyo unánime, los portavoces de los otros grupos matizaron algunos aspectos. Desde el PP, el concejal Juan Marcos Molina dejó claro que «el objetivo de la Ordenanza lo compartimos todos», pero se mostró convencido de que esta propuesta, con la que IU «ha contribuido deliberadamente a la confusión» sobre la calidad del agua, «no va a solucionar ni hoy ni mañana el problema de la calidad ni de la falta del agua».

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Ramón Sotos, defendió que la calidad de las aguas de Albacete «está asegurada y su mejora, cuando esté finalizada la planta de ósmosis, también» y dejó caer que, con esta nueva Ordenanza, que se une a otras tres contempladas en el Pacto de Gobernabilidad entre PSOE e IU, «la señora Gualda no hace más que ponernos tareas». Lo que sí advirtió Sotos es que, aunque se puede empezar a trabajar con la creación de este grupo de trabajo, «presupuesto para esta Ordenanza en 2008, no hay».

Consumo aceptable. En cuanto a los datos de consumo en la ciudad, el concejal, que reconoció que la pérdida en la red municipal por fugas «sí puede estar en torno al 20%», consideró que el consumo en Albacete «es bastante razonable». Según los datos obtenidos de Aguas de Albacete, dijo, el consumo medio por habitante y día es de 134,2 litros por domicilio. «Hemos rebajado de los 153,4 litros de consumo medio en 2004 a 134,2 litros en 2007». Unos datos «buenos» teniendo en cuenta que el consumo medio a nivel nacional es de 176 litros.

El concejal aprovechó también su intervención para avanzar que en la próxima Comisión de Medio Ambiente «llevaremos la mejora de las zonas verdes que nos quedaban», con la instalación de nuevos depósitos, captaciones de agua y riego por goteo «para que la red municipal no consuma más de un hectómetro cúbico al año» y se completará con la campaña de ahorro en fuentes.

El rechazo a que Zarra albergue un macrovertedero de basura ha rebasado las fronteras de la Comunitat Valenciana. Dos poblaciones de Castilla la Mancha, las albaceteñas de Carcelén y Alpera, se han unido a la Coordinadora y al Valle de Ayora en su oposición a la ubicación de esta planta de residuos.

Los alcaldes de ambas localidades aseguran que la infraestructura que se pretende ubicar iría directamente sobre el acuífero que abastece a las dos poblaciones y, por lo tanto, resultarían perjudicadas.

La primera autoridad de Carcelén, Ildefonso Vera, era uno de los más molestos con la situación. Esta población manchega solamente puede abastecerse de agua del acuífero de Zarra, «puesto que nuestra única forma de captación es la subterránea, si nos la quitan tendremos muchos problemas para el suministro».

Y es que el tratamiento de basuras sobre el acuífero podría provocar filtraciones (algo que se producirá con total seguridad según los detractores del proyecto) que perjudicarían gravemente a las poblaciones que se nutren de estas aguas como las dos citadas de Albacete y todo el Valle de Ayora.

Lazos de unión
Vera afirmó que ya hace varios años que se produjo el primer contacto con los representantes de la Coordinadora, incluso Ayora no tenía el mismo alcalde. Las reuniones y la cercanía es tanta que la primera autoridad de Carcelén llegó a asegurar que entre las poblaciones «existen unos lazos de unión muy estrechos».

Una prueba de esta unión es que hace aproximadamente un año cuando se produjeron varias manifestaciones en contra de la planta, «en los balcones de Carcelén muchas personas colgaron pancartas apoyando el rechazo a esta instalación».

Otro de los inconvenientes que, según el alcalde, se produciría por la instalación de este macrovertedero «son los problemas que generaría en el turismo rural». Estos municipios «están claramente enfocados a este sector, si a la central nuclear de Cofrentes se le suma esta planta de basuras, los puntos negativos de la zona serán más que los atractivos que se puedan ofrecer para intentar atraer a personas y que nos visiten».

Vera cree que en este problema «debería de actuar la Confederación Hidrográfica del Júcar puesto que es una construcción que afectaría al acuífero, pero no soy yo quien debe de decidir esto». Además, apostilló que si el tema se politiza «seguiremos apoyando el rechazo pero no nos meteremos».

La otra población afectada de Castilla la Mancha es Alpera. La alcaldesa, Catalina Rubio, se mostró muy contrariada con la posibilidad de que se construya este gran vertedero en Zarra.

El principal motivo es el mismo que sus vecinos de Carcelén, el agua. «Me parece un auténtico disparate que se coloque una infraestructura de esas características sobre el acuífero del que se abastecen tantas poblaciones», señaló.

Sin embargo, la problemática no es exactamente igual ya que al contrario que Carcelén, en Alpera «tenemos otro lugar del que captar agua», aunque perder este punto de abastecimiento sería negativo para la población, según añadió la alcaldesa.

Los perjuicios al turismo son otro de los motivos del rechazo. «Llevamos varios años luchando por el medio ambiente y potenciando nuestros atractivos turísticos. Todo se iría al traste si nos ponen el vertedero, no solamente esa zona sino también todo el entorno», explicó la primera autoridad.

La cercanía, tanto a nivel municipal como físicamente, entre estas poblaciones es tal que ya se han producido el respaldo de unas a otras en varias ocasiones. Rubio recordó el apoyo del Valle de Ayora cuando se consiguió que se construyera el hospital de Almansa.

Por este motivo, aseguró que apoyarán en todo lo que sea necesario y puedan a las poblaciones de esta comarca valenciana para evitar que la planta de basuras proyectada se ubique en Zarra.

Los regantes valencianos de área del Júcar no han utilizado nunca en su totalidad los pozos y los caudales subterráneos que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)y la conselleria de Agricultura pone a su disposición para paliar el recorte de caudales procedentes de los ríos Júcar y Turia como consecuencia de la sequía.

J. Sierra, Valencia

Fuentes de la CHJ obviaron este espinoso asunto y justificaron la existencia de un teórico «excedente» en los costes que genera la explotación de cada uno de estos pozos.
Generalmente -recordaron- el coste de perforar el pozo y la conexión con una red general de riego lo asume el Estado (120 pozos y 23 rebombeos desde 1994) o la Generalitat Valenciana. Sin embargo, el coste del gasóleo o la energía eléctrica utilizada para extraer el agua corre a cargo de los usuarios y supone, a veces, un desembolso «muy importante» y hasta disuasorio, dijeron fuentes de los regantes.
Para 2008, la CHJ ha ofrecido a las distintas comunidades de regantes valencianas 120 pozos y 23 estaciones de rebombeo incluidas dentro de los planes de sequía.
Por sistemas de regadío, la Acequia Real del Júcar dispone de 64 pozos y 1 rebombeo; la Real Acequia de Escalona de 7 pozos; 3 pozos para Carcaixent y 37 más para la Comunidad General del Canal Júcar-Turia.
El Sindicato de Riegos de Sueca dispone, además, de 23 rebombeos que devuelven al arrozal las aguas de inundación. Sin embargo, como subraya el presidente de esta institución José Fortea, la utilización de estos rebombeos está limitada por la contaminación que reciben las aguas en cada uso y que impide crear un verdadero circuito «cerrado» en el arrozal. El Sindicato de Riegos de Cullera, con 6 pozos y 8 rebombeos, es otro ejemplo de reutilización del agua en el arrozal mientras que la Acequia Mayor de la Villa y Honor de Corbera dispone de 3 pozo y 1 rebombeo.
En conjunto la CHJ permite la extracción de 85,5 hm3 de extracciones procedentes de los pozos de los que algo más de la mitad corresponden a la Acequia Real del Júcar mientras que 1/4 de estos caudales- 22,5 Hm3 está asignado al Canal Júcar-Turia. Pese a la magnitud de esta cifra, el volumen asignado no llega a cubrir ni la mitad del agua que las comunidades tienen asignadas por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar.
El presidente de la CHJ,Juan José Moragues, preguntado por esta aparente incongruencia, no quiso ser muy explícito y manifestó que muchos regantes prefieren utilizar «la poca o mucha agua» que les llegue barata y caballera por las acequias antes que asumir el coste que representan los pozos. Moragues eludió valorar esta actitud de los regantes e incluso la justificó.
Por su parte, Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, sostiene que alguno de estos pozos que nominalmente figuran en la oferta del ministerio de la Generalitat, no están todavía electrificados y/o motorizados con equipos diésel. En este sentido admite que un pozo que funciona con un grupo electrógeno supone una sangría económica para los agricultores, que prefieren «apañarse» con las escorrentías o retornos que llegan a través de las acequias.
En 2006 se extrajeron unos 41 hectómetros cúbicos de los pozos de sequía mientras que en 2007 apenas llegaron a los 35 hm3.

La pésima situación de la cuenca del Júcar y la demostración más evidente del fracaso de la planificación de este río, que se elaboró en 1998, con la participación de las administraciones de Castilla–La Mancha y de la Comunidad Valenciana, además de las comunidades de regantes de esas dos autonomías, ha quedado de manifiesto durante este mes de abril, en plena primavera, cuando aún no se deberían intensificar las extracciones para regadío. La aparición del cauce seco a lo largo de varios kilómetros, aunque se haya intentado confundir a la opinión pública con el argumento de que había agua bajo las rocas o que los peces se habían “refugiado” junto a la presa de Alarcón, no puede ser calificado nada más que como un delito ecológico, donde los cómplices de este delito van desde las administraciones responsables de la gestión del río, a los regantes que llevan décadas sobreexplotando el acuífero y que han ido haciendo desaparecer, uno tras otro, fuentes, manantiales y arroyos. El acuífero, no solo ha dejado de manar a la superficie, aportando al río más caudal, sino que ahora, convertido en una esponja insaciable, se traga el río a través de su propio lecho.

Los datos son tozudos y está claro que no se pueden sacar cada año más de cuatrocientos hectómetros cúbicos, cuando la recarga apenas sobrepasa los doscientos cincuenta, y en los últimos cuatro años ni siquiera ha llegado a doscientos. Pero esas eran las cuentas con las que hicieron el Plan de Cuenca del Júcar hace diez años, con la denuncia de las organizaciones ecologistas que ya anunciaban que al final todos pagaríamos las consecuencias de aquel despropósito.

Las fotos de la desecación del río en los términos de Albacete y Motilleja saltaron a las páginas de todos los medios de comunicación cuando Ecologistas en Acción lo denunció públicamente; sin embargo tanto la Confederación Hidrográfica, como el Ayuntamiento de Albacete y la Junta central de Regantes de la Mancha Oriental lo sabían desde el mismo momento que ocurrió, el domingo 6 de abril, pero intentaron mantenerlo oculto, confiando en que los desembalses de Alarcón en los días siguientes pudieran disimular lo que entendemos ha sido un delito ecológico.

Por esa razón, el pasado 17 de abril de 2008 pusimos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Albacete, para que se investigue quién o quienes son los responsables de que el Júcar se hay secado y se actúe como manda la Ley. No puede hacerse creer a los ciudadanos que la gestión del río y de los acuíferos es la adecuada cuando no hay agua en los cauces y cuando las aguas subterráneas no pueden dar de beber a los habitantes de toda la provincia porque la sobreexplotación y la contaminación las ha dejado al límite de su capacidad.

En plena polémica por la apertura de pozos para abastecimiento humano en la ciudad de Albacete y por los análisis solicitados por el movimiento vecinal para garantizar la calidad del agua, la Confederación Hidrográfica del Júcar publicó ayer la resolución por la que se somete a información pública la construcción de la planta de ósmosis inversa. El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta semana la resolución del organismo de cuenca por el que se somete a información pública el proyecto durante un plazo de 20 días hábiles, periodo mediante el cual se podrán realizar alegaciones, eso sí remitiéndolas a la sede de la Confederación en Valencia. El anuncio también contempla un listado del centenar de personas que se verán afectadas por las expropiaciones para poder construir la planta de ósmosis inversa.

La planta se construirá junto al depósito de agua tratada de la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (Etap) de Los Llanos de Albacete, procediendo el agua bruta, bien de los pozos de captación de aguas subterráneas o bien de la salida del agua filtrada de la propia potabilizadora. Según consta en el propio anuncio, el agua tratada será una mezcla de la salida de la Etap y la salida de la nueva planta de ósmosis inversa y el rechazo de las membranas será conducido mediante un emisario de salmueras desde la actual potabilizadora (ubicada en la carretera de Peñas de San Pedro) hasta la salida de la depuradora de la capital (que está junto al Cementerio) mediante una conducción por gravedad de unos trece kilómetros de longitud.

El anuncio también explica cuál será la línea de tratamiento para la planta de ósmosis inversa que comenzará con el bombeo del agua bruta y pasará por los procesos de dosificación de hipoclorito sódicos, dosificación de ácido y de coagulante (cloruro férrico), dosificación de ayudante de coagulación, filtración bicapa a presión, equipos de lavado de filtros, dosificación de bisulfito sódico, dosificación de dispersante, filtración sobre cartuchos, bombeo de alta presión, racks de ósmosis inversa, equipos de lavado de módulos, depósito de desplazamiento para, finalmente, ser desviado al emisario de salmuera.

El presupuesto de la obra será de 7.558.774,61 euros y está previsto un plazo de ejecución de 16 meses, por lo que, teniendo en cuenta la tramitación administrativa restante, podría estar concluida antes de que finalice el 2009.

Ecologistas en Acción de Guadalajara consideró hoy «inaceptable» la campaña del Gobierno regional a favor de la caducidad del trasvase Tajo-Segura, para convertirlo en el trasvase Tajo-Llanura Manchega, disimulándolo como «un envío de agua para recuperación de los humedales manchegos y el acuífero 23», proyecto englobado en el denominado Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).

Según informó el colectivo en nota de prensa, con un «discurso demagogo, hipócrita y contradictorio, el señor Barreda sigue prometiendo a los sectores agrícolas e industriales, a pueblos y ciudades de Cuenca, Albacete y Ciudad Real, un agua que llegará. ¿Y Toledo y Guadalajara, qué?», se pregunta Ecologistas en Acción.

Para los ecologistas, el objetivo del Gobierno regional es seguir «esquilmando» el agua de la cabecera del Tajo, para fomentar los mismos usos que critica para el trasvase Tajo-Segura, un urbanismo y una agricultura «insostenible» en zonas carentes de agua. Para ello se seguirá derivando agua del Tajo para abastecer proyectos de campos de golf, urbanizaciones y regadíos, en la Manchuela y La Mancha.

Con el pretexto del suministro urbano, la denominada tubería manchega se ha creado para abastecer los campos de golf del Reino de don Quijote y otras poblaciones con supuestos problemas de abastecimiento, proyectos todos ellos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha apoya, promueve e, incluso, a veces, declara de Interés Regional.

Asimismo, Ecologistas lamenta la situación de los 60.000 pozos ilegales que extraen 400 hectómetros cúbicos al año del Acuífero 23, «con el pleno conocimiento y consentimiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana», y que en los últimos 30 años, ha provocado infinidad de problemas, sobre todo, en las comarcas de la Mancha, Manchuela y Campo de Montiel.