La cesión de derechos de agua entre concesionarios y usuarios de cuencas hidrográficas diferentes, una figura recogida en la legislación estatal, lleva dos años y medio funcionando entre el Tajo y el Segura como una medida extraordinaria para paliar la falta de excedentes en los embalses de Entrepeñas y Buendía. No ha tenido más polémica que la negativa formal de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Madrid a estos intercambios. El conflicto originado por el trasvase a Barcelona, basado en este modelo de cesiones, ha destapado los rechazos y recelos de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Aragón, que ahora rechazan de plano esta modalidad porque la consideran trasvases encubiertos. Más todavía después del decreto ley del Consejo de Ministros de la semana pasada que consagra esta alternativa para el resto de territorios.

Con esta fórmula, el Sindicato Central de Regantes ha adquirido en los últimos años 95 hectómetros cúbicos de Estremera para los cultivos del Segura, aunque están pendientes de recibir la última compra. Por esta cesión temporal de derechos, han pagado unos 18 millones de euros a los agricultores madrileños.

Por su parte, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha adquirido otros 105 hectómetros a los regantes del Canal de las Aves de Aranjuez a cambio de 30,1 millones de euros. El último fue aprobado el jueves.

En ambos casos, dos reales decretos han permitido que estos volúmenes salgan casi regalados para la cuenca del Segura, ya que el Sindicato y la Mancomunidad han sido compensados con diversas exenciones. De lo contrario, habrían sumado a las pérdidas de la fuerte sequía unos altos precios por esos caudales que duplican y triplican el canon del Trasvase Tajo-Segura. Regantes y abastecimientos han pagado religiosamente a los usuarios del Tajo, pero a cambio el Gobierno central les ha condonado dos tramos de la tarifa por el uso del acueducto que ha permitido el transporte de esos caudales. En concreto, la Mancomunidad de Canales del Taibilla se ha beneficiado de unos 30 millones de euros. La condonación no sólo ha afectado al envío de estos caudales extraordinarios, sino también a los excedentes trasvasados aplicando las reglas de explotación de la cabecera (131 hectómetros máximos anuales). De no haber sido así, la población de la cuenca del Segura habría pagado unos precios astronómicos por el agua de boca. La última compra a Aranjuez se ha hecho a cambio de 0,31 euros por metro cúbico. Eso sin olvidar que la tarifa ya es abultada debido a los costes de la desalinización.

La parte de la tarifa que no se ha perdonado es la que corresponde a las indemnizaciones a las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, ribereñas del Tajo.

Los regantes del Tajo-Segura, por su parte, se han beneficiado de la exención de otros 28 millones de euros por el mismo procedimiento, según explica su presidente, Francisco del Amor. Éstos quieren que los dos decretos anteriores se amplíen para este año hidrológico. Los regantes son los que peor parte llevan, ya que los desembalses ordinarios para sus cultivos se han concedido con cuentagotas. Muy lejos de los 460 hectómetros máximos anuales que prevé la ley.

El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, destacó ayer que con esta fórmula y con las desalinizadoras se han evitado cortes en el suministro de agua.

El Gobierno murciano quiere tener de frente al Ejecutivo de Castilla-La Mancha en todas las reuniones de trabajo y consulta para elaborar el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo, ya que así considera que podrá defender mejor el Trasvase Tajo-Segura. El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, puntualizó ayer que hay mucho en juego para la Región de Murcia y la cuenca del Segura, por lo que no cejará para que el Gobierno autonómico esté presente en aquellas reuniones «donde se tomen las decisiones. No nos vamos a limitar a asentir con lo que se acuerde».

El Ejecutivo de Valcárcel considera que debe vigilar muy de cerca todas las decisiones que se tomen sobre las futuras demandas de la cuenca del Tajo, ya que teme que el Gobierno de José María Barreda aproveche la revisión del plan de cuenca del Tajo para imponer sus criterios contra la continuidad del Trasvase Tajo-Segura.

Convocatoria por carta

Cerdá quiso ayer rebajar la tensión con la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero no cree que se haya debido a un error la expulsión del director general del Agua de Murcia de la reunión que se celebró el pasado jueves en Madrid, y en la que el representante de Castilla-La Mancha protestó por la presencia del alto cargo murciano. A la Consejería de Agricultura y Agua no le convencen las explicaciones de la Confederación del Tajo, y para ello muestra el contenido de una carta que envió el presidente de este organismo, el 16 de abril pasado, en la que incluía a la Administración murciana dentro del grupo de trabajo de los gestores.

En dicha carta, José María Macías Márquez, presidente del Tajo, le dice al consejero Cerdá que Murcia ha sido incluida en ese mesa participativa «en virtud de la relevancia alcanzada en su campo de actividad». Macías explica en la misiva que se han constituido cinco mesas de trabajo sectoriales (gestores de la cuenca, usuarios, instituciones y entidades, empresas e industrias y tejido social estructurado). Sobre esta base, Cerdá duda de que existiera un error de convocatoria.

Ante el hecho de que la Región de Murcia no es ribereña del Tajo, y que tampoco participa de los órganos de gestión y gobierno de esa cuenca, Antonio Cerdá contestó que existen unos claros intereses en la cabecera del Tajo que hay que preservar.

José María Macías no quiso ayer hacer declaraciones a La Verdad. Una portavoz de la Confederación del Tajo atribuyó lo sucedido a «un error», explicando que el Gobierno murciano no pertenecía a la mesa de trabajo de los gestores, sino de las instituciones. Señaló que el director general del Agua de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, fue tratado con toda cortesía por el comisario de Aguas del Tajo, e invitado a quedarse en la reunión, pero sólo en calidad de oyente.

«Nos preocupa»

El consejero portavoz del Gobierno regional, Juan Antonio de Heras, criticó ayer la expulsión del representante murciano y declaró que el comisario del Tajo, «actuó más como un comisario político». Cree que detrás de lo sucedido está el Gobierno de Castilla-La Mancha y su negativa a que Murcia participe en la nueva planificación del Tajo. «Nos preocupa que exista un trasfondo distinto», apuntó De Heras.

El nuevo plan de cuenca del Tajo, como el del segura y el resto de demarcaciones, será aprobado el año que viene y estará vigente hasta el año 2015. Implementará con todas sus consecuencias la Directiva Marco de Aguas, que tiene como principal objetivo la calidad de las aguas, la recuperación total de costes y los caudales ambientales.

El secretario general del grupo del PP en las Cortes, Marcial Marín, aseguró ayer que su partido «ya ha hecho los deberes» de pedir el final del trasvase Tajo-Segura al máximo responsable del PP, Mariano Rajoy, y ha reclamado al vicepresidente de la Junta, Fernando Lamata, «que predique con el ejemplo». Marín, fue preguntado por el asunto del trasvase con motivo de la presencia esta tarde en Toledo de Mariano Rajoy, hecho que ha aprovechado Lamata para cuestionar la posición del PP nacional sobre el Tajo-Segura. «Que esté tranquilo el vicepresidente primero, que nosotros ya hemos hecho esos deberes», subrayó.

El comisario echa de la mesa al director general del Agua de Murcia, tras las quejas de Castilla-La Mancha, cuando se iba a discutir la nueva planificación de esa cuenca El consejero Cerdá destaca la «gravedad» del incidente y manda una carta de protesta

Es otra muestra de las deterioradas relaciones que existen entre los gobiernos de Murcia y de Castilla-La Mancha en materia de agua, acentuada ahora por el conflicto del trasvase a Barcelona. El director general del Agua de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, ha denunciado que fue expulsado ayer de la reunión convocada en la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en Madrid, para participar en la planificación del nuevo plan de cuenca de este río.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, ha enviado una carta de protesta al presidente de dicha confederación para exigirle explicaciones, toda vez que la participación del Gobierno de Murcia en esta reunión había sido aceptada por carta el pasado 16 de abril. La planificación de la cuenca del Tajo para los próximos años es de suma importancia para los intereses de la Región de Murcia, ya que incide directamente en el Trasvase Tajo-Segura y los caudales que se pueden enviar en el futuro para la población y los regadíos.

Primero, sí; luego, no

Tanto Ródenas como Antonio Cerdá achacan al director general del Agua de Castilla-La Mancha la expulsión del representante murciano de dicha reunión, ayer por la mañana. Según relató Ródenas, al representante castellano manchego no le gustó que hubiera un alto cargo murciano en dicha reunión, por lo que pidió explicaciones sobre los criterios para constituir y convocar la mesa sectorial donde están representadas las comunidades autónomas. El director del Agua de Castilla-La Mancha calificó de «oscuro y opaco» el proceso de participación pública.

Acto seguido abandonó la sala y minutos después entró el comisario de aguas de la Confederación del Tajo para comunicarle al representante murciano que debía marcharse, «invitándole a abandonar la mesa». El comisario le dijo a Ródenas que no podía participar en esa mesa de trabajo, que lo sentía y que había recibido instrucciones del presidente de la Confederación del Tajo, José María Macías, que en esos momentos estaba asistiendo a la toma de posesión del secretario de Estado de Agua, Jospe Puxeu.

El consejero Cerdá considera los hechos «graves», y así se lo ha hecho saber al presidente del Tajo en una carta que le envió ayer tarde. Le recuerda que el Gobierno murciano solicitó en noviembre del año pasado su participación en el proceso de planificación del nuevo plan de cuenca del Tajo, «dado el evidente y legítimo interés» de la sociedad murciana, los municipios abastecidos por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y los agricultores del Acueducto Tajo-Segura.

El 16 de abril, la Confederación del Tajo y la empresa de consultoría encargada de los trabajos accedieron a esta petición. Por esta razón, Cerdá no entiende los motivos de la expulsión, que considera que van «en contra de los criterios de consenso, buen talante y participación pública». En su carta, el consejero traslada «la protesta» del Gobierno murciano y exige con urgencia una explicación sobre la razones de la expulsión. Al mismo tiempo, reitera la petición del Ejecutivo regional para participar el todo el proceso de planificación de la Demarcación del Tajo, en cumplimiento de las normas nacionales y de la UE, «dada la extraordinaria importancia que esta cuestión tiene para el futuro de Murcia».

Miguel Ángel Ródenas explicó por su parte que acudió a la reunión para exponer las ideas y opiniones sobre el trasvase Tajo-Segura, «pieza fundamental del sistema de abastecimiento de agua potable y de la base económica de la Región, con especial incidencia en nuestros regadíos».

Como se sabe, el Gobierno y los partidos políticos de Castilla-La Mancha, incluido el PP, están unidos para exigir que este acueducto finalice en el año 2015.

Ródenas calificó de «paradoja» que en una reunión de participación activa se trate de excluir. «Al Gobierno socialista de Castilla-La Mancha no le interesa el agua, sino sólo hacer política con ella, porque no han querido escuchar la opinión de Murcia. Están practicando una política en negativo. Por un lado niegan el agua al Segura, y por otro, la legitimidad y la realidad del trasvase, y sin proponer solución», señaló ayer. «Tienen una política mezquina y destructiva. Crean conflictos en lugar de sumar esfuerzos para resolver sus propias necesidades». Añadió que «tanto esta actitud, como el decreto del trasvase del Ebro a Barcelona, descubre el verdadero talante del Gobierno socialista, que cuando algo molesta se elimina, y cuando interesa se hace por decreto».

El martes, los regantes

El conflicto generado ayer pasará otro examen el martes próximo, ya que los regantes murcianos y alicantinos del Tajo-Segura han sido convocados a otra reunión en la Confederación Hidrográfica del Tajo con vistas también a su planificación, en la que piensan defender la continuidad del acueducto.

El Sindicato considera esta reunión «un hito histórico», ya que consideran que tendrán por vez primera voz en la planificación de esta cuenca.

Más de la mitad, el 58%, de los 2.075 millones de euros de los fondos Feder que le corresponden a Castilla-La Mancha en el periodo 2007-2013 se destinarán a favorecer el desarrollo sostenible y la gestión del agua, así como la mejora de las redes de transporte y el impulso de las energías renovables.

Así lo expuso ayer la vicepresidenta segunda de la Junta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, durante su comparecencia ante la comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes Regionales.

De los 2.075 millones que recibirá Castilla-La Mancha del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), 1.440 millones son ayudas directas de la Unión Europea y el resto hasta los más de dos mil millones citados serán aportados por las Administraciones Central y Regional.

El mayor montante del dinero, el 37% se destinará a mejorar las redes de transportes y energéticas con el objetivo de hacer de Castilla-La Mancha una región «puntera».

Después de varias semanas consecutivas registrando descensos en sus reservas, parece que Alarcón, el mayor pantano de toda la cuenca del Júcar, se da un respiro y recupera 6,78 hectómetros cúbicos, lo que sitúa el volumen de agua almacenada en 73,87 hectómetros o, lo que es lo mismo, el 6,61 por ciento de sus 1.118 hectómetros cúbicos de capacidad máxima, según datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Este incremento parece alejar, al menos por el momento, el temor a que repita un incidente como el que hubo hace dos semanas, cuando se secó el cauce del río en el paraje de Cuasiermas, entre los términos municipales de Motilleja y Albacete. Como es sabido, la situación se solventó con el desembalse de algo más de tres metros cúbicos por segundo desde Alarcón.

Además, los incrementos han sido generales en la parte alta de la cuenca, ya que Contreras también ha experimentado un aumento en sus reservas, de 4,61 hectómetros cúbicos, con lo que se sitúa en los 66,56 hectómetros cúbicos o, lo que es lo mismo, el 7,81 por ciento de sus 852,4 hectómetros cúbicos de capacidad máxima almacenable.

No obstante, también hay que decir que esta semana, el ‘farolillo rojo’ de los embalses del Júcar ha sido El Molinar, situado precisamente en Albacete, pues almacena 2,06 hectómetros menos que la semana anterior y se encuentra al 11,68 por ciento de su capacidad total.

En términos generales, las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en 14,61 hectómetros cúbicos (hm3) durante la pasada semana y se han situado en los 793,83 hectómetros, lo que supone el 23’72 por ciento de los 3.346,6 hectómetros de su capacidad total.

La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Albacete, Rosario Gualda, va a plantear en el próximo Pleno una moción para que el Consistorio elabore una Ordenanza Municipal del Agua, que contemple medidas concretas encaminadas al mayor ahorro de este recurso en la capital. Según Gualda, «en Cataluña ya hay más de 200 municipios que han elaborado y aprobado un documento de este tipo para usar el agua de una forma más racional».

Es una de las tres medidas que Rosario Gualda presentó ayer, después de que la pasada semana mostrara su oposición a la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar de reabrir los pozos subterráneos.

Una de las tres propuestas con las que la capital puede ahorrar en el consumo de agua y en ella se podrían contemplar, entre otras, iniciativas como la instalación de contadores en grandes centros consumidores de agua, poner reguladores de presión, control del agua para riego, aprovechamiento del agua de lluvia, reutilización del agua sobrante de las piscinas para limpieza de calles o ahorro de riego en zonas verdes.

«Para elaborar este documento sería conveniente que se reúnan no sólo los grupos políticos, sino también ecologistas, consumidores, técnicos y expertos en la materia», planteó la portavoz de IU.

CONTROL DE FUGAS. Junto a esta propuesta de Ordenanza, Rosario Gualda dio a conocer otras dos más. Por un lado, «estudiar la posibilidad de que se mejoren y rentabilicen» las obras hidráulicas que se están acometiendo (por importe de 30 millones de euros y hasta 2047) para evitar las fugas» ya que, según la portavoz de IU, la estimación del agua que se pierde a través de estas fugas, sobre todo de tuberías, es de un 20%

Y, la tercera medida de este grupo político pasa por que se profundice en la concienciación de la necesidad del ahorro energético. Gualda aplaudió iniciativas ya en marcha como el Plan regional de Educación Ambiental, aunque apuntó que trata «de manera superficial» el tema del ahorro del agua y podría mejorarse en la capital, haciendo más hincapié a través del Plan de Educación Ambiental de Albacete. Además, alabó el trabajo que está desarrollando el Servicio de Asesoramiento de Aguas del ITAP (Instituto Técnico Agronómico provincial), especialmente de cara a los usos industriales y a los agrícolas, que son los que concentran el 80% de la utilización del agua. «El ITAP funciona bien pero quizás no haya sistemas de información suficientes para que a los agricultores les lleguen estas medidas de ahorro».

La alcaldesa, Carmen Oliver, transmitió ayer a los vecinos un «mensaje de tranquilidad» porque «el agua que bebemos es de calidad y ya se hacen los análisis pertinentes».

De esta manera se pronunciaba la primera edil al ser preguntada por la petición del presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVA), Francisco Hurtado, de que el agua se analice cada quince días, tras mostrar sus dudas acerca de la calidad del líquido elemento que sale por el grifo. «Esas declaraciones no sé a qué se han debido -dijo la alcaldesa-, hablaremos con el presidente de la FAVA porque no hay ningún problema».

Por su parte, la portavoz de IU, Rosario Gualda, recordó que ya el Laboratorio Municipal y la Universidad regional realizan los análisis pertinentes del agua que bebe la ciudad, «quizás -opinó- deberían arbitrarse mecanismos para que los vecinos estuvieran informados de los resultados».

La edil izquierdista realizó estas consideraciones tras presentar una propuesta, que llevará al próximo pleno, para que el Ayuntamiento de Albacete elabore una ordenanza de agua que incluya medidas dirigidas al uso racional y ahorro de este escaso recurso. Esta ordenanza, sugirió Gualda, debería recoger medidas como la instalación de contadores individuales en lugares de gran consumo; la regulación de la presión; la instalación de sistemas de ahorro en cisternas, inodoros y urinarios y también en instalaciones de lavado industrial y, por qué no, la reutilización del agua de las piscinas en cisternas.

Además de plantear la elaboración de esta ordenanza, la portavoz de IU habló del plan de inversiones de 30 millones de euros que hasta el 2047 se hará en el sistema de abastecimiento de la ciudad «pediremos que se agilicen para evitar las fugas que son del 20%» y también propuso que el Plan de Educación Ambiental contemple acciones a distintos colectivos, incluidos los regantes, para ahorrar agua.

El nuevo secretario de Medio Rural y del Agua, Josep Puxeu, declaró ayer a LAS PROVINCIAS que las necesidades crecientes de agua en muchas zonas de España obligan a «revisar algunas actuaciones hidrológicas», aunque eludió hablar de que los posibles cambios vayan a llegar al conflictivo tema de los trasvases. En este punto fue tajante al asegurar que «no variará la política general del Gobierno».

Puxeu reconoció que «el fuerte crecimiento demográfico y de las actividades económicas de todo tipo nos obligan a revisar lo que se hace y lo que se puede hacer para cambiar algunas cosas y poder ser más efectivos». Añadió que la propia realidad «del cambio climático, o al menos la agudización de estas fases de sequía, aconsejan también que cambien las actuaciones».

Preguntado otra vez por si eso puede implicar un cambio de actitud del Gobierno respecto a los trasvases, pasando a permitir lo que hasta ahora rechaza de plano, reiteró que «la política general del agua del Gobierno no va a variar».

Sin embargo, el secretario de Estado insistió en que «es nuestra obligación asegurar el suministro suficiente de agua para toda la población y para todos los usos agrarios, industriales, ecológicos, energéticos…»

Sobre el modo en que se puede garantizar ese abastecimiento, dadas las penurias actuales en algunos casos, como en la Comunitat Valenciana, Puxeu volvió a negar que se vaya a dar luz verde a trasvases y, dentro de lo que es la postura oficial del Gobierno, aseguró que lo de Barcelona «no es un trasvase y obedece a la necesidad de actuar para resolver una situación urgente». Pero advirtió que las realidades demográficas y económicas no sólo han evolucionado con fuerza en los últimos años en el área metropolitana de Barcelona sino «en todas partes», y, por tanto, «debemos cambiar conceptos y actuaciones en todas partes donde hay problemas».

Respecto a cómo concretar soluciones a la tremenda escasez de agua para riego agrícola en comarcas de la Comunitat Valenciana como la Ribera del Júcar, el Vinalopó o la Vega Baja del Segura, Puxeu señaló que «en la revisión a la que me refiero deben entrar, antes que nada, las interconexiones de cuencas locales y la potenciación definitiva de las desaladoras».

En este punto lamentó que «el Gobierno se ha gastado en los últimos años 7.000 millones de euros en obras hidráulicas y la pena es que no se ven los resultados prácticos; eso tiene que cambiar, tenemos que buscar soluciones con rapidez».

Sobre la mayor o menor operatividad de desalar agua del mar y si cabe que fuera solución para todas las situaciones de falta de suministro, como por ejemplo comarcas con déficit y a decenas de kilómetros de la costa, el secretario de Estado del Agua concretó que «debemos agotar todas las posibilidades, y la desalación es una de ellas, que todavía no está al máximo y puede ser solución factible para muchas situaciones, incluidos usos agrícolas. Pero para donde no lo sea hay que seguir buscando otras alternativas».

Al requerir a Puxeu que detallase más sobre posibles alternativas a la desalación en esa búsqueda de soluciones, se refirió a la conveniencia de «actuar con más eficacia y rigor en la distribución del agua en alta», es decir, en cuanto a las grandes redes de conducciones de suministro general que parten de los embalses, ríos y canales. Pero en todo caso, si no hay agua en las fuentes tradicionales, sería cuestión de buscarlas nuevas para llenar esas grandes canalizaciones.

Sin embargo, el secretario de Estado repitió que no está previsto, ni el lo propone, que se vaya a cambiar la política gubernamental sobre trasvases. Se limitó a repetir que «debemos buscar soluciones» y que «la sociedad actual y su necesario desarrollo precisan que aseguremos el suministro de agua».

El secretario de Estado señaló además la gran contradicción de que se encuentren en situación tan precaria las reservas de los embalses en la vertiente mediterránea de la Península Ibérica, en tanto que están muy bien los del norte y la mitad occidental, citando expresamente la presa de Alqueva, sobre el río Guadiana pero en el tramo que atraviesa exclusivamente suelo de Portugal, que es de las mayores de Europa y se halla «a rebosar».

Los regantes del Canal de Las Aves de Aranjuez (Madrid) tienen previsto ratificar hoy el acuerdo con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla -organismo dependiente del Gobierno que suministra agua a 2,7 millones de personas en Murcia, Alicante y Albacete- para venderle agua de forma parcial y temporal para evitar que este verano haya restricciones para el consumo humano.

Esta medida, similar a la aprobada en Barcelona con los caudales del Ebro, se produce por tercer año consecutivo. Además, la Confederación Hidrográfica del Segura ultima la reapertura, también por tercer año consecutivo, de los 60 pozos de sequía para obtener unos 50 hectómetros cúbicos para el Levante.

Mientras, las últimas lluvias han aportado a los embalses 1.423 hectómetros cúbicos, lo que supone que el agua almacenada ha aumentado un 2,6% respecto a hace una semana. En Cataluña esta crecida ha retrasado la llegada del periodo de emergencia para el consumo humano unos 15 días, hasta mediados de octubre.