La reunión celebrada ayer en Valencia por los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, para abordar la discriminación hídrica de sus regiones ofreció las primeras concreciones: la posibilidad clara de ponerse a la cabeza de aquellas movilizaciones que reclamen «agua para todos» y la determinación de recurrir en amparo al Constitucional ante «la quiebra del principio de igualdad» representada por la decisión de Rodríguez Zapatero de autorizar un trasvase del Ebro sólo para Cataluña.
Camps y Valcárcel, no obstante, todavía ayer aguardaban que el Ejecutivo incluyera en el Consejo de Ministros una rectificación del proyecto consistente básicamente en la recuperación «en su integridad» del trasvase del Ebro.
De lo contrario, el «frente común» Valencia-Murcia-Almería se aplicará con decisión a la vía judicial y está también dispuesto a apoyar, y a encabezar, aquellas protestas motivadas por la falta de agua y, sobre todo, por la desigualdad en su reparto.
Si bien ambos explicaron que no serán sus Gobiernos regionales los «promotores» de eventuales movilizaciones, también aseguraron que «estaremos allí donde las haya, como hemos hecho hasta ahora». Hay que situarse «al lado de la gente», se justificaron.
En este sentido, la elección de Madrid como lugar de estas acciones parece inevitable: es, dijo Valcárcel, el escenario «perfecto» para acoger una de estas manifestaciones en defensa de los derechos hídricos de las cuencas mediterráneas más deficitarias después de que, en años pasados, Alicante y Murcia hayan registrado protestas multitudinarias.
Bancos de agua
El flanco judicial se plasmará en un recurso que elaboran los servicios jurídicos de ambas regiones y que podría presentarse ante el Constitucional con carácter inminente si es que no hay variación en el rumbo de las conversaciones, hasta ahora prácticamente nulas, con el Ejecutivo, y que tendrán continuidad en una reunión convocada para mañana por la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, con todos los consejeros autonómicos con responsabilidades en materia hídrica.
Ambos Gobiernos autonómicos también acordaron ayer exigir el mismo derecho a utilizar los derechos de agua adquiridos por los usuarios del Ebro y se mostraron favorables a la creación de los denominados bancos de agua.
Camps acusó a Zapatero de actuar «a escondidas y con mucha vergüenza» en la decisión de autorizar un trasvase a Barcelona que ha venido negando desde que llegó a La Moncloa a Murcia, Comunidad Valenciana y Almería.
«Solidaridad» con Cataluña
Para sus artífices, la reivindicación del derecho de sus territorios al agua del Ebro no es en ningún modo incompatible con su «comprensión» hacia las urgencias hídricas de Cataluña. Tanto Camps como Valcárcel fueron rotundos al expresar su «solidaridad» con los catalanes y aseguraron que respaldan el trasvase a Barcelona hasta el punto de desear que éste sea «permanente y de 180 hectómetros cúbicos». En su opinión, la demanda que ahora tiene Barcelona no es coyuntural, sino «estructural».
Reparos del PSOE de Aragón
El PSOE añadió elementos que cimentan los argumentos de que el trasvase del Ebro sólo a Barcelona pactado por Gobierno y Generalitat no será una vía de emergencia este año por la sequía, sino que su carácter será permanente, lo que provocó el malestar de los socialistas aragoneses. Tras una reunión con líderes socialistas de Aragón, Valencia, Murcia, Cataluña y La Mancha para medir las consecuencias de este acuerdo, Ferraz reconoció que el trasvase será permanente, y lo justificó por los eventuales fallos de la futura desalinizadora de El Prat (Barcelona), que entrará en funcionamiento previsiblemente en junio de 2009. Un argumento, aseguran en el PP, perfectamente válido para toda la España seca para reclamar un trasvase. La desaladora de Barcelona, por otra parte, tardará muchos años en estar a pleno rendimiento, por lo que el trasvase, aseguran los expertos, se utilizará de forma permanente, desmintiendo así las explicaciones del PSOE.
Mientras tanto, la Generalitat ha hallado la fórmula para tapar la boca a algunas de las voces críticas con el trasvase del Ebro a Barcelona, las de los regantes. El consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, anunció que el Real Decreto que recogerá el proyecto de prolongar el minitrasvase del Ebro a Barcelona contemplará la posibilidad de que la Generalitat compre los derechos de agua de los regantes de toda la cuenca catalana del Ebro, no sólo los del Delta. Baltasar no aclaró quién costeará la compra de estos derechos, aunque espera que sea el Estado. De ser así, faltaría por ver si iría a costa del montante del Estatuto.
