El Pleno de las Cortes regionales aprobó ayer una resolución por la que, entre otras cosas, insta al Gobierno central a garantizar una cantidad estable de agua mínima embalsada en los pantanos de cabecera del río Tajo de Entrepeñas y Buendía para mantener la actividad económica en esta zona.

PSOE y PP coincidieron en incluir esta petición en sus respectivas propuestas de resolución, aunque la propuesta no pudo ser consensuada por razones formales.

La iniciativa viene a abundar en el requisito legal de no poder trasvasar agua al Levante a través del Acueducto Tajo-Segura por debajo de 240 hectómetros cúbicos, cantidad muy cercana estos días al agua embalsada en Entrepeñas y Buendía, que anteayer apenas rozaba los 261 hectómetros. La resolución aprobada fue fruto de un debate general sobre el Plan Especial de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía solicitado por el Grupo Popular, que fue seguido desde la tribuna de invitados por el presidente de la Mancomunidad que agrupa a estas poblaciones, Julián Rebollo. El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, defendió el Plan Especial subrayando que no ha pasado un año desde su firma y ya se están llevando a cabo actuaciones que superan más del 43 por ciento del presupuesto, cifradas en 79 millones de euros de inversión sobre un montante global de más de 181 millones hasta 2013. Actuaciones que resumió en infraestructuras de carácter comarcal y medidas con incidencia directa en los 49 núcleos de población y 22 municipios de Cuenca y Guadalajara afectados por este Plan. Guijarro anunció en que las próximas semanas está previsto que comiencen las obras para el abastecimiento mancomunado de agua a los pueblos ribereños. El diputado del PP Porfirio Herrero le dio la réplica denunciando que «en 23 años la Junta no ha realizado acción alguna tendente al desarrollo y mejora de la calidad de vida de estos pueblos ni por compensación, preocupación, interés o razón electoral puntual». Herrero no dudó de las buenas intenciones del Plan, pero aseguró que hasta hoy no hay una sola inversión directa de la Junta de importancia en la zona. La contrarréplica vino del socialista José Molina, quien centró el debate en las necesidades de agua y recriminó al PP haber trasvasado en ocho años la mitad de los 10.000 hectómetros cúbicos derivados al Levante en los treinta años del trasvase Tajo-Segura.

Guarinos denuncia la «incoherencia» de la Junta sobre los trasvases

m. canseco / toledo

Como suele ser habitual en cada Pleno de las Cortes, los grandes debates suelen generar reacciones posteriores de los grupos parlamentarios y ayer no fue una excepción. La portavoz del Grupo Popular, Ana Guarinos, se preguntó «cómo era posible» que la vicepresidenta segunda del Gobierno regional y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, estuviera ayer en Bruselas defendiendo la caducidad de unos trasvases, entre ellos el del Ebro, que los populares sostienen que se deben mantener para evitar que ese agua vaya al mar y pueda beneficiar a la España seca. Guarinos denunció la «incoherencia e irresponsabilidad» de Araújo para plantear eso, cuando aseguró que el Gobierno regional «está conforme» y realizando actuaciones favorables a los trasvases internos dentro de la región. «Nadie negará que la Tubería Manchega es un trasvase interno, pero trasvase», señaló. Según Guarinos, lo que el PSOE defendió ayer en Bruselas es que dichos trasvases tampoco se realicen para abastecimiento. La portavoz indicó que al PP le gustaría que la caducidad del Tajo-Segura la defendiera Araújo ante Zapatero y la ministra Narbona.

Moreno aclara que la Tubería Manchega sólo es para beber

m. canseco / toledo

Las declaraciones de Guarinos recibieron la rápida respuesta del Grupo Socialista de labios de su portavoz, Santiago Moreno, quien respondió al requerimiento de Ana Guarinos para que el PSOE explicara si está o no de acuerdo con los trasvases.

Según Moreno, la postura del PSOE es «clara, nítida y rotunda: no queremos trasvase Tajo-Segura, se mantiene un texto estatutario que nadie de nosotros ha cuestinado ni va a cuestionar».

Dicha reforma del Estatuto de Autonomía incluye la caducidad del Tajo-Segura en 2015, una fecha que el portavoz socialista apuntó que hasta podría ser anticipada, ya que Zapatero prevé desalar 1.000 hectómetros cúbicos anuales de agua hasta 2012.

«Debe mantenerse en su integridad la caducidad y si es en 2012 mejor que en 2015», sentenció. En cuanto a los «trasvases internos» criticados por el PP, aclaró que «no es verdad que vamos a llevar agua a la Llanura Manchega para regadíos, sino solamente para beber». Moreno subrayó que lo único que se debe compartir entre comunidades es agua para beber «y lo contrario es enredar por enredar».

El Comité de Regiones aprueba el informe Camps frente a la oposición de CLM

la tribuna / toledo

El Comité de Regiones, el órgano de representación de las comunidades de la Unión Europea, aprobó ayer el conocido como Informe Camps. Este dictamen, que ha promovido el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, incluye los trasvases como un recurso para combatir la escasez de agua.

La representante castellano-manchega en la institución, la vicepresidenta María Luisa Araújo, votó en contra, junto con Cataluña, Aragón, Baleares y Galicia. Aunque también ha contado con el apoyo del grupo socialista europeo, no ha sido suficiente.

Araújo denuncia que el informe Camps «no se alínea en la misma posición de la Unión Europea». De hecho, su órgano ejecutivo, la Comisión, ya señaló en 2007 que la solución al problema del agua se encuentra en el ahorro y la eficiencia en su utilización. Esta postura coincide con la regional, «tal y como ha reiterado en numerosas ocasiones el Gobierno de Castilla-La Mancha».

La vicepresidente resalta que al final el informe no ha salido del Comité de Regiones con un voto unánime, sino sólo con una mayoría simple. Además, la delegación alemana ha solicitado la devolución del texto por no haberse consensuado «suficientemente».

Desde Castilla-La Mancha, el portavoz en materia de agua del PSOE, José Molina, ha pedido al PP regional que se «desmarque» de la política oficial de su partido, que representa el presidente valenciano y su homólogo murciano. Criticó que al PP «se le llene la boca de palabras contra el trasvase», pero que sea el que esté manteniendo una «política trasvasista».

sólo vinculante. Como el Comité de Regiones es sólo un órgano asesor, el dictamen aprobado no tiene carácter vinculante. En algunos de sus párrafos más polémicos el Informe Camps señala que «se consideran positivos los trasvases de recursos excedentes y otros intercambios de agua (…) siempre que quede garantizada la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la calidad de los acuíferos y los caudales ecológicos». El dictamen también hace alusión a la desalación, a la que describe como «un proceso de alto consumo energético, que tiene un fuerte impacto medioambiental».

A falta de una semana para que finalice el plazo para adherirse a la tercera Oferta Pública de Adquisición de Derechos de Uso de Agua (OPA) la respuesta de los regantes de la Mancha Oriental está siendo muy positiva, según apuntó Belmonte. Y es que hasta el momento el ahorro conseguido, en virtud de las solicitudes presentadas, ya alcanza los 21 hectómetros cúbicos.

No obstante, el presidente de la JCRMO manifestó que esperan que esta tercera convocatoria pueda cerrarse con un ahorro total de al menos 30 hectómetros.

Belmonte recordó que si no se adhieren más usuarios a esta convocatoria, y especialmente los que más están más cerca del río, la Confederación podría establecer vía decreto, prohibiciones de riego. Prohibiciones en los cultivos de verano que no se hubiesen plantado antes del 14 de marzo.

La Junta Central de Regantes ha decidido establecer un turno de riego entre los usuarios, a pesar de que algunos de los usuarios que se sirven directamente del río no son miembros de la organización, para evitar que el río Júcar vuelva a secarse.

El comisario de aguas del Júcar, regantes de aguas superficiales y miembro de la junta directiva de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, mantuvieron hoy un encuentro para establecer las causas que provocaron que el pasado lunes el río apareciera seco en un tramo de 6 kilómetros en la zona del puente de «Cuasiermas».

Según fuentes de la organización de usuarios y regantes de la Mancha Oriental consultadas por Europa Press, la situación se produjo a consecuencia de la coincidencia en la extracción directa desde el río de caudales para riego de varias explotaciones durante el fin de semana.

Los regantes directos del río tendrán que realizar turnos de riego para evitar que se seque La JCRMO está trabajando para que el caudal ecológico se mantenga Denuncian que Valencia aún no ha realizado las obras del Plan del Júcar

«Nos quita el sueño que el río se seque». Con estas palabras resumía ayer el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, la inquietud que sienten ante el lamentable estado que presenta en estos momentos el río Júcar.

Una afirmación que no es gratuita tal y como viene demostrando la JCRMO desde hace tiempo ya. Y es que ante la sequía no han dudado en apretarse el cinturón, entre otras cuestiones, para mantener el caudal ecológico del río. Asimismo han pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que lleve a cabo no una, sino hasta tres Ofertas Públicas de Adquisición de Derechos de Uso de Agua (OPA) en el tramo medio del río. Belmonte recordó en rueda de prensa que, igualmente, sugirieron a la Administración que se vierta agua de pozos al río para que éste no se secase. E incluso anunció que ya están buscando recursos «en otros sitios» ante la falta de lluvias.

El responsable de los regantes de la Mancha Oriental aseguró que se sorprendió, como todos, cuando el río apareció seco en un tramo en días pasados.

No obstante, Belmonte atribuyó este hecho a la extracción masiva en un momento dado, el fin de semana, posiblemente por parte de aquellos regantes que tienen reconocido su derecho a tomar agua directamente del río.

Una situación ésta que afecta a unas 2.500 hectáreas, según explicó a este diario el secretario de la Junta de Regantes, Herminio Molina, quien detalló que el Plan Hidrológico del Júcar fija una asignación específica de 25 hectómetros cúbicos destinada a atender las demandas de los riegos en el tramo medio de los ríos Júcar y Cabriel.

Reunión

Precisamente por la tarde, unos 10 usuarios de tomas directas del río (que no están adscritos a la JCRMO) participaron, en la sede de la Confederación en Albacete, en una reunión con el comisario del organismo de cuenca, Manuel Alcalde, y con los representantes de la Mancha Oriental.

En este encuentro se decidió, según informaron tras la reunión los responsables de la Junta Central, que los usuarios de este tipo de tomas se organicen en turnos para evitar que los riegos se concentren en un momento determinado y que el Júcar vuelva a amanecer seco.

En esta tarea estarán asesorados por miembros y técnicos de la Junta Central de Regantes, entidad ésta que ofreció su ayuda para llevar a cabo esta labor. De hecho ayer fijaron una reunión para el próximo martes en la sede de la JCRMO en la que se pretende determinar las superficies, caudales y usuarios que se encuentran en esta situación y establecer turnos de riego.

En el encuentro de ayer, al igual que otros que está previsto que se produzcan en los próximos días o semanas con la Confederación, participaron los regantes directos del río con más de 50 hectáreas.

Pero a pesar de todas las precauciones y de la búsqueda de soluciones, en la que todos se han puesto manos a la obra ya, Belmonte aseguró que si no llueve «se nos secará el río de nuevo». Aunque, eso sí, anunció que al menos desde la entidad que representa harán todo lo posible, como hasta ahora, por evitar que esta situación que calificó de «barbaridad» se repita.

En cuanto al anuncio realizado el miércoles desde Ecologistas en Acción afirmando que pedirían a Bruselas que se declare sobreexplotado el acuífero 18, el de la Mancha Oriental, Belmonte fue tajante. «Pueden pedir eso y dos huevos duros», manifestó en un alarde de jocosidad para, a renglón seguido, añadir que la realidad es tozuda y que los datos demuestran que no existe tal sobreexplotación.

«Tenemos mejores niveles que hace dos años» apostilló, insistiendo en que se están produciendo recargas importantísimas del acuífero. En esta línea, señaló que lo que están extrayendo del mismo, es única y exclusivamente lo que marca el Plan Hidrológico del Júcar.

Incumplimientos

No menos rotundo fue a la hora de señalar a aquellos que están incumpliendo ese plan de forma reiterada. Así, el representante de los usuarios albaceteños no dudó en apuntar hacia los usuarios valencianos y especialmente hacia la Generalitat Valenciana. Y es que precisamente esta Administración suscribió un convenio en 1997 con el Ministerio de Medio Ambiente en el que se comprometía a realizar las pertinentes infraestructuras hidráulicas y a que éstas estuviesen finalizadas en el año 2002.

Un horizonte de cinco años que no se respetó, tal y como recordó Belmonte indicando que a día de hoy las obras de modernización de regadíos siguen pendientes. «Las obras tienen que servir para mejorar lo que la naturaleza hace ella misma», matizó.

En este sentido, Belmonte afirmó que no se puede conseguir que las lluvias lleguen, pero sí que se podrían ,y se deberían haber puesto los medios, para almacenar recursos en años de bonanza y hacer frente con ellos a ejercicios de sequía como el actual.

Igualmente lamentó que los usuarios valencianos no hayan respetado las asignaciones establecidas en el Plan Hidrológico del Júcar. A modo de ejemplo explicó que si se hubiesen acometido las obras de modernización y estos usuarios se hubiesen ajustado a las concesiones fijadas en el Plan, sólo entre 2003 y 2006 podrían haberse ahorrado 506 hectómetros que podrían estar almacenados en Alarcón y Contreras.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)confirmó ayer que el río Júcar se secó en un tramo de entre 4 y 8 kilómetros a su paso por la provincia de Albacete como consecuencia de la sequía y de un uso abusivo y no planificado de los escasos caudales que el pasado fin de semana bajaban por el río.
La Confederación Hidrográfica del Júcar se ha visto obligada a desembalsar más agua del pantano de Alarcón, pese a que se encuentra en situación crítica- 67 Hm3 sobre una capacidad total de 1.112 (1 hm3 = mil millones de litros)-, con objeto de recuperar un hilo de agua en el río al tiempo que abría una investigación.
Ecologistas en Acción anunció ayer la presentación de una denuncia en Fiscalía por un presunto delito ecológico y responsabilizó de lo sucedido a los regantes. Con un discurso muy duro, los portavoces de esta organización han dicho que iran a Bruselas para pedir que se declare sobreexplotado el acuífero, rechazan que la CHJ pague a los agricultores a cambio de utilizar menos agua y proponen que a partir del 30 de mayo no se riegue en La Mancha.
Por el contrario, el presidente de la Junta de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, dijo que la situación podría haber sido consecuencia de una extracción masiva en un momento concreto, pero la situación en general del pantano de Alarcón, que se encuentra al 6% de su capacidad, es consecuencia, a parte de la sequía de los últimos 3 años, «del incumplimiento del Plan Hidrológico del Júcar, por parte de los usuarios valencianos, que en 2002 deberían haber modernizado sus regadíos, ajustándose a las asignaciones que en mencionado plan se le daban, y que sin embargo han sobrepasado en mas de 400 hectómetros cúbicos».
Mientras, el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, atribuyó lo sucedido a la acción e «agricultores de fin de semana».
En Albacete, «al igual que ocurre aquí, hay muchos agricultores a tiempo parcial o de fin de semana que se pusieron a regar sin organización, ni tandeos y sin avisar siquiera sobre las necesidades».
«Nuestra guardería nos aviso el domingo de que el río estaba con caudales muy bajos, aunque hasta última hora se mantuvo con un hilo de corriente y tomamos la decisión de esperara ver que ocurría el lunes. Cuando vimos que ya no se veía el agua y que esta circulaba únicamente por debajo del subálveo decidimos incrementar a más de 3 metros cúbicos por segundo -unos 3.000 litros-, pero claro, el agua tardó 48 horas en llegar y solo al mediodía del miércoles el río recupero el caudal en todos sus tramos», explicó Moragues.
«Al límite»
Según Moragues el río va «muy al limite, muy ajustado» para retener el máximo posible de agua en Alarcón, pero desde la Serranía conquense no bajan caudales y aunque por unos centenares de litros por segundo, son las reservas de este pantano las que mantienen el río con vida.
No obstante Moragues lanzó una advertencia: «El tiempo de las Ofertas Públicas de adquisición de agua a las que acogerse de forma voluntaria ha terminado. El que no reduzca voluntariamente sus tomas en la zona de afección al río las va a reducir obligatoriamente. Si todo sigue como hasta ahora este verano no se va a regar en Albacete a partir de julio en las 30.000 hectáreas próximas al río».

Todo lo referente a la crisis de la sequía en Barcelona depende directamente de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La Moncloa ha tomado así las negociaciones con la Generalitat de Cataluña y ha apartado a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, competente en teoría para la gestión del Ebro y de la sequía.

Narbona eludió dar explicaciones públicas ante la prensa pese a que durante cuatro años no ha rehuido los medios de comunicación ni ha evitado visitar y debatir sobre el agua en zonas para ella conflictivas como Valencia o Murcia. De la Vega, diputada por Valencia, ha sido muy clara al negarse a cualquier trasvase desde el Ebro.

«No tiene nada que ver con si se producirá o no el relevo de las titulares de Medio Ambiente [Cristina Narbona] o Fomento [Magdalena Álvarez], sino con la necesidad de unificar los criterios y decisiones», señaló un miembro del Gobierno catalán, que añadió: «Aparentemente, hay tensión entre ambos ejecutivos, pero hablamos mucho más de lo que pueda parecer y las conversaciones son fluidas».

Además, los regantes del Ebro mantuvieron primero una actitud favorable a la venta de los derechos del agua, los de la margen derecha y los de la izquierda. Luego, las posturas públicas han sido diferentes: los de la izquierda lo rechazan. Pero a la reunión en Madrid acudieron representantes de ambos sectores y, en ese caso, no hubo discrepancias, según fuentes del Gobierno catalán.

Los regantes del Ebro, los de las dos orillas juntos, se reunieron la pasada semana ante la posibilidad de que haya una oferta firme del Gobierno central, interesado en adquirir el agua sobrante del minitrasvase para llevarla a Barcelona y paliar el problema de la sequía. Estos mismos regantes celebraron el martes una reunión con la Agencia Catalana de Agua (ACA) en la que, según reconocieron ambas partes, «no se habló del agua del Ebro». Los regantes entendieron que no había oferta, dijo ayer un portavoz de los de la margen derecha del Ebro, pero la Agencia Catalana del Agua creyó percibir que no había voluntad de venderla porque «posiblemente ya estaba vendida».

Fuentes del Gobierno catalán sugirieron que los regantes se habían reunido también con el Gobierno central, pero un portavoz de la Vicepresidencia lo negó de plano. «Consideramos esa posibilidad y otras, juntas y por separado, pero no ha habido una reunión con los regantes», aseguró.

Los regantes prefieren vender el agua directamente al Gobierno central porque, de hacerlo a la ACA, dependiente del Gobierno catalán, podrían tener problemas ya que los 40 hectómetros cúbicos anuales que Tarragona paga pero no consume tienen dueño: el Consorcio del Agua de Tarragona (CAT), que quizá no estuviera excesivamente de acuerdo en que los regantes cobraran dos veces. Con el que no ha hablado el Gobierno central es con el CAT.

La operación consistiría en tomar el agua concedida a los regantes y no utilizada por Tarragona y transportarla a Barcelona aprovechando las conducciones del minitrasvase, de modo que el CAT se convierte en transportista. Desde Tarragona se acomete la construcción de una tubería a través de la mediana de la autopista AP-7 hasta Gelida y, desde ahí, se enlaza con la potabilizadora de Abrera.

Para actuar en la AP-7, que actualmente explota Abertis en régimen de concesión, se necesita permiso del Ministerio de Fomento. Un portavoz de Fomento explicó ayer que todo lo relativo a la tubería de la autopista ha pasado a ser competencia de Vicepresidencia del Gobierno.

La portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Albacete, Carmen Bayod, ha exigido que «bajo ningún concepto» se abran los pozos para abastecimiento de agua a la ciudad hasta que no se realicen las obras para mejorar la calidad de las aguas subterráneas a base de filtros de carbono activo, lamentando que de nuevo tengamos que tomar medidas de emergencia, «por no haber llevado a cabo una buena política de aguas para enfrentar una sequía, que en nuestra tierra es totalmente previsible».

Carmen Bayod explicó el contenido de la reunión que tuvieron los tres portavoces del Ayuntamiento de Albacete con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, el pasado lunes, donde se dio a conocer la reapertura de los pozos, como ya ocurrió en 2006, así como las peticiones que ha realizado el Partido Popular ante la misma.

En primer lugar, la portavoz solicitó que se facilite a los grupos políticos toda la información sobre la obra que se va a realizar -instalación de los filtros de carbón activo-, tanto su coste, como proyecto y fechas de ejecución, ya que durante la reunión «pocos datos nos facilitaron al respecto a pesar de nuestras preguntas». Asimismo, Bayod informó que a una pregunta directa al señor Moragues sobre quién pagaría la obra, este contestó que «como manda la normativa, los vecinos a través del recibo del agua». Otra cuestión, apuntó Carmen Bayod, «es que de momento sea la Confederación o el Ministerio de Medio Ambiente quién adelante el dinero para la misma».

Por esa razón, dijo la portavoz, «del mismo modo que se repercutirá el gasto de la obra en los recibos de los vecinos, pensamos que habrá que hacer un reajuste del mismo puesto que, según parece, los meses de primavera, verano y otoño que durarán las medidas de emergencia, serán también meses donde la planta de tratamiento filtrará menos agua, y por tanto habrá menor gasto».

Informe sobre obras. La segunda exigencia del Partido Popular es que se facilite un informe preciso sobre las obras de emergencia que ha realizado el Gobierno de la Nación, la Junta de Comunidades y el propio Ayuntamiento de Albacete para paliar estas situaciones, y nos referimos, dijo Carmen Bayod «a obras de emergencia que exige la ley, y no a obras ordinarias y licitadas hace años, como ya se nos respondió en alguna ocasión».

En último lugar, la portavoz del Partido Popular informó de que se ha solicitado que se faciliten informes periódicos sobre los análisis del agua que llega a los hogares de los ciudadanos una vez abiertos los pozos, y que no pase como en el año 2006 «cuando mis compañeros de Corporación se cansaron de pedirlos sin ningún resultado, cuya negativa fue aderezada con descalificaciones, como es habitual en el Partido Socialista». Y es que, añadió Carmen Bayod, «los ciudadanos de Albacete tienen derecho a saber qué agua están bebiendo en cada momento. Y es que el alcalde -Manuel Pérez Castell- se encargó de hacer declaraciones alarmantes sobre el estado de nuestras aguas, y claro, ahora los vecinos no quieren ni oír hablar del agua de los pozos».

Durante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha el portavoz en materia de agua del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, pidió al PP de Castilla-La Mancha y a su presidenta, María Dolores de Cospedal, que se pronuncien en contra del dictamen de la Unión Europea a favor de una política trasvasista y lamentó que a los populares «se les llene la boca de palabras contra los trasvases».

Molina hizo estas declaraciones ayer, tras conocerse la resolución del pleno del Comité de Regiones de la Unión Europea, donde se aprobó el informe del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que aboga, entre otras soluciones, por el recurso a los trasvases para paliar la escasez de agua y la sequía en Europa. Así, en su opinión, ayer también se demostró que «los que realmente pintan en el PP» están a favor de los trasvases, mientras que aseguró que la representación de Castilla-La Mancha enmendó el texto con el apoyo de todo el PSOE europeo, a pesar de lo cual el dictamen fue aprobado.

Por su parte, el PP regional rehusó hacer declaraciones tras conocerse la resolución europea y se remitió a la comparecencia de su portavoz en la Cámara regional, Ana Guarinos, durante el Pleno celebrado ayer en las Cortes regionales.

«Nosotros pedimos, y así consta en el Estatuto de Autonomía, que el trasvase Tajo-Segura, tal y como está concebido actualmente, tiene que desaparecer» aseguró la portavoz del PP, quien lamentó que Castilla-La Mancha sea «la única región que está hipotecada en materia de agua».

Finalmente, Guarinos, que calificó de «contradictoria y oportunista» la postura del PSOE en política de agua, recordó la existencia de un trasvase interno destinado a abastecer a la Llanura Manchega y retó a Barreda a que aclare si está también en contra de esos trasvases.

Fue el portavoz socialista, Santiago Moreno, quien contestó a Guarinos asegurando que el abastecimiento a La Mancha con aguas de la cabecera del Tajo sólo servirá para dar de beber a los municipios de esa zona y ha asegurado que jamás discurrirá por la tubería manchega agua para regadíos, desarrollos industriales o campos de golf.

Municipios ribereños

Durante el pleno de ayer, las Cortes aprobaron una resolución por la que instan al Gobierno central a que preserve una lámina mínima de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía para garantizar la actividad socioeconómica de los municipios ribereños de esos pantanos.

Este fue el único punto en el que estuvieron de acuerdo ambas formaciones, puesto que el Partido Popular propuso -a través de una resolución que fue rechazada con los votos en contra del PSOE- revisar el Plan Especial de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, para retirar del mismo las actuaciones ya realizadas o previstas, así como crear una oficina de seguimiento del documento.

El diputado socialista José Molina, aseguró que el principal problema de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía «son los propios embalses», porque desde la creación de los mismos, «se ha trasvasado de manera excesiva».

Las primeras sesiones del debate de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero han servido para demostrar que el debate hídrico continúa siendo un asunto por resolver. La referencia del candidato a la presidencia del Gobierno a que estudiará un trasvase de agua desde el Ródano a Barcelona, después de rechazar sólo unos días antes el del Ebro, es el mejor reflejo de que el Gobierno todavía no tiene claro del todo la forma de afrontar la sequía.

Pero al mismo tiempo que Zapatero se enredaba con las desaladoras y los trasvases más o menos puntuales de agua, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, sacaba adelante en el Comité de las Regiones de la UE el documento ‘Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea’, -popularmente conocido como ‘informe Camps- en el que se plasman las propuestas de Bruselas para hacer frente al cambio climático y a la sequía que azota a buena parte del sur de Europa y que es consecuencia de este proceso.

En la sesión de ayer, el órgano en el que están representadas las regiones europeas aprobó el documento en el que se aboga por los trasvases como método para combatir la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea. La importancia política del documento es máxima, toda vez que junto con otros documentos servirá de orientación para futuras políticas comunitarias en materia hídrica.

Y no sólo por eso, mientras PSOE y PP mantienen sus diferencias respecto a si las desaladoras o los trasvases de agua deben ser la medida prioritaria para hacer frente al déficit hídrico, el jefe del Gobierno valenciano lograba sacar adelante un documento en Europa que avala los trasvases que viene defendiendo históricamente el Gobierno valenciano.

En concreto, en un artículo se señala «que se consideran positivos los trasvases de recursos excedentes y otros intercambios de agua entre sistemas dentro de los estados miembros como medida de articulación de la solidaridad en materia de agua, siempre que quede garantizada la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la recuperación de los acuíferos y los caudales ecológicos».

En otro punto del informe se señala que la desalación «es un proceso de alto consumo energético y tiene un importante impacto medioambiental», por lo que «sólo debería considerarse como una opción en los casos en que los beneficios compensen dicho impacto».

La aprobación del documento se logró pese a las maniobras de las regiones gobernadas por el PSOE que maniobraron para tratar de aplazar la votación, con el argumento de que no se había dado suficiente tiempo para la presentación de enmiendas. Pese a ello, el documento final quedó aprobado con la incorporación de 43 enmiendas. Esa circunstancia no impidió el voto en contra de regiones como Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y Cataluña.

El caso de esta última región es particularmente llamativo, toda vez que es el propio Gobierno catalán el que está reclamando un trasvase de agua desde el Segre (un afluente del Ebro) a Barcelona. Tan lejos como el miércoles, el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla volvía a restar credibilidad a la opción de realizar un trasvase desde el Ródano, pero insistía en su apuesta por un trasvase del Segre. En el Comité de las Regiones, en cambio, Cataluña rechazó el informe que avala esos trasvases.

Francisco Camps destacó ayer que la defensa de los trasvases será a partir de ahora la postura oficial de todas las regiones europeas, a las que representa el CdR, y restó importancia al voto en contra de los representantes socialistas. Insistió en que «no hay alternativa a los trasvases» y puso como ejemplo el hecho de que el Gobierno catalán reclame ahora un trasvase del Segre para abastecer a Barcelona.

«Hoy se habla de trasvase a Barcelona porque no hay alternativa a los trasvases», aseguró Camps, que resaltó que el Gobierno tripartito está «dividido más que nunca» por esta cuestión. Arremetió contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por no haber hecho «las inversiones que correspondían» en materia de agua, en particular el pacto del agua de Aragón y el trasvase del Ebro.

«Con el Plan Hidrológico Nacional y con el trasvase del Ebro refrendado en este informe, hoy Barcelona no tendría las perspectivas de intranquilidad respecto a la escasez de agua para el consumo humano», insistió el presidente de la Generalitat valenciana.

Fuentes del Gobierno catalán explicaron a Europa Press que votaron en contra del ‘informe Camps’ porque están en contra de los trasvases. Las fuentes consultadas negaron que exista una contradicción con la defensa del trasvase del Ebro para abastecer a Barcelona. Y señalaron que este trasvase sería un «último recurso de emergencia» para hacer frente a la situación en la capital catalana «a corto plazo», y que tendría un carácter «provisional».