Todo lo referente a la crisis de la sequía en Barcelona depende directamente de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La Moncloa ha tomado así las negociaciones con la Generalitat de Cataluña y ha apartado a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, competente en teoría para la gestión del Ebro y de la sequía.

Narbona eludió dar explicaciones públicas ante la prensa pese a que durante cuatro años no ha rehuido los medios de comunicación ni ha evitado visitar y debatir sobre el agua en zonas para ella conflictivas como Valencia o Murcia. De la Vega, diputada por Valencia, ha sido muy clara al negarse a cualquier trasvase desde el Ebro.

«No tiene nada que ver con si se producirá o no el relevo de las titulares de Medio Ambiente [Cristina Narbona] o Fomento [Magdalena Álvarez], sino con la necesidad de unificar los criterios y decisiones», señaló un miembro del Gobierno catalán, que añadió: «Aparentemente, hay tensión entre ambos ejecutivos, pero hablamos mucho más de lo que pueda parecer y las conversaciones son fluidas».

Además, los regantes del Ebro mantuvieron primero una actitud favorable a la venta de los derechos del agua, los de la margen derecha y los de la izquierda. Luego, las posturas públicas han sido diferentes: los de la izquierda lo rechazan. Pero a la reunión en Madrid acudieron representantes de ambos sectores y, en ese caso, no hubo discrepancias, según fuentes del Gobierno catalán.

Los regantes del Ebro, los de las dos orillas juntos, se reunieron la pasada semana ante la posibilidad de que haya una oferta firme del Gobierno central, interesado en adquirir el agua sobrante del minitrasvase para llevarla a Barcelona y paliar el problema de la sequía. Estos mismos regantes celebraron el martes una reunión con la Agencia Catalana de Agua (ACA) en la que, según reconocieron ambas partes, «no se habló del agua del Ebro». Los regantes entendieron que no había oferta, dijo ayer un portavoz de los de la margen derecha del Ebro, pero la Agencia Catalana del Agua creyó percibir que no había voluntad de venderla porque «posiblemente ya estaba vendida».

Fuentes del Gobierno catalán sugirieron que los regantes se habían reunido también con el Gobierno central, pero un portavoz de la Vicepresidencia lo negó de plano. «Consideramos esa posibilidad y otras, juntas y por separado, pero no ha habido una reunión con los regantes», aseguró.

Los regantes prefieren vender el agua directamente al Gobierno central porque, de hacerlo a la ACA, dependiente del Gobierno catalán, podrían tener problemas ya que los 40 hectómetros cúbicos anuales que Tarragona paga pero no consume tienen dueño: el Consorcio del Agua de Tarragona (CAT), que quizá no estuviera excesivamente de acuerdo en que los regantes cobraran dos veces. Con el que no ha hablado el Gobierno central es con el CAT.

La operación consistiría en tomar el agua concedida a los regantes y no utilizada por Tarragona y transportarla a Barcelona aprovechando las conducciones del minitrasvase, de modo que el CAT se convierte en transportista. Desde Tarragona se acomete la construcción de una tubería a través de la mediana de la autopista AP-7 hasta Gelida y, desde ahí, se enlaza con la potabilizadora de Abrera.

Para actuar en la AP-7, que actualmente explota Abertis en régimen de concesión, se necesita permiso del Ministerio de Fomento. Un portavoz de Fomento explicó ayer que todo lo relativo a la tubería de la autopista ha pasado a ser competencia de Vicepresidencia del Gobierno.

La portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Albacete, Carmen Bayod, ha exigido que «bajo ningún concepto» se abran los pozos para abastecimiento de agua a la ciudad hasta que no se realicen las obras para mejorar la calidad de las aguas subterráneas a base de filtros de carbono activo, lamentando que de nuevo tengamos que tomar medidas de emergencia, «por no haber llevado a cabo una buena política de aguas para enfrentar una sequía, que en nuestra tierra es totalmente previsible».

Carmen Bayod explicó el contenido de la reunión que tuvieron los tres portavoces del Ayuntamiento de Albacete con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, el pasado lunes, donde se dio a conocer la reapertura de los pozos, como ya ocurrió en 2006, así como las peticiones que ha realizado el Partido Popular ante la misma.

En primer lugar, la portavoz solicitó que se facilite a los grupos políticos toda la información sobre la obra que se va a realizar -instalación de los filtros de carbón activo-, tanto su coste, como proyecto y fechas de ejecución, ya que durante la reunión «pocos datos nos facilitaron al respecto a pesar de nuestras preguntas». Asimismo, Bayod informó que a una pregunta directa al señor Moragues sobre quién pagaría la obra, este contestó que «como manda la normativa, los vecinos a través del recibo del agua». Otra cuestión, apuntó Carmen Bayod, «es que de momento sea la Confederación o el Ministerio de Medio Ambiente quién adelante el dinero para la misma».

Por esa razón, dijo la portavoz, «del mismo modo que se repercutirá el gasto de la obra en los recibos de los vecinos, pensamos que habrá que hacer un reajuste del mismo puesto que, según parece, los meses de primavera, verano y otoño que durarán las medidas de emergencia, serán también meses donde la planta de tratamiento filtrará menos agua, y por tanto habrá menor gasto».

Informe sobre obras. La segunda exigencia del Partido Popular es que se facilite un informe preciso sobre las obras de emergencia que ha realizado el Gobierno de la Nación, la Junta de Comunidades y el propio Ayuntamiento de Albacete para paliar estas situaciones, y nos referimos, dijo Carmen Bayod «a obras de emergencia que exige la ley, y no a obras ordinarias y licitadas hace años, como ya se nos respondió en alguna ocasión».

En último lugar, la portavoz del Partido Popular informó de que se ha solicitado que se faciliten informes periódicos sobre los análisis del agua que llega a los hogares de los ciudadanos una vez abiertos los pozos, y que no pase como en el año 2006 «cuando mis compañeros de Corporación se cansaron de pedirlos sin ningún resultado, cuya negativa fue aderezada con descalificaciones, como es habitual en el Partido Socialista». Y es que, añadió Carmen Bayod, «los ciudadanos de Albacete tienen derecho a saber qué agua están bebiendo en cada momento. Y es que el alcalde -Manuel Pérez Castell- se encargó de hacer declaraciones alarmantes sobre el estado de nuestras aguas, y claro, ahora los vecinos no quieren ni oír hablar del agua de los pozos».

Durante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha el portavoz en materia de agua del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, pidió al PP de Castilla-La Mancha y a su presidenta, María Dolores de Cospedal, que se pronuncien en contra del dictamen de la Unión Europea a favor de una política trasvasista y lamentó que a los populares «se les llene la boca de palabras contra los trasvases».

Molina hizo estas declaraciones ayer, tras conocerse la resolución del pleno del Comité de Regiones de la Unión Europea, donde se aprobó el informe del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que aboga, entre otras soluciones, por el recurso a los trasvases para paliar la escasez de agua y la sequía en Europa. Así, en su opinión, ayer también se demostró que «los que realmente pintan en el PP» están a favor de los trasvases, mientras que aseguró que la representación de Castilla-La Mancha enmendó el texto con el apoyo de todo el PSOE europeo, a pesar de lo cual el dictamen fue aprobado.

Por su parte, el PP regional rehusó hacer declaraciones tras conocerse la resolución europea y se remitió a la comparecencia de su portavoz en la Cámara regional, Ana Guarinos, durante el Pleno celebrado ayer en las Cortes regionales.

«Nosotros pedimos, y así consta en el Estatuto de Autonomía, que el trasvase Tajo-Segura, tal y como está concebido actualmente, tiene que desaparecer» aseguró la portavoz del PP, quien lamentó que Castilla-La Mancha sea «la única región que está hipotecada en materia de agua».

Finalmente, Guarinos, que calificó de «contradictoria y oportunista» la postura del PSOE en política de agua, recordó la existencia de un trasvase interno destinado a abastecer a la Llanura Manchega y retó a Barreda a que aclare si está también en contra de esos trasvases.

Fue el portavoz socialista, Santiago Moreno, quien contestó a Guarinos asegurando que el abastecimiento a La Mancha con aguas de la cabecera del Tajo sólo servirá para dar de beber a los municipios de esa zona y ha asegurado que jamás discurrirá por la tubería manchega agua para regadíos, desarrollos industriales o campos de golf.

Municipios ribereños

Durante el pleno de ayer, las Cortes aprobaron una resolución por la que instan al Gobierno central a que preserve una lámina mínima de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía para garantizar la actividad socioeconómica de los municipios ribereños de esos pantanos.

Este fue el único punto en el que estuvieron de acuerdo ambas formaciones, puesto que el Partido Popular propuso -a través de una resolución que fue rechazada con los votos en contra del PSOE- revisar el Plan Especial de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, para retirar del mismo las actuaciones ya realizadas o previstas, así como crear una oficina de seguimiento del documento.

El diputado socialista José Molina, aseguró que el principal problema de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía «son los propios embalses», porque desde la creación de los mismos, «se ha trasvasado de manera excesiva».

Las primeras sesiones del debate de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero han servido para demostrar que el debate hídrico continúa siendo un asunto por resolver. La referencia del candidato a la presidencia del Gobierno a que estudiará un trasvase de agua desde el Ródano a Barcelona, después de rechazar sólo unos días antes el del Ebro, es el mejor reflejo de que el Gobierno todavía no tiene claro del todo la forma de afrontar la sequía.

Pero al mismo tiempo que Zapatero se enredaba con las desaladoras y los trasvases más o menos puntuales de agua, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, sacaba adelante en el Comité de las Regiones de la UE el documento ‘Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea’, -popularmente conocido como ‘informe Camps- en el que se plasman las propuestas de Bruselas para hacer frente al cambio climático y a la sequía que azota a buena parte del sur de Europa y que es consecuencia de este proceso.

En la sesión de ayer, el órgano en el que están representadas las regiones europeas aprobó el documento en el que se aboga por los trasvases como método para combatir la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea. La importancia política del documento es máxima, toda vez que junto con otros documentos servirá de orientación para futuras políticas comunitarias en materia hídrica.

Y no sólo por eso, mientras PSOE y PP mantienen sus diferencias respecto a si las desaladoras o los trasvases de agua deben ser la medida prioritaria para hacer frente al déficit hídrico, el jefe del Gobierno valenciano lograba sacar adelante un documento en Europa que avala los trasvases que viene defendiendo históricamente el Gobierno valenciano.

En concreto, en un artículo se señala «que se consideran positivos los trasvases de recursos excedentes y otros intercambios de agua entre sistemas dentro de los estados miembros como medida de articulación de la solidaridad en materia de agua, siempre que quede garantizada la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la recuperación de los acuíferos y los caudales ecológicos».

En otro punto del informe se señala que la desalación «es un proceso de alto consumo energético y tiene un importante impacto medioambiental», por lo que «sólo debería considerarse como una opción en los casos en que los beneficios compensen dicho impacto».

La aprobación del documento se logró pese a las maniobras de las regiones gobernadas por el PSOE que maniobraron para tratar de aplazar la votación, con el argumento de que no se había dado suficiente tiempo para la presentación de enmiendas. Pese a ello, el documento final quedó aprobado con la incorporación de 43 enmiendas. Esa circunstancia no impidió el voto en contra de regiones como Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y Cataluña.

El caso de esta última región es particularmente llamativo, toda vez que es el propio Gobierno catalán el que está reclamando un trasvase de agua desde el Segre (un afluente del Ebro) a Barcelona. Tan lejos como el miércoles, el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla volvía a restar credibilidad a la opción de realizar un trasvase desde el Ródano, pero insistía en su apuesta por un trasvase del Segre. En el Comité de las Regiones, en cambio, Cataluña rechazó el informe que avala esos trasvases.

Francisco Camps destacó ayer que la defensa de los trasvases será a partir de ahora la postura oficial de todas las regiones europeas, a las que representa el CdR, y restó importancia al voto en contra de los representantes socialistas. Insistió en que «no hay alternativa a los trasvases» y puso como ejemplo el hecho de que el Gobierno catalán reclame ahora un trasvase del Segre para abastecer a Barcelona.

«Hoy se habla de trasvase a Barcelona porque no hay alternativa a los trasvases», aseguró Camps, que resaltó que el Gobierno tripartito está «dividido más que nunca» por esta cuestión. Arremetió contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por no haber hecho «las inversiones que correspondían» en materia de agua, en particular el pacto del agua de Aragón y el trasvase del Ebro.

«Con el Plan Hidrológico Nacional y con el trasvase del Ebro refrendado en este informe, hoy Barcelona no tendría las perspectivas de intranquilidad respecto a la escasez de agua para el consumo humano», insistió el presidente de la Generalitat valenciana.

Fuentes del Gobierno catalán explicaron a Europa Press que votaron en contra del ‘informe Camps’ porque están en contra de los trasvases. Las fuentes consultadas negaron que exista una contradicción con la defensa del trasvase del Ebro para abastecer a Barcelona. Y señalaron que este trasvase sería un «último recurso de emergencia» para hacer frente a la situación en la capital catalana «a corto plazo», y que tendría un carácter «provisional».

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha iniciado un expediente de investigación para conocer el régimen de utilización de caudales de los usuarios de aguas en las proximidades del tramo entre los términos municipales de Motilleja y Albacete, y así detectar posibles anomalías en el uso del recurso y poder identificar las causas del brusco descenso de niveles.

En nota de prensa la CHJ explicó que el pasado domingo día 6 de abril un súbito y brusco descenso en el caudal del río Júcar en el paraje de Cuasiermas, entre los términos municipales de Motilleja y Albacete motico la decisión de aumentar el caudal procedente del pantano de Alarcón para evitar la desaparición del río en esa zona.

La labor permanente de vigilancia que efectúa el servicio de guardería Fluvial del Organismo de cuenca produjo una reacción inmediata del Servicio de Explotación, incrementando el caudal aportado desde Alarcón de 2 m3/seg (que es el establecido como caudal ecológico) hasta 3,5 m3/seg, caudal que se mantiene actualmente a fin de recuperar los caudales circulantes por el río.

El embalse de Alarcón se encuentra, según señala la Confederación, en valores mínimos con un volumen almacenado de 67,1 hectómetro cúbicos, lo que equivale a un 6 por ciento de su capacidad, siendo el volumen mínimo operativo de 30 hectómetros cúbicos.

Las aportaciones en la zona media y alta del río Júcar se sitúan entre las más bajas de los últimos treinta y dos años, y las entradas al embalse de Alarcón son del orden de la mitad de las producidas el año pasado en la misma fecha.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

Por su parte, Ecologistas en Acción culpó de esta situación a los regantes de la Mancha Oriental, y anunció que pondrá el hecho en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJC-M), y a su vez, enviará un escrito a Bruselas para que el acuífero de la Mancha Oriental sea declarado sobreexplotado.

Según señalaron en rueda de prensa los representantes de esta organización en Albacete Juan Julio del Olmo y Cipriano Escribano, el río que ya se secó hace 13 años, vuelve a secarse a consecuencia de los regadíos que tanto en Cuenca como en Albacete han aumentado, con la «aquiescencia» de la Administración regional.

«Los poderes públicos y económicos van de la mano, esquilmando el río, y provocarán que en los próximos meses se ponga en peligro el abastecimiento de ciudades y pueblos de la cuenca» alertaron.

Los ecologistas también criticaron el aumento de las urbanizaciones y el incremento de los usos que se le están dando a las aguas del Júcar, en la provincia de Albacete, donde no solo se abastece la capital, si no toda su área metropolitana y de influencia, en un radio de unos 30 kilómetros, para lo que el Gobierno ha destinado en los últimos años unos 3.000 millones de euros, construyendo una red de tuberías, que ahora con el déficit hídrico del río, no servirán para nada, ya que tendrán que volver a abastecerse con los antiguos sondeos de agua subterránea que hasta hace poco tiempo se abastecía a la población.

Como en ocasión análoga escribimos anunciando que el Júcar había llegado a donde iba, el padre río se ha vuelto a rajar. Ecologistas en Acción ha puesto el grito en el cielo, y la Confederación pide que se abran los pozos..Baja desplomándose desde Albarracín, escurrido, agotado, se mira lentamente en los juncos de la ribera y refleja apenas el paisaje de los pueblos que llevan su apellido en un trayecto histórico y también disputado. Hemos bebido ansiosos el agua que nos traía, pero tanto va el cántaro a la fuente que el cauce no da más de sí. Lo confirma quienes gestionan el caudal, mientras nos disponemos a recuperar los acuíferos para paliar la falta de un suministro superficial disminuido hasta la temeridad, que un vaso más que dé pone en riesgo su naturaleza, antaño tan ubérrima. El Júcar cumplió con su papel generoso, cruzó los puentes con ese orgullo, entre la espuma de ese invento fluvial con el que el dios de las aguas obsequió a los pueblos por donde pasa. Sacamos también del subsuelo esa riqueza freática igualmente en peligro a causa de una sobreexplotación tan pertinaz como la de la sequía, y en cuanto nos descuidamos, entre tener tanta agua y darla, los pantanos son también un desolado recurso, allí por donde Entrepeñas y Buendía ven cómo los recursos bajan peligrosamente. Aquí, el Júcar nos dio de beber y la nueva traída del agua fue un festejo. Pero la pólvora se mojó y ahí nos tienen, atentos a sacar otra vez do de los veneros lo que se pueda para un aprovechamiento regular con las espaldas al parecer razonablemente cubiertas y según se cree en condiciones aceptables de salubridad, aunque se precisen filtros de carbono para garantizarla.

En cuanto al Júcar, el presidente de la Confederación afirmó no hace mucho que había aportado un 30 o 40 ciento menos de agua que nunca, subrayando que «técnicamente es una situación de emergencia», haciendo una llamada -otra más- al uso racional del agua en Castilla-La Mancha y Valencia. Entonces calificó la situación de grave. Salvar el año, ese era el objetivo. El responsable federativo se mostró confiado en una actitud de prudencia para acabar el curso hidrológico «si no de una forma totalmente satisfactoria, sí de una forma aceptable». Pero las cosas se complicaron, hasta el punto que en una segunda comparecencia detalló un panorama sombrío, de perspectivas lamentables. La situación de la cuenca, según el representante de la Confederación, era «preocupante» y «delicada» durante aquel verano, tras dos años consecutivos de «una sequía importante». Moragues destacó en aquel momento que las aportaciones del río eran «las más pequeñas desde que se miden». Indicó que «si el otoño que viene no llueve, todo lo que hemos ahorrado este año nos servirá para tener alguna reserva». Explicó también que el objetivo de la Confederación era «garantizar el suministro para el año próximo» y recordó que los usuarios del resto de la cuenca lo estaban pasando mal. El presidente se refirió a la gestión que iba a realizarse en el pantano de Alarcón para evitar «que se nos seque el río, y habrá que ver cómo una obra que se hizo en los años 50 para suministro, use, al final, las pocas reservas que le quedan para paliar los daños que la sobrexplotación del acuífero de La Mancha ha hecho durante los años 98. Si en aquel momento -julio del 2006- dejamos el río libre, el Júcar haría semanas que estaría seco aquí en Albacete estamos ajustando el agua no al usuario, sino al río».

Este lunes, el presidente Moragues se reunió con la alcaldesa para pedirle que el Ayuntamiento proceda a la reapertura de los pozos para abastecer a la ciudad. La situación es crítica, se han confirmado todos los malos augurios de los últimos tiempos. Según Carmen Oliver, Moragues garantiza que en los próximos meses el agua del pantano de Alarcón, que tiene 69 hectómetros cúbicos, con algunos enfangados, se destinará exclusivamente al abastecimiento de la capital y para mantener el cauce ecológico del Júcar. Pero hay que sacar el agua de los cuatro pozos existentes, que se abrirán «sólo si es necesario y durante el tiempo imprescindible y seguramente antes del verano».

El Júcar es culpable. No puede arrastrar ni un barquito de papel. Quién lo ha visto y quién lo ve, adivinado entre las piedras en Cuasiermas donde se contempla su decadencia. Los poetas se han ido de los puentes a su paso. Los regantes lo miran con estupor.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha iniciado un expediente de investigación para conocer el régimen de utilización de caudales de los usuarios de aguas en las proximidades del tramo entre los términos municipales de Motilleja y Albacete, y así detectar posibles anomalías en el uso del recurso y poder identificar las causas del brusco descenso de niveles.

En nota de prensa la CHJ explicó que el pasado domingo día 6 de abril un súbito y brusco descenso en el caudal del río Júcar en el paraje de Cuasiermas, entre los términos municipales de Motilleja y Albacete motivó la decisión de aumentar el caudal procedente del pantano de Alarcón para evitar la desaparición del río en esa zona.

La labor permanente de vigilancia del servicio de guardería Fluvial del Organismo de cuenca produjo una reacción inmediata del Servicio de Explotación, incrementando el caudal aportado desde Alarcón de 2 m3/seg (que es el establecido como caudal ecológico) hasta 3,5 m3/seg, caudal que se mantiene actualmente a fin de recuperar los caudales circulantes por el río.

El embalse de Alarcón se encuentra, según señala la Confederación, en valores mínimos.

Denuncia de los ecologistas

Por su parte, Ecologistas en Acción culpó de esta situación a los regantes de la Mancha Oriental, y anunció que pondrá el hecho en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJC-M), y a su vez, enviará un escrito a Bruselas para que el acuífero de la Mancha Oriental sea declarado sobreexplotado.

Según señalaron en rueda de prensa los representantes de esta organización en Albacete Juan Julio del Olmo y Cipriano Escribano, el río que ya se secó hace 13 años, vuelve a secarse a consecuencia de los regadíos que tanto en Cuenca como en Albacete han aumentado, con la «aquiescencia» de la Administración regional.

«Los poderes públicos y económicos van de la mano, esquilmando el río, y provocarán que en los próximos meses se ponga en peligro el abastecimiento de ciudades y pueblos de la cuenca» alertaron.

Fue toda una excursión por el túnel del tiempo. La misma situación de hace 13 años, el Júcar seco a la altura de Cuasiermas, los mismos protagonistas con distinto nombre -antes Aedenat, hoy Ecologistas en Acción- y las mismas críticas contra los mismos destinatarios, esto es, la Confederación Hidrográfica (CHJ), la Junta, el Ayuntamiento y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo).

Con 13 años más, eso sí, Cipriano Escribano y José Julio del Olmo convocaron ayer a los medios de comunicación locales en el Ateneo para dar su visión, bastante crítica, sobre la desecación de un tramo de ocho kilómetros del río Júcar a la altura, precisamente, del mismo paraje donde se secó en el año 1994, Cuasiermas.

No obstante, ambos comenzaron su intervención subrayando las diferencias con el pasado: «Hace 13 años, el río se secó en verano, pero hoy, en el 2008, se ha secado en abril, cuando aún no ha llegado el punto álgido de la campaña de riegos; hace 13 años, el río se secó porque Alarcón estaba cerrado, pero hoy, desde Alarcón, se desembalsa agua, en teoría para garantizar el caudal ecológico».

Y de esta situación, en primer lugar, responsabilizaron a la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, a cuyos miembros acusaron de sacar más agua de la que se debe («al acuífero le llegan 180 hectómetros cúbicos al año, cuando se extraen 340»), de falta de control («nunca han querido instalar caudalímetros, nos tenemos que creer sus cuentas porque sí») y de formar «un auténtico grupo de presión» con los regantes valencianos de la USUJ que dicta la política hidrológica a la Junta de Comunidades, a la Generalitat Valenciana y hasta a la mismísima Confederación del Júcar.

«El acuífero 18 está sobreexplotado, no se puede consentir que estos señores sigan haciendo lo que les de la gana», afirmó Escribano, quien estimó que, para garantizar la supervivencia del mismo, haría falta limitar las extracción a la cuarta parte, en sólo 80 hectómetros cúbicos.

Pero, además, ambos destacaron que esta situación se ha fomentado desde las administraciones, tanto europeas como nacionales o regionales, con cuantiosas subvenciones «para sembrar cultivos excedentarios» y con fuertes ayudas «para que los mismos agricultores dejen de regar y usar esos derechos de agua que se han comprado con fondos públicos para verterla de nuevo al río».

Dentro del capítulo de las administraciones, Del Olmo y Escribano también cargaron contra la Confederación del Júcar. Primero, «porque es increíble que esto ocurra en una cuenca hidrográfica piloto de la UE» y, segundo, «porque estamos considerando seriamente retirarnos de la redacción del nuevo plan hidrológico, si éste no garantiza el futuro de la cuenca».

También pidieron la dimisión del director general del Agua de la Junta de Comunidades, Fernando Ortega «por incompetencia y sumisión a los poderes económicos que gobiernan el río». También indicaron que la desecación del río convierte en inútiles a una serie de obras sumamente costosas que se encuentran en proyecto, como el abastecimiento con aguas superficiales a núcleos de La Manchuela y Chinchilla o la ya célebre traída de Aguas del Júcar.

«Hace tres años, nos decían que Júcar por fin era de los albaceteños y, con tal motivo, nos hemos gastado 3.000 millones de las antiguas pesetas para una obra que, en las actuales circunstancias, si sirve para algo, servirá para bombear agua al río», indicó Escribano, «así que, cuando desde Albacete, vayamos a la Expo de Zaragoza a contar lo bien que lo hacemos en materia de aguas, no sé que vamos a contar».

«En todo caso -concluyeron- es increíble que haya regiones donde te pueden caer multas muy gordas por regar el coche y, mientras tanto, aquí estamos, sacando 300-400 hectómetros al año; ¡toma sostenibilidad!».

De qué ha servido una inversión de casi 30 millones de euros para abastecer a Albacete con agua del Júcar si ahora no hay agua y se tienen que volver a abrir los pozos? Esta es la reflexión que hacían ayer desde Ecologistas en Acción, tras asegurar que el único agua del Júcar que hay para abastecer la ciudad es la que está almacenada en la balsa «para 20 ó 30 días», por tanto, la apertura de los pozos será inminente. Sobre el filtro que se va a instalar antes de abrir los pozos, aseguraron que «sólo para corregir el olor y el sabor, pero no para eliminar los nitratos».

«Ya dijimos que no teníamos porque pagar una obra faraónica sin tener garantías de que luego iba a haber agua, sobre todo cuando tenemos un acuífero con una cantidad de agua razonable y de calidad», argumentó Del Olmo, tras poner sobre la mesa un dato bastante revelador. El 92% del agua que se consume en Albacete se gasta en regadío -340 hectómetros en regadío y 15 hectómetros en beber-, por tanto, «sólo con que dejasen de regar un año, ahorraríamos agua suficiente para que la ciudad bebiese durante 22 años».

Del Olmo advirtió que el futuro uso de esta obra de abastecimiento tampoco es muy alentador, «porque las perspectivas no son buenas, para el 2020 se estima que lloverá un 25% menos que ahora».

Por eso, los ecologistas no comprenden que se pretenda utilizar el mismo sistema de abastecimiento para los municipios de La Manchuela o para la urbanización de La Losilla, «quieren hacer un tubería del Júcar a Chinchilla para llevar agua a La Losilla, cuando la tubería que ya se hizo hasta Albacete ya no lleva agua, lo lógico es que esa obra se replantease», opinó.

Ecologistas en Acción ha denunciado hoy que un tramo de unos ocho kilómetros del río Júcar desde que entra en el término municipal de Albacete hasta la localidad de Valdeganga está seco debido a la sobreexplotación del acuífero de La Mancha Oriental para riego.

En una rueda de prensa, los ecologistas Cipriano Escribano y José Julio del Olmo explicaron que en estos momentos son unos ocho los kilómetros secos, pero advirtieron de que el tramo se puede ampliar hasta 40 kilómetros como ya ocurrió en 1995.

Del Olmo dijo que Ecologistas en Acción ya había advertido de esta posibilidad, aunque creyeron que la sequía del cauce del Júcar se produciría dentro de dos años, y explicó que se ha llegado a este punto porque el consumo del acuífero es de 340 hectómetros cúbicos mientras que al mismo llegan sólo 180 hectómetros.

«Esta sobreexplotación del acuífero 18 trae como consecuencia que el agua que viene del pantano de Alarcón se va al acuífero», dijo del Olmo, quien destacó que con el agua que consumen los regantes en un año habría para consumo humano en Albacete durante 24 años.

El ecologista lamentó que después de las «obras faraónicas» de abastecimiento de agua a Albacete desde el río Júcar y de las obras de sustitución de bombeos, «ahora va al revés: se está pidiendo a los agricultores que vendan los derechos de extracción de agua por bombeo para echarla al río».

Los ecologistas afirmaron que la Confederación Hidrográfica del Júcar no debe consentir que Castilla-La Mancha y Albacete «sigan haciendo lo que les da la gana» y señalaron que si se prohibiera el riego de los cultivos de verano se pasaría del gasto de 340 hectómetros a no más de 80.

Ecologistas en Acción pidió al director general del Agua, José Fernando Ortega, que dimita porque «es un incompetente sumiso a los poderes económicos» ya que, según dijeron, apoya los intereses de los regantes poderosos y no los de los ciudadanos castellano-manchegos «que son los que le han votado».

En cuanto a los filtros de carbono activo que el Ayuntamiento anunció que va a instalar para purificar el agua de los pozos de los que se va a abastecer Albacete, del Olmo aseguró que dichos filtros sólo sirven para quitar el mal olor del agua, no para eliminar los nitratos.

Así, la organización ecologista presentará mañana un escrito en los juzgados para que la Fiscalía investigue por qué se ha secado el río y si puede haber delito ecológico.

Además, los ecologistas llevarán el caso a la Unión Europa para que declare sobreexplotado el acuífero 18 (de La Mancha Oriental).