La misma sequía que está afectando a la Comunitat Valenciana amenaza con crear una situación de desabastecimiento a partir del otoño en Barcelona y su área metropolitana. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mantiene, en cambio, que las tres provincias valencianas están muy lejos de esta situación.

Los embalses en la Confederación Hidrográfica del Ebro se encuentran esta semana al 53,7% de su capacidad, aunque las cuencas internas catalanas sólo almacenan un 19,6%. La peor situación en España se localiza en la Confederación Hidrográfica del Segura, cuyos embalses están al 17,8%.

Los pantanos de la Confederación del Júcar están al 23,1%, aunque los principales embalses que abastecen Valencia se encuentran en una situación mucho peor. Contreras y Alarcón almacenan entre un 6 y un 7% de agua y Loriguilla se encuentra el 18%.

La situación no es tan diferente entre Cataluña y la Comunitat, pero sí lo han sido las políticas hídricas en las dos autonomías. Mientras en Valencia se ha ganado agua para el suministro humano gracias a la reducción de los recursos destinados al riego, en Cataluña no se ha llevado a cabo una política similar ni el Gobierno con el Programa Agua la ha alentado.

De hecho, las dos principales desalinizadoras para abastecer Barcelona que según el Ministerio de Medio Ambiente hubieran evitado el desabastecimiento no entrarán en funcionamiento hasta dentro de un año.

La superficie de regadío se ha reducido en la Comunitat un 23% en los últimos diez años. Mientras, los agricultores catalanes no parecen dispuestos a ceder sus derechos de riego. tal y como les ha pedido el Ministerio de Medio Ambiente.

La política del Gobierno en la Comunitat es bien diferente. La CHJ ha lanzado durante dos años seguidos una oferta de compra de derechos de agua de regantes del Júcar para aumentar la capacidad de abastecimiento. En Cataluña, ni la Confederación del Ebro ni el Gobierno han exigido medidas semejantes a los agricultores.

Además, el Gobierno ha aprobado un trasvase de 39 hectómetros cúbicos de agua para Alicante, Murcia y Albacete «exclusivamente para abastecimiento humano», de forma que se olvida de los agricultores y condena a muchos usuarios a abandonar sus cultivos.

Polémica
El anuncio de la Generalitat catalana de proponer un trasvase del Segre al Llobregat para abastecer a Barcelona ha puesto en evidencia la política hídrica del Gobierno. La oposición del Ministerio de Medio Ambiente a cualquier transferencia desde el Ebro está empezando a ser cuestionada. Varios dirigentes socialistas han mostrado ya su oposición. Primero ha sido el PSC. Ayer el ex presidente de la Comunitat de Madrid, Joaquín Leguina, dijo que si Barcelona necesita agua «habrá que dársela» y se preguntó si el Ebro es «propiedad» del Gobierno de Aragón.

Leguina resaltó que el agua «es de todos los españoles y las decisiones al respecto tienen que residir en el Estado, y no en otros sitios, porque si no tenemos este lío».

El alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, se enfrentó ayer al Gobierno y alentó a los opositores al trasvase a ofrecer una alternativa. «Si no hay respuesta, desde Barcelona apoyaremos y apoyamos el posicionamiento de la Generalitat», aseguró.

Hereu fue tajante. «No aceptaré de ninguna manera que en otoño nos encontrásemos con que no se respetan los derechos de los ciudadanos», aseveró en relación a las posibles restricciones.

El alcalde de Barcelona se mostró firme el mismo día que desde la Generalitat catalana trataban de reducir la tensión con Madrid. El conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, matizó que el trasvase «es una ultimísima solución» para garantizar el suministro de agua potable a los ciudadanos y aseguró que esta era «obligación» del Govern.

El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, explicó que el Gobierno está estudiando «otras posibilidades» para garantizar el abastecimiento de Barcelona.

Esquerra Republicana de Terres del Ebre manifestó ayer su oposición frontal al trasvase. Mientras la Plataforma en Defensa de l’Ebre va a recabar apoyos en Zaragoza contra la iniciativa.

El vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, indicó que Cataluña debería explicar mejor «qué problema tiene», si es de agua para beber o para otros usos. Además, Biel recordó que el Estatuto aragonés, una ley orgánica, recoge que no se pueden aceptar trasvases entre cuencas e instó a la Generalitat catalana a buscar otras alternativas.

Así, la Revista de Ingeniería Naval propone que un buque de 300.000 toneladas traslade entre 25 y 30 hectómetros cúbicos anuales entre el Ebro y Barcelona a un coste aceptable y con menor daño medioambiental.

Las dos comunidades de regantes del Ebro están dispuestas a enviar agua sobrante hacia el área metropolitana de Barcelona para contribuir en buena medida a paliar el problema de la sequía. Una predisposición cuya materialización se deberá discutir y negociar los términos. La Agència Catalana de l´Aigua (ACA) ha fijado para la próxima semana una reunión con las dos comunidades de regantes para abordar la controvertida interconexión de redes entre el Consorci d´Aigües de Tarragona (CAT), que se abastece de agua procedente de los canales de riego del Ebro, y el sistema Ter-Llobregat (ATLL). Los regantes están dispuestos a negociar con el ACA el envío de agua, aprovechando el caudal sobrante del denominado minitrasvase del Ebro a Tarragona. Antes de empezar a negociar, a priori, y en grandes cifras, los regantes podrían aportar a través del sistema CAT aproximadamente 1,5 m3de agua por segundo, lo que permitirá aportar al sistema ATLL un capacidad de 45 hm3de agua al año, una cantidad muy importante. La idea del trasvase del Segre auspiciada por la Generalitat hubiese aportado al área metropolitana 32 hm3en ocho meses.

Las organizaciones ecologistas consideran que es necesaria la creación de un Ministerio de Medio Ambiente reforzado que profundice en los avances logrados en la anterior legislatura y que, sobre todo, pueda enfrentar con las competencias y recursos necesarios los principales retos en materia de política ambiental.

Así, las organizaciones, que el pasado 22 de enero presentaron el documento «Un Programa por la Tierra», con 84 propuestas para ser tenidas en cuenta por gobierno y oposición en materia de cambio climático y energía, transporte, biodiversidad y agua, entre otras, reclaman un Ministerio de Medio Ambiente capaz de:

• Reforzar la lucha contra el cambio climático y conseguir los objetivos de reducción de emisiones, teniendo para ello las competencias necesarias en materia de energía (eficiencia energética, reducción del consumo e impulso de energías renovables) y planificación del transporte.

• Detener la acelerada pérdida de biodiversidad, con mayores recursos para trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas en la protección de espacios y especies, y para una adecuada protección y gestión de la Red Natura 2000.

• Avanzar rápidamente en la protección del medio marino, influyendo en la definición de la política pesquera, integrando una Agencia del Mar que agrupe muchas de las competencias actualmente dispersas, y creando una Red amplia y representativa de Areas Marinas Protegidas.

• Poner en práctica y garantizar el cumplimiento de una política responsable de uso y gestión del agua que restaure los ecosistemas degradados y tenga en cuenta los escenarios de escasez de agua previstos con relación al cambio climático, ampliando sus competencias en la definición de las políticas de agricultura y desarrollo rural con el objetivo de hacerlas sostenibles.

• Avanzar en la investigación y concienciación pública sobre la importancia de un medio ambiente limpio y en buen estado, no por sí mismo, sino también por los beneficios que este tendría sobre nuestra salud para alcanzar una economía sostenible a largo plazo y para poder enfrentarnos al gran reto del cambio climático.

La jornada de ayer se cerró con múltiples desencuentros y frases de gran dureza, pero entre ellos había una nube de esperanza. Tras la aparente rotundidad negativa de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, había una propuesta: la de crear un «banco del agua», propuesta en su día por los movimientos de la «nueva cultura del agua». Se trataría de que quien necesite agua y carezca de ella pueda comprarla a quien tenga una concesión y no la agote. Con ello, se saciaría la sed de quien no tuviera agua, sin aumentar un solo litro la captación de los ríos.

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Narbona dijo al consejero Francesc Baltasar que compre derechos de agua a los regantes, aunque sea del Ebro, como hace Murcia con Madrid y Almería con Sevilla. Esta propuesta está vinculada a la creación de un «banco del agua», es decir, el agua que alguien puede usar por tener una concesión y no se consume podría ser vendida a quien la necesite sin aumentar por ello los consumos.

Propuestas

El Gobierno de la Generalitat está dolido porque no se había limitado a «pedir agua», sino que iba pertrechado con media docena de propuestas: el trasvase del Segre; el transporte de agua en barco; una conexión también provisional desde el canal Segarra-Garrigues para abastecer a la zona colindante de Igualada, al noroeste de Barcelona; recuperación de acuíferos, y reducciones en el riego.

Sin contar con la última propuesta, que entronca con la idea del «banco del agua»: utilizar 40 hectómetros cúbicos del minitrasvase del Ebro que suministra a Tarragona y que no se utilizan. Esto exige una obra menor y no consume más agua, porque el minitrasvase compra cada año 120 hectómetros, los consuma o no, y el consumo anual es de 80 hectómetros. Barcelona, al menos las poblaciones situadas al sur, en el límite con la provincia de Tarragona, podrían utilizar esta agua sin aumentar las detracciones del Ebro. No obstante, la mejor solución sería poder comprar agua del Ebro y a los regantes del Segre.

El trasvase del Segre que prevé el Gobierno catalán tendría hoy serios problemas. Se haría, según Medio Ambiente, para extraer 1,5 hectómetros cúbicos diarios, siempre que el caudal fuera de tres o más hectómetros. En marzo, el caudal medio ha sido de 3,03 hectómetros, aunque ayer había subido a 3,3.

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, propuso ayer que el Gobierno central retome el Plan Hidrológico Nacional y lo

reelabore con los gobiernos autonómicos para alcanzar la solución que no ha llegado en la pasada legislatura. «No me refiero al Plan que aprobó el PP, ni tampoco al Programa Agua, sino a otro nuevo», apostilló.

Cerdá se mostró convencido de que al final se construirá el trasvase del Segre al Llobregat que propone el Gobierno de Cataluña. «Si hace falta, se sacarán un decreto de debajo de la manga para construirlo», declaró antes de la conversación entre Narbona y el consejero catalán. Si se llega a ese extremo, Cerdá apunta que habrá que considerar de nuevo las aportaciones del Ebro para Valencia, Murcia y Almería. «No puede ser que en plena sequía el Ebro siga arrojando agua al mar. En los últimos años ha vertido 36.000 hectómetros cúbicos. El año pasado fueron 9.000. En el trasvase derogado sólo se pedían 460 para Murcia».

El consejero murciano denunció «el galimatías y el desorden» que ha provocado «la política de Rodríguez Zapatero». «Cataluña propone ahora trasvases del Ebro y Aragón dice que quiere prohibirlos. No hay quien lo entienda». A su juicio, el debate del agua «ha tomado viveza porque Cataluña necesita recursos para beber. Como esta región ha entrado en estado de emergencia, resulta que el problema del agua es ahora nacional, mientras que la agricultura de Murcia lleva años soportando trasvases cero».

Más «pozos» que un gruy_re

La situación a llegado a tal punto que en la actualidad más de 900 desalobradoras trabajan a toda máquina para combatir la sequía en Murcia.

Pozos y más pozos. El Campo de Cartagena se parece cada día más a un queso de gruy_re debido al vertiginoso aumento de las extracciones de agua para paliar la sequía. La mayoría de estos pozos aportan aguas de baja calidad y con un alto contenido de sal, lo cual obliga al continuo funcionamiento de pequeñas plantas desalobradoras instaladas dentro de las fincas. La Confederación Hidrográfica del Segura estima que hay unas 900 desalobradoras en esta zona.

No existe un censo oficial de estas instalaciones, ya que la mayoría son privadas. Haría falta un permiso para acceder a las propiedades y efectuar un registro, algo que el comisario de Aguas de la Confederación, Manuel Aldeguer, considera que no es necesario a menos que se produzca algún conflicto. Apunta, no obstante, que sí le gustaría conocer con detalle el número y su distribución. La única constancia que tiene ahora son los trámites para poner en funcionamiento otras 100 nuevas desalobradoras.

Estas pequeñas plantas captan aguas salobres de pozos para rebajar su contenido de sal. Después, estos caudales se suelen mezclar con aguas continentales de otra procedencia, entre éstas las que llegan del trasvase Tajo-Segura cuando se aprueba alguna derivación de la cabecera.

Manuel Aldeguer calcula que, en su conjunto, se están extrayendo unos 60 hectómetros cúbicos anuales en el Campo de Cartagena, lo cual no afecta al acuífero, ya que tiene una carga de reservas «muy somera». No obstante, cree que sí puede ser perjudicial para el medio ambiente si no se trata adecuadamente la salmuera. Los regantes cuentan con una desalobradora de mediana capacidad en San Pedro del Pinatar, que está proyectada para recibir el agua de rechazo del Campo de Cartagena y evitar que causen un problema medioambiental en la comarca si se deposita en las ramblas.

No hay censo oficial

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena señaló a La Verdad que desconoce cuántas desalobradoras pueden estar funcionando, ya que son particulares y no hay censo oficial. «Nosotros nos limitamos a distribuir el agua que llega de la cabecera del Tajo».

La empresa concesionaria de la gestión integral del agua en el término municipal de Hellín ha invertido más de 22.000 euros en equipos para descubrir salidas incontroladas de caudal

Aqualia, empresa concesionaria de la gestión integral del agua en el término municipal de Hellín, ha remitido un comunicado a través del cual informa sobre la inversión realizada, por un montante superior a los 22.000 euros, en la adquisición de sofisticados equipos destinados a detectar las salidas incontroladas del caudal de la red destinada al abastecimiento de agua potable.

En la referida actuación se incluye también el apartado de formación del personal dedicado de una manera específica a prestar este servicio, que se ha considerado de gran importancia, dentro de la campaña que se lleva a cabo para garantizar la optimización en el uso de los recursos hídricos disponibles, actividad que está orientada de manera especial a la detección de posibles fraudes en el uso del agua.

primeros resultados. La campaña ha comenzado a dar los primeros resultados al haberse detectado, según continúa informando la empresa, un posible uso fraudulento en una de las pedanías del municipio, concretamente Agramón, donde un particular estaba desviando caudal de la red general de abastecimiento a sus campos para utilizarlo en riego, a través de una acometida ilegal.

Cabe indicar que la empresa Aqualia ha procedido a poner el caso en conocimiento y a disposición de las autoridades competentes, para que obren en consecuencia y procedan a la aplicación de las sanciones oportunas.

Con estas actuaciones, que están enmarcadas en tratar de optimizar al máximo un recurso tan vital como valioso, la empresa Aqualia reitera su compromiso con el municipio, a la vez que expresa sus intenciones de continuar trabajando con los medios humanos y técnicos que puedan redundar en la mejora del servicio prestado.

Es la primera vez que se ha ofrecido información sobre un caso de posible fraude en el consumo de agua referente a la zona de Hellín, descubierto a través de esta nueva iniciativa emprendida por la citada entidad.

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, del Gobierno valenciano instó ayer al Gobierno a destinar agua del trasvase Tajo-Segura para fines agrícolas, pues, según ha asegurado, los regantes alicantinos «no pueden esperar más tiempo y precisan salvar sus cultivos».

Después de que el Ministerio de Medio Ambiente aprobara la pasada semana un trasvase de 39 hectómetros cúbicos de agua para Alicante, Murcia y Albacete con uso exclusivo para abastecimiento humano, la consellera ha reprochado al Gobierno, a través de un comunicado, «que haya olvidado a los agricultores» alicantinos. «Están abandonando sus tierras porque desde Madrid no se está haciendo una buena gestión de la política hídrica», dijo la consejera, detallando que los principales cultivos afectados por la falta de agua ocupan una superficie conjunta de 37.694 hectáreas.

Esta petición tuvo pronta respuesta en Castilla-La Mancha. El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, reiteró la postura del Gobierno castellano-manchego contra los trasvases de cualquier tipo, y la necesidad de buscar soluciones en la gestión del agua que no supongan la derivación de agua de una cuenca a otra.

Petición catalana

Preguntado sobre la petición de la Generalitat catalana de que se autorice un trasvase temporal del Segre para abastecer a Barcelona, Martínez Guijarro señaló que es necesario hacer otra gestión del agua que no implique trasvases.

Indicó que «se pueden buscar otras soluciones de cara a garantizar los abastecimientos en el Levante que no estén basados en trasvases. En las costas existen otras alternativas, como las desaladoras, que pueden suplirlos». Recordó que «somos detractores de los trasvases, y sobre todo del trasvase Tajo Segura, desde hace muchos años, antes incluso de que se pusieran en marcha desaladoras».

Se lo pudo decir más alto, pero no más claro. La ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, comunicó ayer al consejero catalán Francesc Baltasar, que no habrá ningún trasvase del Segre, en la cuenca del Ebro, al río Llobregat para resolver los problemas de abastecimiento del área metropolitana de Barcelona. En una conversación telefónica, Narbona le dijo al responsable de Medio Ambiente de la Generalitat que estudie otras alternativas, como la compra de derechos de agua a los agricultores, como viene haciendo la cuenca del Segura desde hace dos años a los regantes de Estremera y Aranjuez, así como dentro de la propia confederación.

En la conversación con Baltasar, realizada a final de la mañana, Narbona dio por zanjado el tema y le comunicó que no había «ninguna ambigüedad» en las palabras que pronunció el viernes la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, María Teresa Fernández de la Vega. Cuando dijo que no habrá ningún trasvase del Ebro al Llobregat, se refería a la cuenca del Ebro en su integridad, explicó ayer a La Verdad un portavoz del Ministerio.

Francesc Baltasar, que pertenece a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), había declarado el fin de semana que De la Vega no había mencionado en ningún momento el trasvase del Segre al Llobregat, y que por lo tanto creía entender que su propuesta no era rechazada por el Ejecutivo central. Narbona le aclaró ayer las ideas. En el Ministerio de Medio Ambiente no se explican cómo miembros del Gobierno de Cataluña han propuesto este trasvase, para derivar entre 20 y 45 hectómetros al año, sin haber estudiado la situación de la cabecera del río Segre, que no tiene al parecer suficientes aportaciones. Además, esta propuesta cuenta además con el rechazo frontal de los agricultores de Lleida, concretamente de los canales de Urgell y Segarra-Garrigues, que señalan que no tienen agua ni para sus explotaciones.

Cristina Narbona planteó ayer al consejero catalán que estudie la compra de derechos de agua a los agricultores de su comunidad, como se viene haciendo en otras cuencas, como la del Segura, donde el Sindicato Central de Regantes y la Mancomunidad de Canales del Taibilla están comprando sus concesiones a Estremera y Aranjuez. Asimismo, la Confederación Hidrográfica tiene abierto un concurso público para comprar derechos de agua dentro de la propia cuenca. La ministra en funciones recordó que el Gobierno central es el único competente para autorizar trasvases entre cuencas hidrográficas distintas, ya que lo que se plantea es conectar la del Ebro con las cuencas internas de Cataluña.

Narbona mostró su confianza en que la situación se normalice en Cataluña una vez que se pongan en marcha las desalinizadoras que hay en construcción. Dos de ellas están siendo ejecutadas por la Generalitat catalana, sobre la base de la concesión que hizo en su día el Ministerio, que le transfirió además el montante de las subvenciones europeas. La otra desalinizadora depende de la sociedad estatal Acuamed. Entre todas deben aportar entre 60 y 100 hectómetros cúbicos anuales.

Mientras tanto, el Ministerio sigue adelante con la propuesta de enviar agua desalinizada por barco desde Almería. Narbona no considera esta medida como una alternativa a ningún trasvase, sino como un complemento, ya que no será suficiente para cubrir el déficit de Barcelona.

Cataluña insiste

La Generalitat volverá a plantear la captación de agua del Segre al futuro Gobierno de Rodríguez Zapatero, según manifestó ayer Francesc Baltasar tras su conversación con la ministra. Éste reconoció «las reticencias» de Cristina Narbona al considerar que «podía ser interpretado» como un trasvase, informa Europa Press. El consejero añadió que no ha querido «forzar» más a la ministra teniendo en cuenta que está en funciones y que la decisión dependerá del futuro Gobierno.

El presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, aseguró que no quiere «que nadie se quede sin agua para beber, ni en Cataluña ni en ningún sitio», pero precisó que está obligado «a cumplir el Estatuto de Autonomía de Aragón, que nos exige que luchemos contra los trasvases».

Una parte de España tira agua porque sus embalses están saturados, mientras otra la ve pasar por sus ríos sin poder utilizarla y otras regiones están secas. Difícil solución tiene el asunto y las que tiene son caras. A ello se suma el problema de que el agua se ha convertido en un elemento de confrontación política. La situación de las comunidades más sedientas y las más aguadas es ésta.

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ANDALUCÍA Almería exporta agua

El PP ha levantado una polémica en Andalucía por el traslado de agua de la desaladora de Carboneras (Almería) a Cataluña. Javier Arenas, líder de los populares andaluces, ha denunciado que mientras se va a sacar agua de la desierta Almería se tira el caudal del Ebro. «Es que no se le va a quitar agua a nadie», explicó ayer Enrique Cervera, portavoz del Gobierno andaluz. Lo que se va a hacer es producir más y llevar los excedentes a Cataluña, que, además, la va a pagar. Cervera añade que, ante el gravísimo problema que sufre Barcelona, sería una «grave irresponsabilidad» no echar una mano. Las reservas de los embalses están un 35% por debajo de la capacidad de almacenamiento, la tasa más baja desde 1995. Mientras, Andalucía está pendiente de recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Extremadura contra el artículo del Estatuto de Andalucía para la gestión total de la cuenca del Guadalquivir.

VALENCIA Renace la indignación

La reivindicación desde Cataluña de un trasvase desde el río Segre para abastecer Barcelona y su área metropolitana ha dado nuevos bríos a la antigua exigencia del Gobierno valenciano de que se transfiera agua del Ebro, como establecía el Plan Hidrológico Nacional. El viernes, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo valenciano, Vicente Rambla (PP), reprochó al Gobierno catalán: «Ahora sí quieren los trasvases. Con el agua que transcurre estos días por el Ebro, daríamos respuesta a la demanda de los valencianos, murcianos y almerienses».

El veto anunciado por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al trasvase del Segre al Llobregat, dejó sin argumentos a la Generalitat valenciana; pero ayer unas declaraciones de José Montilla, en el sentido de que Valencia quiere el agua para regar los campos de golf y para proyectos urbanísticos, provocó una airada respuesta del consejero de Urbanismo valenciano, José Ramón García Antón. «Él sabe que no se aprueba ningún campo de golf con el uso del agua de ningún trasvase».

MURCIA Pendientes de Valencia

Las reservas de agua en Murcia están en mínimos históricos y, sin la puesta en marcha de la desaladora Alicante II habrá restricciones en la cuenca del Segura. Pero esta instalación tiene un problema: la Comunidad Valenciana ha aprobado una norma que exige un riguroso informe de impacto ambiental. Por tanto, si no se obtiene un permiso preventivo antes del visto bueno definitivo al proyecto, en verano habrá cortes para la población. Mientras, el Gobierno de Murcia tiene ahora la vista puesta en el trasvase Tajo-Segura, una vez que ha visto cómo el agua del Ebro no le va a llegar. Por tanto, los roces que tenía con Aragón los tiene ahora con Castilla-La Mancha.

ARAGÓN Y otra crecida

El Ebro volvió a crecer en Zaragoza por segunda vez este mes, y superó los tres metros a las cinco de la tarde. Los aragoneses son conscientes de la engañosa imagen que se transmite de un río desbocado cuyas aguas se desperdician. Pero pese a las dos últimas crecidas del río, la comunidad aragonesa sigue en situación de sequía porque las precipitaciones se han concentrado en la parte alta sin beneficiar a los grandes sistemas de las márgenes izquierda y derecha del río. La peor situación es la del sistema de riego del Canal de Aragón y Cataluña, que soporta una sequía que dura cuatro años y que es la peor desde 1948.

El pasado mes de febrero, desde la Confederación Hidrográfica se reconocía que la falta de regulación de la cuenca era un grave problema y que la situación era de «estrés hídrico».

Ante este panorama y con voces que vuelven a reclamar el trasvase del Ebro, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, reiteró ayer mismo al presidente catalán, José Montilla, que su obligación es cumplir el Estatuto aragonés y no permitir ningún trasvase del Ebro.

EUSKADI Desembalse por exceso

En Euskadi, las fuertes precipitaciones de Semana Santa han acabado de llenar los pantanos que abastecen a las tres capitales. Por vez primera en los últimos 20 años, la presa alavesa de Urrunaga se vio obligada a desembalsar, al igual que las de Ullibarri, también en Álava, y Añarbe (Guipúzcoa). El volumen desaguado entre el miércoles y el viernes pasados suponía el consumo de 20 días de Bilbao y Vitoria. El desagüe del llamado sistema Zadorra (los dos pantanos ubicados cerca de Vitoria que abastecen a la capital alavesa y Bilbao) se ha realizado además sin las polémicas que han persistido los últimos 18 años, en los que usuarios y Administraciones de Vizcaya apostaban por llenar los embalses para asegurar el suministro, mientras las instituciones alavesas propugnaban reducir la cota en los meses más lluviosos para evitar las inundaciones que se han producido en la zona de Vitoria cuando ha habido que abrir las compuertas.

Con información de Concha Monserrat, Tono Calleja, Isabel Pedrote, Alberto Uriona y Cristina Vázquez.