Antes de tomar decisión alguna, el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, esperará a recibir oficialmente la solicitud de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de volver a abrir los pozos para abastecer a la ciudad; una petición que lanzó el presidente del organismo de cuenca, Juan José Moragues, el pasado viernes tras constatar en la comisión de la sequía la escasez de agua almacenada en Alarcón.

Sotos, que no pudo asistir a esa reunión por coincidir con el pleno donde se aprobó el presupuesto, declaró ayer a La Verdad que «de entrada, no tenemos ninguna posición» sobre esta petición que el presidente de la Confederación del Júcar justificó en la necesidad de «estar prevenidos» ante lo que pueda suceder en los próximos meses. En Alarcón hay embalsados 68,2 hectómetros cúbicos, pero casi 35 hectómetros no son utilizables por razones de calidad.

«Pese al control exquisito que se ha tenido en estos últimos tres años sobre la gestión del Júcar, se prevé que no haya agua suficiente para garantizar el abastecimiento y a la vez mantener el caudal del río», dijo Sotos, haciéndose eco de las decisiones ya adoptadas por la Confederación, como la suspensión de la sustitución de bombeos para regadío con agua del Júcar. No obstante, el concejal desveló que la pasada semana la balsa de regulación de la ciudad de Albacete, con capacidad para almacenar un hectómetro cúbico, se quedó llena. Eso significa que la capital tiene agua embalsada suficiente para beber un mes, es decir, «tenemos margen para analizar despacio la situación», dijo Sotos. Por tanto, insistió el edil, esperarán a tener en sus manos la comunicación de la Confederación del Júcar y la someterán al estudio de las Comisiones de Sostenibilidad e Infraestructuras. A la vista de los datos sobre el agua embalsada en Alarcón, se estudiarán «las posibles alternativas» dijo el concejal. Y es que, apuntó Sotos, no sólo existe la posibilidad de complementar el abastecimiento de Albacete con agua de los pozos, -aunque sí admitió que esta es la opción más viable-, sino que también hay otras alternativas como «recurrir al agua del Tajo».

Segunda ocasión

Si al final se acepta la propuesta de reabrir los pozos, sería la segunda ocasión en la que sucedería desde su cierre en 2003, año en el que clausuraron los sondeos gracias a la entrada en funcionamiento de la obra de abastecimiento desde el Júcar.

En febrero de 2006, el Ayuntamiento ya aceptó reabrir los pozos, aunque aquel «escenario era diferente». Entre otras razones, explicó Sotos, la ciudad aceptó dejar de extraer cinco hectómetros de los quince que necesita para abastecerse, para que 6.000 hectáreas de regadíos de Aguas Nuevas, Santa Ana, El Salobral y Los Anguijes, pudieran recibir un riego de socorro. «Ahora ni tan siquiera hablamos de eso, porque lo que está claro es que no agua ni para regar», dijo Sotos, apuntando que la sequía ahora es más extrema.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está revisando los pozos de riego agrícola que considera que se encuentran en situación sospechosa, es decir, no acorde con la legalidad, y en algunos casos está comprobando que así es, por lo que obliga a sus dueños a renovar los expedientes de concesión de agua, ajustándose a la normativa. Los propietarios a quienes se les descubren irregularidades en sus perforaciones, o en el uso del agua, pueden ser sancionados y deben regularizar su situación, pero los pozos con anomalías más graves, que resultan no legalizables, son clausurados.

A punto de completarse el proceso definitivo de inscripción en el Catálogo de Aguas Privadas de los pozos de riego que solicitaron en su día tal inclusión, por existir desde antes de la nueva ley de Aguas (en vigor desde el 1 de enero de 1986), las inspecciones -y las posibles sanciones- se centran ahora sobre todo en perforaciones que se autorizaron en su día para extraer un máximo de 7.000 metros cúbicos de agua al año.

Esta modalidad ha sido muy utilizada para realizar pozos y disponer de agua con cierta rapidez, puesto que se trata de caudales pequeños y la ley prevé para estos casos procedimientos de solicitud y autorización bastante simplificados, que se resuelven en pocas semanas. Sin embargo, la Administración hidrológica ha comprobado que esta parte de la normativa se ha había convertido en una especie de coladero para tratar de consumar situaciones que no se ajustaban a lo solicitado y previsto sobre el papel.

Ante la lentitud y las trabas administrativas para conceder permisos de pozos, empresas de perforación y gestores de tal materia recomendaron durante tiempo a sus clientes seguir este procedimiento para disponer con rapidez de agua para sus explotaciones agrarias, granjas, casas de campo, industrias, etc. En unos casos, los hechos se ajustaban a lo pedido, pero en otros no. Los usuarios seguían el camino señalado por amigos, conocidos o los mismos perforadores e invirtieron en las obras para asegurarse con rapidez el duficiente suministro de agua. La realidad fue que se consolidó una extendida irregularidad, que ahora está en fase de revisión.

Los pozos con una concesión máxima anual de 7.000 metros cúbicos de agua, además de esta limitación tienen otra muy importante: los caudales extraídos no pueden salir fuera de la parcela catastral donde está ubicada la perforación. Como la mayoría de ellos se hicieron para regar cultivos agrícolas (naranjos, principalmente), abundan las situaciones en las que el agua se emplea para regar en otras parcelas distintas, lo que es fácilmente comprobable por parte de los inspectores de la Confederación.

Los 7.000 metros cúbicos dan para regar poco más de una hectárea durante un año y un elevado porcentaje de las parcelas catastrales de las zonas de regadío suelen tener menos de una hectárea, así que, una de tres, o se comprueba un consumo mayor a través del obligatorio contador de agua, o bien por las facturas del gasto eléctrico, o se verifica fácilmente que se riegan también parcelas distintas a la del pozo.

El recurso a las solicitudes de 7.000 metros cúbicos fue muy utilizado años atrás para disponer de agua rápida. Sus promotores pudieron pedir después la ampliación, de acuerdo con su realidad, pero tal vez las facilidades del proceso favorecieron que creyeran que ya estaba todo cumplimentado. Pero no es así. También se dan casos en los que se carece de documentación. Simplemente se hicieron los pozos, sin realizar ningún trámite, o sin pasar de su inicio.

Los propietarios de pozos con irregularidades de este tipo se enfrentan ahora a sanciones que pueden ser importantes (de varios miles de euros) y a realizar los trámites que obviaron en su día para legalizar su situación, pero los casos que no son legalizables terminan con la clausura de las perforaciones.

Una salvedad a toda esta problemática la constituyen pozos que tienen asignadas superficies de riego que cuentan a la vez con derechos de agua de otras comunidades de regantes, bien subterránea o superficial. En estos casos, la CHJ considera que hay una «duplicidad de caudales» que no debe consentir y obliga a los agricultores a que elijan de dónde quieren regar y que renuncien a lo demás. Sin embargo, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama a la autoridad hidrológica que comprenda que no hay duplicidad, porque nadie riega dos veces seguidas el mismo campo, y que si alguien tiene derechos de más de una fuente es porque los paga, para asegurarse el riego en casos de averías o sequías.

La cuenca del río Júcar ha entrado en situación de "emergencia" y obliga al Ministerio de Medio Ambiente a tomar medidas preventivas para proteger las reservas mínimas necesarias para dar de beber a Albacete y Valencia y mantener un mínimo caudal ecológico en el cauce del río.

J. Sierra, Valencia
La Confederación Hidrográfica del Júcar proyecta abordar la próxima campaña de riegos con restricciones del 55% en el regadío tradicional del Júcar y de hasta el 75% en los regadíos no tradicionales.
Además, la CHJ ha pedido al ayuntamiento de Albacete que ponga en marcha de nuevo sus pozos -abandonados por la mala calidad del agua- y que renuncie al agua superficial del río Júcar.
Ante la gravedad de la situación, el organismo de Cuenca, ha lanzado una nueva Oferta Pública de Adquisición (OPA) de derechos de agua – la tercera en lo que va de año- para comprar caudales de pozo en la Mancha y evitar que el río se seque.
El pasado sábado, la Comisión de la Sequía de la CHJ, reunida en Albacete, constató que históricamente nunca el embalse de Alarcón había almacenado tan poca agua en esta época del año y puso en marcha diversas medidas.
El presidente de este organismo, Juan José Moragues, afirmó entonces que el río Júcar «no da para más» y anunció actuaciones para afrontar la situación.
La primera decisión adoptada fue pedir al Ayuntamiento de Albacete que tenga operativos los antiguos pozos del abastecimiento urbano sustituidos hace una década por aguas superficiales del Júcar transportadas a través del acueducto Tajo-Segura.
Moragues dijo que el abastecimiento de Albacete, al igual que ocurre con el del área metropolitana de Valencia, no se encuentra en peligro, aunque un descenso de los caudales en Alarcón o su deterioro obligaría a tomar agua de pozos.
Además, la CHJ ha anunciado que no suministrará aguas superficiales a los regadíos de Albacete y puesto en marcha una nueva OPA, ya que en la última, lanzada hace tan solo unas semanas, tan solo se han apalabrado 1,08 hectómetros cúbicos.
Respecto al regadío valenciano, la CHJ espera que los pozos de sequía, muy recuperados tras las lluvias otoñales- permitan paliar en parte las restricciones anunciadas de aguas superficiales.
De momento no está previsto que se cancelen plantaciones de cultivos de temporada y se confía en los caudales almacenados en Tous y las lluvias primaverales permitan inundar el arrozal.
Extraer los peces
La situación en el embalse de Alarcón es «muy delicada», según fuentes de la CHJ, con apenas 68,2 hectómetros almacenados – y bajando- de los que 30 corresponde al denominado «embalse muerto» y no son utilizables. De hecho, la confederación ha incluido en su Plan Especial de Sequía el proyecto de reducción de la masa piscícola en Alarcón para evitar que el exceso de calor y el bajo nivel del agua embalsada provoquen la muerte de los peces y la putrefacción de las aguas, que las haría inútiles para el consumo humano.
En la sequía de los primeros años 90 del pasado siglo, el Gobierno central ya acometió una campaña de pesca en Alarcón utilizando para ello embarcaciones profesionales de pescadores del mediterráneo.

Los agricultores alicantinos integrados en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) tendrán que afrontar un duro final de año hidrológico salvo milagro meteorológico, porque no hay agua disponible para sus cultivos a ningún precio y sólo les quedan reservas en sus balsas para afrontar, como mucho, la primavera que está a punto de comenzar.

Así lo admitió ayer el vicepresidente del Scrats y presidente de Riegos de Levante, Manuel Serrano, quien desveló que la crítica situación de la cabecera del Tajo les va a impedir hacer efectiva la compra de los 34 hectómetros cúbicos de agua que ya estaba pactada con la Comunidad de Riego de Estremera, en Madrid. «Cualquier posible solución que se pueda adoptar para paliar esta situación queda ahora a expensas de la reunión que mantendremos después de Semana Santa con los responsables del Ministerio de Medio Ambiente», precisó Serrano.

Las reservas de los pantanos de Entrepeñas y Buendía -de los que se nutre la cuenca del Segura- han descendido esta semana hasta los 279 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone que ya sólo les quedan 39 hm3 disponibles para trasvasar, pues la reserva estratégica por debajo de la cual está prohibido hacer transferencias está fijada en 240 hm3.

Esta circunstancia ya ha empezado a tener consecuencias incluso antes de la que la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se reúna para decidir sobre un nuevo trasvase correspondiente al tercer trimestre del año hidrológico. A los embalses de la cabecera del Tajo sólo les quedan 39 hectómetros cúbicos para trasvasar y, si es que se autoriza una nueva transferencia esta primavera, Serrano tiene bastante asumido que «será muy reducida y exclusivamente para consumo humano».

Lo peor de todo es que también va a impedir a los regantes del Scrats recibir los 34 hectómetros cúbicos correspondientes a la operación de compra venta de los derechos de esos caudales que, como en los dos últimos años, estaba pactada con la Comunidad de Riego de Estremera, a un precio de 20 céntimos de euro por metro cúbico.

El campo, una vez más, será el gran perjudicado, ya que no sólo tendrá que olvidarse de recibir un riego de socorro de aquí hasta el final del año hidrológico, sino que ve cómo las posibilidades de obtener algún recurso alternativo se reducen de forma considerable.

Serrano señala que una de las pocas alternativas que quedan para obtener recursos que permitan, si no salvar las cosechas al menos sí el arbolado, pasan por que «el Ministerio de Medio Ambiente autorice la apertura de pozos en el Sinclinal de Calasparra», un acuífero perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Segura del que desde noviembre de 2006 no se han vuelto a realizar extracciones para permitir su recuperación.

La otra posibilidad pasa por que la Mancomunidad de Canales del Taibilla amortice la deuda de caudales que contrajo con los regantes en 2003, cuando se desviaron 40 hm3 destinados a riego para garantizar el suministro a las poblaciones. Casi la mitad de esa cantidad ya se devolvió el año pasado, pero todavía quedan pendientes otros 20 hectómetros cúbicos que este año pueden ser vitales para el campo.

El problema radica en que si no llega agua del Tajo, la Mancomunidad de Canales del Taibilla se enfrenta a serias dificultades no ya sólo para devolver esos caudales, sino incluso para garantizar el suministro, tal y como se encargó de advertir el comité ejecutivo de este organismo, que abastece de agua a 79 municipios de Alicante, Murcia y Almería. Por ello, el vicepresidente del Scrats también señaló que la puesta en marcha de las desalinizadoras que están ya acabadas y pendientes exclusivamente de autorización administrativa para empezar a producir agua -Valdelentisco en Cartagena y Alicante II- puede marcar la diferencia entre disponer de ese riego de socorro o no.

La evolución de las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la de los pantanos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) siguen caminos completamente opuestos. La cuenca del Júcar ha experimentado durante todo el invierno un incremento lento pero constante en la cantidad de agua embalsada. En la última semana ha recuperado otros 4,04 hectómetros cúbicos y ya almacena 768,78, lo que supone un 22,97% de su capacidad total, según informaron ayer fuentes de este organismo regulador.

Aunque la situación de alerta por sequía se mantiene, fundamentalmente porque los embalses de cabecera siguen bajo mínimos, las lluvias han dejado registros por encima de la media durante este invierno en la mitad norte de la Comunitat Valenciana, lo cual ha incidido en las aportaciones en los embalses.

Por contra, en la mitad sur, sólo la Marina Alta y el interior de la Marina Baja han superado la media de precipitaciones este invierno. En el resto de la provincia las lluvias han sido testimoniales y la cuenca del Segura se ha resentido tras un otoño húmedo. En la última semana los embalses de la CHS han perdido otros 5 hectómetros cúbicos y en su conjunto almacenan 210, apenas el 18% de su capacidad total. La situación, con ser crítica, no es peor que en 2007.

El año pasado por estas fechas había incluso 20 hm3 menos almacenados. Sin embargo, lo que marca la diferencia es la nula perspectiva de recibir aportaciones de la cabecera del Tajo, pues al principal surtidor de la cuenca del Segura sólo le quedan 39 hm3 trasvasables.

«Nuestras previsiones son que va a haber un acusado estrés hídrico, fundamentalmente en las cuencas del sureste», afirma con seguridad Teresa Ribera, directora general de Cambio Climático.

«Lo cual no es muy novedoso, puesto que coincide plenamente con los escenarios que ha avanzado el Panel Intergubernamental del Cambio Climático para la región del Mediterráneo y sur de Europa», añade.

Es más, la experta en cambio climático señala que los periodos de sequía intensa se incrementarán en intensidad y frecuencia. «Los ciclos de retorno, es decir, las sequías muy profundas podrían variar de los 100 años que nos dicen las estadísticas a periodos de una década», afirma.

La información forma parte de las conclusiones de un equipo de expertos que viene reuniendo información científica para la Comisión de Coordinación de Políticas del Cambio Climático, cuya última reunión ha tenido lugar el jueves pasado. Esta comisión reúne las administración regionales y estatales para diseñar políticas de adaptación al fenómeno climático, de acuerdo con el Protocolo de Kioto.

«Nosotros trabajamos teniendo en cuenta un 10% de la reducción de las precipitaciones, porque el cambio climático es una realidad», asegura Jaime Palop, director general del Agua, quien sabe bien lo que es enfrentarse a una sequía que comenzó una semana después de acceder al cargo y que no ha concluido.

«Esto no sólo afecta a España. Todo el Magreb, Malta o Croacia reciben menos lluvias. El macizo Ibérico, donde nacen el Tajo, Júcar, Segura y Guadalquivir ha tenido una reducción del 20% de precipitaciones», asegura Palop.

La realidad es tozuda. España se encamina hacia su cuarto año de sequía meteorológica, con lo que la piel de toro se cuartea cada día más. Las precipitaciones de otoño e invierno han sido más bajas de lo normal, en torno a los 150 litros por metro cuadrados menos, lo que viene a ser un 40% de reducción.

Primavera seca

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEM) hasta el final del ciclo hidrológico 2007-2008 –aunque indican sólo tendencias–, apuntan a meses cálidos y menos húmedos de lo deseable durante la primavera, y un verano seco como lo son todos. Con ello se cerrará el periodo más prolongado de sequía en esta primera década del siglo XXI, que arrancó en el otoño de 2004 con el menor régimen de precipitaciones desde hace 60 años.

La pregunta del millón es si el cambio climático está afectando ya a nuestra geografía en el régimen pluviométrico. Pero ningún experto responde con precisión. «Si acaso se puede decir que lo que está ocurriendo ‘coincide’ con las tendencias del IPCC, que prevé para la región Mediterránea un descenso de las precipitaciones», afirma Ángel Rivera, portavoz de la AEM.

Para Rivera, lo que está ocurriendo tiene una explicación meteorológica: las borrascas atlánticas que traen las lluvias a la Península tienden a desviarse hacia el polo antes de llegar, a causa de una mayor oscilación norte-sur en la atmósfera en nuestro hemisferio. «Esta es la causa de nuestra sequía y eso mismo contribuye a la fusión del hielo en el Ártico», señala.

«Es excesivo atribuir al cambio climático el actual periodo de años secos», señala el climatólogo de la AEM, Antonio Mestre. Sin embargo, reconoce que «coincide» con las previsiones de IPCC y que la actual sequía es más prolongada de lo normal. Con cuatro años de déficit hídrico se resienten más y más las reservas de los embalses, y por supuesto, los ecosistemas.

«Los ciclos de sequía –normales en la climatología mediterránea– tenderán a agravarse, tanto en intensidad como en frecuencia», asegura Pedro Arrojo, del Departamento de Análisis Económicos de la Universidad de Zaragoza.

«Existe incertidumbre sobre el régimen pluviométrico del futuro; pero no hay duda de que el calentamiento llevará al alza la evapotranspiración de los cultivos y la flora silvestre. Con seguridad descenderá la escorrentía», añade. Y con ella el agua de los embalses.

«Con eso contamos. Por eso hay que gestionar el agua cada vez mejor, ahorrarla y reutilizarla. Y también desalar. Son las únicas medidas de adaptación al calentamiento. El mérito de nuestra sociedad es que ya se ha empezado a gestionar el agua anticipadamente», concluye Palop.

La cabecera del Tajo está entrando en el peor escenario posible. En los últimos cinco meses las aportaciones de agua son las peores de la historia del Sistema Entrepeñas-Buendía y los excedentes para dar de beber a 2,5 millones de habitantes de Murcia, Alicante y Albacete corren peligro. Si se mantiene la situación actual de sequía, no habrá reservas para trasvasar recursos para la población del Sureste de España.

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla alertó ayer de que «a corto plazo» se puede producir «la imposibilidad legal de realizar trasvase alguno para nuestros abastecimientos». Añade que crece la posibilidad de que la cabecera del Tajo baje de los 240 hectómetros cúbicos, el límite legal para derivar caudales. La situación no es mala sólo en la cuenca del Segura, sino que afecta a otras zonas, incluida parte del Duero. La ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, mantuvo el miércoles pasado una reunión de urgencia con los presidentes de todas las confederaciones hidrográficas y organismos públicos.

Pese a todo, se cree que el escenario que se presenta en la cuenca del Segura no es el peor si se compara con otras demarcaciones hidrográficas. A día de hoy, y si surten efecto las medidas adoptadas ayer, se espera que no haya que aplicar restricciones para la población.

Aviso de emergencia

Si la cabecera del Tajo baja de los 240 hectómetros, los trasvases al Segura serían legalmente imposibles de acuerdo con las reglas de explotación. Sólo en casos excepcionales el Consejo de Ministros podría autorizar un desembalse mínimo para abastecer a la población. Los 2,5 millones de habitantes del Sureste necesitan cada mes una media de entre 11 y 12 hectómetros cúbicos del Tajo.

En la actualidad, el agua almacenada en los dos grandes embalses de cabecera no llegan a los 280 hectómetros. Falta lo peor del año hidrológico -primavera y verano-, por lo que el coeficiente de disponibilidad de recursos pasaría de la situación actual de «normalidad» a la de «alerta y emergencia», indicó ayer este organismo en una nota oficial. Subraya que si la situación de los abastecimientos es mala, la de los regantes «es significativamente más grave».

Para hacer frente a esta situación, el organismo abastecedor se ha propuesto acelerar los trámites para poner en marcha lo antes posible las desalinizadoras de Alicante II y Valdelentisco (Cartagena), que podrían aportar a corto plazo unos 3 hectómetros mensuales (el consumo de 30.000 habitantes). Asimismo, se ha facultado al presidente de este organismo, Isidoro Carrillo, para lanzar una oferta de compra de aguas de origen privado.

La cuenca del Júcar se encuentra ya a estas alturas del año en estado de emergencia y el embalse de Alarcón almacena el menor volumen de agua de toda su historia. Y es que éste es el cuarto año de sequía que sufre el país. Un panorama nada alentador, tal y como ayer transmitió el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, tras la reunión de la Comisión de Sequía celebrada ayer en Albacete.

Una reunión «densa», en palabras de Moragues en la que se adoptaron diversas medidas para intentar paliar en lo posible esta difícil situación. El responsable de la Confederación insistió en que hoy por hoy no es posible garantizar «simultáneamente» el abastecimiento con aguas superficiales para la ciudad de Albacete, que los regantes puedan usar recursos del Júcar, y mantener el caudal ecológico del río.

Medidas

Así la primera decisión adoptada es que este año no habrá agua para sustitución de bombeos en la Mancha Oriental. «Lo lamentamos muchísimo pero no va a haber», afirmó Moragues prácticamente a modo de disculpa.

El presidente del órgano de cuenca anunció de igual modo que se dirigirá al Ayuntamiento de Albacete para solicitar que «vuelvan a estar operativos» los pozos para el abastecimiento de la capital albaceteña. En este sentido, Moragues aseguró que el abastecimiento humano no corre peligro y que se trata de «estar prevenidos» ante lo que pueda suceder en los próximos meses. «Para el caso de que no haya suficiente agua en cantidad en Alarcón o no tenga la suficiente calidad», matizó Moragues. De hecho actualmente este pantano tiene embalsados 68,2 hectómetros cúbicos aunque de ellos no son utilizables entre 30 y 35 hectómetros, es decir casi la mitad.

El ahorro

Pero las decisiones adoptadas ayer no terminaron ahí. A instancias del representante de la Junta de Comunidades en la Comisión, la Confederación aprobó el lanzamiento de una nueva Oferta de Adquisición de Derechos de Agua (OPA), la tercera en lo que va de año hidrológico, dirigida a los regantes del tramo medio del río.

Moragues indicó que en los próximos días se ultimarán los términos y plazos de esta oferta. En todo caso avanzó que no se podrá extraer más agua que el año anterior y que en julio y agosto no se permitirá tomar agua de tomas directas desde el río. De hecho en los dos meses estivales sólo se permitirán extracciones mínimas. También anunció que el presupuesto que se destinará a esta nueva convocatoria será «cuantioso» en todo caso.

Asimismo amentó los resultados, provisionales, de la última OPA en la que el ahorro conseguido ha sido de 1,08 hectómetros. Por otra parte, apuntó que los usuarios de los regadíos tradicionales de Valencia, sufrirán restricciones del 55% mientras que para los no tradicionales de la Ribera Alta serán del 75%.

Por su parte, el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, tras la Comisión reconoció que las medidas adoptadas son «el menor de los males posibles». Belmonte afirmó que llevan tres meses trabajando y proponiendo soluciones para evitar que el río se seque y conseguir que «perjudique lo menos posible a los regantes». En este sentido valoró positivamente el lanzamiento de la nueva OPA: