El grupo municipal del Partido Popular llevará al Pleno del próximo viernes una moción en la que se pide a la Inspección de Tributos que abra un expediente sancionador contra la empresa Aguas de Albacete S.A., después de que esta haya incumplido el pago de la tasa por aprovechamiento del subsuelo en el año 2006 y 2007, con una deuda total de 212.000 euros según los ingresos previstos por la empresa mixta, creada por el Ayuntamiento y la anterior empresa gestora, Acuagest. El viceportavoz del Grupo Popular, Juan Carlos López Garrido, explicó ayer los detalles de un impago que según él evidencia «un trato diferenciado y discriminatorio con el resto de empresas de servicios que sí pagan esta tasa».

La ordenanza fiscal que regula esta tasa establece que las empresas explotadoras de servicios y suministros (como energía eléctrica, gas y agua) tienen que pagar al Consistorio una tasa del 1,5% de su facturación bruta anual, debiéndose pagar tras la liquidación de cada trimestre. El propio informe del interventor sobre la liquidación del presupuesto de 2007, que se aprobará en el Pleno, recoge cómo esa tasa correspondiente al año 2007 «no ha sido liquidada».

ACTUACIÓN DE OFICIO. Juan Carlos López Garrido aclaró que la moción que presentará el Partido Popular en el Pleno del próximo viernes no necesita el voto favorable de los grupos municipales de Partido Socialista e Izquierda Unida, ya que la Inspección de Tributos puede actuar de oficio para incoar un expediente sancionador. El concejal del PP lamentaba que fuera él y sus compañeros del grupo Popular «quienes instemos a la inspección a que abra ese expediente. Nos sorprende que nadie tuviera conocimiento de ello». López Garrido se refería así a que es el propio alcalde, Manuel Pérez Castell, quien preside el Consejo de Administración de la sociedad mixta, y subrayó que mientras era Aquagest la empresa gestora del servicio «se pagó rigurosamente esta obligación. Desde que se constituyó la empresa mixta esa obligación ha dejado de llevarse a cabo». Según explicó el concejal popular, en efecto fue el año 2005 el último ejercicio en el que la empresa gestora del servicio de aguas pagó esta tasa, ingresando 101.397,47 euros en las arcas municipales. En el año 2006 sólo se ingresó la cantidad correspondiente a los meses de enero y febrero, con un total de 2.973,55 euros, si bien los ingresos previsto s por el presupuesto municipal por esta tasa ascendían a 105.000 euros. En este último presupuesto los ingresos previstos por esta tasa fueron de 110.000 euros, cantidad pendiente también por pagar a cargo de la empresa Aguas de Albacete Sociedad Anónima.

TRATO FAVORABLE. Juan Carlos López Garrido lanzaba la cuestión de si «existe trato favorable para la empresa que preside el alcalde», ya que «cuando un ciudadano paga tarde el recibo del IBI se le aplica un recargo; si no lo paga se le hace una providencia de apremio para que pague, y si sigue sin pagarlo se le embargan sus bienes o sus cuentas. A esta empresa, en cambio, el Ayuntamiento ni siquiera le ha requerido el pago de esta deuda».

El hipotético -o hipotéticos- trasvases del Ebro que estudia la Generalitat catalana empieza a ganar defensores en la autonomía, en principio, más inesperada: la Comunidad. Mientras el Consell trata de construir un discurso que permita, desde la reivindicación, alcanzar un consenso básico con el Gobierno en la cuestión hídrica, la sociedad civil alicantina empieza a mostrar su respaldo a la eventual transferencia.

Como ha venido publicando ABC, las intenciones de la Generalitat catalana han motivado reacciones que oscilan entre la crítica a las contradicciones hídricas del PSOE y la esperanza de que el trasvase a Barcelona siente precedente. Así, las organizaciones empresariales y agrícolas más representativas de la provincia alicantina se han mostrado optimistas y han avanzado su respaldo a la obra.

De esta forma, los regantes alicantinos, integrados en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), darán su visto bueno al trasvase -incluso si se destina exclusivamente a abastecimiento urbano-, que podría plasmarse incluso por escrito en su próxima junta directiva. Fuentes de la organización consultadas por ABC señalaron que Fenacore «siempre ha apoyado los trasvases como forma de facilitar el acceso al agua».

En este sentido, consideraron que, de realizarse la transferencia, el Gobierno enterraría los últimos cuatro años en materia de política hídrica, lo que abriría las puertas a un futuro trasvase del Ebro a la Comunidad. Así, Fenacore avalará la infraestructura para «legitimar nuestra defensa del trasvase al Levante», según las mismas fuentes.

«Debe hacerse ya»

En una tesis idéntica se sitúa la patronal alicantina, COEPA. La organización empresarial, que ha mantenido una férrea defensa del trasvase del Ebro contemplado en el PHN original durante la legislatura, avanzó ayer que la transferencia a Cataluña contará con su beneplácito, sean una o incluso las tres actuaciones desveladas el pasado lunes por este periódico.

En este sentido, fuentes próximas al presidente de COEPA, Modesto Crespo, señalaron ayer a ABC que «siempre defenderemos los trasvases», sea cual sea su destino. En el caso concreto de Cataluña, las citadas fuentes se felicitaron porque el PSOE «ha acabado por reconocer que son una buena solución». Así, pidieron que «se hagan cuanto antes», porque «deben servir para que se ejecuten los demás», en referencia al trasvase a la región.

Apoyo estratégico

Al igual que Fenacore o la propia Fundación Agua y Progreso de la Comunidad, el respaldo de COEPA a los trasvases internos en Cataluña obedece a una posición estratégica. Así, mientras el PP -tanto el catalán como el valenciano- ha incidido en los últimos días en la contradicción política del PSOE, las organizaciones sociales han soslayado la pugna partidista para tratar de alentar el precedente que pueden suponer las transferencias.

Es decir, la patronal y los regantes mostrarán su respaldo a los trasvases catalanes siempre que tengan como consecuencia colateral el «estudio» de «otras obras que se encuentran pendientes», según las mismas fuentes. «Nos alegramos de que se reconozca que los trasvases son la solución, pero acto seguido hay que estudiar el resto»,

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó hoy que la Generalitat catalana «no ha formulado ninguna petición» al Gobierno para hacer un trasvase del río Segre, afluente del Ebro, a la cuenca del Llobregat, y aseguró que esta iniciativa «sería una competencia exclusiva» del Ejecutivo central y «requeriría aprobar una norma con rango de ley».

Así lo dijo hoy la ministra de Medio Ambiente, en una rueda de prensa que tuvo lugar esta tarde en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid con motivo de la celebración del Día Meteorológico Mundial.

Tras insistir en que «el Gobierno socialista no se ha negado a cualquier tipo de trasvase», haciendo referencia al trasvase Tajo-Segura y al del Júcar-Vinalopó, gestionados la pasada legislatura, Narbona recordó que «lo que sí ha pedido la Generalitat es una aportación de agua desde la planta de Carboneras».

A este respecto, recordó que esta iniciativa consistiría en la transferencia de agua en barco desde la planta desaladora de Carboneras, en Almería, a Barcelona, una vez que estuvieran terminadas las obras para la canalización del agua desde la planta al puerto almeriense de Carboneras.

No obstante, aclaró que esta decisión está también sujeta a la evaluación de las aportaciones de la lluvia y nieve caídas en el Pirineo y las cuencas internas de Cataluña que se realizará a finales del mes de abril.

Preguntada acerca de la composición del nuevo gobierno, Narbona reiteró que «no está nada confirmado», pero hizo hincapié en que «el cambio climático será una prioridad del nuevo gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero».

Durante esta conferencia de prensa con motivo del Día Meteorológico Mundial, la ministra destacó el «importante papel» que, a su juicio, desempeña la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en «la construcción de escenarios climáticos para adaptarnos a la transformación del clima en España».

En este sentido, interpretó la gestión de la sequía que asola a España desde hace dos años como «una prueba de que nos estamos adaptando» al calentamiento global.

Nueva legislatura, problemas viejos. Aunque el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aún no está constituido, todo parece indicar que tendrá que enfrentarse a los mismos problemas que ya ha arrastrado durante cuatro años. Al menos en lo que a política hídrica se refiere.

Tan sólo han pasado dos semanas de la celebración de las elecciones generales y la guerra del agua ha vuelto a estallar desde varios frentes. Y lo más significativo del caso es que las diferentes propuestas e intenciones de realizar o no trasvases han surgido desde el propio PSOE, lo que sume al partido en una serie de contradicciones y deja a su secretario general, el propio Zapatero, en una situación delicada.

Bien es cierto que el debate en torno al agua nunca ha llegado a desaparecer de la agenda política de los partidos mayoritarios. Durante la campaña electoral, de hecho, el trasvase del Ebro jugó un papel determinante tanto en el PP como en el PSOE, así como durante la legislatura. La inclusión de los trasvases en el programa electoral del PP pero sin citar explícitamente el del Ebro creó en la filas populares más de un quebradero de cabeza y una incógnita que quedó despejada cuando Mariano Rajoy garantizó que llevaría adelante el proyecto si se convertía en presidente del Gobierno.

Tanto en la legislatura como en la campaña electoral se repitió, no obstante, la misma tónica: el PP era el que reclamaba la ejecución de las transferencias de agua mientras el PSOE se oponía. El propio Zapatero aseguró durante la campaña -en una visita a Zaragoza-, que si volvía a ser presidente jamás se haría el trasvase del Ebro. Ahora el debate lo han reabierto los propios socialistas, y en el caso de los catalanes, para mostrarse a favor de una nueva cesión de agua.

Apoyo de ERC
El PSC -que gobierna en coalición con ERC e ICV- se ha mostrado interesado en llevar agua del Segre al Llobregat para abastecer Barcelona. Aseguran que se trata de una medida «de urgencia», que también apoyan sus socios republicanos -han llegado a pedir que no se haga una «batalla política» con la idea-.

Precisamente, el PP -sobre todo el valenciano- siempre ha atribuido a ERC y a su líder, Josep Lluís Carod-Rovira, las presiones que llevaron al primer Ejecutivo de Zapatero a derogar el trasvase del Ebro -fue su primera decisión importante como Gobierno-.

La petición de los socialistas catalanes de transferir aguas del Segre a Barcelona echa también por tierra la teoría de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, según la cual los votos ganados por el PSOE en Cataluña son un reflejo de cómo ha calado la política antitrasvasista del Gobierno central. Tal vez fuera así, pero el hecho de que el PSC se desmarque ahora -aunque sea de manera puntual- de esas directrices, sumado a que haya anunciado sus intenciones cuando ya han pasado las elecciones no es algo que haya pasado desapercibido.

En Castilla-La Mancha la postura de los socialistas sí se ajusta a los principios antitrasvase del PSOE, y es por tanto opuesta a la de Cataluña. Los socialistas, que también gobiernan en esa comunidad, han reiterado estos días su intención de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. Aunque la idea no es nueva, ha vuelto a suscitar dudas en el sur de la Comunitat y en Murcia sobre cómo se podrán abastecer los campos si la obra se paraliza.

Se trata, además, de una limitación -fijada en 2015- que se incluye en el Estatuto de Autonomía manchego, ya aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha pero pendiente de su ratificación definitiva en las Cortes Generales. La revisión del texto -en el que se incluye la fecha tope de 2015 para la obra- se prevé para finales de abril y supondrá, casi con total seguridad, la presentación de recursos por parte de otras administraciones, como es el caso de la valenciana.

El tercer frente abierto estos días a cuenta del agua está directamente relacionado con el caso de Castilla-La Mancha y ha llegado desde Murcia. El PSOE de esa comunidad ya ha advertido a sus compañeros de filas de que no permitirán que se limite el Tajo-Segura. Una batalla entre filas en la que Ferraz o el Gobierno deberán poner orden.

El PP valenciano no ha perdido la oportunidad de dejarse oír sobre toda esta polémica. El portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario popular en Les Corts, David Serra, aseguró ayer que los votos que consiguió el PP en la Comunitat Valenciana, Murcia y la provincia de Almería en las elecciones del 9 de marzo, «tienen que hacer cambiar la política hídrica del nuevo Gobierno central».

Serra señaló que el programa AGUA del Gobierno central ha sido un fracaso, «tal y como ha quedado demostrado en las últimas elecciones en las que, en circunscripciones con necesidades hídricas, como Murcia, Alicante, Valencia, Castellón e incluso Almería, los resultado electorales avalan las reivindicaciones y políticas hídricas del PP».

Desalinizadoras
Además, Serra explicó que la implantación «masiva» de desalinizadoras «no sólo no convence a los ciudadanos, sino que ha quedado patente que el agua que proviene de la desalinización no sirve para el uso agrícola». Por ello, afirmó que el PP «rechazará siempre el plan masivo de implantación de desalinizadoras orquestado por el Gobierno del presidente en funciones.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé, manifestó que la política del agua es «una cuestión de Estado que los españoles han avalado con sus votos».

Bernabé indicó que la política hídrica que lleva a cabo el Gobierno de Rodríguez Zapatero es «la que defiende y promueve la UE y en la que coinciden la mayor parte de expertos a nivel mundial», ya que, según dijo, «está basada en la gestión de los recursos hídricos y en actuaciones modernas».

Antes de tomar decisión alguna, el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, esperará a recibir oficialmente la solicitud de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de volver a abrir los pozos para abastecer a la ciudad; una petición que lanzó el presidente del organismo de cuenca, Juan José Moragues, el pasado viernes tras constatar en la comisión de la sequía la escasez de agua almacenada en Alarcón.

Sotos, que no pudo asistir a esa reunión por coincidir con el pleno donde se aprobó el presupuesto, declaró ayer a La Verdad que «de entrada, no tenemos ninguna posición» sobre esta petición que el presidente de la Confederación del Júcar justificó en la necesidad de «estar prevenidos» ante lo que pueda suceder en los próximos meses. En Alarcón hay embalsados 68,2 hectómetros cúbicos, pero casi 35 hectómetros no son utilizables por razones de calidad.

«Pese al control exquisito que se ha tenido en estos últimos tres años sobre la gestión del Júcar, se prevé que no haya agua suficiente para garantizar el abastecimiento y a la vez mantener el caudal del río», dijo Sotos, haciéndose eco de las decisiones ya adoptadas por la Confederación, como la suspensión de la sustitución de bombeos para regadío con agua del Júcar. No obstante, el concejal desveló que la pasada semana la balsa de regulación de la ciudad de Albacete, con capacidad para almacenar un hectómetro cúbico, se quedó llena. Eso significa que la capital tiene agua embalsada suficiente para beber un mes, es decir, «tenemos margen para analizar despacio la situación», dijo Sotos. Por tanto, insistió el edil, esperarán a tener en sus manos la comunicación de la Confederación del Júcar y la someterán al estudio de las Comisiones de Sostenibilidad e Infraestructuras. A la vista de los datos sobre el agua embalsada en Alarcón, se estudiarán «las posibles alternativas» dijo el concejal. Y es que, apuntó Sotos, no sólo existe la posibilidad de complementar el abastecimiento de Albacete con agua de los pozos, -aunque sí admitió que esta es la opción más viable-, sino que también hay otras alternativas como «recurrir al agua del Tajo».

Segunda ocasión

Si al final se acepta la propuesta de reabrir los pozos, sería la segunda ocasión en la que sucedería desde su cierre en 2003, año en el que clausuraron los sondeos gracias a la entrada en funcionamiento de la obra de abastecimiento desde el Júcar.

En febrero de 2006, el Ayuntamiento ya aceptó reabrir los pozos, aunque aquel «escenario era diferente». Entre otras razones, explicó Sotos, la ciudad aceptó dejar de extraer cinco hectómetros de los quince que necesita para abastecerse, para que 6.000 hectáreas de regadíos de Aguas Nuevas, Santa Ana, El Salobral y Los Anguijes, pudieran recibir un riego de socorro. «Ahora ni tan siquiera hablamos de eso, porque lo que está claro es que no agua ni para regar», dijo Sotos, apuntando que la sequía ahora es más extrema.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está revisando los pozos de riego agrícola que considera que se encuentran en situación sospechosa, es decir, no acorde con la legalidad, y en algunos casos está comprobando que así es, por lo que obliga a sus dueños a renovar los expedientes de concesión de agua, ajustándose a la normativa. Los propietarios a quienes se les descubren irregularidades en sus perforaciones, o en el uso del agua, pueden ser sancionados y deben regularizar su situación, pero los pozos con anomalías más graves, que resultan no legalizables, son clausurados.

A punto de completarse el proceso definitivo de inscripción en el Catálogo de Aguas Privadas de los pozos de riego que solicitaron en su día tal inclusión, por existir desde antes de la nueva ley de Aguas (en vigor desde el 1 de enero de 1986), las inspecciones -y las posibles sanciones- se centran ahora sobre todo en perforaciones que se autorizaron en su día para extraer un máximo de 7.000 metros cúbicos de agua al año.

Esta modalidad ha sido muy utilizada para realizar pozos y disponer de agua con cierta rapidez, puesto que se trata de caudales pequeños y la ley prevé para estos casos procedimientos de solicitud y autorización bastante simplificados, que se resuelven en pocas semanas. Sin embargo, la Administración hidrológica ha comprobado que esta parte de la normativa se ha había convertido en una especie de coladero para tratar de consumar situaciones que no se ajustaban a lo solicitado y previsto sobre el papel.

Ante la lentitud y las trabas administrativas para conceder permisos de pozos, empresas de perforación y gestores de tal materia recomendaron durante tiempo a sus clientes seguir este procedimiento para disponer con rapidez de agua para sus explotaciones agrarias, granjas, casas de campo, industrias, etc. En unos casos, los hechos se ajustaban a lo pedido, pero en otros no. Los usuarios seguían el camino señalado por amigos, conocidos o los mismos perforadores e invirtieron en las obras para asegurarse con rapidez el duficiente suministro de agua. La realidad fue que se consolidó una extendida irregularidad, que ahora está en fase de revisión.

Los pozos con una concesión máxima anual de 7.000 metros cúbicos de agua, además de esta limitación tienen otra muy importante: los caudales extraídos no pueden salir fuera de la parcela catastral donde está ubicada la perforación. Como la mayoría de ellos se hicieron para regar cultivos agrícolas (naranjos, principalmente), abundan las situaciones en las que el agua se emplea para regar en otras parcelas distintas, lo que es fácilmente comprobable por parte de los inspectores de la Confederación.

Los 7.000 metros cúbicos dan para regar poco más de una hectárea durante un año y un elevado porcentaje de las parcelas catastrales de las zonas de regadío suelen tener menos de una hectárea, así que, una de tres, o se comprueba un consumo mayor a través del obligatorio contador de agua, o bien por las facturas del gasto eléctrico, o se verifica fácilmente que se riegan también parcelas distintas a la del pozo.

El recurso a las solicitudes de 7.000 metros cúbicos fue muy utilizado años atrás para disponer de agua rápida. Sus promotores pudieron pedir después la ampliación, de acuerdo con su realidad, pero tal vez las facilidades del proceso favorecieron que creyeran que ya estaba todo cumplimentado. Pero no es así. También se dan casos en los que se carece de documentación. Simplemente se hicieron los pozos, sin realizar ningún trámite, o sin pasar de su inicio.

Los propietarios de pozos con irregularidades de este tipo se enfrentan ahora a sanciones que pueden ser importantes (de varios miles de euros) y a realizar los trámites que obviaron en su día para legalizar su situación, pero los casos que no son legalizables terminan con la clausura de las perforaciones.

Una salvedad a toda esta problemática la constituyen pozos que tienen asignadas superficies de riego que cuentan a la vez con derechos de agua de otras comunidades de regantes, bien subterránea o superficial. En estos casos, la CHJ considera que hay una «duplicidad de caudales» que no debe consentir y obliga a los agricultores a que elijan de dónde quieren regar y que renuncien a lo demás. Sin embargo, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama a la autoridad hidrológica que comprenda que no hay duplicidad, porque nadie riega dos veces seguidas el mismo campo, y que si alguien tiene derechos de más de una fuente es porque los paga, para asegurarse el riego en casos de averías o sequías.

La cuenca del río Júcar ha entrado en situación de "emergencia" y obliga al Ministerio de Medio Ambiente a tomar medidas preventivas para proteger las reservas mínimas necesarias para dar de beber a Albacete y Valencia y mantener un mínimo caudal ecológico en el cauce del río.

J. Sierra, Valencia
La Confederación Hidrográfica del Júcar proyecta abordar la próxima campaña de riegos con restricciones del 55% en el regadío tradicional del Júcar y de hasta el 75% en los regadíos no tradicionales.
Además, la CHJ ha pedido al ayuntamiento de Albacete que ponga en marcha de nuevo sus pozos -abandonados por la mala calidad del agua- y que renuncie al agua superficial del río Júcar.
Ante la gravedad de la situación, el organismo de Cuenca, ha lanzado una nueva Oferta Pública de Adquisición (OPA) de derechos de agua – la tercera en lo que va de año- para comprar caudales de pozo en la Mancha y evitar que el río se seque.
El pasado sábado, la Comisión de la Sequía de la CHJ, reunida en Albacete, constató que históricamente nunca el embalse de Alarcón había almacenado tan poca agua en esta época del año y puso en marcha diversas medidas.
El presidente de este organismo, Juan José Moragues, afirmó entonces que el río Júcar «no da para más» y anunció actuaciones para afrontar la situación.
La primera decisión adoptada fue pedir al Ayuntamiento de Albacete que tenga operativos los antiguos pozos del abastecimiento urbano sustituidos hace una década por aguas superficiales del Júcar transportadas a través del acueducto Tajo-Segura.
Moragues dijo que el abastecimiento de Albacete, al igual que ocurre con el del área metropolitana de Valencia, no se encuentra en peligro, aunque un descenso de los caudales en Alarcón o su deterioro obligaría a tomar agua de pozos.
Además, la CHJ ha anunciado que no suministrará aguas superficiales a los regadíos de Albacete y puesto en marcha una nueva OPA, ya que en la última, lanzada hace tan solo unas semanas, tan solo se han apalabrado 1,08 hectómetros cúbicos.
Respecto al regadío valenciano, la CHJ espera que los pozos de sequía, muy recuperados tras las lluvias otoñales- permitan paliar en parte las restricciones anunciadas de aguas superficiales.
De momento no está previsto que se cancelen plantaciones de cultivos de temporada y se confía en los caudales almacenados en Tous y las lluvias primaverales permitan inundar el arrozal.
Extraer los peces
La situación en el embalse de Alarcón es «muy delicada», según fuentes de la CHJ, con apenas 68,2 hectómetros almacenados – y bajando- de los que 30 corresponde al denominado «embalse muerto» y no son utilizables. De hecho, la confederación ha incluido en su Plan Especial de Sequía el proyecto de reducción de la masa piscícola en Alarcón para evitar que el exceso de calor y el bajo nivel del agua embalsada provoquen la muerte de los peces y la putrefacción de las aguas, que las haría inútiles para el consumo humano.
En la sequía de los primeros años 90 del pasado siglo, el Gobierno central ya acometió una campaña de pesca en Alarcón utilizando para ello embarcaciones profesionales de pescadores del mediterráneo.

Los agricultores alicantinos integrados en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) tendrán que afrontar un duro final de año hidrológico salvo milagro meteorológico, porque no hay agua disponible para sus cultivos a ningún precio y sólo les quedan reservas en sus balsas para afrontar, como mucho, la primavera que está a punto de comenzar.

Así lo admitió ayer el vicepresidente del Scrats y presidente de Riegos de Levante, Manuel Serrano, quien desveló que la crítica situación de la cabecera del Tajo les va a impedir hacer efectiva la compra de los 34 hectómetros cúbicos de agua que ya estaba pactada con la Comunidad de Riego de Estremera, en Madrid. «Cualquier posible solución que se pueda adoptar para paliar esta situación queda ahora a expensas de la reunión que mantendremos después de Semana Santa con los responsables del Ministerio de Medio Ambiente», precisó Serrano.

Las reservas de los pantanos de Entrepeñas y Buendía -de los que se nutre la cuenca del Segura- han descendido esta semana hasta los 279 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone que ya sólo les quedan 39 hm3 disponibles para trasvasar, pues la reserva estratégica por debajo de la cual está prohibido hacer transferencias está fijada en 240 hm3.

Esta circunstancia ya ha empezado a tener consecuencias incluso antes de la que la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se reúna para decidir sobre un nuevo trasvase correspondiente al tercer trimestre del año hidrológico. A los embalses de la cabecera del Tajo sólo les quedan 39 hectómetros cúbicos para trasvasar y, si es que se autoriza una nueva transferencia esta primavera, Serrano tiene bastante asumido que «será muy reducida y exclusivamente para consumo humano».

Lo peor de todo es que también va a impedir a los regantes del Scrats recibir los 34 hectómetros cúbicos correspondientes a la operación de compra venta de los derechos de esos caudales que, como en los dos últimos años, estaba pactada con la Comunidad de Riego de Estremera, a un precio de 20 céntimos de euro por metro cúbico.

El campo, una vez más, será el gran perjudicado, ya que no sólo tendrá que olvidarse de recibir un riego de socorro de aquí hasta el final del año hidrológico, sino que ve cómo las posibilidades de obtener algún recurso alternativo se reducen de forma considerable.

Serrano señala que una de las pocas alternativas que quedan para obtener recursos que permitan, si no salvar las cosechas al menos sí el arbolado, pasan por que «el Ministerio de Medio Ambiente autorice la apertura de pozos en el Sinclinal de Calasparra», un acuífero perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Segura del que desde noviembre de 2006 no se han vuelto a realizar extracciones para permitir su recuperación.

La otra posibilidad pasa por que la Mancomunidad de Canales del Taibilla amortice la deuda de caudales que contrajo con los regantes en 2003, cuando se desviaron 40 hm3 destinados a riego para garantizar el suministro a las poblaciones. Casi la mitad de esa cantidad ya se devolvió el año pasado, pero todavía quedan pendientes otros 20 hectómetros cúbicos que este año pueden ser vitales para el campo.

El problema radica en que si no llega agua del Tajo, la Mancomunidad de Canales del Taibilla se enfrenta a serias dificultades no ya sólo para devolver esos caudales, sino incluso para garantizar el suministro, tal y como se encargó de advertir el comité ejecutivo de este organismo, que abastece de agua a 79 municipios de Alicante, Murcia y Almería. Por ello, el vicepresidente del Scrats también señaló que la puesta en marcha de las desalinizadoras que están ya acabadas y pendientes exclusivamente de autorización administrativa para empezar a producir agua -Valdelentisco en Cartagena y Alicante II- puede marcar la diferencia entre disponer de ese riego de socorro o no.

La evolución de las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la de los pantanos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) siguen caminos completamente opuestos. La cuenca del Júcar ha experimentado durante todo el invierno un incremento lento pero constante en la cantidad de agua embalsada. En la última semana ha recuperado otros 4,04 hectómetros cúbicos y ya almacena 768,78, lo que supone un 22,97% de su capacidad total, según informaron ayer fuentes de este organismo regulador.

Aunque la situación de alerta por sequía se mantiene, fundamentalmente porque los embalses de cabecera siguen bajo mínimos, las lluvias han dejado registros por encima de la media durante este invierno en la mitad norte de la Comunitat Valenciana, lo cual ha incidido en las aportaciones en los embalses.

Por contra, en la mitad sur, sólo la Marina Alta y el interior de la Marina Baja han superado la media de precipitaciones este invierno. En el resto de la provincia las lluvias han sido testimoniales y la cuenca del Segura se ha resentido tras un otoño húmedo. En la última semana los embalses de la CHS han perdido otros 5 hectómetros cúbicos y en su conjunto almacenan 210, apenas el 18% de su capacidad total. La situación, con ser crítica, no es peor que en 2007.

El año pasado por estas fechas había incluso 20 hm3 menos almacenados. Sin embargo, lo que marca la diferencia es la nula perspectiva de recibir aportaciones de la cabecera del Tajo, pues al principal surtidor de la cuenca del Segura sólo le quedan 39 hm3 trasvasables.

«Nuestras previsiones son que va a haber un acusado estrés hídrico, fundamentalmente en las cuencas del sureste», afirma con seguridad Teresa Ribera, directora general de Cambio Climático.

«Lo cual no es muy novedoso, puesto que coincide plenamente con los escenarios que ha avanzado el Panel Intergubernamental del Cambio Climático para la región del Mediterráneo y sur de Europa», añade.

Es más, la experta en cambio climático señala que los periodos de sequía intensa se incrementarán en intensidad y frecuencia. «Los ciclos de retorno, es decir, las sequías muy profundas podrían variar de los 100 años que nos dicen las estadísticas a periodos de una década», afirma.

La información forma parte de las conclusiones de un equipo de expertos que viene reuniendo información científica para la Comisión de Coordinación de Políticas del Cambio Climático, cuya última reunión ha tenido lugar el jueves pasado. Esta comisión reúne las administración regionales y estatales para diseñar políticas de adaptación al fenómeno climático, de acuerdo con el Protocolo de Kioto.

«Nosotros trabajamos teniendo en cuenta un 10% de la reducción de las precipitaciones, porque el cambio climático es una realidad», asegura Jaime Palop, director general del Agua, quien sabe bien lo que es enfrentarse a una sequía que comenzó una semana después de acceder al cargo y que no ha concluido.

«Esto no sólo afecta a España. Todo el Magreb, Malta o Croacia reciben menos lluvias. El macizo Ibérico, donde nacen el Tajo, Júcar, Segura y Guadalquivir ha tenido una reducción del 20% de precipitaciones», asegura Palop.

La realidad es tozuda. España se encamina hacia su cuarto año de sequía meteorológica, con lo que la piel de toro se cuartea cada día más. Las precipitaciones de otoño e invierno han sido más bajas de lo normal, en torno a los 150 litros por metro cuadrados menos, lo que viene a ser un 40% de reducción.

Primavera seca

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEM) hasta el final del ciclo hidrológico 2007-2008 –aunque indican sólo tendencias–, apuntan a meses cálidos y menos húmedos de lo deseable durante la primavera, y un verano seco como lo son todos. Con ello se cerrará el periodo más prolongado de sequía en esta primera década del siglo XXI, que arrancó en el otoño de 2004 con el menor régimen de precipitaciones desde hace 60 años.

La pregunta del millón es si el cambio climático está afectando ya a nuestra geografía en el régimen pluviométrico. Pero ningún experto responde con precisión. «Si acaso se puede decir que lo que está ocurriendo ‘coincide’ con las tendencias del IPCC, que prevé para la región Mediterránea un descenso de las precipitaciones», afirma Ángel Rivera, portavoz de la AEM.

Para Rivera, lo que está ocurriendo tiene una explicación meteorológica: las borrascas atlánticas que traen las lluvias a la Península tienden a desviarse hacia el polo antes de llegar, a causa de una mayor oscilación norte-sur en la atmósfera en nuestro hemisferio. «Esta es la causa de nuestra sequía y eso mismo contribuye a la fusión del hielo en el Ártico», señala.

«Es excesivo atribuir al cambio climático el actual periodo de años secos», señala el climatólogo de la AEM, Antonio Mestre. Sin embargo, reconoce que «coincide» con las previsiones de IPCC y que la actual sequía es más prolongada de lo normal. Con cuatro años de déficit hídrico se resienten más y más las reservas de los embalses, y por supuesto, los ecosistemas.

«Los ciclos de sequía –normales en la climatología mediterránea– tenderán a agravarse, tanto en intensidad como en frecuencia», asegura Pedro Arrojo, del Departamento de Análisis Económicos de la Universidad de Zaragoza.

«Existe incertidumbre sobre el régimen pluviométrico del futuro; pero no hay duda de que el calentamiento llevará al alza la evapotranspiración de los cultivos y la flora silvestre. Con seguridad descenderá la escorrentía», añade. Y con ella el agua de los embalses.

«Con eso contamos. Por eso hay que gestionar el agua cada vez mejor, ahorrarla y reutilizarla. Y también desalar. Son las únicas medidas de adaptación al calentamiento. El mérito de nuestra sociedad es que ya se ha empezado a gestionar el agua anticipadamente», concluye Palop.