La cabecera del Tajo está entrando en el peor escenario posible. En los últimos cinco meses las aportaciones de agua son las peores de la historia del Sistema Entrepeñas-Buendía y los excedentes para dar de beber a 2,5 millones de habitantes de Murcia, Alicante y Albacete corren peligro. Si se mantiene la situación actual de sequía, no habrá reservas para trasvasar recursos para la población del Sureste de España.

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla alertó ayer de que «a corto plazo» se puede producir «la imposibilidad legal de realizar trasvase alguno para nuestros abastecimientos». Añade que crece la posibilidad de que la cabecera del Tajo baje de los 240 hectómetros cúbicos, el límite legal para derivar caudales. La situación no es mala sólo en la cuenca del Segura, sino que afecta a otras zonas, incluida parte del Duero. La ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, mantuvo el miércoles pasado una reunión de urgencia con los presidentes de todas las confederaciones hidrográficas y organismos públicos.

Pese a todo, se cree que el escenario que se presenta en la cuenca del Segura no es el peor si se compara con otras demarcaciones hidrográficas. A día de hoy, y si surten efecto las medidas adoptadas ayer, se espera que no haya que aplicar restricciones para la población.

Aviso de emergencia

Si la cabecera del Tajo baja de los 240 hectómetros, los trasvases al Segura serían legalmente imposibles de acuerdo con las reglas de explotación. Sólo en casos excepcionales el Consejo de Ministros podría autorizar un desembalse mínimo para abastecer a la población. Los 2,5 millones de habitantes del Sureste necesitan cada mes una media de entre 11 y 12 hectómetros cúbicos del Tajo.

En la actualidad, el agua almacenada en los dos grandes embalses de cabecera no llegan a los 280 hectómetros. Falta lo peor del año hidrológico -primavera y verano-, por lo que el coeficiente de disponibilidad de recursos pasaría de la situación actual de «normalidad» a la de «alerta y emergencia», indicó ayer este organismo en una nota oficial. Subraya que si la situación de los abastecimientos es mala, la de los regantes «es significativamente más grave».

Para hacer frente a esta situación, el organismo abastecedor se ha propuesto acelerar los trámites para poner en marcha lo antes posible las desalinizadoras de Alicante II y Valdelentisco (Cartagena), que podrían aportar a corto plazo unos 3 hectómetros mensuales (el consumo de 30.000 habitantes). Asimismo, se ha facultado al presidente de este organismo, Isidoro Carrillo, para lanzar una oferta de compra de aguas de origen privado.

La cuenca del Júcar se encuentra ya a estas alturas del año en estado de emergencia y el embalse de Alarcón almacena el menor volumen de agua de toda su historia. Y es que éste es el cuarto año de sequía que sufre el país. Un panorama nada alentador, tal y como ayer transmitió el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, tras la reunión de la Comisión de Sequía celebrada ayer en Albacete.

Una reunión «densa», en palabras de Moragues en la que se adoptaron diversas medidas para intentar paliar en lo posible esta difícil situación. El responsable de la Confederación insistió en que hoy por hoy no es posible garantizar «simultáneamente» el abastecimiento con aguas superficiales para la ciudad de Albacete, que los regantes puedan usar recursos del Júcar, y mantener el caudal ecológico del río.

Medidas

Así la primera decisión adoptada es que este año no habrá agua para sustitución de bombeos en la Mancha Oriental. «Lo lamentamos muchísimo pero no va a haber», afirmó Moragues prácticamente a modo de disculpa.

El presidente del órgano de cuenca anunció de igual modo que se dirigirá al Ayuntamiento de Albacete para solicitar que «vuelvan a estar operativos» los pozos para el abastecimiento de la capital albaceteña. En este sentido, Moragues aseguró que el abastecimiento humano no corre peligro y que se trata de «estar prevenidos» ante lo que pueda suceder en los próximos meses. «Para el caso de que no haya suficiente agua en cantidad en Alarcón o no tenga la suficiente calidad», matizó Moragues. De hecho actualmente este pantano tiene embalsados 68,2 hectómetros cúbicos aunque de ellos no son utilizables entre 30 y 35 hectómetros, es decir casi la mitad.

El ahorro

Pero las decisiones adoptadas ayer no terminaron ahí. A instancias del representante de la Junta de Comunidades en la Comisión, la Confederación aprobó el lanzamiento de una nueva Oferta de Adquisición de Derechos de Agua (OPA), la tercera en lo que va de año hidrológico, dirigida a los regantes del tramo medio del río.

Moragues indicó que en los próximos días se ultimarán los términos y plazos de esta oferta. En todo caso avanzó que no se podrá extraer más agua que el año anterior y que en julio y agosto no se permitirá tomar agua de tomas directas desde el río. De hecho en los dos meses estivales sólo se permitirán extracciones mínimas. También anunció que el presupuesto que se destinará a esta nueva convocatoria será «cuantioso» en todo caso.

Asimismo amentó los resultados, provisionales, de la última OPA en la que el ahorro conseguido ha sido de 1,08 hectómetros. Por otra parte, apuntó que los usuarios de los regadíos tradicionales de Valencia, sufrirán restricciones del 55% mientras que para los no tradicionales de la Ribera Alta serán del 75%.

Por su parte, el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, tras la Comisión reconoció que las medidas adoptadas son «el menor de los males posibles». Belmonte afirmó que llevan tres meses trabajando y proponiendo soluciones para evitar que el río se seque y conseguir que «perjudique lo menos posible a los regantes». En este sentido valoró positivamente el lanzamiento de la nueva OPA:

La Cuenca Andaluza del Guadalquivir es el nuevo organismo que tiene previsto crear la Junta de Andalucía, a semejanza de la Cuenca Atlántica y de la Mediterránea, para gestionar las aguas de aquel río que discurren por la Comunidad, asumiendo gran parte de las competencias que durante ochenta años han correspondido a la Confederación Hidrográfica.

El problema está en que el Guadalquivir es un río no andaluz cien por cien, y tanto Extremadura -cuyo Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el traspaso- como Castilla-La Mancha y Murcia tienen algo que decir en todas las decisiones que se están adoptando.

De consumarse el nuevo modelo competencial que se está fraguando en los despachos, la tan aplaudida hasta ahora unidad de cuenca amparada por el Estado será sustituida por otro sistema de toma de decisiones, en el que a modo de reino de taifas cada delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente querrá tener su cuota de poder.

Ése es el temor que embarga a Feragua, la Federación de Comunidades de Regantes, cuyo secretario general, Pedro Parias, muestra su desacuerdo con que, al igual que se ha hecho con las Cuencas Atlántica y Mediterránea, se provincialice la gestión del Guadalquivir.

«Granada y Jaén están en la parte alta de la cuenca y Córdoba Sevilla en la parte baja, y cualquier decisión que se tome en una provincia repercutirá en las otras y viceversa», dice.

El concepto de unidad de cuenca se remonta a ochenta años atrás, «y España -apunta Pedro Parias- fue pionera en gestionar el agua por cuencas hidrográficas, a través de las confederaciones».

Resalta el secretario general de Feragua que «esto ha sido exportado al mundo entero, ha sido consagrado por la Directiva Marco de Aguas, y ahora, con la nueva configuración territorial, se pretende que las comunidades autónoma participen de la gestión de la cuenca».

Según Parias, «eso es razonable, pero no que cada Comunidad autónoma gestione las aguas de su territorio rompiendo el principio de unidad de cuenca». Así, llegado el momento, «Extremadura puede tomar una decisión que afecte a Andalucía. El que puede garantizar la unidad es el Estado, y no sé si con el nuevo modelo va a ser posible».

En opinión de Pedro Parias, a Feragua le es indiferente qué Administración gestiona las aguas. «lo que nos importa es que se haga bien y sin tensiones. Tensiones que pueden venir si impera el modelo provincializado».

Una vez más, las organizaciones agrarias han denunciado los perjuicios que el incremento del precio del combustible ocasiona al sector. En un año, el gasóleo agrícola se ha encarecido un 30%, según recuerdan Coag-Ir, Asaja y UPA, que reclaman al Ministerio de Agricultura medidas para hacer frente a esta nueva ‘vuelta de tuerca’ en los ya de por sí disparados costes de producción.

Sin ir más lejos, Coag-Ir ha denunciado que, en la actualidad, llenar el depósito de los tractores cuesta el doble que hace cuatro años, indicando que el litro de gasóleo agrícola cuesta hoy 0,88 euros, frente a los 0,46 euros por litro de 2004. «Los agricultores y ganaderos desembolsan 265 euros aproximadamente por llenar un depósito con una capacidad media de unos 300 litros, mientras que hace cuatro años suponía un coste de 138 euros», han explicado.

En la base del problema se encuentran las históricas cotizaciones que está alcanzando el barril de petróleo en los mercados internacionales, aunque el presidente de Coag-Ir Albacete, Fernando Ruiz, subrayaba que la coyuntura alcista no es nueva y, de hecho, «nos hemos sentado ya en años anteriores con la Administración para reclamar un gasóleo profesional y un tratamiento fiscal especial».

El máximo representante de esta organización agraria en Albacete afirmó que el aumento del precio del gasoil se produce en paralelo al del transporte o al de los abonos, puesto que según manifestó «todo está interrelacionado», y añadió que aunque existen bonificaciones para el profesional, éstas resultan «insuficientes», por lo que insistió en la necesidad de un gasóleo profesional. Fernando Ruiz pidió «soluciones definitivas» y no «parches» que es lo que, a su juicio, se ha estado poniendo hasta la fecha sobre la mesa para sortear el problema.

Impuestos

Para paliar el alza del gasóleo agrícola, cuantificada en un 30% respecto al pasado año, Coag-Ir reclamó entre otras medidas que se agilice el diseño de eliminación del Impuesto Especial de Hidrocarburos (0,078 euros por litro) mediante la tarjeta profesional y la aplicación un tipo reducido de IVA, pasando del 16% actual al 7%.

Igualmente, solicitó extraer el gasóleo agrícola del ámbito objetivo de aplicación del impuesto de minoristas sobre ventas, conocido como tasa de hidrocarburos, y la recuperación para este año de las medidas referidas al IRPF.

Entre ellas figuran la deducción en el rendimiento neto previo de un 15% de los gastos en fertilizantes y plásticos hasta el 30 de junio de 2008, la reducción del 2% del rendimiento neto para el periodo 2008 y la deducción en el rendimiento neto previo del 35% de los gastos en gasóleo en el periodo 2008.

El director de Relaciones Internacionales de Asaja, Juan José Álvarez, hizo hincapié en la necesidad de articular un gasóleo profesional para el sector agrario y demandó que la compensación del IVA del sector ganadero suba en 1,5 puntos y se equipare al 9% del agrícola, al tiempo que consideró «imprescindible» que se ponga en marcha un plan de modernización de tractores -independiente del actual Renove- para aumentar la eficiencia y el ahorro de costes a través de una reducción del consumo de combustible.

«Estamos ante una situación crítica y complicada», apuntó, por su parte, el técnico de UPA Javier Alejandre, quien comentó que se debe abrir un periodo de reflexión para ver qué medidas adicionales se pueden acordar con el nuevo Gobierno para frenar los efectos de la subida del gasóleo.

Los regantes alicantinos esperan que el inicio de la nueva legislatura permita establecer una nueva relación con el Ministerio de Medio Ambiente y la sociedad estatal Acuamed, que promueve el trasvase Júcar-Vinalopó. Así, la Junta de Usuarios del Vinalopó, que agrupa a los receptores de la transferencia, trasladó ayer en un comunicado su «voluntad de retirada» de las numerosas acciones judiciales emprendidas en los últimos años contra la modificación del trazado.

En este sentido, cabe recordar que su recurso contra la modificación ha sido admitida por la Audiencia Nacional, mientras sus servicios jurídicos preparan una reclamación patrimonial al Ministerio, y su campaña de recogida de firmas para exigir «agua de calidad» sigue adelante.

La intención de los regantes es tender puentes con Acuamed, tras una legislatura en que su relación ha sido nula. En este sentido, la desaparición de la sociedad Aguas del Júcar -que promovió inicialmente la infraestructura- y de su consejero delegado, José María Marugán, con quien protagonizaron agrios enfrentamientos, podría favorecer el acercamiento.

«Depende del Gobierno»

No obstante, el presidente de la Junta, Andrés Martínez, matizó en declaraciones a ABC que la renuncia a las acciones judiciales «depende de la voluntad de diálogo» del Gobierno. Es decir, su retirada está supeditada a que Acuamed reciba a los regantes, y valore su nueva propuesta de trazado alternativo para evitar la toma actual, que se construye en la desembocadura del Júcar, en Cullera.

En el estudio, que Martínez anunció hace unas semanas que presentaría tras las elecciones para no irrumpir en campaña, se propone de nuevo la toma intermedia del azud de Antella, aunque con algunas novedades. Así, el proyecto propone una conducción adicional y un sistema de bombeo. De esta forma se garantizaría al último tramo del Júcar un caudal ecológico superior al fijado por Medio Ambiente, y al mismo tiempo, aportes adicionales a la Albufera de Valencia.

La Mancomunidad de Canales del Taibilla alertó ayer sobre la grave situación de sequía en la cabecera del Tajo que puede, a corto plazo, imposibilitar legalmente un trasvase a la cuenca del Segura. Por ello, los responsables del caudal del río Tajo han tomado medidas para mejorar el volumen de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía, garantizando así el suministro de agua hasta el final del año hidrológico.

El comité ejecutivo de Canales del Taibilla ha decidido tomar medidas ante esta situación, por lo que ha ratificado el precontrato de compra de agua a los regantes de Aranjuez , lo que mejorará el volumen de agua almacenado en la cabecera del Tajo.

Isidoro Carrillo se nmostró esperanzado con el hecho de que con estas actuaciones, la contención de la demanda y la puesta en marcha de nuevas desalinizadoras se pueda garantizar el suministro hasta el final del año hidrológico.

Carrillo señaló, al término de la reunión del comité ejecutivo de este organismo -que gestiona el agua para el suministro humano a más de 70 ayuntamientos de Murcia, Alicante y Albacete- que el consumo en estos seis meses del año hidrológico se ha incrementado sólo un 0,5 por ciento.

Niveles críticos
La sequía, sin embargo, es muy grave en el Taibilla y en el río Tajo, señaló este responsable, que informó que «en la cabecera de este río los volúmenes almacenados no superan los 280 hectómetros cúbicos, con aportaciones mínimas históricas en la cabecera del Tajo».

Las bajas aportaciones hídricas en las cabeceras de estos ríos han generado, en palabras del mismo Isidoro Carrillo, «un muy significativo incremento de la posibilidad de que el volumen almacenado alcance los 240 hectómetros cúbicos. En caso de que se llegara a este nivel en las cabeceras de los respectivos ríos, se daría una situación de imposibilidad legal de realizar trasvase alguno con destino al abastecimiento del Taibilla».

Del mismo modo, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha intensificado los controles de consumo de agua y las prohibiciones a los ayuntamientos que la integran, y ha apelado a los municipios para que intensifiquen las medidas establecidas en el Protocolo de Situaciones de Sequía.

La cabecera del Tajo está entrando en el peor escenario posible. En los últimos cinco meses las aportaciones de agua son las peores de la historia del Sistema Entrepeñas-Buendía y los excedentes para dar de beber a 2,5 millones de habitantes de Murcia, Alicante y Albacete corren peligro. Si se mantiene la situación actual de sequía, no habrá reservas para trasvasar recursos para la población del Sureste de España.

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla alertó ayer de que «a corto plazo» se puede producir «la imposibilidad legal de realizar trasvase alguno para nuestros abastecimientos». Añade que crece la posibilidad de que la cabecera del Tajo baje de los 240 hectómetros cúbicos, el límite legal para derivar caudales. La situación no es mala sólo en la cuenca del Segura, sino que afecta a otras zonas, incluida parte del Duero. La ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, mantuvo el miércoles pasado una reunión de urgencia con los presidentes de todas las confederaciones hidrográficas y organismos públicos.

Pese a todo, se cree que el escenario que se presenta en la cuenca del Segura no es el peor si se compara con otras demarcaciones hidrográficas. A día de hoy, y si surten efecto las medidas adoptadas ayer, se espera que no haya que aplicar restricciones para la población.

Aviso de emergencia

Si la cabecera del Tajo baja de los 240 hectómetros, los trasvases al Segura serían legalmente imposibles de acuerdo con las reglas de explotación. Sólo en casos excepcionales el Consejo de Ministros podría autorizar un desembalse mínimo para abastecer a la población. Los 2,5 millones de habitantes del Sureste necesitan cada mes una media de entre 11 y 12 hectómetros cúbicos del Tajo.

En la actualidad, el agua almacenada en los dos grandes embalses de cabecera no llegan a los 280 hectómetros. Falta lo peor del año hidrológico -primavera y verano-, por lo que el coeficiente de disponibilidad de recursos pasaría de la situación actual de «normalidad» a la de «alerta y emergencia», indicó ayer este organismo en una nota oficial. Subraya que si la situación de los abastecimientos es mala, la de los regantes «es significativamente más grave».

Para hacer frente a esta situación, el organismo abastecedor se ha propuesto acelerar los trámites para poner en marcha lo antes posible las desalinizadoras de Alicante II y Valdelentisco (Cartagena), que podrían aportar a corto plazo unos 3 hectómetros mensuales (el consumo de 30.000 habitantes). Asimismo, se ha facultado al presidente de este organismo, Isidoro Carrillo, para lanzar una oferta de compra de aguas de origen privado.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha , Fernando Lamata, es optimista acerca de la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía en la nueva legislatura que va a iniciar el Parlamento de la Nación y cree razonable que el nuevo texto pueda estar aprobado dentro de este año.

Lamata respondía así, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, acerca de las previsiones para que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que no pudo ser tramitada antes de la disolución de las Cortes Generales, sea aprobada en la nueva legislatura que se va a iniciar.

Fernando Lamata dijo que el Gobierno regional es optimista sobre que la reforma del Estatuto, que fija en una disposición adicional el final del trasvase Tajo-Segura en 2015, pueda salir adelante.

En este sentido recordó que el texto estatutario salió del Parlamento regional con el refrendo de los dos partidos políticos con representación en la Cámara, el PSOE y el PP.

Aunque indicó que «no hay ningún dato que nos haga pensar que pueda haber dificultades», reconoció que «sabemos que hay un asunto más complicado, que es el del agua».

Lamata manifestó que «en ese asunto tendremos que discutir, negociar y hacer valer los intereses de Castilla-La Mancha respetando los intereses del conjunto de España, como hemos defendido desde el principio».

Señaló que el Gobierno de Castilla-La Mancha piensa que el nuevo Parlamento de la Nación «será sensible a las posiciones de nuestra Región, y confiamos en que la tramitación culmine con la aprobación del estatuto en un plazo razonable».

En este sentido añadió que «dentro de este año sería deseable que pudiéramos contar con el estatuto aprobado».

Satisfacción electoral

Por otra parte, Lamata dijo que los resultados de las elecciones generales en la región han estado dentro de la normalidad y han sido similares a la media de las últimas tres convocatorias.

Lamata indicó que en el año 2000 el PP, que viene ganando las generales en la región, obtuvo más apoyo que ahora en 2008, en 1996 similar y en 2004 algo menos.

Fernando Lamata señaló que en Castilla-La Mancha hay una tónica de preferencia del PP por parte del electorado en las elecciones generales, mientras que en las autonómicas ocurre todo lo contrario y el PSOE gana por mayoría absoluta, como se comprobó hace unos meses en la comunidad autónoma, en que el presidente regional, José María Barreda, logró la séptima mayoría absoluta del PSOE en los comicios regionales. Respecto al resultado en España, Lamata dijo que el Gobierno regional hace una valoración muy positiva y recordó que el Ejecutivo autonómico ya mostró su preferencia porque José Luis Rodríguez Zapatero fuera reelegido, pues «nos ha ido bien con su gobierno» y se han alcanzado acuerdos políticos en materia de agua, desarrollo industrial y política científica.

Agregó que el Gobierno de Castilla-La Mancha ofrecerá una «colaboración absoluta» al nuevo Ejecutivo que forme Rodríguez Zapatero en las grandes políticas de Estado y su voluntad será la de defender los intereses generales de la región para «fortalecer» los generales de España.

Lamata también destacó la alta participación que hubo el domingo en Castilla-La Mancha , del 80,62 por ciento del censo, 5,3 puntos por encima de la que hubo en el conjunto del Estado, que fue del 75,32 por ciento.

Finalmente, Lamata cree que José Bono será el futuro presidente del Congreso, pues le propuso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha salido reforzado en estas elecciones.

Lamata respondía así sobre las informaciones que indican que el PSC cuestiona que Bono presida la Cámara Baja y propone al convergente Josep Antonio Duran i Lleida.