Una superficie de 821 kilómetros cuadrados de la Comunitat Valenciana forma parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, lo que supone el 0,97% de su extensión total. La cuenca del Ebro es la más grande de España al incluir ocho comunidades autónomas.

Cada año el caudal del Ebro recibe una cantidad de agua, que oscila según la pluviometría, entre los 50 y los 80 hectómetros cúbicos de procedente de la Comunitat a través del río Bergantes, que nace en la comarca castellonense de Els Ports con una longitud de apenas 60 kilómetros.

El Bergantes, que se forma a la altura de Forcall, punto donde se unen tres ríos diferentes, atraviesa Els Ports para desembocar en el Guadalope justo antes del embalse de Calanda en la provincia de Teruel. El río es el principal afluente de la margen derecha del Ebro.

La Comunitat, de esta forma, tiene derecho a recibir del Ebro cada año unos 180 hectómetros cúbicos de agua al estar integrada en la Confederación Hidrográfica. Una cantidad que supone prácticamente la mitad de la prevista en el trasvase del Ebro, derogado por el Gobierno socialista, para la Comunitat Valenciana.

El caudal medio anual del Ebro supera los 18.000 hectómetros cúbicos. Si prácticamente el 1% del territorio de la Confederación pertenece a la Comunitat, ésta tendría que recibir un porcentaje similar del agua que cada año discurre por el cauce. Algo que no se está produciendo en estos momentos.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha aprobado la apertura de dos pozos de sequía en las localidades de Morella y Forcall, con una captación de 30 y 85 litros por segundo respectivamente, para abastecer a 8.000 habitantes de la comarca castellonense. La actuación es una de las pocas realizadas para que el agua que sale de la Comunitat también se utilice en ella.

Tras la aprobación por el Gobierno del PP del Plan Hidrológico Nacional (PHN) en 2001, se abrió lo que se ha conocido como la guerra del agua. El PSOE, desde el primer momento, se opuso al trasvase del Ebro.

Los socialistas valencianos secundaron la posición de Madrid, pero el entonces secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, propuso un minitrasvase entre las localidades de Xerta y Tàlig, en las provincias de Tarragona y Castellón.

La posibilidad abierta por Pla, que permitiría a la Comunitat aprovechar las aguas del Bergantes, ya no ha sido contemplada por el PSOE, ni tiene presente ninguna otra alternativa para que Valencia reciba la parte de los recursos que le corresponden por formar parte de la Confederación.

La situación con el río Bergantes es similar a la del Júcar. Los regantes históricos se encuentran en las comarcas valencianas de la Ribera y la Costera. Desde hace unos años, parte del agua destinada al riego está siendo utilizada por los agricultores de Albacete para cultivos muchos menos rentables que los valencianos. que se encuentran subvencionados en gran parte por la Unión Europea. Los trabajadores del campo albaceteños, integrados en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) reivindican que también tienen derecho a parte del agua del río que atraviesa su territorio.

El conseller de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón, sostiene la necesidad de que se reconozca el derecho de la Comunitat Valenciana a recibir agua de la cuenca del Ebro con dos argumentos. Por un lado, recuerda el aporte de recursos que se realiza desde Castellón y, por otro, sostiene que Valencia es parte de la Confederación Hidrográfica.

Agua del Ebro
Tras analizar los datos, se ha comprobado que desde el año 1940 el río Ebro vierte al mar Mediterráneo una media anual de 11.750 hectómetros cúbicos. Con esta cantidad, no solo se cubren las necesidades hídricas de Aragón sino que algo menos de la mitad serían sobrantes de agua que se podrían destinar a otras regiones de España que tenga un déficit estructural. La cantidad prevista por el PHN para la Comunitat Valenciana está cifrada en 350 hectómetros cúbicos.

El agua del Ebro debe cubrir las necesidades del Pacto del Agua de Aragón, ya contemplado en el PHN. En estos momentos, se están utilizando ya 3.600 hectómetros cúbicos y para atender las nuevas demandas se han destinado 2.100. A estas cantidades hay que sumar lo que se considera reserva estratégica (850 hectómetros cúbicos) con lo que se alcanzan 6.550 hectómetros cúbicos de los 11.750 que se vierten al mar.

Si además se le resta el caudal ecológico (calculado en unos 3.150 hectómetros cúbicos anuales) quedan como excedentes 5.200 hectómetros cúbicos que pueden ser utilizados para trasvasar en lugar de perderse cada año en el mar.

El trasvase previsto para la Comunitat Valenciana es de 350 hectómetros cúbicos, lo que supone el 7% del agua del Ebro que nadie utiliza y que cada año se vierta al mar.

La cantidad total de agua prevista para trasvasar del Ebro a las comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía suma 1.050 hectómetros cúbicos anuales, únicamente el 20% de los recursos hídricos que cada año el río tira al mar. Más de 4.000 hectómetros de agua seguirían así llegando al mar y el impacto medioambiental que podría causar una transferencia sería, en todo caso, muy pequeño.

El trasvase del Tajo-Segura puede estar iniciando un lento camino hacia su extinción y no precisamente por la vía de la derogación que proclama el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, sino por la de los hechos consumados. Las reservas de los dos pantanos de la cabecera del Tajo de los que se nutre la cuenca del Segura, Entrepeñas y Buendía, ha descendido hasta sus niveles más bajos desde el año 1912, según reconocía hace dos semanas el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías. Pero las perspectivas a corto plazo son todavía menos halagüeñas, pues mientras las aportaciones que reciben los dos embalses son cada vez menores, a muy corto plazo el número de municipios a los que tendrá que abastecer se va a incrementar notablemente.

El abastecimiento en Castilla-La Mancha no está en peligro porque, entre otras razones, el resto de la cuenca no sufre el rigor de la sequía. Sí lo están en cambio las transferencias que la Comisión de Explotación del Tajo-Segura debe aprobar en los próximos meses para afrontar lo que queda de año hidrológico, porque los 281 hectómetros cúbicos (hm3) que a día de hoy almacenan Entrepeñas y Buendía sólo dejan disponibles para trasvases 41 hm3, ya que la reserva estratégica por debajo de la cual se impide trasvasar está fijada en 240 hm3.

La Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, a la vista de los informes preliminares, ha decidido no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de los ramales de distribución a partir de la conducción de agua que, desde el acueducto Tajo-Segura, distribuirá recursos hídricos a 50 núcleos de población de la Llanura Manchega que en la actualidad se abastecen de pozos sobreexplotados y con agua cada vez de peor calidad.

Esta decisión, recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado viernes 7 de marzo, da vía libre a la licitación y adjudicación de los trabajos de construcción de los tres ramales principales y sus bifurcaciones.

El objetivo principal de este proyecto es garantizar el abastecimiento de agua para consumo doméstico, en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, con destino a una población aproximada de 500.000 habitantes, correspondientes a medio centenar de municipios repartidos en una superficie de unos 13.000 kilómetros cuadrados en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, y Toledo.

Recuperar acuíferos y Daimiel
El objetivo secundario de esta actuación será regenerar hídricamente la denominada Mancha Húmeda, y de forma prioritaria el Parque Natural de las Tablas de Daimiel, y lograr a largo plazo la recuperación de los principales acuíferos. Para ello está previsto sustituir los recursos subterráneos que se utilizan en la actualidad para abastecer a poblaciones por recursos procedentes del Acueducto Tajo-Segura.

Las infraestructuras proyectadas suman en total una longitud de unos 425 kilómetros repartidos en 39 ramales con diferentes diámetros. La capacidad máxima de las conducciones no será superior a 5 m3/s y supondrán un caudal de diseño para la totalidad de las conducciones de aproximadamente 7.000 metros cúbicos por hora (m3/h).

Esta es tal vez la actuación más relevante, pero no la única. El Ministerio de Medio Ambiente acaba de adjudicar asimismo el concurso para la ejecución de las obras del proyecto de abastecimiento a la futura Mancomunidad de Aguas de los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía por 40.784.370 euros, ya que paradójicamente estas núcleos urbanos se siguen abasteciendo con pozos.

La polémica sobre el agua, presente a lo largo de toda la campaña electoral, emergió ayer con fuerza a raíz de unas declaraciones del número uno del PSOE por Murcia, Mariano Fernández Bermejo, en las que vaticinaba que la Región acabaría suministrando agua desalinizada a Castilla-La Mancha.

Las declaraciones, que se produjeron en el transcurso de una entrevista en la emisora Onda Cero, aludían a la posibilidad de que la desalinización acabara por convertir en precindible el agua del Tajo. Bermejo señala que serán los agricultores quienes determinen en el futuro si es necesario o no el trasvase, aunque concluye señalando que no es ese el horizonte que él vislumbra.

«El horizonte que yo veo es mucho más complejo -indicó-, donde puede que el agua desalada camine en dirección contraria. La necesidad se expresa en términos globales. Ya no hablamos de Murcia. Quien va a necesitar el agua va a ser Castilla-La Mancha y se la vamos a mandar nosotros de desaladoras».

El PP señaló que las palabras de Bermejo suponen un reconocimiento de que la desalinización terminaría por sustituir el trasvase del Tajo. El presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, contestó que el candidato del PSOE «sabe muy poquito de la realidad de la Región», y el candidato del PP al Congreso Alberto Garre señaló que las declaraciones de Bermejo «confirman que con José Luis Rodríguez Zapatero el trasvase Tajo-Segura tiene los días contados».

El portavoz de la ejecutiva del PSOE murciano, José Ramón Jara, salió en defensa de su candidato al afirmar que «no ha habido mayor engaño como el que Valcárcel ha mantenido con un trasvase del Ebro imposible».

Bermejo, por otra parte, se vio obligado ayer a trasladar un encuentro con jóvenes, previsto en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, por la protesta de los funcionarios de Justicia. El acto, al final, tuvo lugar en la sede del PSRM-PSOE.

SMAGUA 2008 se celebra desde el próximo martes, 11 de marzo, y hasta el viernes, 14 de marzo, en la Feria de Zaragoza. Esta es una de las muestras internacionales más importantes en su especialidad y se celebra en un año de fuerte impulso y auge para las tecnologías del agua, cada vez más presentes y necesarias en las políticas hidráulicas de todos los países.

SMAGUA 2008 es una cita ineludible para las empresas líderes del sector del agua y del medio ambiente ya que el certamen es una referencia para la industria del agua. Además, la estrategia de comercialización de las empresas del sector es una herramienta fundamental.
La feria está destinada a fabricantes, importadores, distribuidores, concesionarios, hasta cargos públicos, como alcaldes, concejales, o diputados. También, técnicos de administraciones públicas o profesores universitarios. Se consideran visitantes profesionales en general a aquellos que están relacionados profesionalmente con la temática expositiva.

El horario de visita será desde las 10.00 horas hasta las 19.00 horas. La Feria de Zaragoza pone a disposición un servicio de autobús gratuito con dos líneas: centro ciudad-feria y estación de Delicias-feria, durante todos los días de SMAGUA.

En los expositores de esta edición se podrán ver stands que, por ejemplo, ofrecen instalaciones y complementos; suministro eléctrico y cuadro de protección; comunicaciones; sobre agua, desagüe y aire comprimido; mobiliario; jardinería o manipulación de mercancías.

Durante los cuatro días del evento se desarrollarán jornadas técnicas como ‘Metodología de análisis microbiológicos, como sistema de control de calidad en depuradoras de aguas residuales’, el 11 de marzo, organizada por el Grupo Bioindicación Sevilla.

El 12 de marzo tendrá lugar una jornada de certificado productos plásticos, organizada por Aenor, ‘Cambio climático, incidencia en los recursos hídricos’. Los días 12 y 13, TIASA-Tecno Ambiente ofrecerá un el seminario ‘Agua y energías renovables. la agricultura con la expo 2008’; y ARAGA, impartirá la jornada ‘Reutilización de aguas residuales depuradas’. Por último, RBI-Tecnología del Agua llevará a cabo ‘Riegos y Drenajes XXI’.

El primer día de SMAGUA 2008 se conocerá el ganador del Primer Premio SMAGUA al desarrollo y aplicación de tecnologías en los sectores de agua y riego. Un galardón que otorga las publicaciones profesionales ‘Tecnología del Agua y Riegos y Drenajes XXI’ en colaboración con la Feria de Zaragoza.

En la pasada edición, celebrada en 2006, el encuentro comercial recibió cerca de 29.000 visitantes profesionales y reunió a 1.582 expositores procedentes de 38 países.

El subdelegado del Gobierno, Manuel González Ramos, compareció ayer urgentemente ante los medios de comunicación para desmentir la denuncia formulada por el Partido Popular sobre la instalación de un almacén de dióxido de carbono en las provincias de Albacete y Ciudad Real.

En su intervención, González Ramos recordó que el pasado 21 de febrero, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, ya dejaba claro que el Gobierno estatal no tiene previsto construir almacén alguno subterráneo de C02 ni en Albacete «ni en ningún otro sitio», por lo que, dijo, «la información del Partido Popular es falsa» y consideró que «no vale mentir, ni confundir a los ciudadanos ni enfrentarlos» sobre todo cuando se trata de «declaraciones demagógicas y falsas».

Estudios geotécnicos

El subdelegado del Gobierno aclaró que, ajustándose a la Ley de Minas, la Dirección General de Política Energética y Minas publicitó una reserva de suelo para la Fundación de Estudios sobre la Energía, que corresponde a los 1.200 kilómetros cuadrados que se encuentran localizados entre las provincias de Albacete y Ciudad Real. Un emplazamiento que, según Manuel González Ramos, sólo servirá para realizar exclusivamente estudios geotécnicos pues, insistió, «no se tiene previsto almacén subterráneo alguno para dióxido de carbono ni en Albacete ni en Castilla-La Mancha». El subdelegado del Gobierno insistió en que la resolución publicada en el BOE número 34, con fecha 8 de febrero de este año, es para darle publicidad a una reserva de suelo para la Fundación para Estudios sobre la Energía, «pero no implica la construcción de un vertedero de residuos tóxicos; no existe proyecto ni se conoce todavía la tecnología con la que llevar a cabo esta posibilidad, simplemente esta denuncia se hace porque estamos a vísperas del 9-M, pero la información es falsa».

Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado citado especifica que la reserva provisional de suelo a favor del Estado puede ser susceptible de ser un «efectivo almacenamiento de dióxido de carbono».

Las alarmas se han encendido en Albacete medioambientalmente hablando. Lo que en principio fue una información que, aparentemente, pasó desapercibida a oposición y grupos ecologistas, ayer saltó al escenario político, quizá influido también por la cercanía de las elecciones generales.

El caso es que ayer el diputado regional del Partido Popular, Marcial Marín, denunciaba en rueda de prensa la instalación de un almacén subterráneo de residuos tóxicos en las Lagunas de Ruidera, una información que facilitaba el Ministerio de Industria el pasado 8 de febrero, al registrar, a propuesta de la Fundación para Estudios sobre la Energía, diez posibles emplazamientos en España para el almacenamiento de dióxido de carbono, entre los que se encuentra un enclave ubicado entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, concretamente entre los municipios de Munera, Ossa de Montiel, El Bonillo, El Ballestero, Argamasilla de Alba, Tomelloso y Carrizosa, que afectaría a un área de 1.200 kilómetros cuadrados.

Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 34 del 8 de febrero, en su página 701, «la Dirección General de Política Energética y Minas publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el área denominada Almacén 5, comprendida en las provincias de Ciudad Real y Albacete».

En este emplazamiento podría almacenarse CO2 mediante técnicas de captura y secuestro de carbono (CCS) y reducirse con ello las emisiones a la atmósfera de este compuesto. Sin embargo y según Marcial Marín, no se conocen las consecuencias que a medio o largo plazo podría tener este almacenaje de dióxido de carbono para uno de los parques naturales más emblemáticos de Albacete y de Castilla-La Mancha: las Lagunas de Ruidera.

Iniciativa parlamentaria

Por este motivo, el Partido Popular rechazó el emplazamiento para crear un vertedero subterráneo de residuos tóxicos entre Albacete y Ciudad Real y anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria en la que instará a las Cortes regionales y al Gobierno de José María Barreda que exijan al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que rectifique el BOE y elimine a Castilla-La Mancha de ese posible destino para el almacén de CO2.

«No queremos ser el almacén de residuos contaminantes de industrias de España o de fuera del país», advirtió el diputado regional del PP, que lamentó que, en ningún momento, el Ministerio de Industria haya ampliado la información al respecto a pesar de que «se trata de un gas nocivo y contaminante cuyas tecnologías de almacenamiento no están comprobadas al cien por cien». Marcial Marín recordó que los otros nueve enclaves propuestos por el Ministerio de Industria, a propuesta de la Fundación para Estudios sobre la Energía, se encuentran en Asturias, Cantabria, Vizcaya, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana. El diputado regional insistió en que la técnica de capturas y secuestro de carbono está «muy poco desarrollada» por lo que, al día de hoy, «no se conocen los efectos a medio y largo plazo que este almacenaje de residuos tóxicos puede ocasionar a uno de los buques insignia del medio ambiente en Castilla-La Mancha».

Mariano Rajoy y Francisco Camps han dejado bien patente la distancia existente entre ambos. El candidato conservador a la presidencia de La Moncloa ha dejado constancia de que da por «enterrado» la reivindicación del Partido Popular Valencianao de ejecutar el trasvase del Ebro. En su intervención Rajoy no ha mencionado en ningún momento las palabras «trasvase del Ebro», es más, únicamente se ha limitado a asegurar que «habrá agua».

Esa ha sido su lacónica expresión a lo largo de su intervención. Rajoy, que se ha mostrado sereno y tranquilio a lo largo de su intervención, en ningún momento ha realizado una mención directa respecto a la política del agua del Partido Popular, obveiando explicar si hará o no el trasvase. Es más, en esta ocasión, a diferencia de lo que afirmó en Alicante, el dirigente conservador ni ha expresado su voluntad de realizar transferencias de agua del Ebro, ni tampco se ha referido a su expresión «los sobrantes del Ebro», ni como era de esperar tampco ha mencionado el Pacto del Agua.

Rajoy, en su habitual ambigüedad política, ha dejado patente que la Comunidad Valenciana queda a la cola en las inversiones que su hipotético gobierno realizará en infraestructuras hídricas en caso de ganar las elecciones el próximo 9-M. Tanto es así, que Rajoy, ni se ha molestado en  comprometerse, o al menos en anunciar, la cantidad de hectómetris cúbicos de agua que destinará a la Comunidad Valenciana; ni cuándo tiene previsto iniciar las obras para transferir «los sobrantes» del Ebro, ni tampoco cuanta inversión destinará a Alicante, Castellón y Valencia para traer el agua a Valencia, si acaso la trae.

Mariano Rajoy ha evitado comproimeterse en lo más mínimo sobre esta cuestión. Su negativa a hacerlo ha dejado, nuevamente, en el disparadero al presidente del PP, Francisco Camps, que ha visto como en su ciudad, ante sus comapñeros de partido y ante los miles de militantes y simpatizantes del PPCV, Rajoy a evitado respaldar su discurso. Esa situación evidencia la tensión y el distanciamiento entre ambos, Mariano rajoy y Francisco Camps.

El Medio Ambiente ha sido otro de los puntos de interés en esta campaña electoral. También en las entrevistas digitales de ELPAIS.com, donde tanto la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, como la portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, Mª Teresa de Lara, han respondido a las cuestiones de los lectores.

Cristina Narbona ha resaltado la importancia que para el gobierno han tenido los temas medioambientales en esta legislatura. «Sin duda, se han logrado avances, sobre todo en el terreno legislativo, en la lucha contra el cambio climático y en la reorientación de la política del agua». De hecho, según la ministra, «desde el primer día de la legislatura, el Gobierno ha adoptado medidas para recuperar el tiempo perdido durante muchos años en los que se ha considerado el cambio climático como una exageración de los ecologistas».

Sin embargo, aún quedan retos de cara al futuro. En cuanto a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, «el gran desafío es el de reducir las emisiones asociadas al transporte, y para ello se prevé la obligación de establecer planes de movilidad en todas las empresas de más de 200 trabajadores, el apoyo económico del Gobierno a los ayuntamientos que mejoren su flota de transporte público y su oferta de bicicletas y el incremento del uso del ferrocarril para el transporte de mercancías», entre otras medidas.

También ha sido preguntada por el trasvase del Ebro, que, como ha explicado, «fue rechazado por la Comisión Europea, a causa de su inviabilidad económica, social y ambiental». Además, ha aclarado que, «de haberse construido, hubiera necesitado más consumo de energía que todo el que requerirán el conjunto de plantas desalinizadoras del Programa AGUA». Ante la pregunta de un lector por si continuará como ministra de Medio Ambiente en el caso de ganar los socialistas, ha asegurado que habrá que esperar «a la decisión del presidente del Gobierno».

500 millones de árboles, «un impulso al empleo en el mundo rural»

Mª Teresa de Lara, portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso ha desglosado en su entrevista digital en ELPAÍS.com el presupuesto de la propuesta de plantar 500 millones de árboles durante la próxima legislatura. Esta iniciativa costará «entre 750 y 900 millones de euros, en función del número de árboles por hectárea», y supondrá «la forestación de 300.000 hectáreas, sólo el 3% de la superficie forestal desarbolada que hay en España».

Por otro lado, la encargada de Medio Ambiente del Partido Popular ha charlado con los lectores sobre la polémica Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la norma que limita la caza con perdigones de plomo. «Nos comprometemos a eliminar aquellos aspectos de la ley que consideran que la actividad cinegética va en contra de la conservación de la naturaleza», dice De Lara. Además, afirma que «la caza crea empleo y riqueza en el medio rural».

Otro asunto al que se ha referido De Lara ha sido el proyecto del trasvase del Ebro, apoyado por el PP. «En el año hidrológico 2006-2007 la cantidad de agua fue de 8.300 hectómetros cúbicos, es decir, suficiente para más de cinco trasvases» si se descuentan los 3.000 correspondientes al caudal ecológico, según la portavoz de Medio Ambiente. «El PP considera que la desalación es un complemento al trasvase o a los trasvases, pero no una alternativa», añade.

El Partido Popular defiende la existencia de centrales nucleares. Según la dirigente del PP, los emplazamientos nucleares «son seguros, baratos y reducen nuestra dependencia energética del petróleo». «Si queremos cumplir con Kyoto, debemos mantener esta fuente de energía», explica. Mª Teresa de Lara acusa al PSOE de pedir su cierre «sin alternativa energética alguna para sustituir el 20% del consumo eléctrico procedente de la energía nuclear

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró hoy que la región tiene necesidad de crecer en población, en desarrollo económico y en agricultura sostenible «y, para eso, necesitamos más agua de la que necesitábamos antes y tenemos que aprovechar la que tenemos en nuestra tierra» porque no hay otra alternativa.

Lamata agregó que a falta de mar que desalar, «tenemos que coger el agua de donde la tenemos, en nuestras cuencas, y en la cuenca del Tajo tenemos que seguir aprovechando la existente».

Con una pluviometría cada vez más escasa, insistió, «tenemos que aprovechar el agua que tenemos en nuestra tierra».

El también portavoz del Ejecutivo regional hizo estas manifestaciones al ser preguntado por los medios de comunicación sobre las declaraciones del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, en las que dijo que no hay alternativas a los trasvases en el tema del agua.

Lamata afirmó que «sí hay otras alternativas y soluciones, y el Levante tiene posibilidades de mantener su desarrollo y seguir creciendo en turismo, población y agricultura con las cuencas que compartimos y, sobre todo, a través de la desalación».

El vicepresidente autonómico recordó que ya se está haciendo una desalación que abastece a distintos territorios del país y que puede incrementarse, «y desde el Ejecutivo castellano- manchego lamentamos que los gobiernos de Murcia y Valencia no hayan facilitado el desarrollo de estas alternativas, porque ya tendríamos muchos más hectómetros cúbicos desalándose y a disposición de la población levantina».

En este sentido, señaló que hay posibilidades de avanzar en este camino y existe un plan que el Gobierno central ha propuesto y el presidente Zapatero ha reiterado: «Hasta 800 hectómetros cúbicos, agua suficiente para abastecer a 10 millones de personas».

En este punto, el portavoz regional se refirió al proyecto de abastecimiento a la Mancomunidad de Aguas de los núcleos próximos a los embalses de Entrepeñas y Buendía, adjudicado ayer por el Ministerio de Medio Ambiente, y que supone una inversión superior a los 40 millones de euros.

En su opinión, hay dos maneras de enfocar el problema de la falta de agua. «Una es con hechos y desarrollo de servicios, con infraestructuras de abastecimiento, depuración y mejora de regadíos, y otra que se empeña en un objetivo insostenible, que es el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura a largo plazo», explicó.

Por ello, hizo un llamamiento al PP para que haga «un ejercicio de responsabilidad, de prudencia y de búsqueda de soluciones efectivas para todos». «El Gobierno de Castilla-La Mancha está dispuesto a buscar esos acuerdos, garantizando las necesidades de todos los territorios», apuntó.

Finalmente, Lamata indicó que «hay alternativas razonables y sensatas a los trasvases y Castilla-La Mancha siempre estará dispuesta a compartir soluciones que sean viables en un largo plazo».