Las comunidades de regantes de las cuencas del Guadalquivir, Júcar, Segura, Ebro y de la cabecera del Tajo temen sufrir «cortes brutales» al riego en los próximos meses, para garantizar el abastecimiento humano en el verano.

Según afirmó hoy a Servimedia el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), el agua disponible actualmente en el Guadalquivir permitiría «como mucho, uno o dos riegos en las zonas regables», lo que supone «bastante menos de un 20% de la dotación de un año normal».

En el Júcar y Segura «ocurre lo mismo». «El problema ya no será salvar las cosechas, sino las propias plantaciones», advirtió el presidente de Fenacore.

Por otra parte, Del Campo alertó de que «también están muy mal» la cabecera del Tajo y las grandes zonas regables de la margen izquierda del Ebro (canales de Urgel, canal de Aragón y Cataluña, comunidades de regantes de Bardenas y riego del Alto Aragón).

Aunque las comisiones de desembalses se reunirán este mes para abordar la situación, se espera que los cortes al riego «sean brutales» en estas zonas, de manera que «no se podrá ni regar en algunas cuencas».

«Si no se pueden salvar los cultivos de invierno (secano), la situación puede ser catastrófica. Mucho tendría que llover para que las reservas aumentaran», concluyó.

MÁS TRASVASES Y EMBALSES Por otra parte, el presidente de la Federación de Regantes pidió al nuevo gobierno socialista que incluya entre sus prioridades la construcción de nuevos embalses y trasvases, así como que refuerce el papel del Estado en la planificación fluvial.

«No estamos en contra de la planificación hidrológica existente, pero pedimos más», subrayó.

En este sentido, considera que la construcción de nuevos embalses y trasvases serán fundamental «para combatir los efectos del cambio climático en algunas cuencas».

Una tesis de la profesora María Teresa Torregrosa, del departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, concluye que La Marina Baixa cuenta con suficientes recursos hídricos para cubrir sus necesidades urbanas y agrarias y, por tanto, no precisa de aportaciones externas. Esta conclusión es importante si se tiene en cuenta que el primer trazado proyectado del trasvase Júcar-Vinalopó, incluido en el Plan Hidrológico Nacional elaborado por el PP y cuya toma estaba en Cortes de Pallás, preveía destinar 11,5 hectómetros cúbicos de agua a esta comarca. Una previsión que ha desaparecido en el trazado planteado en esta legislatura por el Gobierno y que está en obras. «No lo necesita», subraya la investigadora alicantina. Y en caso de hacerlo, recuerda, «la infraestructura ya está construida: se trata de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio, conectada con el Júcar».

Ha equilibrado la oferta y demanda de agua con sus recursos propios

Torregrosa decidió analizar las necesidades en su tesis, titulada El modelo socioeconómico de gestión de los recursos hídricos en la comarca de La Marina Baixa. Un enfoque de gestión integrada de recursos hídricos, cómo gestiona sus recursos una comarca donde el turismo es muy importante, y por tanto demanda gran cantidad de agua, y en la que la agricultura también está muy arraigada. Dos actividades que precisan de agua y que a menudo compiten para lograrla, pero que en La Marina Baixa ha logrado un equilibrio sin necesidad de recibir aportaciones externas.

El estudio revisa los datos de oferta y demanda. Torregrosa ha escudriñado, para ello, las distintas fuentes estadísticas y ha recabado también sus propios datos. Así, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estimaba en 2007 una demanda urbana en la comarca de 47 hectómetros cúbicos, mientras que los datos publicados por el Consorcio de Aguas de La Marina Baixa, un estudio de la empresa de suministro hídrico Acuagest y los propios datos obtenidos por la investigadora reducen el consumo a 25,5 hectómetros cúbicos al año.

La Marina Baixa obtiene el 33% del agua de recursos superficiales (en la comarca nacen y desembocan los ríos Amadorio y Algar) mientras que el 67% restante son recursos subterráneos. Torregrosa explica que para lograr el equilibrio entre las necesidades hídricas tanto del sector turístico y en general urbano como las del sector primario es fundamental el hecho de que los agricultores riegan tanto con aguas limpias como con aguas depuradas, una opción a la que a menudo es reacio el sector agrario en otras zonas. La Marina Baixa cuenta con diez depuradoras, pero el 98% del agua que llega de estas instalaciones procede de tres de ellas. En la comarca no hay en este momento ninguna planta de desalación.

Una superficie de 821 kilómetros cuadrados de la Comunitat Valenciana forma parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, lo que supone el 0,97% de su extensión total. La cuenca del Ebro es la más grande de España al incluir ocho comunidades autónomas.

Cada año el caudal del Ebro recibe una cantidad de agua, que oscila según la pluviometría, entre los 50 y los 80 hectómetros cúbicos de procedente de la Comunitat a través del río Bergantes, que nace en la comarca castellonense de Els Ports con una longitud de apenas 60 kilómetros.

El Bergantes, que se forma a la altura de Forcall, punto donde se unen tres ríos diferentes, atraviesa Els Ports para desembocar en el Guadalope justo antes del embalse de Calanda en la provincia de Teruel. El río es el principal afluente de la margen derecha del Ebro.

La Comunitat, de esta forma, tiene derecho a recibir del Ebro cada año unos 180 hectómetros cúbicos de agua al estar integrada en la Confederación Hidrográfica. Una cantidad que supone prácticamente la mitad de la prevista en el trasvase del Ebro, derogado por el Gobierno socialista, para la Comunitat Valenciana.

El caudal medio anual del Ebro supera los 18.000 hectómetros cúbicos. Si prácticamente el 1% del territorio de la Confederación pertenece a la Comunitat, ésta tendría que recibir un porcentaje similar del agua que cada año discurre por el cauce. Algo que no se está produciendo en estos momentos.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha aprobado la apertura de dos pozos de sequía en las localidades de Morella y Forcall, con una captación de 30 y 85 litros por segundo respectivamente, para abastecer a 8.000 habitantes de la comarca castellonense. La actuación es una de las pocas realizadas para que el agua que sale de la Comunitat también se utilice en ella.

Tras la aprobación por el Gobierno del PP del Plan Hidrológico Nacional (PHN) en 2001, se abrió lo que se ha conocido como la guerra del agua. El PSOE, desde el primer momento, se opuso al trasvase del Ebro.

Los socialistas valencianos secundaron la posición de Madrid, pero el entonces secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, propuso un minitrasvase entre las localidades de Xerta y Tàlig, en las provincias de Tarragona y Castellón.

La posibilidad abierta por Pla, que permitiría a la Comunitat aprovechar las aguas del Bergantes, ya no ha sido contemplada por el PSOE, ni tiene presente ninguna otra alternativa para que Valencia reciba la parte de los recursos que le corresponden por formar parte de la Confederación.

La situación con el río Bergantes es similar a la del Júcar. Los regantes históricos se encuentran en las comarcas valencianas de la Ribera y la Costera. Desde hace unos años, parte del agua destinada al riego está siendo utilizada por los agricultores de Albacete para cultivos muchos menos rentables que los valencianos. que se encuentran subvencionados en gran parte por la Unión Europea. Los trabajadores del campo albaceteños, integrados en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) reivindican que también tienen derecho a parte del agua del río que atraviesa su territorio.

El conseller de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón, sostiene la necesidad de que se reconozca el derecho de la Comunitat Valenciana a recibir agua de la cuenca del Ebro con dos argumentos. Por un lado, recuerda el aporte de recursos que se realiza desde Castellón y, por otro, sostiene que Valencia es parte de la Confederación Hidrográfica.

Agua del Ebro
Tras analizar los datos, se ha comprobado que desde el año 1940 el río Ebro vierte al mar Mediterráneo una media anual de 11.750 hectómetros cúbicos. Con esta cantidad, no solo se cubren las necesidades hídricas de Aragón sino que algo menos de la mitad serían sobrantes de agua que se podrían destinar a otras regiones de España que tenga un déficit estructural. La cantidad prevista por el PHN para la Comunitat Valenciana está cifrada en 350 hectómetros cúbicos.

El agua del Ebro debe cubrir las necesidades del Pacto del Agua de Aragón, ya contemplado en el PHN. En estos momentos, se están utilizando ya 3.600 hectómetros cúbicos y para atender las nuevas demandas se han destinado 2.100. A estas cantidades hay que sumar lo que se considera reserva estratégica (850 hectómetros cúbicos) con lo que se alcanzan 6.550 hectómetros cúbicos de los 11.750 que se vierten al mar.

Si además se le resta el caudal ecológico (calculado en unos 3.150 hectómetros cúbicos anuales) quedan como excedentes 5.200 hectómetros cúbicos que pueden ser utilizados para trasvasar en lugar de perderse cada año en el mar.

El trasvase previsto para la Comunitat Valenciana es de 350 hectómetros cúbicos, lo que supone el 7% del agua del Ebro que nadie utiliza y que cada año se vierta al mar.

La cantidad total de agua prevista para trasvasar del Ebro a las comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía suma 1.050 hectómetros cúbicos anuales, únicamente el 20% de los recursos hídricos que cada año el río tira al mar. Más de 4.000 hectómetros de agua seguirían así llegando al mar y el impacto medioambiental que podría causar una transferencia sería, en todo caso, muy pequeño.

El trasvase del Tajo-Segura puede estar iniciando un lento camino hacia su extinción y no precisamente por la vía de la derogación que proclama el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, sino por la de los hechos consumados. Las reservas de los dos pantanos de la cabecera del Tajo de los que se nutre la cuenca del Segura, Entrepeñas y Buendía, ha descendido hasta sus niveles más bajos desde el año 1912, según reconocía hace dos semanas el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías. Pero las perspectivas a corto plazo son todavía menos halagüeñas, pues mientras las aportaciones que reciben los dos embalses son cada vez menores, a muy corto plazo el número de municipios a los que tendrá que abastecer se va a incrementar notablemente.

El abastecimiento en Castilla-La Mancha no está en peligro porque, entre otras razones, el resto de la cuenca no sufre el rigor de la sequía. Sí lo están en cambio las transferencias que la Comisión de Explotación del Tajo-Segura debe aprobar en los próximos meses para afrontar lo que queda de año hidrológico, porque los 281 hectómetros cúbicos (hm3) que a día de hoy almacenan Entrepeñas y Buendía sólo dejan disponibles para trasvases 41 hm3, ya que la reserva estratégica por debajo de la cual se impide trasvasar está fijada en 240 hm3.

La Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, a la vista de los informes preliminares, ha decidido no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de los ramales de distribución a partir de la conducción de agua que, desde el acueducto Tajo-Segura, distribuirá recursos hídricos a 50 núcleos de población de la Llanura Manchega que en la actualidad se abastecen de pozos sobreexplotados y con agua cada vez de peor calidad.

Esta decisión, recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado viernes 7 de marzo, da vía libre a la licitación y adjudicación de los trabajos de construcción de los tres ramales principales y sus bifurcaciones.

El objetivo principal de este proyecto es garantizar el abastecimiento de agua para consumo doméstico, en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, con destino a una población aproximada de 500.000 habitantes, correspondientes a medio centenar de municipios repartidos en una superficie de unos 13.000 kilómetros cuadrados en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, y Toledo.

Recuperar acuíferos y Daimiel
El objetivo secundario de esta actuación será regenerar hídricamente la denominada Mancha Húmeda, y de forma prioritaria el Parque Natural de las Tablas de Daimiel, y lograr a largo plazo la recuperación de los principales acuíferos. Para ello está previsto sustituir los recursos subterráneos que se utilizan en la actualidad para abastecer a poblaciones por recursos procedentes del Acueducto Tajo-Segura.

Las infraestructuras proyectadas suman en total una longitud de unos 425 kilómetros repartidos en 39 ramales con diferentes diámetros. La capacidad máxima de las conducciones no será superior a 5 m3/s y supondrán un caudal de diseño para la totalidad de las conducciones de aproximadamente 7.000 metros cúbicos por hora (m3/h).

Esta es tal vez la actuación más relevante, pero no la única. El Ministerio de Medio Ambiente acaba de adjudicar asimismo el concurso para la ejecución de las obras del proyecto de abastecimiento a la futura Mancomunidad de Aguas de los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía por 40.784.370 euros, ya que paradójicamente estas núcleos urbanos se siguen abasteciendo con pozos.

La polémica sobre el agua, presente a lo largo de toda la campaña electoral, emergió ayer con fuerza a raíz de unas declaraciones del número uno del PSOE por Murcia, Mariano Fernández Bermejo, en las que vaticinaba que la Región acabaría suministrando agua desalinizada a Castilla-La Mancha.

Las declaraciones, que se produjeron en el transcurso de una entrevista en la emisora Onda Cero, aludían a la posibilidad de que la desalinización acabara por convertir en precindible el agua del Tajo. Bermejo señala que serán los agricultores quienes determinen en el futuro si es necesario o no el trasvase, aunque concluye señalando que no es ese el horizonte que él vislumbra.

«El horizonte que yo veo es mucho más complejo -indicó-, donde puede que el agua desalada camine en dirección contraria. La necesidad se expresa en términos globales. Ya no hablamos de Murcia. Quien va a necesitar el agua va a ser Castilla-La Mancha y se la vamos a mandar nosotros de desaladoras».

El PP señaló que las palabras de Bermejo suponen un reconocimiento de que la desalinización terminaría por sustituir el trasvase del Tajo. El presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, contestó que el candidato del PSOE «sabe muy poquito de la realidad de la Región», y el candidato del PP al Congreso Alberto Garre señaló que las declaraciones de Bermejo «confirman que con José Luis Rodríguez Zapatero el trasvase Tajo-Segura tiene los días contados».

El portavoz de la ejecutiva del PSOE murciano, José Ramón Jara, salió en defensa de su candidato al afirmar que «no ha habido mayor engaño como el que Valcárcel ha mantenido con un trasvase del Ebro imposible».

Bermejo, por otra parte, se vio obligado ayer a trasladar un encuentro con jóvenes, previsto en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, por la protesta de los funcionarios de Justicia. El acto, al final, tuvo lugar en la sede del PSRM-PSOE.

SMAGUA 2008 se celebra desde el próximo martes, 11 de marzo, y hasta el viernes, 14 de marzo, en la Feria de Zaragoza. Esta es una de las muestras internacionales más importantes en su especialidad y se celebra en un año de fuerte impulso y auge para las tecnologías del agua, cada vez más presentes y necesarias en las políticas hidráulicas de todos los países.

SMAGUA 2008 es una cita ineludible para las empresas líderes del sector del agua y del medio ambiente ya que el certamen es una referencia para la industria del agua. Además, la estrategia de comercialización de las empresas del sector es una herramienta fundamental.
La feria está destinada a fabricantes, importadores, distribuidores, concesionarios, hasta cargos públicos, como alcaldes, concejales, o diputados. También, técnicos de administraciones públicas o profesores universitarios. Se consideran visitantes profesionales en general a aquellos que están relacionados profesionalmente con la temática expositiva.

El horario de visita será desde las 10.00 horas hasta las 19.00 horas. La Feria de Zaragoza pone a disposición un servicio de autobús gratuito con dos líneas: centro ciudad-feria y estación de Delicias-feria, durante todos los días de SMAGUA.

En los expositores de esta edición se podrán ver stands que, por ejemplo, ofrecen instalaciones y complementos; suministro eléctrico y cuadro de protección; comunicaciones; sobre agua, desagüe y aire comprimido; mobiliario; jardinería o manipulación de mercancías.

Durante los cuatro días del evento se desarrollarán jornadas técnicas como ‘Metodología de análisis microbiológicos, como sistema de control de calidad en depuradoras de aguas residuales’, el 11 de marzo, organizada por el Grupo Bioindicación Sevilla.

El 12 de marzo tendrá lugar una jornada de certificado productos plásticos, organizada por Aenor, ‘Cambio climático, incidencia en los recursos hídricos’. Los días 12 y 13, TIASA-Tecno Ambiente ofrecerá un el seminario ‘Agua y energías renovables. la agricultura con la expo 2008’; y ARAGA, impartirá la jornada ‘Reutilización de aguas residuales depuradas’. Por último, RBI-Tecnología del Agua llevará a cabo ‘Riegos y Drenajes XXI’.

El primer día de SMAGUA 2008 se conocerá el ganador del Primer Premio SMAGUA al desarrollo y aplicación de tecnologías en los sectores de agua y riego. Un galardón que otorga las publicaciones profesionales ‘Tecnología del Agua y Riegos y Drenajes XXI’ en colaboración con la Feria de Zaragoza.

En la pasada edición, celebrada en 2006, el encuentro comercial recibió cerca de 29.000 visitantes profesionales y reunió a 1.582 expositores procedentes de 38 países.

El subdelegado del Gobierno, Manuel González Ramos, compareció ayer urgentemente ante los medios de comunicación para desmentir la denuncia formulada por el Partido Popular sobre la instalación de un almacén de dióxido de carbono en las provincias de Albacete y Ciudad Real.

En su intervención, González Ramos recordó que el pasado 21 de febrero, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, ya dejaba claro que el Gobierno estatal no tiene previsto construir almacén alguno subterráneo de C02 ni en Albacete «ni en ningún otro sitio», por lo que, dijo, «la información del Partido Popular es falsa» y consideró que «no vale mentir, ni confundir a los ciudadanos ni enfrentarlos» sobre todo cuando se trata de «declaraciones demagógicas y falsas».

Estudios geotécnicos

El subdelegado del Gobierno aclaró que, ajustándose a la Ley de Minas, la Dirección General de Política Energética y Minas publicitó una reserva de suelo para la Fundación de Estudios sobre la Energía, que corresponde a los 1.200 kilómetros cuadrados que se encuentran localizados entre las provincias de Albacete y Ciudad Real. Un emplazamiento que, según Manuel González Ramos, sólo servirá para realizar exclusivamente estudios geotécnicos pues, insistió, «no se tiene previsto almacén subterráneo alguno para dióxido de carbono ni en Albacete ni en Castilla-La Mancha». El subdelegado del Gobierno insistió en que la resolución publicada en el BOE número 34, con fecha 8 de febrero de este año, es para darle publicidad a una reserva de suelo para la Fundación para Estudios sobre la Energía, «pero no implica la construcción de un vertedero de residuos tóxicos; no existe proyecto ni se conoce todavía la tecnología con la que llevar a cabo esta posibilidad, simplemente esta denuncia se hace porque estamos a vísperas del 9-M, pero la información es falsa».

Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado citado especifica que la reserva provisional de suelo a favor del Estado puede ser susceptible de ser un «efectivo almacenamiento de dióxido de carbono».

Las alarmas se han encendido en Albacete medioambientalmente hablando. Lo que en principio fue una información que, aparentemente, pasó desapercibida a oposición y grupos ecologistas, ayer saltó al escenario político, quizá influido también por la cercanía de las elecciones generales.

El caso es que ayer el diputado regional del Partido Popular, Marcial Marín, denunciaba en rueda de prensa la instalación de un almacén subterráneo de residuos tóxicos en las Lagunas de Ruidera, una información que facilitaba el Ministerio de Industria el pasado 8 de febrero, al registrar, a propuesta de la Fundación para Estudios sobre la Energía, diez posibles emplazamientos en España para el almacenamiento de dióxido de carbono, entre los que se encuentra un enclave ubicado entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, concretamente entre los municipios de Munera, Ossa de Montiel, El Bonillo, El Ballestero, Argamasilla de Alba, Tomelloso y Carrizosa, que afectaría a un área de 1.200 kilómetros cuadrados.

Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 34 del 8 de febrero, en su página 701, «la Dirección General de Política Energética y Minas publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el área denominada Almacén 5, comprendida en las provincias de Ciudad Real y Albacete».

En este emplazamiento podría almacenarse CO2 mediante técnicas de captura y secuestro de carbono (CCS) y reducirse con ello las emisiones a la atmósfera de este compuesto. Sin embargo y según Marcial Marín, no se conocen las consecuencias que a medio o largo plazo podría tener este almacenaje de dióxido de carbono para uno de los parques naturales más emblemáticos de Albacete y de Castilla-La Mancha: las Lagunas de Ruidera.

Iniciativa parlamentaria

Por este motivo, el Partido Popular rechazó el emplazamiento para crear un vertedero subterráneo de residuos tóxicos entre Albacete y Ciudad Real y anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria en la que instará a las Cortes regionales y al Gobierno de José María Barreda que exijan al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que rectifique el BOE y elimine a Castilla-La Mancha de ese posible destino para el almacén de CO2.

«No queremos ser el almacén de residuos contaminantes de industrias de España o de fuera del país», advirtió el diputado regional del PP, que lamentó que, en ningún momento, el Ministerio de Industria haya ampliado la información al respecto a pesar de que «se trata de un gas nocivo y contaminante cuyas tecnologías de almacenamiento no están comprobadas al cien por cien». Marcial Marín recordó que los otros nueve enclaves propuestos por el Ministerio de Industria, a propuesta de la Fundación para Estudios sobre la Energía, se encuentran en Asturias, Cantabria, Vizcaya, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana. El diputado regional insistió en que la técnica de capturas y secuestro de carbono está «muy poco desarrollada» por lo que, al día de hoy, «no se conocen los efectos a medio y largo plazo que este almacenaje de residuos tóxicos puede ocasionar a uno de los buques insignia del medio ambiente en Castilla-La Mancha».