Las últimas previsiones del Ministerio de Agricultura hablan de leves aumentos en casi todas las producciones, que oscilarían entre las 500 y las 3.000 hectáreas respecto al 2007

El Ministerio de Agricultura (MAPA) acaba de hacer públicas sus estimaciones de superficies de cereales de otoño-invierno, quq reflejan un aumento de las mismas respecto a las cifras logradas el año anterior.

Según estos datos, los aumentos nacionales se sitúan alrededor del dos al cinco por ciento, salvo en el caso del trigo duro, que aumenta casi un 25 por ciento en toda España, hasta alcanzar una superficie de 617.700 hectáreas.

En el caso concreto de la provincia de Albacete, el MAPA habla de una superficie de 55.000-55.500 hectáreas de trigo blando, frente a las 53.000 del año 2007.

La cebada, una de las principales producciones agarrias de la provincia, registra un leve aumento de 3.300 hectáres, ya que se pasa de 176.000 hectáreas en el ejercicio anterior a unas 180.000 previstas para este año.

En la cebada de seis carreras, el MAPAhabla de 90.000 hectáreas de superficie, lo que supone un leve retroceso respecto al 2007, cuando se registraron 90.2000 hectáreas cultivadas.

En la cebada de dos carreras, la situación es la contraria, esto es, un aumento de 3.500 hectáreas, ya que se pasa de las 86.500 hectáreas del 2007 a una previsión para el 2008 de 90.000, siempre según el avance del MAPA, con datos referidos al mes de enero.

En cuanto a la avena, la superficie estimada por el Ministerio para el año 2008 sería de 35.500 hectáreas. lo que supone un leve aumento de 2.500 hectáreas de superficie respecto al 2007, cuando se registraron 33.000 .

El centeno también registra una subida, pero apenas significativa. Pasaría de 5.000 hectáreas a 5.500 en un año, según el MAPA.

Donde hay un retroceso significativo, es en el maíz, del que también se da un avance. De 17.010 en 2007 a 11.025 en 2008.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya ha enviado a la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente los 61 expedientes relativos a la determinación de las características esenciales de los aprovechamientos de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura.

Según el presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, tales expedientes corresponden a 31 comunidades de regantes de la provincia de Alicante, 24 de la Región de Murcia y seis de la provincia de Almería.

De esta forma, concluye el paso previo para el reconocimiento con base jurídica explícita de los derechos de los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) sobre los caudales del trasvase.

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha siempre se ha opuesto a esta pretensión por parte de los miembros del Scrats, ya que el trasvase se nutre de recursos de otra cuenca, la del Tajo y, por tanto, el ejecutivo autonómico considera que estas concesiones equivale a dar derechos sobre las aguas de la cabecera del Tajo a usuarios de otra cuenca.

El presidente de la CHS, a preguntas de los periodistas sobre si se esperan alegaciones de Castilla-La Mancha, señaló que «no hay que centrarse sólo en esa comunidad, ya que podrían venir de otras como Madrid», conocida su posición en relación al trasvase Tajo-Segura.

Los expedientes tramitados representan una superficie bruta de 142.808 hectáreas y una asignación de caudales de 400 hectómetros cúbicos.

Sin esta tramitación, que estaba pendiente desde 1998 con el Plan Hidrológico de Cuenca del Segura, no es posible iniciar el trámite para el reconocimiento de los derechos sobre los mencionados caudales, que hasta estos momentos se vienen amparando en un reconocimiento implícito basado en las Leyes del Trasvase de 1972 y 1980.

En este sentido, recordó que la Ley de Aguas exige disponer de concesión para el uso privativo de aguas públicas, por lo que la situación de los regantes del trasvase, hasta ahora, amparada por una legislación especial, pasaría a integrarse en el marco de la Ley General, lo que constituía una de las aspiraciones más sentidas por parte de los regantes.

Fuentes Zorita contó que ahora es el Ministerio de Medio Ambiente el que va a poner esta aprobación a información pública y «si todo sale bien, entre seis y ocho meses se podrá culminar todo el proceso».

La cuestión del agua centró por unos momentos el debate entre los candidatos socialista y popular, de tal forma que hizo saltar chispas entre ambos.

Mariano Rajoy acusó a la política hídrica de Rodríguez Zapatero de crear confrontamiento entre las comunidades autónomas. Este le recriminó que engañara a los ciudadanos por prometer la ejecución del trasvase y sin embargo no contemplarlo en su programa electoral. Rajoy insistió en sus acusaciones contra Zapatero y reiteró su compromiso a realizar el trasvase: «En cuanto al tema del agua, la discordia es suya -afirmó Rajoy-. Había un Plan Hidrológico votado por el 80 por ciento del Consejo Nacional del Agua, votado por Castilla-La Mancha y Extremadura, donde gobernaba el PSOE. Yo haré las obras del Pacto del agua en Aragón. Las voy a hacer. Y luego haré trasvases a las otras cuencas».

-Zapatero: ¿Hará el trasvase del Ebro?

-Rajoy: Haré el trasvase del agua. Pero usted la única alternativa que ha dado es llevar agua de Almería a Barcelona.

Posteriormente, Zapatero retomó el tema hídrico para espetar a Rajoy: «Nos hemos enterado al menos de que ya no hay trasvase del Ebro. ¿Por qué le parece mal que el agua que produce una desaladora de Carboneras, en Almería, vaya a Cataluña?»

-Rajoy: No, en absoluto

-Zapatero: A mí me parece un modelo de solidaridad y de cohesión en nuestro país.

-Rajoy: Sobra agua.

-Zapatero: El que Barcelona esté con problemas de agua, o pueda estar, pone de manifiesto que el trasvase del Ebro era una medida absurda. Me alegro que hayan venido a nuestra posición y se hayan olvidado ya del trasvase del Ebro.

-Rajoy: Me ha entendido mal.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 22,38% de su capacidad y almacenan 12,65 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 749,00 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados ayer por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 15,83% de su capacidad; los del Túria tienen un 41,06% de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baixa/Serpis dispone del 84,82% de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 60,43%.

En la Marina Baixa, el embalse de Amadorio tiene un 89,42% de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 84,31%. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 82,37% de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 40,21%, el de Alarcón un 6,12% y el de Contreras en 56,75%.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 72,25%, Cortes II en un 90,64%, La Muela en un 81,40%, y El Naranjero al 62,55%. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 31,88%; Escalona al 4,72%; y Bellus, al 41,46%. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 14,61%. San Blas (-0,09 hm3) y el de Bellus (-0,04 hm3).

Durante esta semana, los embalses que no han sufrido variaciones son los de Almansa y Algar, que siguen completamente secos, reconocen desde la CHJ.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó ayer en Alcázar de San Juan que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), ya aprobado y que pone en marcha con el Consorcio, supone un esfuerzo por construir una política del agua muy diferente de la del pasado, donde la gestión de las aguas subterráneas era una parte de la política del agua olvidada.

Narbona, que se trasladó ayer hasta el corazón de La Mancha para firmar el convenio de colaboración para la creación del Consorcio que gestionará el PEAG junto al presidente regional, José María Barreda, recordó no sólo la importancia del día de ayer con la puesta en  marcha del Consorcio, sino también la importancia de este Plan, que debe permitir que “el agua que tenemos en nuestros acuíferos sirva para hoy y para mañana”.

Es por esto que destacó la necesidad de desarrollar en los próximos años una política del agua de acuerdo con la legislación europea, con los criterios internacionales, que otorgue plenamente al agua todo su valor económico, social o medioambiental, un “desafío”, dijo,  para todos los poderes públicos, porque supone olvidar una política “del ordeno y mando” que no buscaba el consenso y la implicación de todos, como ha ocurrido con el PEAG, según señaló.

Narbona recordó que las políticas del agua siempre se ha dicho que deben ser de Estado, pero recordó que hoy día en España se vive en un estado descentralizado de las autonomías, donde todos los poderes públicos son Estado, “por eso sólo podemos trabajar por una mejor gestión de la política del agua en nuestro país colaborando las tres administraciones”, y recordó que cuanto más complejo es el asunto que se debe gestionar, mayor es la necesidad del entendimiento.

La ministra de Medio Ambiente destacó entre otras cosas el gran consenso que se ha alcanzado en la redacción y aprobación del PEAG, algo por lo que se sintió “especialmente” satisfecha, “por haber cumplido un compromiso más en C-LM y porque el camino ha sido complejo y aquello que cuesta lo apreciamos mucho más y lo entendemos mucho mejor”.

Dijo también que si han empleado todo este tiempo para llegar a la consecución de este Consorcio y a la puesta en marcha formal del PEAG, con un órgano que permite visualizar muy bien la coordinación y cooperación entre administraciones, es porque antes de llegar aquí han recorrido un camino muy complejo de búsqueda de consenso social, “un consenso que no ha sido nada sencillo” y que, según dijo,  se ha alcanzado al menos en un porcentaje muy amplio gracias al buen trabajo de muchas entidades y agrupaciones.

“Ahora se abre el verdadero camino de recuperación de los acuíferos y del desarrollo sostenible”, sentenció,  y no se marchó sin mencionar la necesidad de saber gestionar el agua para evitar tanto la sequía como las inundaciones que padeció la ciudad el pasado mes de mayo.  

Solución realista
Por su parte, el presidente de la Junta destacó que el Plan ha conseguido concentrar “el esfuerzo de todos” para “dar una solución realista, concreta y eficaz al problema de la escasez de agua”.

En este sentido, Barreda ha resaltado los más de 5.000 millones de euros de presupuesto con los que cuenta este Plan para tomar muchas decisiones importantes relativas al agua y que lo convierten en mucho más que un plan medioambiental.

Para Barreda, la participación de todos los agentes en el Plan implica la capacidad de la sociedad para afrontar un problema como es la falta de agua, y dijo que esta iniciativa no sólo ahorrará agua para la regeneración hídrica de los acuíferos, sino que supondrá una herramienta clave para el desarrollo integral de la región.

Ha recordado que el PEAG llega siete años después de lo previsto, porque antes no tenía consenso ni financiación.
El presidente ha planteado la creación de este Consorcio como ejemplo de órgano de gestión del agua compartido entre las dos administraciones, la central y la regional. El Consorcio estará integrado por representantes de ambas administraciones y tendrá su sede en Alcázar. La Administración General del Estado, a través de la CHG, y la Junta de Comunidades, a través de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, financiarán a partes iguales los gastos de constitución y funcionamiento anuales del Consorcio. En concreto, para el año 2008 se acuerda un montante de 1,5 millones de euros.

Por su parte, el alcalde de Alcázar, José Fernando Sánchez Bódalo, calificó la jornada de ayer de “histórica” y recordó que alcázar representa el treinta por ciento del problema “y de la solución” del agua.

El titular de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, expresó ayer la «radical y rotunda oposición» del Ejecutivo regional a la posible concesión de derechos de agua en la cuenca del Segura con recursos de la del Tajo y anunció que, si así fuera, la Junta lo recurrirá.

Sánchez Pingarrón hizo estas declaraciones en Guadalajara, a preguntas de los periodistas, tras la publicación ayer, en La Verdad, de que el Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado los trámites para reconocer los derechos de agua de unos setenta regantes del trasvase Tajo-Segura en Murcia, que sumarían una concesión de unos 400 hectómetros cúbicos al año.

El consejero resaltó que la Junta ya ha hecho constar ante todos los órganos del Ministerio de Medio Ambiente su «radical y rotunda» oposición a que se puedan conceder derechos de agua basados en recursos hídricos del acueducto Tajo-Segura.

En este sentido manifestó que «necesitamos el agua en Castilla-La Mancha y no se pueden reconocer derechos de un recurso que se requiere en el sitio donde se produce, que no es otro lugar que en la cabecera del Tajo».

Y añadió que «no es posible ni legal, ni social, ni políticamente llevar a cabo este reconocimiento», concluyó el responsable regional de Ordenación del Territorio y Vivienda.

Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha insistió en que el Gobierno central no contempla fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura ni descarta futuras derivaciones hacia el Levante. En una respuesta escrita, realizada a preguntas de los senadores Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco y Antonio Román, el Ejecutivo indica que los trasvases Tajo-Segura «se continuarán efectuando según las necesidades que haya para el abastecimiento de las poblaciones y que toda reserva almacenada por encima del volumen mínimo puede considerarse excedentaria».

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya ha enviado a la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente los 61 expedientes relativos a la determinación de las características esenciales de los aprovechamientos de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura.

Según el presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, tales expedientes corresponden a 31 comunidades de regantes de la provincia de Alicante, 24 de la Región de Murcia y seis de la provincia de Almería.

De esta forma, concluye el paso previo para el reconocimiento con base jurídica explícita de los derechos de los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) sobre los caudales del trasvase.

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha siempre se ha opuesto a esta pretensión por parte de los miembros del Scrats, ya que el trasvase se nutre de recursos de otra cuenca, la del Tajo y, por tanto, el ejecutivo autonómico considera que estas concesiones equivale a dar derechos sobre las aguas de la cabecera del Tajo a usuarios de otra cuenca.

El presidente de la CHS, a preguntas de los periodistas sobre si se esperan alegaciones de Castilla-La Mancha, señaló que «no hay que centrarse sólo en esa comunidad, ya que podrían venir de otras como Madrid», conocida su posición en relación al trasvase Tajo-Segura.

Los expedientes tramitados representan una superficie bruta de 142.808 hectáreas y una asignación de caudales de 400 hectómetros cúbicos.

Sin esta tramitación, que estaba pendiente desde 1998 con el Plan Hidrológico de Cuenca del Segura, no es posible iniciar el trámite para el reconocimiento de los derechos sobre los mencionados caudales, que hasta estos momentos se vienen amparando en un reconocimiento implícito basado en las Leyes del Trasvase de 1972 y 1980.

En este sentido, recordó que la Ley de Aguas exige disponer de concesión para el uso privativo de aguas públicas, por lo que la situación de los regantes del trasvase, hasta ahora, amparada por una legislación especial, pasaría a integrarse en el marco de la Ley General, lo que constituía una de las aspiraciones más sentidas por parte de los regantes.

Fuentes Zorita contó que ahora es el Ministerio de Medio Ambiente el que va a poner esta aprobación a información pública y «si todo sale bien, entre seis y ocho meses se podrá culminar todo el proceso».

Es presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) pero Francisco Belmonte tiene muy claro que haría si la que ocupase fuese la Presidencia del Gobierno.

Para Belmonte lo esencial son los principios y por ello parte su hipotético mandato partiría de algo básico. «Los intereses políticos, o partidistas, deberían coincidir con los de los ciudadanos», señala el responsable de los regantes añadiendo a ello otra cuestión esencial.

«Este país debería recuperar la capacidad de alcanzar consensos», indica poniendo como ejemplo lo sucedido con los Pactos de la Moncloa que consiguieron poner de acuerdo a dos personalidades con visiones políticas tan diferentes como Manuel Fraga y Santiago Carrillo. En este sentido, el presidente de la JCRMO no comparte la imagen que en la actualidad dan los partidos, «Un partido propone una cosa y el otro partido o los otros deberían trabajan para mejorar la idea y no cómo sucede que se trabaja en negativo en vez de en positivo», apunta.

Y, ¿qué haría Belmonte en materia hídrica si llegase a La Moncloa? Su programa electoral está clarísimo. «Que se cumpla la Ley de Aguas, que se cumpla la Constitución, y los planes hidrológicos que están aprobados», enumera.

Sentencia del Júcar

Todo ello sin olvidar otro aspecto y anhelo fundamental para este colectivo. «Que las administraciones den ejemplo a la hora de cumplir las sentencias aunque no les favorezcan», afirma en clara referencia a la sentencia del Júcar del Tribunal Supremo del 2004 y que «el Gobierno ha hecho todo lo posible por no cumplir».

Para Belmonte sólo el cumplimiento de todas estas cuestiones supondría ya un gran paso. Y es que en su opinión hoy por hoy no hace falta legislar sino que se cumpla la múltiple normativa que ya existe al respecto.

Eso sí el presidente de los regantes también cree que sería necesario llevar a cabo una reforma de la estructura de las confederaciones. hidrográficas en cuanto a la participación. «Son unas maquinarias antiguas que no están equilibradas», dice apuntando incluso que probablemente en las confederaciones los usuarios deberían tener un menor peso. «Ahora lo tienen descompensado, los usuarios del Júcar valencianos tienen una gran representación y los de la Región tenemos una pequeñísima representación a pesar de ser el 73% de la cuenca», añade.

También aboga porque en temas como el agua sea el Estado «el que maneje el asunto» y no las autonomías o los usuarios. Asimismo cree que la gestión de los recursos hídricos en años de bonanza debe mejorar mucho para que en tiempos de sequía, como ahora, no haya que lamentar.

España afronta el semestre más seco de los últimos 60 años. Las precipitaciones recogidas en los últimos meses apenas llegan a la mitad de la media de los últimos años y el Ministerio de Medio Ambiente ha empezado a enviar mensajes que aconsejan moderación en el consumo para evitar cortes en el abastecimiento.

Y el primer destinatario de ese mensaje son los regantes, que representan el 66,3% del consumo. En España se gastan al año más de 20.000 hectómetros cúbicos de agua, de los que 16.000 van a las explotaciones agrícolas y 4.000 para consumo urbano, según la última estadística del INE. De los cultivos, los que más agua requieren son los herbáceos de regadío, como maíz, girasol o alfalfa, que consumen 7.600 hectómetros cúbicos.

Por este motivo, Medio Ambiente quiere que se reduzca el consumo de agua en los regadíos, mientras que los regantes piden que se inicien cuanto antes obras de ampliación de los embalses que aseguren la oferta en una coyuntura de sequía, que seguramente se repetirá con frecuencia en el futuro.

El departamento dirigido por Cristina Narbona no comparte este criterio y considera que con el Plan de Choque de Regadíos, que ha recibido una inversión de 2.000 millones de euros en dos años, ya ha hecho su parte de los deberes. Con ese plan prevé conseguir a medio plazo unos ahorros de 1.200 hectómetros cúbicos al año (el 7,5% del total de regantes). Sin embargo, esa cifra se antoja insuficiente porque la demanda de agua se ha disparado en los últimos años, en especial en los grandes núcleos urbanos, y el ahorro logrado en los regadíos no servirá seguramente para compensar esa mayor demanda.

Por su parte, los regantes abogan por aumentar un 30% la capacidad actual de los embalses (desde los actuales 53.000 hasta los 70.000 hectómetros cúbicos) y que el esfuerzo también se traslade al abastecimiento urbano, que es el más costoso y el que más pérdidas registra en las redes de distribución. Extraer, depurar y trasladar el agua en España tiene un coste para las administraciones de 6.330 millones de euros, de los que 5.000 corresponden a las ciudades urbanos y 1.330 a los regadíos.

Pese a que las cifras parecen demostrar la mayor eficiencia del regadío, Medio Ambiente ya ha avanzado a los agricultores su intención de que vayan utilizando progresivamente las aguas procedentes de la depuración o la desalación para regar sus explotaciones, mientras que las aguas superficiales o de acuíferos quedarán reservadas para el abastecimiento urbano.

El presidente de la Federación Nacional de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, se muestra dispuesto a cumplir esta condición, pero considera que el Ministerio debe dar un paso más para garantizar el agua a largo plazo. ‘Los agricultores que se están hipotecando a 50 años reclaman disponer de agua garantizada para amortizar esas costosas inversiones, porque no pueden regar un año sí y tres no ‘, apunta.

Narbona no cierra la puerta a trasvases ‘puntuales’

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no cierra la puerta a futuros trasvases a cuencas deficitarias, aunque insiste en que es la última opción que maneja su departamento para garantizar el abastecimiento. ‘No tenemos actitudes fundamentalistas respecto a los trasvases. Ya hemos realizado algunos puntuales a la Cuenca del Segura, siempre teniendo en cuenta el impacto social y económico del mismo’, aseguró recientemente en una jornada sobre agua, organizada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Frente a las críticas vertidas desde la Comunidad Valenciana por el retraso de las obras para garantizar el abastecimiento de agua, Narbona reconoce que este ha tenido un fuerte componente político. Así afirma que la Comunidad Valenciana frenó obras por valor de 100 millones de euros, que ya estaban licitadas por Acuamed (sociedad estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) y que esas mismas obras finalmente se van a ejecutar con dinero de los presupuestos regionales. ‘La obra va a salir más cara y además se han perdido fondos europeos comprometidos en las mismas’, afirma.

Sobre la posibilidad de aprobar medidas urgentes para zonas especialmente afectadas por la sequía (Cataluña podría recibir agua de la desaladora de Carboneras en Almería), Narbona asegura que ese caso está en estudio todavía, aunque insiste en que si es necesario, ‘se aportará agua desde la planta de Carboneras’. No se muestra, sin embargo, tan favorable ante la posibilidad de que se apruebe un trasvase desde el río Ródano (Francia) hacia Cataluña. ‘El trasvase del Ródano es más caro que todo el paquete de medidas aprobado por la Generalitat y no es la panacea, tal y como algunos promulgan’, puntualiza.

En su intervención en un acto de campaña electoral celebrado en la localidad almeriense de El Ejido, Arenas se ha referido de nuevo al problema del agua y ha calificado de ‘desfachatez que alguien pueda decir en Almería tiene resuelto sus problema de agua y que plantee enviarla a Cataluña’.

‘Es de mucha desvergüenza, porque no es verdad, y porque el agua que se tiene en Almería es consecuencia de las obras programadas y ejecutadas por el Gobierno del PP’, ha asegurado Arenas, quien ha reiterado que si es presidente se ‘plantará’ ante el Gobierno para pedir el trasvase agua ‘de la España húmeda a la España seca’.

Ha denunciado que del Ebro se tiran al mar 100.000 litros por segundo, y ha señalado que si se trasladara ‘en quince días ese agua a Almería estará resuelto el déficit hídrico’ de la provincia al tiempo que ha apuntado que ‘se equivocan’ los que cree que el problema ‘histórica y secular’ del agua con dos desalinizadoras.

Se ha referido también al problema de la inmigración, sobre el que ha aclarado que ‘no es un problema siempre que las cosas se hagan como se tiene que hacer’, y no cayendo en la ‘irresponsabilidad del papeles para todos’ que practica el PSOE.

El candidato, tras destacar los ‘grandes alcaldes y alcaldesas’ del PP en la provincia, ha dicho que al PSOE ‘le gusta descalificar permanentemente y a base de brochazos’, y ha lamentado que ha oído que El Ejido es una tierra ‘racista y xenófoba’ e incluso de ‘nuevos ricos’ cuando en realidad se hace un gran esfuerzo de convivencia.

Ha recordado que en esta localidad viven más de un centenar de nacionalidades y ha asegurado que está en contra de cualquier actitud de ‘intolerancia’, aunque ha pedido que ‘no se condene a todo un municipio’.

Se ha referido a las críticas socialistas a que sea cabeza de cartel por Almería en los comicios autonómicos y ha dicho que se presenta por esta provincia porque su compromiso ‘es con toda Andalucía’ y que no es solo verbal ‘sino con los hechos’.