El Ministerio de Medio Ambiente ha dado el visto bueno definitivo a la segunda fase de la sustitución de bombeos en los regadíos de la Mancha Oriental.

Así lo explicó, poco antes de comenzar la convención sobre el cambio climático en el Palacio de Congresos de Albacete, el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri, que anunció que el pasado martes firmó la resolución por la que se exime de llevar a cabo una declaración de impacto ambiental, tras una evaluación previa.

De este modo se salva uno de los principales escollos con los que se había encontrado el proyecto y que lo había dilatado en el tiempo. El proyecto supone la sustitución de 270 pozos que dejarán de extraer agua del acuífero de la Mancha Oriental para cogerla del acueducto Tajo-Segura.

Se trata de una infraestructura de más de 100 millones de euros y conllevará cuatro tomas de agua desde el Trasvase, la construcción de tres balsas de regulación y más de 120 kilómetros de tuberías.

Mejora sustancial

«Se trata en definitiva de mejorar de una manera sustancial la calidad del regadío en el norte de la provincia de Albacete y el sur de Cuenca», argumentó Aizpiri, que recordó que la medida afectará a cerca de 12.000 hectáreas entre ambas provincias.

Además, la medida tendrá sus efectos beneficiosos sobre el medio ambiente ya que aliviará los recursos que se extraen desde el acuífero «de manera excesiva» y también mejorará la «calidad de los caudales en el Júcar porque se reduce la cantidad de caudal que se detrae desde el acuífero».

El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático calificó esta resolución como «una muy buena noticia para Albacete y para Cuenca». En cuanto a los plazos que regirán la sustitución de bombeos, Aizpiri explicó que, tras la firma de la resolución, ésta se ha remitido para su publicación en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado, lo que abrirá el periodo de exposición pública. «Pensamos que en quizás cuatro meses pueda procederse a su licitación», aclaró el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático.

La presidenta regional del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha abogado por la necesidad de apostar por un plan hidrológico de carácter nacional que tenga el consenso mayoritario de las comunidades autónomas, como pasó con el PHN que fue derogado por Zapatero en el Congreso de los Diputados. Cospedal, que ha realizado estas valoraciones en su visita a la localidad de Tarazona, ha explicado que «no he visto demagogia igual que la que realiza el PSOE en el tema del agua; hubo un Plan Hidrológico Nacional que contemplaba un trasvase del Ebro y por aquel entonces, tanto el hoy presidente de la Junta, como el hoy candidato de ZP por Toledo, Barreda y Bono, respectivamente, dijeron que no había Plan mejor para Castilla-La Mancha; después de eso, lo derogan. Así que el PSOE tiene poca legitimidad para hablar de coherencia».

Cospedal estuvo acompañada por los candidatos populares al Congreso y Senado por la provincia de Albacete, que han visitado las localidades de Tarazona de la Mancha y Minaya, además de mantener un almuerzo de trabajo con el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital albacetense. María Dolores de Cospedal, que invitó a los castellano-manchegos a disfrutar del rico patrimonio cultural y artístico que ofrecen los municipios de nuestra región -en referencia a la Plaza Mayor de Tarazona – dijo que la finalidad de su visita es conocer de primera mano los problemas reales que afectan a los hombres y mujeres de nuestra tierra. La presidenta aprovechó la visita a Tarazona de la Mancha para recorrer las instalaciones de la cooperativa La Unión, de la que forman parte 2.200 socios.

La última oferta pública de adquisición de derechos de agua en la Mancha Oriental ha sido «sustancialmente mejor» que la del año anterior, pero el que haya nuevas restricciones o limitaciones dependerá de la pluviometría y de los resultados definitivos de dicha oferta.

Este anuncio lo hacían ayer desde Albacete el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y el comisario de Aguas de la misma, Manuel Alcalde, quienes se reunieron ayer en la sede de la CHJ en Albacete con el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, y el secretario de la misma, Herminio Molina.

Como se recordará, el pasado 28 de enero se cerró el plazo para que los regantes de 25.000 hectáreas de la Mancha Oriental situadas en la zona conocida como Acuífero Mioceno se acogiesen a esta oferta, a un precio establecido de entre 0,20 y 0,25 euros por metro cúbico.

Ayer, Moragues y Alcalde daban las cifras «aún provisionales» de la OPA, conforme a los datos en poder del organismo de cuenca. Según los mismos, se habrían cedido derechos equivalentes a 37,1 hectómetros cúbicos, frente a los 27,3 de la anterior oferta.

Según Alcalde, «se trata de un volumen sustancialmente mejor que el del año pasado» que «demuestra que los regantes han ido confiando en la oferta, al ver que el Ministerio no les vendía humo».

De hecho, y según los datos hechos públicos ayer, este año habrían renunciado a entrar en la OPAderechos equivalentes a un volumen de agua de 8,047 hectómetros cúbicos, frente a los 22,92 que, voluntariamente, rechazaron acogerse a la oferta a pesar de que se abrieron dos plazos para poder entrar en la misma.

RESPONSABILIDAD. El propio Juan José Moragues agradeció el «esfuerzo» y la «responsabilidad» demostrada por los regantes del Acuífero Mioceno, pues al haber acudido mayoritariamente a la OPA«han hecho una renuncia a su derecho de usar el agua, en beneficio de todos los ciudadanos y de los demás regantes».

Ahora bien, a preguntas de los periodistas, Moragues no despejó la incógnita principal, esto es, si el ahorro que los regantes de la Mancha Oriental han hecho, a través de esta oferta, será suficiente para evitar la imposición de nuevas restricciones o limitaciones.

«Lo sabremos el día que abramos los sobres con toda la documentación -precisó- y en función del balance definitivo, tendremos claro qué opciones tenemos».

No obstante, el presidente de la CHJ no ocultó, ni a los regantes ni a los medios de comunicación local, que la situación de la cuenca es poco halagüeña en puntos tan importantes como el embalse de Alarcón, el de mayor capacidad de toda la cuenca.

«No se prevé que haya una mejora a corto plazo en las entradas de agua en Alarcón, esta semana estaban claramente por debajo de las que había hace justo un año», subrayó, «y en cabecera la situación también es bastante delicada, tenemos pocos recursos y poco caudal».

Para ser exactos, hace justo un año, las entradas de agua al embalse de Alarcón eran de 54 hectómetros cúbicos, mientras que ahora están en 30. Las precipitaciones medias también están claramente por debajo de hace un año, 187 litros el metro cuadrado en 2006 frente a los 89 en el 2007.

Por todo ello, «y porque debemos garantizar tanto el abastecimiento humano como el mantenimiento de un caudal mínimo en el río», el presidente del organismo de cuenca anunció que, previsiblemente, «habrá que tomar algún tipo de medida en la zona más próxima al río».

Y la zona más próxima al río es, precisamente, la zona en la que se ha hecho la Oferta Pública de Adquisición de Derechos. De ahí, precisamente, que haya que mirar con lupa los expedientes que se han presentado por parte de los regantes.

El Gobierno de CLM consideró ayer un «contrasentido sin razón de ser» que el Levante vaya a vender su agua desalada para abastecimiento a Barcelona y a la vez esté pidiendo y llevándose el agua de CLM, «que necesitamos aquí para nuestro desarrollo».

Así lo apuntó ayer en Toledo el vicepresidente primero, Fernando Lamata, después de informar de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo autonómico el pasado martes.

Lamata recordó que el río Tajo a su paso por Toledo «es una porquería» y «necesitamos salvarlo», por lo que insistió en la necesidad de poner una fecha de caducidad al Trasvase en el año 2015, como marca el proyecto del nuevo Estatuto de Autonomía, para «que nadie se llame a engaño».

Mientras tanto apostó por que los gobiernos de Valencia y Murcia dejen de poner trabas a la construcción de desaladoras para que en esa fecha estén terminadas y les recomendó que en lugar de vender el agua desalada a Cataluña la destinen a sus usos que para eso se están construyendo.

Asimismo, criticó la postura del Partido Popular a nivel nacional «que ha dejado ya muy claro que apuesta por los trasvases y por el mantenimiento del Tajo-Segura» y que «quiere seguir llevándose el agua de CLM hacia el Levante».

Una posición que la presidenta del PP regional, María Dolores de Cospedal, debía, a juicio del vicepresidente, haber rebatido pero, sin embargo, «parece que ha tirado la toalla» y «que acepta que sus partido defienda la continuidad del Trasvase».

Asimismo, Fernando Lamata denunció el «mensaje confuso» que lanzan los «populares» de la región sobre el Trasvase para no «enfadarse con sus líderes en Madrid» y consideró que con ello lo único que «se hace es animar al Levante a seguir exprimiendo la vaca».

Frente a ello, Lamata insistió en el trabajo del presidente regional José María Barreda que no duda, dijo, en defender los intereses de su región, entre ellos el agua, «por encima incluso de su partido si hace falta y hasta el final».

Y es que, el vicepresidente dejó claro que «no es compatible» defender el fin del Tajo-Segura y a la vez los trasvases como hace el PP de CLM. «No es algo compatible y no se puede engañar. El Trasvase Tajo-Segura tiene que acabar, se termina en 2015 y punto y final».

Por último, a preguntas de los periodistas, Lamata no descartó que de cara al verano puedan producirse restricciones de agua para consumo en distintos pueblos de la región teniendo en cuenta que la sequía se está prolongando en el tiempo y «hay realmente una situación preocupante en la cuenca del Tajo, sobre la que no hay perspectivas de cambio». Por ello, aseveró que el Ejecutivo autonómico está «preocupado y atento».

El director general de Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, dijo ayer que habrá que esperar a la segunda época de lluvias de la primavera antes de hacer una evaluación de la situación de sequía, y que no se podrá saber hasta entonces si habrá o no restricciones de agua.

En declaraciones a los periodistas en Granada, Palop mantuvo que España vive un cuarto año en situación de sequía, ya que las precipitaciones “se está produciendo un poco por debajo de lo que sería deseable”, por lo que afirmó que habrán de tomarse “decisiones presididas por el carácter de la prudencia”.

“Tenemos un nivel del 40 por ciento de agua embalsada, un porcentaje similar al de hace dos años y un poco inferior al del año pasado, que fue del 43 por ciento, por lo que tendremos que esperar antes de hacer una evaluación para ver qué situación de sequía tenemos a la segunda época de lluvia de este país, en concreto para la primavera”, sostuvo.

El director general de Agua señaló así que la primavera constituye una “esperanza” con vistas al futuro, y apuntó que la situación actual se ha vivido “en dos o tres ocasiones” en esta legislatura, y ésta se ha superado “satisfactoriamente”, sin cortes en el abastecimiento.

Palop afirmó que el que no haya habido restricciones se ha debido a la “reorientación” de la política hidráulica del Gobierno y puso como ejemplos la modernización y el plan de ahorro puesto en marcha en los regadíos y la tecnología de la desalación. Respecto al primer plan, el director general señaló que éste es “el primer año” en que la superficie que se ha abastecido con riego localizado “supera a la de riego a manta, con pérdidas e ineficiencias”.

SISTEMA DE DESALACIÓN

En cuanto al sistema de desalación, dijo que éste “está ya dando sus frutos en el Levante español”. Así, sostuvo que ciudades como Melilla o Ceuta “ya no dependen de la climatología” para su abastecimiento hídrico y apuntó que ya empieza a haber “aportaciones importantes” en Almería, Murcia y Valencia. Al hilo, explicó además que la desalación es una “solución moderna” para una sociedad “moderna”, que “no genera tensiones territoriales”.

Palop auguró además lluvia para la primavera y mantuvo la “necesidad” de garantizar el abastecimiento urbano, industrial y turístico en zonas del litoral en el caso de que continuara la situación actual de sequía. Agregó que, aunque será “prioridad absoluta” del Ministerio el consumo de agua para la ciudadanía, se compensarán además económicamente aquellas actividades que no tengan posibilidad de abastecimiento.

Asimismo, criticó al PP por estar “todavía discutiendo sobre desde dónde va a llevar el agua a todo el Levante”. “No sabemos en este momento si el trasvase va a salir del Ebro o del Tajo y esto produce una cierta indeterminación. No se puede ser alternativa real a un Gobierno que está proporcionando agua a toda la población cuando se está discutiendo ya en plena campaña de dónde va a proceder el agua”.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, volvió hoy a alertar del elevado coste energético que supondría poner en marcha el trasvase del Ebro, tras la defensa que ha hecho del mismo el número dos del PP por Madrid, el ex presidente de Endesa Manuel Pizarro.

Según afirmó la ministra en la inauguración del Seminario Permanente del Euroforum Escorial 2008, celebrado esta mañana en Madrid, el consumo energético que requeriría llevar agua del trasvase del Ebro de Cataluña a Almería sería superior al necesario para el funcionamiento de 20 plantas desalinizadoras del arco mediterráneo.

Esto se debe, según explicó la ministra, a que para llevar el agua a lo largo de 700 kilómetros de conducciones éstas tendrían que elevarse en ocasiones hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo que requería 1.000 megavatios «para que funcionara en todo momento».

Además, Narbona reiteró que producir agua desalada en España utiliza hoy la mitad de energía de la que era necesaria hace 10 años para poner en marcha estas plantas. A esto añadió que «el Gobierno está invirtiendo en I+D+i con varias empresas que van a llevar a un consumo todavía menor en poco tiempo».

«Hay una serie de mitos respecto de la desalación de agua de mar que después del 9 de marzo será más fácil que se superen», subrayó la ministra.

Durante su intervención, negó que su defensa por la desalación constituya una postura «fundamentalista», al recordar que su gobierno «también construye trasvases», en referencia al del Júcar-Vinalopó, en Valencia, y a la gestión del trasvase Tajo-Segura.

La ministra hizo también alusión a las críticas que ha suscitado recientemente la planta desalinizadora de Carboneras, en Almería. En este sentido, dijo que, aunque actualmente sólo se aprovecha el 20% del agua que produce, este porcentaje «llegará al 80% dentro de dos años».

Respecto a la «oposición frontal» que, a su juicio, mantiene la Generalitat Valenciana a la construcción de la planta de Torrevieja (Alicante), aseguró que la planta de Oropesa (Castellón) «se construyó con el apoyo de los regantes y de ayuntamientos de todo color». «Hay que superar la demonización a la construcción de desalinizadoras», sentenció.

NUCLEARES Finalmente, la ministra aludió también a los «problemas» a los que, a su parecer, se tiene que enfrentar el Gobierno francés como consecuencia de su apoyo a la energía nuclear.

«El alto porcentaje de energía que obtiene Francia de las nucleares implica utilizar gran parte del agua disponible del país para refrigerar las plantas, que se devuelve a los cauces de los ríos caliente y en menor cantidad», añadió.

El «desafío» al que se enfrentan los países de la UE, para alcanzar los objetivos planteados por la Comisión Europea contra el cambio climático, han de apoyarse, según la ministra, en una apuesta por las renovables.

En este sentido, insistió en la necesidad de «seguir trabajando para que estas fuentes renovables, intermitentes, puedan almacenarse y permitan un suministro continuado».

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 23.695 hectómetros cúbicos, 6.313 hm3 menos que el pasado año y 8.951 hm3 menos que la media de los últimos 10 años, según los datos facilitados esta mañana por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la del Norte II (Asturias y Cantabria) es la que más ha disminuido su reserva en relación a los niveles de la semana pasada, con 10 hm3 menos, situándose al 63,7 por ciento de su capacidad, mientras que la cuenca del Ebro la ha aumentado en 18 hm3.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses del Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) que ascienden al 89,9 por ciento de su capacidad, mientras las cuencas internas del País Vasco se mantienen al 66,7 por ciento. Por su parte, la del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) se sitúa al 54,9 por ciento, y se incrementa, con relación a la pasada semana, la cuenca de Galicia Costa hasta el 53,1 por ciento de su capacidad, mientras que la cuenca del Duero desciende ligeramente hasta el 51,4 por ciento.

Ya por debajo del 50 por ciento se encuentran las del Norte I (sur de Galicia y norte de León) al 48,1 por ciento; la del Ebro al 46,2 por ciento; la cuenca del Tajo que se mantiene al 43,7 por ciento; la Cuenca Atlántica Andaluza al 39 por ciento; y la del Guadalquivir que también continúa al 36,2 por ciento.

En situación más crítica están la Cuenca Mediterránea Andaluza, que se sitúa al 27,3 por ciento; las cuencas internas de Cataluña, que descienden al 22,4 por ciento; la Cuenca del Júcar, con 21,5 por ciento; y la del Segura, con tan sólo un 18,2 por ciento.

La capacidad total de las cuencas españolas es de 54.151 hectómetros cúbicos, aunque la cantidad de agua embalsada es de 23.695 hm3. De estos 18.904 se encuentran en la vertiente atlántica, mientras que 4.791 pertenecen a la vertiente mediterránea.

Sin discusión. Ayer, el Pleno de la Diputación Provincial de Albacete aprobó por unanimidad y pleno acuerdo de los dos grupos políticos, PSOE y PP, la firma con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de un convenio en materia de obras hidráulicas.

El objeto fundamental de este convenio, que se suscribirá en breve entre la corporación provincial y la Consejería de Obras Públicas, es garantizar el suministro de aguas para consumo humano a todos y cada uno de los más de 80 municipios albacetenses.

El motivo para esta unanimidad era obvio. España atraviesa su cuarto año de sequía y las dos cuencas hidráulicas en situación más comprometida son las del Júcar y la del Segura. Y el 90% de la superficie provincial, o pertenece a la una, o pertenece a la otra.

El vicepresidente de corporación, Agustín Moreno, explicaba ante el pleno que «con este convenio, lo que se busca es no tener que abastecer con cisternas ni un solo término municipal», garantizando en todo momento el suministro a los núcleos de población.

Para ello, se destinarán 10 millones de euros a la realización de obras tanto en alta (grandes canalizaciones) como en baja (redes de suministro que llegan hasta las acometidas de los consumidores) para mejorar la eficiencia del abastecimiento, reduciendo pérdidas, perforación o mejora de sondeos y diversas actuaciones en las redes de saneamiento.

Por su parte, el portavoz popular, Antonio Serrano, subrayaba que «en asuntos como éste, siempre iremos de la mano» ya que se trata de garantizar el suministro de algo tan valioso como es el agua en esta parte de la Península, además de cumplir el mandato propio de toda las diputaciones, como es asegurar que todos los ciudadanos disfrutan del mismo nivel de servicios, independientemente del término donde residan.

financiación. Así, durante dos años, 2008 y 2009, La Junta aportará 3,5 millones de euros y la Diputación, 1,5 millones por cada ejercicio. Cada municipio aportará una cantidad que se establecerá en función de su número de habitantes, oscilando entre el dos por ciento que aportarán los municipios de hasta 500 habitantes, hasta el 15 por ciento que abonarán los municipios con más de 30.000 habitantes del presupuesto de las obras y proyectos que les correspondan con cargo al convenio.

Al término del pleno, Agustín Moreno explicaba que «el abastecimiento a los núcleos de población es una prioridad para nosotros» y de hecho, señaló que «el 70 por ciento de los fondos Feder que recibimos se destinan, precisamente, a este propósito».

El resto de estos fondos -un total de 12 millones de euros- se destinan a otras prioridades, como por ejemplo la mejora de la red de carreteras y accesos a los núcleos de población. Pero, en las actuales circunstancias, subrayó el vicepresidente provincial, el agua es la prioridad número uno.