Más de 600 profesionales de toda España y medio centenar de ponentes entre los que destaca el experto internacional Jeremy Rifkin participan, desde hoy y hasta el próximo viernes, en la primera Convención sobre Cambio Climático y Sostenibilidad en España, un encuentro en el que se analizarán las últimas estrategias para luchar contra el calentamiento global.

A la inauguración oficial de este evento, que se va a desarrollar en el Palacio de Congresos, está previsto que asistan esta tarde el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri; el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda y el alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, mientras que la conferencia inaugural correrá a cargo del presidente de Foundation on Economic Trends, Jeremy Rifkin.

El evento acogerá, además de las diferentes ponencias, seis mesas redondas sobre temas como el impacto de los sectores productivos sobre el cambio climático, los efectos de éste sobre la salud y el medio natural, los retos y oportunidades que presenta para la empresa y la sociedad o la eficacia de las estrategias de lucha frente al cambio climático.

La Convención está organizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Medio Ambiente, el Observatorio de la Sostenibilidad en España, el Ayuntamiento de Albacete y la Diputación Provincial, en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Albacete.

Algunos de los conferenciantes serán el director del Observatorio de la Sostenibilidad de España, Luis Jiménez Herrero, que intervendrá mañana jueves, o el catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del Grupo Internacional contra el Cambio Climático (IPCC) José Manuel Moreno, cuya charla está prevista para el viernes.

Antecedentes

Según han destacado los organizadores del encuentro, la aprobación de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, la reunión en Valencia del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC) de la ONU y la Conferencia de las Partes en Bali han despertado un gran interés en la sociedad española en relación con el cambio climático y su influencia en el futuro de la Humanidad.

Añaden, además, que el cambio climático es una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible y representa «un serio reto ambiental que se manifiesta con efectos sobre la economía global, la salud y el bienestar social». En este sentido, los organizadores de la Convención recuerdan que el protocolo de Kioto supuso «un punto de inflexión en la manera de entender la economía, un antes y un después a partir del cual se ha desarrollado una corriente de opinión y un cambio sustancial en la manera de entender nuestra relación con el planeta». La propia organización de la Convención ha anunciado que compensará las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasione mediante iniciativas como CeroCO2; pondrá a disposición de los asistentes bicicletas para sus desplazamientos y promocionará el uso del transporte público. Asimismo, los autobuses para trasladar a los asistentes utilizarán biocombustible, se imprimirá sólo el papel necesario y los documentos serán de papel reciclado.

En parelelo a las ponencias y mesas redondas habrá actividades complementarias como la instalación de un Climabús en la plaza del Altozano para divulgar el problema del calentamiento global o la proyección en la Filmoteca de la película Una verdad incómoda, producida por el Premio Nobel Al Gore, al tiempo que se darán clases de conducción eficiente.

Además, se han organizado varias exposiciones, como la de Sostenibilidad y biodiversidad en el Centro de Interpretación para la Paz que se inauguró ayer, o la de Cambios de ocupación del suelo en España: implicaciones para la sostenibilidad, que podrá contemplarse desde hoy en el hall del Palacio de Congresos.

PROGRAMA PARA HOY

17,00 horas: Inauguración oficial, a la que asistirán el alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell; Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente; Jeremy Rifkin (videoconferencia), presidente de Foundation on Economic Trends y asesor del ex vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore y José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha.

19,00 horas: Apertura y visita de la Feria expositora, con una superficie de 900 metros cuadrados y 13 stands, con participantes como el Ministerio de Medio Ambiente; la Fundación Biodiversidad; el Observatorio de la Sostenibilidad de España; la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y GEACAM.

19,30 horas: Cóctel de bienvenida y actuación musical.

Actividades paralelas: Desde hoy se podrá contemplar, en el hall del Palacio de Congresos , la exposición ‘Cambios de ocupación del suelo en España: implicaciones para la sostenibilidad’. Igualmente, también darán comienzo, en el párking del Palacio de Congresos, los cursos de conducción eficiente de vehículos industriales y turismos, impartidos por el Centro de Formación Paños.

El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, manifestó ayer que el programa electoral de su partido incluye un Plan Hidrológico Nacional que defiende los trasvases «desde donde sobre agua hacia donde falte» y reconoce la prioridad de la cuenca cedente para el uso del agua. Tirado compareció en rueda de prensa junto con la diputada regional del PP María Luisa Soriano, coordinadora de la campaña en Castilla-La Mancha, quien dejó claro que su formación «no es antitrasvasista» y que no se opondrá a trasvasar agua desde el Tajo siempre que antes estén cubiertas todas las necesidades de la cuenca cedente.

Soriano y Tirado subrayaron que la posición del PP se ha pactado con todas las autonomías y parte del principio de que el agua debe llevarse desde donde sobra hasta donde falta, algo que -recordaron- defienden dirigentes socialistas como José Bono y que no debe inquietar a ninguna comunidad autónoma.

Ambos dirigentes fueron preguntados por la compatibilidad de este planteamiento con la defensa del final del trasvase Tajo-Segura en 2015 plasmada en el proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con el acuerdo del PSOE y del PP.

Soriano recalcó que esa petición tiene sentido ante la escasez de recursos de la cuenca del Tajo y las crecientes necesidades hídricas de Castilla-La Mancha, pero apuntó que si «dentro de veinte años» la situación cambia y sobra el agua su partido defenderá la solidaridad y no se opondrá a los trasvases. En cualquier caso subrayó que siempre se dará prioridad a la cuenca cedente.

A su juicio, el partido que tiene que dar explicaciones sobre su programa hidráulico es el PSOE, más aún cuando -según publicaron ayer algunos medios de comunicación- planea introducir un nuevo trasvase desde el Tajo Medio hasta el litoral mediterráneo español. En concreto, María Luisa Soriano reclamó explicaciones al presidente regional, José María Barreda, a quien responsabilizó de que el Plan Especial del Alto Guadiana vaya a suponer la desaparición de los regadíos de Castilla-La Mancha. Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Moreno, aseguró que «hoy, por fin», a los dirigentes del PP en la región «se les ha caído la careta y han dejado clara su postura en materia de agua reconociendo que son trasvasistas».

Programa electoral

Según Moreno, el PP en su programa electoral «incluye un Plan Hidrológico Nacional que defiende los trasvases», y defendió que ambos diputados «han dejado claro que su formación no es antitrasvasista», «y «que no se opondrá a trasvasar agua desde el Tajo».

El portavoz de los parlamentarios socialistas lamentó esta postura esgrimida ahora por los dirigentes regionales del PP, ya que supone un «ataque» contra lo recogido en el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sobre la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura, y que ellos mismos firmaron. Moreno señaló que resulta cuando menos «muy hipócrita» la actitud que mantienen los dirigentes del Grupo Parlamentario Popular, que hace poco más de un mes registraron una proposición no de ley en la que pedían la reprobación de miembros del Gobierno de la nación y de la región por declaraciones en torno al trasvase Tajo-Segura.

Por otro lado, el candidato del PSOE al Congreso de los Diputados, Luis Carlos Sahuquillo, afirmó que le gustaría que los que van a ser parlamentarios del PP por la región se opongan a los trasvases «con la misma vehemencia» con la que lo han hecho sus compañeros del PP de Aragón frente a los de Valencia.

Ya se contaba con el rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Lo que no se esperaban los regantes murcianos que dependen del agua del Tajo es que ahora se haya opuesto también el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, que dirige la popular Esperanza Aguirre, para realizar una nueva compraventa de caudales. El presidente del Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura, Francisco del Amor, informó ayer de que sus colegas de Estremera (Madrid) se han encontrado con la oposición del Gobierno madrileño para realizar una nueva operación de cesión de derechos.

En esta ocasión, y por tercer año seguido, los regantes murcianos esperan adquirir 31,5 hectómetros cúbicos de Estremera a cuenta de las concesiones que los agricultores madrileños tienen del agua del Tajo. El presidente de aquella comunidad de regantes, Saturnino Gómez, indicó el año pasado en Murcia que hasta ahora habían contado con el visto bueno de su Gobierno regional. Más bien por silencio administrativo que por acuerdo explícito. Francisco del Amor explicó ayer que seguirán adelante con la operación, ya que las consultas a los gobiernos autonómicos afectados no son vinculantes. Añadió que cuentan con el apoyo del Ministerio.

La cabecera sigue bajando

Las razones de la oposición del Gobierno de Aguirre se ignoran, aunque pueden tener relación con la actual sequía y la necesidad de Madrid de disponer de caudales del Tajo.

Sobre la reservas de los pantanos de cabecera, Entrepeñas y Buendía, los regantes murcianos no tienen muchas esperanzas de que se recuperen en los próximos meses, habida cuenta de la evolución de las lluvias y los estragos del tercer año de sequía. Los dos embalses del Tajo almacenan en la actualidad 282 hectómetros y van descendiendo hacia la línea roja de 240 hectómetros que prohíbe los desembalses. Según del Amor, es el peor escenario de la historia del Acueducto Tajo-Segura, que lleva funcionando 30 años. Con estas reservas, es impensable considerar cualquier trasvase para regadíos, dado que los abastecimientos urbanos tienen prioridad.

Los regantes del Tajo-Segura se reunieron ayer con la cabeza de lista del PP de Murcia al Congreso de los Diputados, Pilar Barreiro, quien criticó que «la incapacidad del gobierno del PSOE nos haya acostumbrado durante estos cuatro años a los enfrentamientos entre comunidades por el agua».

Por otra parte, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) prevé que los agricultores regantes puedan cuidar sus parcelas «a distancia» en un plazo de diez años, sin la necesidad de acudir físicamente o tener que estar presentes en ellas de manera permanente, gracias a Internet.

El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, manifestó que «no fue la Generalitat Valenciana quien derogó el trasvase del Ebro mediante un decreto ni quien paralizó las obras del trasvase Júcar-Vinalopó cuando ya se encontraban en un estado de ejecución del 50 por ciento y cambió el proyecto haciendo inviable una infraestructura esencial para la Comunitat», por lo que consideró que «el consenso no lo rompió la Generalitat sino un Gobierno insolidario en materia hídrica», según informaron en un comunicado fuentes de la Generalitat.

garcía Antón se refirió así a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien pidió a la Generalitat valenciana que «deje de obstaculizar la ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó» y la construcción de la planta desalinizadora de Torrevieja y exigió que «no se antepongan cuestiones partidistas» frente a las necesidades de los ciudadanos.

En este sentido, el conseller de Medio Ambiente y Agua recordó que «el único responsable» de la actual política hídrica es el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero que «llegó como un elefante a una cacharrería cargándose todos los proyectos que estaban en marcha, que eran fruto del consenso y de muchos años de trabajo y, sobre todo, de una política hídrica de estado basada en la solidaridad entre los territorios».

Así, manifestó que la ministra de Medio Ambiente «sabe perfectamente que el trasvase Júcar-Vinalopó que quiere hacer es un proyecto totalmente inviable que no responde a la filosofía original que tenía el proyecto y que además no tiene usuarios, un requisito es esencial para cumplir la normativa europea».

El conseller aseveró que desde su departamento han intentado llegar a acuerdos con el Ministerio como «la financiación y construcción de una toma intermedia del trasvase Júcar-Vinalopó, opción que fue rechaza por el Ministerio sin ningún tipo de argumentación», lamentó.

En cuanto a la desalinizadora de Torrevieja, subrayó que el Ministerio «tiene que cumplir la legalidad vigente y respetar las competencias autonómicas», por lo tanto, la autorización de vertidos «la tiene que otorgar la Generalitat, que en la actualidad está estudiando la documentación remitida por el Ministerio».

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pidió ayer a la Generalitat valenciana que «deje de obstaculizar la ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó»y la construcción de la planta desalinizadora de Torrevieja (Alicante) y exigió que «no se antepongan cuestiones partidistas» frente a las necesidades de los ciudadanos.

Levante-EMV, ValenciaLa ministra de Medio Ambiente recalcó que el Programa Agua ha permitido, durante «la peor sequía que ha sufrido nuestro país», garantizar el suministro de agua en las ciudades del arco mediterráneo.Así, recordó que en la anterior sequía, en el año 1993, hubo 12 millones de españoles que sufrieron hasta 12 horas de cortes en el agua, y añadió que durante el Gobierno del PP también se produjeron restricciones «que afectaron a numerosas poblaciones murcianas».Por otra parte, los grandes embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar siguen en situación crítica y en breve podrían colocar a las cuencas del Júcar y el Turia en situación de «emergencia».Los embalses han ganado 2,12 hectómetros cúbicos en la última semana, una cantidad claramente insuficiente y muy alejada de las habituales en esta época del año. Destaca la pérdida de Alarcón, con -2,86 hectómetros en la semana, lo que indica que ha habido que realizar desembalses de agua ahorrada para que el río no se seque a su paso por La Mancha.En conjunto los embalses acumulan 722,28 hectómetros cúbicos que suponen el 21,58% de su capacidad total.Por sistemas hidrográficos el Júcar se encuentra al 15,15%; Marina Baja-Serpis al 83,84%; Turia al 40,21% y los sistemas castellonenses de Palancia-Mijares-Cenia al 58,3%.Pese a que desde el ministerio de Medio Ambiente se insiste en que todavía queda un último «cartucho» con las lluvias de primavera, lo cierto es que la campaña de desembalses para el llenado del arrozal está cada vez más próximas y los recursos son escasos contando con que las aguas almacenadas en Tous tienen como prioridad garantizar el abastecimiento de Valencia.

El Partido Popular propondrá en su programa electoral, que será presentado este fin de semana en Madrid, un Acuerdo Nacional sobre el Agua que contemple los trasvases de agua desde las cuencas excedentarias a aquellas que son deficitarias, informaron a Europa Press fuentes ‘populares’.

   Aunque se sigue perfilando la redacción exacta de este capítulo del programa, el primer partido de la oposición no es partidario de incluir específicamente la mención al trasvase del Ebro sino la postura general que se ha defendido en los últimos años para que los excedentes de agua puedan ir a cuencas con déficits.

   La pasada semana el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, afirmó que el trasvase del Ebro estaría «lógicamente» en el programa del PP, unas afirmaciones que han provocado una cadena de reacciones.

   Desde Valencia, se afirma que el PP «nunca ha renunciado al trasvase del Ebro» porque es «un compromiso que lleva en sus genes», en palabras del candidato Vicente Ferrer, número ocho en la lista del PP al Congreso por Valencia. Sin embargo, el PP aragonés ratificó hoy su oposición al trasvase del Ebro y abogó por que el programa electoral incluya un texto «consensuado y respetuoso».    

PROPUESTAS QUE RECOGIA EL PHN.

   En este contexto, la dirección nacional del PP plantea llevar al programa electoral el compromiso acordado por los ‘barones’ del PP en noviembre de 2006 que contemplaba posibles transferencias de recursos sobrantes a las comunidades que tienen problemas hídricos, informaron a Europa Press fuentes ‘populares’.

   En aquella cita de hace más de un año –que reunió a los presidentes del PP en Murcia, Valencia, Aragón y Castilla-La Macha– los dirigentes regionales del PP estuvieron de acuerdo en recuperar las propuestas que recogía el Plan Hidrológico Nacional durante el último mandato de José María Aznar.

   Los ‘populares’ consideran que es necesario un gran Pacto Nacional sobre el agua que recabe el consenso de las dos formaciones mayoritarias, un compromiso que el propio Mariano Rajoy ha manifestado en diversas ocasiones.

   Así lo manifestó hace un par de meses en Murcia, donde avanzó que si gana las elecciones propondría un Acuerdo Nacional sobre el agua que fije «con meridiana claridad las fechas de todas las infraestructuras que hay que hacer». Según añadió entonces, ese acuerdo sólo podrá hacerse sobre la base de los excedentes de agua que hay en España, para que el agua vaya a cuencas deficitarias, como la del río Segura.

El candidato del PP al Congreso por la provincia de Valencia, Esteban González Pons, aseguró hoy que si el PP llega al Gobierno «hará el trasvase del Ebro» y, entre los cinco o diez años que duren las obras, pedirá, a través del Fondo Europeo de Medio Ambiente, «una línea especial de ayudas para los agricultores valencianos, para que la Comunitat no se convierta en un desierto».

González Pons realizó estas declaraciones tras reunirse con más de 200 agricultores de la comarca de l’Horta en Torrent (Valencia), donde asistió a un almuerzo y visitó, posteriormente, la feria de San Blas que se celebró hoy en esta localidad y el circuito urbano de Fórmula 3.

En este sentido, afirmó que la propuesta del PP se realizará «después de haber cubierto todas las necesidades del Pacto del Agua con Aragón», lo que supone unos diez años, según estimó. Por ello, afirmó que «será agua limpia».

Sin embargo, puntualizó que en estos ocho o diez años «hay que sacar adelante nuestra agricultura», por lo que si el PP gana las elecciones se propondrá a Europa, a través del Fondo Europeo de Medio Ambiente, «una línea especial de ayudas para mantener la agricultura valenciana, como representante del medio ambiente».

A su juicio, «sin la agricultura toda la costa de la provincia de Valencia no sería verde, sino que sería un desierto», porque «la agricultura es medio ambiente, es bosque, es capa verde, es vida. Por todo ello, explicó, «para que Valencia no se desertifique se propondrá esta línea de ayudas, para defender la naturaleza, para defender el medio ambiente».

Además, aseguró que se reunió hoy con el presidente del Tribunal de las Aguas, Victor Fabián, quien le comentó «que el agua de motor a riego cuesta 20 céntimos por metro cúbico y el agua de acequia es aún más barata». De la misma manera, señaló que «el agua de desaladora costara 70 céntimos el metro cúbico, y me ha dicho que a ese precio ningún agricultor seguirá cultivando el campo». Así, añadió que «si los campos no se cultivan, Valencia se va a convertir en un desierto».

AGUA DESALADA.

González Pons afirmó que, si gana el PSOE, «el agua que vendrá a Valencia será desalada y será agua sucia». Así, aseguró que, «a pesar de que la desalación hace un humo negro que perjudica, y mucho, al medio al medio ambiente; el salmuera acaba con la pesca, y las desaladoras son centrales nucleares del mar, se han proyectado más de 20 en la Comunitat Valenciana». En su opinión, «esto sólo quiere decir que quieren convertir la Comunitat Valenciana en la fábrica de agua sucia de toda España».

Como ejemplo, explicó que en un programa de TV3, que trataba sobre la sequía en Cataluña, los portavoces de todos los partidos políticos catalanes, excepto el del PP, «señalaron que no había problema con la sequía puesto que la solución son los trasvases de agua desalada desde Murcia, Almería y la Comunitat Valenciana».

En ese programa, continuó, «incluso se pusieron sobre la pantalla los planos de por dónde debería entrar el agua de la Comunitat a Barcelona, donde habría que tratarla y hacer los canales para distribuirla».

El candidato popular afirmó que «es tremendo y terrorífico que la Legislatura que empezó con agua del Ebro que venía a Valencia, termine con agua desalada de Valencia que termina en Barcelona». Además, comentó que «es toda una metáfora del tratamiento que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, nos ha dado».

Por otra parte, indicó que hoy también se había reunido «con los chicos que se fueron al Ebro y que le van a enviar un botellón de agua de ese río a Zapatero para que beba agua la noche del 9 de marzo», y que les mostró su convencimiento de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, esa noche se guardara el agua del Ebro porque brindará con cava valenciano».

Por último, González Pons se refirió al municipio de Torrent, y afirmó que «es un municipio que ha cambiado, por primera vez en mucho tiempo, y que ahora tiene a una alcaldesa –María José Catalá–, que como la de Valencia –Rita Barberá– le está dando a la localidad un nuevo aire y una alegría que le faltaba» y subrayó que «lo mismo queremos ahora para España».

El portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, afirmó ayer que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «es la condena de la agricultura murciana» después de conocer las declaraciones del socialista en las que afirmaba que los trasvases «son inútiles en países modernos», según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado. En este sentido, dijo «temer» que tras sus palabras «haya una intención implícita de acabar con el trasvase Tajo-Segura, ya que afirma que hay buscar soluciones alternativas a este tipo de construcción», y añadió que Zapatero«desprecia con sus manifestaciones los beneficios aportados por el trasvase desde hace casi 30 años».