El PP valenciano mantiene el trasvase del agua del Ebro a la Comunitat Valenciana. El portavoz popular y número uno al congreso por Valencia, Esteban González Pons, marcó ayer un plazo máximo de diez años para la ejecución del proyecto en el caso de que Mariano Rajoy gane las elecciones generales del 9 de marzo.

Pero los agricultores no quedarán desamparados mientras se realizan las obras. En un acto público en Torrent y ante decenas de labradores, González Pons anunció que pedirá una línea especial de ayudas a la Unión Europea a través del Fondo de Medio Ambiente «para que la Comunitat no se convierta en un desierto».

González Pons señaló que la llegada del agua del Ebro se producirá después de haber cubierto todas las necesidades del Pacto del Agua con Aragón, «por lo que el agua que llegará será limpia».

Las palabras del número por valencia las ratificaron el también candidato Vicente Ferrer y el secretario regional del PP, Ricardo Costa. Ambos señalaron que el trasvase del agua del Ebro se realizará si Rajoy gana las elecciones del 9 de marzo. Costa en Benissa confirmó que este proyecto estará incluido en el programa electoral.

Durante su intervención ante los cerca de 200 agricultores que se dieron cita en Torrent, González Pons criticó las desalinizadoras que se incluyen en el Programa Agua del Gobierno de Zapatero. El candidato del PP apuntó que estas instalaciones son «las centrales nucleares del mar, por lo que el agua que sacan es sucia y mortal para los productos agrícolas». La línea de ayudas que pedirá el PP a la UE mientras se ejecuta el trasvase persigue que la Comunitat «no se convierta en un desierto».

Varios miembros del Foro Solidario por el Agua y el Medio Ambiente estuvieron presentes en el acto. Los integrantes de este grupo entregaron a González Pons varias garrafas llenas con agua del Ebro y del Bergantes. También trasladarán algunos de estos recipientes a La Moncloa para exigir al presidente Rodríguez Zapatero que ejecute el trasvase a la Comunitat.

González Pons añadió que la legislatura comenzó con la derogación del Plan Hidrológico Nacional por parte del Ejecutivo de Zapatero: «Y ahora, después de que se nos niega el agua, finaliza con un proyecto para llevar agua desalada a Barcelona desde la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería». Una solución que el dirigente popular conoció el sábado por la noche a través de un programa emitido en TV3: «Incluso salió un mapa de por dónde se canalizará la llegada del agua desalada».

Antes de comenzar el acto, el número de la lista del PP por Valencia habló con el presidente del Tribunal de las Aguas, Víctor Fabián. «Me ha dicho que el agua de motor a riego cuesta 20 céntimos por metro cúbico, pero el agua de desalinizadora costará 70 céntimos». González Pons criticó que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero «haya proyectado veinte desalinizadoras» en territorio valenciana.

La defensa de la llegada de agua del Ebro a la Comunitat ha provocado una brecha en las filas del partido a nivel nacional. El PP de Aragón mostró su rechazó a la inclusión del trasvase en el programa electoral. Incluso su presidente, Gustavo Alcalde, amenazó con dimitir. Para hoy estaba convocada la junta directiva regional del partido en Aragón, pero finalmente se ha suspendido.

A pesar de las protestas de comunidades vecinas, el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, aseguró que los trasvase del Ebro y del Júcar al Vinalopó «son inherentes a la victoria de Rajoy el 9 de marzo».

El PP de Castilla-La Mancha mostró hoy su preocupación por las contradicciones mantenidas en materia de agua por los dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha en materia de agua, cuestión que perjudica los intereses de Castilla-La Mancha.

La viceportavoz de PP en las Cortes regionales, María Luisa Soriano, considera contradictorias y preocupantes las declaraciones sobre el fin de los trasvases del vicepresidente primero del Gobierno regional, Fernando Lamata, con las del PSOE de Murcia, las de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona y con las del ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono.

En un comunicado, el PP constata que mientras Lamata asegura que el Gobierno regional defiende el fin de los trasvases, el PSOE de Murcia dice que el Gobierno de España sigue apostando por el trasvase Tajo-Segura, la Ministra Narbona nunca ha puesto fecha de finalización a dicho trasvase y, recientemente, Bono aseguró que «el agua hay que llevarla desde donde sobra hasta donde falta».

Soriano considera que mientras unos dicen una cosa y otros la contraria y que sería deseable que el Partido Socialista tuviese una política de agua coherente y que satisfaga las necesidades de desarrollo de nuestra región.

Por otro lado, Soriano cree que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), por carecer de claros fundamentos, se está desarrollando con una política errática, en la que se están dando palos de ciego.

«Si el PEAG tuviera claros fundamentos los responsables de su desarrollo no tendrían que cambiar de opinión y después de decir, como han dicho, que los acuíferos están sobreexplotados, cuando se acercan las elecciones, querer aparentar que van a resolver el problema haciendo «concesiones masivas de agua», comentó la responsable del PP en la Comisión del Agua.

Soriano opinó que si el PEAG tuviera claros fundamentos «no tendrían que haber dicho, como han dicho, que la viña necesita más de 1. 000 metros cúbicos por hectárea y ahora decir que a los viticultores a los que les van a permitir regar les van a conceder sólo 600 metros cúbicos por hectárea. Saben, y si no deberían saberlo, que con dichas aportaciones de agua la viña con la nueva OCM tendrá graves problemas de rentabilidad».

«Si el PEAG tuviera claros fundamentos no tendrían que explicar, como tendrán que hacerlo, por qué al viñedo y al olivar de pequeña superficie les conceden agua y a otros cultivos no», señaló la viceportavoz del PP.

Finalmente, la diputada ´popular´ concluyó que, «más que propuestas electoralistas debería el Gobierno regional preocuparse de buscar soluciones, que las hay, que resuelvan de una vez por todas la situación de escasez de agua de los acuíferos del Alto Guadiana. Lo malo que tienen esas soluciones es llevarle la contraria a los socios separatistas de Zapatero».

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha publicado la información pública del proyecto de modernización y consolidación de las estructuras de riego en Balazote-La Herrera, promovida por la comunidad de regantes de esta zona de la provincia.

El proyecto prevé una derivación de agua, mediante un azud, en el río Balazote; desde allí, el agua se conducirá a un embalse de decantación con una capacidad de 46.069 metros cúbicos, en la margen derecha de este río.

De este depósito, el agua irá a cuatro embalses de regulación, con unos tres hectómetros cúbicos de capacidad, desde los cuales llegará a las parcelas de riego.

Este proyecto está gestionado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur (Seiasa Sur); afecta a más de 5.000 hectáreas de unos 1.400 regantes, y se adjudicó en julio del año pasado, por más de 25 millones de euros.

La modernización de estos regadíos y la nueva gestión del agua en esta zona de la provincia permitirá ahorrar 9,48 hectómetros cúbicos de agua.

Cuando ha transcurrido el primer mes de 2008 y, a pesar de que comienzan a llegar la primeras lluvias, España se encuentra con una reserva de agua embalsada bastante inferior a la media de los últimos diez años en casi todas sus cuencas hidrográficas.

A 29 de enero del presente año, el total de agua embalsada era de 23.772 hectómetros cúbicos, lo que supone el 43,90 por ciento de su capacidad total de embalse, que se eleva a 54.148 hectómetros cúbicos. La media de agua embalsada en 2007 a nivel nacional fue de 55,57 por ciento, es decir seis puntos por encima de los parámetros actuales, lo que viene a demostrar que las lluvias del pasado otoño no han sido tan copiosas como se esperaba, para situarnos al menos en torno a la media de los diez últimos años, que fue de 27.280 hectómetros cúbicos, o sea, un 50,38 por ciento de la capacidad total de acopio de agua en nuestro país.

Las cuencas del norte

Resulta relevante el dato de que, mientras en los últimos años el déficit, prácticamente endémico, se registraba en la cuencas del sur y de Levante, se constata ahora que las del norte de España sufren unas mermas en sus reservas de agua muy superiores a las habituales. En Galicia, el descenso es bastante sensible, como consecuencia de que ha tenido el otoño más seco desde 1958.

En Cataluña, la Generalitat llegó a plantear la necesidad de llevar agua en barco a Barcelona, ante la perspectiva de que la escasez afecte al consumo. Las alarmas saltaron porque en la cuenca interna de Cataluña los embalses están al 23,24 por ciento de su capacidad.

También la cuenca del Ebro comenzó el año con menos reservas. El pasado día 29 el agua embalsada era del 45,93 por ciento, cifra sensiblemente inferior al 54,46 por ciento de media de la última década.

Como siempre, las cuencas más deficitarias son las del sur y Levante. En la atlántica de Andalucía los embalses están al 44,31 por ciento y en la vertiente mediterránea al 26,99 por ciento del total de su capacidad, en ambos casos por debajo de las medias del año pasado y de los últimos diez años.

En la cuenca del Segura las últimas lluvias se han dejado sentir algo más que en otras zonas, de modo que a 29 de enero el agua embalsada suponía el 17,63 por ciento de la capacidad total de embalse, más de seis puntos por encima de la media de 2007 y más de tres sobre la última década.

Las cifras, sin embargo, siguen reflejando el déficit endémico que arrastra la cuenca del Segura, que tendrá que seguir dependiendo de una desalación que no termina de paliar esa carencia; del trasvase del Tajo, o de un hipotético trasvase del Ebro, que el Gobierno y los populares de la Comunidad Valenciana vuelven a reivindicar como solución.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), José María Macías, desmintió hoy que el Plan de la cuenca del Tajo pretenda favorecer futuros trasvases al Segura tal y como ha manifestado la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de Reina (Toledo).

   De esta manera respondió a preguntas de los medios el presidente de la CHT antes de asistir a la Jornada «El control de los vertidos una prioridad» en el Palacio de Benacazón de Toledo, bajo la presidencia del director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, a la que asistió también el alcalde de la capital regional Emiliano García-Page.

   Ante la decisión de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de presentar alegaciones al Plan de la cuenca del Tajo porque consideran que se están ocultando datos, Macías afirmó que «ocultar no se ocultan datos porque existe una página web, y naturalmente el proceso se ha iniciado. El Plan Hidrológico del Tajo será lo que quieran los usuarios».

   Asimismo, dijo sentirse preocupado por la situación de sequía que vive la cabecera del Tajo y dejó claro que este verano a pesar de la sequía que existe en España «podemos asegurar todos los abastecimientos de todos los núcleos urbanos y todos los regadíos de la cuenca del Tajo, excepto un pequeño núcleo en la zona del Tajuña, que se regará con aguas subterráneas».

   «En la cuenca del Tajo existe una sequía meteorológica porque llueve relativamente poco, pero sin embargo la sequía hidrológica no la conocemos», apuntó Macías, quien comentó que los consumos de la cuenca del Tajo están asegurados. Asimismo, se remitió a lo que dicta la ley del trasvase, y es que con 240 hectómetros «no se puede trasvasar. Se respetará la ley por encima de todo».

En declaraciones a La Tribuna, Bernardo Díaz del Amo, se mostró muy satisfecho de este logro deseado por todos los miembros del grupo de trabajo de la asociación nacional creada para defender los intereses de las zonas cuyas aguas subterráneas tienen verdaderos problemas.

El presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Aguas Subterráneas, Bernardo Díaz del Amo, ha firmado recientemente con motivo de las jornadas sobre aguas subterráneas celebradas en Elche para hablar de las cuencas del Segura, el Guadiana y el Júcar, un convenio marco con el Ministerio de Medio Ambiente que, según sus palabras, «manifiesta la intención, una vez más, por parte del Ministerio, sobre la necesidad de que los usuarios participen en la gestión y temas relacionados con las aguas subterráneas».

Según Díaz del Amo, hasta el día de hoy las aguas subterráneas ha sido un asunto olvidado por parte de todas las administraciones, de unos gobiernos y otros, si bien con el inicio de la legislatura actual la propia ministra, Cristina Narbona, «aceptaba que los usuarios deben colaborar con la administración y por eso se constituyó un grupo de trabajo representando por la Asociación Nacional de Aguas Subterráneas, la Universidad Politécnica de Madrid y el Ministerio de Medio Ambiente».

El presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Aguas Subterráneas comentó que los trabajos realizados en el proceso anterior a la firma del convenio suscrito estaban basados principalmente en la capacidad de llevar a cabo una reforma de la Ley de Agua actualizando a la realidad que, finalmente, se ha dejado para la próxima legislatura.

Díaz del Amo señaló que el grupo de trabajo constituido en torno a la gestión de la asociación nacional consideraba necesaria la firma de un compromiso institucional como el que se ha producido y que ha sido valorado positivamente.

Con este convenio marco lo que se pretende es básicamente dar solución a los grandes problemas que tienen las aguas subterráneas: «Nosotros por desgracia estamos en una de las zonas más afectadas y nuestros dos acuíferos, 23 y 24 también».

Díaz del Amo señaló que los objetivos principales de la organización nacional en defensa de los usuarios de aguas subterráneas es que el grupo de trabajo constituido siga trabajando al mismo ritmo que lo ha hecho hasta ahora con el apoyo del director general, Jaime Palot, y de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Usuarios de Aguas Subterráneas reconoció que todos estaban deseando firmar este convenio, empezando por el propio Ministerio.

El director general del Agua, Jaime Palop, vaticinó ayer que, pese a que España sufre «la peor sequía de los últimos decenios, superior incluso en intensidad a la de los años noventa», no hay previstas restricciones al consumo humano. Sin embargo, hizo un aviso para navegantes a la agricultura murciana y valencia: «Va a sufrir».

El director general del Agua precisó que la sequía afecta a «prácticamente todo el arco mediterráneo, desde Cataluña hasta Algeciras», además de a la la cuenca del Guadalquivir, la cabecera del Tajo y algunos puntos de la cuenca del Duero. Agregó además que en la Cuenca del Ebro también existe una situación de de abastecimiento en la margen izquierda,

Palop fue explícito a la hora de asegurar que la agricultura de las cuencas del Júcar, el Segura y el Guadalquivir «no van a desarrollar una campaña normal de regadíos». El director general del Agua recalcó que la situación de los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, «no es halagüeña» y. al hilo, recordó que hay aprobado un trasvase al Segura que tiene duración hasta el 31 de marzo, basado en la «prudencia» ya que sólo se autorizó agua para abastecimiento.

Sobre posibles nuevas derivaciones, Palop anunció que hasta primavera no se procederá a su estudio, y que siempre dependerán de las lluvias que se produzcan y su efecto sobre los pantanos de cabecera del Tajo. En cualquier caso, fue contundente al asegurar que la política de Medio Ambiente «siempre ha sido la misma: lo primero es garantizar los usos en la cuenca del Tajo y siempre que se ha adoptado una decisión de trasvase ha estado presidida por el principio de prudencia a la hora de autorizar desembalses». Según Palop, la cuenca del Segura «tiene derecho a las aguas que se consideren sobrantes única y exclusivamente y desde luego esos derechos nunca van a poder usurpar los derechos legítimos y prioritarios de todos los usos que estén establecidos en la cuenca del Tajo», añadió.

Pero la polémica sobre el trasvase Tajo-Segura sigue arreciando, como demuestra el estudio que la patronal de Alicante (Coepa) y la Fundación Agua y Progreso han encargado para tratar de demostrar la importancia estratégica del trasvase y ayudar a defenderlo «con uñas y dientes» y con «argumentos».

Ayer se firmó el convenio para que el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante elabore el trabajo.El director de la Fundación, José Alberto Comos, insiste en que sin el Tajo-Segura, Alicante «no sería ni de lejos lo que es: la cuarta provincia en PIB de España». El presidente de los empresarios alicantinos, Modesto Crespo, también criticó el «proceso de presión al que son sometidas las transferencias de agua» a la provincia y las «incertidumbres crecientes» en torno al Tajo-Segura, que calificó de «clave e insustituible» para la provincia.

Graves y alarmantes. Así son los últimos datos compilados por el Ministerio de Medio Ambiente sobre la sequía. Las reservas de agua son un 20% más bajas que en 2007. No llueve y la situación es todavía más preocupante en Cataluña que está sufriendo «la peor sequía desde mediados del siglo XX», según afirmó el director general del Agua, Jaime Palop. Con las elecciones del 9 de marzo a la vuelta de la esquina, el líquido elemento gana peso como uno de los temas de gran importancia para el país, a nivel de economía y terrorismo.

La radiografía acuífera española habla por sí misma. El volumen de agua embalsada se sitúa un 20% por debajo de los niveles de hace un año, cuando ya se generó alarma por la amenaza de sequía extrema en algunos puntos geográficos de la península. El ministerio del Medio Ambiente reconoce que «las cuencas internas están bastante mal, sobre todo en el Júcar, Segura y Guadalquivir. Se está esperando a las lluvias de primavera, y se realizarán restricciones en regadíos, pero aún no se sabe cuándo».

Pero la situación se ha agravado en Cataluña: «Estamos en un estado de excepcionalidad, con unas cuencas que están al nivel del 24,5%», dicen desde la Generalitat. Según el decreto de sequía que establece diferentes fases de urgencia en el proceso, en la comunidad catalana se está a sólo un paso de la fase de emergencia, que llegaría si los embalses no superan el 20%.

Medidas de emergencia

«Se han aprobado medidas de emergencia como el suministro de pozos, etc, y se ha calculado que habría suministro suficiente hasta finales de abril, principios de mayo, aunque no llueva nada», señalan desde el gobierno catalán. Pero las alarmas ya han saltado y los municipios están elaborando planes de ahorro y sobre todo de sensibilización de la ciudadanía. «En estos momentos ningún municipio ha realizado cortes de agua en las casa, pero algunos lo tienen en mente». Aunque también insisten en que es la última medida a la que se quiere llegar.

Debido a que las competencias en esta materia corresponden a cada comunidad autónoma, Palop ha argumentado que si Cataluña pidiera formalmente ayuda al Ministerio, este decretaría la emergencia y utilizaría la desalinizadora de Carboneras (Almería) para cargar barcos. «Lo cual produciría unos 50.000 metros cúbicos diarios de agua potable, a un precio aproximado de 0,50 euros el metro cúbico».

El director general del agua también admitió que la sequía actual es peor que la que padeció España en los años ochenta y noventa. El Gobierno está manos a la obra para sensibilizar a diferentes colectivos para el ahorro y, mientras, los ciudadanos miran al cielo en uno de los inviernos más secos que se recuerdan.

La Comisión Bilateral de Cooperación Andalucía-Estado acordó en noviembre en Cazorla (Jaén) el traspaso de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por esa comunidad, tal y como prevé el Estatuto de Autonomía andaluz. Como ya ocurre con resultados inquietantes en las pequeñas cuencas andaluzas mediterráneas y atlánticas, esa administración explotará, conservará y establecerá el régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y de las obras hidráulicas asociadas de los 53 de los 57 embalses de la cuenca. Aunque el Estado mantiene el control legislativo sobre el Plan Hidrológico del Guadalquivir, se contempla que la Junta de Andalucía elabore una propuesta de actuaciones. Según la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, el acuerdo que se hará efectivo este año define «un nuevo modelo de gestión del agua» con el que se marca un camino jurídico que permitirá «facilitar la tarea» a otras comunidades que puedan plantear cuestiones similares.

Pues bien, desde ámbitos profesionales como el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos consideramos que este acuerdo es perjudicial y las subsiguientes repercusiones hacia otras regiones resultan alarmantes. De entrada, porque el traspaso lleva implícita la ruptura del modelo de gestión del agua en el marco de la cuenca hidrográfica. ¿Dónde queda la unidad de cuenca, consagrada en la Carta Europea del Agua de 1967 e integrada en la Directiva Marco Europea aprobada en el 2000? Las confederaciones hidrográficas, genial aportación española hace nada menos que 80 años, partían de un concepto indiscutido de la gestión hidráulica en el marco de la cuenca y en un formato de organismo autónomo que, tras el acuerdo andaluz, queda totalmente en entredicho. Estamos en una situación crítica.

EL ASUNTO NO es baladí, pues de cumplirse al pie de la letra el acuerdo Andalucía-Estado, en el Plan Hidrológico del Guadalquivir se asignará a la Junta andaluza el volumen de las aguas disponibles correspondientes a la cuenca del Guadalquivir que transcurren por la comunidad autónoma, siendo responsabilidad de la comunidad autónoma el otorgamiento de las concesiones de los recursos hídricos dentro de su territorio. Inaudito. Pero hay más: la Junta programará, financiará, construirá y gestionará las obras hidráulicas que sean de su interés en su territorio al tiempo que el Estado ejecutará aquellas actuaciones declaradas de interés general o que afectan a otra comunidad.

El Estado no ha esperado siquiera a la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura al artículo 51 del Estatuto de Autonomía al entender que conceder competencias exclusivas a Andalucía sobre las aguas del Guadalquivir que discurren por su territorio «incumple» la Constitución. ¿Qué ocurrirá si el Tribunal anula este precepto? La confusión puede ser de órdago. Y a juzgar por resoluciones precedentes no parece descartable. Basta recordar los argumentos esgrimidos para rechazar el recurso de Aragón contra el Estatuto Valenciano que pretendía arrogarse capacidad de decisión sobre las aguas de cuencas excedentarias. Entre otros argumentos, el Constitucional ha asegurado que la gestión hidráulica corresponde al Estado, y la legislación, a sus representantes.

El acuerdo adoptado es precipitado no sólo por el enfrentamiento territorial con comunidades que comparten intereses. También porque ha sido adoptado sin escuchar a los expertos ni a los usuarios. Hace sólo unas semanas podía leerse en la prensa andaluza una amplia entrevista con el presidente de las comunidades regantes andaluzas, que afirmaba sus recelos sobre la celeridad del acuerdo. Temen, y con razón, que el traspaso retraiga inversiones y politice la gestión. «Hoy las inversiones del Estado en el Guadalquivir son las más importantes de España -manifestaba José Fernández de Heredia, presidente de Feragua–, y estamos desarrollando muchos proyectos de modernización del regadío gracias al Gobierno central. No sabemos si el acuerdo firmado garantiza que esos fondos sigan destinándose». Esto por la parte de los regantes, por no hablar de la incertidumbre sobre los funcionarios de una cuenca que han trabajado con profesionalidad bajo el paraguas del Ministerio de Medio Ambiente. La transferencia contempla que los 700 trabajadores de la Confederación del Guadalquivir pasen a depender de la Junta andaluza.

No es de extrañar pues que expertos independientes de todo el país se rasguen las vestiduras y adviertan de los riesgos de una decisión de esta naturaleza. Sin ir más lejos, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Santiago Hernández Fernández, catedrático de Proyectos e Ingeniería Medioambiental, Premio Nacional de Medio Ambiente y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Europeo de Ingenieros, que ha calificado el traspaso de competencias como una auténtica «barbaridad». Me adhiero a su valoración. Y digo más. Los riesgos de que otras comunidades pretendan emular a los andaluces son hoy muy patentes.

Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón