En declaraciones a La Tribuna, Bernardo Díaz del Amo, se mostró muy satisfecho de este logro deseado por todos los miembros del grupo de trabajo de la asociación nacional creada para defender los intereses de las zonas cuyas aguas subterráneas tienen verdaderos problemas.

El presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Aguas Subterráneas, Bernardo Díaz del Amo, ha firmado recientemente con motivo de las jornadas sobre aguas subterráneas celebradas en Elche para hablar de las cuencas del Segura, el Guadiana y el Júcar, un convenio marco con el Ministerio de Medio Ambiente que, según sus palabras, «manifiesta la intención, una vez más, por parte del Ministerio, sobre la necesidad de que los usuarios participen en la gestión y temas relacionados con las aguas subterráneas».

Según Díaz del Amo, hasta el día de hoy las aguas subterráneas ha sido un asunto olvidado por parte de todas las administraciones, de unos gobiernos y otros, si bien con el inicio de la legislatura actual la propia ministra, Cristina Narbona, «aceptaba que los usuarios deben colaborar con la administración y por eso se constituyó un grupo de trabajo representando por la Asociación Nacional de Aguas Subterráneas, la Universidad Politécnica de Madrid y el Ministerio de Medio Ambiente».

El presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Aguas Subterráneas comentó que los trabajos realizados en el proceso anterior a la firma del convenio suscrito estaban basados principalmente en la capacidad de llevar a cabo una reforma de la Ley de Agua actualizando a la realidad que, finalmente, se ha dejado para la próxima legislatura.

Díaz del Amo señaló que el grupo de trabajo constituido en torno a la gestión de la asociación nacional consideraba necesaria la firma de un compromiso institucional como el que se ha producido y que ha sido valorado positivamente.

Con este convenio marco lo que se pretende es básicamente dar solución a los grandes problemas que tienen las aguas subterráneas: «Nosotros por desgracia estamos en una de las zonas más afectadas y nuestros dos acuíferos, 23 y 24 también».

Díaz del Amo señaló que los objetivos principales de la organización nacional en defensa de los usuarios de aguas subterráneas es que el grupo de trabajo constituido siga trabajando al mismo ritmo que lo ha hecho hasta ahora con el apoyo del director general, Jaime Palot, y de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Usuarios de Aguas Subterráneas reconoció que todos estaban deseando firmar este convenio, empezando por el propio Ministerio.

El director general del Agua, Jaime Palop, vaticinó ayer que, pese a que España sufre «la peor sequía de los últimos decenios, superior incluso en intensidad a la de los años noventa», no hay previstas restricciones al consumo humano. Sin embargo, hizo un aviso para navegantes a la agricultura murciana y valencia: «Va a sufrir».

El director general del Agua precisó que la sequía afecta a «prácticamente todo el arco mediterráneo, desde Cataluña hasta Algeciras», además de a la la cuenca del Guadalquivir, la cabecera del Tajo y algunos puntos de la cuenca del Duero. Agregó además que en la Cuenca del Ebro también existe una situación de de abastecimiento en la margen izquierda,

Palop fue explícito a la hora de asegurar que la agricultura de las cuencas del Júcar, el Segura y el Guadalquivir «no van a desarrollar una campaña normal de regadíos». El director general del Agua recalcó que la situación de los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, «no es halagüeña» y. al hilo, recordó que hay aprobado un trasvase al Segura que tiene duración hasta el 31 de marzo, basado en la «prudencia» ya que sólo se autorizó agua para abastecimiento.

Sobre posibles nuevas derivaciones, Palop anunció que hasta primavera no se procederá a su estudio, y que siempre dependerán de las lluvias que se produzcan y su efecto sobre los pantanos de cabecera del Tajo. En cualquier caso, fue contundente al asegurar que la política de Medio Ambiente «siempre ha sido la misma: lo primero es garantizar los usos en la cuenca del Tajo y siempre que se ha adoptado una decisión de trasvase ha estado presidida por el principio de prudencia a la hora de autorizar desembalses». Según Palop, la cuenca del Segura «tiene derecho a las aguas que se consideren sobrantes única y exclusivamente y desde luego esos derechos nunca van a poder usurpar los derechos legítimos y prioritarios de todos los usos que estén establecidos en la cuenca del Tajo», añadió.

Pero la polémica sobre el trasvase Tajo-Segura sigue arreciando, como demuestra el estudio que la patronal de Alicante (Coepa) y la Fundación Agua y Progreso han encargado para tratar de demostrar la importancia estratégica del trasvase y ayudar a defenderlo «con uñas y dientes» y con «argumentos».

Ayer se firmó el convenio para que el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante elabore el trabajo.El director de la Fundación, José Alberto Comos, insiste en que sin el Tajo-Segura, Alicante «no sería ni de lejos lo que es: la cuarta provincia en PIB de España». El presidente de los empresarios alicantinos, Modesto Crespo, también criticó el «proceso de presión al que son sometidas las transferencias de agua» a la provincia y las «incertidumbres crecientes» en torno al Tajo-Segura, que calificó de «clave e insustituible» para la provincia.

Graves y alarmantes. Así son los últimos datos compilados por el Ministerio de Medio Ambiente sobre la sequía. Las reservas de agua son un 20% más bajas que en 2007. No llueve y la situación es todavía más preocupante en Cataluña que está sufriendo «la peor sequía desde mediados del siglo XX», según afirmó el director general del Agua, Jaime Palop. Con las elecciones del 9 de marzo a la vuelta de la esquina, el líquido elemento gana peso como uno de los temas de gran importancia para el país, a nivel de economía y terrorismo.

La radiografía acuífera española habla por sí misma. El volumen de agua embalsada se sitúa un 20% por debajo de los niveles de hace un año, cuando ya se generó alarma por la amenaza de sequía extrema en algunos puntos geográficos de la península. El ministerio del Medio Ambiente reconoce que «las cuencas internas están bastante mal, sobre todo en el Júcar, Segura y Guadalquivir. Se está esperando a las lluvias de primavera, y se realizarán restricciones en regadíos, pero aún no se sabe cuándo».

Pero la situación se ha agravado en Cataluña: «Estamos en un estado de excepcionalidad, con unas cuencas que están al nivel del 24,5%», dicen desde la Generalitat. Según el decreto de sequía que establece diferentes fases de urgencia en el proceso, en la comunidad catalana se está a sólo un paso de la fase de emergencia, que llegaría si los embalses no superan el 20%.

Medidas de emergencia

«Se han aprobado medidas de emergencia como el suministro de pozos, etc, y se ha calculado que habría suministro suficiente hasta finales de abril, principios de mayo, aunque no llueva nada», señalan desde el gobierno catalán. Pero las alarmas ya han saltado y los municipios están elaborando planes de ahorro y sobre todo de sensibilización de la ciudadanía. «En estos momentos ningún municipio ha realizado cortes de agua en las casa, pero algunos lo tienen en mente». Aunque también insisten en que es la última medida a la que se quiere llegar.

Debido a que las competencias en esta materia corresponden a cada comunidad autónoma, Palop ha argumentado que si Cataluña pidiera formalmente ayuda al Ministerio, este decretaría la emergencia y utilizaría la desalinizadora de Carboneras (Almería) para cargar barcos. «Lo cual produciría unos 50.000 metros cúbicos diarios de agua potable, a un precio aproximado de 0,50 euros el metro cúbico».

El director general del agua también admitió que la sequía actual es peor que la que padeció España en los años ochenta y noventa. El Gobierno está manos a la obra para sensibilizar a diferentes colectivos para el ahorro y, mientras, los ciudadanos miran al cielo en uno de los inviernos más secos que se recuerdan.

La Comisión Bilateral de Cooperación Andalucía-Estado acordó en noviembre en Cazorla (Jaén) el traspaso de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por esa comunidad, tal y como prevé el Estatuto de Autonomía andaluz. Como ya ocurre con resultados inquietantes en las pequeñas cuencas andaluzas mediterráneas y atlánticas, esa administración explotará, conservará y establecerá el régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y de las obras hidráulicas asociadas de los 53 de los 57 embalses de la cuenca. Aunque el Estado mantiene el control legislativo sobre el Plan Hidrológico del Guadalquivir, se contempla que la Junta de Andalucía elabore una propuesta de actuaciones. Según la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, el acuerdo que se hará efectivo este año define «un nuevo modelo de gestión del agua» con el que se marca un camino jurídico que permitirá «facilitar la tarea» a otras comunidades que puedan plantear cuestiones similares.

Pues bien, desde ámbitos profesionales como el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos consideramos que este acuerdo es perjudicial y las subsiguientes repercusiones hacia otras regiones resultan alarmantes. De entrada, porque el traspaso lleva implícita la ruptura del modelo de gestión del agua en el marco de la cuenca hidrográfica. ¿Dónde queda la unidad de cuenca, consagrada en la Carta Europea del Agua de 1967 e integrada en la Directiva Marco Europea aprobada en el 2000? Las confederaciones hidrográficas, genial aportación española hace nada menos que 80 años, partían de un concepto indiscutido de la gestión hidráulica en el marco de la cuenca y en un formato de organismo autónomo que, tras el acuerdo andaluz, queda totalmente en entredicho. Estamos en una situación crítica.

EL ASUNTO NO es baladí, pues de cumplirse al pie de la letra el acuerdo Andalucía-Estado, en el Plan Hidrológico del Guadalquivir se asignará a la Junta andaluza el volumen de las aguas disponibles correspondientes a la cuenca del Guadalquivir que transcurren por la comunidad autónoma, siendo responsabilidad de la comunidad autónoma el otorgamiento de las concesiones de los recursos hídricos dentro de su territorio. Inaudito. Pero hay más: la Junta programará, financiará, construirá y gestionará las obras hidráulicas que sean de su interés en su territorio al tiempo que el Estado ejecutará aquellas actuaciones declaradas de interés general o que afectan a otra comunidad.

El Estado no ha esperado siquiera a la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura al artículo 51 del Estatuto de Autonomía al entender que conceder competencias exclusivas a Andalucía sobre las aguas del Guadalquivir que discurren por su territorio «incumple» la Constitución. ¿Qué ocurrirá si el Tribunal anula este precepto? La confusión puede ser de órdago. Y a juzgar por resoluciones precedentes no parece descartable. Basta recordar los argumentos esgrimidos para rechazar el recurso de Aragón contra el Estatuto Valenciano que pretendía arrogarse capacidad de decisión sobre las aguas de cuencas excedentarias. Entre otros argumentos, el Constitucional ha asegurado que la gestión hidráulica corresponde al Estado, y la legislación, a sus representantes.

El acuerdo adoptado es precipitado no sólo por el enfrentamiento territorial con comunidades que comparten intereses. También porque ha sido adoptado sin escuchar a los expertos ni a los usuarios. Hace sólo unas semanas podía leerse en la prensa andaluza una amplia entrevista con el presidente de las comunidades regantes andaluzas, que afirmaba sus recelos sobre la celeridad del acuerdo. Temen, y con razón, que el traspaso retraiga inversiones y politice la gestión. «Hoy las inversiones del Estado en el Guadalquivir son las más importantes de España -manifestaba José Fernández de Heredia, presidente de Feragua–, y estamos desarrollando muchos proyectos de modernización del regadío gracias al Gobierno central. No sabemos si el acuerdo firmado garantiza que esos fondos sigan destinándose». Esto por la parte de los regantes, por no hablar de la incertidumbre sobre los funcionarios de una cuenca que han trabajado con profesionalidad bajo el paraguas del Ministerio de Medio Ambiente. La transferencia contempla que los 700 trabajadores de la Confederación del Guadalquivir pasen a depender de la Junta andaluza.

No es de extrañar pues que expertos independientes de todo el país se rasguen las vestiduras y adviertan de los riesgos de una decisión de esta naturaleza. Sin ir más lejos, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Santiago Hernández Fernández, catedrático de Proyectos e Ingeniería Medioambiental, Premio Nacional de Medio Ambiente y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Europeo de Ingenieros, que ha calificado el traspaso de competencias como una auténtica «barbaridad». Me adhiero a su valoración. Y digo más. Los riesgos de que otras comunidades pretendan emular a los andaluces son hoy muy patentes.

Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, felicitó ayer a la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, por la negociación de la OCM del Vino y por el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), pero defendió en su presencia la necesidad de terminar con el trasvase Tajo-Segura.

Barreda hizo estas consideraciones durante la inauguración de la sede de la delegación de Tragsa en Castilla-La Mancha, acto en el que también han participado, entre otros, la ministra de Agricultura y el presidente de SEPI, Enrique Martínez Robles.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo regional se ha mostrado «encantado» de recibir en la comunidad a Espinosa tras los «dos éxitos» que ha cosechado en los últimos tiempos, en referencia a la OCM del Vino y el PEAG. No obstante, Barreda aprovechó la intervención para defender el final del trasvase Tajo-Segura, recalcar la prioridad de Castilla-La Mancha en el uso de las aguas del río Tajo y subrayar el esfuerzo para dotarse de infraestructuras que permitan usar ese agua.

Alegaciones

Por cierto, que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha formulado las primeras alegaciones al proceso de planificación hidrológica de las diferentes demarcaciones hidrográficas que considera oportunas, en las que se destaca la necesidad de constituir, como mayor garantía para un proceso de participación pública, los órganos reglados al efecto, entre ellos, los Consejos del Agua de las demarcaciones y los correspondientes Comités de Autoridades competentes. Así se puso de manifiesto en el último Consejo Regional del Agua donde se analizó este proceso de planificación hidrológica y en el cual se debatieron las observaciones que se han llevado a cabo respecto a los documentos de inicio del proceso de planificación para la revisión de los planes hidrológicos. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, resaltó la importancia de que el Gobierno de Castilla-La Mancha esté presente en el proceso de planificación hidrológica, ya que de las nueve Demarcaciones Hidrográficas, siete de ellas -Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero- inciden en el ámbito territorial de la región.

En cuanto a la Demarcación Hidrográfica del Segura, el Gobierno regional ha alegado que no pueden computarse como recursos hídricos en esta demarcación los procedentes del trasvase Tajo-Segura, dado que estos están supeditados a posibles excedentes de la cuenca cedente y sujetos a la prioridad de otras cuencas y territorios. Por tanto, debe omitirse en el estudio de la demarcación toda referencia a dichos recursos, dada su precariedad y la próxima caducidad del trasvase. Por lo que respecta a la Demarcación del Júcar, la observación principal del Gobierno regional es que de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004, es imprescindible excluir real, efectivamente y a todos los efectos, las cuencas internas de la Comunidad Valenciana, incluidas todas las denominadas costeras.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha formulado las primeras alegaciones al proceso de planificación hidrológica de las diferentes demarcaciones hidrográficas que considera oportunas, en las que se destaca la necesidad de constituir, como mayor garantía para un proceso de participación pública, los órganos reglados al efecto, entre ellos, los Consejos del Agua de las demarcaciones y los correspondientes Comités de Autoridades competentes.

   Así se puso de manifiesto en el Consejo Regional del Agua, celebrado el pasado 11 de enero, donde se analizó este proceso de planificación hidrológica y en el cual se debatieron las observaciones que se han llevado a cabo respecto a los documentos de inicio del proceso de planificación para la revisión de los planes hidrológicos.

   El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha resaltado la importancia de que el Gobierno de Castilla-La Mancha esté presente en el proceso de planificación hidrológica, ya que de las nueve Demarcaciones Hidrográficas, siete de ellas –Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero– inciden en el ámbito territorial de la región, por lo que se confiere a ésta un papel determinante, informó la Junta en nota de prensa.

   En cuanto a la Demarcación Hidrográfica del Segura, el Gobierno regional ha alegado que no pueden computarse como recursos hídricos en esta demarcación los procedentes del trasvase Tajo-Segura, dado que estos están supeditados a posibles excedentes de la cuenca cedente y sujetos a la prioridad de otras cuencas y territorios. Por tanto, debe omitirse en el estudio de la demarcación toda referencia a dichos recursos, dada su precariedad y la próxima caducidad del trasvase.

   Por lo que respecta a la Demarcación del Júcar, la observación principal del Gobierno regional es que de acuerdo con la Sentencia del Tribunal supremo de 20 de octubre de 2004, es imprescindible excluir real, efectivamente y a todos los efectos, las cuencas internas de la Comunidad Valenciana, incluidas todas las denominadas costeras, ya que cualquier actuación en otro sentido acarrearía la nulidad del proceso.

   Al efecto, en lo que se refiere a las demarcaciones del Júcar y Segura, el consejero recordó y advirtió sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el Tribunal Supremo por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.

   En la Demarcación Hidrográfica del Tajo, el Gobierno de Castilla-La Mancha realiza la observación de que los caudales ecológicos deberán quedar establecidos durante el proceso de de planificación complementando los estudios disponibles al efecto, utilizando métodos para su determinación y distribución interanual, priorizando aquellos que aseguren el buen estado ecológico de las masas de agua por la garantía para el hábitat, además de destacar la necesidad de realizar las demás actuaciones que aseguran la calidad del agua del río y de resaltar la caducidad del trasvase del Tajo al Segura.

   Otro aspecto importante es la necesidad de identificar y definir, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, todas las cuencas que conforman las demarcaciones hidrográficas, entendiendo que estas serán el marco de referencia para garantizar la protección y el uso sostenible del agua.

Los embalses peninsulares se encuentran al 43,7% de su capacidad total, tras crecer un 0,3% durante la última semana pese a las escasas lluvias caídas, según los datos proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Las precipitaciones han sido prácticamente nulas en toda la Península Ibérica, registrándose la máxima en Lleida, con 0,4 litros por metro cuadrado.

En la actualidad hay 23.656 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que supone 187 hectómetros más que hace siete días. Las principales variaciones se han registrado en la cuenca Norte II, que ha perdido 14 hectómetros cúbicos, mientras que la cuenca del Ebro ha recuperado 86 hectómetros.

Las cuencas que más agua acumulan son Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas), al 84,5% de su capacidad, y las internas del País Vasco, al 66,7%. Por encima del 50% se encuentran también Galicia Costa, al 52,3%; Norte II (Asturias y Cantabria), al 65,5%; Duero, al 51,3%, y Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura), al 54,8%.

Por debajo de la mitad de su capacidad están Norte I (sur de Galicia y norte de León), al 48,1%; Tajo, al 43,7%; Ebro, al 45,9%; Cuenca Atlántica Andaluza, al 39,1%; Guadalquivir, al 36,2%; Cuenca Mediterránea Andaluza, al 27%; Cuencas internas de Cataluña, al 23,2%; Júcar, al 21,2%, y Segura, al 17,6%.

Ni el 75 por ciento que todos consideraban el mínimo deseable, ni el 80 por ciento que todos creían ideal. Al final, la Oferta Pública de Adquisición de Derechos del Agua abierta para la Mancha Oriental se ha quedado en un 77 por ciento.

El pasado viernes, en declaraciones a La Tribuna, el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), Francisco Belmonte, indicaba que la OPAestaba en un 62 por ciento -equivalente a unos 30 hectómetros cúbicos- pero que, previsiblemente, los últimos días se daría un «gran tirón» a las solicitudes de los regantes.

«El viernes, precisamente, fue cuando se dio el gran empujón -explicaba ayer- porque el lunes, el día que vencía el plazo, tuvimos pocas solicitudes, aunque fueron de superficies de riego bastante importantes».

Ese mismo lunes, las cifras, aún provisionales, hablaban de un 75 por ciento justo, lo que equivaldría, según las cuentas de los regantes, a unos 38 hectómetros cúbicos. Pero, tras cribar todas las solicitudes, se habría superado ese mínimo, alcanzándose el 77 por ciento.

Este porcentaje, repartido entre 126 solicitudes de adhesión a la Oferta Pública de Adquisición de Derechos del Agua, supone un ahorro final de 43 hectómetros cúbicos «aunque como es lógico, la Confederación Hidrográfica del Júcar deberá validar estas cifras», precisó Belmonte.

La ‘OPA del agua’, como se conoce comúnmente a esta oferta -aunque el término no es del todo correcto, porque los derechos se ceden provisionalmente- se abrió para 25.000 hectáreas de riego situadas en la zona con más riesgo de afección con el río Júcar, la parte del Acuífero 18 que se conoce como ‘Acuífero Mioceno’.

El objetivo era el de ahorrar hasta 50 hectómetros cúbicos de agua, a un precio de 25 céntimos de euro el metro cúbico. Se trata de un precio notablemente superior al de la OPAdel año anterior, que fue de 19 céntimos de euro el metro cúbico.

Sin embargo, el precio no ha sido la única diferencia que ha habido entre la oferta del año pasado, que se quedó en el 70 por ciento de lo previsto.

También ha habido diversas salvaguardias, como la prohibición de ceder el 100% de los derechos de agua por parte de un mismo regante, así como la posibilidad de que los productores de determinados cultivos, como los de cebollas, pudiesen reservar un poco de agua para la campaña de primavera-verano y mantener así sus producciones.

«A mí me hubiese gustado llegar el 85% de la oferta -concluía ayer Belmonte- pero no está nada mal; ahora crucemos los dedos para que lo que nos queda de año hidrológico sea normal».