El Comité de Expertos contra la Sequía del Ministerio de Medio Ambiente, integrado por catedráticos de universidad e investigadores, reconoce en un estudio presentado ayer en Valencia que el agua desalinizada «es todavía demasiado cara» para su uso generalizado.

La presentación del libro La sequía en España. Directrices para minimizar su impacto, realizado por el comité de expertos, estuvo protagonizada, entre otros aspectos, por la posible viabilidad de la desalinización en la lucha contra la escasez hídrica.

Los investigadores concluyen que la desalación, pese al avance técnico de los últimos años, «continúa siendo una fuente de agua no convencional, excepto en las regiones de alto nivel de vida y con déficits de agua significativos» (….) y «es todavía muy cara como para convertirse en la fuente principal de agua dulce, a los que se añaden una serie de retos sociales, ambientales y tecnológicos que todavía hay que superar».

La conclusión, recogida en una de las 28 propuestas presentadas para luchar contra la sequía, contrasta con la política practicada por el Ministerio a través del Programa Agua, uno de cuyos ejes es la construcción masiva de desalinizadoras en la costa mediterránea.

El catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera, coordinador del libro junto al asesor del Ministerio Luis Babiano, señaló ayer que, en principio, no tenía «nada en contra de ningún trasvase ni desalinizadora» y señaló que lo principal es «gestionar bien el agua y racionalizar los consumos» y después se pueden aplicar otras soluciones. «Lo importante es prepararse para la sequía antes que llegue» y los posibles trasvases no son la respuesta a un problema concreto en el tiempo.

Ante las matizaciones realizadas por los expertos a una política de desalación masiva, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, recordó en la clausura de la jornada que la solución al problema hídrico «no es un debate sobre trasvase o desalación» y afirmó que el agua es una cuestión «que levanta pasiones», por lo que hay que alejarla de la política, ya que entonces «no se aportarán remedios».

Moragues aprovechó para asegurar que Valencia está «muy lejos» de la situación de Barcelona, donde se prevé llevar agua desalinizada con barco desde la planta de Carboneras (Almería). Clarificó que ahora no hay ningún sistema «alrededor de Valencia en situación de emergencia» que precise medidas tan extraordinarias. El presidente de la CHJ realizó estas afirmaciones un día después de que LAS PROVINCIAS publicara que el coste de este procedimiento es cinco veces más alto que el actual.

Recordó que la situación del Júcar ha experimentado «una mejoría muy clara» en la costa. Pero en el interior y en los embalses de cabecera el problema es grave.

Precio del agua
«En cualquier caso, el precio del agua en España deberá multiplicarse por cuatro en los próximos años». La frase aparece recogida en el capítulo redactado por Enrique Cabrera «La tarificación, herramienta esencial en la gestión sostenible del agua», donde sostiene la necesidad de incrementar el coste para reducir el consumo.

Para Cabrera, la aplicación del principio de recuperación del agua que recoge la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (DMA) «incentiva doblemente el ahorro». La DMA establece que, tanto para el consumo urbano como agrícola, los usuarios tienen pagar el valor real del agua que consumen (incluyendo la construcción y mantenimiento de infraestructuras) y por tanto no puede estar subvencionada como todavía se hace en España.

Ante ello, el catedrático de la Politécnica considera que el precio hará que el usuario no malgaste el agua y que la empresa que gestiona el servicio haga lo mismo, ya que sabe que recobrará en pocos años el coste de las inversiones que pueda hacer para mejorar la red o la reutilización de los recursos. España, resalta Cabrera, sólo recupera en el recibo el 25% de los costes.

Cabrera cita como ejemplo a la ciudad de Valencia, en la que el precio del agua bajó un 45% entre 2003 y 2004. Ante ello el experto apunta a que el recibo debe incluir el pago de las últimas infraestructuras construidas como la presa de Tous, el Canal Júcar-Turia, la depuradora de Picassent, los colectores de la depuradora de Pinedo o los emisarios submarinos.

El libro realiza 28 recomendaciones al Ministerio de Medio Ambiente aprobadas con el consenso de los expertos. Según Cabrera, son ideas «por desarrollar y ahora es el turno de los políticos». En ellas se mantiene la necesidad de incrementar el precio del agua, aunque de forma más matizada que en el capítulo del catedrático de la Politécnica, y recomienda establecer «una política tarifaria coherente con la Directiva Marco del Agua, incluyendo en ellas costes medioambientales, (…), contribuirá a racionalizar el gasto y muy probablemente propiciará el uso de recursos no convencionales».

Los expertos rechazan utilizar los cortes de agua a las ciudades en época de sequía, ya que el agua puede llegar a dejar de ser potable y «el índice de roturas en las tuberías de la red aumenta» con los cambios de presión, con lo que no se soluciona el problema sino que «se agrava».

Otras medidas recogidas en el libro apuntan la necesidad de reducir la superficie de regadío y el agua destinada a la agricultura, basándose en criterios de productividad y apuestan por efectuar «cambios notables en la cultura del uso del agua».

El estudio apuesta por la prevención para afrontar las sequías. Moragues resaltó que hay que estar preparados «para gestionar periodos de escasez, ya que los de abundancia serán cada vez menos frecuentes».

Creía el Gobierno que el Comité de Expertos que contrató iba a dedicarse a vitorear su decisión de derogar el PHN. Creía María Teresa Fernández de la Vega que, cual mamporreros, los «sabios» a sueldo de su Gobierno iban a respaldar la disparatada alternativa al trasvase del Ebro en forma de plantas desalinizadoras. Creía Cristina Narbona, tan repudiada ella en la Comunidad Valenciana, que su Plan AGUA era la bicoca y solución a todos los males de la sequía. Creía José Luis Rodríguez Zapatero que podía mantener la mentira de que llegaría el agua a tierras levantinas antes de lo contemplando en el eliminado PHN…

… Pero, miren ustedes por dónde, creían todos mal. Los expertos, su Comité de Expertos, le han salido rana al Gobierno, y como no hay agua para la subsistencia de las ranas, pues eso: que han puesto encima de la mesa un informe demoledor que no viene más que a denunciar las mentiras del Gobierno sobre el Plan AGUA y a herir de muerte a las publicitadas plantas desalinizadoras, tan cacareadas desde instancias gubernamentales como la solución real y única a la sequía. Pues no, además de no ser apropiadas, son caras. Para rematar, los expertos no ven con malos ojos los trasvases.

Y es que este Comité –a sueldo del Ministerio de Medio Ambiente- no ha hecho más que rubricar de manera científica lo que ya había dictaminado el sentido común. ¿Para qué dejar perder en el mar agua dulce y luego desalarla? Así que, de sopetón, han dado la razón a Francisco Camps, Ramón Luis Valcárcel, Mariano Rajoy, Esteban González Pons, Eduardo Zaplana, José María Aznar… y a todos los miembros del PP que siempre defendieron la teoría de la solidaridad territorial a la hora de poner freno a la endémica sequía, es decir, que siempre apostaron por el trasvase de agua del Ebro.

El Ministerio de Medio Ambiente quiere eliminar las «antiguas» infraestructuras de cemento que «obstaculizan» los ríos.

Serán destruidos los diques, muros, escolleras, azudes, centrales hidráulicas e incluso embalses que el Gobierno considere que no se utilizan lo suficiente o que «perturban el equilibrio de los ecosistemas».

Así lo ha anunciado la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tras inaugurar una jornada en Madrid sobre la restauración de los ríos que está llevando a cabo su departamento.

Esta medida, que los grupos ecologistas llevan años reivindicando, se pondrá en marcha con el objetivo de apostar por unos «unos ríos cada vez más vivos», lo menos regulados y canalizados posible.

«En España existe todavía, de manera muy amplia, una inercia a creer que los ríos no deben llegar al mar y que, cuando llegan, se está tirando el agua. Hay que cambiar esta forma de entender los ríos y debe haber caudales suficientes para mantener esta vida», ha dicho Narbona.

Narbona admite que España tiene «pocos cauces fluviales bien

Su Ministerio apuesta, en definitiva, por ‘desencorsetar’ los ríos para que fluyan libremente, en la línea de lo que defiende la denominada nueva cultura del agua.

Narbona no ha podido calcular el número de infraestructuras o las áreas que se verán afectadas por esta iniciativa, "porque hay que ver si algunos azudes o pequeños embalses se pueden usar".

Sin embargo, ha adelantado que ya hay estudios "en curso" en relación a la cuenca del Tajo.

En esta cuenca se encuentra el embalse toledano de Finisterre, que Ecologistas en Acción lleva años pidiendo que se elimine. "Es la obra más grande y la más inútil. No funciona para nada y no recoge agua porque se calculó mal en su día", ha explicado a elmundo.es Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción.

En el marco de esta Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, en la que se invertirán 1.500 millones de euros, Medio Ambiente también quiere que los tramos de río más valiosos se declaren "reservas fluviales" y se contemplen y se protejan como tales en los planes de cuenca.

Por otro lado, la ministra ha reconocido que "España tiene pocos cauces fluviales bien protegidos".

Aunque no ha querido precisar qué cuencas son las que se encuentran en peor situación, ha apuntado que los ríos del norte, a pesar de que son más caudalosos, tienen "más problemas de contaminación" que los ríos "de la España seca".

En este sentido, ha recordado que "no es casual que el primer acuerdo del Plan Nacional de Calidad de las Aguas fuera firmado con Asturias".

Narbona también ha asegurado que "en el sur de España, el problema es un exceso de regulación" que provoca que "llegue al mar una escasa cantidad de agua".

Así, la ministra citó el Segura –según Santiago Martín Barajas, «el peor río de España»– como ejemplo de modelo fluvial cuyo "caudal que llega al mar es poco natural".

"También lleva muchas aguas residuales", ha añadido Narbona. La ministra ha insistido en que la contaminación "es un problema de todas las cuencas y de todas las administraciones". De hecho, Medio Ambiente sólo se encarga de la gestión de los ríos que transcurren por más de una comunidad autónoma.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró hoy que para el PP la solidaridad en materia de agua sólo vale cuando viene del norte al sur y no al revés, haciendo así referencia al trasvase de agua desalinizada de la planta de Carboneras (Almería) que se realizará a Cataluña, una vez que finalicen las obras del puerto de este municipio.

   En declaraciones a los periodistas, realizadas momentos antes de clausurar en Sevilla un foro científico-técnico sobre la gestión de agua, la titular del ramo indicó que la política de agua del futuro es «muy distinta» de la que, según dijo, «sigue pregonando el PP, que sólo sabe hablar de trasvases y de obras hidráulicas».

   Asimismo, indicó que el trasvase del Ebro, «que por lo visto es el gran icono del PP, es una obra que la Comisión Europea se negó a financiar y que nunca lo hará». Al hilo de ello, Narbona destacó que el número dos en las listas del PP de Madrid, Manuel Pizarro, «ha sido un ferviente opositor de dicho trasvase, al que combatió con ardor». «Supongo que por coherencia seguirá pensando que es una barbaridad», añadió.

   En esta línea, la ministra de Medio Ambiente anunció que la planta desaladora de Carboneras (Almería), que ha contado con una inversión de 140 millones de euros, procedentes del Gobierno central y de la Junta de Andalucía, alcanzará en dos años el 80 por ciento de aprovechamiento del agua, ya que en estos momentos sólo el 18 por ciento del agua que produce se puede utilizar. Además, indicó que en Cataluña se está construyendo en estos momentos una planta de similares características.

   Narbona aseguró que la «tan denostada» ahora tecnología de la desalinización por el PP ha contribuido durante esta legislatura a garantizar el abastecimiento de agua a la población. Y es que, según explicó, «con su eficiencia energética se pueden evitar daños a los fondos marinos y garantizar agua llueva o no llueva en todo el litoral».

   Respecto a la crítica realizada por parte del Panel Científico-Técnico de seguimiento de la política de aguas por no haber realizado una reforma de la Ley de Aguas durante la presente legislatura, Narbona dijo que ésta es una asignatura que el siguiente Gobierno, «gane quien gane», estará obligado a hacer.

   «Todavía falta por incorporar en nuestro ordenamiento jurídico todos los elementos que permitan la aplicación del principio europeo de recuperación de costes y la mejora de la administración pública del agua, en lo que se refiere al papel que cada una de las administraciones tiene que jugar en un marco de concertación entre administraciones y los desarrollos de los Estatutos de Autonomía», aseveró la ministra de Medio Ambiente.

   Por último, insistió en que el reto que tiene España en los próximos años es configurar una «auténtica» política del agua basada en consideraciones ambientales, económicas y sociales. «Venimos de una política basada exclusivamente en la obra hidráulica y con una prácticamente nula consideración de aspectos ambientales o económicos», concluyó.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, aseguró hoy que Valencia está «muy lejos» de la situación de Barcelona, donde se prevé llevar agua desalinizada en barcos procedente de Carboneras (Almería). Según dijo, «no hay ningún sistema de alrededor de Valencia en situación de emergencia», por lo que «tiene todos los abastecimientos asegurados para lo que queda de campaña hidrológica», y «sin necesidad de llevar a cabo ninguna medida tan extraordinaria como la que posiblemente necesita Barcelona».

Moragues, que realizó estas declaraciones junto al catedrático de la Universidad de Valencia (UV) y presidente del Comité de Expertos del Observatorio Nacional de la Sequía, Enrique Cabrera, que presentó el libro ‘La sequía en España, directrices para minimizar su impacto’ elaborado por el Comité, agregó que a pesar de no requerir las medidas que se aplicarán en Barcelona, la CHJ «seguirá gestionando la sequía como en los tres últimos años».

Para Moragues, la medida de Barcelona obedece a un «nivel de excepcionalidad» que se debe a una «situación un poco límite» y al hecho de que tiene previstas una serie de «medidas alternativas», como la ampliación de la desaladora de Torrera en Blanes o la de Llobregat, «que todavía están en construcción y tardarán unos meses en ponerse en marcha». Asimismo, tiene un programa que supondrá 200 hectómetros cúbicos (hm3) desalados, pero que, «en estos momentos tiene una parte en fase de ejecución y otra en proyecto», agregó.

Por otra parte, preguntado sobre si la tendencia de «intensa sequía» marcada en los últimos tres años en la Comunitat continuará a lo largo del presente 2008, Moragues comentó que no posee una «bola de cristal», pero subrayó que la zona costera ha experimentado una «mejoría muy clara», de forma que todos sus sistemas han alcanzado la «normalidad».

No obstante, matizó que la situación «no ha mejorado en el interior, ni los embalses de las cabeceras», donde ya se han tomado medidas que permitirán un «primer alivio» en la parte alta de Júcar, que es donde la situación es «más delicada», indicó.

Por su parte, Enrique Cabrera señaló que el libro ‘La sequía en España, directrices para minimizar su impacto’ llega a una serie de conclusiones para minimizar el impacto económico, medioambiental y social de la sequía, en las que se indica desde cómo elaborar un plan especial de sequías y un plan de emergencias, a cómo reutilizar las aguas, qué hacer con las aguas subterráneas o su papel en épocas de sequías. Sin embargo, se trata de ideas que «por desarrollar» y, «ahora, es el turno de los políticos, para llevarlas a buen fin», apuntó.

SELECCIONAR CULTIVOS «SI NO HAY AGUA PARA TODO».

En este sentido, el presidente del Comité de Expertos del Observatorio Nacional de la Sequía resaltó que en materia de riegos, el libro recomienda «tener en cuenta la productividad del riego» para que, «en el caso de que no haya agua para todo, discernir entre «lo que convendría dejar de regar desde un punto de vista de impacto económico y ambiental». «Si no hay agua para todos, –insistió–, hace falta ver qué es mejor regar y qué es mejor no regar, donde se pierde menos».

En el caso de la Comunitat, Cabrera consideró que «si se gestionan las sequías bien no tienen por qué» verse afectados sus cultivos tradicionales. Precisamente, en su libro se establecen directrices «para prepararse por si llega el momento en el que haya restricciones» de agua por la sequía, pero para que «también se pueda continuar regando».

A su juicio, hay que «adecuar» la política hídrica a los tiempos que corren, algo que según dijo, «siempre se ha hecho muy bien». Sin embargo, apuntó que «las cosas cambian muy deprisa, por lo que «la inercia de los tiempos a veces hace difícil adecuarse a la problemática de hoy con herramientas de hace unos pocos años», advirtió.

Por último, preguntado por la ‘idoneidad’ de los trasvases, afirmó que, «en principio, no tengo nada en contra de ningún trasvase ni desaladora». No obstante, se mostró partidario de «primero» centrarse en «gestionar bien el agua y racionalizar los consumos, administrarlos bien» y «después, si hace falta cualquier solución, con tal de que sea la mejor desde la óptica medioambiental, económica y social».

Al respecto, Cabrera señaló que, en cualquier caso, «hay que prepararse para la sequía», «apretarse el cinturón antes» de que llegue, por lo que, «si hay que hacer un trasvase, eso se ha de hacer fuera de la sequía, no es una medida contra la sequía».

«La desalación, a pesar del considerable progreso que ha tenido en los últimos años, continúa siendo una fuente de agua no convencional, excepto en las regiones de alto nivel de vida y con déficits de agua significativos. En la actualidad esta técnica es todavía muy cara como para convertirse en la fuente principal de agua dulce, a lo que se añaden una serie de retos sociales, ambientales y tecnológicos que todavía hay que superar».

Por raro que parezca, es la conclusión 17 -de un total de 28- que el Comité de Expertos en Sequía impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente ha recogido en su libro «La sequía en España, directrices para minimizar su impacto» que fue presentado ayer en Valencia ante un desencajado presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, la extensión de la ministra Cristina Narbona en esta demarcación.

El presidente de dicho comité y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera, comentó, sobre los trasvases, que, «en principio, no tengo nada en contra de ningún trasvase ni desaladora». No obstante, se mostró partidario de «primero» centrarse en «gestionar bien el agua y racionalizar los consumos, administrarlos bien» y, «después», si hace falta cualquier solución, que sea «la mejor desde la óptica medioambiental, económica y social».

No se moja

En un intento por no comprometer más al Gobierno, Cabrera señaló que, en cualquier caso, «hay que prepararse para la sequía», apretarse el cinturón antes de que llegue, por lo que, «si hay que hacer un trasvase, eso se ha de hacer fuera de la sequía, no es una medida contra la sequía».

Sin embargo, esta afirmación choca con otras recomendaciones, como la primera, en la que se aboga por planificar al máximo las sequías, partiendo del dicho popular de que «más vale prevenir que curar».

Por lo demás, las conclusiones de los expertos hacen especial hincapié en la reutilización y el ahorro de agua; la modernización de las redes de riego y urbanas; y la coordinación entre administraciones para conseguir efectos positivos, partiendo de la base de que las sequías «se pueden gestionar de una manera mucho más racional de lo que hasta ahora se ha venido haciendo».

Asimismo, se destaca el papel de los planes de cuenca, la necesidad de revisar el sistema de concesiones en aras de la Directiva Marco del Agua (DMA) y el establecimiento de una «política tarifaria coherente» con ésta, incluyendo en los costes ambientales cuando la protección de las aguas afectadas así lo requieran, lo que racionalizará el gasto.

Pero la realidad es que la sequía sigue afectando a prácticamente toda España. Para paliarla, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cedió el pasado martes al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura la «encomienda de gestión» de 39 pozos de sequía de los que extraerán unos 60 hectómetros cúbicos hasta el próximo 30 de noviembre.

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 23.469 hectómetros cúbicos, 6.273 hm3 menos que el pasado año y 8.685 hm3 menos que en la media de los últimos 10 años, según los datos facilitados esta mañana por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la del Duero es la que más ha disminuido su reserva en relación a los niveles de la semana pasada, con 14 hm3 menos, situándose al 50,7 por ciento de su capacidad, mientras que la cuenca del Ebro la ha aumentado en 157 hm3.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses del Norte III (País Vasco excepto cuencas internas), que continúan al 83,1 por ciento de su capacidad, y las cuencas internas del País Vasco, al 66,7 por ciento. Por su parte la del Norte II (Asturias y Cantabria) suben al 68,1 por ciento y la del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) crece al 54,8 por ciento; y Galicia Costa, que se encuentra al 51,8 por ciento de su capacidad total.

Ya por debajo del 50 por ciento se encuentran las del Norte I (sur de Galicia y norte de León) al 48,2 por ciento; la del Ebro al 44,8 por ciento; la cuenca del Tajo al 43,3 por ciento; la Cuenca Atlántica Andaluza al 39,1 por ciento; y la del Guadalquivir al 36,1 por ciento.

En situación más crítica están la Cuenca Mediterránea Andaluza, que se sitúa al 26,8 por ciento; las cuencas internas de Cataluña, con el 23,5 por ciento; la Cuenca del Júcar, con el 21,1 por ciento; y la del Segura, con tan sólo un 17,2 por ciento.

La capacidad total de las cuencas españolas es de 54.151 hectómetros cúbicos de reserva, aunque la cantidad de agua embalsada actualmente es de 23.469 hm3. De éstos, 18.803 se encuentran en la vertiente atlántica, mientras que 4.666 pertenecen a la vertiente mediterránea.

El director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, reafirmó ayer su apoyo rotundo a la política de trasvases con una advertencia: «asistimos a un proceso de cambio climático y, dado que hay cuencas mediterráneas que están menos afectas por la sequía, será la severidad del mismo la que obligará a la interconexión de todas ellas; desde las cuencas que sean excedentarias hacia otras deficitarias».

Comos realizó estas manifestaciones ayer en Castellón, donde asistió a la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) para realizar un estudio sobre el cambio climático y su incidencia en los recursos hídricos disponibles en las cuencas de los ríos Júcar y Segura.

Los expertos en investigación sobre recursos hídricos desplazados a la UJI explicaron que esta situación «determinará dónde deben situarse las conexiones intercuencas como complemento de los recursos hídricos alternativos proporcionados por la depuración, la desalación y una gestión eficaz del consumo». El convenio para el estudio de las cuencas del Júcar y del Segura se llevará a cabo por expertos en recursos hídricos.

Estará dirigido por el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I José Quereda, quien anunció ayer que las bases científicas del último informe «Climate Change 2007» de las Naciones Unidas, establecen que, para un escenario de un incremento anual del 1% de la concentración atmosférica del dióxido de carbono, «nuestra región mediterránea será la más vulnerable a los efectos del cambio climático de toda Europa».

Reducción de recursos hídricos

Esta cuestión implicaría que, «simultáneamente al aumento térmico de 2 o 3 grados, se produciría una reducción de recursos hídricos». Además, según Quereda, esta reducción podría alcanzar hasta un 33% de las actuales magnitudes de escorrentía mediterráneas, ya de por sí escasas, con valores medios anuales de 75 mm en las tierras valencianas.

El estudio «Evaluación del cambio climático y su incidencia en los recursos hídricos disponibles en las cuencas del Júcar y del Segura en el horizonte de los años 2030-2050», para el que el convenio no fija de momento una fecha de conclusión,prevé trabajar con datos novedosos.

Además, el estudio tratará de aportar los efectos que se han podido observar y analizar en las cuencas del Júcar y del Segura sobre la intensificación del ciclo hidrológico bajo condiciones climáticas contrastadas. De este modo, será posible establecer funciones de ajuste que vinculen las escorrentías totales detectadas con las precipitaciones y la temperatura.

El agua del Júcar bajará un 20%

El catedrático José Quereda avanzó que la cartografía geoestadística obtenida permite afirmar, preliminarmente, «que en un escenario climático con un aumento térmico de tan solo 1 grado y un 5 % menos de precipitaciones medias, la reducción de los recursos hídricos disponibles sobre la cuenca del Júcar sería de un 20%». Una reducción que implicarán mayores problemas a medida que las condiciones climáticas se endurezcan.

Para el desarrollo de este estudio, el equipo científico contará con las estadísticas de las series climáticas temporales obtenidas en el medio centenar de observatorios -con más de 50 años de antigüedad– que componen la red regional.

Además, tendrá el apoyo de la red de diez observatorios de estaciones automáticas de meteorología que la UJI tiene en el medio marino y en cimas alejadas de toda influencia humana.

Recuperar la unidad de acción y de discurso entre los regantes del Júcar, del Vinalopó y del Segura. Ésa es la tarea a la que el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, se aplicará en los próximos meses, según explicó ayer tras reunirse con el sindicato de Jóvenes Agricultores Asaja de Alicante.

El objetivo del Consell es superar el debate partidista y devolver las relaciones entre regantes de las distintas cuencas y con las administraciones a la situación de 2001, con la unanimidad en torno al trazado del Júcar-Vinalopó como bandera.

La campaña de recogida de firmas en apoyo de un manifiesto que cuestiona la calidad del agua en la desembocadura del Júcar, promovida por los regantes y la patronal alicantina, Coepa, ha reabierto el enfrentamiento entre los usuarios de los dos ríos. Un enfrentamiento que ya se registró hace dos años con el cambio de trazado efectuado por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Con la proximidad de la campaña electoral, el debate ha abandonado el terreno técnico para evidenciar una creciente politización. Tras la advertencia de los agricultores valencianos de interponer querellas contra futuros cuestionamientos de la calidad del agua, la propia sociedad estatal que promueve el trasvase, Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar), hizo lo propio el pasado viernes.

«Nefasta» política de Narbona

El conseller de Medio Ambiente atribuyó ayer la controversia, en última instancia, a la «nefasta» política hídrica desarrollada por su homóloga en el Ejecutivo central. Así, García Antón consideró que los regantes del Vinalopó están «disgustados» por el cambio de trazado, mientras los del Júcar lo están por una «mala interpretación» de la campaña puesta en marcha por los primeros.

En este sentido, recordó que los datos sobre contaminación y presencia de tóxicos -en los que basa su campaña la Junta de Usuarios del Vinalopó que preside Andrés Martínez- son los que publica la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en su página web. Es decir, el Gobierno.

Según estos datos, los análisis del organismo de cuenca han detectado en los últimos meses la presencia de hasta catorce sustancias tóxicas en el cauce bajo del río -si bien AcuaJúcar señaló la pasada semana que sólo en una ocasión el agua se consideró «no apta» para riego-. Entre ellas, según asegura Martínez, dos que son potencialmente cancerígenas.

Licitación del postrasvase

García Antón recordó que la campaña de los regantes del Vinalopó no pone en duda la calidad del agua que se emplea en el Júcar -antes de la desembocadura-, y llamó la atención sobre el hecho de que, con dichas sustancias, se pueden regar «algunos cultivos» -como los leñosos-, y «otros no» -como sucede con las hortalizas a las que se destinaría el agua del trasvase-.

Por su parte, el presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte, apostó también por recuperar la unidad con los agricultores del Júcar, ya que «tenemos demasiados intereses en común como para pelearnos». No obstante, insistió en que el agua del cauce bajo «tiene residuos y no se puede utilizar, como demuestran los datos».

Pese al enfrentamiento entre regantes y las diferencias que mantiene con el Gobierno central respecto a la toma idónea para el Júcar-Vinalopó, el Consell licitará en dos semanas las obras del postrasvase -cuya ejecución corresponde a la administración autonómica-. Se trata principalmente de las conexiones al embalse de Villena y las canalizaciones para regadío.

Apuesta por las transferencias

La defensa de los trasvases como solución al déficit hídrico se mantendrá, según García Antón, como una de las señas del PP y del Consell. De esta forma, el conseller rechazó el intento del Gobierno de sembrar la incertidumbre al respecto, y consideró que la política de Narbona legitima la defensa del trasvase del Ebro, «fundamental». En este sentido, consideró que la propuesta «ridícula» de llevar agua desalada desde Almería hasta Barcelona demuestra que el trasvase es «la única solución».

El catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, dijo ayer que el incremento en solo un grado en las temperaturas supondría una reducción de 15 a 20% de las actuales reservas en un plazo de 25-30 años, como consecuencia de un aumento de la evapotranspiración.

Quereda dirigirá el equipo científico que llevará a cabo un estudio sobre la incidencia del cambio climático en los recursos hídricos disponibles en las cuencas del Júcar y del Segura en el horizonte de los años 2030-2050, en virtud del convenio firmado ayer entre el rector de la UJI, Francisco Toledo, y el director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos.

El profesor explicó que «nuestra región mediterránea será la más vulnerable de Europa a efectos del cambio climático». Dijo que la Comunitat, al encontrarse en el límite sur de la zona templada, pero tocando con el sistema desértico, estará más expuesta a cualquier mínima variación, lo que supondría una importante merma de agua.

Quereda indicó que en una primera fase se hará una extrapolación, en un horizonte de 25 o 30 años, de las tendencias que han tenido las temperaturas y las precipitaciones. Para ello, se usarán los datos obtenidos en la última década del medio centenar de observatorios meteorológicos que componen la red regional para conocer los recursos hídricos disponibles en las cuencas del Júcar y del Segura.

Esta primera fase, dijo, servirá para proporcionar a la administración datos que le permitan adoptar estrategias de adaptación. A su juicio, la cuestión es acuciante. «No estamos hablando de un cambio climático previsto a escala geológica, sino para la próxima generación, porque el aumento es muy rápido».

La segunda parte del estudio, con un escenario temporal de mayor duración, permitirá verificar, no solo en el contexto regional, sino también en el de las áreas circundantes, si se va a producir un endurecimiento de las condiciones climáticas superior al previsto y, por tanto, si la reducción de las lluvias va a ser más severo si cabe.