No cesan las críticas al proyecto del Gobierno de Rodríguez Zapatero de trasvasar, mediante buques cisterna, el agua desalada en Carboneras (Almería) para paliar la grave sequía que afecta a Cataluña, y especialmente a Barcelona, plan que comenzará a ejecutarse a partir de mayo si antes de ese mes no llegan las lluvias. Ayer le tocó el turno al consejero de Medio Ambiente y Agua de la Generalitat valenciana, el popular José Ramón García Antón, quien calificó de «esperpento» que el Ejecutivo socialista «empezara la legislatura cargándose el trasvase del Ebro y termine llevando en barcos agua a Barcelona desde Almería», una zona, según recordó, que es deficitaria en este recurso. Asimismo, el consejero valenciano añadió que llevar agua desde la planta de Carboneras hasta la Ciudad Condal es «una locura» por su elevado precio.

Al respecto, García Antón estimó que el coste de desalinizar en Almería y transportar el agua en barcos hasta el puerto de Barcelona se situará en torno a un euro por metro cúbico. Así, explicó que el precio de desalinizar agua del mar se sitúa sobre 0,6 euros por metro cúbico, a lo que habría que añadir más de 0,3 adicionales en concepto de transporte en los buques cisterna hasta la Ciudad Condal, a unos 900 kilómetros del punto de origen. Además, recordó que, una vez en el puerto barcelonés, habrá que descargarla y distribuirla a los puntos a los que se necesite, por lo que el precio final será aún superior.

«Es una barbaridad»

En una rueda de prensa después de abordar en Alicante los problemas hídricos con el sindicato de Jóvenes Agricultores, García Antón afirmó que que es conocedor del transporte de aguas en barcos y advirtió de que se trata de una carga compleja porque se necesita una «limpieza extraordinaria» en los buques para garantizar que llegue en condiciones, informa Efe. Por ello, insistió en que este proyecto del Gobierno de Zapatero -que cuenta con el beneplácito de la Generalitat catalana así como de la Junta de Andalucía- es una «barbaridad» y consideró que se hace porque el Gobierno impone el Programa AGUA y la desalinización «por encima de todo» y pese a que el precio hace poco asumible el consumo y a que ambientalmente tiene «un coste muy alto» al consumirse energía al desalinizar y, posteriormente, en el transporte.

Mientras tanto, desde Andalucía, el presidente del Partido Popular de esta Comunidad y candidato a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, lamentó que el presidente regional, el socialista Manuel Chaves, no haya dicho «ni una palabra» sobre el transporte de agua desde la planta desalinizadora de Carboneras hasta Barcelona. Durante un acto público en Sevilla, el líder de los populares andaluces calificado «de juzgado de guardia» que se tenga que tomar agua de Almería cuando a esta provincia «se le ha negado» desde el Gobierno central la llegada del agua con la supresión del Plan Hidrológico Nacional.

Arenas, que aclaró que él nunca se negará a que se produzca la solidaridad entre las comunidades autónomas, dijo que «lo que no es de recibo» es que se pueda permitir que algunas tierras «pasen sed» mientras en otros lugares «se tira el agua» al mar, y sin embargo, ahora se tenga que coger agua de la provincia de Almería. En este sentido y tal como informó ABC, el consejero murciano de Agricultura y Agua, el también popular Antonio Cerdá, recordó el pasado lunes que, durante la legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero, «el río Ebro ha vertido al mar 36.000 hectómetros cúbicos».

Por su parte, el secretario general del PA y candidato de Coalición Andalucista (CA) a la Presidencia de la Junta, Julián Alvarez, rechazó que el agua de la planta desaladora del municipio almeriense de Carboneras tenga que ir a Cataluña cuando se trata de un territorio que cuenta con «muchos kilómetros de costa».

Acaba la legislatura y empieza el momento de los balances. El 6 de julio de 2004, pocos días después de derogar el trasvase del Ebro, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se comprometió solemnemente en Valencia a que en 2008 con las desalinizadoras y otras medidas incluidas en el Programa Agua llegarían a la Comunitat 400 hectómetros cúbicos de agua.

Han pasado casi cuatro años desde que el PSOE gobierna y la realidad no parece responder a las expectativas de la ministra. Sólo una de las siete nuevas desalinizadoras finalmente previstas en el Programa Agua para la Comunitat está en obras a sólo mes y medio de las elecciones. Además, la primera de estas siete no entrará en funcionamiento al menos hasta 2010.

A estas siete nuevas plantas (Torrevieja, Vega Baja, El Campello, Dénia, Sagunto, Oropesa y Moncofa), hay que sumarle, dentro de las actuaciones anunciadas por el Gobierno, la ampliación de las de Alicante, a punto de inaugurarse, y Xàbia (en proyecto) y la conexión de la desalinizadora de San Pedro del Pinatar con la Vega Baja, que ya está funcionando.

Sólo dos (Torrevieja y Vega Baja) tendrán capacidad para abastecer el riego agrícola, pese a que supone un 80% del agua que se consume en la Comunitat. Con ello, el principal problema hídrico que sufre el campo valenciano deberá aún esperar para tener una solución definitiva.

Desalinizadoras previstas
La ampliación de la desalinizadora de Alicante (Aguamarga) está a punto de inaugurarse. Tras ella, la que más avanzada se encuentra es la de Torrevieja, la mayor de Europa. Acuamed, la empresa dependiente del Ministerio que construye la planta, asegura que estará en funcionamiento a fines de este año.

Un plazo que parece difícil de cumplirse si se tiene en cuenta que la planta se encuentra pendiente de un recurso ante el Constitucional y aún no cuenta con todos los permisos. Además, ha estado paralizada varias semanas. De hecho, la de Carboneras (Almería), con una capacidad de producción un 50% inferior a la de Torrevieja, funciona al 15% tres años después de su inauguración. Los futuros usuarios, los regantes del Tajo-Segura, no están dispuestos a pagar el coste del agua desalada, ya que consideran que no podrán soportarlo.

Ninguna de las otras plantas está en obras. La ampliación de la desalinizadora de Xàbia depende de un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio que tras cuatro años de conversaciones aún no ha llegado.

La planta de la Vega Baja aún no tiene una ubicación definitiva, aunque se baraja Guardamar del Segura, y producirá entre 20 y 40 hectómetros cúbicos anuales. Las desalinizadoras de El Campello, Dénia, Sagunto, Moncofa y Oropesa están adjudicadas, pero no en obras, y tienen un plazo de año y medio.

El director general de Acuamed aseguró ayer en una visita a Castellón que la planta de Oropesa podrá funcionar en el segundo semestre de 2009.

Aproximadamente un 25% de los propietarios de explotaciones agrarias situadas junto al Júcar a su paso por Albacete han aceptado ya las condiciones de la Oferta Pública de Adquisición de Derechos de Agua (OPAD)lanzada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Según el testimonio del presidente actual de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental Francisco Belmonte recogido por La Verdad de Albacete, otro porcentaje importante de los 300 regantes con un total de 25.000 hectáreas afectadas por la OPAD se han puesto en contacto con la Junta para sumarse al proceso, cuyo plazo finaliza el 28 de enero.
De momento son un 25% del total de posibles usuarios que con su renuncia al caudal del río a cambio de ayudas garantizan un ahorro de 19 hectómetros cúbicos que la CHJ espera emplear en que el río Júcar no se seque a su paso por la llanura manchega.
El objetivo lanzado por la CHJ era obtener un ahorro de hasta 50 hm3, una cifra que en opinión de Belmonte puede alcanzarse al final del proceso.
La propuesta de la CHJ ha recibido mejor acogida que en 2006-2007, cuando prácticamente obligaba a renunciar a regar y establecía un precio de 19 céntimos de euro por metro cúbico.
En esta convocatoria el precio establecido es de 25 céntimos de euro y los agricultores que se acojan están obligados a reservarse una parte del caudal que no pueden vender y que necesariamente deben emplear para atender sus cultivos de primavera.
Las 25.000 hectáreas elegidas son las que con mayor rapidez absorben el caudal que circula por el río Júcar.

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, descendieron sus reservas una semana más, en este caso en tres hectómetros y almacenan esta semana un total de 297 hectómetros cúbicos, según los datos aportados hoy por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en nota de prensa.

En concreto, el embalse de Entrepeñas bajó sus reservas en tres y acumula 120 hectómetros de los 835 hectómetros cúbicos que puede almacenar, mientras que el pantano de Buendía mantuvo sus reservas y almacena 177 hectómetros cúbicos, de una capacidad total de 1.639.
 
La cabecera del Tajo, con estos datos, no hace más que acumular pérdidas de reservas en las últimas semanas, debido a la fuerte sequía que padece toda España.

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, hizo ayer balance de la legislatura socialista en materia hídrica y acusó a Rodríguez Zapatero de «ignorar, castigar y humillar a la agricultura murciana. Zapatero no tiene una idea nacional del agua y esconde su fracaso en la autonomía de la desalinización, el transporte de agua en barcos y en el rechazo frontal al trasvase del Ebro».

El responsable de la agricultura de la Región de Murcia aportó datos para subrayar que en los últimos cuatro años «el Ebro ha vertido al mar 36.000 hectómetros cúbicos». A su juicio, este dato sigue demostrando «la viabilidad de este proyecto».

El consejero murciano indicó el pasado sábado que el proyecto del Gobierno central de llevar agua desalinizada en barco, desde Almería hasta Barcelona, era la prueba palpable del fracaso de la política hidráulica de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ayer se reafirmó en lo mismo al añadir que la ministra Cristina Narbona ha acudido a la Región de Murcia «a escenificar este fracaso» con la visita a la desalinizadora de Valdelentisco, que no tiene energía eléctrica ni permiso de sanidad. En su opinión, el plan de desalinización socialista «hace aguas, entre la manipulación, la mentira y el engaño».

«Desconoce la realidad»

Cerdá destacó que «con los propios datos de la legislatura, Rodríguez Zapatero demuestra que desconoce la realidad de España. De no haberse derogado este trasvase del Plan Hidrológico Nacional, los agricultores murcianos hoy estarían regando con agua del río Ebro».

Detalló que en los últimos 18 años, los más secos de los últimos cien años, el Ebro ha vertido al mar 158.000 hectómetros cúbicos. Manteniendo el caudal ecológico y respetando las necesidades de la cuenca cedente, dijo, se hubiera podido trasvasar la cantidad prevista para atender al Levante español, y aún hubieran ido al mar 140.000 hectómetros cúbicos, es decir, una media de 7.780 hectómetros cúbicos al año, explicó.

Para el consejero, «estas cifras evidencian que se podrían haber realizado todos los trasvases incluidos en el Plan Hidrológico Nacional y se habría evitado el terrible daño que se ha hecho a la agricultura murciana», indicó. «El agua sigue estando en el Ebro, y no existe ningún dato oficial de la Unión Europea donde dijera que no se iba a subvencionar este proyecto, como intenta hacer creer el Ejecutivo socialista».

El consejero murciano de Agricultura indicó que el trasvase del Ebro venía a complementar el trasvase del Tajo, principal fuente de suministro en la Región.

Por su parte, el portavoz de los socialistas murcianos, José Ramón Jara, replicó al consejero Cerdá y dijo que la desalinizadora de Valdelentisco, «cuenta con todos los permisos» para su funcionamiento. Criticó que el consejero, «en su línea de deslealtad institucional», no acompañara a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, durante su visita, el domingo, a la desalinizadora. «Esta planta está produciendo agua desde hoy», aseguró José Ramón Jara.

El PSOE tiene un nuevo objetivo desde hace una semana: Manuel Pizarro. El fichaje estrella de Mariano Rajoy ha escocido en las filas socialistas y desde que se conoció que sería el número 2 del PP por Madrid en las generales, el PSOE aprovecha cualquier oportunidad para atacar. Ayer el turno le tocó a María Teresa Fernández de la Vega, cabeza de lista de los socialistas por Valencia.

De la Vega participó en la presentación de las candidaturas del PSOE en la Comunitat en un acto celebrado en el Jardín Botánico de Valencia. Su discurso se dividió en tres ejes: la promesa de hacer una campaña limpia, la crítica al discurso y candidatos del PP y el cumplimiento de las promesas del Gobierno con la Comunitat. En este último apartado es donde salió a relucir el nombre de Pizarro y precisamente lo hizo ligado a un tema espinoso que ha enfrentado a Gobierno y Consell a lo largo de toda la legislatura: el agua.

La candidata socialista afirmó que a los valencianos «no les ha faltado nunca el agua en estos cuatro años, mientras que en los anteriores, con Aznar y Rajoy, muchos tuvieron que dejar cerrados los grifos». «Por cierto» -se preguntó De la Vega- «Habrá que preguntar al PP si piensan traer mucho a Pizarro por aquí para que explique a los valencianos por qué se ha opuesto siempre al trasvase del Ebro». Las risitas entre el resto de candidatos se hicieron evidentes como muestra de que se habían apuntado un tanto.

En efecto, Pizarro, nacido en Teruel, siempre se ha mostrado contrario a la obra que sí defiende su nuevo partido -se afilió al PP hace unos días-. El ex presidente de Endesa afirmó hace unos días que siempre defenderá el llamado Pacto del Agua, aprobado en las Cortes de Aragón y contrario al trasvase.

De la Vega entró así de lleno en la batalla por el trasvase del Ebro de la que también es protagonista. El PP, de hecho, no ha dejado de recordar desde que es candidata, que fue De la Vega quien firmó el decreto de derogación del trasvase del Ebro y ahora se presenta por Valencia.

La postura de Pizarro, contraria a la de su partido, no es sin embargo, única. Y es que en las mismas filas del PSOE hay quien ha apoyado la obra hídrica a pesar de que va en contra de lo establecido por su partido. Así, Jordi Sevilla llegó a señalar que el trasvase del Ebro era una obra «que reivindicaría hasta el final», mientras que Josep Borrell apostó por la obra hasta un mes antes de su derogación, en 2004.

De la Vega se mostró convencida de que el PP no incluirá el trasvase del Ebro en su programa electoral, aunque desde el PP valenciano se hayan dado garantías de que sea así.

La cabeza de lista del PSOE también habló de infraestructuras para señalar que, «pese al victimismo triste e injusto del PP, la Comunitat Valenciana ha avanzado». De la Vega señaló que se han invertido 1.000 millones de euros en carreteras y se han construido 125 kilómetros de autovías. «Hemos hecho mucho por Valencia, como demuestran los aeropuertos y los puertos, que hoy acogen a más pasajeros y mercancías gracias a las inversiones del Gobierno de España», añadió.

Y para terminar con este capítulo, otro tema polémico: el AVE. Según la vicepresidenta del Gobierno, el PP sólo puso la primera traviesa de la obra y será el PSOE quien traiga la alta velocidad a la Comunitat. Sin especificar fechas para Alicante y Castellón, De la Vega sí confirmó que la conexión Madrid-Valencia estará operativa en 2010. «No les gusta oírlo, pero esa es la verdad», dijo.

Candidatos del pasado
Durante todo su discurso, la cabeza de lista del PSOE criticó al anterior Gobierno, «el de Aznar y el de Rajoy» y señaló que en un proyecto político las personas cuentan mucho. «No es lo mismo un proyecto liderado por Zapatero que otro con Rajoy, Acebes, Pizarro y Aguirre», con quienes el PP, señaló, ha fijado el rumbo «a la derecha más derecha y en lugar de avanzar han metido la marcha atrás».

Para De la Vega, los socialistas presentan un equipo con liderazgo que apuesta por el diálogo y por una economía fuerte. La candidata indicó que el objetivo de los socialistas es hacer que la Comunitat Valenciana sea «más próspera y pujante que nunca» y esté a la cabeza de la modernización del país y para conseguirlo tienen que convencer a los ciudadanos de que su mensaje es el mejor.

De la Vega también aprovechó el acto para que se escuchara, por primera vez de su boca, que está dispuesta a enfrentarse a un cara a cara con Esteban González Pons, número 1 del PP por Valencia. Aseguró que ya era hora de que el PP se prestara a hacer debates y dijo que habrá tantos como los ciudadanos quieran. Indicó que el propio Zapatero ha expresado a sus candidatos que deben salir a debatir para dar a conocer el proyecto del PSOE.

La candidata habló por último de su interés por hacer una campaña limpia y respetuosa. «La nuestra va a ser una campaña de propuestas y objetivos, alejada del insulto barriobajero, de la descalificación y de la injuria que solo practican los que no saben hacer otra cosa», añadió. La candidata se reunió después con los candidatos, a los que transmitió su confianza de cara a las elecciones. Según expresó, las encuestas indican que la Comunitat es la región en la que los socialistas más crecerán en las generales.

Nunca, al menos desde que lo miden los meteorólogos (1947), llovió tan poco en España como entre septiembre de 2004 y agosto de 2005, en el arranque de la legislatura que ahora acaba. Aún hoy, los sistemas hídricos de varias comunidades están al límite. ‘Pedimos a los ciudadanos un último esfuerzo, las desaladoras funcionarán a pleno rendimiento el próximo año’. Son palabras de agosto de 2006, pero el director general del Agua, Jaime Palop, las ha repetido en sus múltiples visitas al litoral mediterráneo, la zona más sedienta, como un mantra para espantar el fantasma de la sequía, una amenaza habitual esta legislatura. La apuesta por las desaladoras es la novedad más visible de la política de agua del Gobierno. Y también la más polémica.

La decisión de cancelar el proyecto de trasvase del Ebro del PP condicionó el nacimiento del programa AGUA del Gobierno socialista y muchos expertos ven en esta circunstancia su pecado original. El programa tiene en la puesta en servicio, ampliación y construcción de 36 desaladoras una de sus medidas básicas para satisfacer las necesidades de agua de las cuencas mediterráneas. Los que exigen la resurrección del trasvase insisten en el coste energético de las desaladoras y sostienen que su precio es prohibitivo para los regantes. Los que defendieron la cancelación del trasvase, creen que el Gobierno ha cedido a la presión mediática en su planificación, critican las subvenciones en el precio a los regantes y temen que problemas de sobredimensionamiento como el de Carboneras -la mayor desaladora en servicio funciona al 15% de su capacidad-, se repitan.

‘La desalación es útil, lo que es un error es encomendar a las desaladoras la solución del problema del agua’, opina Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua. Cabezas, que fue subdirector de Planificación Hidrológica con el Gobierno del PP, mantiene que un trasvase atendería mejor y con menos coste energético las necesidades de los regantes: ‘El precio del agua desalada lo van a poder pagar las ciudades, pero no los agricultores. Eso tiene implicaciones territoriales claras’.

El excesivo coste energético de la desalación es una crítica habitual al sistema y el apelativo de ‘electricidad embotellada’ ha hecho fortuna. ‘El gasto en electricidad por metro cúbico desalado ha disminuido mucho y aún hay margen para algún recorte adicional’, rebate Antonio Estevan, de la consultora medioambiental Gea21.

Estevan pertenece a la Fundación Nueva Cultura del Agua, que se significó por su oposición al trasvase del Ebro y su respaldo a los planes del Gobierno. Pero su visión sobre las desaladoras ha cambiado. Estevan presentará en un foro de expertos organizado por el Ministerio un estudio sobre las desaladoras en el que se critica que se hayan puesto en marcha varias plantas sin contratos cerrados que garanticen la compra de agua a un determinado precio.

El informe relaciona esta práctica con cesiones del Gobierno a la presión social tras la derogación del trasvase. Y advierte de que puede haber problemas para colocar el agua que se desale y, por tanto, para que las plantas trabajen a plena capacidad, lo que dispararía los costes.
‘El programa AGUA se está yendo a pique’, abunda Manuel Ramón Llamas, catedrático emérito de Hidrogeología y uno de los expertos más reputados en esta materia. Las críticas de Llamas, que también pertenece a la fundación, se centran en los escasos avances del Gobierno en hacer pagar a los regantes, que consumen más del 80% del agua, el coste del abastecimiento. ‘Las desaladoras son una solución tecnológica interesante, pero se está volviendo a vulnerar el principio de que todos los usuarios paguen el mismo precio, no entiendo por qué los demás tenemos que seguir subvencionando a regantes que van en Mercedes’. Llamas cree que tampoco ha habido avances significativos en el control de las aguas subterráneas de las que se nutren los agricultores del litoral mediterráneo con costes mínimos y, en muchos casos, sin autorización administrativa.

La perspectiva de los regantes es bien distinta. ‘El Ministerio quiere que aceptemos pagar 36 céntimos de euro por metro cúbico y, que si no necesitemos el agua, paguemos 25 céntimos para compensar el parón de la planta. No podemos asumirlo’, afirma Francisco del Amor, presidente del sindicato central de regantes del Tajo-Segura. El sindicato, que representa a los propietarios de 130.000 hectáreas de riego en Murcia, firmó con Medio Ambiente un ‘compromiso de buenas intenciones’ para comprar agua de la desaladora de Torrevieja, ya en obras.
Un precio de 36 céntimos por metro cúbico es un precio subvencionado, ya que las empresas del sector estiman que el coste real está entre 50 y 70 céntimos por metro cúbico, que es lo que sí pagan las poblaciones que se abastecen de agua desalada. Pero para los regantes del Tajo-Segura es mucho: el agua del trasvase les sale a 10 céntimos y la de sus pozos, gratis. ‘Podemos pagar eso por el agua desalada en situaciones puntuales, pero no comprometernos a comprar agua todas las campañas’, añade el presidente del sindicato de regantes.

A la posibilidad de que los regantes no vayan más allá de sus ‘buenas intenciones’, se suman los cálculos de los que creen que la demanda de agua urbana que saciarían las desaladoras están hinchados, no toman en cuenta que muchas zonas del litoral pierden población en temporada baja o anticipan planes de expansión residencial de dudosa ejecución. ‘Se están produciendo aumentos de oferta sin sentido, se incentivan desarrollos urbanísticos insostenibles’, asegura Guido Schmidt, de la organización ecologista WWF-Adena.

El estudio de Estevan sí da argumentos a los que defienden la mejora en la eficiencia energética de la desalación. Según sus cálculos, la emisión de dióxido de carbono de las desaladoras, cuando se terminen las previstas en el programa AGUA, será equivalente a un millón de toneladas de C02, apenas el 0,25% de las emisiones totales en España. Y añade un estudio comparativo entre los costes de un trasvase (el Tajo-Segura) y una desaladora en la única localidad (Alicante) en la que ambas técnicas conviven: el coste energético de poner el agua en la casa de un alicantino resulta menor con la desalación que con el trasvase.

‘En el tema de las desaladoras, el ministerio se tiene que defender de dos frentes, los que exigen el agua que prometía el trasvase y los que pensamos que hay que insistir más en el ahorro, el reciclaje y el control de la demanda, el equilibrio es complicado’, concede Schmidt.
En la antesala de la campaña electoral y con la sequía volviendo a amenazar esta primavera en varias comunidades, el retraso en el despliegue de las desaladoras da más aire a la polémica. Tras varios retoques al programa AGUA, se pusieron en servicio cuatro grandes desaladoras ya construidas, y se programaron cinco ampliaciones y la construcción de 17 nuevas plantas. Además de estas 26 desaladoras en el litoral mediterráneo, se han añadido ocho plantas más en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares. El Ministerio de Medio Ambiente calcula que estas 34 desaladoras sumarán una capacidad de 713 hectómetros cúbicos. Pero los vaticinios sobre los plazos fallaron: hasta 2007, año en el que se estimó que estarían todas operativas, sólo se habían puesto en marcha dos ampliaciones en Alicante y Murcia y las plantas de Ceuta y Melilla.
Medio Ambiente rehusó atender a este periódico para explicar las razones del retraso. A nadie escapa la dificultad de poner en pie el más ambicioso plan de desalación que se acomete fuera de Oriente Próximo, con una inversión de casi 2.000 millones de euros. Pero hay más razones. Y la animadversión a los planes del Gobierno en las comunidades que esperaban el trasvase del Ebro no es ajena a ellas.

El PP ha puesto en la Comunidad Valenciana multitud de problemas al despliegue de las desaladoras. ‘No podemos admitir que se haya eliminado el trasvase del Ebro y se nos ofrezca como alternativa las desaladoras’, reitera el consejero de Medio Ambiente valenciano, José Ramón García Antón. El dirigente popular sostiene que las desaladoras son una medida ‘puntual’, pero que no garantizan el agua que necesita la ‘productiva agricultura mediterránea’.
Los populares valencianos han repetido estas ideas para argumentar trabas administrativas -como las que retrasaron las obras de la desaladora de Torrevieja, que será la mayor de Europa- o en campañas publicitarias que reivindican la resurrección del trasvase del Ebro. Aunque aquí no han encontrado un respaldo nítido de la dirección nacional del PP, preocupada por la falta de votos en Cataluña y Aragón, radicalmente opuestas al trasvase.

Pese a todo, la desalación, como obra hidráulica que permite garantizar suministros de agua en un periodo no demasiado largo -se tarda menos de dos años en construirlas- gana adeptos entre los gobiernos que deben lidiar con la sequía. A la tradición de los países de Oriente Próximo o Australia, se unen ahora los encargos de países del Norte de África, EE UU o China, captados en muchos casos por empresas españolas. Y aquí, la Generalitat acaba de anunciar que pretende triplicar antes de 2010 la desalación ya prevista para Cataluña en el plan AGUA.

La Consejería de Agricultura ha pagado 38,8 millones de euros en concepto de ayudas para los planes de reestructuración y reconversión del viñedo, subvenciones que se repartirán entre 1.496 viticultores de Castilla-La Mancha para una superficie cercana a las 5.000 hectáreas.

Con esta transferencia, el Gobierno regional inicia el pago de las ayudas para la reestructuración y/o reconversión del viñedo correspondiente a la campaña 2007-2008.

Por provincias, Albacete percibirá algo más de 14 millones de euros para 571 agricultores y una superficie de 1.803 hectáreas. Le sigue Ciudad Real, donde se destinarán 11,9 millones para 366 viticultores y 1.466 hectáreas.

La distribución en Cuenca es de más de 7,3 millones de euros para 344 productores y 957 hectáreas, mientras que en Toledo la ayuda supera los 5 millones de euros, de los que se beneficiarán 211 agricultores con 721 hectáreas.

Por último, en la provincia de Guadalajara se concederán ayudas por importe de 28.520 euros para 4 beneficiarios y 11 hectáreas.

El día 14 de enero se abrió un nuevo plazo para la presentación de avales para aquellos viticultores que tengan aprobado el pago anticipado, plazo que estará abierto hasta el próximo 30 de abril.

La Consejería de Agricultura puso en marcha el Plan de Reestructuración y Reconversión del Viñedo en la campaña 2000-2001, acogiéndose al marco de la OCM del vino de la Unión Europea.

Anualmente, Castilla-La Mancha recibe para estas actuaciones más de la mitad de los fondos comunitarios asignados a España, ayudas que los viticultores aprovechan para mejorar la estructura productiva de sus explotaciones e introducir nuevas variedades de uva que sirven para la elaboración de vinos de mayor calidad y demanda en el mercado.

En concreto, en la última aprobación correspondió a la región el 54,8 por ciento del presupuesto, porcentaje que supone casi 89 millones de euros para actuaciones en 13.559 hectáreas. Una vez abonados estos 38,8 millones de euros, la Consejería seguirá pagando ayudas con cargo a este presupuesto durante 2008.