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Un 25% de los regantes ya se han sumado a la Oferta de Adquisición de Derechos de Agua

A falta de apenas diez días para que concluya el plazo para adherirse a la Oferta Pública de Adquisición de Derechos del Agua (OPAD) planteada por la Confederación del Júcar para el área comprendida en el tramo medio del río Júcar, desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO)confían en que las expectativas se cumplan y se consiga el ahorro esperado de 50 hectómetros cúbicos.

Así lo manifestó el presidente de los regantes albaceteños, Francisco Belmonte, quien añadió que preven que la respuesta será más positiva que la obtenida en la anterior convocatoria realizada el año pasado desde la Confederación.

Los datos de solicitudes que ya se han tramitado en las oficinas de la JCRMO apuntan en esa línea. De hecho hasta el momento estiman que un 25% del total de usuarios que podían adherirse a esta Oferta Pública de Adquisición de Derechos del Agua ya lo han hecho. Sólo con las solicitudes de adhesión tramitadas hasta el momento se podría garantizar un ahorro de unos 19 hectómetros, según Belmonte.

Agilizar las peticiones

Además otro porcentaje importante de los aproximadamente 300 regantes, con un total de 25.000 hectáreas, a los que afecta esta convocatoria ya han puesto en conocimiento de los técnicos de la Junta Central su intención de sumarse a este proceso. Motivo por el cual, Belmonte hizo un llamamiento para que aquellos regantes que quieran adherirse a este procedimiento no esperen a agotar el plazo establecido, cuya culminación está fijada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para el próximo día 28 de enero.

En esta ocasión, como en la anterior convocatoria el objetivo es igualmente y fundamentalmente «ecológico». No obstante, existen diferencias importantes con respecto a la oferta realizada el año pasado. Así en esta ocasión se ha fijado en 25 céntimos de euro el precio que se pagará a los agricultores por metro cúbico de agua, frente a los 19 de la anterior convocatoria. Además este año los usuarios que se acojan a este proceso están obligados a reservarse un volumen de agua para atender a sus cultivos de primavera o verano.

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Un 25 por ciento de los regantes ya se han sumado a la Oferta de Adquisición de Derechos de Agua

A falta de apenas diez días para que concluya el plazo para adherirse a la Oferta Pública de Adquisición de Derechos del Agua (OPAD) planteada por la Confederación del Júcar para el área comprendida en el tramo medio del río Júcar, desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO)confían en que las expectativas se cumplan y se consiga el ahorro esperado de 50 hectómetros cúbicos.

Así lo manifestó el presidente de los regantes albaceteños, Francisco Belmonte, quien añadió que preven que la respuesta será más positiva que la obtenida en la anterior convocatoria realizada el año pasado desde la Confederación.

Los datos de solicitudes que ya se han tramitado en las oficinas de la JCRMO apuntan en esa línea. De hecho hasta el momento estiman que un 25 por ciento del total de usuarios que podían adherirse a esta Oferta Pública de Adquisición de Derechos del Agua ya lo han hecho. Sólo con las solicitudes de adhesión tramitadas hasta el momento se podría garantizar un ahorro de unos 19 hectómetros, según Belmonte.

Agilizar las peticiones

Además otro porcentaje importante de los aproximadamente 300 regantes, con un total de 25.000 hectáreas, a los que afecta esta convocatoria ya han puesto en conocimiento de los técnicos de la Junta Central su intención de sumarse a este proceso. Motivo por el cual, Belmonte hizo un llamamiento para que aquellos regantes que quieran adherirse a este procedimiento no esperen a agotar el plazo establecido, cuya culminación está fijada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para el próximo día 28 de enero.

En esta ocasión, como en la anterior convocatoria el objetivo es igualmente y fundamentalmente ‘ecológico’. No obstante, existen diferencias importantes con respecto a la oferta realizada el año pasado. Así en esta ocasión se ha fijado en 25 céntimos de euro el precio que se pagará a los agricultores por metro cúbico de agua, frente a los 19 de la anterior convocatoria. Además este año los usuarios que se acojan a este proceso están obligados a reservarse un volumen de agua para atender a sus cultivos de primavera o verano.

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Programa del PSOE

Bajo el capítulo titulado «El cambio climático, un problema global y social», el quinto del programa -consta de seis-, se enmarca la política de los socialistas dedicada a la agricultura, bajo el epígrafe «Un futuro sostenible para el medio rural», que principalmente se sostiene sobre la recientemente aprobada Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. De su aplicación depende, aseguran los socialistas, “la mejora de la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y su acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad, al tiempo que se conserva su patrimonio natural y cultural”.

El PSOE ensalza esta ley por poseer un contenido “multisectorial” que comprende acciones y medidas que abarcan desde la agricultura y la diversificación económica a las infraestructuras, equipamientos y servicios “que requiere una gobernanza transversal contando con la cooperación de todas las administraciones”.

Para el sector agroalimentario, que destaca como uno de “nuestros sectores estratégicos”, el PSOE creará una Ley General Agroalimentaria, que: permita “actuar en todos los frentes, desde la agricultura al consumo, ordenando y favoreciendo unas relaciones más justas y seguras entre los diferentes sectores de la cadena alimentaria”; actualice la normativa actual; y coordine las políticas para este sector “a nivel de todo el Estado”.

Además, prestarán especial énfasis en: fomentar las relaciones entre la producción agraria, la agroindustria, la distribución y los consumidores, con medidas como la actualización de la legislación sobre profesiones agroalimentarias y el fomento de los contratos agrarios o el establecimiento de acuerdos de comercialización por productos; impulsar la salud y el bienestar de la ciudadanía en relación con los alimentos estableciendo un Plan de Seguridad y Calidad Alimentaria; maximizar el valor añadido de la cadena alimentaria, reforzar la formación y la seguridad en el trabajo, hacer frente a las crisis de las materias primas y aumentar la presencia en los mercados internacionales, y el apoyo a los proyectos de I+D+i así como la aplicación del nuevo Plan Estratégico del Cooperativismo; y potenciar una cadena alimentaria respetuosa con el medio ambiente, favoreciendo el establecimiento de códigos de responsabilidad social y medioambiental en el conjunto de la cadena alimentaria.

El compromiso en defensa de la agricultura española se concreta para el PSOE en seis acciones principales; apoyar una PAC “mejorada y adaptada” que garantice un abastecimiento seguro y estable, salvaguardando los intereses de los agricultores y los derechos de los consumidores, para lo que defenderán la máxima simplificación de las medidas y la redistribución de las ayudas a favor de los agricultores y territorios prioritarios y propugnarán condicionar las ayudas al cumplimiento de criterios de condicionalidad.
 
Además persiguen la mejora del nivel de renta de los agricultores, estableciendo un sistema coordinado de actuaciones orientadas a moderar el crecimiento de los costes de producción, regularizar los ingresos y lograr unos precios justos al productor, mediante el fomento de contratos agrarios y acuerdos interprofesionales, la universalización de los seguros agrarios y una nueva potenciación del cooperativismo; promueven un apoyo preferente a los profesionales de la agricultura de zonas rurales prioritarias, fomentando la suscripción de contratos territoriales con las administraciones públicas; establecer un Estatuto del Profesional de la Agricultura y un Estatuto del Asalariado Agrario que recoja sus derechos y obligaciones de cara a una agricultura sostenible; profundizar en el proceso de modernización de nuestra agricultura; y favorecer el desarrollo de una agricultura ecoeficiente, que realice una adaptación ambiental de los sistemas de producción agraria intensiva, promueva la producción y el uso de las energías renovables y los biocombustibles y reduzca la contaminación, para lograrlo aprobarán un Plan Nacional de Calidad Ambiental Agrícola y Ganadera y “seguiremos priorizando el apoyo al fomento y desarrollo de la agricultura ecológica”.

UNA NUEVA POLÍTICA RURAL

En definitiva, de ganar las elecciones el PSOE defenderá en su próxima legislatura una nueva política rural de Estado “que se apoya en la cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas y las entidades locales, respetando el marco competencial”, y promueva la participación del sector privado. Además, buscará una mayor integración territorial de las zonas rurales.

Para desarrollar esta nueva política defienden como prioritarias la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural; un programa de Desarrollo Rural Sostenible plurianual; una atención prioritaria a las zonas rurales más necesitadas de apoyo y a ciertos grupos de población como la mujer rural, los jóvenes y los mayores; una cooperación elevada entre las administraciones con las comunidades y la administración local a través de un organismo de coordinación constituido por el Consejo para el Medio Rural; y el establecimiento de una Mesa de Asociaciones para el medio rural, como órgano de participación, información y consulta de las entidades asociativas relacionadas con el medio rural.

PESCA

Con el objetivo de seguir liderando la defensa de una pesca sostenible y responsable en el ámbito internacional, incrementarán la presencia internacional de nuestra industria pesquera, perseguirán mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo y calidad de vida de los trabajadores del mar y promoverán la mejora de la situación de los recursos marinos y una acuicultura respetuosa con el medio ambiente.

En base a estos objetivos llevarán a cabo actuaciones destinadas a: ajustar el esfuerzo pesquero reforzando el apoyo institucional, impulsando la actualización de la Ley de Pesca Marítima y desarrollando una nueva Ley de Apoyo a los Intereses Pesqueros en el Exterior; promover la consolidación y la ampliación de la red de acuerdos pesqueros con terceros países; mejorar las condiciones sociales de los trabajadores del mar y promover contratos con los inmigrantes, así como adoptar medidas que permitan a todos los pescadores disponer de un localizador personal para su seguridad; fomentar sistemas de seguros que cubran las adversidades meteorológicas “y en particular a todas las embarcaciones de bajura”; favorecer la actividad pesquera con criterios de sostenibilidad; y aumentar la investigación para un mejor conocimiento y gestión de los recursos.

OTRAS MENCIONES AL SECTOR

Aunque no específicamente en el apartado dedicado al sector agrario, en el resto del programa los socialistas hacen menciones a otros temas que afectan a nuestro sector, destacando especialmente la importancia que le otorgan a la sostenibilidad ambiental, cambio climático y energía; a la necesidad de un nuevo contrato social con el agua; y a proteger, conservar y recuperar nuestra biodiversidad para seguir creciendo.

De cara al presupuesto de la UE, que se negociará en 2009, el PSOE pretende defender la financiación de las políticas comunes tradicionales, la PAC, y la política de cohesión, «como parte fundamental de la UE». En su opinión, «necesitamos» una política agrícola que «promueva el desarrollo rural integral y valore el papel fundamental de los agricultores», tanto para garantizar el abastecimiento de alimentos, como en materia de medioambiente, paisaje, seguridad alimentaria, bienestar animal y sanidad vegetal.

Para la política laboral, el programa dedica tres líneas a los trabajadores agrarios por cuenta ajena, con los que se compromete a cumplir los compromisos adquiridos en 2006, de modo que a partir del 1 de enero de 2009 «se integrarán en un sistema específico dentro del Régimen General».

En el capítulo de Sanidad, estaremos atentos al que denominan «refuerzo de las políticas preventivas», ya que es «prioridad» del PSOE ejecutar «acciones para prevenir el alcoholismo y disminuir el consumo de alcohol». Además, prometen crear, una Ley de Salud y Seguridad Alimentaria, que, entre otras medidas, coordine las actuaciones de las administraciones sanitarias, fortaleciendo las actuaciones preventivas.

Además en Consumo, cabe destacar la creación de la figura del defensor del consumidor y el Observatorio de políticas de consumo que «impulsen, refuercen y distingan las buenas prácticas empresariales y de la administración al tiempo que promuevan el consumo ético y sostenible y las prácticas individuales y colectivas de los individuos frente al cambio climático».

Asimismo promoverán Planes Estratégicos Sectoriales para los sectores industriales, identificados en el Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 que afecta a 10 sectores entre los que se incluyen alimentación, agricultura y pesca y que recoge como objetivo alcanzar un gasto en términos PIB del 2,2 por ciento en el año 2011, llegando la financiación empresarial a un 55 por ciento.

También apoyarán la transformación y modernización de los mercados municipales como centros comerciales competitivos en productos de alimentación y las galerías comerciales en poblaciones menores. En estas últimas, además, desarrollarán programas de desarrollo rural en los que mediante comercios multiservicio, apoyos a la logística y al transporte, se garantice un nivel suficiente de abastecimiento a la población.

Reconocen como un «problema» que el incremento de los precios en la cadena alimentaria «no siempre es comprendido por los agentes económicos». Para hacerle frente, «proponemos avanzar en transparencia y en la información sobre los procesos de formación de precios, mediante la publicación periódica de los precios en los diferentes niveles de canal y formatos comerciales, así como el análisis de la información».

Para el medio rural, buscan garantizar la atención en los entornos rurales que permita la permanencia de las personas en su medio, potenciando los servicios y las redes de apoyo a las personas dependientes que viven en el mundo rural. Además, incorporarán a todas las políticas y programas de sostenibilidad y desarrollo en el medio rural, la perspectiva de la discapacidad, realizando un estudio integral de las necesidades de las personas discapacitadas en estos ámbitos que sirva como base para la aprobación de una Estrategia Global de Actuación en el medio rural.

AGUA

Los socialistas están convencidos de la necesidad de un «nuevo contrato social con el agua» que garantice calidad de vida, respeto al medio ambiente, y solidaridad». Lo fomentarán a través de campañas de sensibilización en los nuevos valores del agua y con la creación de un Centro de Estudios del Agua, que permita tratar otros temas emergentes como la ecología, la economía del agua o la participación pública.

Los socialistas defienden el Plan Nacional de Calidad de Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, que permitirá, según el texto, que en los próximos ocho años «alcancemos el buen estado ecológico de las masas de agua españolas».

El principal reto, es aumentar el uso «responsable, racional y eficiente» del agua en todos los sectores, principalmente en el agrario del que dicen, «es el mayor consumidor», por lo que deben aplicarse políticas que fomenten el desarrollo de regadíos con sistemas eficientes de agua.

Así, ampliarán el horizonte del Plan de Choque con el objetivo de que en 2012 los regadíos eficientes «supongan al menos el 80 por ciento del total, y alcancen el 100 por cien en 2016»; extenderán los bancos públicos de agua a todas las cuencas; impulsarán un Plan Nacional de Reutilización de Aguas regeneradas para «aprovechar inicialmente más de 1.000 hm3 anuales para usos no potables»; y seguirán promoviendo la desalinización «de modo que para 2012 España dispondrá de más de 1.000 hm3 de agua potable animal garantizada a partir de esta tecnología».

Además, el PSOE define tres líneas de actuación básicas para conseguir sus objetivos con el recurso del agua, reforzar el papel coordinador del Gobierno de España en las políticas de agua, impulsar nuevos mecanismos de participación de la ciudadanía, y promover un gran pacto por el agua: los plantes hidrológicos de Cuenca. Para lo que contempla diseñar mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones para implementar los nuevos estatutos; completar el proceso de transferencia de las competencias sobre cuencas internas a las comunidades autónomas; dar mayor participación a las CCAA en la gestión de las cuencas; otorgar mayor protagonismo a las administraciones locales; crear un Observatorio Nacional del Ciclo Urbano Sostenible del Agua; ampliar el concepto de usuario en los Organismos de Cuenca; y convertir los nuevos Planes Hidrológicos de Cuenca en espacios para el diálogo, el consenso y el pacto.

POLÍTICA EXTERIOR

Los socialistas afirman que no hay que resignarse ante el fracaso de las negociaciones de la Ronda de Doha en la Organización Mundial del Comercio (OMC), por eso «trabajaremos también desde la UE para lograr un acuerdo que tenga en cuenta los intereses de los países menos avanzados» y que garantice «los estándares sociales, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad del medio rural y la no disminución de los estándares sociales y medio ambientales europeos, con la defensa de las normas básicas de derechos laborales y trabajo decente».

También abogan por la aplicación de incentivos y mecanismos de salvaguardia para los países en desarrollo así como el refuerzo de los vínculos entre la OMC y la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el programa de kyoto de energías renovables.

Gran parte del texto del programa electoral, está salpicado de mensajes dedicados a la protección medio ambiental, energía y el agua, así como la lucha contra el cambio climático y la pobreza. De hecho, según los socialistas, estas constituyen desafíos que «sólo pueden afrontarse con un enfoque multilateral y con una intensa y comprometida cooperación internacional». El multilateralismo, dicen, y la apuesta por la ONU, es la «única vía capaz de asegurar unos derechos globales en el mundo».

Precisamente, otra ley que pretenden aprobar se refiere a la eficiencia energética y energías renovables con el objetivo de  garantizar las inversiones y rentabilidad de los implicados; mayor investigación en las energías renovables y en la captura y almacenamiento de CO2; incentivos para las empresas que reduzcan sus emisiones de CO2; financiación para la plantación de 45 millones de árboles; y promoción del uso de biocarburantes «especialmente los de segunda generación».

Preocupados porque la producción y el consumo incorporen crecientes exigencias de calidad ambiental, como «condición indispensable para garantizar la salud y la calidad de vida, así como el acceso duradero a los recursos no renovables. Para ello, los socialistas aprobarán un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente que lo permita, enfocado a la educación, la formación y el acceso a la información y participación de los ciudadanos.

Además, bajo el lema «el que contamina paga» pretenden avanzar en impuestos que puedan servir para potenciar la protección medioambiental, la prevención del cambio climático, el control de emisiones contaminantes, la conservación de los recursos hídricos y la promoción de las energías renovables, epígrafe al que han llamado «Tributación medioambiental».

Todas las propuestas, se basan pues, en trabajar por un sistema multilateral «sólido, eficiente y legitimado en su actuación, que incluyan las dimensiones sociales, ambientales y de la seguridad, además de económica para afrontar los desafíos que plantean la globalización y la gobernabilidad mundial».

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´Agua y Progreso´ y la UJI estudiarán la incidencia del cambio climático en el Júcar

El estudio, que se denominará ´Evaluación del cambio climático y su incidencia en los recursos hídricos disponibles en las cuencas del Júcar y del Segura en el horizonte de los años 2030-2050´, tratará de aportar los efectos que, sobre la intensificación del ciclo hidrológico, se han observado y analizado en las cuencas del Xúquer y del Segura bajo condiciones climáticas contrastadas.

De este modo, explicaron que, dadas las estrechas relaciones existentes entre los elementos climáticos que intervienen en el ciclo hidrológico natural, «será posible establecer funciones de ajuste que vinculen las escorrentías totales con las precipitaciones y la temperatura».

Además, indicaron que este trabajo adquiere «una gran trascendencia» a tenor de las consideraciones que los modelos desarrollados establecen sobre la región mediterránea. En este sentido, las bases científicas de los últimos informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) predicen que ésta será «la región más vulnerable de Europa a efectos del cambio climático».

Las mismas fuentes puntualizaron que esta «vulnerabilidad» está basada en que, simultáneamente al aumento térmico regional de dos o tres grados centígrados, se producirá una reducción de los recursos hídricos en esta zona.

Para el desarrollo de este estudio, el equipo científico, encabezado por el catedrático de Análisis Geográfico y director del Laboratorio de Climatología de la UJI, José Quereda, realizará un tratamiento estadístico de las series climáticas temporales obtenidas en el medio centenar de observatorios que componen la red regional.

El equipo también utilizará, según explicaron, la red de diez observatorios de estaciones automáticas de meteorología que la UJI tiene ubicados tanto en el medio marino, como en cimas alejadas de toda influencia humana. Una red que desarrolló sus observaciones a lo largo de la última década, destacaron.

En cuanto al profesor Quereda, señalaron que dirigió la investigación sobre el análisis del comportamiento de los elementos climáticos en las regiones de Valencia y de Murcia en el Plan Nacional del Clima de 1997. El presente proyecto tiene como objeto general verificar a nivel de 2007-2008 todas las tendencias y conclusiones que se establecieron en aquel informe.

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Barreda destacó la importancia del agua para conseguir un mayor desarrollo

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda, junto al delegado del Gobierno, Máximo Díaz Cano y al presiente de la Sociedad Estatal Hidroguadiana, S.A., Enrique Calleja, presentó ayer el Proyecto de Abastecimiento del Campo de Montiel desde el embalse de la Cabezuela, precisamente en las inmediaciones de este embalse. En el acto también estuvieron presentes el presidente de la Diputación Provincial, Nemesio Lara y otras autoridades autonómicas y municipales.
Barreda manifestó, “desde el primer momento comprendí que la batalla del agua era una batalla por la supervivencia de Castilla-La Mancha. La escasez de agua era un factor limitante de crecimiento y desarrollo. Históricamente nos habían marginado al hacer la planificación hidrológica nacional. Parecía que Castilla-La Mancha no importaba, que solo era una tierra de paso. Ahora Castilla-La Mancha es de los castellanomanchegos. El futuro está en nuestras manos y dispondremos de recursos con los que ni siguiera soñábamos. La política hidrológica tiene dos planteamientos. El primero cambiar legislación que nos perjudica. Se ignoraban nuestras necesidades y eso ya ha cambiado. El objetivo de mi gobierno consiste en dotarnos de infraestructuras necesarias para usar nuestras aguas. Con el Trasvase Tajo-Segura la cuenca cedente tiene prioridad. Antes no usábamos el agua porque no teníamos las obras necesarias. El segundo planteamiento es aprovechar al máximo nuestros recursos racionalizando su uso”.
El presiente de Castilla-La Mancha también comentó que con el proyecto que se presentó ayer, los municipios de Campo de Montiel tienen asegurado el abastecimiento de agua. “El objetivo es establecer un sistema que garantice el abastecimiento de agua independientemente de las vicisitudes de algunas zonas. Conseguir un suministro permanente, constante, similar al suministro eléctrico. Estamos conectando los pantanos. Esto supone la movilización de recursos financieros en una cantidad sin precedentes para invertir en obras hidráulicas”.
Barreda hizo mención a las inversiones en la provincia de Ciudad Real en materia hidráulica. Una es la Cuenca del Guadiana en Ciudad Real con el Programa A.G.U.A, que tiene unas inversiones que superan los 659 millones de euros. Para el abastecimiento hay más de 568 millones de euros, incluyendo las obras de la tubería de la Llanura Manchega y en depuración la inversión asciende a 90,7 millones de euros.
Con relación la obra de la Tubería de la Llanura Manchega, el presidente regional indicó que se ha conseguido que se use para abastecer a la región, cuando antes atravesaba la comunidad con 400 kilómetros de tubería sin dejar nada de agua mientras 27 municipios debían abastecerse con cisternas en verano. “Casi hace un año que empezaron las obras para dar agua a estos municipios. Desde 1995 se tendrían que haber iniciado las obras pero no comenzaron hasta que yo lo planteé”.
Añadió que la región tenía problemas de sobreexplotación de los acuíferos 23 y 24. “Ahora hemos hecho un plan con gran importancia económica, social y medio ambiental, un plan integral de desarrollo sostenible de La Mancha, no solo agrícola, aunque también lo hacemos para que los pequeños agricultores tengan agua y puedan regar racionalmente las explotaciones. La política hidráulica es fuente de riqueza. Se preserva el interés general. Ojalá se hubiera hecho antes, pero nunca es tarde”.

Otras intervenciones
Por otra parte, Enrique Calleja agradeció la colaboración de la Junta en estos cuatro años de trabajo para el desarrollo del Proyecto de Abastecimiento del Campo de Montiel desde el embalse de la Cabezuela. “Trabajamos con el objetivo de poner en marcha actuaciones del Plan Hidrológico Nacional. Hoy tenemos 10 grandes infraestructuras en marcha (cuatro de abastecimiento y seis de saneamiento y depuración), desglosadas en 22 proyectos que suponen una inversión de más de 300 millones de euros. Se da una situación sin precedentes en infraestructuras de agua que redundan en un mayor bienestar para los ciudadanos. Espero que ambas administraciones podamos seguir trabajando en beneficio de los ciudadanos”.
Calleja añadió que el proyecto de Abastecimiento al Campo de Montiel desde el embalse de la Cabezuela garantiza el abastecimiento a 15 poblaciones de la comarca (36.000 habitantes) y que se ha hecho un complementario al proyecto para dar agua potabilizada a Valdepeñas, Castellar de Santiago y Torrenueva, con lo que en total el proyecto abarca a 80.000 habitantes de la comarca.
Máximo Díaz Cano indicó que el acto de ayer era un “acto de indudable importancia y gran trascendencia. Las relaciones de Castilla-La Mancha con la política hidráulica han sido difíciles y conflictivas en algunos casos. Desde esta tierra se ha reclamado que se atendieran las necesidades básicas y que se pudiera mirar al futuro con optimismo. En estos cuatro años se han abordado más infraestructuras hidráulicas que en los últimos cien años, porque desde Castilla-La Mancha se han tenido las ideas claras para demandar lo que era justo y porque ha habido un gobierno de España que ha sido sensible a esos planteamientos. Castilla-La Mancha ha sido solidaria con otros territorios, pero no se resolvían sus necesidades. El planteamiento en política hidráulica es muy ambicioso, con una inversión de 800 millones de euros entre lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. El objetivo es atender las necesidades básicas de los ciudadanos y las necesidades de desarrollo”.
Díaz Cano también hizo referencia al Plan Especial del Alto Guadiana, “una solución para no agotar un recurso” y a la Tubería de la Llanura Manchega procedente de la cabecera del Tajo, “que garantiza el abastecimiento de agua a una zona que lo necesita. Esta tubería supone invertir 150 millones de euros además de la inversión para los ramales secundarios, lo que hace un total de 400 millones de euros”. o

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La CHJ apuesta por establecer un régimen de caudales ecológicos

El jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Javier Ferrer, consideró «prioritario» establecer un régimen de caudales ecológicos, finalizar las infraestructuras de depuración y llevar a cabo actuaciones de revegetación, para lograr recuperar el río Júcar.

Ferrer se expresó en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la jornada técnica de la Comisión de Caudales Ecológicos, desarrollada dentro de las III Jornadas de Participación del Plan de Recuperación del río Júcar. Previamente, tuvo lugar la Comisión de Restauración de Ecosistema de Ribera, presidida por el jefe de Área de Gestión Dominio Público, Tomás Nebot, quien también atendió a los medios.

El responsable de la Comisión de Caudales Ecológicos señaló que en el tramo bajo del Júcar existe la «problemática» de las inundaciones, por lo que «un reto adicional», a su juicio, es «reducir el riesgo de inundación sin empeorar el valor ambiental del río».

Asimismo, incidió en que «el valor cultural e histórico» del Júcar también es «importante», porque este río «no es sólo algo natural». En esta línea, subrayó que la gestión medioambiental «implica temas de calidad, cantidad y medio ambiente», un conjunto de asuntos «interrelacionados y bastante complejos».

Por otra parte, explicó que el marco legal para asignar los caudales ecológicos es el que establecen los Planes Hidrológicos de Cuenca. Al respecto, indicó que el actual -vigente desde 1998- «no fija un caudal ecológico para el Júcar más abajo del azud de Antella (Valencia)», uno de los motivos, dijo, por los que en la revisión que se está realizando del Plan de Cuenca, «estamos trabajando en el establecimiento de los caudales ecológicos».

Para ello, los responsables de la CHJ siguen los borradores de una instrucción de planificación, que elabora el Ministerio de Medio Ambiente, que plantea «unos criterios tanto de estudios técnicos como de proceso de concertación a la hora de tratar de compatibilizar los requerimientos ambientales con los usos».

Preguntado por si se maneja una cifra concreta de caudal ecológico, afirmó que se han planteado unos rangos de caudal «bastante amplios», pero prefirió no precisarlos. Sobre este asunto, manifestó que el actual Plan de Cuenca plantea 600 litros hasta el Azud de Antella, un caudal, a su juicio, «muy pequeño», por lo que auguró que, «previsiblemente, irá al alza».

Por otro lado, remarcó que «se aprecian avances» en la calidad del agua tras la puesta en marcha de la depuradora de Alzira-Carcaixent. No obstante, apostilló que la calidad del agua en los climas mediterráneos «está muy condicionada por los caudales que circulan en régimen natural».

Así, indicó que en 2007 la pluviometría fue «muy buena» en la zona de la costa, por lo que los caudales que están en el tramo bajo «se encuentran por encima de lo habitual». En este sentido, consideró «posible» que esta mejora «esté asociada a la dilución natural», ya que «el efecto de tener un año húmedo o seco es del mismo o superior orden de magnitud que la puesta en marcha o no de una depuradora o no». Por este motivo, instó a «ver con precaución» las mejorar producidas por las depuradoras.

Ferrer, tras ser preguntado por si percibe mejoras en la implicación de las administraciones autonómica y local en la conservación del río, aseguró en las comisiones del Plan de Recuperación del Júcar participan las distintas administraciones que, a su entender, «están teniendo un papel importante y se están implicando en las discusiones y en el estudio de los análisis técnicos que se presentan».

«SUSTRATO PARA LA VIDA».

Por su parte, Tomás Nebot destacó que el Plan Hidrológico «va a ser un arma esencial» para recuperar los ecosistemas, ya que, en su opinión, el río «se entiende como un sistema complejo que sirve de sustrato para la vida». En esta línea, explicó que en este plan se recogerán «todos los aspectos relacionados con la administración hidráulica».

Nebot consideró que existen «muchas diferencias» entre unas zonas y otras del Júcar. Así, puntualizó que este río cuenta con tramos «muy naturales» que se encuentran en «muy buena situación» -como el río Cabriel, uno de sus afluentes, o la zona del nacimiento del Júcar-, pero hay otros tramos «que están degradados y con introducción de especies alóctonas», por lo que aseveró que se desarrollarán proyectos «concretos» para solucionar «los problemas existentes».

El responsable de la Comisión de Restauración de Ecosistema de Ribera indicó que uno los objetivos de las III Jornadas de Participación del Plan de Recuperación del río Júcar es «obtener la imagen de referencia», es decir «la imagen ideal de lo que queremos que sea el cauce».

«Pero el río no es solo naturaleza, es aprovechamiento», remarcó Nebot, quien manifestó que, para compatibilizar ambos aspectos, «llegaremos a un equilibrio que será la imagen objetivo de lo que va a ser el cauce».

Por otro lado, incidió en que «cuanto más a la costa, hay más superpoblación, más industria y más presión urbanística», por lo que «es mucho más complicado recuperar el río». Además, añadió que en la zona baja hay «un aspecto superimportante como son las inundaciones». En este sentido, indicó que «hay una metrópoli urbana inmensa que requiera una defensa».

La CHJ, a través de las Jornadas de Participación del Plan de Recuperación del río Júcar -desarrolladas esta semana-, pretende elaborar un plan de recuperación del Júcar en su integridad. Nebot valoró la participación de todos los sectores implicados e interesados, «desde el nivel particular hasta el general».

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Los regantes del Júcar se enfrentan a los del Vinalopó por denunciar la toxicidad del río

os regantes de la Ribera del Júcar, apoyados por las organizaciones agrarias La Unió-Coag y la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava), entraron ayer en el cuerpo a cuerpo con Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó a la que amenazaron con llevarle a los tribunales e, incluso, con negarle el agua del trasvase si no suprime la campaña de recogida de firmas iniciada para forzar al Gobierno a que cambie la toma del agua. Los agricultores valencianos rechazan los informes hechos públicos por la Junta Central sobre la toxicidad de las aguas que circulan por el Azud de la Marquesa y acusan a la organización que preside Andrés Martínez de crear alarma social «con su campaña difamatoria y malintencionada».
Por su parte, el presidente de los regantes del Vinalopó rechazó las acusaciones de sus homólogos valencianos, recordando que «gusten más o menos los datos sobre las sustancias tóxicas son de la Confederación Hidrográfica del Júcar no de la Junta Central. Lo que no va a conseguir nadie es que me enfrente con agricultores, pero lo que queremos es agua de calidad del Júcar y, en este punto, sólo apuntar un dato: quizá el agua con la que se riegan naranjas y arroz no sirve para las hortalizas».
La iniciativa de la Junta Central, Coepa, Cámara de Comercio, Jóvenes Agricultores y Cepyme para recoger 500.000 firmas con las que convencer al Ministerio de Medio Ambiente para que cambie la toma del agua del futuro trasvase Júcar-Vinalopó provocó ayer una auténtica convulsión entre el sector agrario de la Comunidad Valenciana que, tras dos años de tensa calma por las maniobras de la empresa pública Aguas del Júcar -hoy absorbida por Acuamed- explotó.
El propio presidente de la Acequia Real del Júcar, Juan Antonio Delgado, se descolgó, tras una reunión con Ava y Coag, con frases muy duras dirigidas directamente hacia Andrés Martínez aunque no llegó a citarle. «A mi las bajezas y los navajazos me sobran», ya que, según dijo «los agricultores siempre hemos tenido las miras más altas». Delgado aseguró que no se opone al Júcar-Vinalopó pero incidió en que «éste debe ser operativo y el Azud de la Marquesa es el único punto del río donde hay «sobrantes» de agua. El presidente de la Acequia Real advirtió, por otra parte, de que «el río sólo tiene excedentes de agua a partir de la Marquesa, mientras que ni en el tramo que pasa por Cortes de Pallás ni el que pasa por Antella sobra».
Por su parte, el secretario general de La Unió-Coag, Joan Brusca, defendió la validez de los informes de la Universidad de Alicante -encargado por Aguas del Júcar- y de la Confederación Hidrográfica del Júcar que, según Brusca, «demuestran que el agua de este río es totalmente admisible para riego y cumple con todas las condiciones impuestas por el plan hidrológico del Júcar y de la FAO en todo su recorrido. En ningún momento hablan de elementos tóxicos como han falseado y manipulado desde el Vinalopó». Brusca expresó su temor a que la campaña de firmas pueda tener fuera de la Comunidad Valenciana «consecuencias imprevisibles y difíciles de reconducir». Manifestaciones compartidas también por José Pascual Fortea -regantes de Sueca- y Cristóbal Aguado, presidente de AVA. «Si en el Vinalopó alguien no quiere el agua del Júcar que estamos dispuestos a compartir, hay otros pueblos y comarcas valencianas que también necesitan ese agua y que incluso algunos han pedido», según recogió Europa Press.
Al mismo tiempo que tenía lugar la explosiva rueda de Prensa de los regantes valencianos, la Junta Central celebraba en Villena una reunión para ultimar los detalles de la campaña de recogida de firmas que comenzará la próxima semana y se desarrollará en tres frentes con el objetivo de recoger, en el mejor de los escenarios, 1.350.000 firmas, aunque la meta sean quinientas mil. Los 35.000 regantes alicantinos que recibirán caudales del Júcar contarán cada uno con una copia del manifiesto reivindicativo en el que caben cien firmas. Otros diez mil manifiestos se entregarán a Coepa, Cámara de Comercio y Cepyme, cuyos rectores serán los encargados de distribuirlos por empresas y comercios de la provincia de Alicante. Por último, la tercera iniciativa se desarrollará durante las 38 semanas que faltan hasta el 28 de julio -tercer aniversario de la suspensión de las obras Cortes de Pallás-Villena- y consistirá en la visita de los regantes a los treinta y ocho alcaldes de los municipios afectados por el trasvase a los que pedirán su firma en el manifiesto. La campaña arrancará con la alcaldesa de Villena, Celia Lledó. Los regantes del Vinalopó y la patronal de la provincia de Alicante reclaman que el agua del trasvase Júcar-Vinalopó sea potable tras detectar, según datos del a CHJ, que los caudales que llegan a la desembocadura contienen sustancias tóxicas e, incluso, cancerígenas, según la Junta Central de Usuarios.

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Narbona pide Ayuntamientos y CCAA dediquen agua potable sólo a consumo humano

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha pedido a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que restrinjan el agua potable exclusivamente para consumo humano y empleen agua depurada para otros usos, como el riego de calles o los campos de golf.

Durante su intervención en la inauguración de una Jornada sobre la reutilización de aguas depuradas y una posterior rueda de prensa, junto a la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, Narbona ha señalado que en España solo se usa algo más del 10 por ciento del agua depurada (entre 400 y 450 hectómetros cúbicos), principalmente en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Ha destacado que las actuaciones del Gobierno permitirán triplicar la actual capacidad de reutilización en 2015, hasta los 1.200 hectómetros cúbicos, una cifra aun alejada de países como Israel, donde se utiliza el 70 por ciento.

La titular de Medio Ambiente ha citado a la Comunidad de Madrid como «un buen ejemplo de lo que queda por hacer», ya que dispone de agua depurada suficiente para multiplicar por diez el uso de la misma, pero ha recordado que se trata de una decisión que está en manos del gobierno regional y del ayuntamiento.

Así, ha insistido en que todas las administraciones públicas deben tener en cuenta «la imperiosa necesidad» de reducir el consumo de agua potable y aumentar el uso del agua depurada.

Narbona ha explicado que para incrementar la reutilización de aguas depuradas, además de disponer de este recurso, hacen falta normas y decisiones en el ámbito del urbanismo y de la ordenación del territorio, que son competencia de los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Por su parte, la ministra de Agricultura ha destacado la «fuerte» apuesta de su Ministerio por el agua depurada, que constituye «una gran oportunidad para nuestros regadíos», que consumen algo más del 70 por ciento de los recursos hídricos.

Ambas han subrayado la importancia del Real Decreto para la Reutilización de Aguas Depuradas, aprobado el pasado mes de diciembre, que define el concepto de reutilización, introduce la denominación de aguas regeneradas, determina los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad de utilización de aguas regeneradas.

Además, incluye disposiciones relativas a los usos admitidos y exigencias de calidad precisas en cada caso.

El director de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, Manuel Oñorbe, presente también en el acto, ha explicado que a raíz de esta norma todo uso de aguas residuales regeneradas quedará supeditado a las autoridades sanitarias competentes, lo que es «muy tranquilizador para la población».

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La mayor desaladora funciona sólo al 15% cinco años después de abrir

El 5 de febrero de 2001, el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas (PP), puso la primera piedra de la desaladora de Carboneras, destinada a convertirse en la mayor de Europa y que serviría para regar el mar de plástico de la árida Almería.

Con una capacidad para desalar 42 hectómetros cúbicos de agua de mar al año (cada hectómetro cúbico equivale a un volumen como el del Santiago Bernabéu) sería la admiración del mundo. Ya con el PSOE en el Gobierno, la ministra Narbona la inauguró en mayo de 2005. La planta había costado 254 millones, el triple de lo presupuestado. Narbona dijo que aunque entonces sólo funcionaba al 12%, a final de la legislatura funcionaría a pleno rendimiento.

La realidad es que actualmente desala el 15% de su capacidad, según un portavoz de la planta, y para darle uso, el Gobierno construirá una tubería para que los barcos cisterna se pueden llenar con agua desalada y de allí llevarla a zonas con problemas de sequía, como Barcelona. Fuentes de la empresa pública Acuamed afirman que en 2008 la planta funcionará al 35% y en 2009 rondará el 50%.

El director General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, asegura que el Gobierno del PP hizo la desaladora «sin tener en cuenta para quién se hacía». «En esa zona de Almería tenemos agua pero no usuarios y además, la planta está diseñada en el peor lugar posible para el abastecimiento, al final del sistema de abastecimiento de los municipios», concluye Palop. Ni hay tanta gente como se pensaba ni los regadíos necesitan tanto caudal. Y encima su ubicación ha obligado a invertir en un nuevo sistema de tuberías.

La desaladora era demasiado grande y además las tuberías no estaban hechas. Durante tres años sólo funcionó en pruebas ya que nadie construyó las tuberías para sacar el agua. Las obras se están terminando y la desaladora ya abastece a Mojácar, Carboneras y Aguamarga, que han consumido 2,8 hectómetros el año pasado y para los regadíos (4,6 hectómetros).

Para dar servicio a la desaladora, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que su departamento construirá una tubería desde la desaladora para poder cargarla en barcos cisterna y desde allí llevarla a zonas con problemas de abastecimiento. Y el primer lugar elegido es Barcelona. Así, si no llueve en primavera los barcos llevarán agua desde Almería (en la zona con más déficit hídrico de España) a Barcelona. Carboneras habrá servido para algo. Después pueden veir otras zonas y hasta el norte de África como ayuda a Marruecos.

El Gobierno actual critica este modo de construcción ya que desde 2004, cuando derogó el trasvase del Ebro, ha impulsado 22 desaladoras en el Mediterráneo y ha puesto en marcha cuatro que estaban en obras. De las nuevas, ya están en servicio la ampliación de San Pedro del Pinatar, en Murcia, y la de Alicante, que producen 30 hectómetros cúbicos al año y que sí funcionan a pleno rendimiento.

La de Valdelentisco (Murcia) está a punto de ser inaugurada (la ausencia de línea eléctrica de alta tensión ha retrasado su apertura), y la de Alicante. Con estas, las nuevas desaladoras tendrán la capacidad para producir 104 hectómetros cúbicos al año cuando acabe la legislatura.

Si a eso se suman las desaladoras que estaban ya en obras con el PP y que desde 2004 se han puesto en marcha, la cifra de agua desalada asciende a 250 hectómetros, un 38% de lo que prometió el Gobierno en 2004 que aportaría mediante desaladoras. El resto procedería de reutilización y ahorro en regadíos. El resto de desaladoras estarán en marcha en 2009.

La portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, criticó los retrasos en el plan: «Las nuevas aportaciones se limitan a 18 hectómetros. Y Narbona anunció más agua, más barata y en menos tiempo y este es un incumplimiento más». Sobre la desaladora de Carboneras opina: «No sé qué ha ido mal. Tanto el PP como el PSOE poníamos esa planta como ejemplo. Ahora es rocambolesco llevar agua de la provincia más deficitaria a Barcelona. Es un trasvase en barcos».

Palop niega el retraso y lo avala con los datos de su gestión: «Llevamos cuatro años de sequía y no ha habido ni un corte en Murcia ni en Alicante. Si con esas pocas desaladoras hemos salvado la situación, que imagine el PP cómo quedará resuelto el problema cuando estén todas en marcha. El trasvase era una obra faraónica que difícilmente se habría podido hacer» y habría tardado más años.

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Las menores aportaciones en 32 años

En lo que va de año hidrológico (comenzó el 1 de octubre) se ha producido una situación inédita hasta ahora, hay más agua acumulada en los embalses del tramo final del río que en la parte alta. Eso es porque ha llovido más en la zona baja del Júcar que en la cabecera. Prueba de ello es que el pantano de Alarcón (del que se abastece la ciudad de Albacete) está apenas al 5% de su capacidad ya que almacena 64,3 hectómetros cúbicos de los 1.118 que podría almacenar. Contreras con casi 53 hectómetros cúbicos y Tous con 97 almacenan más agua que Alarcón. Desde el 1 de octubre, sólo han entrado al embalse 22 hectómetros cúbicos, menos de la mitad de los que llegaron en el mismo período del año pasado y la cifra más baja en 32 años.

La Confederación ha calificado la situación de «preocupante», máxime cuando la capacidad mínima operativa del embalse es de 30 hectómetros cúbicos. Según la nota del organismo de cuenca, desde septiembre del año pasado han salido del pantano entre 2 y 2,5 metros cúbicos por segundo, lo que ha permitido mantener el caudal ecológico del río, pero ha hecho que en vez de aumentar las reservas estén descendiendo, algo que nunca había pasado en invierno.

La Confederación explica que las lluvias producidas en otoño fueron importantes en la zona costera, pero no en el interior ni en las cabeceras de los ríos.

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