Las comisiones sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se reúnen esta semana en las terceras Jornadas de Participación, en las que, dentro del programa establecido entre los distintos usuarios y agentes sociales, abordarán los diferentes aspectos del Plan de Recuperación del río.

En un comunicado, el organismo ha explicado que este plan constituye una «pieza clave para articula un nuevo concepto del río», en sintonía con la Directiva Marco del Agua, incorporando aspectos como la conservación de la calidad biológica, los valores culturales y los valores paisajísticos.

Las mesas de trabajo están compuestas por usuarios, representantes institucionales, sindicales, empresariales y asociaciones medioambientales.

El PSOE quiere impulsar un «gran Pacto del Agua» si gana las próximas elecciones generales, tal y como recoge el borrador de su programa electoral, que pivotará en torno a los nuevos Planes Hidrológicos de Cuenca (que deben estar aprobados en 2009). Sin embargo, los socialistas no aclaran si este acuerdo incluirá una reforma del texto refundido de la Ley de Aguas, tras el intento frustrado de modificarlo en esta legislatura.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció definitivamente el pasado mes de agosto que aplazaba este cambio legislativo, que se convertiría en una promesa electoral de los socialistas para las elecciones generales de 2008.

El texto que nunca llegó a ver la luz preveía ceder a autonomías y ayuntamientos hasta el 49% de la gestión del agua, establecía una tasa universal de consumo y articulaba un banco público del recurso hídrico y conferencias periódicas entre los gobiernos regionales para tratar este asunto.

Pero, a la oposición de los regantes (por la incorporación del precio real del agua) se unió la batalla autonómica, con nuevos estatutos de autonomía que reclaman una mayor gestión sobre los ríos, y recursos de inconstitucionalidad interpuestos por unos contra otros gobiernos regionales.

En consecuencia, si hace menos de un año el Ministerio de Medio Ambiente presentaba esta modificación legislativa como una «necesidad y una obligación», ahora el borrador actual del programa electoral socialista sólo recoge que «el agua necesita de un gran pacto político, territorial y social».

En este sentido, apuesta por «trabajar para convertir los nuevos Planes Hidrológicos de Cuenca en espacios para el diálogo, el encuentro y el pacto». «Los planes son un compromiso de futuro y en ellos se decidirá para qué utilizar el agua, atendiendo adecuadamente a los requerimientos ambientales y garantizando plenamente la disponibilidad de agua de calidad en todos los territorios, manteniendo la prioridad otorgada en esta legislatura a la cuenca del Segura», añade.

Papel coordinador del Gobierno

Eso sí, también destaca que se reforzará el papel coordinador del Gobierno de España en las políticas del agua y se impulsarán nuevos mecanismos de participación de la ciudadanía. Además, el PSOE seguirá apostando por las desaladoras, con un compromiso de 1.000 hectómetros cúbicos de agua potable anual desde 2012 procedente de la desalinización de agua marina y también quiere extender hasta el 80% los regadíos eficientes en 2012 y al 100 por cien en 2016.

La Junta de Andalucía quiere la transferencia de parte de la Cuenca del Guadalquivir, como recoge su nuevo Estatuto. La propuesta ha alarmado a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Su presidente, Edelmiro Rúa, avisa de que la tendencia en España «camina hacia la fragmentación de la gestión del agua» y advierte de los peligros que entraña esa vía. «Cada río -explica- pertenece a una cuenca hidrográfica muy amplia que incluye a todos sus afluentes. Las confederaciones hidrográficas parten del concepto indiscutido de que la gestión del agua se realiza en el marco de cada cuenca. Es un modelo que funciona y, sin embargo, puede desmembrarse con iniciativas como la de Andalucía».

«Lo que está sucediendo en España -insiste- es muy extraño. Cuando Europa reconoce que el sistema español de gestión del agua, a partir de las Confederaciones Hidrográficas, es el mejor que existe, cuando todo el mundo está de acuerdo en que funciona bien; de repente, surgen voces que dicen: «No, yo voy a gestionar mi pequeña parte»».

«Y claro -reflexiona-, cuando una Comunidad abre ese camino, la tentación de las todos, hasta de las provincias, es la de querer gestionar también la parte de la cuenca incluida en sus territorios. Esto puede llevar a una situación totalmente anárquica y muy peligrosa. Una mala gestión del agua puede ser decisiva para que una sequía sea aún más grave, para que se produzcan riadas incontroladas, para que se acabe con el caudal ecológico de los ríos (el mínimo que garantiza la vida animal y vegetal acuática y de ribera) o para que desaparezcan los humedales tradicionales en las migraciones de aves».

«No estamos realizando ninguna defensa corporativista -señala-. Somos los especialistas en la gestión del agua y lo seguiremos siendo. Llevamos dos siglos gestionando el agua y la sociedad puede pedirnos responsabilidades si nos callamos. La gestión del agua no puede responder a caprichos de una u otra comunidad o provincia. Debe ser integral. El agua es de todos, es un bien público y tenemos la obligación de hacer que sea para todos. Reclamamos ya un Pacto Nacional sobre el Agua».

Las cuestiones básicas son: «La unidad de la cuenca se debe mantener y la gestión técnica debe ser única. Todo esto debe ir englobado en que si el sistema de cuencas funciona y es bueno, no deberíamos desmontarlo a la ligera».

El Colegio de Ingenieros de Caminos quiere dar a conocer sus inquietudes. Para ello, «una comisión está redactando un documento que se le presentará al presidente del gobierno para manifestarle nuestra enorme preocupación. En un par de semanas le daremos a conocer nuestra postura. A Zapatero le queremos transmitir que el país se juega mucho en esta cuestión. Una mala gestión del agua nos puede llevar al descontrol y al desastre».

El Boletín Oficial del Estado publica hoy el real Decreto por el que el Gobierno cierra las inversiones del primer horizonte del Plan Nacional para la mejora y consolidación de regadíos, en el que se han invertido los 751 millones de euros previstos para la realización de obras que, junto a la misma cantidad aportada por los regantes, han supuesto más de 1.500 millones de euros.

Según el Decreto, la sequía de los años 2005 y 2006 provocaron que se actuase con mayor rapidez y se movilizaran los fondos con urgencia para llevar a cabo las obras, agotando el presupuesto inicial. No obstante, quedan por finalizar algunas actuaciones ya previstas cuyo coste asciende a 175,6 millones de euros.

Para acabarlas el Ministerio de Agricultura ampliará la dotación y aportará la mitad (87,8 millones) y el resto saldrá de los usuarios afectados. En concreto la financiación pública se repartirá en 17,8 millones para la SEIASA del Sur y Este; 16,8 millones para la de la Meseta Sur; 32,8 millones para la del Norte y 20,4 millones para la SEIASA del Nordeste.

Que el resto de ríos que componen la Confederación tengan las mismas exigencias que el Júcar. Se trata de la principal reivindicación de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) de cara a la doble negociación que se está llevando a cabo en el seno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, una que se mantiene en torno a la recuperación del río y otra sobre la nueva planificación hidrológica que deberá estar lista en el 2009.

Así lo expuso ayer a este diario el secretario de los regantes albaceteños, Herminio Molina, que reclamó que se mantengan las mismas exigencias que se tienen con el Júcar para otros ríos incluidos dentro de la cuenca como el Turia, el Palancia o el Vinalopó.

Molina recordó que a los regantes del Júcar se les establecen una serie de restricciones para mantener el caudal ecológico del río y garantizar que baje agua en cantidad y calidad suficiente para asumir los abastecimientos de agua de Valencia, Sagunto o el Vinalopó y la Marina Baja alicantina.

«Si el Turia tuviera que cumplir las mismas exigencias que el Júcar habría agua de calidad para abastecer a la ciudad de Valencia y el Júcar no tendría que soportar todas esas demandas», afirmó. Pero reclaman que no se haga una vez que se finalice la planificación hidrológica en el año 2009, como parece que pretende el Ministerio de Medio Ambiente, sino antes «para que todas las medidas se puedan incluir en el nuevo plan del Júcar y no que se elabore la planificación sin tenerlas en cuenta».

Y todo ello en una semana en la que se va a terminar de definir el diagnóstico de la situación del Júcar dentro de la planificación del Plan de Recuperación del río en el marco de las jornadas de participación que la Confederación está llevando a cabo. La planificación de la recuperación del río comenzó hace ahora un año y se establecieron tres fases: diagnóstico de la situación, establecer los objetivos y concretar las acciones que se iban a llevar a cabo.

Comisiones

Para la primera fase se establecieron una serie de comisiones que contaban con la participación tanto de los usuarios como de las administraciones estatal y regional y de otros colectivos afectados como los ecologistas. En concreto se crearon cinco comisiones que esta semana cierran en Valencia la fase de diagnóstico para establecer los objetivos que se marcan. Protección frente a inundaciones, calidad de las aguas, revalorización socio-cultural del paisaje fluvial y su entorno, restauración de ecosistemas de ribera y caudales ecológicos son las cinco comisiones cuyos resultados se debaten en estas jornadas de participación. Las conclusiones que se extraigan de la celebración de estas comisiones ayudarán a establecer los objetivos que se perseguirán en el programa de recuperación del río de donde saldrán las medidas concretas a realizar, que a su vez se enmarcará en la negociación del nuevo plan hidrológico de cuenca. Según la planificación de la propia Confederación en el mes de junio de este año deberá estar finalizado el plan de recuperación del Júcar.

El secretario de la JCRMO recordó que «no se parte de cero como creen determinados sectores de la Comunidad Valenciana» en este proceso de elaboración del plan de recuperación del Júcar «porque llevamos varios años llevando a cabo medidas que garanticen la calidad de las aguas y la existencia de un caudal ecológico. Asegura que gracias a estas medidas, que se contemplan en el Plan Hidrológico del Júcar aprobado en 1998, «el río no se ha vuelto a secar pese a las intensas sequías como ocurría en los años noventa». También atribuye este logro a que se ha modificado la política de desembalses «que ya no se fija sólo en los usos del agua, sino también en el mantenimiento de un caudal ecológico del río».

La Confederación Hidrográfica del Júcar inició ayer en su sede las reuniones de las comisiones sectoriales que han de participar en las terceras Jornadas de Participación diseñadas por este organismo.
Las mesas de trabajo están compuestas por los usuarios, representantes institucionales, sindicales, empresariales y las asociaciones medioambientales y son consecuencia de los nuevos criterios de participación pública en la toma de decisiones y en la planificación hídrica surgidos de la Directiva Marco del Agua.
Según estos nuevos criterios, las conclusiones alcanzadas en cada una de las reuniones «serán tenidas en cuenta» en la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar «para mejorar su gestión y la planificación».
Ayer se reunieron las comisiones encargadas de diseñar estrategias de protección frente a inundaciones y la de calidad de las aguas mientras que hoy está prevista la responsable de la revalorización socio-cultural del paisaje fluvial y su entorno.
La jornada del jueves se hablará de restauración de ecosistemas de ribera y de caudales ecológicos con los miembros de ambas comisiones.
Por otra parte, el Boletín Oficial del Estado publicó ayer el decreto que desarrolla el Real Decreto de 19 de octubre que regulaba las «medidas urgentes» para reparar los daños causados por las «intensas tormentas de lluvia y viento e inundaciones» que afectaron a la Comunitat Valenciana entre el 11 y el 19 de octubre de 2007. El decreto contempla actuaciones y ayudas por un importe de 45 millones de euros.

Entrepeñas y Buendía acumulan 300 hectómetros cúbicos de los 2.474 que puede almacenar.

Los pantanos de la Cabecera del Tajo han experimentado en la última semana un nuevo descenso de caudal, en esta ocasión de cinco hectómetros cúbicos, y acumula 300 hectómetros cúbicos de los 2.474 que puede almacenar.

 Según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el pantano de Buendía, en la provincia de Cuenca, almacena 177 hectómetros cúbicos, uno menos que la semana anterior, y dispone del 10,07 por ciento del total de su capacidad, de 1.639 hectómetros cúbicos.

Peor aún ha sido el descenso en el embalse de Entrepeñas, en la provincia de Guadalajara, con cuatro hectómetros cúbicos menos que la semana anterior, y embalsa 123 hectómetros, el 14,66 por ciento de su capacidad, que es de 835 hectómetros cúbicos.

Situación crítica la que atraviesa el embalse de Alarcón (Cuenca), situado en la cabecera del Júcar, que sólo se encuentrá al 5 por ciento de su capacidad, según los datos aportados ayer por la la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Aunque los embalses de esta cuenca acumulan 8,79 hectómetros más que la semana pasada y llegan a los 697,98 -un 20,86 por ciento de su capacidad total-, la CHJ alertó de los efectos de la sequía sobre el embalse de Alarcón, que, en el primer trimestre del año hidrológico, ha recibido la menor cantidad de agua de los últimos 32 años y almacena 64,3 hectómetros cúbicos, un 5,75 por ciento de su capacidad, que es de 1.118 hectómetros cúbicos.

La Confederación ha calificado la situación de «preocupante», máxime cuando la capacidad mínima operativa del embalse es de 30 hectómetros cúbicos.

La situación en los embalses de la cabecera del Tajo tampoco mejora. Buendía y Entrepeñas registraron la pasada semana un descenso de cinco hectómetros cúbicos y acumulan 300 hectómetros, el 12,12 por ciento de su capacidad total, que es de 2.474 hectómetros. No osbtante, en conjunto, la reserva de los embalses de la cuenca del Tajo ha aumentado en 86 hectómetros cúbicos y se sitúan en 4.663, un 42,34 por ciento de su capacidad total.

Ante esta grave situación, al igual que sucede en otros puntos de España, el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, realizó ayer un llamamiento a la población para que no derroche agua. Palop argumentó que la situación actual es «delicada» en todo el arco mediterráneo. «Prácticamente desde Cataluña hasta Algeciras, incluyendo la cuenca del Guadalquivir, hay problemas de agua almacenada», analizó.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de València y director del libro «Comentario al Estatuto de la Comunidad Valenciana», José María Baño, considera que el Tribunal Constitucional (TC) ha reconocido que el derecho de los valencianos al agua sobrante recogido en su Estatuto de Autonomía «no es un derecho en realidad».

En su opinión, las sentencias del Tribunal Constitucional en las que desestimaba el pasado diciembre los recursos de los gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha al artículo del Estatuto que regula este derecho dejan claro que «habrá o no trasvases o excedentes en la medida en que el Estado quiera hacerlos». Baño presentó ayer la obra en la que una treintena de catedráticos universitarios y juristas, bajo su dirección, han comentado una reforma estatutaria que, a su juicio, debería profundizar en materia urbanística, impositiva y de Derecho Civil.

Para el catedrático, el Alto Tribunal ha sido «muy prudente» al rechazar los dos recursos y ratificar «la constitucionalidad» del Estatuto valenciano, según ha respondido a preguntas de los periodistas tras la presentación del libro.

Con ello, considera que el Constitucional «ha evitado problemas muy graves de carácter político», aunque advierte de que, por otra parte, «ha embridado los estatutos, ha establecido la superioridad jerárquica de la Constitución y de la legislación del Estado».

En este sentido, afirma que el derecho que garantiza a los valencianos el abastecimiento suficiente de agua y la redistribución de los sobrantes de cuencas excedentarias «no es un derecho en realidad» en virtud del fallo.

principio. «El Constitucional ha dicho que ese derecho en realidad no es un derecho, sino un principio que obliga a los poderes públicos valencianos, pero no al Estado», de modo que «habrá o no trasvases o excedentes en la medida en que el Estado quiera hacerlos», puntualiza Baño.

Por otro lado, considera «muy importante» el desarrollo de la legislación estatutaria en materia impositiva y de Derecho Civil, fundamentalmente el Derecho Privado y Matrimonial. Además, ha instado a regular un ámbito «que no tiene nada que ver con el desarrollo estatutario, pero muy sentido por toda la sociedad valenciana, que es el desarrollo urbanístico sostenible».