El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, hizo ayer balance de la legislatura socialista en materia hídrica y acusó a Rodríguez Zapatero de «ignorar, castigar y humillar a la agricultura murciana. Zapatero no tiene una idea nacional del agua y esconde su fracaso en la autonomía de la desalinización, el transporte de agua en barcos y en el rechazo frontal al trasvase del Ebro».

El responsable de la agricultura de la Región de Murcia aportó datos para subrayar que en los últimos cuatro años «el Ebro ha vertido al mar 36.000 hectómetros cúbicos». A su juicio, este dato sigue demostrando «la viabilidad de este proyecto».

El consejero murciano indicó el pasado sábado que el proyecto del Gobierno central de llevar agua desalinizada en barco, desde Almería hasta Barcelona, era la prueba palpable del fracaso de la política hidráulica de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ayer se reafirmó en lo mismo al añadir que la ministra Cristina Narbona ha acudido a la Región de Murcia «a escenificar este fracaso» con la visita a la desalinizadora de Valdelentisco, que no tiene energía eléctrica ni permiso de sanidad. En su opinión, el plan de desalinización socialista «hace aguas, entre la manipulación, la mentira y el engaño».

«Desconoce la realidad»

Cerdá destacó que «con los propios datos de la legislatura, Rodríguez Zapatero demuestra que desconoce la realidad de España. De no haberse derogado este trasvase del Plan Hidrológico Nacional, los agricultores murcianos hoy estarían regando con agua del río Ebro».

Detalló que en los últimos 18 años, los más secos de los últimos cien años, el Ebro ha vertido al mar 158.000 hectómetros cúbicos. Manteniendo el caudal ecológico y respetando las necesidades de la cuenca cedente, dijo, se hubiera podido trasvasar la cantidad prevista para atender al Levante español, y aún hubieran ido al mar 140.000 hectómetros cúbicos, es decir, una media de 7.780 hectómetros cúbicos al año, explicó.

Para el consejero, «estas cifras evidencian que se podrían haber realizado todos los trasvases incluidos en el Plan Hidrológico Nacional y se habría evitado el terrible daño que se ha hecho a la agricultura murciana», indicó. «El agua sigue estando en el Ebro, y no existe ningún dato oficial de la Unión Europea donde dijera que no se iba a subvencionar este proyecto, como intenta hacer creer el Ejecutivo socialista».

El consejero murciano de Agricultura indicó que el trasvase del Ebro venía a complementar el trasvase del Tajo, principal fuente de suministro en la Región.

Por su parte, el portavoz de los socialistas murcianos, José Ramón Jara, replicó al consejero Cerdá y dijo que la desalinizadora de Valdelentisco, «cuenta con todos los permisos» para su funcionamiento. Criticó que el consejero, «en su línea de deslealtad institucional», no acompañara a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, durante su visita, el domingo, a la desalinizadora. «Esta planta está produciendo agua desde hoy», aseguró José Ramón Jara.

El PSOE tiene un nuevo objetivo desde hace una semana: Manuel Pizarro. El fichaje estrella de Mariano Rajoy ha escocido en las filas socialistas y desde que se conoció que sería el número 2 del PP por Madrid en las generales, el PSOE aprovecha cualquier oportunidad para atacar. Ayer el turno le tocó a María Teresa Fernández de la Vega, cabeza de lista de los socialistas por Valencia.

De la Vega participó en la presentación de las candidaturas del PSOE en la Comunitat en un acto celebrado en el Jardín Botánico de Valencia. Su discurso se dividió en tres ejes: la promesa de hacer una campaña limpia, la crítica al discurso y candidatos del PP y el cumplimiento de las promesas del Gobierno con la Comunitat. En este último apartado es donde salió a relucir el nombre de Pizarro y precisamente lo hizo ligado a un tema espinoso que ha enfrentado a Gobierno y Consell a lo largo de toda la legislatura: el agua.

La candidata socialista afirmó que a los valencianos «no les ha faltado nunca el agua en estos cuatro años, mientras que en los anteriores, con Aznar y Rajoy, muchos tuvieron que dejar cerrados los grifos». «Por cierto» -se preguntó De la Vega- «Habrá que preguntar al PP si piensan traer mucho a Pizarro por aquí para que explique a los valencianos por qué se ha opuesto siempre al trasvase del Ebro». Las risitas entre el resto de candidatos se hicieron evidentes como muestra de que se habían apuntado un tanto.

En efecto, Pizarro, nacido en Teruel, siempre se ha mostrado contrario a la obra que sí defiende su nuevo partido -se afilió al PP hace unos días-. El ex presidente de Endesa afirmó hace unos días que siempre defenderá el llamado Pacto del Agua, aprobado en las Cortes de Aragón y contrario al trasvase.

De la Vega entró así de lleno en la batalla por el trasvase del Ebro de la que también es protagonista. El PP, de hecho, no ha dejado de recordar desde que es candidata, que fue De la Vega quien firmó el decreto de derogación del trasvase del Ebro y ahora se presenta por Valencia.

La postura de Pizarro, contraria a la de su partido, no es sin embargo, única. Y es que en las mismas filas del PSOE hay quien ha apoyado la obra hídrica a pesar de que va en contra de lo establecido por su partido. Así, Jordi Sevilla llegó a señalar que el trasvase del Ebro era una obra «que reivindicaría hasta el final», mientras que Josep Borrell apostó por la obra hasta un mes antes de su derogación, en 2004.

De la Vega se mostró convencida de que el PP no incluirá el trasvase del Ebro en su programa electoral, aunque desde el PP valenciano se hayan dado garantías de que sea así.

La cabeza de lista del PSOE también habló de infraestructuras para señalar que, «pese al victimismo triste e injusto del PP, la Comunitat Valenciana ha avanzado». De la Vega señaló que se han invertido 1.000 millones de euros en carreteras y se han construido 125 kilómetros de autovías. «Hemos hecho mucho por Valencia, como demuestran los aeropuertos y los puertos, que hoy acogen a más pasajeros y mercancías gracias a las inversiones del Gobierno de España», añadió.

Y para terminar con este capítulo, otro tema polémico: el AVE. Según la vicepresidenta del Gobierno, el PP sólo puso la primera traviesa de la obra y será el PSOE quien traiga la alta velocidad a la Comunitat. Sin especificar fechas para Alicante y Castellón, De la Vega sí confirmó que la conexión Madrid-Valencia estará operativa en 2010. «No les gusta oírlo, pero esa es la verdad», dijo.

Candidatos del pasado
Durante todo su discurso, la cabeza de lista del PSOE criticó al anterior Gobierno, «el de Aznar y el de Rajoy» y señaló que en un proyecto político las personas cuentan mucho. «No es lo mismo un proyecto liderado por Zapatero que otro con Rajoy, Acebes, Pizarro y Aguirre», con quienes el PP, señaló, ha fijado el rumbo «a la derecha más derecha y en lugar de avanzar han metido la marcha atrás».

Para De la Vega, los socialistas presentan un equipo con liderazgo que apuesta por el diálogo y por una economía fuerte. La candidata indicó que el objetivo de los socialistas es hacer que la Comunitat Valenciana sea «más próspera y pujante que nunca» y esté a la cabeza de la modernización del país y para conseguirlo tienen que convencer a los ciudadanos de que su mensaje es el mejor.

De la Vega también aprovechó el acto para que se escuchara, por primera vez de su boca, que está dispuesta a enfrentarse a un cara a cara con Esteban González Pons, número 1 del PP por Valencia. Aseguró que ya era hora de que el PP se prestara a hacer debates y dijo que habrá tantos como los ciudadanos quieran. Indicó que el propio Zapatero ha expresado a sus candidatos que deben salir a debatir para dar a conocer el proyecto del PSOE.

La candidata habló por último de su interés por hacer una campaña limpia y respetuosa. «La nuestra va a ser una campaña de propuestas y objetivos, alejada del insulto barriobajero, de la descalificación y de la injuria que solo practican los que no saben hacer otra cosa», añadió. La candidata se reunió después con los candidatos, a los que transmitió su confianza de cara a las elecciones. Según expresó, las encuestas indican que la Comunitat es la región en la que los socialistas más crecerán en las generales.

Nunca, al menos desde que lo miden los meteorólogos (1947), llovió tan poco en España como entre septiembre de 2004 y agosto de 2005, en el arranque de la legislatura que ahora acaba. Aún hoy, los sistemas hídricos de varias comunidades están al límite. ‘Pedimos a los ciudadanos un último esfuerzo, las desaladoras funcionarán a pleno rendimiento el próximo año’. Son palabras de agosto de 2006, pero el director general del Agua, Jaime Palop, las ha repetido en sus múltiples visitas al litoral mediterráneo, la zona más sedienta, como un mantra para espantar el fantasma de la sequía, una amenaza habitual esta legislatura. La apuesta por las desaladoras es la novedad más visible de la política de agua del Gobierno. Y también la más polémica.

La decisión de cancelar el proyecto de trasvase del Ebro del PP condicionó el nacimiento del programa AGUA del Gobierno socialista y muchos expertos ven en esta circunstancia su pecado original. El programa tiene en la puesta en servicio, ampliación y construcción de 36 desaladoras una de sus medidas básicas para satisfacer las necesidades de agua de las cuencas mediterráneas. Los que exigen la resurrección del trasvase insisten en el coste energético de las desaladoras y sostienen que su precio es prohibitivo para los regantes. Los que defendieron la cancelación del trasvase, creen que el Gobierno ha cedido a la presión mediática en su planificación, critican las subvenciones en el precio a los regantes y temen que problemas de sobredimensionamiento como el de Carboneras -la mayor desaladora en servicio funciona al 15% de su capacidad-, se repitan.

‘La desalación es útil, lo que es un error es encomendar a las desaladoras la solución del problema del agua’, opina Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua. Cabezas, que fue subdirector de Planificación Hidrológica con el Gobierno del PP, mantiene que un trasvase atendería mejor y con menos coste energético las necesidades de los regantes: ‘El precio del agua desalada lo van a poder pagar las ciudades, pero no los agricultores. Eso tiene implicaciones territoriales claras’.

El excesivo coste energético de la desalación es una crítica habitual al sistema y el apelativo de ‘electricidad embotellada’ ha hecho fortuna. ‘El gasto en electricidad por metro cúbico desalado ha disminuido mucho y aún hay margen para algún recorte adicional’, rebate Antonio Estevan, de la consultora medioambiental Gea21.

Estevan pertenece a la Fundación Nueva Cultura del Agua, que se significó por su oposición al trasvase del Ebro y su respaldo a los planes del Gobierno. Pero su visión sobre las desaladoras ha cambiado. Estevan presentará en un foro de expertos organizado por el Ministerio un estudio sobre las desaladoras en el que se critica que se hayan puesto en marcha varias plantas sin contratos cerrados que garanticen la compra de agua a un determinado precio.

El informe relaciona esta práctica con cesiones del Gobierno a la presión social tras la derogación del trasvase. Y advierte de que puede haber problemas para colocar el agua que se desale y, por tanto, para que las plantas trabajen a plena capacidad, lo que dispararía los costes.
‘El programa AGUA se está yendo a pique’, abunda Manuel Ramón Llamas, catedrático emérito de Hidrogeología y uno de los expertos más reputados en esta materia. Las críticas de Llamas, que también pertenece a la fundación, se centran en los escasos avances del Gobierno en hacer pagar a los regantes, que consumen más del 80% del agua, el coste del abastecimiento. ‘Las desaladoras son una solución tecnológica interesante, pero se está volviendo a vulnerar el principio de que todos los usuarios paguen el mismo precio, no entiendo por qué los demás tenemos que seguir subvencionando a regantes que van en Mercedes’. Llamas cree que tampoco ha habido avances significativos en el control de las aguas subterráneas de las que se nutren los agricultores del litoral mediterráneo con costes mínimos y, en muchos casos, sin autorización administrativa.

La perspectiva de los regantes es bien distinta. ‘El Ministerio quiere que aceptemos pagar 36 céntimos de euro por metro cúbico y, que si no necesitemos el agua, paguemos 25 céntimos para compensar el parón de la planta. No podemos asumirlo’, afirma Francisco del Amor, presidente del sindicato central de regantes del Tajo-Segura. El sindicato, que representa a los propietarios de 130.000 hectáreas de riego en Murcia, firmó con Medio Ambiente un ‘compromiso de buenas intenciones’ para comprar agua de la desaladora de Torrevieja, ya en obras.
Un precio de 36 céntimos por metro cúbico es un precio subvencionado, ya que las empresas del sector estiman que el coste real está entre 50 y 70 céntimos por metro cúbico, que es lo que sí pagan las poblaciones que se abastecen de agua desalada. Pero para los regantes del Tajo-Segura es mucho: el agua del trasvase les sale a 10 céntimos y la de sus pozos, gratis. ‘Podemos pagar eso por el agua desalada en situaciones puntuales, pero no comprometernos a comprar agua todas las campañas’, añade el presidente del sindicato de regantes.

A la posibilidad de que los regantes no vayan más allá de sus ‘buenas intenciones’, se suman los cálculos de los que creen que la demanda de agua urbana que saciarían las desaladoras están hinchados, no toman en cuenta que muchas zonas del litoral pierden población en temporada baja o anticipan planes de expansión residencial de dudosa ejecución. ‘Se están produciendo aumentos de oferta sin sentido, se incentivan desarrollos urbanísticos insostenibles’, asegura Guido Schmidt, de la organización ecologista WWF-Adena.

El estudio de Estevan sí da argumentos a los que defienden la mejora en la eficiencia energética de la desalación. Según sus cálculos, la emisión de dióxido de carbono de las desaladoras, cuando se terminen las previstas en el programa AGUA, será equivalente a un millón de toneladas de C02, apenas el 0,25% de las emisiones totales en España. Y añade un estudio comparativo entre los costes de un trasvase (el Tajo-Segura) y una desaladora en la única localidad (Alicante) en la que ambas técnicas conviven: el coste energético de poner el agua en la casa de un alicantino resulta menor con la desalación que con el trasvase.

‘En el tema de las desaladoras, el ministerio se tiene que defender de dos frentes, los que exigen el agua que prometía el trasvase y los que pensamos que hay que insistir más en el ahorro, el reciclaje y el control de la demanda, el equilibrio es complicado’, concede Schmidt.
En la antesala de la campaña electoral y con la sequía volviendo a amenazar esta primavera en varias comunidades, el retraso en el despliegue de las desaladoras da más aire a la polémica. Tras varios retoques al programa AGUA, se pusieron en servicio cuatro grandes desaladoras ya construidas, y se programaron cinco ampliaciones y la construcción de 17 nuevas plantas. Además de estas 26 desaladoras en el litoral mediterráneo, se han añadido ocho plantas más en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares. El Ministerio de Medio Ambiente calcula que estas 34 desaladoras sumarán una capacidad de 713 hectómetros cúbicos. Pero los vaticinios sobre los plazos fallaron: hasta 2007, año en el que se estimó que estarían todas operativas, sólo se habían puesto en marcha dos ampliaciones en Alicante y Murcia y las plantas de Ceuta y Melilla.
Medio Ambiente rehusó atender a este periódico para explicar las razones del retraso. A nadie escapa la dificultad de poner en pie el más ambicioso plan de desalación que se acomete fuera de Oriente Próximo, con una inversión de casi 2.000 millones de euros. Pero hay más razones. Y la animadversión a los planes del Gobierno en las comunidades que esperaban el trasvase del Ebro no es ajena a ellas.

El PP ha puesto en la Comunidad Valenciana multitud de problemas al despliegue de las desaladoras. ‘No podemos admitir que se haya eliminado el trasvase del Ebro y se nos ofrezca como alternativa las desaladoras’, reitera el consejero de Medio Ambiente valenciano, José Ramón García Antón. El dirigente popular sostiene que las desaladoras son una medida ‘puntual’, pero que no garantizan el agua que necesita la ‘productiva agricultura mediterránea’.
Los populares valencianos han repetido estas ideas para argumentar trabas administrativas -como las que retrasaron las obras de la desaladora de Torrevieja, que será la mayor de Europa- o en campañas publicitarias que reivindican la resurrección del trasvase del Ebro. Aunque aquí no han encontrado un respaldo nítido de la dirección nacional del PP, preocupada por la falta de votos en Cataluña y Aragón, radicalmente opuestas al trasvase.

Pese a todo, la desalación, como obra hidráulica que permite garantizar suministros de agua en un periodo no demasiado largo -se tarda menos de dos años en construirlas- gana adeptos entre los gobiernos que deben lidiar con la sequía. A la tradición de los países de Oriente Próximo o Australia, se unen ahora los encargos de países del Norte de África, EE UU o China, captados en muchos casos por empresas españolas. Y aquí, la Generalitat acaba de anunciar que pretende triplicar antes de 2010 la desalación ya prevista para Cataluña en el plan AGUA.

La Consejería de Agricultura ha pagado 38,8 millones de euros en concepto de ayudas para los planes de reestructuración y reconversión del viñedo, subvenciones que se repartirán entre 1.496 viticultores de Castilla-La Mancha para una superficie cercana a las 5.000 hectáreas.

Con esta transferencia, el Gobierno regional inicia el pago de las ayudas para la reestructuración y/o reconversión del viñedo correspondiente a la campaña 2007-2008.

Por provincias, Albacete percibirá algo más de 14 millones de euros para 571 agricultores y una superficie de 1.803 hectáreas. Le sigue Ciudad Real, donde se destinarán 11,9 millones para 366 viticultores y 1.466 hectáreas.

La distribución en Cuenca es de más de 7,3 millones de euros para 344 productores y 957 hectáreas, mientras que en Toledo la ayuda supera los 5 millones de euros, de los que se beneficiarán 211 agricultores con 721 hectáreas.

Por último, en la provincia de Guadalajara se concederán ayudas por importe de 28.520 euros para 4 beneficiarios y 11 hectáreas.

El día 14 de enero se abrió un nuevo plazo para la presentación de avales para aquellos viticultores que tengan aprobado el pago anticipado, plazo que estará abierto hasta el próximo 30 de abril.

La Consejería de Agricultura puso en marcha el Plan de Reestructuración y Reconversión del Viñedo en la campaña 2000-2001, acogiéndose al marco de la OCM del vino de la Unión Europea.

Anualmente, Castilla-La Mancha recibe para estas actuaciones más de la mitad de los fondos comunitarios asignados a España, ayudas que los viticultores aprovechan para mejorar la estructura productiva de sus explotaciones e introducir nuevas variedades de uva que sirven para la elaboración de vinos de mayor calidad y demanda en el mercado.

En concreto, en la última aprobación correspondió a la región el 54,8 por ciento del presupuesto, porcentaje que supone casi 89 millones de euros para actuaciones en 13.559 hectáreas. Una vez abonados estos 38,8 millones de euros, la Consejería seguirá pagando ayudas con cargo a este presupuesto durante 2008.

A falta de apenas diez días para que concluya el plazo para adherirse a la Oferta Pública de Adquisición de Derechos del Agua (OPAD) planteada por la Confederación del Júcar para el área comprendida en el tramo medio del río Júcar, desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO)confían en que las expectativas se cumplan y se consiga el ahorro esperado de 50 hectómetros cúbicos.

Así lo manifestó el presidente de los regantes albaceteños, Francisco Belmonte, quien añadió que preven que la respuesta será más positiva que la obtenida en la anterior convocatoria realizada el año pasado desde la Confederación.

Los datos de solicitudes que ya se han tramitado en las oficinas de la JCRMO apuntan en esa línea. De hecho hasta el momento estiman que un 25% del total de usuarios que podían adherirse a esta Oferta Pública de Adquisición de Derechos del Agua ya lo han hecho. Sólo con las solicitudes de adhesión tramitadas hasta el momento se podría garantizar un ahorro de unos 19 hectómetros, según Belmonte.

Agilizar las peticiones

Además otro porcentaje importante de los aproximadamente 300 regantes, con un total de 25.000 hectáreas, a los que afecta esta convocatoria ya han puesto en conocimiento de los técnicos de la Junta Central su intención de sumarse a este proceso. Motivo por el cual, Belmonte hizo un llamamiento para que aquellos regantes que quieran adherirse a este procedimiento no esperen a agotar el plazo establecido, cuya culminación está fijada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para el próximo día 28 de enero.

En esta ocasión, como en la anterior convocatoria el objetivo es igualmente y fundamentalmente «ecológico». No obstante, existen diferencias importantes con respecto a la oferta realizada el año pasado. Así en esta ocasión se ha fijado en 25 céntimos de euro el precio que se pagará a los agricultores por metro cúbico de agua, frente a los 19 de la anterior convocatoria. Además este año los usuarios que se acojan a este proceso están obligados a reservarse un volumen de agua para atender a sus cultivos de primavera o verano.

Bajo el capítulo titulado «El cambio climático, un problema global y social», el quinto del programa -consta de seis-, se enmarca la política de los socialistas dedicada a la agricultura, bajo el epígrafe «Un futuro sostenible para el medio rural», que principalmente se sostiene sobre la recientemente aprobada Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. De su aplicación depende, aseguran los socialistas, “la mejora de la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y su acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad, al tiempo que se conserva su patrimonio natural y cultural”.

El PSOE ensalza esta ley por poseer un contenido “multisectorial” que comprende acciones y medidas que abarcan desde la agricultura y la diversificación económica a las infraestructuras, equipamientos y servicios “que requiere una gobernanza transversal contando con la cooperación de todas las administraciones”.

Para el sector agroalimentario, que destaca como uno de “nuestros sectores estratégicos”, el PSOE creará una Ley General Agroalimentaria, que: permita “actuar en todos los frentes, desde la agricultura al consumo, ordenando y favoreciendo unas relaciones más justas y seguras entre los diferentes sectores de la cadena alimentaria”; actualice la normativa actual; y coordine las políticas para este sector “a nivel de todo el Estado”.

Además, prestarán especial énfasis en: fomentar las relaciones entre la producción agraria, la agroindustria, la distribución y los consumidores, con medidas como la actualización de la legislación sobre profesiones agroalimentarias y el fomento de los contratos agrarios o el establecimiento de acuerdos de comercialización por productos; impulsar la salud y el bienestar de la ciudadanía en relación con los alimentos estableciendo un Plan de Seguridad y Calidad Alimentaria; maximizar el valor añadido de la cadena alimentaria, reforzar la formación y la seguridad en el trabajo, hacer frente a las crisis de las materias primas y aumentar la presencia en los mercados internacionales, y el apoyo a los proyectos de I+D+i así como la aplicación del nuevo Plan Estratégico del Cooperativismo; y potenciar una cadena alimentaria respetuosa con el medio ambiente, favoreciendo el establecimiento de códigos de responsabilidad social y medioambiental en el conjunto de la cadena alimentaria.

El compromiso en defensa de la agricultura española se concreta para el PSOE en seis acciones principales; apoyar una PAC “mejorada y adaptada” que garantice un abastecimiento seguro y estable, salvaguardando los intereses de los agricultores y los derechos de los consumidores, para lo que defenderán la máxima simplificación de las medidas y la redistribución de las ayudas a favor de los agricultores y territorios prioritarios y propugnarán condicionar las ayudas al cumplimiento de criterios de condicionalidad.
 
Además persiguen la mejora del nivel de renta de los agricultores, estableciendo un sistema coordinado de actuaciones orientadas a moderar el crecimiento de los costes de producción, regularizar los ingresos y lograr unos precios justos al productor, mediante el fomento de contratos agrarios y acuerdos interprofesionales, la universalización de los seguros agrarios y una nueva potenciación del cooperativismo; promueven un apoyo preferente a los profesionales de la agricultura de zonas rurales prioritarias, fomentando la suscripción de contratos territoriales con las administraciones públicas; establecer un Estatuto del Profesional de la Agricultura y un Estatuto del Asalariado Agrario que recoja sus derechos y obligaciones de cara a una agricultura sostenible; profundizar en el proceso de modernización de nuestra agricultura; y favorecer el desarrollo de una agricultura ecoeficiente, que realice una adaptación ambiental de los sistemas de producción agraria intensiva, promueva la producción y el uso de las energías renovables y los biocombustibles y reduzca la contaminación, para lograrlo aprobarán un Plan Nacional de Calidad Ambiental Agrícola y Ganadera y “seguiremos priorizando el apoyo al fomento y desarrollo de la agricultura ecológica”.

UNA NUEVA POLÍTICA RURAL

En definitiva, de ganar las elecciones el PSOE defenderá en su próxima legislatura una nueva política rural de Estado “que se apoya en la cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas y las entidades locales, respetando el marco competencial”, y promueva la participación del sector privado. Además, buscará una mayor integración territorial de las zonas rurales.

Para desarrollar esta nueva política defienden como prioritarias la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural; un programa de Desarrollo Rural Sostenible plurianual; una atención prioritaria a las zonas rurales más necesitadas de apoyo y a ciertos grupos de población como la mujer rural, los jóvenes y los mayores; una cooperación elevada entre las administraciones con las comunidades y la administración local a través de un organismo de coordinación constituido por el Consejo para el Medio Rural; y el establecimiento de una Mesa de Asociaciones para el medio rural, como órgano de participación, información y consulta de las entidades asociativas relacionadas con el medio rural.

PESCA

Con el objetivo de seguir liderando la defensa de una pesca sostenible y responsable en el ámbito internacional, incrementarán la presencia internacional de nuestra industria pesquera, perseguirán mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo y calidad de vida de los trabajadores del mar y promoverán la mejora de la situación de los recursos marinos y una acuicultura respetuosa con el medio ambiente.

En base a estos objetivos llevarán a cabo actuaciones destinadas a: ajustar el esfuerzo pesquero reforzando el apoyo institucional, impulsando la actualización de la Ley de Pesca Marítima y desarrollando una nueva Ley de Apoyo a los Intereses Pesqueros en el Exterior; promover la consolidación y la ampliación de la red de acuerdos pesqueros con terceros países; mejorar las condiciones sociales de los trabajadores del mar y promover contratos con los inmigrantes, así como adoptar medidas que permitan a todos los pescadores disponer de un localizador personal para su seguridad; fomentar sistemas de seguros que cubran las adversidades meteorológicas “y en particular a todas las embarcaciones de bajura”; favorecer la actividad pesquera con criterios de sostenibilidad; y aumentar la investigación para un mejor conocimiento y gestión de los recursos.

OTRAS MENCIONES AL SECTOR

Aunque no específicamente en el apartado dedicado al sector agrario, en el resto del programa los socialistas hacen menciones a otros temas que afectan a nuestro sector, destacando especialmente la importancia que le otorgan a la sostenibilidad ambiental, cambio climático y energía; a la necesidad de un nuevo contrato social con el agua; y a proteger, conservar y recuperar nuestra biodiversidad para seguir creciendo.

De cara al presupuesto de la UE, que se negociará en 2009, el PSOE pretende defender la financiación de las políticas comunes tradicionales, la PAC, y la política de cohesión, «como parte fundamental de la UE». En su opinión, «necesitamos» una política agrícola que «promueva el desarrollo rural integral y valore el papel fundamental de los agricultores», tanto para garantizar el abastecimiento de alimentos, como en materia de medioambiente, paisaje, seguridad alimentaria, bienestar animal y sanidad vegetal.

Para la política laboral, el programa dedica tres líneas a los trabajadores agrarios por cuenta ajena, con los que se compromete a cumplir los compromisos adquiridos en 2006, de modo que a partir del 1 de enero de 2009 «se integrarán en un sistema específico dentro del Régimen General».

En el capítulo de Sanidad, estaremos atentos al que denominan «refuerzo de las políticas preventivas», ya que es «prioridad» del PSOE ejecutar «acciones para prevenir el alcoholismo y disminuir el consumo de alcohol». Además, prometen crear, una Ley de Salud y Seguridad Alimentaria, que, entre otras medidas, coordine las actuaciones de las administraciones sanitarias, fortaleciendo las actuaciones preventivas.

Además en Consumo, cabe destacar la creación de la figura del defensor del consumidor y el Observatorio de políticas de consumo que «impulsen, refuercen y distingan las buenas prácticas empresariales y de la administración al tiempo que promuevan el consumo ético y sostenible y las prácticas individuales y colectivas de los individuos frente al cambio climático».

Asimismo promoverán Planes Estratégicos Sectoriales para los sectores industriales, identificados en el Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 que afecta a 10 sectores entre los que se incluyen alimentación, agricultura y pesca y que recoge como objetivo alcanzar un gasto en términos PIB del 2,2 por ciento en el año 2011, llegando la financiación empresarial a un 55 por ciento.

También apoyarán la transformación y modernización de los mercados municipales como centros comerciales competitivos en productos de alimentación y las galerías comerciales en poblaciones menores. En estas últimas, además, desarrollarán programas de desarrollo rural en los que mediante comercios multiservicio, apoyos a la logística y al transporte, se garantice un nivel suficiente de abastecimiento a la población.

Reconocen como un «problema» que el incremento de los precios en la cadena alimentaria «no siempre es comprendido por los agentes económicos». Para hacerle frente, «proponemos avanzar en transparencia y en la información sobre los procesos de formación de precios, mediante la publicación periódica de los precios en los diferentes niveles de canal y formatos comerciales, así como el análisis de la información».

Para el medio rural, buscan garantizar la atención en los entornos rurales que permita la permanencia de las personas en su medio, potenciando los servicios y las redes de apoyo a las personas dependientes que viven en el mundo rural. Además, incorporarán a todas las políticas y programas de sostenibilidad y desarrollo en el medio rural, la perspectiva de la discapacidad, realizando un estudio integral de las necesidades de las personas discapacitadas en estos ámbitos que sirva como base para la aprobación de una Estrategia Global de Actuación en el medio rural.

AGUA

Los socialistas están convencidos de la necesidad de un «nuevo contrato social con el agua» que garantice calidad de vida, respeto al medio ambiente, y solidaridad». Lo fomentarán a través de campañas de sensibilización en los nuevos valores del agua y con la creación de un Centro de Estudios del Agua, que permita tratar otros temas emergentes como la ecología, la economía del agua o la participación pública.

Los socialistas defienden el Plan Nacional de Calidad de Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, que permitirá, según el texto, que en los próximos ocho años «alcancemos el buen estado ecológico de las masas de agua españolas».

El principal reto, es aumentar el uso «responsable, racional y eficiente» del agua en todos los sectores, principalmente en el agrario del que dicen, «es el mayor consumidor», por lo que deben aplicarse políticas que fomenten el desarrollo de regadíos con sistemas eficientes de agua.

Así, ampliarán el horizonte del Plan de Choque con el objetivo de que en 2012 los regadíos eficientes «supongan al menos el 80 por ciento del total, y alcancen el 100 por cien en 2016»; extenderán los bancos públicos de agua a todas las cuencas; impulsarán un Plan Nacional de Reutilización de Aguas regeneradas para «aprovechar inicialmente más de 1.000 hm3 anuales para usos no potables»; y seguirán promoviendo la desalinización «de modo que para 2012 España dispondrá de más de 1.000 hm3 de agua potable animal garantizada a partir de esta tecnología».

Además, el PSOE define tres líneas de actuación básicas para conseguir sus objetivos con el recurso del agua, reforzar el papel coordinador del Gobierno de España en las políticas de agua, impulsar nuevos mecanismos de participación de la ciudadanía, y promover un gran pacto por el agua: los plantes hidrológicos de Cuenca. Para lo que contempla diseñar mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones para implementar los nuevos estatutos; completar el proceso de transferencia de las competencias sobre cuencas internas a las comunidades autónomas; dar mayor participación a las CCAA en la gestión de las cuencas; otorgar mayor protagonismo a las administraciones locales; crear un Observatorio Nacional del Ciclo Urbano Sostenible del Agua; ampliar el concepto de usuario en los Organismos de Cuenca; y convertir los nuevos Planes Hidrológicos de Cuenca en espacios para el diálogo, el consenso y el pacto.

POLÍTICA EXTERIOR

Los socialistas afirman que no hay que resignarse ante el fracaso de las negociaciones de la Ronda de Doha en la Organización Mundial del Comercio (OMC), por eso «trabajaremos también desde la UE para lograr un acuerdo que tenga en cuenta los intereses de los países menos avanzados» y que garantice «los estándares sociales, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad del medio rural y la no disminución de los estándares sociales y medio ambientales europeos, con la defensa de las normas básicas de derechos laborales y trabajo decente».

También abogan por la aplicación de incentivos y mecanismos de salvaguardia para los países en desarrollo así como el refuerzo de los vínculos entre la OMC y la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el programa de kyoto de energías renovables.

Gran parte del texto del programa electoral, está salpicado de mensajes dedicados a la protección medio ambiental, energía y el agua, así como la lucha contra el cambio climático y la pobreza. De hecho, según los socialistas, estas constituyen desafíos que «sólo pueden afrontarse con un enfoque multilateral y con una intensa y comprometida cooperación internacional». El multilateralismo, dicen, y la apuesta por la ONU, es la «única vía capaz de asegurar unos derechos globales en el mundo».

Precisamente, otra ley que pretenden aprobar se refiere a la eficiencia energética y energías renovables con el objetivo de  garantizar las inversiones y rentabilidad de los implicados; mayor investigación en las energías renovables y en la captura y almacenamiento de CO2; incentivos para las empresas que reduzcan sus emisiones de CO2; financiación para la plantación de 45 millones de árboles; y promoción del uso de biocarburantes «especialmente los de segunda generación».

Preocupados porque la producción y el consumo incorporen crecientes exigencias de calidad ambiental, como «condición indispensable para garantizar la salud y la calidad de vida, así como el acceso duradero a los recursos no renovables. Para ello, los socialistas aprobarán un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente que lo permita, enfocado a la educación, la formación y el acceso a la información y participación de los ciudadanos.

Además, bajo el lema «el que contamina paga» pretenden avanzar en impuestos que puedan servir para potenciar la protección medioambiental, la prevención del cambio climático, el control de emisiones contaminantes, la conservación de los recursos hídricos y la promoción de las energías renovables, epígrafe al que han llamado «Tributación medioambiental».

Todas las propuestas, se basan pues, en trabajar por un sistema multilateral «sólido, eficiente y legitimado en su actuación, que incluyan las dimensiones sociales, ambientales y de la seguridad, además de económica para afrontar los desafíos que plantean la globalización y la gobernabilidad mundial».

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda, junto al delegado del Gobierno, Máximo Díaz Cano y al presiente de la Sociedad Estatal Hidroguadiana, S.A., Enrique Calleja, presentó ayer el Proyecto de Abastecimiento del Campo de Montiel desde el embalse de la Cabezuela, precisamente en las inmediaciones de este embalse. En el acto también estuvieron presentes el presidente de la Diputación Provincial, Nemesio Lara y otras autoridades autonómicas y municipales.
Barreda manifestó, “desde el primer momento comprendí que la batalla del agua era una batalla por la supervivencia de Castilla-La Mancha. La escasez de agua era un factor limitante de crecimiento y desarrollo. Históricamente nos habían marginado al hacer la planificación hidrológica nacional. Parecía que Castilla-La Mancha no importaba, que solo era una tierra de paso. Ahora Castilla-La Mancha es de los castellanomanchegos. El futuro está en nuestras manos y dispondremos de recursos con los que ni siguiera soñábamos. La política hidrológica tiene dos planteamientos. El primero cambiar legislación que nos perjudica. Se ignoraban nuestras necesidades y eso ya ha cambiado. El objetivo de mi gobierno consiste en dotarnos de infraestructuras necesarias para usar nuestras aguas. Con el Trasvase Tajo-Segura la cuenca cedente tiene prioridad. Antes no usábamos el agua porque no teníamos las obras necesarias. El segundo planteamiento es aprovechar al máximo nuestros recursos racionalizando su uso”.
El presiente de Castilla-La Mancha también comentó que con el proyecto que se presentó ayer, los municipios de Campo de Montiel tienen asegurado el abastecimiento de agua. “El objetivo es establecer un sistema que garantice el abastecimiento de agua independientemente de las vicisitudes de algunas zonas. Conseguir un suministro permanente, constante, similar al suministro eléctrico. Estamos conectando los pantanos. Esto supone la movilización de recursos financieros en una cantidad sin precedentes para invertir en obras hidráulicas”.
Barreda hizo mención a las inversiones en la provincia de Ciudad Real en materia hidráulica. Una es la Cuenca del Guadiana en Ciudad Real con el Programa A.G.U.A, que tiene unas inversiones que superan los 659 millones de euros. Para el abastecimiento hay más de 568 millones de euros, incluyendo las obras de la tubería de la Llanura Manchega y en depuración la inversión asciende a 90,7 millones de euros.
Con relación la obra de la Tubería de la Llanura Manchega, el presidente regional indicó que se ha conseguido que se use para abastecer a la región, cuando antes atravesaba la comunidad con 400 kilómetros de tubería sin dejar nada de agua mientras 27 municipios debían abastecerse con cisternas en verano. “Casi hace un año que empezaron las obras para dar agua a estos municipios. Desde 1995 se tendrían que haber iniciado las obras pero no comenzaron hasta que yo lo planteé”.
Añadió que la región tenía problemas de sobreexplotación de los acuíferos 23 y 24. “Ahora hemos hecho un plan con gran importancia económica, social y medio ambiental, un plan integral de desarrollo sostenible de La Mancha, no solo agrícola, aunque también lo hacemos para que los pequeños agricultores tengan agua y puedan regar racionalmente las explotaciones. La política hidráulica es fuente de riqueza. Se preserva el interés general. Ojalá se hubiera hecho antes, pero nunca es tarde”.

Otras intervenciones
Por otra parte, Enrique Calleja agradeció la colaboración de la Junta en estos cuatro años de trabajo para el desarrollo del Proyecto de Abastecimiento del Campo de Montiel desde el embalse de la Cabezuela. “Trabajamos con el objetivo de poner en marcha actuaciones del Plan Hidrológico Nacional. Hoy tenemos 10 grandes infraestructuras en marcha (cuatro de abastecimiento y seis de saneamiento y depuración), desglosadas en 22 proyectos que suponen una inversión de más de 300 millones de euros. Se da una situación sin precedentes en infraestructuras de agua que redundan en un mayor bienestar para los ciudadanos. Espero que ambas administraciones podamos seguir trabajando en beneficio de los ciudadanos”.
Calleja añadió que el proyecto de Abastecimiento al Campo de Montiel desde el embalse de la Cabezuela garantiza el abastecimiento a 15 poblaciones de la comarca (36.000 habitantes) y que se ha hecho un complementario al proyecto para dar agua potabilizada a Valdepeñas, Castellar de Santiago y Torrenueva, con lo que en total el proyecto abarca a 80.000 habitantes de la comarca.
Máximo Díaz Cano indicó que el acto de ayer era un “acto de indudable importancia y gran trascendencia. Las relaciones de Castilla-La Mancha con la política hidráulica han sido difíciles y conflictivas en algunos casos. Desde esta tierra se ha reclamado que se atendieran las necesidades básicas y que se pudiera mirar al futuro con optimismo. En estos cuatro años se han abordado más infraestructuras hidráulicas que en los últimos cien años, porque desde Castilla-La Mancha se han tenido las ideas claras para demandar lo que era justo y porque ha habido un gobierno de España que ha sido sensible a esos planteamientos. Castilla-La Mancha ha sido solidaria con otros territorios, pero no se resolvían sus necesidades. El planteamiento en política hidráulica es muy ambicioso, con una inversión de 800 millones de euros entre lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. El objetivo es atender las necesidades básicas de los ciudadanos y las necesidades de desarrollo”.
Díaz Cano también hizo referencia al Plan Especial del Alto Guadiana, “una solución para no agotar un recurso” y a la Tubería de la Llanura Manchega procedente de la cabecera del Tajo, “que garantiza el abastecimiento de agua a una zona que lo necesita. Esta tubería supone invertir 150 millones de euros además de la inversión para los ramales secundarios, lo que hace un total de 400 millones de euros”. o