os regantes de la Ribera del Júcar, apoyados por las organizaciones agrarias La Unió-Coag y la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava), entraron ayer en el cuerpo a cuerpo con Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó a la que amenazaron con llevarle a los tribunales e, incluso, con negarle el agua del trasvase si no suprime la campaña de recogida de firmas iniciada para forzar al Gobierno a que cambie la toma del agua. Los agricultores valencianos rechazan los informes hechos públicos por la Junta Central sobre la toxicidad de las aguas que circulan por el Azud de la Marquesa y acusan a la organización que preside Andrés Martínez de crear alarma social «con su campaña difamatoria y malintencionada».
Por su parte, el presidente de los regantes del Vinalopó rechazó las acusaciones de sus homólogos valencianos, recordando que «gusten más o menos los datos sobre las sustancias tóxicas son de la Confederación Hidrográfica del Júcar no de la Junta Central. Lo que no va a conseguir nadie es que me enfrente con agricultores, pero lo que queremos es agua de calidad del Júcar y, en este punto, sólo apuntar un dato: quizá el agua con la que se riegan naranjas y arroz no sirve para las hortalizas».
La iniciativa de la Junta Central, Coepa, Cámara de Comercio, Jóvenes Agricultores y Cepyme para recoger 500.000 firmas con las que convencer al Ministerio de Medio Ambiente para que cambie la toma del agua del futuro trasvase Júcar-Vinalopó provocó ayer una auténtica convulsión entre el sector agrario de la Comunidad Valenciana que, tras dos años de tensa calma por las maniobras de la empresa pública Aguas del Júcar -hoy absorbida por Acuamed- explotó.
El propio presidente de la Acequia Real del Júcar, Juan Antonio Delgado, se descolgó, tras una reunión con Ava y Coag, con frases muy duras dirigidas directamente hacia Andrés Martínez aunque no llegó a citarle. «A mi las bajezas y los navajazos me sobran», ya que, según dijo «los agricultores siempre hemos tenido las miras más altas». Delgado aseguró que no se opone al Júcar-Vinalopó pero incidió en que «éste debe ser operativo y el Azud de la Marquesa es el único punto del río donde hay «sobrantes» de agua. El presidente de la Acequia Real advirtió, por otra parte, de que «el río sólo tiene excedentes de agua a partir de la Marquesa, mientras que ni en el tramo que pasa por Cortes de Pallás ni el que pasa por Antella sobra».
Por su parte, el secretario general de La Unió-Coag, Joan Brusca, defendió la validez de los informes de la Universidad de Alicante -encargado por Aguas del Júcar- y de la Confederación Hidrográfica del Júcar que, según Brusca, «demuestran que el agua de este río es totalmente admisible para riego y cumple con todas las condiciones impuestas por el plan hidrológico del Júcar y de la FAO en todo su recorrido. En ningún momento hablan de elementos tóxicos como han falseado y manipulado desde el Vinalopó». Brusca expresó su temor a que la campaña de firmas pueda tener fuera de la Comunidad Valenciana «consecuencias imprevisibles y difíciles de reconducir». Manifestaciones compartidas también por José Pascual Fortea -regantes de Sueca- y Cristóbal Aguado, presidente de AVA. «Si en el Vinalopó alguien no quiere el agua del Júcar que estamos dispuestos a compartir, hay otros pueblos y comarcas valencianas que también necesitan ese agua y que incluso algunos han pedido», según recogió Europa Press.
Al mismo tiempo que tenía lugar la explosiva rueda de Prensa de los regantes valencianos, la Junta Central celebraba en Villena una reunión para ultimar los detalles de la campaña de recogida de firmas que comenzará la próxima semana y se desarrollará en tres frentes con el objetivo de recoger, en el mejor de los escenarios, 1.350.000 firmas, aunque la meta sean quinientas mil. Los 35.000 regantes alicantinos que recibirán caudales del Júcar contarán cada uno con una copia del manifiesto reivindicativo en el que caben cien firmas. Otros diez mil manifiestos se entregarán a Coepa, Cámara de Comercio y Cepyme, cuyos rectores serán los encargados de distribuirlos por empresas y comercios de la provincia de Alicante. Por último, la tercera iniciativa se desarrollará durante las 38 semanas que faltan hasta el 28 de julio -tercer aniversario de la suspensión de las obras Cortes de Pallás-Villena- y consistirá en la visita de los regantes a los treinta y ocho alcaldes de los municipios afectados por el trasvase a los que pedirán su firma en el manifiesto. La campaña arrancará con la alcaldesa de Villena, Celia Lledó. Los regantes del Vinalopó y la patronal de la provincia de Alicante reclaman que el agua del trasvase Júcar-Vinalopó sea potable tras detectar, según datos del a CHJ, que los caudales que llegan a la desembocadura contienen sustancias tóxicas e, incluso, cancerígenas, según la Junta Central de Usuarios.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha pedido a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que restrinjan el agua potable exclusivamente para consumo humano y empleen agua depurada para otros usos, como el riego de calles o los campos de golf.

Durante su intervención en la inauguración de una Jornada sobre la reutilización de aguas depuradas y una posterior rueda de prensa, junto a la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, Narbona ha señalado que en España solo se usa algo más del 10 por ciento del agua depurada (entre 400 y 450 hectómetros cúbicos), principalmente en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Ha destacado que las actuaciones del Gobierno permitirán triplicar la actual capacidad de reutilización en 2015, hasta los 1.200 hectómetros cúbicos, una cifra aun alejada de países como Israel, donde se utiliza el 70 por ciento.

La titular de Medio Ambiente ha citado a la Comunidad de Madrid como «un buen ejemplo de lo que queda por hacer», ya que dispone de agua depurada suficiente para multiplicar por diez el uso de la misma, pero ha recordado que se trata de una decisión que está en manos del gobierno regional y del ayuntamiento.

Así, ha insistido en que todas las administraciones públicas deben tener en cuenta «la imperiosa necesidad» de reducir el consumo de agua potable y aumentar el uso del agua depurada.

Narbona ha explicado que para incrementar la reutilización de aguas depuradas, además de disponer de este recurso, hacen falta normas y decisiones en el ámbito del urbanismo y de la ordenación del territorio, que son competencia de los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Por su parte, la ministra de Agricultura ha destacado la «fuerte» apuesta de su Ministerio por el agua depurada, que constituye «una gran oportunidad para nuestros regadíos», que consumen algo más del 70 por ciento de los recursos hídricos.

Ambas han subrayado la importancia del Real Decreto para la Reutilización de Aguas Depuradas, aprobado el pasado mes de diciembre, que define el concepto de reutilización, introduce la denominación de aguas regeneradas, determina los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad de utilización de aguas regeneradas.

Además, incluye disposiciones relativas a los usos admitidos y exigencias de calidad precisas en cada caso.

El director de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, Manuel Oñorbe, presente también en el acto, ha explicado que a raíz de esta norma todo uso de aguas residuales regeneradas quedará supeditado a las autoridades sanitarias competentes, lo que es «muy tranquilizador para la población».

El 5 de febrero de 2001, el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas (PP), puso la primera piedra de la desaladora de Carboneras, destinada a convertirse en la mayor de Europa y que serviría para regar el mar de plástico de la árida Almería.

Con una capacidad para desalar 42 hectómetros cúbicos de agua de mar al año (cada hectómetro cúbico equivale a un volumen como el del Santiago Bernabéu) sería la admiración del mundo. Ya con el PSOE en el Gobierno, la ministra Narbona la inauguró en mayo de 2005. La planta había costado 254 millones, el triple de lo presupuestado. Narbona dijo que aunque entonces sólo funcionaba al 12%, a final de la legislatura funcionaría a pleno rendimiento.

La realidad es que actualmente desala el 15% de su capacidad, según un portavoz de la planta, y para darle uso, el Gobierno construirá una tubería para que los barcos cisterna se pueden llenar con agua desalada y de allí llevarla a zonas con problemas de sequía, como Barcelona. Fuentes de la empresa pública Acuamed afirman que en 2008 la planta funcionará al 35% y en 2009 rondará el 50%.

El director General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, asegura que el Gobierno del PP hizo la desaladora «sin tener en cuenta para quién se hacía». «En esa zona de Almería tenemos agua pero no usuarios y además, la planta está diseñada en el peor lugar posible para el abastecimiento, al final del sistema de abastecimiento de los municipios», concluye Palop. Ni hay tanta gente como se pensaba ni los regadíos necesitan tanto caudal. Y encima su ubicación ha obligado a invertir en un nuevo sistema de tuberías.

La desaladora era demasiado grande y además las tuberías no estaban hechas. Durante tres años sólo funcionó en pruebas ya que nadie construyó las tuberías para sacar el agua. Las obras se están terminando y la desaladora ya abastece a Mojácar, Carboneras y Aguamarga, que han consumido 2,8 hectómetros el año pasado y para los regadíos (4,6 hectómetros).

Para dar servicio a la desaladora, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que su departamento construirá una tubería desde la desaladora para poder cargarla en barcos cisterna y desde allí llevarla a zonas con problemas de abastecimiento. Y el primer lugar elegido es Barcelona. Así, si no llueve en primavera los barcos llevarán agua desde Almería (en la zona con más déficit hídrico de España) a Barcelona. Carboneras habrá servido para algo. Después pueden veir otras zonas y hasta el norte de África como ayuda a Marruecos.

El Gobierno actual critica este modo de construcción ya que desde 2004, cuando derogó el trasvase del Ebro, ha impulsado 22 desaladoras en el Mediterráneo y ha puesto en marcha cuatro que estaban en obras. De las nuevas, ya están en servicio la ampliación de San Pedro del Pinatar, en Murcia, y la de Alicante, que producen 30 hectómetros cúbicos al año y que sí funcionan a pleno rendimiento.

La de Valdelentisco (Murcia) está a punto de ser inaugurada (la ausencia de línea eléctrica de alta tensión ha retrasado su apertura), y la de Alicante. Con estas, las nuevas desaladoras tendrán la capacidad para producir 104 hectómetros cúbicos al año cuando acabe la legislatura.

Si a eso se suman las desaladoras que estaban ya en obras con el PP y que desde 2004 se han puesto en marcha, la cifra de agua desalada asciende a 250 hectómetros, un 38% de lo que prometió el Gobierno en 2004 que aportaría mediante desaladoras. El resto procedería de reutilización y ahorro en regadíos. El resto de desaladoras estarán en marcha en 2009.

La portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, criticó los retrasos en el plan: «Las nuevas aportaciones se limitan a 18 hectómetros. Y Narbona anunció más agua, más barata y en menos tiempo y este es un incumplimiento más». Sobre la desaladora de Carboneras opina: «No sé qué ha ido mal. Tanto el PP como el PSOE poníamos esa planta como ejemplo. Ahora es rocambolesco llevar agua de la provincia más deficitaria a Barcelona. Es un trasvase en barcos».

Palop niega el retraso y lo avala con los datos de su gestión: «Llevamos cuatro años de sequía y no ha habido ni un corte en Murcia ni en Alicante. Si con esas pocas desaladoras hemos salvado la situación, que imagine el PP cómo quedará resuelto el problema cuando estén todas en marcha. El trasvase era una obra faraónica que difícilmente se habría podido hacer» y habría tardado más años.

En lo que va de año hidrológico (comenzó el 1 de octubre) se ha producido una situación inédita hasta ahora, hay más agua acumulada en los embalses del tramo final del río que en la parte alta. Eso es porque ha llovido más en la zona baja del Júcar que en la cabecera. Prueba de ello es que el pantano de Alarcón (del que se abastece la ciudad de Albacete) está apenas al 5% de su capacidad ya que almacena 64,3 hectómetros cúbicos de los 1.118 que podría almacenar. Contreras con casi 53 hectómetros cúbicos y Tous con 97 almacenan más agua que Alarcón. Desde el 1 de octubre, sólo han entrado al embalse 22 hectómetros cúbicos, menos de la mitad de los que llegaron en el mismo período del año pasado y la cifra más baja en 32 años.

La Confederación ha calificado la situación de «preocupante», máxime cuando la capacidad mínima operativa del embalse es de 30 hectómetros cúbicos. Según la nota del organismo de cuenca, desde septiembre del año pasado han salido del pantano entre 2 y 2,5 metros cúbicos por segundo, lo que ha permitido mantener el caudal ecológico del río, pero ha hecho que en vez de aumentar las reservas estén descendiendo, algo que nunca había pasado en invierno.

La Confederación explica que las lluvias producidas en otoño fueron importantes en la zona costera, pero no en el interior ni en las cabeceras de los ríos.

Las comisiones sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se reúnen esta semana en las terceras Jornadas de Participación, en las que, dentro del programa establecido entre los distintos usuarios y agentes sociales, abordarán los diferentes aspectos del Plan de Recuperación del río.

En un comunicado, el organismo ha explicado que este plan constituye una «pieza clave para articula un nuevo concepto del río», en sintonía con la Directiva Marco del Agua, incorporando aspectos como la conservación de la calidad biológica, los valores culturales y los valores paisajísticos.

Las mesas de trabajo están compuestas por usuarios, representantes institucionales, sindicales, empresariales y asociaciones medioambientales.

El PSOE quiere impulsar un «gran Pacto del Agua» si gana las próximas elecciones generales, tal y como recoge el borrador de su programa electoral, que pivotará en torno a los nuevos Planes Hidrológicos de Cuenca (que deben estar aprobados en 2009). Sin embargo, los socialistas no aclaran si este acuerdo incluirá una reforma del texto refundido de la Ley de Aguas, tras el intento frustrado de modificarlo en esta legislatura.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció definitivamente el pasado mes de agosto que aplazaba este cambio legislativo, que se convertiría en una promesa electoral de los socialistas para las elecciones generales de 2008.

El texto que nunca llegó a ver la luz preveía ceder a autonomías y ayuntamientos hasta el 49% de la gestión del agua, establecía una tasa universal de consumo y articulaba un banco público del recurso hídrico y conferencias periódicas entre los gobiernos regionales para tratar este asunto.

Pero, a la oposición de los regantes (por la incorporación del precio real del agua) se unió la batalla autonómica, con nuevos estatutos de autonomía que reclaman una mayor gestión sobre los ríos, y recursos de inconstitucionalidad interpuestos por unos contra otros gobiernos regionales.

En consecuencia, si hace menos de un año el Ministerio de Medio Ambiente presentaba esta modificación legislativa como una «necesidad y una obligación», ahora el borrador actual del programa electoral socialista sólo recoge que «el agua necesita de un gran pacto político, territorial y social».

En este sentido, apuesta por «trabajar para convertir los nuevos Planes Hidrológicos de Cuenca en espacios para el diálogo, el encuentro y el pacto». «Los planes son un compromiso de futuro y en ellos se decidirá para qué utilizar el agua, atendiendo adecuadamente a los requerimientos ambientales y garantizando plenamente la disponibilidad de agua de calidad en todos los territorios, manteniendo la prioridad otorgada en esta legislatura a la cuenca del Segura», añade.

Papel coordinador del Gobierno

Eso sí, también destaca que se reforzará el papel coordinador del Gobierno de España en las políticas del agua y se impulsarán nuevos mecanismos de participación de la ciudadanía. Además, el PSOE seguirá apostando por las desaladoras, con un compromiso de 1.000 hectómetros cúbicos de agua potable anual desde 2012 procedente de la desalinización de agua marina y también quiere extender hasta el 80% los regadíos eficientes en 2012 y al 100 por cien en 2016.

La Junta de Andalucía quiere la transferencia de parte de la Cuenca del Guadalquivir, como recoge su nuevo Estatuto. La propuesta ha alarmado a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Su presidente, Edelmiro Rúa, avisa de que la tendencia en España «camina hacia la fragmentación de la gestión del agua» y advierte de los peligros que entraña esa vía. «Cada río -explica- pertenece a una cuenca hidrográfica muy amplia que incluye a todos sus afluentes. Las confederaciones hidrográficas parten del concepto indiscutido de que la gestión del agua se realiza en el marco de cada cuenca. Es un modelo que funciona y, sin embargo, puede desmembrarse con iniciativas como la de Andalucía».

«Lo que está sucediendo en España -insiste- es muy extraño. Cuando Europa reconoce que el sistema español de gestión del agua, a partir de las Confederaciones Hidrográficas, es el mejor que existe, cuando todo el mundo está de acuerdo en que funciona bien; de repente, surgen voces que dicen: «No, yo voy a gestionar mi pequeña parte»».

«Y claro -reflexiona-, cuando una Comunidad abre ese camino, la tentación de las todos, hasta de las provincias, es la de querer gestionar también la parte de la cuenca incluida en sus territorios. Esto puede llevar a una situación totalmente anárquica y muy peligrosa. Una mala gestión del agua puede ser decisiva para que una sequía sea aún más grave, para que se produzcan riadas incontroladas, para que se acabe con el caudal ecológico de los ríos (el mínimo que garantiza la vida animal y vegetal acuática y de ribera) o para que desaparezcan los humedales tradicionales en las migraciones de aves».

«No estamos realizando ninguna defensa corporativista -señala-. Somos los especialistas en la gestión del agua y lo seguiremos siendo. Llevamos dos siglos gestionando el agua y la sociedad puede pedirnos responsabilidades si nos callamos. La gestión del agua no puede responder a caprichos de una u otra comunidad o provincia. Debe ser integral. El agua es de todos, es un bien público y tenemos la obligación de hacer que sea para todos. Reclamamos ya un Pacto Nacional sobre el Agua».

Las cuestiones básicas son: «La unidad de la cuenca se debe mantener y la gestión técnica debe ser única. Todo esto debe ir englobado en que si el sistema de cuencas funciona y es bueno, no deberíamos desmontarlo a la ligera».

El Colegio de Ingenieros de Caminos quiere dar a conocer sus inquietudes. Para ello, «una comisión está redactando un documento que se le presentará al presidente del gobierno para manifestarle nuestra enorme preocupación. En un par de semanas le daremos a conocer nuestra postura. A Zapatero le queremos transmitir que el país se juega mucho en esta cuestión. Una mala gestión del agua nos puede llevar al descontrol y al desastre».

El Boletín Oficial del Estado publica hoy el real Decreto por el que el Gobierno cierra las inversiones del primer horizonte del Plan Nacional para la mejora y consolidación de regadíos, en el que se han invertido los 751 millones de euros previstos para la realización de obras que, junto a la misma cantidad aportada por los regantes, han supuesto más de 1.500 millones de euros.

Según el Decreto, la sequía de los años 2005 y 2006 provocaron que se actuase con mayor rapidez y se movilizaran los fondos con urgencia para llevar a cabo las obras, agotando el presupuesto inicial. No obstante, quedan por finalizar algunas actuaciones ya previstas cuyo coste asciende a 175,6 millones de euros.

Para acabarlas el Ministerio de Agricultura ampliará la dotación y aportará la mitad (87,8 millones) y el resto saldrá de los usuarios afectados. En concreto la financiación pública se repartirá en 17,8 millones para la SEIASA del Sur y Este; 16,8 millones para la de la Meseta Sur; 32,8 millones para la del Norte y 20,4 millones para la SEIASA del Nordeste.

Que el resto de ríos que componen la Confederación tengan las mismas exigencias que el Júcar. Se trata de la principal reivindicación de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) de cara a la doble negociación que se está llevando a cabo en el seno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, una que se mantiene en torno a la recuperación del río y otra sobre la nueva planificación hidrológica que deberá estar lista en el 2009.

Así lo expuso ayer a este diario el secretario de los regantes albaceteños, Herminio Molina, que reclamó que se mantengan las mismas exigencias que se tienen con el Júcar para otros ríos incluidos dentro de la cuenca como el Turia, el Palancia o el Vinalopó.

Molina recordó que a los regantes del Júcar se les establecen una serie de restricciones para mantener el caudal ecológico del río y garantizar que baje agua en cantidad y calidad suficiente para asumir los abastecimientos de agua de Valencia, Sagunto o el Vinalopó y la Marina Baja alicantina.

«Si el Turia tuviera que cumplir las mismas exigencias que el Júcar habría agua de calidad para abastecer a la ciudad de Valencia y el Júcar no tendría que soportar todas esas demandas», afirmó. Pero reclaman que no se haga una vez que se finalice la planificación hidrológica en el año 2009, como parece que pretende el Ministerio de Medio Ambiente, sino antes «para que todas las medidas se puedan incluir en el nuevo plan del Júcar y no que se elabore la planificación sin tenerlas en cuenta».

Y todo ello en una semana en la que se va a terminar de definir el diagnóstico de la situación del Júcar dentro de la planificación del Plan de Recuperación del río en el marco de las jornadas de participación que la Confederación está llevando a cabo. La planificación de la recuperación del río comenzó hace ahora un año y se establecieron tres fases: diagnóstico de la situación, establecer los objetivos y concretar las acciones que se iban a llevar a cabo.

Comisiones

Para la primera fase se establecieron una serie de comisiones que contaban con la participación tanto de los usuarios como de las administraciones estatal y regional y de otros colectivos afectados como los ecologistas. En concreto se crearon cinco comisiones que esta semana cierran en Valencia la fase de diagnóstico para establecer los objetivos que se marcan. Protección frente a inundaciones, calidad de las aguas, revalorización socio-cultural del paisaje fluvial y su entorno, restauración de ecosistemas de ribera y caudales ecológicos son las cinco comisiones cuyos resultados se debaten en estas jornadas de participación. Las conclusiones que se extraigan de la celebración de estas comisiones ayudarán a establecer los objetivos que se perseguirán en el programa de recuperación del río de donde saldrán las medidas concretas a realizar, que a su vez se enmarcará en la negociación del nuevo plan hidrológico de cuenca. Según la planificación de la propia Confederación en el mes de junio de este año deberá estar finalizado el plan de recuperación del Júcar.

El secretario de la JCRMO recordó que «no se parte de cero como creen determinados sectores de la Comunidad Valenciana» en este proceso de elaboración del plan de recuperación del Júcar «porque llevamos varios años llevando a cabo medidas que garanticen la calidad de las aguas y la existencia de un caudal ecológico. Asegura que gracias a estas medidas, que se contemplan en el Plan Hidrológico del Júcar aprobado en 1998, «el río no se ha vuelto a secar pese a las intensas sequías como ocurría en los años noventa». También atribuye este logro a que se ha modificado la política de desembalses «que ya no se fija sólo en los usos del agua, sino también en el mantenimiento de un caudal ecológico del río».

La Confederación Hidrográfica del Júcar inició ayer en su sede las reuniones de las comisiones sectoriales que han de participar en las terceras Jornadas de Participación diseñadas por este organismo.
Las mesas de trabajo están compuestas por los usuarios, representantes institucionales, sindicales, empresariales y las asociaciones medioambientales y son consecuencia de los nuevos criterios de participación pública en la toma de decisiones y en la planificación hídrica surgidos de la Directiva Marco del Agua.
Según estos nuevos criterios, las conclusiones alcanzadas en cada una de las reuniones «serán tenidas en cuenta» en la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar «para mejorar su gestión y la planificación».
Ayer se reunieron las comisiones encargadas de diseñar estrategias de protección frente a inundaciones y la de calidad de las aguas mientras que hoy está prevista la responsable de la revalorización socio-cultural del paisaje fluvial y su entorno.
La jornada del jueves se hablará de restauración de ecosistemas de ribera y de caudales ecológicos con los miembros de ambas comisiones.
Por otra parte, el Boletín Oficial del Estado publicó ayer el decreto que desarrolla el Real Decreto de 19 de octubre que regulaba las «medidas urgentes» para reparar los daños causados por las «intensas tormentas de lluvia y viento e inundaciones» que afectaron a la Comunitat Valenciana entre el 11 y el 19 de octubre de 2007. El decreto contempla actuaciones y ayudas por un importe de 45 millones de euros.