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El derecho al agua del Estatut no es tal, según los expertos

El director del libro Comentario al Estatuto de la Comunidad Valenciana y catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de València, José María Baño, aseguró ayer que el derecho al agua recogido en el citado Estatut no es tal. Baño, que ayer presentó la publicación en un acto que contó con el rector Francisco Tomás y el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, sentenció: «No es un derecho en realidad».

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      Baño valoró las recientes sentencias del Tribunal Constitucional que rechaza los recursos de presentados por Aragón y Castilla-La Mancha contra el artículo 17 del Estatut que recoge el derecho de los valencianos al agua sobrante de cuencas excedentarias. «En realidad no es un derecho sino que es un principio que obliga a los poderes públicos valencianos pero no obliga al Estado», argumentó el catedrático, «lo que quiere decir que habrá o no trasvases y habrá o no excedentes de agua en la medida en que el Estado quiera hacerlos.

      Durante la presentación del libro, celebrada en la Nau de la Universitat de Valencia, el catedrático y coordinador del volumen explicó que el razonamiento del TC es que los Estatutos «están subordinados a la Constitución y a las competencias estatales».

      Por su parte, el consejero de Gobernación intentó mantener el tipo arrimando el ascua a su sardina. «Las sentencias reconocen el derecho de los valencianos a tener agua suficiente y de calidad», dijo Castellano, que volvió a insistir en que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno a la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano se debe «más a razones de oportunidad política que jurídica». «Supone un nuevo agravio», dijo.

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      La CHJ detecta 80 fincas en La Mancha que sacaban más agua de pozos de la autorizada

      El incremento del control sobre las extracciones ilegales en el acuífero de la Mancha oriental ha permitido identificar 80 explotaciones agrarias en las que se extraía más agua de la que tienen adjudicada en concesión, lo que ha derivado en la apertura de otros tantos expedientes sancionadores.
      La actuación, desarrollada conjuntamente por la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental se inscribe en las campañas para alcanzar una explotación más sostenible del acuífero, recuperar los caudales del Júcar y frenar el alarmante descenso del nivel del acuífero, que prácticamente no ha cesado desde finales de los setenta.
      Todavía hoy y pese a la estabilización alcanzada en el acuífero en los dos últimos años, es necesario liberar agua en el embalse de Alarcón para que el Júcar no se seque en algunos tramos por infiltración del agua en las calizas manchegas hasta hace dos décadas saturadas de agua.
      Las inspecciones realizadas en el último año han afectado a 268 explotaciones agrarias que suponen 41.533 hectáreas de cultivos en la provincia de Albacete y que tienen un volumen autorizado de extracciones de 186 hectómetros cúbicos (Hm3). De las 268 explotaciones, un 55,9% cumplen con la autorización e incluso extraen casi 40 hm3 por debajo de lo autorizado.
      Multas
      El resultado de la campaña ha sido la apertura de 169 expedientes de actuaciones previas que han dado lugar a 80 expedientes sancionadores. En conjunto se han localizado explotaciones con una superficie de 10.420 hectáreas donde se extraen 8,7 hectómetros cúbicos por encima de lo autorizado.
      Finalmente, la inspección ha derivado en 22 sanciones leves, 33 «menos graves» y 25 graves que suman importes por valor de 2.890.722 euros.
      No obstante, cabe destacar que la sanción solo contempla el cobro de la cantidad de agua extraída por encima de la autorización y que se valora, según acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar en 0,10 euros/m3.
      Control
      Se trata en todo caso de explotaciones legalizadas en aplicación del Plan Hidrológico del Júcar (PHN) pero sobre las que existían «sospechas» de que estuvieran extrayendo más agua de la que tienen concedida, según explicaron fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La persecución de esta práctica obliga a realizar una intensa labor de campo que complementa la de otras fuentes como la teledetección por satélite. Habitualmente cada inspección obliga a realizar dos visitas al año por parte de la guardería fluvial en presencia del titular o de la persona en quien delegue.
      Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha abierto, en el año 2007, un total de 563 expedientes, de los que 46 corresponden a Alicante.

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      La guerra del agua se recrudece pero ahora se hace en barco

      Las elecciones han recrudecido la guerra del agua. Ya no son los estatutos ni el Cons­ti­tu­cional los que hablan de derechos sobre el agua. Ahora se han retomado los argu­men­tos del pasado, aquellos que se superaron en 2001 cuando se aprobó el PHN y que el PP vol­vió a sacar a la palestra cuando en 2005 el PSOE derogó su principal obra. Las ca­ren­cias del plan AGUA han estallado esta semana. Cataluña plantea ahora el suministro a Barcelona con barcos desde una desaladora de Almería mientras retoma el trasvase original del Ebro, más aquel olvidado del Ródano a la ciudad Condal y en la Comunitat, el efecto dominó de la derogación vuelve a enfrentar a Alicante y Valencia.

      Se veía venir. El Plan Hidrológico Nacional (PHN), el aprobado por el PP en 2001, tar­dó en consensuarse cuatro años, justo el mismo tiempo que le ha costado al Plan AGUA exhibir sus carencias. La guerra del agua, lejos de disiparse, se ha sostenido du­rante to­da la legislatura: el PP valenciano y murciano se ha esforzado por mantener vivo el de­ba­te sobre el derogado trasvase del Ebro mientras el PSOE y los na­cio­na­lis­tas/re­gio­na­lis­tas catalanes y aragoneses se han regodeado ante sus paisanos du­rante toda la le­gis­latura de su ¿triunfo? y los socialistas castellano-manchegos ponían fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. Todo ello, por supuesto, trufado de en­cor­se­tamientos legales al derecho al agua vía desarrollo estatutario.

      Pero cuando la turbulencia agita, las aguas vuelven a su cauce natural y agotada la legis­la­tura, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el en­frentamiento vuelve a plantearse en los mismos términos que con­dujeron al consenso cuando en 2001 el PHN plasmó aquel gran Pacto del Agua entre los re­gan­tes catalanes, ara­goneses, valencianos, mur­cia­nos y andaluces. Vuelven pues los mismos ar­gu­mentos que el Plan AGUA trató de en­te­rrar en 2005 cuando se derogó el trasvase del Ebro y vuel­ven, precisamente, cuando la se­quía ha logrado reventar los parches puestos con el denso mapa de de­sa­ladoras.

      Si la semana pasada escandalizó que el presidente de la Expo del Agua de Zaragoza tildara de “sos­te­nible” el proyecto del ‘Las Vegas’ en pleno desierto de los Monearos, abastecida por el Ebro por supuesto, esta semana han sido el suministro de agua de­sa­lada de Almería a la Ciudad condal el que ha vuelto a sonrojar a más de uno. Porque tan in­gente gasto propuesto ahora por el Consell del PSC se ha presentado como una s­o­lu­ción puntual a los problemas de suministro de Barcelona, una alternativa plausible que se quiere abordar mientras se prepara el terreno del viejo trasvase del Ebro a Bar­ce­lona, sí el mismo del PHN original que se eliminó cuando se comenzó a hablar del caudal eco­ló­gi­co, y se plantea también un segundo no menos antiguo desde el Ródano.

      Solución insular desesperada

      La propuesta ha provocado una hilaridad aderezada con indignación indisimulada en el PP. Los socialistas ca­ta­la­nes, al defender tan kafkiano proyecto, han dado alas a los po­pulares para argüir lo evidente: que la planificación hidrológica no ha sido tal y que al menguar los trasvases, no sólo se ha agudizado el pro­ble­ma en el Levante, sino que también se ha extendido a Ca­ta­lu­ña. Por­que la capital catalana y peninsular plantea ahora las mismas soluciones de­ses­pe­ra­das a las que recurrió la Mallorca insular. Porque lo hace reclamándole recursos a Al­mería, a la que antaño se los negó al defender la de­ro­gación del trasvase. Porque se elige la desaladora andaluza de Carboneras al estar sólo al 20% de su capacidad y no se explica porqué se encuentra tan infrautilizada (quizá por inasumible el precio al que sale su metro cúbico) y a un tiempo se apela a nuevos pro­yec­tos de desa­la­ción, no ya para su uso en Almería, sino para exportar esta solución “a otras ciudades del Mediterráneo” sin reparar en justificar por qué ahora se da tal excedente de agua desalada y mucho menos considerar el impacto que para los an­da­luces, que no los catalanes, tendrá la generación de ingentes cantidades de salmuera.

      Crítica catalana a la desalación

      Y la Generalitat catalana, mientras tanto, encarga los mismos informes que ya se rea­li­zaron cuando se forjó el PHN. Según el estudio del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, el déficit hídrico de Cataluña representa menos del 1% del agua que el río Ródano aboca al mar (¿les suena el argumento?). El mismo informe también aboga por la conexión de las cuencas de Tarragona con Barcelona, que resultaría “una medida rápida que reduciría a corto plazo la sequía actual, a pesar de que sería insuficiente para el futuro”. Para la entidad colegial la alternativa de la desalación (que sí es buena para abastecerse cuando las desaladoras se ubican en Almería) “consume mucha energía y se convierte en un principio opuesto a las medidas para paliar el cambio climático y las aguas regeneradas son caras de producir y de uso limitado”.

      Xúquer-Vinalopó

      Pero el viejo trasvase del Ebro a la capital catalana va a producir los mismo efectos que en la Comunitat ahora se han hecho revivir con el cambio de la toma del Xúquer Vi­na­lo­pó. Si en Cataluña conectar las aguas de Tarragona con las de la Ciudad Condal está provocando ya un enfrentamiento abierto con las tierras del Deltebre –que durante estos años han aprovechado los caudales antes ecológicos y claves para los sostenibles arrozales para impulsar la mayor expansión urbanística de la vecina región- en nuestra autonomía el cambio de trazado ha vuelto a enfrentar a alicantinos con valencianos.

      La recogida de firmas iniciada el pasado fin de semana por la Junta de Usuarios del Vi­na­­lopó para defender la vuelta al proyecto original ha soliviantado de nuevo a los re­gan­tes de la Ribera y del Turia, que han dirigido una carta al presidente Francisco Camps en la que se le insiste en la inviabilidad de la toma desde Cortes de Pallás y en la de­fen­sa de la de Cullera como única opción para no hacer peligrar los riegos tradicionales de la provincia de Valencia. Casi cuatro años después, se reproduce y con idéntica in­ten­si­dad el mismo enfrentamiento que crispó las relaciones del Consell y de su conseller de Agri­cultura, Juan Cotino, con el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, quien entonces y ahora salió en defensa de los intereses de los regantes de la provincia de Valencia, donde tiene lógicamente sus asociados.

      Sí al informe Camps

      Pero la guerra del agua también se desarrolla, otra vez, en Bruselas, donde hace cuatro años el PSOE ya cuestionara la financiación para el trasvase del Ebro o para el propio Xúquer-Vinalopó. Porque lo uno implica lo otro y es evidente que la derogación de la primera obra del PHN y el fracaso de las desaladoras alternativas –sólo una de las cuatro previstas en Alicante está en funcionamiento- ha agudizado la necesidad de defender los recursos ya existentes en la Comunitat, lo que ayuda a entender el en­frentamiento entre alicantinos y valencianos. Y Camps ha logrado también esta semana en este terreno una sonora victoria al lograr que el Comité de las regiones de la UE respaldase una mención expresa a favor de los trasvases.

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      El PP de CLM defiende la prioridad de la cuenca cedente y la solidaridad con los excedentes

      La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, manifestó ayer que el programa electoral del PP recogerá la prioridad de la cuenca cedente para el uso del agua de los ríos -como establece la ley-, así como la solidaridad entre regiones en los casos en los que sobre agua.


      Cospedal ha hecho estas consideraciones tras un almuerzo ofrecido a los periodistas por los eurodiputados del PP al ser preguntada por las referencias del programa electoral de su partido al trasvase Tajo-Segura. La presidenta regional del PP, que forma parte del Comité que redacta el programa de los populares, ha asegurado que su partido apostará en dicho documento por elaborar un plan nacional del agua, pues su ausencia es la que motiva el enfrentamiento entre las comunidades autónomas.

      Según ha asegurado, el programa recogerá que la cuenca cedente y los territorios por los que transita tienen prioridad para el uso del agua respecto a las cuencas receptoras, pero también defenderá la solidaridad entre regiones para que, cuando haya excedentes de agua, se lleven a los sitios donde sea necesaria.

      Por otra parte, ha recalcado que el Plan Especial del Alto Guadiana no es el mejor plan porque ‘no es un plan que guste a los agricultores’ de la comunidad. A su juicio, cuando se habla de agua ‘hay que contar de manera muy directa con los agricultores’, algo que no ha ocurrido en este caso.

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      lluvia de millones para frenar la erosión y ahorrar recursos hídricos en La Mancha

      Ahorro y racionalización de recursos hídricos sobre los que habrá un férreo control, pero también alternativas económicas para la zona. El Consejo de Ministros aprobó ayer, mediante Real Decreto, el Plan Especial del Alto Guadiana, cuyo objetivo fundamental es lograr el buen estado, «cuantitativo y cualitativo» de las masas de agua subterráneas y superficiales, «contribuyendo a la mejora de los principales ecosistemas de la región». La inversión para este Plan asciende a 3.000 millones de euros y su objetivo es «corregir el déficit hídrico estructural existente garantizando la adecuada gestión y conservación de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de la comarca».

      El Plan afectará a 10 municipios de Albacete ( Alcaraz, El Ballestero, El Bonillo, Minaya, Munera, Ossa de Montiel, Povedilla, Robledo, Villarrobledo y Viveros) y 169 en toda Castilla-La Mancha y contempla una serie de alternativas económicas para la zona destinadas tanto a la generación de otro tipo de recursos como a la reconversión de determinados cultivos o al ahorro de recursos hídricos, en los que se invertirán cerca de 1.500 millones de euros. Este Plan, de acuerdo con los principios del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente, da respuesta a la disposición adicional cuarta de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que ordenó la formación de un Plan Especial del Alto Guadiana para mantener un uso sostenible de los acuíferos de la cuenca alta del Guadiana. El Gobierno recalca que «contribuye a cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva Marco del Agua, que señala que se ha de conseguir el buen estado de las masas de agua superficiales y subterráneas para el año 2015».

      El ámbito territorial de aplicación corresponde a la cuenca del río Guadiana, aguas arriba de la desembocadura del río Jabalón, incluyendo su cuenca.

      Visible en las Lagunas

      Y es que entre los años 70 y 80 la superficie de regadío pasó en la zona de 30.000 a 125.000 hectáreas, lo que ha degradado enormemente el acuífero de la zona (el 18) que «se hace especialmente visible» (tal y como reconoce el plan) en el estado que presentan las Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera, dos de los humedales más importantes de España. Tanto es así que se ha calculado el vaciado del acuífero en unos 3.000 hectómetros cúbicos.

      El Plan contempla la adquisición de derechos de agua (pero también de terrenos) para dedicarlos, prioritariamente, a la recuperación de niveles y así llegar al buen estado de las masas de agua en riesgo, al igual que para, en una parte, dedicarlos a fines de la planificación de desarrollo territorial y se prohíben nuevas concesiones. Se busca así un desarrollo sostenible de la zona buscando una mejor gestión del agua y una recuperación de las masas subterráneas.

      Incluye la transformación de los derechos privados existentes en «derechos concesionales». Para ello, establece un procedimiento administrativo específico y se aclara el significado de la modificación de las condiciones de aprovechamiento en el uso de los pozos. Igualmente, se ofrecen líneas directrices sobre la política de adquisición de derechos de uso de agua.

      Medio Ambiente asegura que refuerza la eficacia de los centros de intercambios de derecho de aguas, ampliando el ámbito de la reasignación de recursos, de forma que este instrumento sirva para dar respuesta a objetivos medioambientales o de interés de las Comunidades Autónomas.

      Dentro del Plan Especial del Alto Guadiana se incluyen otros Programas que han de coordinar lo establecido en el Programa A.G.U.A. para Castilla-La Mancha con nuevas actuaciones cuya ejecución corresponde al Ministerio de Medio Ambiente o a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

      Entre ellos se incluye el Programa Hidrológico, en el que se contienen detalladamente, entre otras, las medidas a las que se refieren las Normas del Plan Especial y que constituye el instrumento básico de actuación.

      El Programa de Apoyo a las Comunidades de Usuarios y el Programa Ambiental, volcado, fundamentalmente, en la mejora de los espacios naturales y en la forestación de determinados suelos que en la actualidad se dedican al cultivo agrícola. Se prevé, igualmente, que se integrarán en el Plan Especial del Alto Guadiana, formando parte del mismo a todos los efectos, los programas sectoriales de modernización y desarrollo agrario y de desarrollo económico y social.

      Plan de desarrolo

      Para ello se prevé aprobar, enmarcado dentro del Plan Especial del Alto Guadiana, un Programa de Diversificación y Desarrollo de la zona que contempla mecanismos de apoyo, de generación de empleo y riqueza que puedan paliar los efectos negativos que tenga el plano sobre la comarca.

      Destacan medidas como la potenciación y especialización del suelo industrial existente, las ayudas a la inversión empresarial, potenciación del sector tecnológico y de energías renovables, la logística o distribución de mercancías, la industria agroalimentaria, la mejora de las infraestructuras, y el impulso de nuevos nichos de mercado como el turismo, la caza, el vino o la atención a las peronas y los recursos sociosanitarios. Este programa prevé una inversión de 589 millones de euros para los próximos veinte años y tendrá como objetivo la reconversión e incentivación de la actividad económica siguiendo un modelo sostenible.

      También se establecerá un programa de modernización y desarrollo agrario con actuaciones como modernización de regadíos y de explotaciones, fomento de cultivos sociales o de las industrias agroalimentarias, medidas ambientales o nuevas medidas enmarcadas en las líneas comunitarias. Para este plan está prevista una inversión de 939 millones de euros.

      Deberán ser aprobados por el Consorcio para la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana en el que hay una participación singular de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en atención al ámbito material y competencial en el que se proyectan las actuaciones que se recogerán en estos programas, los cuales serán dotados económicamente de forma específica.

      LOS DATOS DEL PLAN

      Municipios albaceteños beneficiados por el plan: Alcaraz, El Ballestero, El Bonillo, Minaya, Munera, Ossa de Montiel, Povedilla, Robledo, Villarrobledo y Viveros.

      Medidas sobre los recursos hídricos: Reordenación de los derechos de uso de aguas con medidas como la adquisición de derechos, autorización de modificaciones en el régimen de explotación de los pozos existentes. Concesión de agua subterráneas en situación de sequía y otras medidas tendentes a lograr el equilibrio hídricos y ambiental.

      Medidas de promoción económica: Potenciación del suelo industrial y de sectores como el tecnológico o el de la energía solar. Utilizar tecnologías que permitan el uso eficiente del agua. Potenciar la industria agroalimentaria. Mejora de infraestructuras. Apuesta por la logística y el transporte de mercancías. Aprovechar el turismo con elementos como el vino, los recursos naturales o la caza. 589 millones de euros.

      Medidas agrícolas: Modernización de regadíos y explotaciones. Ayudas al viñedo y potenciación de los cultivos sociales. Fomento de la industria agroalimentaria y de la agricultura ecológica.

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      Barreda asume que el programa del PSOE no recogerá el fin del trasvase

      El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, reconoció ayer que el programa electoral del PSOE no incluirá «concreciones» como el final del trasvase Tajo-Segura «porque no pueden decirse cosas similares de todas y de cada una de las 17 comunidades autónomas».

      Barreda respondió así cuando se le preguntó si ha consultado con el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, la inclusión de esta aspiración castellanomanchega en el programa electoral.

      Insistió en que en el programa electoral no se incluyen «concreciones de ese tipo», pero dejo claro que su gobierno mantiene su compromiso y defiende el texto del Estatuto de Autonomía de la comunidad que salió de las Cortes autonómicas, incluido el final del trasvase. De hecho, añadió que le ha trasladado en múltiples ocasiones esta posición al presidente del Gobierno.

      Y, aunque el programa del PSOE no vaya a contemplar el fin del trasvase, Barreda sí que animó al presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, a respaldar públicamente la posición regional en relación al trasvase Tajo-Segura. En concreto, dijo que le gustaría «oír que defiende los intereses de Castilla-La Mancha», aprovechando la visita que hizo ayer Toledo.

      Cospedal como Barreda

      Es más, desde las filas socialistas invitaron a la líder del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a que «copie» de Barreda y defienda ante Rajoy el fin del trasvase Tajo-Segura, tal y como está recogido en una disposición adicional del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía que PSOE y PP pactaron en las Cortes y que no ha dado tiempo a aprobar en el Congreso de los Diputados en esta legislatura que ahora acaba.

      Quien hizo esta invitación a Cospedal fue el viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, José Manuel Caballero, que insistió en pedirle que aprovechando la visita al Hospital de Parapléjicos de Toledo de Mariano Rajoy defendiese ante el candidato del PP con la «misma fuerza» con la que lo hace Barreda ante los dirigentes nacionales del PSOE y Zapatero el fin del trasvase.

      Caballero, no obstante, ya avanzó que Cospedal no lo haría porque «de nuevo le van a temblar las piernas» y va a «preferir la adulación y el peloteo» a defender los intereses de la comunidad autónoma a la que representa. Recordó que, aunque Rajoy ha venido últimamente en numerosas ocasiones a Castilla-La Mancha, De Cospedal nunca le ha pedido públicamente que asuma el fin del trasvase Tajo-Segura y el líder del PP se ha dedicado a hablar de otras cosas. «Eso no se puede permitir y no lo deben permitir los dirigentes del PP en la región», añadió Caballero, quien comparó la actitud de De Cospedal con la de Barreda, de quien dijo que en las tres ocasiones en que Rodríguez Zapatero ha venido a actos a Castilla-La Mancha le ha expuesto públicamente las reivindicaciones de la región en materia de agua.

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      Fenacore dice que 2007 se despide con la ruptura de la solidaridad territorial

      La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) considera que la política en materia de aguas desarrollada en 2007 ha venido marcada, principalmente, por las reformas estatuarias y, en particular, por la ruptura de los principios de solidaridad territorial, unidad de cuenca y dominio público hidráulico estatal que la Constitución española y la Ley de Aguas recogen explícitamente en su articulado.

      En un comunicado de prensa, la Federación señala que la pretendida titularidad exclusiva sobre las aguas, que se han arrogado algunas reformas estatutarias durante el pasado año, y el respaldo que desde la Administración Central se ha otorgado a algunos estatutos como el andaluz, pueden derivar en 2008 en un modelo autonómico “insolidario” y en auténticas “guerras del agua” entre comunidades.

      En este sentido, Fenacore recuerda que esta confrontación política ha tenido su reflejo en la cadena de recursos que distintas comunidades, como Aragón, han interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra los Estatutos de otras regiones vecinas.

      Por otro lado, Fenacore recuerda que en 2007 se produjo un debate acalorado sobre la reforma de la Ley de Aguas. “Las posturas cruzadas de las distintas Administraciones y usuarios llevaron al MIMAM a retrasar con acierto la reunión del pleno del Consejo Nacional del Agua (CNA) sine día con el fin de disponer más tiempo para estudiar las modificaciones planteadas, así como a retirar algunas propuestas que no contaban con el respaldo de los usuarios”.- En el lado positivo, destacan el aplazamiento hasta 2010 de la puesta en marcha de la denominada “tasa por prestación de servicios” y por otro la actualización de estos precios básicos de acuerdo con el IPC.

      No obstante, Fenacore estima que uno de los artículos relacionados con la reforma y sobre los que el MIMAM deberá reflexionar en 2008 es la exclusión de los usuarios de su participación en el Comité de Autoridades Competentes. Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “es necesaria la integración de los regantes en los nuevos Comités de cada confederación, de manera que estos no sean órganos meramente políticos”.

      TARIFAS ELÉCTRICAS

      La decisión del Ministerio de Industria de aplazar hasta julio de 2008 la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para regadío constituyó un “reconocimiento explícito” al esfuerzo económico que están realizando los regantes para modernizar sus regadíos. Las nuevas tarifas eléctricas, que deberían haber entrado en vigor el 1 de julio de 2007 tras la prórroga anterior de seis meses “hubieran supuesto para los agricultores un incremento de costes en 2008 del orden del 400% en términos de potencia instalada, lo que hubiera puesto en peligro la sostenibilidad de la agricultura”.

      Finalmente, Fenacore reconoce que si bien el Ejecutivo Central contribuyó durante el pasado año con diversas medidas a “aliviar” las pérdidas derivadas de la falta de lluvias, no se avanzó, sin embargo, de manera firme en solucionar el problema de la escasez de infraestructuras (embalses y trasvases).

      Ésta sigue siendo “la gran asignatura pendiente” en materia de aguas esta legislatura. En su opinión, “el esfuerzo económico que están realizando los regantes en la modernización de regadíos debe ir acompañado de otras medidas complementarias que permitan tener el agua garantizada, como son la construcción sostenible de embalses y trasvases, además de seguir avanzando en otras medidas en esta misma dirección.

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      El programa AGUA acaba la legislatura sin haber cumplido un solo objetivo

      «Más agua, más rápido y de más calidad». Ésa fue la promesa de Zapatero tras derogar el trasvase del Ebro aprobado por el último Ejecutivo popular. Para ello, el Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona puso en marcha en la provincia de Alicante, como en tantas otras, su ambicioso programa AGUA.

      Sin embargo, en los últimos compases de la legislatura, el grado de ejecución del citado programa dista mucho de estar completo, el caudal que ha aportado a la provincia es difícil de cuantificar, y sus principales infraestructura -las que han empezado a construirse- se han revelado como una fuente inagotable de problemas.

      Desalación

      Sólo las plantas que ejecutó el PP

      El programa AGUA contempla la ejecución de cuatro desaladoras en el litoral de la provincia de Alicante, que cubrirían aproximadamente un 20 por ciento del déficit hídrico de la provincia, según un estudio de la Junta de Usuarios del Vinalopó. En la actualidad, sólo una de las plantas está en funcionamiento, la del Canal de Alicante. Una planta que, si bien ha sido ampliada por el actual Ejecutivo, fue terminada y se puso en marcha bajo el Gobierno del PP.

      Mientras, la controvertida planta de Torrevieja, la más grande de Europa cuando entre en funcionamiento, se encuentra en construcción. La de Muchamiel se encuentra en fase de licitación, y la de Denia lo estará en breve. Es decir, ninguna de las tres desaladoras de nueva construcción funcionará antes de que termine la legislatura.

      A ello se suman los problemas que ha encontrado la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), que promueve el programa, en la localidad salinera. Denuncias ante los tribunales europeos, conflictos de competencias que han llegado al Constitucional, expedientes de sanción del Consell y errores que han anegado urbanizaciones de agua salobre.

      Desde su inicio, a principios del pasado año, las obras se han paralizado en dos ocasiones: la primera, tras un expediente sancionador del Consell. La segunda, a finales de diciembre, tras inundarse un pozo freático cuyo vertido sobre una parcela anexa investiga el Seprona.

      Júcar-Vinalopó

      Contaminación y rechazo en destino

      Estrenada la tesis de no realizar trasvases entre cuencas, Medio Ambiente paralizó el Júcar-Vinalopó, ya en marcha, y rehizo su trazado con una toma en la desembocadura del río cedente. Sin embargo, los propios análisis de la Confederación del Júcar (CHJ) ponen en duda su viabilidad, dado el alto nivel de contaminación.

      Tal como ha venido publicando ABC, el nivel de bacterias coliformes -que indican la salubridad del agua- multiplica varias veces el límite permitido para riego. Mientras este límite se establece en 100 unidades por cada 100 mililitros, en la toma del nuevo Júcar-Vinalopó sus niveles oscilan entre el medio millón y los doce millones.

      Al mismo tiempo, los destinatarios del trasvase, reunidos en la Junta de Usuarios del Vinalopó, han expresado su rechazo tanto en los tribunales como en manifestaciones y, en la actualidad, con una recogida de firmas.

      Tajo-Segura

      El PSOE evita ponerle fin

      La continuidad del Tajo-Segura, única fuente de caudales para Alicante que se ha mostrado eficaz hasta el momento -pese a la complicada situación de sus embalses-, ha sido cuestionada durante toda la legislatura. Sin embargo, incluso el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, admitió ayer que el programa de Zapatero no incluirá su finalización.

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      Los trasvases dejarán el corredor del río Tajo sin agua y con más contaminación, según catedráticos de Harvard

      El catedrático de Planteamiento y Arquitectura del Paisaje en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, Carl Steinitz, aseguró hoy en Toledo que continuar con el trasvase desde el río Tajo supone que se lleve «una cantidad de agua crítica que se necesita para que el río fluya de una forma apropiada» y afirmó que «menos agua hace que haya una contaminación más fuerte».

         Una afirmación realizada por uno de los profesionales encargados de dirigir el «Estudio territorial y paisajístico del corredor fluvial en torno a la cuenca media del río Tajo» durante la presentación de este proyecto, que recoge las propuestas de los investigadores para recuperar el río desde su paso por la Comunidad de Madrid hasta la localidad de Talavera de la Reina (Toledo).

         Carl Steinitz afirmó que la situación en la que se encuentra el río es reflejo de la política descentralizadora de España, un sistema, apuntó, que «no tiene sentido en temas de planificación medioambiental», por lo que el catedrático pidió a las autoridades competentes que reconociesen que las comunidades autónomas son interdependientes.

         Por su parte, el catedrático asistente de Arquitectura del Paisaje en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, Christian Werthmann, explicó que lo que se ha presentado han sido propuestas que tiene como objetivo rehabilitar el ecosistema del río, potenciar su calidad paisajística y lograr conectar los núcleos urbanos que se encuentran a su paso para recuperar su uso y disfrute.

         Acciones de las que se espera obtener resultado en un plazo de 20 años, aunque este tiempo se puede acelerar si se cumplen tres aspectos fundamentales como son «la reducción del vertido de aguas negras en los ríos, la limitación de contaminantes del sector agrícola», así como alcanzar un «flujo mínimo para que la gente pueda desarrollar este tipo de actividades», además de establecer patrones de ahorro y tratamiento de agua.

         Werthmann explicó que las conclusiones de esta investigación son fruto del trabajo de 12 estudiantes que en 14 semanas han establecido que «hoy existe la posibilidad de revivir el río», aunque actualmente el sistema hidrológico del Tajo está deteriorado.

         Asimismo, explicó que para ello, es necesario la colaboración entre las comunidades autónomas que atraviesa el río además del de las regiones que se benefician de este agua pero están fuera de la cuenca.

         En el acto también estuvo presente el presidente de la fundación Foro Civitas Nova y la directora General de Planificación de la Junta, Bárbara Pons, quien indicó que en el marco europeo en cuanto a la ordenación del paisaje –del que España forma parte– se introducen nuevos requisitos como es tener en cuenta el paisaje a la hora de plantear propuestas de crecimiento urbano y desarrollo territorial.

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