Sabido es que el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de Aragón contra el artículo 17.1 (en la redacción dada por el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2006) del Estatuto de la Comunitat Valenciana. Dentro del Título II de la norma de cabecera autonómica («De los derechos de los valencianos y valencianas») se vino en introducir un «derecho madre» como es el de «abastecimiento», y, derivativamente, dos expresiones del mismo como son: a) el derecho a los sobrantes de cuencas que sean excedentarias; y b) el derecho a una cantidad de agua de calidad. No obstante lo cual, al menos en este aspecto, se hizo bien, en la medida en que estableció para los dos primeros, dos condiciones o sujeciones exógenas: a) el criterio de «sostenibilidad»; y b) el sometimiento al dictado de la «Constitución y a la legislación estatal» (Ley de aguas y Plan Hidrológico Nacional). Y respecto del derecho a una cantidad de agua de calidad se señala que aquélla garantía se hará «de acuerdo con la ley».
El gobierno de Aragón entendió que había plurales vicios de inconstitucionalidad en esa norma. Así, consideraba -con el reconocimiento de tales derechos estatutarios- que a) se excedía o desbordaba el contenido constitucionalmente lícito de un Estatuto de Autonomía. El TC responde que el contenido estatutario no puede entenderse de acuerdo con una interpretación literal del artículo 147 CE que refleja el «contenido mínimo», coligiendo que, aparte los cuatro subapartados referidos en aquél, todo Estatuto de Autonomía puede «regular aspectos complementarios a los señalados tanto en su dimensión material como organizativa», y máxime cuando afecta a las condiciones de vida de sus ciudadanos, teniendo como tiene la Comunitat Valenciana competencia en materia hidráulica. Igualmente, b) consideraba el recurso que con aquel precepto valenciano se rompía la «igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en cualquier parte del territorio español», vulnerando, por ende, el artículo 139.1 en relación con el artículo 149.1 CE. El TC dice que no le infringe. Que lo garantizado no es derecho fundamental (no podría serlo por más que se intentara), ni derecho subjetivo. No se está ante un derecho constitucional. Se está, tan sólo, ante un mero principio rector de la política social y económica y que sólo vincula y mandata a los poderes públicos valencianos dentro de su haz competencial, y a nadie más. Es decir, que se está ante una inequívoca autoexigencia autonómica no proyectable hacia el exterior.
Decía el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el gobierno de Aragón que conculcaba aquel precepto, además, c) las competencias estatales en materia de agua (aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma). Pero, de forma clara y nítida, el TC señala que no vincula al Estado aquel pronunciamiento normativo contenido en el artículo 17.1. Tampoco zahiere la garantía institucional de dominio público hidráulico, ni, consecuentemente, los principios de equilibrio territorial ni de solidaridad. Argüía, además, el gobierno de Aragón en su recurso que d) ese reconocimiento afectaba a diversas competencias de la misma Comunidad Autónoma Aragonesa. El TC señala que no perturba su ejercicio. E igualmente se argumentaba, por último, que e) el reconocimiento de ese derecho por el Estatuto valenciano no tenía acogida en la interpretación internacionalista de los derechos y libertades fundamentales del artículo 10.2 CE, considerado como un derecho emergente de tercera generación. Se indica que el artículo 10.2 CE se refiere a «los derechos fundamentales y a las libertades públicas que la CE reconoce y que exige deban ser interpretadas conforme a la Declaración Universal y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es cierto que sólo se habla de «derechos fundamentales», y el derecho al agua no lo es, aunque se trate de un derecho emergente de tercera generación. El TC concluye que los tratados internacionales no constituyen canon de constitucionalidad de los derechos, sino elementos de interpretación de los constitucionalmente proclamados. Recordemos, que este derecho al agua no está proclamado en nuestra Constitución de 1978.
No puede haber, pues, lecturas interesadas de la sentencia, porque la resolución es muy clara, aparte de repasar constitucionalmente el papel del Estatuto Autonómico, y los principios constitucionales que asientan el modelo autonómico. Así, en modo alguno mandata -como se ha dicho por ahí- al Estado a establecer lo necesario para propiciar trasvase alguno. Esa es constitucionalmente la realidad. El vicepresidente del Consell señalaba, en reacción a la resolución del Constitucional, refiriéndolo al derecho de los valencianos al agua sobrante recogido en el EA, que ello era «un derecho plenamente constitucional, como así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional». Bueno, pues hay que indicar que ello no responde a la verdad. Que el fundamento jurídico 20 de la sentencia señala literalmente que «el precepto estatuario (refiriéndose al artículo 17.1 Estatuto valenciano) tampoco quebranta el artículo 149.1.1 CE (competencia exclusiva del Estado: regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales), pues no estamos ante un derecho constitucional, por lo que, de acuerdo con nuestra doctrina, expuesta supra FJ 17, no cabe proyectar sobre el mismo la señalada regla constitucional». Lo más que podemos decir es que, al menos sobre ese precepto, no hay tacha constitucional alguna, y eso nos debe de alegrar a todos los valencianos.

Justo Gil Sánchez es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante.

La vicepresidenta segunda de Castilla-La Mancha y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, aseguró ayer en Cuenca que el Gobierno regional es absolutamente contrario a que el Consejo de Ministros apruebe mañana viernes un nuevo trasvase desde la cabecera del Tajo al Levante.

Araújo, a preguntas de los periodistas en la inauguración del Parque Rústico de la ciudad de Cuenca, indicó que la Junta no comparte la posibilidad de que se apruebe una derivación de agua porque «las condiciones de la cuenca cedente no lo hacen aconsejable, y eso es lo que dice la ley que hay que analizar en primer lugar».

La Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura se reunirá hoy para analizar la situación en la que se encuentran los embalses de la cabecera del Tajo y realizar una propuesta al Consejo de Ministros para que estudie un posible riego de socorro para los regadíos de la Cuenca del Segura.

La Comisión, presidida por el director general del Agua, Jaime Palop, se reúne un día antes del último Consejo de Ministros del año, donde la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, trasladará la necesidad de realizar un riego de socorro para la agricultura en la cuenca del Segura.

María Luisa Araújo manifestó que el Gobierno regional es contrario a este trasvase, pues «las condiciones de la cuenca cedente no lo hacen aconsejable». Añadió, asimismo, que desde la Junta de Comunidades «tampoco creemos que se den las circunstancias que hagan imprescindible esta derivación en la cuenca cedente, y por eso esperaremos la decisión, pero anticipamos que nuestra posición es absolutamente contraria».

Entre tanto, el Sindicato Central de Regantes ha indicado que se necesitan 60 hectómetros cúbicos para el primer trimestre del año en la cuenca del Segura. Según la última medición facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía ha registrado un descenso de nueve hectómetros cúbicos y se sitúa en 322 hectómetros cúbicos, el 13,01% de su capacidad total, que es de 2.474 hectómetros cúbicos.

El Consejo de Ministros autorizó por última vez un trasvase el 5 de octubre, cuando decidió enviar al Segura 69 hectómetros cúbicos durante el último trimestre de 2007, el primero del año hidrológico, de los que 37,6 han ido para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

La aprobación de trasvases de agua por el acueducto corresponde al Consejo de Ministros mientras la reserva de agua en Buendía y Entrepeñas se sitúe por debajo de 450 hectómetros cúbicos y por encima de 240 hectómetros cúbicos, reserva mínima por debajo de la cual no se puede trasvasar.

Las reservas de agua siguen muy bajas en los embalses de los ríos Júcar y Cabriel y los agricultores de la comarca valenciana de la Ribera, que se surten de ellos para regar, temen que el próximo verano se impongan serias restricciones, a no ser que mejore la situación en los próximos meses con lluvias extraordinarias en las cabeceras de las cuencas. Para intentar la salvación de sus cultivos, algunos productores intentan recuperar viejos pozos que han estado abandonados, pero las soluciones que plantean, que son posibles desde el punto de vista técnico, chocan con la actual legislación en materia de aguas. Probablemente van a tener muy difícil conseguir las autorizaciones necesarias.

Algunos agricultores de la Ribera ya han intentado legalizar sus viejos pozos y perforaciones ante la autoridad en la materia, la Confederación Hidrográfica del Júcar, y se han encontrado con la sorprendente respuesta de que no es posible resolverles sus casos, al menos como ellos desean, según informan los servicios técnicos de la Asociación Valenciana de Pozos de Riego, adscrita a la organización agraria AVA-ASAJA.

La respuesta oficial que les han dado a estos solicitantes consiste en que tendrían que renunciar a sus derechos de agua del río (que tienen como regantes de la Acequia Real del Júcar u otras comunidades a las que pertenecen) y seguir un largo camino para poner en marcha sus pozos con todas las de la ley, constituyéndose en comunidades aparte.

Pero lo primero que ocurre es que estos agricultores no quieren renunciar bajo ningún concepto a sus derechos de agua del río, naturalmente; sólo buscan aportar soluciones particulares de emergencia, para salvar esta época de aguda sequía y con sus propios medios, sin reclamar ayudas económicas.

El problema principal estriba en que la ley de aguas no contempla una peculiaridad muy propia del campo valenciano, donde muchos agricultores cuentan con alternativas para poder regar, y si falla una acuden a otra (de río y de pozo o de varios pozos), sino que la norma impone la obligación de contar con una única fuente.

Derechos entrecruzados
El objetivo que se busca es, presumiblemente, el de evitar despilfarros y promover el ahorro, pero resulta evidente que si un agricultor cuenta con derechos de agua de más de un sitio, y se los ha costeado de su bolsillo, no es una inversión que se haya hecho por capricho, ni con la intención de regar un mismo mampo ahora de una fuente y mañana de otra. A esto se ha llegado por la evolución natural de las cosas. Las sucesivas sequías han dejado exhaustos ríos y pozos y los agricultores, si han tenido alguna opción, la han buscado y la han pagado.

Por eso existen multitud de pozos, en zonas de huertas de las planas litorales y valles fluviales, de los que son propietarios agricultores y agrupaciones de regantes que normalmente riegan con agua de río, pero si esta falla, recurren al pozo. Y si un pozo falla, se recurre a otro. De ahí que sea habitual que muchos agricultores sean socios de más de un pozo a la vez. Algo que los funcionarios de la administración hidrológica no acaban de entender y que suscita innumerables problemas, hasta el punto de exigir que se evite lo que se denomina como ‘solapamiento’ de parcelas. Cada parcela se entiende que debe regar de una fuente única. Y si se han de poner soluciones de emergencia, ya lo hará la Administración.

De hecho, tanto la Confederación Hidrográfica como la Generalitat han aflorado en los últimos años innumerables ‘pozos de sequía’ para reponer parte de los caudales que escasean en los ríos. Sin embargo no se está a favor -por ahora- de reconocer la ayuda ejemplar de los agricultores que pretende recuperar con el misma finalidad sus viejos pozos olividados.

Como en las últimas décadas no hicieron falta estos pozos, nadie se preocupó de inscribirlos en el Catálogo de Aguas Proivadas. Ahora han pasado todos los plazos posibles. La única opción sería constituir nuevas comunidad de regantes, pero para eso deberían renunciar a pertenecer a las que encuadran actualmente a estos usuarios para emplear el agua del río, y eso no lo van a hacer. En ocasiones, la burocracia complica en exceso soluciones que a pie de campo se ven lógicas y fáciles.

La Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura se reunirá mañana para analizar la situación en la que se encuentran los embalses de la cabecera del Tajo y realizar una propuesta al Consejo de Ministros para que estudie un posible riego de socorro para los regadíos de la Cuenca del Segura.

La Comisión, presidida por el director general del Agua, Jaime Palop, se reunirá un día antes del último Consejo de Ministros del año, donde la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, trasladará la necesidad de realizar un riego de socorro para la agricultura en la cuenca del Segura.

La vicepresidenta segunda de Castilla-La Mancha y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, ha manifestado hoy que el Gobierno regional es absolutamente contrario a dicho trasvase, pues «las condiciones de la cuenca cedente no lo hacen aconsejable»

El Gobierno castellanomanchego ha subrayado que no aprecia «que se den las circunstancias que hagan imprescindible esta derivación en la cuenca cedente».

Entre tanto, el Sindicato Central de Regantes ha indicado que se necesitan 60 hectómetros cúbicos para el primer trimestre del año en la cuenca del Segura.

Según la última medición facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía ha registrado un descenso de nueve hectómetros cúbicos y se sitúa en 322 hectómetros cúbicos, el 13,01 por ciento de su capacidad total, que es de 2.474 hectómetros cúbicos.

El Consejo de Ministros autorizó por última vez un trasvase el 5 de octubre, cuando decidió enviar al Segura 69 hectómetros cúbicos durante el último trimestre de 2007, el primero del año hidrológico, de los que 37,6 han ido para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

La aprobación de trasvases de agua por el acueducto corresponde al Consejo de Ministros mientras la reserva de agua en Buendía y Entrepeñas se sitúe por debajo de 450 hectómetros cúbicos y por encima de 240 hectómetros cúbicos, reserva mínima por debajo de la cual no se puede trasvasar.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) celebró hoy en Albacete la última reunión anual de su Junta de Gobierno, aunque habitualmente este tipo de reuniones se celebran en la sede de la Confederación en Valencia.

En esta reunión, la última del año, se tratarán asuntos relacionados con la planificación hidrológica, y la delicada situación que debido a la sequía tiene el Júcar, sobre todo en la zona alta, otro aspecto inusual, debido a la ausencia de lluvias en los tramos alto y medio del río.

En el orden del día, según señaló el jefe de la oficina de planificación, Javier Ferrer, destaca la preparación de los trabajos previos al borrador del plan hidrológico de cuenca, que deberá estar acabado a finales de 2008, adaptándolo a la directiva marco del agua.

En lo que se refiere a la situación del río, en el cuarto año de sequía se ha planteado por segundo año consecutivo una oferta pública de adquisición de derechos de riego en la Mancha Oriental, con fines medio ambientales, que de llevarse a efecto en su totalidad alcanzarían los 50 hectómetros cúbicos, garantizando los riegos de primavera, y cultivos hortícolas de verano.

Esta medida afectaría a un total de 25.000 hectáreas, y un desembolso económico para la Confederación de 12 millones de euros, pagándose entre 0’20 y 0’25 euros el metro cúbico. Esta oferta pública de adquisición de derechos de agua de riego, supondrá para los agricultores que se acojan el 5 por ciento de sus derechos.

Sobre las previsiones de utilización de aguas subterráneas, tanto el comisario Manuel Alcántara, como el jefe de planificación Javier Ferrer han señalado, en rueda de prensa, que se podría disponer de entre 300 y 320 hectómetros cúbicos para la próxima campaña, aunque todo depende de la evolución de aquí al mes de marzo, y los niveles pluviométricos que se recojan.

Lo que todavía es prematuro, señalaron, es conocer la cantidad de aguas superficiales de la que podrán disponer los regantes de la Mancha Oriental, para sustitución de bombeos en la próxima campaña de riegos.

El jefe de planificación hidrológica, Ferrer, a preguntas de los periodistas señaló que aunque mediaticamente los textos de los estatutos de autonomía, puedan afectar a la planificación hidrológica, la competencia en las cuencas intercomunitarias es exclusivamente del Estado, aunque en las confederaciones tengan representación las entidades regionales y locales, además de los propios usuarios.

La Confederación Hidrográfica del Júcar iniciará el próximo año una nueva Oferta Pública de Adquisición de derechos del agua con el objetivo de ahorrar agua en una de las cuencas más castigadas por la sequía de España. La Junta de Gobierno de la Confederación del Júcar se reunió ayer en Albacete (donde no lo hacía desde el 2001), encuentro en el que se revisaron las principales líneas de actuación del organismo de cuenca para el año 2008 y en el que se informaron de las actuaciones de la Comisión de la Sequía, así como de los avances del proceso de planificación hidrológica de la cuenca del Júcar.

De cara al próximo ejercicio, la medida más importante para paliar la situación de sequía que vive la cuenca del Júcar es la nueva Oferta Pública de Adquisición de derechos de agua que sólo afectará al tramo medio del río comprendido entre los embalses de Alarcón y de El Molinar, es decir en todo su recorrido albaceteño. El objetivo de esta oferta es «fundamentalmente ecológico», según explicó el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Manuel Alcalde, que señaló que la situación hidrológica de la cuenca, «está siendo complicada» porque se están produciendo pocas entradas de agua. Por ello, para evitar posibles problemas ecológicos a lo largo del año que viene se ha planteado de cara al próximo año la realización de esta oferta y se circunscribe al acuífero del mioceno «que es el que tiene una relación más acusada río acuífero» y que se corresponde con el tramo medio del río.

Diferencias

La oferta de este año tiene sensibles diferencias con la que se realizó el pasado año, que no tuvo mucho éxito entre los regantes. De este modo, se buscará concentrar las extracciones de agua en la época de primavera «de manera que los usuarios con derechos remanentes de agua que no oferten podrán utilizarlos durante la época de primavera y de esta manera se podrá seguir realizando cultivos que hará posible que una serie de sectores productivos que desarrollan su actividad en torno a la agricultura puedan seguir desarrollándola». De este modo, para Alcalde, la oferta de este año «tiene un contenido social que la del año pasado no tenía». Además, se ha establecido la posibilidad de que parte de esos recursos sean utilizados durante el verano para salvar determinados cultivos que estén ligados a contratos, fundamentalmente de horticultura.

Para desarrollar la oferta la Confederación destinará doce millones de euros con los que se espera llegar a en torno 25.000 hectáreas de regadío de la provincia de Albacete, y se habrían adquirido por parte del organismo de cuenca unos 48 hectómetros cúbicos de agua, que podrían llegar a un ahorro de unos 50 hectómetros cúbicos por el 5% al que tendrían que renunciar los usuarios que se acojan a la oferta. El comisario de Aguas confió en que no en el caso de que esta medida que busca el ahorro de agua en el tramo medio del río, «y en función de la situación hidrológica». Este año se pagará entre 20 y 25 céntimos de euros por metro cúbico, algo más que el año pasado cuando se pagaba 19.

Por primera vez en esta época del año, el embalse de Tous tiene un nivel de reservas mayor que el del embalse de Alarcón, situado aguas arriba de la cuenca hidrográficaE.F.

Por primera vez, el pantano de Tous rebosa agua, mientras que el de Alarcón se las ve y se las desea para mantener un nivel mínimo que asegure un caudal ecológico suficiente en el Júcar.

Para ser exactos, Tous dispone de algo más de 82 hectómetros cúbicos; Alarcón, de 66 y Contreras, de 50. De hecho, la cuenca del Júcar tiene unos 50-51 hectómetros cúbicos más de agua que hace un año, y la mayoría están en Tous.

Este simple hecho ha condicionado y condiciona toda la gestión de la cuenca en este arranque del año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre. Y fue el gran protagonista de la reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tuvo lugar ayer en Albacete, en el parador Nacional de la Mancha.

Poco antes de iniciarse la reunión, a la cual asistió medio centenar de personas, en representación de usuarios e instituciones, comparecieron en rueda de prensa el presidente de la CHJ, José Manuel Moragues; el comisario de Aguas, Manuel Alcalde, y el jefe de la oficina de planificación hidrológica, Javier Ferrer.

Moragues explicó a los medios albaceteños que «el orden del día de la Junta de Gobierno de hoy (por ayer) contempla, por una parte, las líneas de actuación de la Confederación para el próximo año, así como dar cuenta de las últimas decisiones adoptadas en el marco de la Comisión Permanente de la Sequía».

Dentro de esas decisiones, se encuentra la recién aprobada Oferta Pública de Adquisición de Derechos de Agua u ‘OPA del agua’ que precisamente, se ha aprobado para garantizar el caudal ecológico del río en un año que los propios gestores consideran anómalo respecto a la media.

Según explicó el comisario de Aguas, Manuel Alcalde, esta oferta, que es «completamente voluntaria» se abre para uns superficie de 25.000 hectáreas situadas en la zona del acuífero 18 (Macha Oriental) que se conoce como «acuífero Mioceno». Se trata de la zona más próxima al río, la que más interacciones tiene con él.

casi 50 hectómetros. «El objetivo es el de llegar a los 48 hectómetros cúbicos de ahorro», señaló, «y para ello se ha arbitrado una cantidad de 2 millones de euros, con un precio que oscilaría en tre los 0,20 y 0,25 euros el metro cúbico».

Alcalde, además, recordó que esta OPA incluye una serie de medidas «de contenido social» que no se incluyeron en la oferta del año pasado para, precisamente, favorecer el éxito de la oferta.

Entre ellas, destacan que ningún regante podrá ceder el 100% de sus derechos, para garantizar que todas las explotaciones agrarias mantengan una actividad mínima, vital para el sostenimiento económico de las comunidades agrarias.

También recordó que, aunque la idea de la OPAes la de favorecer los cultivos de invierno y primavera, en detrimento de los estivales, se hace una reserva para garanticar que los horticultores, especialmente los productores de cebollas, producción en la que Albacete es la líder nacional, mantengan su actividad.

Este hecho fue celebrado por el director general del Agua de la Junta de Conunidades, Fernando Ortega, quien estuvo entre los asistentes al Junta de Gobierno de ayer. «Es importante ahorrar agua -señaló- pero también es importante que las explotaciones agrarias no se paren por completo».

«Nosotros habríamos preferido no parar», indicó, «pero es preciso garantizar un mínimo de caudal circulante en el río, por lo que no nos parece mal esta oferta de adquisición de derechos, que es completamente voluntaria y que comprende una serie de medidas correctoras que el año pasado no se dieron».

A preguntas de los periodistas, además, Alcalde y el propio presidente de la CHJ, Juan José Moragues, señalaron que será comienzos de la próxima primavera, sobre los meses de marzo y abril, cuando se podrá determinar si habría agua suficiente para proseguir con el programa de sustitución de bombeos en la Mancha Oriental.

«Estamos aún al inicio del año hidrológico -indicó Moragues- y por el momento sería prematuro hablar de previsiones sobre este asunto; para poder hablar de ello habrá que ver el resultado de otras medidas, como por ejemplo la oferta de adquisición de derechos de agua».

En un orden más político, el responsable de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ, Javier Ferrer, recordó que el organismo de cuenca se encuentra inmerso en un proceso de planificación hidrológica para revisar el plan de cuenca de 1997. Y, en ese sentido, los medios manchegos le preguntaron sobre posibles ‘interferencias’ entre dicha revisión y la revciente sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de la Comunidad Valenciana.

«La planificación hidrológica sigue estando en manos del Estado», señaló con rotundidad, «y en esto el marco legal es muy claro, independientemente de que las regiones tengan cada vez más que decir en campos como la calidad de las aguas o la depuración».