El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, aseguró ayer que la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso de Castilla-La Mancha contra el Estatuto de la Comunidad Valenciana «no es incompatible» con que el texto castellano-manchego hable de caducidad del trasvase Tajo-Segura, «ya que necesitamos el agua de la cabecera del Tajo para el desarrollo de nuestra Comunidad». «Incluso estaría en coherencia» con el Estatuto valenciano al no hablar de aguas excedentarias, apuntó.

Martínez Guijarro expresó ayer, a preguntas de los medios, la posición de la Junta de Castilla-La Mancha respecto a esta decisión del Tribunal Constitucional. No obstante, expresó que respetarán la decisión del tribunal. «Ahora estamos a la expectativa de recibir el auto, analizarlo y ver sus posibles consecuencias», reiteró.

En este sentido, se refirió a la paradoja de que en Castilla-La Mancha existen algunos proyectos de reordenación urbana pendientes de concesiones de agua, y «mientras, vemos que se aprueban trasvases a otros lugares del país».

De cualquier cuenca

Asimismo, admitió que «nos hubiese gustado que el Tribunal Constitucional nos hubiese dado la razón para que el Estatuto de la Comunidad Valenciana no incluyese la norma de poder utilizar los excedentes de cualquier cuenca hidrográfica», ya que, aunque reconoció que Valencia lo hacía pensando en los excedentes del río Ebro, «la realidad es que el Estatuto dice que pueden pedir agua excedentaria, hasta de la Confederación Hidrográfica del Norte». Por su parte, el diputado regional del PP, Leandro Esteban dijo ayer a este respecto que el «desastre» que ha provocado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia hidráulica «produce situaciones tristes».

Esteban manifestó que con el Gobierno de la Nación del PP «hubo un acuerdo que solucionaba este problema y ahora hay un problema que, probablemente, no tiene solución».

Finalmente, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, indicó ayer que la desestimación de los recursos castellano-manchego y aragonés «da carta de naturaleza al trasvase del Ebro».

Para Rambla, el TC ha confirmado así «la plena constitucionalidad» del Estatuto, «puesta en duda» por esos dos gobiernos autonómicos al recurrir la redistribución de los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias reconocida en el texto valenciano.

Los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional salvaron ayer la constitucionalidad del Estatut d’Autonomia al desestimar el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra el artículo 17.1 de la ley que recoge el derecho de los valencianos al agua sobrante de cuencas excedentarias de acuerdo con la legislación estatal.

• Estatut de la C. Valenciana

La noticia en otros webs

• webs en español
• en otros idiomas

La presidenta del Tribunal comunica a Camps el rechazo del recurso

El pleno del Tribunal Constitucional desestimó, por siete votos a cinco, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Aragón contra el Estatut. Pese a que se había buscado la unanimidad y existían impresiones positivas acerca de un posible acuerdo, el resultado fue calificado de «desastre» en fuentes del Tribunal, que en el primer examen de las reformas estatutarias no supo remontar la tormenta que ha sacudido a la institución durante el último año. Todos los magistrados discrepantes, que proceden de la carrera judicial, son del sector conservador y anunciaron votos particulares que, junto a la sentencia, se conocerán en los próximos días. Los discrepantes son Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio, Ramón Rodríguez Arribas, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. Inclinó la balanza a favor de la constitucionalidad de la reforma el vicepresidente del Tribunal, el catedrático Guillermo Jiménez.

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, cuestionada por el PP, llamó personalmente al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para comunicarle la decisión de los magistrados. Camps le agradeció la cortesía y expresó su satisfacción en nombre de los grupos (PP y PSOE) que apoyaron el Estatut y de la sociedad valenciana.

El artículo 17.1 del estatuto de la Comunidad Valenciana, impugnado por Aragón y por Castilla-La Mancha, establece: «Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».

Los aragoneses vieron en ese artículo un intento de aprovechamiento del Ebro por parte de los valencianos, cuestión innegociable para el Gobierno aragonés, para el que no es de recibo que Valencia «intente aprovecharse de las aguas sobrantes de una cuenca sin contar para nada con la región afectada». A su vez, los manchegos recurrieron porque, según su presidente, José María Barreda, la Comunidad Valenciana «se arrogaba todos los excedentes supuestos de las cuencas hidrográficas limítrofes», en referencia al trasvase Tajo-Segura y a los embalses de la cabecera del Tajo.

Las deliberaciones sobre la ponencia de la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad del artículo 17 del Estatut d’Autonomia, comenzaron el pasado octubre. Las posiciones de partida sobre la sentencia estaban divididas en los dos bloques habituales: seis conservadores contrarios a la ponencia frente a los seis progresistas -incluida la presidenta del alto tribunal- que respaldaban el texto de Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad del Estatut.

Dado que los recursos de Aragón y Castilla-La Mancha no se han acumulado, habrá dos sentencias. La ponencia de la segunda corresponde al magistrado conservador Javier Delgado Barrio. El Tribunal quería haber obtenido una sentencia-tipo que sentase doctrina y sirviese de guía para resolver el chaparrón de impugnaciones estatutarias por cuestiones hídricas.

Los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional salvaron ayer la constitucionalidad del Estatut d’Autonomia al desestimar el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra el artículo 17.1 de la ley que recoge el derecho de los valencianos al agua sobrante de cuencas excedentarias de acuerdo con la legislación estatal.

La presidenta del Tribunal comunica a Camps el rechazo del recurso

El pleno del Tribunal Constitucional desestimó, por siete votos a cinco, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Aragón contra el Estatut. Pese a que se había buscado la unanimidad y existían impresiones positivas acerca de un posible acuerdo, el resultado fue calificado de «desastre» en fuentes del Tribunal, que en el primer examen de las reformas estatutarias no supo remontar la tormenta que ha sacudido a la institución durante el último año. Todos los magistrados discrepantes, que proceden de la carrera judicial, son del sector conservador y anunciaron votos particulares que, junto a la sentencia, se conocerán en los próximos días. Los discrepantes son Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio, Ramón Rodríguez Arribas, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. Inclinó la balanza a favor de la constitucionalidad de la reforma el vicepresidente del Tribunal, el catedrático Guillermo Jiménez.

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, cuestionada por el PP, llamó personalmente al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para comunicarle la decisión de los magistrados. Camps le agradeció la cortesía y expresó su satisfacción en nombre de los grupos (PP y PSOE) que apoyaron el Estatut y de la sociedad valenciana.

El artículo 17.1 del estatuto de la Comunidad Valenciana, impugnado por Aragón y por Castilla-La Mancha, establece: «Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».

Los aragoneses vieron en ese artículo un intento de aprovechamiento del Ebro por parte de los valencianos, cuestión innegociable para el Gobierno aragonés, para el que no es de recibo que Valencia «intente aprovecharse de las aguas sobrantes de una cuenca sin contar para nada con la región afectada». A su vez, los manchegos recurrieron porque, según su presidente, José María Barreda, la Comunidad Valenciana «se arrogaba todos los excedentes supuestos de las cuencas hidrográficas limítrofes», en referencia al trasvase Tajo-Segura y a los embalses de la cabecera del Tajo.

Las deliberaciones sobre la ponencia de la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad del artículo 17 del Estatut d’Autonomia, comenzaron el pasado octubre. Las posiciones de partida sobre la sentencia estaban divididas en los dos bloques habituales: seis conservadores contrarios a la ponencia frente a los seis progresistas -incluida la presidenta del alto tribunal- que respaldaban el texto de Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad del Estatut.

Dado que los recursos de Aragón y Castilla-La Mancha no se han acumulado, habrá dos sentencias. La ponencia de la segunda corresponde al magistrado conservador Javier Delgado Barrio. El Tribunal quería haber obtenido una sentencia-tipo que sentase doctrina y sirviese de guía para resolver el chaparrón de impugnaciones estatutarias por cuestiones hídricas.

Estatut de la C. Valenciana

– «Artículo 17.1: Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».

La falta de solidaridad a la hora de compartir el agua de las cuencas hidrográficas y de los ríos que abastecen a los diferentes territorios ha quedado reflejado en los nuevos estatutos autonómicos, cuyo contenido en algunos casos es contradictorio y chocan entre sí. Estos son algunos ejemplos de lo que dicen los estatutos en materia de agua:

Aragón. El Estatuto aragonés ha blindado el Ebro para evitar el trasvase a Valencia, Murcia y Andalucía. Este blindaje figura en la disposición adicional quinta, al afirmar que «la planificación hidrológica concretará las asignaciones, inversiones y reservas para el cumplimiento del principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro y de los derechos reconocidos en el artículo 19 del presente Estatuto, considerando que la resolución de las Cortés de Aragón de 30 de junio de 1992 establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos». En el capítulo de derechos, afirma que «los aragoneses tienen derecho «a disponer del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes».

Andalucía. El Estatuto andaluz se arroga las competencias exclusivas «sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma».

Comunidad Valenciana. El artículo avalado por el Tribunal Constitucional (el 17.1) reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal. «Los ciudadanos valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura».

Cataluña. La Generalitat asume competencias ejecutivas sobre el dominio público hidráulico y las obras de interés general. Le corresponde la participación en la planificación y programación de las obras de interés general. La Generalitat debe emitir un informa preceptivo para cualquier propuesta de trasvase de cuencas.

Castilla-La Mancha. En la Disposición transitoria primera del Estatuto se establece que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reducirá progresivamente a partir de la entrada en vigor de la ley hasta su definitiva extinción, que en todo caso se producirá en el año 2015.

El Tribunal Constitucional ha avalado definitivamente la constitucionalidad del Estatuto de la Comunidad Valenciana al desestimar el recurso de Castilla -La Mancha contra este texto, el último que quedaba pendiente después de que el pasado miércoles también rechazara el de Aragón, informó el Alto Tribunal.

Castilla -La Mancha y Aragón impugnaron el artículo 17.1 del nuevo Estatuto valenciano, que establece el derecho de los valencianos a redistribuir los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias.

Siete votos a cinco

Al igual que en el caso del recurso aragonés, el de Castilla -La Mancha ha sido desestimado por siete votos a cinco, ya que los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas, todos ellos adscritos al llamado sector conservador, han anunciado votos particulares discrepantes con la sentencia.

De esta forma han avalado la constitucionalidad de la norma valenciana los seis magistrados del sector progresista y el conservador Guillermo Jiménez, vicepresidente del tribunal.

El de ayer es el segundo pronunciamiento del TC sobre la constitucionalidad de los estatutos de autonomía que se han reformado en esta legislatura, aunque el tribunal aún debe pronunciarse sobre los recursos presentados contra los de Cataluña, Andalucía y Aragón.

El artículo 17.1 del Estatuto que fue recurrido establece que «se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».

Añade que «los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la Ley».

Apoyo de Zapatero

El Gobierno central pidió en su día al TC que desestimara tanto el recurso de Aragón como el de Castilla -La Mancha .

Tras resolver este conflicto, el Constitucional tiene pendientes otros diez recursos, seis de ellos relativos al agua, referidos a los estatutos de Cataluña, Andalucía y Aragón.

De los textos estatutarios aprobados en esta legislatura, sólo los de Baleares y Castilla y León no han sido recurridos, si bien este último está pendiente de un informe del Consejo Consultivo de Extremadura que podría derivar este estatuto al Constitucional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha expresó su respeto a la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional (TC) de desestimar el recurso que había presentado contra el Estatuto de la Comunitat Valenciana. Fuentes del Gobierno castellanomanchego informaron de la posición del Ejecutivo tras conocer el fallo del TC, que ha avalado de forma definitiva la constitucionalidad del Estatuto valenciano después de que el miércoles se conociera la desestimación del recurso presentado por Aragón. Las fuentes consultadas añadieron que el Ejecutivo esperará a estudiar la resolución completa del Tribunal antes de hacer un pronunciamiento más completo sobre su decisión.

Entre las comunidades autónomas que más celebraron ayer esta decisión, además de Valencia, Murcia. Su consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional «respalda la tesis que siempre ha defendido el Gobierno y la sociedad murciana sobre las transferencias de agua, que las señala como la solución definitiva para resolver nuestra escasez de recursos hídricos».

Da luz verde al Estatuto Valenciano, que habla de «redistribución de los sobrantes» Los encargados de reformar el texto en Murcia quieren emplear los mismos términos

El Tribunal Constitucional ratificó ayer la legalidad del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Congreso en la primavera de 2006, y al tiempo despejó el camino para que el pleno de la institución pueda centrarse a partir de ahora en el debate de los múltiples recursos contra el polémico Estatut de Cataluña. La controversia más importantes sobre el texto valenciano se centraba en un solo artículo, el 20, en el que el Estatuto de la Comunitat Valenciana señala que los ciudadanos de esta región tienen derecho «a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad» y a la «redistribución de los sobrantes de las cuencas excedentarias».

La disposición fue interpretada por Aragón como la reivindicación valenciana sobre la necesidad de disponer en el futuro de un trasvase desde el Ebro, y por Castilla-La Mancha como la cláusula para eternizar la existencia del trasvase del Tajo-Segura. Lo vieron como «intromisión» sobre las demanda de la gestión de las aguas que pasan por su territorio y como una invasión de las competencias del Estado sobre los recursos hídricos.

Pese a que la sentencia del Constitucional no se conocerá en los próximos días (ayer sólo se conoció el resultado de la votación), fuentes jurídicas indicaron que la mayoría del tribunal puede haber concluido que no existe ilegalidad alguna en que los estatutos proclamen derechos para sus ciudadanos.

Sin embargo, la corte podría matizar que cualquier eventual aprovechamiento de aguas de ríos nacionales, mediante técnicas como como la construcción o aprobación de trasvases, sólo podrán llevarse a cabo si está autorizado por una ley específica del Estado, pues es el Gobierno central quien tiene la competencia última sobre estos recursos hídricos.

El pleno del tribunal, por una amplia mayoría de nueve magistrados contra tres, certificó que el texto valenciano no choca con la Constitución y que no invade ni las competencias exclusivas del Estado ni las asumidas por el resto de las comunidades autónomas. De esta manera, la corte rechazó los recursos presentados por los gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, cifró ayer en 33 millones los daños producidos en sus infraestructuras por las lluvias del mes de octubre. La entidad ya ha invertido 9,8 millones en diversas reparaciones.

Señaló que los proyectos previstos son un «documento vivo» que es resultado de las reuniones mantenidas con alcaldes de los diferentes municipios, grupos medioambientales y asociaciones, que comprende «actuaciones de emergencia y reparaciones».

Moragues eludió la polémica sobre la relación entre la limpieza de los cauces y las inundaciones. Aseguró que la intensidad de las precipitaciones hacía difícil que en cualquier sistema «no se hubiera producido inundaciones tal y como estaba el territorio, sin echar las culpas a nadie».

Pero reiteró que los cauces «estaban extraordinariamente limpios», ya que las cañas y la vegetación «no tienen nada que ver con la limpieza». Es más, «el estado de los cauces minimizó mucho los riesgos de erosiones y desprendimientos de tierras».

Y añadió que, aunque él no es «nadie» para «meterse» en cuestiones urbanísticas, comentó que el territorio se está ocupando y «quizá las infraestructuras que tienen que ir parejas para defender los bienes contra las inundaciones siempre van un poco más retrasadas.»

Juan José Moragues anunció, por otro lado, que la CHJ va a elaborar un plan integral de defensa contra avenidas en las comarcas alicantinas de la Marina Alta y Baja, como ya tienen la Safor y el Júcar.

La Confederación ha abierto 80 expedientes de infracción por extraer más agua de la asignada del acuífero de la Mancha Oriental desde 2006. De ellos, 27 se consideran de carácter grave por lo que se han remitido al Ministerio de Medio Ambiente. Los infractores pueden ser multados con más de 300.000 euros.

Como medida especial, la Confederación avanzó, que al igual que se hizo el año anterior, la CHJ comprará derechos del acuífero de La Mancha Oriental a los regantes, aunque en esta ocasión, las condiciones serán distintas. Así, mientras en el curso pasado la adquisición de derechos suponía que los regantes que los vendían no podían regar, ahora sólo se reduce la cantidad de agua de la que pueden disponer, ya que el acuífero «está funcionando mejor», apostilló.

De este modo, la nueva fórmula supondrá una reducción del 50% de las extracciones habituales de los regantes, así como «un cambio de producto hacia los cultivos de primavera, que requieren menos riego».

Juan José Moragues calificó de «seco» el inicio del año hidrológico, aunque matizó que las precipitaciones «prácticamente han doblado» a las de los meses de octubre y noviembre del curso anterior, por lo que la situación es «mucho mejor» y el suministro está «garantizado».

Moragues precisó que la media de precipitaciones en el conjunto de la CHJ se ha situado estos dos meses en 122 hectómetros cúbicos frente a los 55 del año pasado. No obstante, apuntó que las lluvias se han registrado de forma «absolutamente irregular».

Durante estos meses se ha producido una «recuperación importante» de todos los acuíferos de la costa. No obstante, las del interior y con ello las cabeceras de los ríos «sufren sequía y las precipitaciones están por debajo de la media histórica», concretó.

Juan José Moragues concretó que aunque no hay ningún río en situación de emergencia, el Júcar se encuentra en «alerta», mientras el Turia y el Serpis están en «prealerta».

Además, recordó que a partir del mes de enero el suministro a Valencia volverá a combinar las aguas del Júcar y del Turia, como en los últimos años, después de las obras realizadas para asegurar la calidad de las aguas procedentes del Turia.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente 25 de los 80 expedientes sancionadores abiertos por la institución que dirige Juan José Moragues a las explotaciones de La Mancha Oriental, debido a que las infracciones de esta veintena larga son calificadas como «graves».

En este sentido, cabe reseñar que las multas de la CHJ que estén comprendidas entre 30.000 y 300.000 euros tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente.

La decisión se produjo tras realizar las pertinentes inspecciones en una selección de explotaciones que representaban más de la mitad de éstas y el 40 por ciento del volumen de agua otorgado, en las que se ha constatado que la «bolsa de infracciones» se suele repetir cada año.

Por otro lado, la Comisión Permanente de la Sequía decidió ayer iniciar el proceso de Oferta de Adquisición de Derechos de agua en La Mancha Oriental por razones medioambientales y por los problemas en las cabeceras de los ríos. En concreto, se pretende reducir las extracciones de agua en el tramo medio del Júcar limitando los usos a cultivos menos consumidores de agua -los de primavera- con 2.500 metros cúbicos por hectárea en una superficie de 26.000 hectáreas.

El presupuesto destinado por la Confederación para esta actuación es de doce millones de euros, con una compensación de entre 0,20 y 0,25 euros el metro cúbico.

El Júcar, en alerta

Los indicadores de sequía de la CHJ indican que ningún sistema está en «emergencia». El Júcar está en «alerta», el Turia y el Serpis en «prealerta» y el resto en situación de «normalidad». Moragues garantizó el abastecimiento humano.

Por segundo año consecutivo, y más o menos por las mismas fechas, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) hará una oferta pública de adquisición de derechos de agua a regantes de la Mancha Oriental.

El anuncio lo hizo ayer el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, al término de la reunión de la última Comisión Permanente de la Sequía, celebrada en la ciudad de Valencia.

Moragues explicó que esta nueva oferta se hace «por razones ambientales» y para evitar «desequilibrios» entre las diferentes zonas de la cuenca.

En estos momentos, y según los últimos datos aportados por el Ministerio de Medio Ambiente, el Júcar almacena 630 hectómetros cúbicos de agua, ocho más que hace una semana y 51 hectómetros cúbicos más que hace justo un año.

La situación también ha mejorado en otro aspecto relevante para la Mancha Oriental, y es que durante los dos primeros meses del año hidrológico, octubre y noviembre, los acuíferos subterráneos habrían aportado agua al río, en vez de detraerla.

Sin embargo, y según destacaba el presidente del organismo de cuenca, los embalses situados agua arriba, como el de Alarcón o el de Contreras, presentan menos agua que los que están aguas abajo, como Arenós o Benageber.

En concreto, y según el Boletín Hidrológico Semanal, Alarcón se mantiene en los 66 hectómetros cúbicos almacenados y Contreras sube solo un hectómetro, quedándose en los 50. Entre ambos, suman un total de 116 hectómetros cúbicos.

Eso en lo tocante a los embalses manchegos, mientras que en lo tocante a los otros dos mencionados por Moragues, ambos en la Comunidad Valenciana, las reservas hidráulicas almacenadas son 89 hectómetros cúbicos (Benageber) y 55 (Arenós). En total, suman 144 hectómetros.

La propuesta. En cuanto a la propuesta, y según se ha podido saber al término de la Comisión de la Sequía, la Oferta Pública de Adquisición de Derechos de Agua se abre para 26.000 hectáreas. La oferta del año anterior afectó a una superficie casi idéntica, de 24.000 hectáreas.

En aquel momento, resultó afectado por esta operación un grupo de 16 municipios, y éstos fueron los términos de Albacete, Casas de Benítez, Casas de Haro, Fuensanta, Fuentealbilla, La Gineta, Jorquera, Casas de Juan Núñez, Madrigueras, Golosalvo, Mahora, Motilleja, La Roda, Tarazona, Valdeganga y Villalgordo del Júcar.

Según indicaban algunos de los asistentes de la Comisión Permanente de la Sequía celebrada en el día de ayer, «la zona afectada esta año será más o menos la misma» llamada ‘acuífero Mioceno’ y que coincide con las explotaciones situadas por encima del río y que extraen agua de las zonas más próximas al cauce.

La intención de la Confederación para este año es que se consuma un máximo de 2.500 metros cúbicos por hectárea. Para adquirir estos derechos, la CHJ ha destinado un presupuesto de 12 millones de euros.

Dividiendo presupuesto por superficie, salen unos 461 euros por hectárea de media (unas 76.000 pesetas). Este es un dato importante, ya que el precio que se pague determinará si la oferta de adquisición de derechos de agua es o no un éxito.

En el caso de la oferta del año pasado, al final se adquirieron derechos de agua equivalente a 38,5 hectómetros cúbicos, y eso tras dos plazos consecutivos que se concedieron a los posibles interesados, uno ordinario y otro con carácter extraordinario.

Estas cifras se quedaron por debajo de lo previsto lo que se debió, según se reconoció desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, a que el precio ofertado «había sido bajo».

Aún así, es preciso decir que este mecanismo, por el que se cede el uso de los derechos de agua durante lo que queda de año hidrológico, nunca la concesión, se extendió a las otras dos cuencas de relevancia para la provincia, la del Segura y la del Guadiana.

En el caso de la cuenca hidrográfica del Segura, la oferta se abrió en febrero de 2007, con un presupuesto de 700.000 euros y un importe máximo de 18 céntimos de euro por metro cúbico. En el Guadiana, se abrió en abril, con un presupuesto de 90 millones de euros.

Infractores. Por último, cabe destacar que, en declaraciones realizadas desde Valencia, el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, reconocía por una parte que hay una mayoría de regantes en la Mancha Oriental que consumen menos agua de la que tiene asignada. Pero, por la otra, también indicaba que hay una minoría de incumplidores contra la que se está actuando.

Según explicó, en la actualidad, el organismo de cuenca tiene en marcha un total de 80 expedientes sancionadores por consumo excesivo en Castilla-La Mancha, de los que un grupo de unos 30 se habría remitido a Madrid, al Ministerio de Medio Ambiente, por considerarlos «graves».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, anunció a la Comisión Permanente de la Sequía reunida ayer en Valencia que organismo de cuenca volverá a realizar una oferta pública de adquisición de derechos de agua en el tramo medio del río Júcar «por razones ambientales».
El objetivo es reducir las extracciones de agua, fundamentalmente de agua subterránea, que tienen una mayor afección sobre los caudales del río Júcar, que en algunos tramos y épocas del año se quedaría seco si no fuera por los desembalses desde Alarcón.
La CHJ pretende concentrar las compras en áreas donde se ha demostrado que el nivel de extracciones incide directamente sobre el caudal del río.
Moragues exhibió una gráfica en la que se evidencia que el déficit de caudales circulantes en el tramo Alarcón- Jalance ha pasado de estar situado en torno a los -20 hectómetros (la cantidad de agua que el acuífero tomó del río en los meses de julio, agosto y septiembre del 2001, 2003 o 2004 – a apenas -4 Hm3 el pasado verano.
Mientras tanto, en el conjunto del acuífero y en zonas alejadas del río se ha producido en los últimos años una estabilización de los niveles a pesar de que las lluvias han sido muy escasas.
El director técnico de la CHJ, Joaquín Andreu, destacó la importancia de la estabilización en un acuífero tan grande y sujeto por tanto a «inercias»- en este caso de descenso permanente- «que cuesta romper».
Moragues destacó la importancia de la «autorregulación
No obstante, existe una vigilancia «conjunta» y «por separado» sobre las extracciones que ha derivado en 250 inspecciones y la apertura de 80 expedientes sancionadores por sacar «presuntamente» más agua de la autorizada en sus concesiones, según explicó el Comisario de Aguas del Júcar Manuel Alcalde.
En el conjunto del acuífero, los que extraen menos de lo que tienen autorizado son más y suman más volumen de agua que los que «abusan», según Moragues.
La oferta pública de este año está presupuestada en 12 millones de euros y permitirá, al contrario que la de 2007, realizar un cultivo de primavera (2.500 m3/ha). La compensación económica se fija en 0,20-0,25 euros por metro cúbico y afecta a 26.000 hectáreas.
La sequía sigue viva
Moragues subrayó que la situación de la CHJ es «mucho mejor» y el suministro a los hogares está «garantizado».
Entre los aspectos positivos destaca que todos los sistemas se encuentran
Todos los acuíferos utilizados en los pozos de sequía están ya más que recuperados de las extracciones del pasado verano gracias a las lluvias de los últimos meses en las comarcas litorales y «disponibles» para ser usados de nuevo si como se espera, el agua embalsada no llega a cubrir integramente las necesidades del regadío valenciano.
Los embalses del Júcar acumulan
Otro factor positivo, en opinión del presidente, es la importante renovación de aguas que se está produciendo en La Albufera.
Sin embargo, las entradas de agua en Alarcón desde que finalizó la campaña de riego el 30 de septiembre, son las segundas peores en 14 años, al igual que las de Contreras, mientras en Benagéber son las terceras peores en este periodo. En relación a las aportaciones naturales de agua en el Júcar, noviembre ha sido el cuarto peor mes desde 1940 mientras que en el Turia ocupa el puesto 13.