Mariano Rajoy se presenta a las elecciones generales de marzo, al menos de momento, sin el trasvase del Ebro entre sus promesas de campaña. La dirección nacional del PP aprobó ayer las bases del programa con el que la formación concurrirá a los comicios con la exclusión de cualquier referencia expresa a la conducción del Ebro pero tampoco al Tajo-Segura. El documento se limita a aludir de forma genérica y ambigua al conflicto hídrico lo que, además, ha abierto fuertes discrepancias en las filas populares entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y las direcciones del PP en Aragón y Castilla-La Mancha.

El texto que aprobó ayer la cúpula de los populares está conformado, apunta de forma textual la redacción, por «los ejes del programa con el que el Partido Popular concurrirá a las próximas elecciones generales». Pese a ello y al valor estratégico de la Comunidad y especialmente de Alicante en la cita con las urnas, en las cincuenta páginas no hay ni rastro del trasvase del Ebro, una reivindicación de la que el presidente Camps ha hecho bandera durante los últimos cuatro años, pero tampoco de la vigencia del Tajo-Segura o de defensa del proyecto original de la conducción del Júcar al Vinalopó, que ahora ejecuta el Gobierno socialista de Zapatero aunque modificado y con la toma de agua trasladada desde Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa en Cullera.

Únicamente una referencia somera, en el punto 222 del documento, sobre la política hídrica que el PP desplegaría en caso de retornar a la Moncloa, una redacción que, de alguna manera, intenta apaciguar tanto a Camps, uno de los grandes apoyos de Rajoy, como a las direcciones de los populares en Aragón y Castilla-La Mancha. «Alcanzaremos un pacto nacional del agua para mejorar la gestión de los recursos hídricos, promoviendo su uso racional y una distribución basada en criterios de eficiencia y solidaridad», señala el párrafo antes de apostillar, sobre las conducciones entre cuencas, que la gestión del PP incluirá «entre otros mecanismos, las transferencias de recursos sobrantes disponibles de las cuencas excedentarias a las deficitarias». Punto y final. Esa es toda la alusión que se incluye en el documento programático de Mariano Rajoy al conflicto del agua.
Pero es que, incluso, el dossier que se entregó a los periodistas durante la comparecencia de Rajoy -en la que se limitó a reproducir el texto acordado sin alusiones al trasvase del Ebro- es todavía más duro para los populares valencianos al hablar de que las transferencias de agua son tan sólo una «posibilidad». En las últimas semanas, las fricciones a cuenta del conflicto hídrico han quedado evidenciadas en el seno del PP. Incluso, ayer mismo, la cúpula de Génova tuvo que lidiar con las presiones, por un lado, de Camps para redactar un texto más explícito y, por otro, de los dirigentes populares en Aragón y Castilla-La Mancha. El texto definitivo no contenta a nadie pero, de alguna manera, permitió a los dirigentes del PP en la Comunidad ver la botella medio llena.

De hecho, tanto el propio Francisco Camps como el secretario general del PP, Ricardo Costa, y el coordinador del programa electoral de los populares, el castellonense Juan Costa, coincidieron en que el documento satisface, señalaron, «las principales reivindicaciones de los valencianos». El propio presidente Camps hizo referencia -en un argumento calcado al que también utilizó Costa- a «los trasvases de las cuencas excedentarias a las deficitarias» pero sin hacer ninguna alusión al trasvase del Ebro, a diferencia de la vehemencia con la que se ha pronunciado en otras ocasiones a favor de la conducción hídrica.

En medio de la bronca política por la apuesta hídrica de los dos grandes partidos nacionales, el PP de la Comunidad Valenciana ha organizado un acto multitudinario para despejar cualquier duda y reivindicar su apuesta por el trasvase del Ebro. Para este acto sectorial, que forma parte de los cuatro ejes fundamentales de la precampaña de los populares de la Comunidad Valencia, la dirección regional ha elegido el municipio alicantino de Aspe. Lo cierto es que los populares de la Comunidad Valenciana convocaron este acto sectorial en octubre en el mismo lugar -el Teatro Wagner de dicha localidad-, pero las lluvias torrenciales que se vivieron entonces y que causaron importantes daños en la provincia hicieron que la convocatoria se suspendiera.

Aunque la demanda de agua, sobre todo en esta comarca del Vinalopó Medio, siempre está de actualidad, lo cierto es que esta reivindicación ha vuelto a la primera línea política, a escasas semanas de la disolución de las Cortes Generales. Así, el consejero valenciano de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, acusó ayer al presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, de tener una actitud «insolidaria» y «una postura política, de campaña y no racional» respecto al trasvase del Ebro, informa Efe. El consejero de la Generalitat se refirió de esta forma a las declaraciones realizadas el pasado lunes por Iglesias, quien advirtió de que, si Mariano Rajoy ganaba las elecciones, «volverá a plantear el trasvase del Ebro», algo que -según el dirigente aragonés- es «inaceptable» para Aragón.

«¿Dónde está el problema?»

García Antón salió al paso de este rechazo aragonés al afirmar que un informe del Gobierno revela que en el año hídrico comprendido entre octubre de 2006 y de 2007 se han vertido más de 8.000 hectómetros cúbicos de agua del Ebro al mar. Asimismo recordó que la Comunidad Valenciana sólo necesita 350 hectómetros cúbicos de la desembocadura, una cantidad que supone «el 4 por ciento del total» vertida, por lo que se preguntó «qué problema tiene Aragón» en cederla.

«No perjudica a nada», insistió García Antón, quien lamentó que «lo más grave no es que lo diga Marcelino Iglesias, sino que el Gobierno esté de acuerdo y que los socialistas valencianos, también».

Desde Murcia, el presidente de esta Comunidad, el popular Ramón Luis Valcárcel, también volvió a salir en defensa de los trasvases. En este sentido, recordó que el Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobó el lunes los ejes del programa electoral de este partido en el que se refleja el tema de los trasvases y, aunque aún no se han perfilado, Mariano Rajoy «no tiene pensamientos de traer agua del Nilo o del Amazonas», ironizó. Asimismo, descartó que en los planes de Rajoy esté trasvasar agua del Júcar a la cuenca del Segura, por ser una cuenca casi, casi tan deficitaria como la del Segura», argumentó.

La presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, presidió ayer en Toledo una jornada de trabajo con los grupos populares de las cinco diputaciones provinciales de la región, para coordinar la estrategia del partido de cara a las próximas elecciones generales. En respuesta a preguntas de los medios de comunicación, Cospedal defendió la propuesta de Mariano Rajoy de lograr un Acuerdo Nacional del Agua. Aseguró además que Rajoy «no ha hablado en ningún momento del trasvase Tajo-Segura», por lo que pidió que no se interpreten mal sus palabras, en referencia a las declaraciones del presidente del PP el pasado domingo en Murcia, y las reacciones que han provocado. Insistió en que lo que propone el PP es «de sentido común» y es llevar el agua desde donde sobre hasta donde haga falta, ya que éste es un recurso común. «Voy a seguir pidiendo que parte del agua sobrante del Tajo vaya a las provincias de Ciudad Real y Albacete, que si no la reciben se quedarán completamente secas», puntualizó.La presidenta del Partido Popular de la región insistió en que está de acuerdo con la nueva propuesta del Rajoy, igual que lo estaba con el Plan Hidrológico Nacional, plan con el que, «en su día, Bono y Barreda también lo estaban, hasta que Zapatero lo derogó y no dijeron absolutamente nada», declaró.

«Tibieza» de los populares

Sin embargo, los socialistas de Castilla-La Mancha volvieron a criticar la postura de esta Comunidad respecto al trasvase Tajo-Segura. Así, el portavoz en materia de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Salinas, afirmó que las manifestaciones de Mariano Rajoy «han puesto muy nerviosos a los dirigentes del PP en la Comunidad, a los que les empiezan a temblar las piernas a la hora de defender los intereses de nuestra región, porque nadie de ellos se atreve a contradecir lo que dice su jefe».

Por ello, criticó la «tibieza» demostrada por Cospedal en sus manifestaciones. «Cospedal tiene que ser clara y no le valen las justificaciones», afirmó.

Unas doscientas familias de Montealegre del Castillo se concentraron ayer en Murcia ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), para protestar por el recorte que ha sufrido su concesión de agua.

Responsables de la Sociedad Agrícola de Transformación Pozo El Estrecho, junto a representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Albacete se unieron a esta protesta.

La decisión de concentrarse se produjo tras el recorte sufrido en la concesión para regar de la SAT Pozo El Estrecho, al pasar ésta de un volumen de 654.000 a 266.000 metros cúbicos.

Esta drástica restricción, aprobada por la CHS, se produjo -explicó ayer la UPA- cuando los representantes de la SAT Pozo El Estrecho solicitaron que con la misma concesión, los 654.000 metros cúbicos iniciales, se les permitiese pasar de regar 254 hectáreas de distintos cultivos a realizar riegos de apoyo en un total de 654 hectáreas, sin aumentar la dotación de agua para regar.

Ante esa petición, explicó el secretario provincial de UPA de Albacete, Julián Morcillo, la Confederación decidió recortar la concesión inicial. La UPA asegura que no hay precedentes de una decisión tan grave, que afecta a una zona deprimida como es Montealegre del Castillo, comarca que apenas registra unas precipitaciones de unos 150 litros por metro cuadrado anualmente.

Pedro José Ibáñez Calero, presidente de la SAT Pozo El Estrecho, indicó que pretenden conseguir ahora, es que se reconozca el derecho adquirido de estos regantes y que se restablezca la concesión inicial.

La Junta Directiva de la SAT y miembros de UPA, se reunieron con el presidente de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita; y posteriormente con el comisario del organismo de cuenca, Manuel Aldeguer, para intentar alcanzar un acuerdo y restablecer el derecho al agua.

Se han dado unos días a la Confederación para buscar una solución justa para los intereses de los regantes, de no ser así, anuncian que se llevarán a cabo nuevas movilizaciones.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 13,33 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 36,16 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 65,31 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 46,11 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 67,51 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 80,77 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 56,57 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 39,13 por ciento, el de Alarcón un 5,86 por ciento y el de Contreras en 5,68 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 61,75 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 95,47 por ciento, La Muela en un 52,04 por ciento, y El Naranjero al 75,85 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 18,90 por ciento; Escalona al 4,67 por ciento; y Bellus, al 27,09 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 11,91 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 55,48 por ciento, Benagéber al 39,24 por ciento, Loriguilla al 21,17 por ciento y Buseo al 37,29 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 60,36 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 69,26 por ciento; Arenós un 39,78 por ciento; María Cristina un 8,00 por ciento y Sichar el 70,12 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 68,69 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 0,00 por ciento y el de Onda al 54,05 por

Corría el mes de julio de 2004 y Rajoy se pronunciaba con contundencia en San Javier (Murcia) sobre la política hidráulica del PP: «La desalinización es un cuento chino. Si volvemos a ganar, el trasvase del Ebro se va a construir porque la opción de las desalinizadoras no tiene ningún sentido. Contaminan y además tampoco se van a hacer».
El pasado domingo, Rajoy lanzaba también en Murcia un mensaje más difuso pese a que en algunos medios se le había pedido expresamente siete palabras que no pronunció: «Si gobernamos haremos el trasvase del Ebro»
El presidente se comprometió únicamente a lograr «un acuerdo nacional sobre el agua en el que las cuencas deficitarias como la del Segura y Júcar reciban el agua sobrante de las cuencas excedentarias a través de trasvases».
Ayer, el consejero de Agricultura y Agua del gobierno de Murcia, Antonio Cerdá, justificaba a Rajoy al recordar que «en ningún programa del PP se ha hablado del trasvase del Ebro», y añadió que «si los técnicos dicen que hay que traer agua del río Amazonas pues se trae».
«Rajoy se ha comprometido con los trasvases, a llevar agua desde las cuencas excedentarias a las deficitarias y esto es importante», dijo Cerdá.
En Valencia, José Alberto Comos, presidente de la Fundación Agua y Progreso, responsable de la campañas publicitarias
José Aberto Comos habló inicialmente de «matices de redacción», aunque posteriormente afirmó que el discurso del PP es «claro y meridiano a favor del trasvase».
«Si no me falla la memoria, -añadió – en el antiguo plan electoral no había una alusión expresa al trasvase del Ebro».
Ayer, ninguna de las asociaciones de regantes de Murcia, Alicante y Castelló que han apoyado abiertamente el trasvase se pronunció sobre las palabras de Rajoy en Murcia. Sólo el presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, miembro de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) y vicepresidente de la Federación de Regantes Valencianos, José Pascual, respondía a este periódico para recordar que los regantes del Júcar «nunca» quisieron agua de «mala calidad» del Ebro a cambio de la que han utilizado siempre.

El vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, Fernando Lamata, afirmó ayer en Almagro que Castilla- La Mancha no puede aceptar por más tiempo el trasvase Tajo-Segura porque necesita toda el agua para mantener su agricultura y ganadería.

Lamata realizó estas declaraciones a petición de los periodistas momentos antes de la presentación de la denominación de origen del aceite Campo de Calatrava, y en respuesta a la última manifestación pública del líder popular, Mariano Rajoy, en Murcia, sobre el tema del agua y la necesidad de llegar a un pacto nacional sobre este asunto.

Lamata aseguró que «siempre es bueno llegar a un acuerdo, pero la premisa que ponen sobre la mesa del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura es una premisa que no podemos mantener en CLM». Por lo tanto, aseguró, «acuerdo sí, pero para poner una fecha de caducidad, ya que el Tajo no da para repartir» y, por tanto, «no hay excedentes que compartir a través del trasvase»,

El vicepresidente de la Administración autonómica recordó que esta solución aparece recogida en la propuesta de Estatuto del Ejecutivo de José María Barreda, «Esperemos que la apoye el grupo popular para encaminarnos hacia el consenso, pero bajo la premisa de que en Castilla-La Mancha tenemos que seguir disponiendo del agua, precisamente para poder seguir sosteniendo nuestra agricultura y ganadería».

Por último, añadió que Castilla-La Mancha quiere el progreso para Murcia: «Nuestra región ha sido una región solidaria que ha contribuido al desarrollo del Levante español», manifestó el vicepresidente, quien no por ello dejó de insistir en su planteamiento:. «Ahora somos nosotros los que necesitamos esa agua para no sacrificar nuestro desarrollo».

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha hizo estas declaraciones en Almagro (Ciudad Real), minutos antes de participar en el acto de presentación de la Denominación de Origen ‘Aceites Campo de Calatrava’, en el que destacó la cada vez mayor calidad del aceite de oliva que se produce en CLM que, con un 40 por ciento de su producción amparada en alguna de las cuatro Denominaciones de Origen existentes, es un aval para el consumidor.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró ayer que la Junta estaría de acuerdo con un pacto nacional sobre el agua, pero siempre que éste fuera «para poner fecha de caducidad al Tajo-Segura». Lamata respondió así a preguntas de los periodistas respecto a la propuesta de dicho pacto, que el pasado domingo lanzó en Murcia el presidente del PP, Mariano Rajoy.

«Estamos seguros -dijo- de que puede haber acuerdo, queremos alcanzarlo en las Cortes según nuestro proyecto de Estatuto» y añadió que «siempre es bueno hablar y llegar a acuerdos, pero la premisa que ponía sobre la mesa Rajoy, que es el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, es algo que no podemos aceptar en Castilla-La Mancha».

Precisó que actualmente «el agua del Tajo no da para repartir» y explicó que la fecha de caducidad «la hemos propuesto en nuestro proyecto de Estatuto y tendrá ocasión el señor Rajoy, y el PP, de demostrar ese apoyo a nuestra propuesta de búsqueda de acuerdo».

«No hay excedentes»

Lamata afirmó que Castilla-La Mancha necesita el agua de dicho río para el desarrollo de su agricultura y ganadería y precisó que «cuando se habla de los excedentes que trasvasar, hay que contestar que no hay excedentes».

Por otra parte, el coordinador del Grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, criticó que Rajoy quiera «perpetuar» los trasvases, especialmente el del Tajo-Segura, y pidió a la presidenta regional del PP, Dolores de Cospedal, «que se muevan un poquito para evitarlo».

Alonso dijo que las declaraciones de Rajoy dejan claro que el líder del PP «sólo piensa en perpetuar el Tajo-Segura».

Por otra parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes castellano-manchegas, Encarnación Naharro, aseguró que las palabras de Rajoy «encajan perfectamente» con la voluntad del PP de Castilla-La Mancha de llevar agua a aquellas zonas donde no disponen de recursos suficientes. Naharro dijo que «Zapatero ha llevado a cabo una política hidráulica nefasta, porque apostó por las desaladoras, de las cuales sólo funciona una».

No es la única materia que ha generado recursos de inconstitucionalidad contra un buen número de los nuevos Estatutos de Autonomía que han ido entrando en vigor en los últimos años, pero sí que es una de las más destacadas. El agua se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos. El Estatuto de Andalucía ha introducido referencias a esta materia; el valenciano incluye el derecho a recibir aguas de cuencas excedentarias, lo que pretende abrir la puerta a un derecho al trasvase del Ebro; el aragonés defiende una reserva estratégica, propia, de agua a guardar en embalses de esta tierra y a tener que dar su opinión antes de que se hable de cualquier posible trasvase de aguas del Ebro a otras cuencas.

El caso es que, por el agua o por otros motivos, el caso es que hay un cruce de recursos de inconstitucionalidad realmente importante entre comunidades vecinas. A saber: Aragón ha recurrido el Estatuto valenciano por el agua y el catalán por sus disposiciones sobre el Archivo de la Corona de Aragón; La Rioja ha recurrido el Estatuto de Aragón por el agua; Baleares ha recurrido el Estatuto de Cataluña también por el Archivo de la Corona de Aragón; y Valencia ya anunció hace más de un año su lucha contra el Estatuto catalán a vueltas con las alusiones a la política hídrica.

En manos del Constitucional

En definitiva, un auténtico enjambre de recursos. Pero los juristas creen que, al final, todo será más sencillo de lo que parece. En Zaragoza, esta semana se han reunido expertos de las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Es decir, los territorios que comparten historia común en el marco de lo que fue la Corona de Aragón.

Juristas de Aragón, Valencia y Baleares han coincidido en que, al final, habrá sido más «ruido mediático y político» que controversia legal. El profesor zaragozano Antonio Embid se muestra convencido de la constitucionalidad del contenido del Estatuto de Autonomía de Aragón. Sin embargo, duda seriamente de que ocurra lo mismo con el valenciano: «El Estatuto de Valencia dice que los valencianos tienen derecho a las aguas sobrantes de cuencas excedentarias. y el primer problema es ver cuáles son esas cuencas, porque si están fuera de la Comunidad valenciana se han equivocado».

«El polvo y la paja»

Respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña, el profesor Embid afirma que, a su juicio, «está sustancialmente ajustado a la Constitución, al margen de redacciones cuestionables de algún artículo». Este jurista aboga por «distinguir el polvo y la paja» e insiste en que será el Tribunal Constitucional el que, al pronunciarse ante los distintos recursos, ordenará definitivamente la cuestión.

Algo parecido opina el letrado mayor de las Cortes Valencianas, Javier Guillem. Evita pronunciarse directamente sobre el Estatuto de la Comunidad Valenciana en lo relativo al agua, porque «está recurrido ante el Tribunal Constitucional y estamos ejerciendo la defensa letrada, así que es un punto sobre el que justo no me puedo ni debo manifestar».

Eso sí, matiza que lo que ha hecho el Estatuto valenciano es incluir el agua en su Título II, no como un derecho directamente ejercitable por los ciudadanos valencianos, sino como «una manifestación programática, un principio». Advierte también que el agua y cualquier competencia sobre esta materia debe fijarse en todo momento «en el marco de la legislación del Estado».

La cohesión del Estado

Por su parte, el director general de Desarrollo Estatutario del Gobierno aragonés, Xavier de Pedro, cree que las polémicas cruzadas con los Estatutos de Autonomía es algo que acabará salvándose sin más problemas y defiende el avance que suponen realmente como aportación jurídica al Estado de las Autonomías. Según Xavier de Pedro, «el tiempo irá demostrando que los nuevos Estatutos lo que pretenden es dar mayor cohesión al Estado de las Autonomías». De hecho, se autodeclara optimista y cree que hasta el catalán acabará contribuyendo a ello.

La jurista María Ángeles Berrocal, letrada de la Comunidad autónoma de Baleares, cree que a lo que conducirán las controversias será a «una solución de consenso, tanto entre las comunidades autónomas afectadas como con el Estado». Y eso que, en su caso, en lo relativo a las pugnas por las competencias hídricas, reconoce que en Baleares lo ven «desde la distancia».