Los ministros de Medio Ambiente de la UE han adoptado conclusiones que tienen en cuenta de manera formal, la gravedad y la dimensión internacional de la escasez del agua y la amenaza de incremento de los periodos de sequía que sufre Europa. Admiten que la falta de agua y las prolongadas estaciones secas que padecen algunos países ya no son problemas susceptibles de ser abordados exclusivamente por cada Estado miembro.

16. Noviembre ´07 – Los datos que maneja Bruselas señalan que el 12% del territorio de

la UE, el 19% de la población y alrededor de 33 cuencas hidrográficas están padeciendo los efectos de la falta de agua.

Los responsables de Medio Ambiente -entre ellos, la ministra española, Cristina Carbona, y el comisario europeo, Stavros Dimas- coincidieron en que deben convertirse en “una prioridad política” para todos los socios y, como tal, afrontarla en el ámbito europeo. Se da con ello el primer paso firme para entablar una política común del agua que por el momento, se sustancia en privilegiar las estrategias de ahorro y la mejor gestión de los recursos hídricos.

No obstante en las conclusiones de la reunión de ministros también se ha introducido la posibilidad de crear una “tasa justa” sobre el precio del agua. Ya en julio, la Comisión Europea instaba a los gobiernos a subir el precio del agua, que en el caso de España supondría un alza de hasta una 45% sobre el coste actual de aquí a 2010. Los ministros de Medio Ambiente no han entrado de lleno en esta cuestión y se han limitado a respaldar las intenciones de la Comisión para crear una política común en materia de recursos hídricos.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aprovechó ayer su presencia en una conferencia sobre el cambio climático organizada por CC.OO. en Valencia para arremeter por enésima vez contra el trasvase del Ebro.Así, Narbona aseguró que si se hubiese llevado a cabo la transferencia, su construcción y funcionamiento hubieran supuesto «más emisiones de CO2 que veinte plantas desalinizadoras juntas». En este sentido, indicó que «muchos ciudadanos» no saben esto y que «miran el mapa» y «piensan en un trasvase desde el Ebro hasta Almería» creyendo que «el agua circula sola por el tubo», por lo que afirmó que «es bueno que la gente sepa que un trasvase requiere consumo de energía».

La representante del Ejecutivo de Rodríoguez Zapatero se pronunció de este modo al ser preguntada por la encuesta sobre cambio climático encargada por la Generalitat que indicaba que el 73,6 por ciento de los valencianos cree que antes de construir desaladoras es mejor optar para conseguir agua por otras soluciones que emitan menos CO2.

Cristina Narbona consideró que el porcentaje «demuestran que los valencianos creen que el trasvase no producía CO2» y subrayó, en esta línea, que «transportar mil hectómetros cúbicos de agua por 900 kilómetros de tubería, con alturas en algún caso de hasta mil metros por encima del nivel del mar, hubiera comportado un consumo de energía superior al de veinte plantas desalinizadoras y, por tanto, una emisión de CO2 superior a veinte plantas desalinizadoras juntas».

Respuesta de la Generalitat

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón, salió ayer al paso de las de estas declaraciones y acusó a la ministra Cristina Narbona de dar «información falsa y errónea». Según García Antón, «para producir un metro cúbico de agua desalada hacen falta cuatro kilowatios y para traer un metro cúbico de agua del trasvase del Ebro harían falta dos kilowatios», por lo que la desalación contamina «al menos el doble» que el trasvase. El consejero consideró que la ministra querría que a los valencianos «sólo» les llegara la información que se da desde el Gobierno central, una información «errónea que a lo largo de cuatro años se ha visto que no ha valido de nada». Así, recordó que, al inicio de esta legislatura, ya se debatió sobre la energía que requiere un metro cúbico de agua desalada y la que necesita el trasvasado, algo que, a su entender «está muy claro», puesto que «para producir un metro cúbico de agua desalada hacen falta cuatro kilowatios y para traer un metro cúbico de agua del trasvase del Ebro harían falta dos kilowatios», insistió.Además, apuntó que la desalación «no sólo» consume una energía para producir el agua desalada, sino que también «hay que llevarla desde la costa -donde se produce- hasta el interior -que es donde se necesita para su consumo- y «ahí hace falta casi un kilowatio más para trasladarla, con lo que, en total, un metro cúbico de agua desalada necesitaría cinco kilowatios poderse utilizar», aseveró. Como consecuencia, la desalación produce «al menos el doble» de contaminación y consumo energético que el trasvase del Ebro. A esto «hay que añadir la salmuera, que produce un efecto perjudicial en muchas zonas del litoral», advirtió.

El agua del trasvase Tajo-Segura se pone por las nubes. No llega a ser tan cara como la desalinizada, pero los nuevos incrementos de precios propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente resultan porcentualmente astronómicos por culpa, sobre todo, de la factura energética. Las nuevas tarifas harán que se incremente el agua del Tajo para los regadíos en un 55% el año que viene.

Para los abastecimientos, la subida será del 44%. Eso representa que los caudales para la agricultura alcanzarán los 15,4 céntimos por cada metro cúbico. Mientras que para la llamada agua de boca aumentará 18,1 céntimos, según informó ayer el Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Con motivo de la aprobación del último desembalse del Tajo al Segura, el Ministerio ya avisó de que iban a aumentar estas tarifas.

La repercusión sobre los usuarios, en el caso de la población, se empezará a notar principalmente después de marzo, una vez pasadas las elecciones generales. Será cuando estén en producción las nuevas desalinizadoras de Valdelentisco (Cartagena) y Alicante II. A partir de ahí, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ajustará las nuevas tarifas del agua.

Ya se conoce un dato: la carestía del agua de la cabecera del Tajo tendrá una repercusión en el recibo de un 6%, a lo que habrá que sumar el incremento correspondiente a la inyección de más agua desalinizada en las redes de abastecimiento.

No variará

El delegado del Gobierno en la Mancomunidad, Isidoro Carrillo, indicó ayer que el recibo actual de 43,26 céntimos el metro cúbico (es lo que este organismo factura a los 77 ayuntamientos de Murcia, Alicante y Albacete) no variará en los próximos meses.

Pero ¿qué ha sucedido para que se produzca un aumento tan alto? Tanto Isidoro Carrillo como Francisco del Amor, presidente de los regantes del trasvase, lo atribuyen a dos factores: por un lado que la tarifa estaba congelada desde mayo del año 2005. Y por otro lado, el aumento espectacular de los gastos energéticos.

Para que el agua llegue a la cuenca del Segura hay que bombearla hasta los 300 metros de altura en el punto de salida. De esta forma, la factura eléctrica aumentará hasta un 72,4%.

Amortización

La parte de la tarifa que menos sube es la amortización de las obras, que en realidad corresponde a las indemnizaciones que reciben los gobiernos de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura a cambio de los envíos de agua. Entre los años 2003 y 2006 estas comunidades autónomas han recibido 82 millones de euros de parte de los regantes murcianos y alicantinos, y otros 259 millones con cargo a los desembalses para dar de beber a 2,5 millones de habitantes.

Estas indemnizaciones se han pagado en el transcurso de una de las sequías más graves que se han registrado, puesto que los gobiernos de estas tres comunidades no han condonado la parte de sus tarifas, cosa que sí ha hecho el Gobierno central.

Las nuevas tarifas se encuentra en la fase de presentación de alegaciones y deberán ser aprobadas primero por la Comisión central de Explotación del Trasvase. Después tendrá que ser ratificadas por el Consejo de Ministros.

Los regantes del Tajo-Segura van a solicitar una nueva reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para solicitarle que se agilice el otorgamiento de las concesiones de agua de la cabecera del Tajo, actualmente en trámite por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Sentencia del Supremo

Los regantes le han visto las orejas al lobo tras la recientes jornadas sobre el ordenamiento jurídico del Tajo-Segura, habida cuenta de que el Tribunal Supremo mantiene en sus sentencias que los agricultores no disponen de un derecho real sobre los excedentes de los pantanos de la cabecera del Tajo.

El Sindicato Central considera que ahora cobra más importancia que se otorguen los títulos de concesión sobre los sobrantes del Tajo para disponer de mayor cobertura jurídica. Su presidente, Francisco del Amor, discrepa de las sentencias del Supremo y considera que los magistrados del alto tribunal deberían tener un conocimiento más preciso de las leyes de aprovechamiento y explotación del acueducto.

En este sentido, solicitarán al Ministerio de Justicia que se imparta un cursillo a los magistrados del Supremo sobre la legislación del Tajo-Segura, con el fin de que dispongan de todas las claves.

Francisco del Amor considera «un éxito» las jornadas jurídicas celebradas en Murcia, ya que a su juicio los expertos «han ratificado que tenemos derechos reales sobre los excedentes del Tajo, porque así viene recogido en las leyes».

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, terció ayer en este asunto y «agradeció» al magistrado de la Audiencia Nacional José Guerrero «que haya recordado en Murcia que el Tajo-Segura no es un derecho de los regantes del Levante», informa Efe. Así se refirió el titular de la materia hidráulica del Ejecutivo castellano-manchego a la advertencia que el magistrado hizo en Murcia, donde recordó que la jurisprudencia determina la discrecionalidad para la aprobación de trasvases.

Por la caducidad

«Las palabras del magistrado han sido muy oportunas para que en el Levante español se tenga información más clara de este asunto», dijo Sánchez Pingarrón, quien ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha «seguirá trabajando por la caducidad» del Trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se retire el dinero necesario para construir la desalinizadora de Torrevieja.

Los populares consideran que «no se estima conveniente los fines perseguidos con esta partida presupuestaria».

La anualidad para esta fábrica de agua, actualmente en obras, asciende a 57,1 millones de euros, y tiene como finalidad garantizar los regadíos del Trasvase Tajo-Segura, según consta en el texto de la enmienda a la que ha tenido acceso este periódico.

80 hectómetros al año

La desalinizadora de Torrevieja, que tendrá una producción inicial de 80 hectómetros cúbicos anuales, cuenta con el rechazo del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que aduce motivos medioambientales.

La mayor parte de la producción va destinada a los regadíos y abastecimientos de la Región de Murcia. Los regantes del Tajo-Segura no han firmado todavía el convenio con la sociedad estatal Acuamed que, no obstante, les ofrecerá el agua desalinizada mediante concurso.

Siete cuencas de ríos tienen en la actualidad menos agua que en las mismas fechas de 2005, el año más seco desde 1947, cuando el Ministerio de Medio Ambiente comenzó a realizar mediciones. La costa de Galicia, Guadiana, la cuenca atlántica andaluza, la cuenca mediterránea andaluza, Guadalquivir , Ebro y las cuencas interiores de Cataluña reservan un total de hectómetros cúbicos de agua inferior al de dos años atrás (ver gráfico).

Las cifras de agua embalsada en la Península se aproximan peligrosamente a las de 2005. De una capacidad total de 54.148 hm³; actualmente, tenemos 22.809 hm³ de reserva; en 2006, contábamos con 25.828; y en 2005, con 21. 643.

Sin embargo, hasta el momento, sólo se ha activado la alarma en cinco cuencas. Las de los ríos Segura, Júcar, cabecera del Tajo, Guadalquivir y algunos embalses de Galicia se encuentran en sequía, es decir, sus reservas son escasas para el consumo humano, según aseguraron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente a 20 minutos.

Las cifras se aproximan peligrosamente a las de 2005

Similar a la sequía de hace dos años

El director general del Agua, Jaime Palop, lo confirmó hace unos días al asegurar que «la sequía es similar a la de hace dos años». Para paliar el desastre, el Gobierno ya ha aprobado medidas urgentes en estas cinco zonas.

La razón de que las reservas estén tan bajas se encuentra en la falta de precipitaciones durante este otoño y en que estas cuencas no se acabaron de recuperar en 2006. «El año pasado subieron las reservas pero en algunos embalses esta tendencia no se consolidó», afirma un portavoz de Medio Ambiente.

Las cantidades de agua embalsada han ido descendiendo progresivamente a lo largo de 2007. Actualmente, se encuentran al 42,1% de su capacidad total. Sólo cuatro meses atrás, los embalses estaban al 60,1% de su capacidad.

Falta de lluvia

Del 1 de octubre al 6 de noviembre pasados, las precipitaciones medias fueron de 51 litros por m², cuando lo normal son 84, explica el portavoz del Instituto Meteorológico Nacional , Ángel Rivera.

«Excepto en la Comunidad Valenciana y en Baleares, en el resto de España hay un déficit de lluvia. En Galicia es alarmante: han caído sólo 10 litros por metro cuadrado cuando lo normal para estas fechas es que se recogieran hasta 250 litros», sentencia Rivera.

Madrid tiene un 65,5% de reserva

Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran a un 65,5% de su capacidad total de agua, según explicaron a este diario fuentes del Canal de Isabel II.

Los embalses de Madrid se encuentran al 65,5%

El agua que se consume en los hogares de la región proviene del río Tajo, pero no se encarga de gestionarla la Confederación Hidrográfica de este río, sino el Canal de Isabel II.

En los dos últimos años, las reservas de las presas madrileñas han tenido una evolución positiva. En 2005 se encontraban al 34,52% de su capacidad total y ya en 2006 llegaban al 52,13%.

Por lo tanto, la situación de Madrid es buena y no hay atisbo de alarma, según afirman fuentes del Canal.

Hasta qué grado los regantes murcianos tienen derechos reconocidos sobre las aguas excedentarias del Tajo. Y en qué medida el Gobierno de la nación está obligado a autorizar el envío a Murcia de los sobrantes. En definitiva, ¿están suficientemente blindados jurídicamente los derechos del Trasvase Tajo-Segura después de 25 años de funcionamiento? ¿Existe unanimidad entre los juristas o hay campo abierto para las interpretaciones?

Son las principales tesis que han sido debatidas durante dos días por los expertos que han participado en las jornadas sobre la Ordenación Jurídica del Trasvase Tajo-Segura, organizadas por la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua.

Tanto la legislación como la jurisprudencia del Tribunal Supremo han dado pie a diversas interpretaciones, si bien el Gobierno regional y los organizadores de estas jornadas, como Francisco Cabezas y Antonio Martínez Nieto, director y secretario del Instituto Euromediterráneo respectivamente, apuntaron ayer a La Verdad que la opinión mayoritaria de los juristas convocados en Murcia es que la ley reconoce los derechos reales de los regantes.

La decisión del Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación del Segura de iniciar los trámites para reconocer las concesiones de agua del Tajo será un refuerzo legal, aunque en realidad se trata de documentar por escrito derechos que ya existen. Para eso también hay interpretaciones, en el sentido de que no obligaría al Gobierno de la nación a dar agua a los regantes del trasvase, ni tampoco a indemnizarles cuando no pueda atender sus peticiones, ya que eso estará en función de los excedentes y de la oportunidad de los desdembalses de acuerdo con los ciclos de sequía, como ocurre actualmente.

Aparte de las leyes que desde el año 1971 regulan el aprovechamiento conjunto y la explotación del Acueducto Tajo-Segura, lo que marca la pauta es el Plan de Cuenca del Tajo -sometido a revisión, como el del resto-. La ley precisa al respecto -éste es uno de dilemas jurídicos- que «no se podrá» trasvasar si las existencias no superan los 240 hectómetros en el Sistema Entrepeñas-Buendía (Cuenca y Guadalajara). El uso de la palabra «podrá», frente a «deberá», está en la raíz del debate, ya que según algunos juristas el segundo término obliga más al Estado que el primero. Otros opinan lo contrario y sostienen que el Gobierno central no tiene potestad discreccional, sino que debe conceder los desembalses siempre que exista una solicitud previa de los regantes y de que haya excedentes.

La lectura negativa

Sobre esta base, el magistrado de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el murciano José Guerrero Zaplana, arrojó al debate un punto de vista que invita al desasosiego, al señalar en las jornadas que muchas de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre el Tajo al Segura han sido contrarias a las pretensiones del Sindicato Central de Regantes de reconocer como un derecho el envío de agua, informa Efe.

Según el magistrado, el Tribunal Supremo reconoce en la mayoría de sus sentencias que el trasvase de agua «es una posibilidad, es decir que la Administración Central puede cuando hay agua excedentaria aprobar trasvases, cuando la pretensión impulsada por la Administración murciana es que habiendo excedentes el resto del agua se trasvase. «Hasta ahora y con la legislación que hay no se ha logrado que se satisfaga esa pretension. Quizás en el futuro, o si cambia la normativa, se reconozca ese derecho al trasvase que hasta hoy la jurisprudencia no ampara», señaló Guerrero.

Aclaró que el derecho al trasvase quiere decir que la Administración está obligada a trasvasar cuando los embalses de cabecera superen los 240 hectómetros cúbicos, en tanto que hasta ahora lo hace cuando lo considera, por una decisión discrecional.

La lectura positiva

El Gobierno murciano, por otra parte, comunicó ayer que «los expertos juristas que han participado en las ponencias reconocen el derecho real a las aguas excedentarias». Antonio Fanlo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja, director técnico de las Jornadas y experto en Derecho de Aguas, señaló que los usuarios del Tajo-Segura tienen un derecho ex lege (una concesión legal) que ampara su aprovechamiento.

En este sentido destacó que «si existen aguas reguladas excedentarias, la Administración hidráulica competente tiene la obligación de trasvasarla a los usuarios de las mismas, en correspondencia del derecho que estos tienen». Añadió que cuando existen recursos excedentarios y estos se otorgan a un uso, «postergando a otro, o a costa de todos o de parte de su dotación», lo que procederá es «la expropiación de los mismos, con el consiguiente justiprecio».

En opinión de este experto, en términos de seguridad jurídica, «no parece razonable la conflictividad que ha generado la explotación el Tajo-Segura». Apuntó que una actividad económica de la importancia y potencialidad como la que se realiza con las aguas trasvasadas en el regadío del sureste español, planificada y financiada como política de Estado, «no puede tener la debilidad y falta de previsibilidad del recurso básico y fundamental», señala la nota.

Los presidentes de Murcia y de la Generalitat Valenciana están preparándose para pedir compensaciones en el futuro al Gobierno de España por dejar de utilizar el trasvase Tajo-Segura. Así lo aseguró ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, al ser preguntado por las intervenciones de Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps en la jornada de Ordenación Jurídica del Trasvase Tajo-Segura que se celebró el pasado martes en Murcia. Para Lamata, tanto Camps como Valcárcel mantuvieron una «actitud defensiva» porque, en su opinión, «están inquietos» por las razones de «mucho peso» que contra el trasvase se están manifestando desde Castilla-La Mancha y están preocupados porque «el tiempo se está agotando». Al respecto reiteró que 2015 es la fecha límite para la utilización del trasvase, aunque advirtió de que es probable que antes de esa fecha no puedan hacerse derivaciones en aplicación de la ley, que otorga la prioridad del uso de esas aguas a la cuenca cedente.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, el socialista Julián Rebollo, no se mostró tan optimismo como Lamata y criticó que desde Castilla-La Mancha «no se está luchando con uñas y dientes» para defender el agua ante las pretensiones de Valencia y Murcia.

«Pensamiento único»

En este sentido, el Gobierno murciano, a través de su consejero de Agricultura y Agua, volvió a reclamar ayer la continuidad de la infraestructura. Antonio Cerdá -tras la clausura de las Jornadas sobre la Ordenación Jurídica del Tajo-Segura- aseguró que la caducidad del trasvase supondría la desaparición de 40 millones de árboles frutales, al tiempo que criticó lo que calificó como «pensamiento único» en torno a la desalación por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El consejero tildó de «irresponsable» a la ministra de Medio Ambiente porque, según dijo, «abdica de sus responsabilidades jurídicas y legales sobre el trasvase y da por cerrada una cuestión que debería resolver antes de terminar su mandato», informa Efe. A su juicio, «lo que tiene que decir es que el Tajo-Segura es intocable», en referencia a las declaraciones de Cristina Narbona en su visita del pasado martes a Murcia en las que aseguró que la decisión sobre la caducidad del trasvase que contempla el Estatuto de Castilla-La Mancha recaerá en la persona que salga elegida en la próxima legislatura. «El trasvase Tajo-Segura es y seguirá siendo una obra de Estado», subrayó Cerdá, quién destacó el carácter «vertebrador e integrador» de la obra.

Sin embargo, en su intervención ayer durante la última jornada sobre ordenación jurídica del trasvase, el magistrado de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional José Guerrero Zaplana recordó que muchas de las sentencias dictadas hasta ahora por el Tribunal Supremo en materia de trasvases de agua del Tajo al Segura han sido contrarias a las pretensiones del Sindicato Central de Regantes de reconocer como un derecho el envío de agua.

«Molesta que llegue más agua»

Mientras tanto, la ministra de Medio Ambiente volvió a defender su política hidráulica al asegurar que la Comunidad Valenciana y Murcia acabarán la legislatura con más agua disponible que hace cuatro años, a la vez que se mostró convencida de que eso «le molesta al PP». Cristina Narbona aseguró en el Congreso que cuando finalice la legislatura la Comunidad Valenciana dispondrá de 335 hectómetros cúbicos más de agua que al empezar y la murciana de 135.

La portavoz popular en materia de Medio Ambiente, Teresa de Lara, tachó de «bajeza» decir que al PP le molesta que llegue más agua a Valencia y Murcia y acusó a la ministra de mentir por reiterar que el trasvase de agua desde el Ebro -derogado por Zapatero- no contaba con el respaldo de la Comisión Europea y que no iba a ser por lo tanto cofinanciado.

El agua volvió a ser objeto de enfrentamiento ayer en el Congreso entre PSOE y PP, que acusó de bajeza a la ministra Narbona por decir que a los populares les molesta que llegue más agua.

Levante-EMV, Valencia La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer que la Comunitat Valenciana y Murcia acabarán la legislatura con más agua disponible que hace cuatro años y se mostró convencida de que eso «le molesta al PP». Narbona dijo que cuando finalice la legislatura la Comunitat Valenciana dispondrá de 335 hectómetros cúbicos más de agua que al empezar y la murciana de 135. Observó además que Castelló está recibiendo ya más agua de la que estaba prevista en el trasvase del Ebro. La ministra defendió ante el pleno del Congreso de los Diputados los presupuestos de su departamento para el próximo año, dotados con 4.231 millones de euros. La portavoz popular en materia de Medio Ambiente, Teresa de Lara, tachó de «bajeza» decir que al PP le molesta que llegue más agua a la Comunitat Valenciana y Murcia, y acusó a la ministra de mentir por reiterar que el trasvase de agua desde el Ebro no contaba con el respaldo de la Comisión Europea y no iba a ser cofinanciado. El enfrentamiento verbal se suma a las declaraciones de los presidentes de la Generalitat, Francisco Camps, y Murcia, Ramón Luis Valcárcel, quienes acusaron el martes al Gobierno de «deslealtad constante» en materia de agua y reiteraron su defensa del trasvase del Ebro y del Tajo-Segura, al que no renunciarán «en ningún momento». La titular de Medio Ambiente acusó a las administraciones gobernadas por el PP de tratar de ralentizar algunas actuaciones y reprochó a este partido que las desalinizadoras fueran válidas hace cinco años y que se hayan convertido en la actualidad en foco principal de crítica. Por otra parte, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, manifestó ayer que, «con el Gobierno central y el nuevo Estatuto que Castilla-La Mancha quiere aprobar, el trasvase Tajo-Segura está en peligro». «Las políticas de agua son políticas de Estado que deben de ser integradoras y de solidaridad territorial, un concepto que hoy en día, después de cuatro años, yo diría que los más nefastos de la historia de la política hídrica en España, está seriamente amenazado», afirmó en Murcia. Mientras tanto, el vicepresidente manchego, Fernando Lamata, respondió a Camps y Valcárcel que ambos están preparándose para pedir compensaciones por el fin del Tajo-Segura en 2015.

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 22.809 hm3, lo que supone 3.019 hm3 menos que el pasado año y 5.117 hm3 menos que la media de los últimos 10 años, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la del Tajo es la que más ha disminuido su reserva una semana más, con 101 hectómetros cúbicos menos, situándose al 40 por ciento de su capacidad total.

Entre las cuencas de mayor caudal embalsado, destacan las del Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) que pasan del 73,2 por ciento la semana pasada, a situarse al 71,8 por ciento de su capacidad; las cuencas Internas del País Vasco que se encuentran al 71,4 por ciento; las del Norte II (Asturias y Cantabria) que se sitúan al 69,5 por ciento, la cuenca del Duero que diminuye hasta situarse al 55,7 por ciento de su capacidad total y la cuenca del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) que disminuye ligeramente hasta situarse al 54,3 por ciento.

Por debajo del 50 por ciento se encuentra la cuenca Norte I (sur de Galicia y norte de León) al 48,8 por ciento; la cuenca del Ebro, que alcanza esta semana el 40,3 por ciento de su capacidad; la cuenca del Tajo, al 40 por ciento; la cuenca Atlántica andaluza que cae hasta el 39,4 por ciento; la cuenca del Guadalquivir que alcanza el 34,7 por ciento de su capacidad, y Galicia Costa que esta semana se sitúa al 33,8 por ciento.

Entre las zonas más secas del país destaca una semana más, la cuenca del Segura, que aunque se recupera ligeramente se encuentra al 13,2 por ciento de su capacidad total. Le siguen la cuenca del Júcar, que se mantiene en los mismos niveles que la semana pasada, al 18,4 por ciento; la cuenca Mediterránea Andaluza, al 25 por ciento y las cuencas internas de Cataluña que están al 28,9 por ciento de su capacidad.

La capacidad total de las cuencas españolas es de 54.148 hectómetros cúbicos de reserva, aunque la cantidad de agua embalsada esta semana alcanza los 22.809 hm3. De estos, 18.586 corresponden a la Vertiente Atlántica y 4.223 a la vertiente Mediterránea.

El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró este martes que «nosotros defendemos los intereses de los ciudadanos murcianos a través del trasvase Tajo-Segura, con un discurso de coherencia, pese a quien pese, incluso aunque pudiera pesar al propio PP».

Valcárcel realizó estas declaraciones en una rueda de prensa posterior a la inauguración de unas jornadas sobre la ordenación jurídica de dicho trasvase, y en las que estuvo acompañado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que también defendió la necesidad de trasvasar aguas de las cuencas excedentes a las deficitarias.

El líder popular añadió que «sin ambigüedades, y sin querer contentar a unos o a otros y con independencia de las siglas políticas, porque no vamos a renunciar a esta infraestructura en ningún momento».

Así, el presidente murciano explicó que hay suficientes argumentos jurídicos, sobre los que se debatirán en estas jornadas, para que «lejos de discursos y de demagogia pisemos sobre algo tan sólido como es el ordenamiento jurídicos».

«Vamos a luchar lo indecible para que el trasvase del Tajo no se cuestione, o lo que hoy se cuestiona no prospere como quiere el PSOE», puntualizó.

Por su parte, el presidente de la Generalitat apuntó que el Gobierno central no ha puesto en marcha una alternativa «real y seria» a los trasvases, mientras que ambas comunidades han defendido el modelo de los acueductos acompañado de la utilización del agua de forma responsable, a través de la modernización de los regadíos y la depuración y reutilización del agua.

En este sentido, avanzó que en breve el gobierno de la Generalitat presentará una encuesta que asegura que el agua es la segunda preocupación de los ciudadanos valencianos, y que la «inmensa mayoría» cree que la desalación atenta «gravemente» contra el cambio climático, mientras que para los murcianos este tema ocupa el primer lugar.

Camps apeló a la «necesaria puesta en marcha» del trasvase del Ebro y la consolidación del proveniente del Tajo, ya que una nación «se basa en principios de solidaridad, reparto de recursos naturales, igualdad de oportunidades, y el PSOE ha roto con esta idea de nación fundamental», comentó.

Durante su discurso inaugural de estas jornadas, organizadas por la Fundación del Instituto Euromediterráneo del Agua y que se desarrollarán en Murcia entre hoy y mañana, el presidente Valcárcel aseguró que «el rechazo dogmático de los trasvases es irracional y acientífico», y abogó por unas «políticas optimizadas» en las que «participen conjuntamente alternativas técnicas viables para una gestión integrada e inteligente del agua».

Además, destacó que la «irresponsable» derogación del trasvase del Ebro supuso el comienzo de una «oleada de improvisación y superficialidad en materia de aguas», que supuso una «enorme inseguridad jurídica a través de anunciadas reformas legislativas que han originado una negativa territorialización del agua».

Respecto a la desaladoras, aseguró que «no podemos aceptar el planteamiento simplista de que las nuevas aguas desaladas sustituyan a los caudales del Tajo, porque supone una alteración radical de las características del aprovechamiento».

Talave-Cenajo

A preguntas de los periodistas sobre la conexión de los pantanos de Talave y Cenajo en la provincia de Albacete, Valcárcel aseguró que esta obra ya estaba contemplada en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del PP, aunque destacó que aquel ordenamiento contemplaba el trasvase de 60 hectómetros cúbicos para el abastecimiento y los regadíos, y la obra inaugurada ayer facilitará 10 hectómetros, sólo para abastecimiento.

«El plan A.G.U.A es el PHN, sólo que mal interpretado, porque se ha reducido en 10 veces lo que se proponía en plan del PP, por lo que hablamos de novedad 0», puntualizó, y destacó que si su partido gana las próximas elecciones generales del mes de marzo, se retomará nuevamente este programa hídrico.

En este sentido, y también contestando una cuestión de los periodistas sobre la inclusión de los trasvases en el programa electoral del PP, puntualizó que «ya hay un documento donde se recoge la imperiosa necesidad de los trasvase de las cuencas excedentes a las deficitarias».

Ataques injustificados

Asimismo, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Francisco Camps, destacó que «nunca en la historia de España dos Comunidades Autónomas como Murcia y Valencia habían sufrido ataques constantes y brutales injustificados por parte del gobierno de la nación».

Camps se refería así al «intento de justificar lo injustificable del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que han puesto en cuestión nuestro modelo de convivencia, de empleo y de crecimiento al derogar el trasvase».

Para justificar esta suspensión, opinó Camps «se no ha atacado de forma brusca, como jamás nunca nadie había atacado a un territorio autonómico en nuestra país, y por ello, pasará a los anales de la historia de nuestro país».

«Algún día, alguien hará una tesis doctoral de cómo un gobierno de la nación ha intentado deteriorar la imagen de dos comunidades de su propio país, diciendo que derrochábamos el agua, que lo traíamos aquí para el turismo y el golf».

Al respecto Camps apostó por una tierra fértil y verde, que «ha permitido que crezcamos por encima de la media nacional», y comentó que «no vamos a permitir que Narbona y Zapatero conviertan a Valencia y a Murcia en una tierra estéril y amarilla».

Compromiso cumplido

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha reiterado en Murcia que el actual Gobierno «ha cumplido exactamente con el compromiso que adquirió de no modificar las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura y de gestionarlo para mantener la disponibilidad de agua, manteniendo los
derechos de los usuarios de la cuenca del Tajo y los del Segura». «Este Gobierno lo ha mantenido y cuando elijan el próximo lo debatirá en el Parlamento», apuntó.

En relación a la caducidad del trasvase Tajo-Segura, Narbona recordó que es una propuesta formulada por el Parlamento de Castilla-La Mancha, con el acuerdo de PP y PSOE, y no se va a debatir en lo que queda de legislatura».

Por otra parte, Narbona dudó de que el presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, pueda convencer al presidente de su partido, Mariano Rajoy, de que incorpore de manera expresa en su programa electoral la referencia al trasvase
del Ebro. 

Ya que, según Narbona, las referencias genéricas sobre los trasvases son compartidas «por cualquier fuerza política». De hecho, argumentó, desde el Gobierno socialista se está ejecutando un trasvase en la Comunidad Valenciana entre el Júcar y el
Vinalopó, y está manteniendo la funcionalidad del Tajo-Segura.

Pero «una mención expresa al trasvase del Ebro parece que suscita en el PP mucha incomodidad, si no no se entiende la retirada de una enmienda que hacía referencia a ese trasvase y la explicación tan sorprendente que se dio». A su juicio, «no hay un acuerdo claro dentro del PP sobre este tema, pero creo que la responsabilidad es de Rajoy de incluirlo o no explícitamente».

La respuesta socialista

El diputado regional de Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, ha calificado como una «nueva ofensiva» del Partido Popular de Murcia y del de Valencia su asistencia a la jornada realizada este martes sobre la ordenación jurídica del Trasvase Tajo-Segura y espera que no sea «una antesala del
debilitamiento de la posición del PP de Castilla-La Mancha».

Molina, a preguntas de los medios sobre esas jornadas celebradas en Murcia, donde participaron el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y el de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, recalcó también que «por muchas jornadas que se hagan, la situación hidrológica del Tajo es la que es».

Para Molina, esa «ofensiva» está respaldada por el de España pero espera que los ´populares´ castellano-manchegos no empiecen a «flojear en relación a su posición firme mantenida en el nuevo Estatuto de Autonomía».

Por todo ello, el diputado socialista observa esa jornada con cierta «preocupación», no porque se vaya a modificar alguna situación en cuanto al Estatuto Jurídico del Trasvase Tajo-Segura, porque «no va a ser así», aseveró, sino porque indica que
«en Murcia y Valencia siguen sin entender lo que ocurre con ese trasvase».