El Partido Popular de Castilla-La Mancha recalcó ayer su compromiso con el Estatuto de Autonomía y, en concreto, con la cláusula que pide el final del trasvase Tajo-Segura a pesar de que considera que el PSOE ya ha incumplido el acuerdo estatutario con la reforma de la ley electoral. La diputada del PP María Jesús Bonilla se pronunció así al ser preguntada por el tratamiento que el PP nacional dará a la política hidráulica en su futuro programa electoral y por la influencia de María Dolores de Cospedal en este asunto. Bonilla, que no contestó a esa pregunta, manifestó que el Partido Popular de Castilla-La Mancha «no es dudoso», pues siempre ha defendido los intereses de la comunidad y así seguirá haciéndolo, informa Efe.

Recalcó que el compromiso del PP castellanomanchego es defender lo acordado en el Estatuto, pero apuntó que le preocupa «qué va a hacer» el presidente del Gobierno regional, el socialista José María Barreda, que a su juicio «no tiene credibilidad», pues ya ha faltado a los compromisos del Estatuto en la reforma ley electoral. Bonilla aprovechó para recordar que el Plan Hidrológico Nacional que aprobó el PP daba respuesta a las necesidades hidráulicas de todos y que fue el PSOE el que lo derogó.

Por último, indicó que su partido no tiene por qué interpretar de ninguna manera la defensa del trasvase Tajo-Segura realizada por los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente, en la jornada de Ordenación Jurídica del Trasvase Tajo-Segura.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, consideró ayer «muy oportunas» las manifestaciones del magistrado de la Audiencia Nacional José Guerrero porque «ha aclarado a Murcia que el trasvase Tajo-Segura no es un derecho».

El pasado miércoles este magistrado de la Audiencia Nacional declaró ante un colectivo de regantes y responsables de la gestión del agua en el Levante que en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo no se contempla el Acueducto Tajo-Segura como un derecho y que, por tanto, no hay ninguna obligación de trasvasar los excedentes de agua.

A juicio de Sánchez Pingarrón, el magistrado José Guerrero ha contribuido a dar luz a este asunto en el Levante y ha reforzado la posición del Gobierno de CLM.

Recordó que esta misma postura es la que viene defendiendo la Junta desde hace muchos años y que muchas de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en esta materia han sido contrarias a reconocer como un derecho el envío de agua desde el Tajo.

En este sentido, Sánchez Pingarrón señaló que «desde CLM nos reafirmamos en nuestra firme voluntad de que el trasvase tiene fecha de caducidad y en ello vamos a seguir trabajando», defendiendo los derechos de la región como cuenca cedente y construyendo las infraestructuras necesarias que «nos permitan usar ese agua».

bonilla. Preguntada ayer por esta cuestión, la diputada regional del PP en María Jesús Bonilla respondió que su partido «no tiene dudas» sobre su defensa de la caducidad del trasvase Tajo-Segura, como recordó que así lo ha reflejado en la reforma del Estatuto. Lo que afirmó que preocupa a los ‘populares’ es la postura que tomará al respecto el presidente Barreda.

Un programa informático facilita la redacción del libro del edificio

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio cumplió ayer con su compromiso. Ya tiene a disposición de todos los constructores un programa informático, elaborado en colaboración con los colegios oficiales de arquitectos, arquitectos técnicos y aparejadores de la región para facilitar la tarea de redactar el Libro del Edificio, un requisito administrativo de obligado cumplimiento que reforzará los derechos de los consumidores que adquieran una vivienda.

Y es que, según explicó el titular de Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, durante la presentación del CD con el programa informático, el Libro del Edificio será un manual que se entregará al presidente de la comunidad de vecinos, una vez constituida, en el que figurarán todas las características físicas, técnicas y jurídicas del edificio, de forma que ante la existencia de algún problema sea más fácil exigir responsabilidades.

Además, servirá para conservar la vida útil del inmueble porque incluirá las instrucciones del uso del edificio y el mantenimiento de las instalaciones, así como de los productos, equipos y sistemas con los que esté dotado.

El Libro del Edificio será exigible para edificios de viviendas y requisito previo para obtener la licencia de primera ocupación.

El Tribunal de las Aguas, con más de mil años de antigüedad, acaba de ser propuesto como Patrimonio de la Humanidad.
Hernando realizó estas declaraciones durante el acto-homenaje al Tribunal, al que también asistieron, entre otras autoridades, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa; el fiscal jefe del TSJ, Ricard Cabedo; el secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez; los vocales del Consejo, Javier Laorden y José Luis Requero; el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
En el acto, además de hacer un reconocimiento expreso al Tribunal de Aguas, Hernando entregó las distinciones conmemorativas al presidente de la institución, Ricardo Belenguer, y a los representantes de las ocho acequias integradas en el Tribunal -Quart, Faitanar, Tormos, Mislata, Mestalla, Favara, Rascanya, Rovella y Xirivella.
Tradicional sesión de los jueves
Previamente, asistieron a las 12.00 horas a la tradicional sesión de los jueves en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral. Ya en la Ciudad de la Justicia y sin el típico blusón, Ricardo Belenguer, manifestó que este homenaje «llena de orgullo a los agricultores y nos hace recordar la confianza y el respeto a la labor que realizamos».
Hernando aseveró que el Tribunal de las Aguas muestra «la capacidad de las sociedades para buscar y encontrar instrumentos útiles con los que dirimir sus contiendas de forma pacífica desde la prudencia, el conocimiento y el poso de la experiencia».Hernando hizo hincapié en la «modernidad» de su funcionamiento, al basarse en «la oralidad, la celeridad de sus actuaciones y la aceptación de sus resoluciones», así como en su «contribución a la paz social» en la comunidad de regantes, plasmada en 17.000 hectáreas.
Por su parte, el presidente del TSJCV también destacó el carácter de tribunal colegiado con jurisdicción y competencia propias, así como la virtud de los síndicos a la hora de elaborar «un procedimiento procesal plenamente eficaz por su sencillez, regido por los principios de concentración, contradicción, oralidad, rapidez y economía». Juan Luís de la Rúa recordó que ha sido designado candidato a la Lista de Patrimonio Mundial Inmaterial de la UNESCO.
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reconoció la labor del Tribunal «como referente de la Justicia en el reparto de agua desde la concordia».

Los ministros de Medio Ambiente de la UE han adoptado conclusiones que tienen en cuenta de manera formal, la gravedad y la dimensión internacional de la escasez del agua y la amenaza de incremento de los periodos de sequía que sufre Europa. Admiten que la falta de agua y las prolongadas estaciones secas que padecen algunos países ya no son problemas susceptibles de ser abordados exclusivamente por cada Estado miembro.

16. Noviembre ´07 – Los datos que maneja Bruselas señalan que el 12% del territorio de

la UE, el 19% de la población y alrededor de 33 cuencas hidrográficas están padeciendo los efectos de la falta de agua.

Los responsables de Medio Ambiente -entre ellos, la ministra española, Cristina Carbona, y el comisario europeo, Stavros Dimas- coincidieron en que deben convertirse en “una prioridad política” para todos los socios y, como tal, afrontarla en el ámbito europeo. Se da con ello el primer paso firme para entablar una política común del agua que por el momento, se sustancia en privilegiar las estrategias de ahorro y la mejor gestión de los recursos hídricos.

No obstante en las conclusiones de la reunión de ministros también se ha introducido la posibilidad de crear una “tasa justa” sobre el precio del agua. Ya en julio, la Comisión Europea instaba a los gobiernos a subir el precio del agua, que en el caso de España supondría un alza de hasta una 45% sobre el coste actual de aquí a 2010. Los ministros de Medio Ambiente no han entrado de lleno en esta cuestión y se han limitado a respaldar las intenciones de la Comisión para crear una política común en materia de recursos hídricos.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aprovechó ayer su presencia en una conferencia sobre el cambio climático organizada por CC.OO. en Valencia para arremeter por enésima vez contra el trasvase del Ebro.Así, Narbona aseguró que si se hubiese llevado a cabo la transferencia, su construcción y funcionamiento hubieran supuesto «más emisiones de CO2 que veinte plantas desalinizadoras juntas». En este sentido, indicó que «muchos ciudadanos» no saben esto y que «miran el mapa» y «piensan en un trasvase desde el Ebro hasta Almería» creyendo que «el agua circula sola por el tubo», por lo que afirmó que «es bueno que la gente sepa que un trasvase requiere consumo de energía».

La representante del Ejecutivo de Rodríoguez Zapatero se pronunció de este modo al ser preguntada por la encuesta sobre cambio climático encargada por la Generalitat que indicaba que el 73,6 por ciento de los valencianos cree que antes de construir desaladoras es mejor optar para conseguir agua por otras soluciones que emitan menos CO2.

Cristina Narbona consideró que el porcentaje «demuestran que los valencianos creen que el trasvase no producía CO2» y subrayó, en esta línea, que «transportar mil hectómetros cúbicos de agua por 900 kilómetros de tubería, con alturas en algún caso de hasta mil metros por encima del nivel del mar, hubiera comportado un consumo de energía superior al de veinte plantas desalinizadoras y, por tanto, una emisión de CO2 superior a veinte plantas desalinizadoras juntas».

Respuesta de la Generalitat

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón, salió ayer al paso de las de estas declaraciones y acusó a la ministra Cristina Narbona de dar «información falsa y errónea». Según García Antón, «para producir un metro cúbico de agua desalada hacen falta cuatro kilowatios y para traer un metro cúbico de agua del trasvase del Ebro harían falta dos kilowatios», por lo que la desalación contamina «al menos el doble» que el trasvase. El consejero consideró que la ministra querría que a los valencianos «sólo» les llegara la información que se da desde el Gobierno central, una información «errónea que a lo largo de cuatro años se ha visto que no ha valido de nada». Así, recordó que, al inicio de esta legislatura, ya se debatió sobre la energía que requiere un metro cúbico de agua desalada y la que necesita el trasvasado, algo que, a su entender «está muy claro», puesto que «para producir un metro cúbico de agua desalada hacen falta cuatro kilowatios y para traer un metro cúbico de agua del trasvase del Ebro harían falta dos kilowatios», insistió.Además, apuntó que la desalación «no sólo» consume una energía para producir el agua desalada, sino que también «hay que llevarla desde la costa -donde se produce- hasta el interior -que es donde se necesita para su consumo- y «ahí hace falta casi un kilowatio más para trasladarla, con lo que, en total, un metro cúbico de agua desalada necesitaría cinco kilowatios poderse utilizar», aseveró. Como consecuencia, la desalación produce «al menos el doble» de contaminación y consumo energético que el trasvase del Ebro. A esto «hay que añadir la salmuera, que produce un efecto perjudicial en muchas zonas del litoral», advirtió.

El agua del trasvase Tajo-Segura se pone por las nubes. No llega a ser tan cara como la desalinizada, pero los nuevos incrementos de precios propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente resultan porcentualmente astronómicos por culpa, sobre todo, de la factura energética. Las nuevas tarifas harán que se incremente el agua del Tajo para los regadíos en un 55% el año que viene.

Para los abastecimientos, la subida será del 44%. Eso representa que los caudales para la agricultura alcanzarán los 15,4 céntimos por cada metro cúbico. Mientras que para la llamada agua de boca aumentará 18,1 céntimos, según informó ayer el Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Con motivo de la aprobación del último desembalse del Tajo al Segura, el Ministerio ya avisó de que iban a aumentar estas tarifas.

La repercusión sobre los usuarios, en el caso de la población, se empezará a notar principalmente después de marzo, una vez pasadas las elecciones generales. Será cuando estén en producción las nuevas desalinizadoras de Valdelentisco (Cartagena) y Alicante II. A partir de ahí, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ajustará las nuevas tarifas del agua.

Ya se conoce un dato: la carestía del agua de la cabecera del Tajo tendrá una repercusión en el recibo de un 6%, a lo que habrá que sumar el incremento correspondiente a la inyección de más agua desalinizada en las redes de abastecimiento.

No variará

El delegado del Gobierno en la Mancomunidad, Isidoro Carrillo, indicó ayer que el recibo actual de 43,26 céntimos el metro cúbico (es lo que este organismo factura a los 77 ayuntamientos de Murcia, Alicante y Albacete) no variará en los próximos meses.

Pero ¿qué ha sucedido para que se produzca un aumento tan alto? Tanto Isidoro Carrillo como Francisco del Amor, presidente de los regantes del trasvase, lo atribuyen a dos factores: por un lado que la tarifa estaba congelada desde mayo del año 2005. Y por otro lado, el aumento espectacular de los gastos energéticos.

Para que el agua llegue a la cuenca del Segura hay que bombearla hasta los 300 metros de altura en el punto de salida. De esta forma, la factura eléctrica aumentará hasta un 72,4%.

Amortización

La parte de la tarifa que menos sube es la amortización de las obras, que en realidad corresponde a las indemnizaciones que reciben los gobiernos de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura a cambio de los envíos de agua. Entre los años 2003 y 2006 estas comunidades autónomas han recibido 82 millones de euros de parte de los regantes murcianos y alicantinos, y otros 259 millones con cargo a los desembalses para dar de beber a 2,5 millones de habitantes.

Estas indemnizaciones se han pagado en el transcurso de una de las sequías más graves que se han registrado, puesto que los gobiernos de estas tres comunidades no han condonado la parte de sus tarifas, cosa que sí ha hecho el Gobierno central.

Las nuevas tarifas se encuentra en la fase de presentación de alegaciones y deberán ser aprobadas primero por la Comisión central de Explotación del Trasvase. Después tendrá que ser ratificadas por el Consejo de Ministros.

Los regantes del Tajo-Segura van a solicitar una nueva reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para solicitarle que se agilice el otorgamiento de las concesiones de agua de la cabecera del Tajo, actualmente en trámite por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Sentencia del Supremo

Los regantes le han visto las orejas al lobo tras la recientes jornadas sobre el ordenamiento jurídico del Tajo-Segura, habida cuenta de que el Tribunal Supremo mantiene en sus sentencias que los agricultores no disponen de un derecho real sobre los excedentes de los pantanos de la cabecera del Tajo.

El Sindicato Central considera que ahora cobra más importancia que se otorguen los títulos de concesión sobre los sobrantes del Tajo para disponer de mayor cobertura jurídica. Su presidente, Francisco del Amor, discrepa de las sentencias del Supremo y considera que los magistrados del alto tribunal deberían tener un conocimiento más preciso de las leyes de aprovechamiento y explotación del acueducto.

En este sentido, solicitarán al Ministerio de Justicia que se imparta un cursillo a los magistrados del Supremo sobre la legislación del Tajo-Segura, con el fin de que dispongan de todas las claves.

Francisco del Amor considera «un éxito» las jornadas jurídicas celebradas en Murcia, ya que a su juicio los expertos «han ratificado que tenemos derechos reales sobre los excedentes del Tajo, porque así viene recogido en las leyes».

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, terció ayer en este asunto y «agradeció» al magistrado de la Audiencia Nacional José Guerrero «que haya recordado en Murcia que el Tajo-Segura no es un derecho de los regantes del Levante», informa Efe. Así se refirió el titular de la materia hidráulica del Ejecutivo castellano-manchego a la advertencia que el magistrado hizo en Murcia, donde recordó que la jurisprudencia determina la discrecionalidad para la aprobación de trasvases.

Por la caducidad

«Las palabras del magistrado han sido muy oportunas para que en el Levante español se tenga información más clara de este asunto», dijo Sánchez Pingarrón, quien ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha «seguirá trabajando por la caducidad» del Trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se retire el dinero necesario para construir la desalinizadora de Torrevieja.

Los populares consideran que «no se estima conveniente los fines perseguidos con esta partida presupuestaria».

La anualidad para esta fábrica de agua, actualmente en obras, asciende a 57,1 millones de euros, y tiene como finalidad garantizar los regadíos del Trasvase Tajo-Segura, según consta en el texto de la enmienda a la que ha tenido acceso este periódico.

80 hectómetros al año

La desalinizadora de Torrevieja, que tendrá una producción inicial de 80 hectómetros cúbicos anuales, cuenta con el rechazo del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que aduce motivos medioambientales.

La mayor parte de la producción va destinada a los regadíos y abastecimientos de la Región de Murcia. Los regantes del Tajo-Segura no han firmado todavía el convenio con la sociedad estatal Acuamed que, no obstante, les ofrecerá el agua desalinizada mediante concurso.

Siete cuencas de ríos tienen en la actualidad menos agua que en las mismas fechas de 2005, el año más seco desde 1947, cuando el Ministerio de Medio Ambiente comenzó a realizar mediciones. La costa de Galicia, Guadiana, la cuenca atlántica andaluza, la cuenca mediterránea andaluza, Guadalquivir , Ebro y las cuencas interiores de Cataluña reservan un total de hectómetros cúbicos de agua inferior al de dos años atrás (ver gráfico).

Las cifras de agua embalsada en la Península se aproximan peligrosamente a las de 2005. De una capacidad total de 54.148 hm³; actualmente, tenemos 22.809 hm³ de reserva; en 2006, contábamos con 25.828; y en 2005, con 21. 643.

Sin embargo, hasta el momento, sólo se ha activado la alarma en cinco cuencas. Las de los ríos Segura, Júcar, cabecera del Tajo, Guadalquivir y algunos embalses de Galicia se encuentran en sequía, es decir, sus reservas son escasas para el consumo humano, según aseguraron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente a 20 minutos.

Las cifras se aproximan peligrosamente a las de 2005

Similar a la sequía de hace dos años

El director general del Agua, Jaime Palop, lo confirmó hace unos días al asegurar que «la sequía es similar a la de hace dos años». Para paliar el desastre, el Gobierno ya ha aprobado medidas urgentes en estas cinco zonas.

La razón de que las reservas estén tan bajas se encuentra en la falta de precipitaciones durante este otoño y en que estas cuencas no se acabaron de recuperar en 2006. «El año pasado subieron las reservas pero en algunos embalses esta tendencia no se consolidó», afirma un portavoz de Medio Ambiente.

Las cantidades de agua embalsada han ido descendiendo progresivamente a lo largo de 2007. Actualmente, se encuentran al 42,1% de su capacidad total. Sólo cuatro meses atrás, los embalses estaban al 60,1% de su capacidad.

Falta de lluvia

Del 1 de octubre al 6 de noviembre pasados, las precipitaciones medias fueron de 51 litros por m², cuando lo normal son 84, explica el portavoz del Instituto Meteorológico Nacional , Ángel Rivera.

«Excepto en la Comunidad Valenciana y en Baleares, en el resto de España hay un déficit de lluvia. En Galicia es alarmante: han caído sólo 10 litros por metro cuadrado cuando lo normal para estas fechas es que se recogieran hasta 250 litros», sentencia Rivera.

Madrid tiene un 65,5% de reserva

Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran a un 65,5% de su capacidad total de agua, según explicaron a este diario fuentes del Canal de Isabel II.

Los embalses de Madrid se encuentran al 65,5%

El agua que se consume en los hogares de la región proviene del río Tajo, pero no se encarga de gestionarla la Confederación Hidrográfica de este río, sino el Canal de Isabel II.

En los dos últimos años, las reservas de las presas madrileñas han tenido una evolución positiva. En 2005 se encontraban al 34,52% de su capacidad total y ya en 2006 llegaban al 52,13%.

Por lo tanto, la situación de Madrid es buena y no hay atisbo de alarma, según afirman fuentes del Canal.

Hasta qué grado los regantes murcianos tienen derechos reconocidos sobre las aguas excedentarias del Tajo. Y en qué medida el Gobierno de la nación está obligado a autorizar el envío a Murcia de los sobrantes. En definitiva, ¿están suficientemente blindados jurídicamente los derechos del Trasvase Tajo-Segura después de 25 años de funcionamiento? ¿Existe unanimidad entre los juristas o hay campo abierto para las interpretaciones?

Son las principales tesis que han sido debatidas durante dos días por los expertos que han participado en las jornadas sobre la Ordenación Jurídica del Trasvase Tajo-Segura, organizadas por la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua.

Tanto la legislación como la jurisprudencia del Tribunal Supremo han dado pie a diversas interpretaciones, si bien el Gobierno regional y los organizadores de estas jornadas, como Francisco Cabezas y Antonio Martínez Nieto, director y secretario del Instituto Euromediterráneo respectivamente, apuntaron ayer a La Verdad que la opinión mayoritaria de los juristas convocados en Murcia es que la ley reconoce los derechos reales de los regantes.

La decisión del Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación del Segura de iniciar los trámites para reconocer las concesiones de agua del Tajo será un refuerzo legal, aunque en realidad se trata de documentar por escrito derechos que ya existen. Para eso también hay interpretaciones, en el sentido de que no obligaría al Gobierno de la nación a dar agua a los regantes del trasvase, ni tampoco a indemnizarles cuando no pueda atender sus peticiones, ya que eso estará en función de los excedentes y de la oportunidad de los desdembalses de acuerdo con los ciclos de sequía, como ocurre actualmente.

Aparte de las leyes que desde el año 1971 regulan el aprovechamiento conjunto y la explotación del Acueducto Tajo-Segura, lo que marca la pauta es el Plan de Cuenca del Tajo -sometido a revisión, como el del resto-. La ley precisa al respecto -éste es uno de dilemas jurídicos- que «no se podrá» trasvasar si las existencias no superan los 240 hectómetros en el Sistema Entrepeñas-Buendía (Cuenca y Guadalajara). El uso de la palabra «podrá», frente a «deberá», está en la raíz del debate, ya que según algunos juristas el segundo término obliga más al Estado que el primero. Otros opinan lo contrario y sostienen que el Gobierno central no tiene potestad discreccional, sino que debe conceder los desembalses siempre que exista una solicitud previa de los regantes y de que haya excedentes.

La lectura negativa

Sobre esta base, el magistrado de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el murciano José Guerrero Zaplana, arrojó al debate un punto de vista que invita al desasosiego, al señalar en las jornadas que muchas de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre el Tajo al Segura han sido contrarias a las pretensiones del Sindicato Central de Regantes de reconocer como un derecho el envío de agua, informa Efe.

Según el magistrado, el Tribunal Supremo reconoce en la mayoría de sus sentencias que el trasvase de agua «es una posibilidad, es decir que la Administración Central puede cuando hay agua excedentaria aprobar trasvases, cuando la pretensión impulsada por la Administración murciana es que habiendo excedentes el resto del agua se trasvase. «Hasta ahora y con la legislación que hay no se ha logrado que se satisfaga esa pretension. Quizás en el futuro, o si cambia la normativa, se reconozca ese derecho al trasvase que hasta hoy la jurisprudencia no ampara», señaló Guerrero.

Aclaró que el derecho al trasvase quiere decir que la Administración está obligada a trasvasar cuando los embalses de cabecera superen los 240 hectómetros cúbicos, en tanto que hasta ahora lo hace cuando lo considera, por una decisión discrecional.

La lectura positiva

El Gobierno murciano, por otra parte, comunicó ayer que «los expertos juristas que han participado en las ponencias reconocen el derecho real a las aguas excedentarias». Antonio Fanlo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja, director técnico de las Jornadas y experto en Derecho de Aguas, señaló que los usuarios del Tajo-Segura tienen un derecho ex lege (una concesión legal) que ampara su aprovechamiento.

En este sentido destacó que «si existen aguas reguladas excedentarias, la Administración hidráulica competente tiene la obligación de trasvasarla a los usuarios de las mismas, en correspondencia del derecho que estos tienen». Añadió que cuando existen recursos excedentarios y estos se otorgan a un uso, «postergando a otro, o a costa de todos o de parte de su dotación», lo que procederá es «la expropiación de los mismos, con el consiguiente justiprecio».

En opinión de este experto, en términos de seguridad jurídica, «no parece razonable la conflictividad que ha generado la explotación el Tajo-Segura». Apuntó que una actividad económica de la importancia y potencialidad como la que se realiza con las aguas trasvasadas en el regadío del sureste español, planificada y financiada como política de Estado, «no puede tener la debilidad y falta de previsibilidad del recurso básico y fundamental», señala la nota.