Los países del sur de Europa (Italia, Portugal y España), los más afectados por la falta de lluvias, las olas de calor, la sequía y los incendios forestales, han ganado la batalla, emprendida en 2005, al conseguir que los 27 socios de la Unión Europea firmen un acuerdo para incluir a la sequía y a la gestión del agua dentro de las decisiones políticas de la UE.

Los tres países han aprovechado la presidencia de turno de Portugal para ganar ese pulso, cuyo principal objetivo era poner de relieve los problemas de gestión del agua y el coste económico para la Unión Europea.

El texto firmado ayer en Luxemburgo por los 27 ministros de Medio Ambiente de la UE reconoce que la sequía ‘afectó en 2003 a más de 100 millones de habitantes, a una tercera parte del territorio de la UE. En 30 años ha provocado un impacto económico de 100.000 millones de euros’. Por ese motivo, el texto hace énfasis en que la escasez de recursos hídricos ‘se debe sobre todo a la gestión ineficaz del agua’ y planteas soluciones para resolverlo ‘como la reducción de pérdidas por filtraciones y las campañas educativas para concienciar a la sociedad sobre ese problema’.

A la salida de la reunión, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló que el texto supone ‘un paso adelante hacia una verdadera estrategia europea de la gestión de las sequías’ y volvió a reiterar su ofrecimiento para que Barcelona sea la sede central del Observatorio Europeo de la Sequía.

El documento establece que los planes de gestión de cuencas hidrográficas ‘deberían tener en cuenta el equilibrio entre oferta y demanda y contemplar la necesidad de nuevas medidas de abastecimiento de agua cuando el impacto del ahorro no sea suficiente’.

Recuperar el litoral

Otra de las prioridades del Ministerio de Medio Ambiente es la recuperación de la costa, tal y como señaló ayer el secretario general de Territorio y Biodiversidad, Antonio Serrano, tras la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente. En la reunión, Serrano pidió la colaboración de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para completar las actuaciones emprendidas desde el Gobierno central.

Serrano detalló, entre ellas, la demolición de 665 construcciones que se encontraban en el dominio público marítimo terrestre a lo largo del año, una cifra que multiplica por 16 las 40 construcciones que se derribaron en 2004.

Las otras dos líneas de actuación han sido el deslinde y la adquisición de fincas privadas en dominio público. En el primer apartado, Serrano destacó que el objetivo es deslindar los 10.000 kilómetros de litoral y que ya se ha hecho el trabajo en el 80% de la superficie. En cuanto a la compra de fincas privadas apuntó que se han adquirido cerca de 1.123 hectáreas de terreno por valor de 30 millones de euros y que actualmente están en tramitación 96 hectáreas más por 60 millones de euros.

Los ministros de Medio Ambiente de la UE adoptarán mañana en Luxemburgo un documento de conclusiones con el que por primera vez los Estados miembros asumirán que la sequía y la escasez de agua es un problema comunitario y en el que asumirán las propuestas de la Comisión Europea para ahorrar agua en primer lugar con los medios de los que ya se disponen y fijar una tarifa justa que refleje todos los costes asociados.

Las conclusiones sobre sequía y escasez de agua son el primer espaldarazo político formal que darán los Estados miembros a un tema que abanderaron España, Italia y Portugal y sobre el que Bruselas presentó un informe el pasado mes de julio en el que, entre otras cifras, afirmó que afecta a al menos el 12% del territorio de la UE, al 19% de su población y a al menos 33 cuencas hidrográficas. «El impacto económico total de la sequía a escala de la UE en los últimos 30 años se estima en 100.000 millones de euros», afirma el borrador.

Fuentes diplomáticas destacaron que en sus conclusiones los ministros respaldarán la defensa española de tratar estos temas desde una óptica internacional y que también acogerán, aunque de manera más difuminada, la propuesta del Gobierno de crear un Observatorio Europeo sobre el Agua, que en todo caso no quedará más que como una posibilidad futura.

La delegación española en el Consejo estará encabezada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a la que acompañará en representación de las comunidades autónomas el consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, Manuel Vázquez.

Según el borrador de las conclusiones que se adoptarán el martes, se reconoce que «la escasez de agua y la sequía son problemas con importantes repercusiones socioeconómicas y ambientales en la UE», que «han ido aumentando tanto en intensidad como en frecuencia en estos últimos años», con «repercusiones directas sobre los ciudadanos y sobre sectores económicos como la agricultura, la silvicultura, el turismo, la industria, la energía y el transporte».

Sus efectos también se dejan ver, añade el borrador, «en el mayor riesgo de incendios forestales» y «sobre la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero».

Los ministros puntualizarán también que la sequía y escasez de agua «deberían considerarse por separado», puesto que la primera es un fenómeno natural y la segunda se relaciona «con los desequilibrios entre la oferta y la demanda», y hacen hincapié en que su tratamiento debe hacerse desde la actual directiva del Agua, que contempla que los planes de gestión de las cuencas hidrográficas tiene que «tener debidamente en cuenta el equilibrio entre oferta y demanda» y también, según indicaron las fuentes, persigue una tarificación del agua justa y que refleje todos los costes.

También contemplarán «la necesidad de nuevas medidas de abastecimiento de agua cuando el impacto de las medidas de ahorro de agua previstas resulte ser insuficiente». «Estas medidas relativas a la oferta pueden consistir en opciones tradicionales o bien alternativas, incluidas, por ejemplo, la reutilización de aguas residuales o la desalinización, realizadas en condiciones sostenibles», añaden.

OGM

Por otra parte, los ministros analizarán la petición de moratoria que ha pedido Austria para dos variantes de maíz transgénico –Zea Mays L. Línea T25 y Zea Mays L. Línea MON810–, de manera que se le permita no aplicar la ley europea y pueda prohibir su uso para la alimentación animal, el procesado industrial y el cultivo.

Dos años después de que Austria lo pidiera por primera vez y que fuese rechazado por la Comisión, Bruselas prepara una nueva propuesta para permitir a Viena vetar el cultivo de estos dos maíces, aunque no su procesamiento o su uso como alimentación animal. Sin embargo, fuentes comunitarias señalaron que no es probable que la Comisión Europea haya tomado mañana una decisión al respecto.

Se mantienen grandes diferencias en el colegio de comisarios entre quienes dudan de la seguridad de estos dos maíces, como el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, y quienes opinan lo contrario, entre quienes se encuentra el responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.

AVES CARROÑERAS

Por su parte, Narbona ha pedido un punto de discusión para informar a sus colegas y a la Comisión de los efectos nocivos que ha tenido para la alimentación de las aves carroñeras y otros animales como osos y lobos las restricciones que se contemplan en la normativa comunitaria para frenar el contagio de encefalopatía espongiforme bovina (EBB), conocida como el «mal de las vacas locas», y pedirá que se tengan en cuenta en el momento de su revisión.

Las fuentes explicaron que la ministra pondrá el acento la supresión de los muladares y la obligación de incinerar todos los cadáveres de animales que figuran en el reglamento de la UE. Esto ha hecho que en los últimos meses se hayan registrado numerosos casos en los que estas aves, o también animales como lobos u osos, hayan atacado a vacas u ovejas vivas para alimentarse, debido a que ya no disponen de animales muertos.

Aunque no planteará ninguna alternativa concreta a la normativa en vigor, Narbona pedirá a la Comisión que tenga en cuenta estos efectos cuando revise el reglamento, manteniendo sin embargo que las medidas contra las «vacas locas» son «acertadas», precisaron las fuentes.

CAMBIO CLIMÁTICO

Los ministros concluirán la postura de la UE de cara a la Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto que tendrá lugar del 3 al 14 de diciembre en Bali y continuarán también con el debate político sobre la propuesta de directiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la gasolina, el diésel y el gasóleo, donde la cuestión más complicada tiene que ver con la fijación de objetivos de reducción que podrían ser de 1% anual por un periodo de 10 años.

Según las fuentes, la posición española a este respecto es de «apoyo crítico», puesto que está de acuerdo con el fondo pero pide precisiones en la metodología y sobre si deben estar obligados por estos objetivos todos los que participan en la cadena del sector de los hidrocarburos, dentro y fuera de la UE.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 72,42 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 80,72 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 55,90 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 39,76 por ciento, el de Alarcón un 6,14 por ciento y el de Contreras en 5,46 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 77,28 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 96,36 por ciento, La Muela en un 25,10 por ciento, y El Naranjero al 77,68 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 16,42 por ciento; Escalona al 4,79 por ciento; y Bellus, al 36,19 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 11,47 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 59,19 por ciento, Benagéber al 36,88 por ciento, Loriguilla al 21,32 por ciento y Buseo al 38,06 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 62,40 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 69,95 por ciento; Arenós un 40,37 por ciento; María Cristina un 10,59 por ciento y Sichar el 74,36 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 72,94 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 0,00 por ciento y el de Onda al 54,35 por ciento.

Ecologistas en Acción subraya la dramática importancia de los datos manejados por el Ministerio de Medio Ambiente, y en los que se da cuenta de que las aportaciones a los cauces se han reducido entre 1996 y 2005 en un 15%, con respecto a los valores medios obtenidos en el periodo 1940-1995. Todo lo cual obliga a una profundización en las políticas medioambientales que abogan de manera nítida por un desarrollo más equilibrado.

La reducción de las aportaciones a los cauces se ha producido de manera desigual, tanto por cuencas, como incluso dentro de la misma cuenca. No obstante, todas han visto mermados de manera importante sus recursos. La reducción ha sido especialmente importante en la cuenca del Segura, próxima al 40%, y también en las del Guadiana, especialmente en su cabecera, Ebro y Cuencas Internas de Cataluña, que han perdido en tan sólo 10 años del orden de una quinta parte de sus recursos.

Todo apunta a un cúmulo de motivos, entre los que se encuentra la cada vez mayor sobreexplotación de los acuíferos, que retrae agua de los cauces, y sobre todo el cambio climático, manifestado mayormente por la subida de las temperaturas que, a su vez, incrementa la evaporación. Lo cierto es que actualmente se dispone de casi un 15 % menos de agua en nuestros cauces que hace unos pocos años, habiéndose producido una reducción mucho mayor que la prevista en las previsiones más pesimistas que se hacían a finales de los noventa, y que fueron calificadas entonces de alarmistas por diferentes sectores.

Por otra parte, y a pesar de estas reducciones, el consumo de agua sigue incrementándose. El regadío sigue creciendo de manera importante en las cuencas del Ebro, con cultivos altamente consumidores, y en la del Guadalquivir, como consecuencia mayormente de la puesta en riego de decenas de miles de hectáreas de olivar y viñedo. También continúa creciendo en las cuencas del Duero, Tajo, Guadiana e incluso Júcar, en estas dos últimas cuencas debido también mayormente a la puesta en regadío de los viñedos.

En lo que al consumo para abastecimiento urbano se refiere, éste se ha incrementado de manera notable en todas las cuencas, siendo especialmente importante en las mediterráneas. Además, en esas cuencas el crecimiento urbano se caracteriza por ser de carácter turístico, con abundancia de piscinas, jardines y campos de golf, con un retorno muy inferior (menos del 50%), al del abastecimiento urbano convencional (80%), lo que incrementa notablemente su incidencia sobre el volumen final de recursos hídricos disponibles.

La continua reducción de los recursos y el incremento del consumo que simultáneamente se está produciendo, conducen necesariamente a una situación de completa insostenibilidad y colapso ambiental, por lo que deberían adoptarse las medidas necesarias para corregir esa situación y adaptar nuestro medio social y económico a esa reducción de las aportaciones hídricas a los cauces.

Por ello, Ecologistas en Acción exige al Ministerio de Medio Ambiente que, en los nuevos planes hidrológicos, que actualmente se encuentran en elaboración, contemple no solo las nuevas aportaciones existentes, sino también la reducción de las mismas que, previsiblemente, va a producirse en los próximos años, según manifiesta la actual tendencia, y que deje de enmascarar esas reducciones en los recursos, tal y como está haciendo ahora.

Ecologistas en Acción considera que la única solución al problema pasa por la adopción de todas las medidas necesarias para recuperar el equilibrio hídrico perdido en cada cuenca y subcuenca. En concreto, mediante el incremento de la eficiencia en la utilización del agua allí donde se pueda, y reduciendo las demandas de aquellas actividades productivas más consumidoras. Para ello, se considera necesario frenar totalmente el desarrollo de nuevos regadíos, así como proceder a la progresiva eliminación de una parte del regadío existente, del orden de varios cientos de miles de hectáreas. Asimismo, debería suspenderse de inmediato, salvo para abastecimiento urbano y cuando no haya otra alternativa, la extracción de agua de aquellos acuíferos que soporten algún nivel de sobreexplotación.

También sería necesario establecer medidas restrictivas sobre el incremento del consumo en el sector turístico en la costa mediterránea, frenando el gran desarrollo inmobiliario que se está produciendo, gran consumidor y destructor de los recursos naturales, entre los que se encuentra el agua.

Hoy se presenta en Valencia el «nuevo proceso de planificación hidrológica en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar» o, dicho de otra forma, cómo se pretende realizar la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar (PCHJ), que data del año 1998.

Desde el año 98 hasta la fecha, ha habido una importante novedad en el ámbito de la normativa sobre aguas. Dos años después de la entrada en vigor del PHCJ, entraba a su vez en vigor la Directiva Marco del Agua de la UE(Directiva 2000/60/CE, DMA).

Esta Directiva establece el principio de ‘participación pública’ en el diseño de la planificación hidrológica. Esto se ha traducido, en primer instancia, en la publicación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar de una serie de ‘documentos iniciales de planificación hidrológica’ que están siendo objeto de un proceso de consulta pública, por espacio de seis meses.

Como parte de este proceso participativo se convocan unas jornadas en las que, precisamente, se presentará hoy el proceso en sí. Al mismo, están invitados a tomar parte una serie de agentes sociales, políticos y económicos, que van desde los regantes a los ecologistas, desde las instituciones a los medios de comunicación y, en general, a todos los que tengan algo que decir en torno a la planificación hidrológica -lo que equivale a casi todo el mundo en esta parte de España-.

En este proceso participativo, la provincia de Albacete tiene ante sí varios retos. Entre ellos, hacer valer otra de las novedades de relieve que han tenido lugar desde el año 1998, la ya célebre sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2004, que anuló buena parte de los artículos que regulaban la estructura territorial de la CHJ.

También hay un asunto que, según las fuentes consultadas, preocupa en grado sumo desde Albacete. Y es que éste es un proceso de revisión de un plan existente, lo que implica revisar el PHCJ del año 98, y tomarlo como punto de partida de las negociaciones, manteniendo los consensos de base que se alcanzaron en el año 1997, en vez de hacer tabla rasa, partiendo por completo de cero.

Durante las jornadas de hoy, intervendrán el propio presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, el subdirector de planificación del Ministerio de Medio Ambiente, Teodoro Estrela Monreal y el jefe de la oficina de planificación de la CHJ, Javier Ferrer Polo.

El director del Instituto Tecnológico del Agua, Enrique Cabrera, y el director del Centro de Estudios Hidrográficos, Juan Manuel Ruiz, coincidieron ayer en la existencia del cambio climático: «Es real y existen signos inequívocos de ello» dijeron, al tiempo que anunciaban un previsible descenso de las precipitaciones medias en la Comunitat Valenciana y un aumento de temperaturas.
Enrique Cabrera y Juan Manuel Ruiz coincidieron en el seminario «Agua, energía y cambio climático» que se celebra en la Universitat de Politécnica de Valencia.
Cabrera advirtió de que las cuencas de la Comunitat «son de las más frágiles» de España, de modo que «cualquier variación que pueda haber en el clima afectará en mayor medida a sus ríos».
Juan Manuel Ruiz ratificó que «la zona de Levante y los alrededores del Guadiana son áreas más sensibles al impacto del cambio climático» y explicó que en la Comunitat, «reducciones muy pequeñas de las precipitaciones provocan un descenso enorme del agua que circula por los ríos o del agua que llega a los acuíferos», lo la convierte una «zona especialmente vulnerable». Según el director del Cedex, si disminuyera la precipitación tan sólo un 10 % provocaría reducciones de hasta el 14% en los caudales por lo que «habría que incrementar el doble el número de presas para tener el mismo grado de garantía en el suministro, lo cual supone un coste enorme e inabordable y un impacto medioambiental tremendo», agregó.
Ni trasvase ni desaladora
A la fragilidad natural o derivada del cambio climático, Juan Manuel Ruiz añadió la derivada del incremento de la demanda intensiva de agua «en regadío, campos de golf y grandes urbanizaciones» con las que se supedita el crecimiento económico al incremento de la demanda de agua.
El director del Cedex se pronunció en contra de los trasvases y las desaladoras como solución y se mostró partidario de mejorar la eficiencia en el uso del agua.
«Los trasvases traen asociados problemas sociales, políticos y un escenario vulnerable también en otras cuencas hidrográficas de donde se quiere traer agua, pues también van a estar impactadas por el cambio climático», explicó.
Sobre la desalación dijo que requiere un consumo eléctrico intensivo.

E l presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, anunció ayer que debido a la intensidad de las lluvias de los últimos treinta días la Comunidad Valenciana puede estar saliendo del ciclo seco que comenzó en 2005, pero reclamó, no obstante, una «gestión cautelosa» de los caudales de los ríos, pese a que la situación «es bastante mejor que la del año pasado». Según los datos de la Confederación del Júcar, los embalses de la cuenca almacenan esta semana un total de 617 hm 3 , lo que supone el 18,4% de su capacidad. Los tres pantanos del Júcar en Alicante -Beniarrés, Amadorio y Guadalest- embalsaban ayer 37 hm 3 , sobre una capacidad total de cincuenta y seis. La buena situación del Júcar contrasta con la del Segura -el presidente fuentes Fuentes Zorita ya ha advertido de que la sequía continúa- y la de los embalses de cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buendía-, punto donde arranca el trasvase Tajo-Segura, que contienen 359 hm 3 , ciento diecinueve sobre la reserva estratégica a partir de la cual no se puede enviar agua a la provincia.
Moragues, apuntó que «da la impresión» de que la Comunidad Valenciana «está saliendo de un ciclo hídrico seco» pero que requiere una «gestión cautelosa» de los caudales de sus ríos. El presidente de la CHJ realizó estas declaraciones durante un seminario sobre el cambio climático y agua que se celebra en la Universidad Politécnica de Valencia. Moragues admitió que «hasta el momento, el otoño es lluvioso y húmedo» pero «como suele ocurrir en el Mediterráneo, llueve muy fuerte en la costa y las tormentas no llegan más allá de 10 ó 15 kilómetros hacia el interior».
Acuatasa Por otro lado, Moragues recordó sobre los costes del agua, que «el 98% de un recibo del agua en cualquier ciudad de la Comunidad se paga al Ayuntamiento y al Gobierno autónomo», mientras que «el Ministerio de Medio Ambiente recibe tan sólo 0,2 céntimos de euro por cada metro cúbico de agua». Por tanto, el ministerio «no tiene ni competencias ni capacidad» en un tema «transferido en su gestión» como éste. Respecto a la posibilidad de establecer una «acuatasa» dijo no haber oído a nadie hablar en el Gobierno de España sobre ello. De esta forma, Moragues seguía el guión impuesto por la ministra Cristina Narbona que la semana pasada tuvo que corregir la propuesta lanzada por técnicos del Ministerio durante una jornada celebrada, precisamente, en la sede de la Confederación del Júcar.
Por otro lado, el director del Instituto Tecnológico del Agua, Enrique Cabrera, y el director del Centro de Estudios Hidrográficos, Juan Manuel Ruiz, coincidieron en afirmar que «hay signos claros» de que el cambio climático es real y previeron que, como consecuencia, se espera «un descenso de las precipitaciones medias en la Comunidad y un aumento de temperaturas». Cabrera subrayó que «en la ONU, 2.000 científicos de todo el mundo tienen consenso absoluto en los grandes signos del cambio climático». De hecho, «se está experimentando una disminución en la masa de hielo en la tierra, el Polo Norte ha tenido el mínimo histórico hace un mes» y se prevé «un crecimiento de las temperaturas».
Manuel Ruiz descartó los trasvases y la desalación como soluciones a la falta de agua. Sobre los primeros dijo que «llevan aparejados problemas sociales, políticos y un escenario vulnerable también en otras cuencas de donde se quiere traer agua, pues también van a estar impactadas por el cambio climático». A su vez, la desalación tiene el «riesgo de que hace depender el consumo del agua de un consumo eléctrico intensivo». Este experto apeló a la mejora del aprovechamiento de los recursos actuales.
Adena solicitó ayer a la Generalitat que revise los planes de ordenación urbanística del litoral con el fin de evitar que se repitan en un futuro los impactos de las avenidas por lluvias torrenciales en las miles de viviendas que ocupan cauces.

La preocupación por el cambio climático se ha metido en el salón de casi todos los hogares españoles es los últimos años. Prueba de ello es que el que fuera candidato a la presidencia de Estados Unidos, reconvertido en gurú de la protección del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático en todo el mundo, Al Gore, ha recibido los dos galardones más prestigiosos del planeta, el Príncipe de Asturias a la Concordia y el Nobel de la Paz, como reconocimiento a la tarea que está desarrollando.

El cambio climático tiene muchas manifestaciones, desde el aumento de temperaturas, el incremento drástico o el descenso de las precipitaciones en determinadas zonas, o el imparable avance del desierto, todo ello casi siempre acompañado de la mano del hombre que contribuye, y mucho, a la erosión del suelo con urbanizaciones sin control, a la escasez del agua con una mala utilización del líquido elemento o a la deforestación de los pulmones del planeta. Es precisamente todo lo relacionado con la escasez de agua y con la desertificación lo que más afecta a Castilla-La Mancha y a toda España en general, y buena prueba de ello es la preocupación de las administraciones públicas que ya están aplicando medidas para paliar el avance del desierto en todo el territorio nacional, al margen de todas aquellas medidas que se están llevando a cabo para reducir las emisiones de gases a la atmósfera como principal elemento contaminante del mundo.

Mapa de riesgos

Una de esas medidas ha sido la elaboración, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, de un mapa de riesgos de desertificación de toda España en el que la provincia de Albacete no sale muy bien parada.

Según este mapa de riesgo, en torno al 80% del territorio de la provincia tiene un riesgo alto o muy alto de desertificación. Las zonas con mayor riesgo de toda la provincia se encuentran en el este y en el sur de la provincia. La comarca de Almansa (con Caudete, Montealegre del Castillo, Alpera, Bonete, Higueruela o la propia localidad de Almansa como las más afectadas) y una franja que discurre desde la sierra de Alcaraz (Bienservida, Villapalacios y Alcaraz, entre otros) hasta la comarca de Hellín (el riesgo existe tanto en esta localidad como en Tobarra o en Pozohondo entre otros municipios) atravesando la parte más al norte de la Sierra del Segura (como Ayna, Liétor o Peñas de San Pedro, entre otros) son las zonas que presentan un mayor riesgo. Todas estas zonas de la provincia están calificadas con un riesgo muy alto de desertificación por el estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Pero hay otra importante área de la provincia que presenta un riesgo alto de desertificación y que afecta a toda la zona centro (con la capital incluida). De hecho, la mayor parte del territorio provincial presenta un riesgo alto de desertificación y afecta a Albacete, Chinchilla, toda la zona de La Manchuela y otros municipios del centro de la provincia.

Las zonas con menor riesgo de desertificación de todo Albacete son la zona noroccidental con Villarrobledo, Ossa de Montiel, El Bonillo o Munera como municipios menos afectados; y a la zona más meridional con pueblos como Yeste o Nerpio. Estas dos zonas presentan un riesgo medio de desertificación. Pero Medio Ambiente ha establecido otros dos niveles de riesgo el bajo, que afecta a puntos muy concretos en la zona sur de la Península y a grandes extensiones de Castilla y León; y un riesgo nulo que afecta a toda la cornisa cantábrica y pirenaica y grandes áreas del norte y del oeste peninsular.

Este mapa tiene en cuenta parámetros como los incendios forestales que potencian la erosión al perder la cubierta vegetal, la erosión hídrica y el índice de aridez, asociado al clima y a las precipitaciones.

¿Qué se está haciendo para paliar esta situación y frenar el avance del desierto en la provincia? El Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo un Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, que también repercute en la provincia de Albacete, «que sobre todo por el índice de aridez es una de las zonas más complicadas de Castilla-La Mancha», admite el director general de Política Forestal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Ignacio Nicolás.

Acciones

Para combatir los riesgos de la desertificación los esfuerzos se orientan hacia cuatro tipo de acciones, la prevención de incendios forestales, las políticas de hidrología, las políticas de conservación de suelo y las orientadas a combatir el cambio climático, «una suma de pequeñas actuaciones que inciden fundamentalmente sobre el clima y sobre los índices de aridez».

Las inversiones en materia de hidrología, que son cofinanciadas entre el Ministerio y la Junta, se centran fundamentalmente en la provincia de Albacete «por las particularidades que tiene», admitió el director general de Política Forestal. Así, explicó que se están realizando cuatro proyectos en Albacete con una inversión superior a los tres millones de euros orientados a la repoblación de suelos forestales o la realización de tratamientos selvícolas para mejorar las masas forestales que sirvan de contención de suelos.

Esa inversión también se destina a obras de hidrotécnica, que son infraestructuras que se llevan a cabo en los cauces más erosionados de mampostería hidráulica o gavionada con el objetivo de frenar la velocidad del agua cuando hay tormentas y paliar la erosión del suelo. Actualmente se están ejecutando obras sobre 9.620 metros cúbicos que se centran en las zonas con mayor riesgo de desertificación.

Además, se realizan actuaciones de conservación de suelos en los términos municipales de Hellín, Albatana, Villamalea, Fuenteálamo, Tobarra, Ontur, Chinchilla y Pétrola, donde ya hay planes enmarcados en el programa nacional que contemplan actuaciones durante varios años para que, a través de los ayuntamientos, se lleven a cabo actuaciones para evitar la pérdida de suelo y que están orientados fundamentalmente a terrenos de carácter agrícola.

Y es que en ocasiones se ha acusado a la agricultura de ser una de las mayores causantes de la erosión de los suelos, «pero es perfectamente compatible una agricultura realizada de forma sostenible, sin grandes consumos de agua, con el objetivo de la lucha contra la desertificación».

Estrategia global

El director general de Política Forestal recordó que el Gobierno regional está consensuando en la actualidad una estrategia global en la lucha contra el cambio climático «con toda la sociedad de Castilla-La Mancha, para poder llevar a cabo nuestra aportación a mitigar los efectos que tenga».

Y, ¿cómo ha evolucionado el avance de la desertificación en Albacete? Una de los valores tangibles que demuestran el avance de la desertificación es la pérdida de suelo que se mide en toneladas por hectárea y por año. Según los datos aportados por el director general de Política Forestal, en Castilla-La Mancha con unas pérdidas inferiores a doce toneladas por hectárea y por año (un riesgo bajo) está la mayoría del territorio, 3.274.000 hectáreas. Con pérdidas de doce a cincuenta toneladas, que representa un riesgo medio y alto de desertificación, hay en la Región 1.880.000 hectáreas. Las zonas más complicadas, con pérdidas superiores a las cincuenta toneladas por hectárea y año, hay en la Comunidad 971.000 hectáreas, de los que la mitad está en la provincia de Albacete. «Estos datos se mueven muy poco año a año -admitió Nicolás-, pero se verán cuando pasen 20 ó 50 años». Junto a Albacete, también en el sur de la provincia de Ciudad Real hay una zona con «estados erosivos complicados».

El director general de Mejora de Explotaciones Agrarias, Juan Manuel Suárez, ofreció una ponencia sobre “Medidas agrarias en el Plan Especial del Alto Guadiana”, en el marco de la Jornada que ha organizado la Comunidad General de Usuarios del Acuífero de La Mancha Occidental sobre la “Situación actual, real y burocrática del Acuífero 23”, que ha tenido lugar en Tomelloso (Ciudad Real).

Suárez comenzó su intervención haciendo mención a la importancia del Plan Especial del Alto Guadiana, porque con su aplicación se contribuirá especialmente al “desarrollo sostenible de los usos agrícolas y económicos de la zona”, ya que permitirá la corrección de un déficit hídrico estructural existente en la actualidad.

En el transcurso de su ponencia, el director general recordó que la actividad agraria de la Mancha Occidental tiene un gran impacto socioeconómico sobre la zona y supone el sustento de la renta de numerosas familias.

A lo largo de los últimos años, el regadío ha permitido una mayor generación de riqueza, empleo, fijación de la población y vertebración del territorio, pero a costa de comprometer las posibilidades de desarrollo en el futuro, el abastecimiento urbano, la calidad de las aguas y tras haber dañado parajes de un alto valor medioambiental.

Por todo esto, el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias aseguró que la puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana es absolutamente necesaria, “porque va a suponer estabilidad, seguridad y garantía de futuro: estabilidad para los agricultores, porque se va a poner orden en una situación que hasta ahora generaba dudas todos los años; seguridad porque el Plan Especial del Alto Guadiana sirve para preservar el agua para el futuro y contribuirá a dedicar los recursos justos y necesarios para el sector agrario; y futuro, porque asegura las rentas de nuestros agricultores”.

Además, Suárez abordó los ejes sobre los que debe girar el modelo agrario en la zona. El Plan Especial del Alto Guadiana consta de una serie de medidas generales y otras específicas de índole hídrica, ambiental, agrícola y de reconversión socio-económica, pensadas para que sirvan de apoyo a las medidas generales y garanticen su viabilidad, aplicación y efectividad.

En este apartado, el director general señaló que una de las medidas específicas, que tiene una financiación de 940 millones de euros, es el programa de reconversión agrícola que cuenta entre sus directrices más importantes con “un aumento de la eficiencia en la gestión y uso del agua disponible, el desarrollo de un modelo de gestión de los recursos hídricos y la puesta en marcha de un programa de apoyo a la agricultura de secano, para aquellos que se acojan al sistema de venta de derechos de agua al banco creado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, combinando las medidas agroambientales con las de apoyo a zonas agrarias desfavorecidas, y potenciando la agricultura ecológica”.

Además, se establecen medidas de modernización de los regadíos y otras encaminadas a la diversificación de nuestra agricultura y de la industria agroalimentaria de la zona.

La Consejería de Agricultura cree firmemente que en la agricultura de esta zona, con el apoyo de todos los agentes sociales implicados en el Alto Guadiana, se puede conseguir el desarrollo sostenible de 125.000 hectáreas con 200 hm3 asignados.

El Ministerio de Medio Ambiente prevé declarar reservas fluviales en las cabeceras de los ríos pertenecientes a las ocho cuencas hidrográficas de competencia estatal para preservar vírgenes los ecosistemas de esos mismos espacios naturales.

De esas cuencas hidrográficas, varias cabeceras pertenecen al territorio de Castilla-La Mancha, como el Tajo, el Guadiana, el Júcar y , dentro de Albacete, el Segura, cuyo curso alto discurre por las sierras de la provincia.

Así lo anunciaba recientemente el director general del Agua, Jaime Palop. En un acto ceelbrado en Madrid, explicaba que se trata de declarar esas reservas fluviales en la cabeceras de los ríos, donde la presión humana es mínima, con el objetivo de mantener los ecosistemas, como ya se ha hecho en Estados Unidos.

Aseguró que el Gobierno quiere llegar a un acuerdo con las demás administraciones implicadas y ya se están llevando a cabo las primeras conversaciones, por lo que el plazo para culminar este proyecto «dependerá de lo que tardemos en construir un consenso».

Palop ha incidido en que la declaración de una reserva fluvial en la cabecera de un río tiene como objetivo «dejar virgen esos espacios naturales para que las generaciones futuras». «Se trata de que el agua corra libremente -prosiguió- para que cuando llueva corra y cuando haya sequía, se quede prácticamente seco».

El director general reconoció que la declaración de una reserva fluvial «limita el crecimiento y el desarrollo de determinadas zonas», motivo por el cual el Ministerio no puede llevarlo a cabo unilateralmente sino que debe consensuarlo con las comunidades autónomas.

La declaración de reservas fluviales está previsto en la Ley del Plan Hidrológico Nacional, por lo que no sería necesario una reforma de la Ley de Aguas.