El Partido Popular ha asegurado que la enmienda de modificación, firmada por Eduardo Zaplana, se presentó la semana pasada «por error».
El PP decidió modificar la citada enmienda, registrada con el número 2.389, tras el aluvión de críticas surgidas en el PP de Aragón. Los populares argumentaban que esa enmienda se registraba año tras año y se había colado, «por equivocación», en el montón de este ejercicio.
Según publicó ayer «El Heraldo de Aragón», el presidente del PP en Aragón, Gustavo Alcalde recibió la noticia sobre el contenido de la enmienda camino de Valencia para asistir a la aclamación de Mariano Rajoy como candidato.
«Esta situación permitió que los dirigentes aragoneses hablasen de forma directa con los máximos responsables del grupo -Eduardo Zaplana y Vicente Martínez Pujalte- y explicasen todo lo que conllevaba esa enmienda en Aragón. El resultado de estas conversaciones fue la negación oficial de que esa enmienda fuese presentada por alguien (se señaló que fue un «error administrativo») y el compromiso de que se retiraría en cuanto fuese posible», añade el Heraldo.
Gustavo Alcalde declaraba el lunes que la propuesta se registró por equivocación y que el grupo popular en el Congreso «no tenía voluntad política» de insistir en sus peticiones trasvasistas, «tal y como le había comunicado el propio portavoz del PP en la Cámara, Eduardo Zaplana», apunta El Heraldo.
Sin embargo, existen razones que hacen poco creíble esta versión. La enmienda a los presupuestos del 2007 relativa al trasvase del Ebro reivindicaba una inversión de 300 millones; la presentada este año era de 600 millones, lo que indica al menos que la moción ha sido modificada antes de «colarse»
Del mismo modo, una enmienda que se cuela «por error» no es remitida a los barones regionales del PP para que hagan campaña con ella. Así, el pasado 15 de octubre, el líder del PP en Andalucía Javier Arenas anunciaba la presentación de una enmienda a los PGE pidiendo 600 millones para el trasvase y el lunes 29 el presidente del PP en Castelló, Carlos Fabra, anunciaba orgulloso que el PP presentaría una enmienda a los PGE «con una dotación de 600 millones de euros» para poder ejecutar las obras del trasvase del Ebro.
Mientras Fabra hacia estas declaraciones, el diputado del PP valenciano Vicente Martínez Pujalte ya había entregado un escrito a la Mesa de la Comisión de Presupuestos donde mantenía la enmienda 2.389, aunque solicitaba corregir el título del proyecto «figurando como texto correcto: Proyecto Trasvase Júcar-Vinalopó en la Comunidad Valenciana». Es decir, el supuesto «error» ya no era que se hubiera colado la moción por inercia, sino que se hubiera pedido para el Ebro lo que ahora es para el Trasvase del Júcar, una obra ya adjudicada prácticamente en su integridad y valorada en 340 millones, no en 600, y para la que el PP ya había pedido 60 millones en otra enmienda que sigue viva. Ayer, Martínez Pujalte insistía en un «error mecanográfico» y decía que el PP «no ha renunciado a ningún trasvase».
Reacción socialista
Ricard Torres, diputado socialista y miembro de la Comisión de Infraestructuras del Congreso declaró ayer que «toda esta historia tan rocambolesca deja en mala situación a Camps. Si no hubiesen modificado nada podría uno dudar si están esperando a ver si gobiernan para ejecutar el trasvase, pero si la presentan y la retiran por presión están indicando que solo la mantiene a efectos electoralistas y no porque crean que es una obra necesaria», afirmó Torres.
Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del PSPV en las Corts Valencianes, Francesc Signes, afirmó ayer que las «mentiras sobre el trasvase del Ebro han acabado por estallarle al líder del PP, Mariano Rajoy, en la cara, en plena campaña electoral», ya que el presidente popular, dijo, «cedió a las presiones del PP aragonés y obligó a rectificar» una enmienda a los PGE «para no enfangarse más en una mentira de la que no sabe cómo salir», recalcó.
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró anoche en Zaragoza que en el PP hay «un lío colosal» entre los dirigentes populares en relación a sus propuestas sobre el trasvase del Ebro.

E l Ministerio de Medio Ambiente intentó ayer suavizar las tensas relaciones que mantiene desde hace dos años con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó -entidad con la que se ha negado a negociar el nuevo trazado- incluyendo al presidente de los usuarios, Andrés Martínez, en el grupo de trabajo de 42 personas que trabajarán en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico del Júcar, instrumento legal que debe quedar aprobado en 2009 y que, curiosamente, regulará el funcionamiento del polémico trasvase.
Martínez, expulsado por el Ministerio del consejo de administración de Aguas del Júcar en el otoño de 2005, por oponerse al cambio del proyecto, vio ayer como el propio presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues y el consejero-delegado de Acuajúcar, José María Marugán -representantes de Medio Ambiente que le han hecho la vida imposible por no aceptar el nuevo trazado- «bendecían» su presencia en la Mesa de Participación, un órgano en el que, no obstante, Martínez tiene derecho legal a estar presente, según establece la Directiva Europea del Agua. Paradójicamente, el presidente de la Junta Central trabajará con el Gobierno central, pero sin que el trasvase Júcar-Vinalopó traslade la toma del agua al Azud de Antella, tema cerrado, al menos, hasta que pasen las elecciones generales de la próxima primavera.
Los regantes del Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa comparten desde ayer mesa de trabajo con colectivos -Xúquer Vio y Fundación para la Nueva Cultura del Agua, entre otros- que, según viene denunciando desde hace dos años la directiva de la Junta Central de Usuarios, les niegan agua de calidad para el trasvase desde el Júcar. A partir de ahora trabajarán, además, en la elaboración de un plan que tendrá rango de ley y que fijará las condiciones del Júcar-Vinalopó, el mismo que figura en el plan actual como una transferencia de 80 hm 3 de agua para solucionar la sobreexplotación de los acuíferos y garantizar el abastecimiento urbano de la Marina Baixa. Condiciones que no cumple el trasvase cuyas obras comenzaron en julio. Recordar que la semana pasada fracasó el último intento político del Consell para acercar posturas con el Ministerio de Medio Ambiente y tratar de trasladar la toma del agua del Azud de la Marquesa a Antella, donde el caudal sirve tanto para regar como el consumo urbano.
El Ministerio de Medio Ambiente mantiene una postura inamovible al considerar que cuenta con el aval de la UE – Bruselas ha apoyado los dos proyectos de trasvase – y defender que el cambio de trazado se basó en razones técnicas.

La UE asumió ayer que la sequía y la escasez de agua es un problema de escala comunitaria, no reducido a los países del sur, y que deber ser incluido entre sus prioridades políticas por medio de las primeras conclusiones formales que adoptó el Consejo de Medio Ambiente que se reunió en Luxemburgo. Se trata de un espaldarazo a la propuesta que hicieron España, Italia y Portugal para hacer de la sequía y la escasez hídrica una política de la UE.
Según el texto de conclusiones, la UE apuesta por «un planteamiento enfocado a la demanda, mejorar la eficacia hídrica (por ejemplo, con la reducción de pérdidas por filtraciones) y de medidas educativas» y también asume la propuesta de Bruselas de que el agua tenga un precio adecuado que incluya todos los costes y que no esté subvencionada.
Tal y como también apuntó la Comisión en un documento propio, los Gobiernos europeos admitieron que podrán evaluarse «nuevas medidas de abastecimiento de agua cuando el impacto de las medidas de ahorro resulte ser insuficiente». Entre ellas mencionó «la reutilización de aguas residuales o la desalinización», siempre que se desarrollen en términos «sostenibles», pero el texto no menciona en ningún momento los trasvases. Por otra parte, el posicionamiento de los países de la UE incluye un elemento «importante» para España, consistente en la posibilidad de que los daños provocados por la sequía puedan recibir ayudas del Fondo Europeo de Solidaridad y del Mecanismo Europeo de Protección Civil.
Al término de la reunión, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó que el texto está «en línea» con la reorientación de la política del agua del Gobierno y no alude a los trasvases, la infraestructura por la que apuesta el presidente del Consell, Francisco Camps, en el informe consultivo del que es ponente sobre este tema en el Comité de Regiones. A este respecto, Narbona declaró que la insistencia de Camps en los trasvases «como panacea de la política del agua» está «completamente alejada del planteamiento de la UE».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, aseguró ayer que las últimas lluvias «han recargado todos los acuíferos y embalses cercanos a la costa» y los han dejado «técnicamente llenos» , de modo que la situación «es claramente mejor que el año pasado» , aseveró. No obstante, los embalses situados más hacia el interior «están todavía en una situación muy precaria» , matizó.
Moragues realizó estas declaraciones junto al subdirector general de Planificación y Uso Sostenible del Agua, Teodoro Estrela, y del jefe de la Oficina de Planificación, Javier Ferrer, en una rueda de prensa para informar sobre la jornada «Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar» que se celebró ayer en el Jardín Botánico de Valencia.
El responsable de la CHJ señaló que las precipitaciones de las últimas semanas superaron «varias veces las lluvias normales fundamentalmente en la Marina Alta, algo en la Safor y algo en la Ribera del Júcar» . Así, y a pesar de que «nadie quiere que llueva así y produzca daños a personas y daños materiales» , apuntó, las precipitaciones han logrado que «el sistema del Júcar, que era el que estaba en mayor situación de riesgo, tenga un 50 por ciento más de agua embalsada que el año pasado» .
En este este sentido, precisó que si en 2006 el sistema del Júcar disponía de 110 hectómetros cúbicos, este año tiene entorno a 170. Es más, «ningún río de toda la CHJ está ya en situación de emergencia» , lo que demuestra que «la situación es mucho mejor» , afirmó. De hecho, en las zonas del Mijares, la Marina Alta, la Marina Baixa «las reservas son de las máximas que ha habido históricamente» , resaltó.
Asimismo, indicó que el embalse de Beniarbeig «tiene una situación de normalidad» , y que el Túria también «está razonablemente mejor que el año pasado, cuando por estas fechas tenía unos 50 hectómetros cúbicos, mientras ahora está raspando los 100» , concretó.
Por otra parte, Moragues informó sobre el Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar que inició su proceso en julio de este año, y que prevé tener elaborado un borrador de temas importantes a incluir en 2008 y estar aprobado para 2009.
Según dijo, los planes hidrológicos de cuenca son la herramienta de gestión establecida por la Directiva Marco del Agua (DMA) de 2000 para conseguir «ambiciosos objetivos medioambientales en 2015» que se resumen en «alcanzar el buen estado de las masas de agua europeas» .

Los países del sur de Europa (Italia, Portugal y España), los más afectados por la falta de lluvias, las olas de calor, la sequía y los incendios forestales, han ganado la batalla, emprendida en 2005, al conseguir que los 27 socios de la Unión Europea firmen un acuerdo para incluir a la sequía y a la gestión del agua dentro de las decisiones políticas de la UE.

Los tres países han aprovechado la presidencia de turno de Portugal para ganar ese pulso, cuyo principal objetivo era poner de relieve los problemas de gestión del agua y el coste económico para la Unión Europea.

El texto firmado ayer en Luxemburgo por los 27 ministros de Medio Ambiente de la UE reconoce que la sequía ‘afectó en 2003 a más de 100 millones de habitantes, a una tercera parte del territorio de la UE. En 30 años ha provocado un impacto económico de 100.000 millones de euros’. Por ese motivo, el texto hace énfasis en que la escasez de recursos hídricos ‘se debe sobre todo a la gestión ineficaz del agua’ y planteas soluciones para resolverlo ‘como la reducción de pérdidas por filtraciones y las campañas educativas para concienciar a la sociedad sobre ese problema’.

A la salida de la reunión, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló que el texto supone ‘un paso adelante hacia una verdadera estrategia europea de la gestión de las sequías’ y volvió a reiterar su ofrecimiento para que Barcelona sea la sede central del Observatorio Europeo de la Sequía.

El documento establece que los planes de gestión de cuencas hidrográficas ‘deberían tener en cuenta el equilibrio entre oferta y demanda y contemplar la necesidad de nuevas medidas de abastecimiento de agua cuando el impacto del ahorro no sea suficiente’.

Recuperar el litoral

Otra de las prioridades del Ministerio de Medio Ambiente es la recuperación de la costa, tal y como señaló ayer el secretario general de Territorio y Biodiversidad, Antonio Serrano, tras la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente. En la reunión, Serrano pidió la colaboración de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para completar las actuaciones emprendidas desde el Gobierno central.

Serrano detalló, entre ellas, la demolición de 665 construcciones que se encontraban en el dominio público marítimo terrestre a lo largo del año, una cifra que multiplica por 16 las 40 construcciones que se derribaron en 2004.

Las otras dos líneas de actuación han sido el deslinde y la adquisición de fincas privadas en dominio público. En el primer apartado, Serrano destacó que el objetivo es deslindar los 10.000 kilómetros de litoral y que ya se ha hecho el trabajo en el 80% de la superficie. En cuanto a la compra de fincas privadas apuntó que se han adquirido cerca de 1.123 hectáreas de terreno por valor de 30 millones de euros y que actualmente están en tramitación 96 hectáreas más por 60 millones de euros.

Los ministros de Medio Ambiente de la UE adoptarán mañana en Luxemburgo un documento de conclusiones con el que por primera vez los Estados miembros asumirán que la sequía y la escasez de agua es un problema comunitario y en el que asumirán las propuestas de la Comisión Europea para ahorrar agua en primer lugar con los medios de los que ya se disponen y fijar una tarifa justa que refleje todos los costes asociados.

Las conclusiones sobre sequía y escasez de agua son el primer espaldarazo político formal que darán los Estados miembros a un tema que abanderaron España, Italia y Portugal y sobre el que Bruselas presentó un informe el pasado mes de julio en el que, entre otras cifras, afirmó que afecta a al menos el 12% del territorio de la UE, al 19% de su población y a al menos 33 cuencas hidrográficas. «El impacto económico total de la sequía a escala de la UE en los últimos 30 años se estima en 100.000 millones de euros», afirma el borrador.

Fuentes diplomáticas destacaron que en sus conclusiones los ministros respaldarán la defensa española de tratar estos temas desde una óptica internacional y que también acogerán, aunque de manera más difuminada, la propuesta del Gobierno de crear un Observatorio Europeo sobre el Agua, que en todo caso no quedará más que como una posibilidad futura.

La delegación española en el Consejo estará encabezada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a la que acompañará en representación de las comunidades autónomas el consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, Manuel Vázquez.

Según el borrador de las conclusiones que se adoptarán el martes, se reconoce que «la escasez de agua y la sequía son problemas con importantes repercusiones socioeconómicas y ambientales en la UE», que «han ido aumentando tanto en intensidad como en frecuencia en estos últimos años», con «repercusiones directas sobre los ciudadanos y sobre sectores económicos como la agricultura, la silvicultura, el turismo, la industria, la energía y el transporte».

Sus efectos también se dejan ver, añade el borrador, «en el mayor riesgo de incendios forestales» y «sobre la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero».

Los ministros puntualizarán también que la sequía y escasez de agua «deberían considerarse por separado», puesto que la primera es un fenómeno natural y la segunda se relaciona «con los desequilibrios entre la oferta y la demanda», y hacen hincapié en que su tratamiento debe hacerse desde la actual directiva del Agua, que contempla que los planes de gestión de las cuencas hidrográficas tiene que «tener debidamente en cuenta el equilibrio entre oferta y demanda» y también, según indicaron las fuentes, persigue una tarificación del agua justa y que refleje todos los costes.

También contemplarán «la necesidad de nuevas medidas de abastecimiento de agua cuando el impacto de las medidas de ahorro de agua previstas resulte ser insuficiente». «Estas medidas relativas a la oferta pueden consistir en opciones tradicionales o bien alternativas, incluidas, por ejemplo, la reutilización de aguas residuales o la desalinización, realizadas en condiciones sostenibles», añaden.

OGM

Por otra parte, los ministros analizarán la petición de moratoria que ha pedido Austria para dos variantes de maíz transgénico –Zea Mays L. Línea T25 y Zea Mays L. Línea MON810–, de manera que se le permita no aplicar la ley europea y pueda prohibir su uso para la alimentación animal, el procesado industrial y el cultivo.

Dos años después de que Austria lo pidiera por primera vez y que fuese rechazado por la Comisión, Bruselas prepara una nueva propuesta para permitir a Viena vetar el cultivo de estos dos maíces, aunque no su procesamiento o su uso como alimentación animal. Sin embargo, fuentes comunitarias señalaron que no es probable que la Comisión Europea haya tomado mañana una decisión al respecto.

Se mantienen grandes diferencias en el colegio de comisarios entre quienes dudan de la seguridad de estos dos maíces, como el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, y quienes opinan lo contrario, entre quienes se encuentra el responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.

AVES CARROÑERAS

Por su parte, Narbona ha pedido un punto de discusión para informar a sus colegas y a la Comisión de los efectos nocivos que ha tenido para la alimentación de las aves carroñeras y otros animales como osos y lobos las restricciones que se contemplan en la normativa comunitaria para frenar el contagio de encefalopatía espongiforme bovina (EBB), conocida como el «mal de las vacas locas», y pedirá que se tengan en cuenta en el momento de su revisión.

Las fuentes explicaron que la ministra pondrá el acento la supresión de los muladares y la obligación de incinerar todos los cadáveres de animales que figuran en el reglamento de la UE. Esto ha hecho que en los últimos meses se hayan registrado numerosos casos en los que estas aves, o también animales como lobos u osos, hayan atacado a vacas u ovejas vivas para alimentarse, debido a que ya no disponen de animales muertos.

Aunque no planteará ninguna alternativa concreta a la normativa en vigor, Narbona pedirá a la Comisión que tenga en cuenta estos efectos cuando revise el reglamento, manteniendo sin embargo que las medidas contra las «vacas locas» son «acertadas», precisaron las fuentes.

CAMBIO CLIMÁTICO

Los ministros concluirán la postura de la UE de cara a la Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto que tendrá lugar del 3 al 14 de diciembre en Bali y continuarán también con el debate político sobre la propuesta de directiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la gasolina, el diésel y el gasóleo, donde la cuestión más complicada tiene que ver con la fijación de objetivos de reducción que podrían ser de 1% anual por un periodo de 10 años.

Según las fuentes, la posición española a este respecto es de «apoyo crítico», puesto que está de acuerdo con el fondo pero pide precisiones en la metodología y sobre si deben estar obligados por estos objetivos todos los que participan en la cadena del sector de los hidrocarburos, dentro y fuera de la UE.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 72,42 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 80,72 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 55,90 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 39,76 por ciento, el de Alarcón un 6,14 por ciento y el de Contreras en 5,46 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 77,28 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 96,36 por ciento, La Muela en un 25,10 por ciento, y El Naranjero al 77,68 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 16,42 por ciento; Escalona al 4,79 por ciento; y Bellus, al 36,19 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 11,47 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 59,19 por ciento, Benagéber al 36,88 por ciento, Loriguilla al 21,32 por ciento y Buseo al 38,06 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 62,40 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 69,95 por ciento; Arenós un 40,37 por ciento; María Cristina un 10,59 por ciento y Sichar el 74,36 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 72,94 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 0,00 por ciento y el de Onda al 54,35 por ciento.

Ecologistas en Acción subraya la dramática importancia de los datos manejados por el Ministerio de Medio Ambiente, y en los que se da cuenta de que las aportaciones a los cauces se han reducido entre 1996 y 2005 en un 15%, con respecto a los valores medios obtenidos en el periodo 1940-1995. Todo lo cual obliga a una profundización en las políticas medioambientales que abogan de manera nítida por un desarrollo más equilibrado.

La reducción de las aportaciones a los cauces se ha producido de manera desigual, tanto por cuencas, como incluso dentro de la misma cuenca. No obstante, todas han visto mermados de manera importante sus recursos. La reducción ha sido especialmente importante en la cuenca del Segura, próxima al 40%, y también en las del Guadiana, especialmente en su cabecera, Ebro y Cuencas Internas de Cataluña, que han perdido en tan sólo 10 años del orden de una quinta parte de sus recursos.

Todo apunta a un cúmulo de motivos, entre los que se encuentra la cada vez mayor sobreexplotación de los acuíferos, que retrae agua de los cauces, y sobre todo el cambio climático, manifestado mayormente por la subida de las temperaturas que, a su vez, incrementa la evaporación. Lo cierto es que actualmente se dispone de casi un 15 % menos de agua en nuestros cauces que hace unos pocos años, habiéndose producido una reducción mucho mayor que la prevista en las previsiones más pesimistas que se hacían a finales de los noventa, y que fueron calificadas entonces de alarmistas por diferentes sectores.

Por otra parte, y a pesar de estas reducciones, el consumo de agua sigue incrementándose. El regadío sigue creciendo de manera importante en las cuencas del Ebro, con cultivos altamente consumidores, y en la del Guadalquivir, como consecuencia mayormente de la puesta en riego de decenas de miles de hectáreas de olivar y viñedo. También continúa creciendo en las cuencas del Duero, Tajo, Guadiana e incluso Júcar, en estas dos últimas cuencas debido también mayormente a la puesta en regadío de los viñedos.

En lo que al consumo para abastecimiento urbano se refiere, éste se ha incrementado de manera notable en todas las cuencas, siendo especialmente importante en las mediterráneas. Además, en esas cuencas el crecimiento urbano se caracteriza por ser de carácter turístico, con abundancia de piscinas, jardines y campos de golf, con un retorno muy inferior (menos del 50%), al del abastecimiento urbano convencional (80%), lo que incrementa notablemente su incidencia sobre el volumen final de recursos hídricos disponibles.

La continua reducción de los recursos y el incremento del consumo que simultáneamente se está produciendo, conducen necesariamente a una situación de completa insostenibilidad y colapso ambiental, por lo que deberían adoptarse las medidas necesarias para corregir esa situación y adaptar nuestro medio social y económico a esa reducción de las aportaciones hídricas a los cauces.

Por ello, Ecologistas en Acción exige al Ministerio de Medio Ambiente que, en los nuevos planes hidrológicos, que actualmente se encuentran en elaboración, contemple no solo las nuevas aportaciones existentes, sino también la reducción de las mismas que, previsiblemente, va a producirse en los próximos años, según manifiesta la actual tendencia, y que deje de enmascarar esas reducciones en los recursos, tal y como está haciendo ahora.

Ecologistas en Acción considera que la única solución al problema pasa por la adopción de todas las medidas necesarias para recuperar el equilibrio hídrico perdido en cada cuenca y subcuenca. En concreto, mediante el incremento de la eficiencia en la utilización del agua allí donde se pueda, y reduciendo las demandas de aquellas actividades productivas más consumidoras. Para ello, se considera necesario frenar totalmente el desarrollo de nuevos regadíos, así como proceder a la progresiva eliminación de una parte del regadío existente, del orden de varios cientos de miles de hectáreas. Asimismo, debería suspenderse de inmediato, salvo para abastecimiento urbano y cuando no haya otra alternativa, la extracción de agua de aquellos acuíferos que soporten algún nivel de sobreexplotación.

También sería necesario establecer medidas restrictivas sobre el incremento del consumo en el sector turístico en la costa mediterránea, frenando el gran desarrollo inmobiliario que se está produciendo, gran consumidor y destructor de los recursos naturales, entre los que se encuentra el agua.

Hoy se presenta en Valencia el «nuevo proceso de planificación hidrológica en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar» o, dicho de otra forma, cómo se pretende realizar la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar (PCHJ), que data del año 1998.

Desde el año 98 hasta la fecha, ha habido una importante novedad en el ámbito de la normativa sobre aguas. Dos años después de la entrada en vigor del PHCJ, entraba a su vez en vigor la Directiva Marco del Agua de la UE(Directiva 2000/60/CE, DMA).

Esta Directiva establece el principio de ‘participación pública’ en el diseño de la planificación hidrológica. Esto se ha traducido, en primer instancia, en la publicación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar de una serie de ‘documentos iniciales de planificación hidrológica’ que están siendo objeto de un proceso de consulta pública, por espacio de seis meses.

Como parte de este proceso participativo se convocan unas jornadas en las que, precisamente, se presentará hoy el proceso en sí. Al mismo, están invitados a tomar parte una serie de agentes sociales, políticos y económicos, que van desde los regantes a los ecologistas, desde las instituciones a los medios de comunicación y, en general, a todos los que tengan algo que decir en torno a la planificación hidrológica -lo que equivale a casi todo el mundo en esta parte de España-.

En este proceso participativo, la provincia de Albacete tiene ante sí varios retos. Entre ellos, hacer valer otra de las novedades de relieve que han tenido lugar desde el año 1998, la ya célebre sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2004, que anuló buena parte de los artículos que regulaban la estructura territorial de la CHJ.

También hay un asunto que, según las fuentes consultadas, preocupa en grado sumo desde Albacete. Y es que éste es un proceso de revisión de un plan existente, lo que implica revisar el PHCJ del año 98, y tomarlo como punto de partida de las negociaciones, manteniendo los consensos de base que se alcanzaron en el año 1997, en vez de hacer tabla rasa, partiendo por completo de cero.

Durante las jornadas de hoy, intervendrán el propio presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, el subdirector de planificación del Ministerio de Medio Ambiente, Teodoro Estrela Monreal y el jefe de la oficina de planificación de la CHJ, Javier Ferrer Polo.

El director del Instituto Tecnológico del Agua, Enrique Cabrera, y el director del Centro de Estudios Hidrográficos, Juan Manuel Ruiz, coincidieron ayer en la existencia del cambio climático: «Es real y existen signos inequívocos de ello» dijeron, al tiempo que anunciaban un previsible descenso de las precipitaciones medias en la Comunitat Valenciana y un aumento de temperaturas.
Enrique Cabrera y Juan Manuel Ruiz coincidieron en el seminario «Agua, energía y cambio climático» que se celebra en la Universitat de Politécnica de Valencia.
Cabrera advirtió de que las cuencas de la Comunitat «son de las más frágiles» de España, de modo que «cualquier variación que pueda haber en el clima afectará en mayor medida a sus ríos».
Juan Manuel Ruiz ratificó que «la zona de Levante y los alrededores del Guadiana son áreas más sensibles al impacto del cambio climático» y explicó que en la Comunitat, «reducciones muy pequeñas de las precipitaciones provocan un descenso enorme del agua que circula por los ríos o del agua que llega a los acuíferos», lo la convierte una «zona especialmente vulnerable». Según el director del Cedex, si disminuyera la precipitación tan sólo un 10 % provocaría reducciones de hasta el 14% en los caudales por lo que «habría que incrementar el doble el número de presas para tener el mismo grado de garantía en el suministro, lo cual supone un coste enorme e inabordable y un impacto medioambiental tremendo», agregó.
Ni trasvase ni desaladora
A la fragilidad natural o derivada del cambio climático, Juan Manuel Ruiz añadió la derivada del incremento de la demanda intensiva de agua «en regadío, campos de golf y grandes urbanizaciones» con las que se supedita el crecimiento económico al incremento de la demanda de agua.
El director del Cedex se pronunció en contra de los trasvases y las desaladoras como solución y se mostró partidario de mejorar la eficiencia en el uso del agua.
«Los trasvases traen asociados problemas sociales, políticos y un escenario vulnerable también en otras cuencas hidrográficas de donde se quiere traer agua, pues también van a estar impactadas por el cambio climático», explicó.
Sobre la desalación dijo que requiere un consumo eléctrico intensivo.