E l Consell y el Ministerio de Medio Ambiente han agotado definitivamente la vía política para buscar una solución que desbloquee el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó tras el fracaso de la última reunión celebrada a principios de esta semana en Madrid entre altos cargos del departamento que dirige Cristina Narbona y de la Conselleria de Agua. En la misma volvió a quedar claro que las posturas divergentes no tienen solución debido a que el Ministerio considera ya innegociable el cambio del nuevo trazado que comenzó a construirse el 20 de julio y del que, según Aguas del Júcar, está en marcha el 50% -tramitación y obras-.
Medio Ambiente asegura que tiene usuarios -Confederación Hidrográfica del Júcar- y se siente completamente legitimizado por el respaldo que ha recibido desde la Unión Europea, por lo que en el encuentro rechazó los argumentos de los enviados de la Generalitat, que trataron de explicar los beneficios económicos y sociales – apoyo de la Junta Central de Usuarios- que tendría el traslado de la toma del agua del Azud de la Marquesa al de Antella, donde los informes técnicos aseguran que el caudal sirve tanto para el regadío como para el consumo humano, opción que sí convence a los usuarios de Alicante, dispuestos desde hace meses a renunciar a que el agua llegue desde Cortes de Pallás. La negociación política quedó archivada -la legislatura está en su recta final- y, en estos momentos, la Junta Central y el Consell sólo confían en que prospere alguno de los recursos judiciales que tienen presentados en Madrid y Valencia contra la adjudicación de las polémicas obras y, posteriormente, contra el inicio. La Junta ha presentado ya la reclamación patrimonial por la que pide al Estado cerca de 100 millones de euros en concepto de los daños y perjuicios que, según los usuarios, les ha provocado la paralización de las obras del proyecto original en 2005 y el posterior cambio del proyecto.
La primera demanda se presentó hace un par de semanas en un juzgado de Madrid para reclamar los 752.283 euros pagados por los usuarios entre 2003 y 2006 por diferentes conceptos, entre los que destacan, la comisión de apertura del fallido crédito sindicado de 75 millones de euros que acordaron con la CAM y otras entidades de ahorro para aportar su participación económica en las obras del proyecto original Cortes-Villena. La Junta entiende que la deuda de 43 millones de euros a 30 de septiembre de 2005 que en su día les reclamó Aguas del Júcar por certificaciones del proyecto «no tiene ningún sentido cuando la sociedad estatal cambió el trazado de forma unilateral y sin contar para nosotros. Incluso nos expulsaron del consejo de administración con lo que sólo faltaba ahora que tuviéramos que pagar por una obra que no nos hacen, sería surrealista». Aguas del Júcar había llegado a un acuerdo con los usuarios para que la deuda se pagara vía tarifas cuando llegara el agua. La ruptura de relaciones entre la Junta y la sociedad estatal dio al traste con los acuerdos y anunció el comienzo de la guerra del agua que ha llevado el proyecto a los juzgados.
Los usuarios consideran que su iniciativa tiene argumentos legales suficientes para plantear la denuncia desde el pasado 22 de junio cuando la ministra Cristina Narbona firmó la autorización para el comienzo de las obras en el tramo «C» del nuevo trazado, lo que dio pie a la existencia de un primer documento oficial para reclamar daños y perjuicios a Patrimonio del Estado.
La Junta Central ha intentado acercar posturas con el Ministerio en los últimos meses renunciando incluso a la toma en Cortes de Pallás, si Aguas del Júcar trasladaba la captación del agua desde el Azud de la Marquesa al de Antella. No ha habido respuesta ni de Madrid ni de Valencia al insistir el Ministerio en que la decisión del cambio de trazado fue técnica, los mismos argumentos que trasladaron los altos cargos del Ministerio al Consell en la reunión de principios de semana.
Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aprobará junto a sus homólogos europeos el martes en Luxemburgo un conjunto de medidas para paliar la escasez de agua. El texto que se aprobará contempla todas las opciones: trasvases, reutilización de aguas residuales y la desalación de agua del mar.

L a ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, optó ayer por rectificar y enmendar la plana a sus técnicos y a la Confederación del Júcar, asegurando que la propuesta para crear una tasa que grave el consumo de agua en el sector turístico no está ahora sobre la mesa. De esta forma, la responsable de la política hídrica del Gobierno central, la ministra más cuestionada en Alicante, trataba de amortiguar la catarata de críticas que le llovieron desde el sector turístico de la Costa Blanca y el PP tras hacerse público el contenido de un informe realizado por sus técnicos en el que se apuesta porque hoteles y propietarios de la denominada segunda residencia -vivienda turística- paguen más cara el agua que consumen.
Narbona decidió no airear más una nueva polémica abierta desde su Ministerio -hace dos semanas vinculó al desarrollo urbanístico de la Comunidad Valenciana con las inundaciones en la Marina Alta- y subrayó desde Madrid que el debate sobre la «acuatasa» no está abierto. La ministra eludió, sin embargo, comentar el contenido del informe de sus técnicos y dijo que será en el ámbito de la planificación hidrológica de cada cuenca en el que se analizarán las medidas para cumplir la exigencia europea de acercar el precio del agua a sus verdaderos costes.
La patronal hotelera de la Costa Blanca -Hosbec y Asociación Provincial- rechazó, por su parte, con contundencia la propuesta lanzada por el Ministerio de crear un tasa de agua especial que grave el consumo hídrico del turismo, en concreto de los hoteles y la segunda residencia, tal como figura en el estudio «El uso del agua en la economía española. Situación y Perspectivas», hecho público el miércoles en una jornada celebrada en la Confederación Hidrográfica del Júcar donde el propio presidente, Juan José Moragues, llegó a revelar la existencia de un «turismo depredador» que consume social, económica y medioambientalmente los recursos no renovables. Pere Joan Devesa, presidente de Hosbec -asociación que gestiona 43.000 plazas hoteleras en la Costa Blanca- tildó la idea de «absurda e irresponsable» y cuestionó que «independientemente de que se lleve a efecto el ruido es malo y puede tener efectos negativos en un sector que sólo en la provincia de Alicante genera miles de millones de euros a las arcas del Estado». Javier Luri, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles -diez mil plazas- y circustancialmente de la Federación Valenciana, consideró «injusto este nuevo ataque al sector hotelero apoyado en unos datos de consumos de agua que no sabemos ni de dónde los ha sacado el Ministerio. A veces pienso que los técnicos de Medio Ambiente en vez de trabajar para la ministra, trabajan contra la ministra».
El planteamiento de Medio Ambiente -matizado ayer por la propia ministra- llega, además, en un momento de recuperación del turismo de la Costa Blanca, uno de los «motores» económicos de la provincia que, además, se ha salvado de la crisis hipotecaria que sacude a la construcción. «No me explico cómo pueden lanzarse propuestas como la de crear una tasa para el agua que consumimos cuando va en contra, además, de la competitividad de un sector estratégico para la provincia y España y en plena lucha con destinos como el Caribe, Túnez, Marruecos donde todo son facilidades. Aquí nos quieren freír con una nueva tasa, cuando las empresas pagamos más impuestos que la media de la UE».
El presidente de Hosbec negó, por otro lado, que los hoteles derrochen agua. «Somos pioneros en fomentar un consumo responsable e invito a quien quiera a visitar los establecimientos. Además, si tanto consume el turista español que viene a nuestros hoteles, por qué no nos trasvasan el agua que deja de utilizar en su ciudad y lo mismo pasa con el turismo residencial, el que se aloja en una vivienda aquí, dejará de consumir agua allí».
Pere Joan Devesa recordó que Benidorm tiene congelado el consumo hídrico -12 hm 3 al año- desde hace varias temporadas «y seguimos creciendo en pernoctaciones». También lanzó otra reflexión: «Han hecho los técnicos del Ministerio un estudio sobre el coste que puede acarrear para los hoteles que ya trabajamos con los precios ajustados la nueva tasa, los puestos de trabajo que perderían en el caso de que dejaran de venir turistas; ¿tienen pensado un alternativa ».
Por su parte, Javier Luri, subrayó que «los hoteleros hemos sido pioneros en implantar medidas para proteger el medio ambiente en nuestros establecimientos y, además, el debate del agua no existe en el turismo porque los propios turistas son muy respetuosos con el medio. Sólo falta ya que se pongan trabas a la única industria que funciona bien ahora mismo».
El «lobby» empresarial Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) alertó ayer de una posible ralentización de la actividad turística de cara al cierre del año, que contrastaría con el repunte que ha protagonizado este verano debido al buen funcionamiento principalmente de los destinos urbano. Exceltur estimó en su informe de coyuntura que este año se alcanzarán los 60 millones de turistas extranjeros al finalizar el año, aunque subrayó que no serán suficientes para incrementar los ingresos en términos reales que revierten a España, que se mantendrán «en el mejor de los casos» o caerán un 0,3%.
Por lo tanto, según Exceltur la mayor llegada de turistas extranjeros y el estancamiento previsto de sus ingresos en términos reales provocará «un año más» que el ingreso medio por cada turista extranjero, descontada la inflación, vuelva a reducirse esta vez en un 3% hasta los 622 euros.
Las expectativas para el cuarto trimestre del año de los empresarios turísticos también son cautelosas. El 48% de los empresarios espera mantener sus beneficios entre octubre y diciembre, mientras que un 25,5% descuentan caídas y un 26,5%, moderados crecimientos. De momento, el invierno se presenta favorable para la Costa Blanca.

Castelló Los embalses de la provincia rozan el cincuenta por ciento de su capacidad tras las intensas lluvias de las últimas horas, un dato muy superior al de octubre del pasado año, cuando se encontraban en un alarmante 18,21%, según información facilitada ayer por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Las fuertes precipitaciones alejan de momento el fantasma de la sequía, según explicó ayer el catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda. «El último quinquenio esta registrando valores normales de lluvias, lo que contribuye a que los embalses se estén llenando gracias a la filtraciones del subsuelo y al agua que cae sobre ellos directamente» , aseguró.
Los expertos consideran que el régimen pluviométrico debe alcanzar una media de 300 litros anuales en Castelló para situarse en niveles normales. En septiembre la media fue de 70 litros y en lo que va de octubre más de 100. Según los medidores pluviométricos, en lo que va de año, y tras las lluvias que han caído, ha llovido ya el 75% del total anual. « Es decir, nos falta entre un 20 y un 25 por ciento para estar en la media e incluso creo que al final estaremos por encima de los valores normales» , explicó Quereda.
Las precipitaciones están siendo las que deben ser en esta época del año, incluso se puede decir que está lloviendo como llovía hace décadas, cuando eran jóvenes nuestros abuelos. «Sí, como cuando el abuelo decía hoy no puedo entrar en el campo – dice Quereda – . Otro problema es el grado de consumo que estamos teniendo. Si llueve pero consumimos por encima de nuestras posibilidades es como cuando la paga se nos queda corta», subraya .
Si se echa un vistazo a las tablas estadísticas de los últimos tres años, se puede comprobar que 2007 será uno de los más lluviosos.
La primera semana de octubre de 2005 los embalses estaban al 21,68%; en el mismo periodo de 2006 llegó al 20,44% y la primera semana de octubre de este año el nivel alcanzaba el 46,95%.
La estadística también resulta reveladora examinando la segunda semana. En el año 2005 el nivel de agua embalsada se situó en el 20,96%; un año más tarde fue del 19,80%; y en 2007 ha sido del 47,57%.
La tercera semana del mes de octubre de 2005 los embalses almacenaban un 20,83%; en 2006 un 18,7%; y en 2007 los índices han superado el 47% de capacidad, según las fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El canon que pagan los albaceteños al Ministerio de Medio Ambiente por beber agua del Júcar y la tasa que les cobra el Ayuntamiento de Albacete por recoger la basura, serán cuestionadas en los tribunales, aunque por motivos muy diferentes.

En un tedioso y larguísimo pleno, -más de seis horas-, el debate sobre los impuestos y tasas que pagarán los albaceteños en 2008 se zanjaba con el anuncio de estos dos pleitos.

Uno de ellos, el relativo al que se paga porque llegue el agua del pantano de Alarcón y a través del trasvase, lo hacía el propio alcalde, Manuel Pérez Castell.

«Que conste en acta -dijo el alcalde- mi compromiso a agilizar el encargo a la Universidad de Castilla-La Mancha de un recurso judicial ante el Ministerio de Medio Ambiente contra el pago de un canon por el abastecimiento de la ciudad, en base a una ley de 1971, por la que se puso en marcha el trasvase, que reconocía ese derecho de abastecimiento a la ciudad».

El agua, un 9,4% más

Ya en 2003, Pérez Castell había declarado su intención de pleitear para que la ciudad no tuviese que pagar por beber agua del Júcar y en 2005 encargó un estudio a la Universidad regional para saber si existía base jurídica para ello. Estudio del que nunca más se supo.

Ayer, el mandatario socialista prometía acudir a los tribunales, logrando así que la concejal de IU, Rosario Gualda, se abstuviese, en lugar de votar en contra, a la hora de aprobar la tasa del agua para 2008, que experimentará una subida de un 9,4%.

Y es que, Gualda, -cuyo voto en este mandato tiene el valor extra de romper el empate entre el PSOE y el PP-, advirtió a los socialistas de que si no hacían algo para reclamar ese «derecho histórico a un uso gratuito del Júcar», votarían en contra de esta subida que consideran «excesiva». Sólo este año, los albaceteños, a través del recibo, pagarán 1,5 millones de euros por este canon.

El callejero de la basura

El anuncio del otro pleito, el de la tasa de la recogida de basuras, lo hacía el concejal del PP, Juan Carlos López Garrido, al no conseguir que PSOE e IU aceptaran su petición de que esta ordenanza fiscal se quedase sobre la mesa. Esta tasa subirá un 2,7%, es decir, el IPC; y no un 100% como según denunció el PP iba a subir en algunas calles como consecuencia de una revisión del callejero fiscal. Esta denuncia del PP se debió a un error de López Garrido que, según se justificó ayer en el pleno, se debió a que en los libros de Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento no se había incorporado el callejero específico para el cobro de la tasa de basuras pues, hasta en el Servicio de Gestión de Ingresos, desconocían su existencia.

Así, el PP exigía ayer que mientras no se averiguase cuándo, cómo y dónde había sido aprobado oficialmente dicho callejero, no se diese luz verde a la tasa de basuras de 2008; algo a lo que se negaron PSOE e IU que dieron plena validez a dicho callejero que se viene utilizando «como mínimo, desde 1979».

La palabra del secretario

Esta fecha la constató el propio secretario, quien opinó que «carece de fundamento» poner en duda la legalidad del mismo, aunque no pudo concretar cuándo se había aprobado. Incluso, recordó que en 1997, cuando un gobierno del PP adjudicó a Aquagest el servicio del agua, entregó a la empresa ese mismo callejero para que se hiciese cargo del cobro de las basuras.

Aún así, y para evitar posibles dudas, los concejales socialistas y la edil de IU ratificaron dicho callejero, lo que llegó a López Garrido a anunciar un pleito en los tribunales.

PSOE e IU insistieron en que toda esta polémica no era más que una «cortina de humo» y una «maniobra de distracción» del PP para «salvar sus vergüenzas» y ocultar su error, «¿a qué juega, a buscar claridad o a enredar más?», preguntó el concejal de Hacienda, Antonio Martínez, al concejal del PP «quien ahora pretende culparnos de su error a todos, a los 27 concejales y a los 1.200 funcionarios».

López Garrido negó haber errado «nosotros no nos hemos equivocado, -aseveró- son ustedes los que ponen sobre la mesa un callejero del que nadie conocía su existencia».

El presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur, Francisco Rodríguez, presidió ayer la primera comisión de seguimiento de las obras de modernización de la Comunidad de Regantes de Balazote-La Herrera, que beneficiarán a 1.391 regantes.

El proyecto prevé la transformación del riego tradicional en riego presurizado de alta eficiencia de una superficie de 5.349 hectáreas, y supone una inversión de 25,3 millones de euros, y permitirá ahorrar 9,48 hectómetros cúbicos de agua al año. La obra se encuentra en la segunda fase de su elaboración y fueron declaradas de Urgencia por el Gobierno de España el año pasado.

Los habitantes de la Ribera estarán más seguros ante el riesgo de las temidas inundaciones en el horizonte de 2013 ó 2014 según las previsiones que tiene la Confederación Hidrográfica del Júcar para las actuaciones en el Plan Global frente a las inundaciones de la comarca.

El director de esta ambicioso planeamiento, Pepe López, adelantó ayer en Algemesí, que si todo sigue su cauce norma, los proyectos de las presas de laminación de los ríos Sellent y Cáñoles en Estubeny y Montesa podrían estar acabados en el primer trimestre de 2008.

«Estas obras podrían comenzar en 2009 con una duración de unos tres o cuatro años», señaló. López también explicó que estos pantanos tendrían una capacidad de unos 40 ó 45 millones de metros cúbicos.

Pero, además de estas dos grandes obras, el plan global también tiene un eje muy importante en «conseguir un drenaje suficiente para el río Júcar» y esto se consigue con dos actuaciones más: una que iría desde Carcaixent hasta la AP-7 y otra en la margen sur del Júcar.

Estas dos actuaciones tienen una complejidad de tramitación más compleja y los proyectos podrían estar redactados a final de 2008. A partir de ahí ya se debe tener en cuenta la programación presupuestaria y de disponibilidad del Gobierno.

Por otra parte, además se van a encauzar barrancos como el Barxeta (causante de las últimas inundaciones en Rafelguaraf y Cogullada), Murta o Casella.

Para Pepe López, el objetivo es conseguir que el Júcar esté en condiciones de recibir toda el agua que llevan estos barrancos. «Si llegara una avenida de unos 2.200 metros cúbicos por segundo, algo que no es raro, se quedarían en 1.600 metros cúbicos al tener estas infraestructuras acabadas y, además lo más importante es que el agua tardaría menos tiempo en desaguar», dijo. También se actuará en el azud de la Marquesa para evitar la salinización del Júcar y otras actuaciones.

Más difícil todavía. El concejal del PP, Juan Carlos López Garrido, desveló ayer a última hora un informe de la jefa del Servicio de Gestión de Ingresos, Llanos González, fechado ayer mismo, en el que explica que la tasa de basuras se cobra de acuerdo a un callejero específico y admite que «erróneamente» ella creía que el callejero aplicable era el relativo a las ocupaciones de la vía pública.

Esa misma creencia errónea, fue la que llevó al concejal del PP a calcular que la tasa de basuras para el año 2008 iba a subir hasta un 100% en algunas calles, tras la unificación de dicho callejero con el del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que ahora se ha revisado reclasificando muchas vías públicas.

Tras las declaraciones del concejal de Hacienda, Antonio Martínez, negando que dicho callejero fuera el aplicable a la tasa de basuras, el concejal del PP solicitó este informe, encontrándose con una «sorpresa mayúscula». Y es que, no sólo han descubierto que existe un callejero específico que no se publicaba junto a las ordenanzas fiscales, sino que la jefa del servicio dice que «no ha sido posible averiguar la fecha de aprobación» del mismo por el pleno «ni obtener copia de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia».

«Nosotros hemos sido rigurosos», declaró López Garrido, «pero es evidente que nadie sabía de la existencia de este callejero, a quien se le debe exigir más rigor es al PSOE y al concejal de Hacienda, sobre todo, a la hora de elaborar los expedientes y de dotar de seguridad jurídica a todos los que pagamos nuestros impuestos».

Por estos motivos, hoy, en el pleno, el PP pedirá al PSOE que deje sobre la mesa la tasa de recogida de basuras, pues «legalmente ahora no sabemos por qué una calle es de 1ª o de 2ª categoría».

Subidas desmesuradas

Además, los populares han presentado un voto particular exigiendo al equipo de gobierno que retire la derogación del callejero de ocupación de la vía pública y su unificación con el del IAE, que conlleva el aumento de categoría fiscal de «al menos 360 vías públicas». Esta reunificación supondrá «aumentos desmesurados» en la tasa que los ciudadanos pagan por los vados, la de carga y descarga, la instalación de terrazas por parte de los hosteleros, los contenedores de obra y los quioscos.

Por todo este asunto de la reclasificación de las calles, arremetió ayer la concejal de IU, Rosario Gualda, contra el Partido Popular, «ven fantasmas donde no los hay, se han confundido y confunden a la gente, hablan sin rigor», declaró la portavoz de la coalición.

Gualda consideró razonable la revisión del callejero del IAE pues no se ponía al día desde 1991 e insistió en que no afectará a la tasa de basuras, ni tampoco a los tributos que pagarán los particulares, «sólo incidirá sobre los comercios», aseveró. Recordó que el IAE sólo lo pagan empresas que facturan más de un millón de euros, «de las que no habrá más de 200 en Albacete», y defendió que «quien más tenga, más pague».

Polémica aparte, en Izquierda Unida comparten a rasgos generales la propuesta de política fiscal para 2008 que hoy el PSOE someterá al pleno. «Estamos de acuerdo con que se suba un 2,7%, que es el IPC», afirmó Gualda, que invitó al PP a que digan qué servicios deberían suprimirse o privatizarse si bajase la recaudación por la bajada de impuestos que piden.

Incógnita por el agua

No obstante, Gualda no desveló cuál será su voto hoy en el pleno, pues manifestó su intención de negociar hasta última hora con el PSOE en relación a la tasa del agua. En IU no están de acuerdo con que ésta suba por encima de un 9%, pues creen que no debería repercutirse en los ciudadanos la factura de 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento paga a Aguas del Júcar.

IU exigirá al PSOE que por vía judicial reclamen el derecho al abastecimiento que tiene la ciudad y, por tanto, planteen un pleito al Ministerio de Medio Ambiente exigiendo no pagar tasa alguna por el uso del trasvase y por coger agua del pantano de Alarcón.

El Ministerio de Medio Ambiente continúa su particular cruzada contra los intereses económicos de la Comunidad. Tras las furibundas críticas al modelo urbanístico y las discrepancias en materia de agua y trasvases, el departamento que dirige Cristina Narbona volvió ayer a la carga, esta vez a cuenta del turismo, pero con afectación en otros sectores.

El Gobierno dio a conocer ayer el contenido de un informe sobre el uso del agua en la economía española, en el que se aboga por implantar una «tarifa turística» que grave con mayor intensidad el consumo del líquido elemento en hoteles y segundas residencias.

El documento, presentado ayer en Valencia, concluye que si no se aplica dicho recargo, el aumento del turismo y la estacionalidad provocará un incremento del precio que «tendrá que aguantar la población residente».

No obstante, de acuerdo con el informe, el consumo turístico apenas representa el 23% del total del gasto de agua en la etapa estival de máxima afluencia de visitantes. Este porcentaje se reduce hasta el 6% en la temporada baja.

La media anual del consumo «turístico» se sitúa en el 11,8% del agua facturada para consumo humano en España -372 hectómetros cúbicos-.

En relación a los hoteles, Medio Ambiente cifra el gasto hídrico en 394 litros diarios, que en el caso de los establecimientos de cinco estrellas se eleva a 594.

Con todo, el Ministerio está por la labor de que se extienda el empleo de las tarifas diferenciada del agua, que en España únicamente se aplican en la localidad andaluza de El Ejido y en Palma de Mallorca. Para sus autores, «la estacionalidad del turismo complica la gestión del abastecimiento y tiene efectos sobre los precios».

El presidente de Hosbec, principal patronal del sector, Pere Joan Devesa, consideró que esta medida supondría «un paso más para acabar con el turismo, después de intentar lo mismo con la construcción».

El dirigente empresarial subrayó que aplicar una subida en las tarifas «está fuera de lugar y parece una broma, siempre que el Gobierno no explique qué alternativas tiene para sustituir la contribución económica del sector turístico». Para Devesa, «se trata de una irresponsabilidad que ahuyentará a los visitantes y beneficiará a otros destinos».

El presidente de los hosteleros de Valencia, Juan Carlos Gelabert, se mostró más tibio y partidario de «empezar a valorar la medida». En todo caso, recordó que los hoteles ya apuestan por un consumo razonable del agua y reclamó la complicidad para todas las Administraciones.

Turismo «depredador»

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -dependiente del Ministerio- ejerció de anfitriona del seminario donde se hizo público el estudio y su presidente, Juan José Moragues, aprovechó la coyuntura para cargar contra el «turismo depredador».

A su juicio, la actividad turística que consume social, económica y medioambientalmente los recursos no renovables «está abocado al fracaso» y supone «una irresponsabilidad para generaciones futuras».

En el foro organizado por la CHJ también salió a relucir el problema urbanístico, que la ministra Narbona situó como causante de las trágicas riadas acontecidas en Alicante. Sin embargo, y frente a estas posiciones hostiles, el sector de la construcción sigue dando síntomas de desaceleración que podrían tener un importante coste en términos laborales.

La necesidad de obra pública

En esta línea, el Instituto de Práctica Empresarial (IPE) advirtió ayer de la posible pérdida de entre 30.000 y 40.000 empleos en la Comunidad salvo que «se ponga de forma inmediata en carga la ejecución de nuevos proyectos de infraestructuras».

Los datos del informe elaborado por IPE alertan de la caída de los visados de viviendas en la Comunidad . En todo caso, estas cifras constatan que la región, en contra de la creencia generalizada y frente a las críticas del PSOE, ha perdido peso en relación a los proyectos visados e iniciados en España desde el año 2000 hasta el cierre del pasado ejercicio.

El proyecto gubernamental de las obras de modernización de la Comunidad de Regantes de Balazote-La Herrera beneficiará a 1.391 regantes y prevé la transformación del riego tradicional en riego presurizado de alta eficiencia y la instalación de nuevas redes de telecontrol remoto.

Francisco Rodríguez Mulero, presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur, S.A., empresa pública del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha presidido la primera comisión encargada del seguimiento de las obras de modernización de la Comunidad de Regantes de Balazote-La Herrera .

El proyecto de modernización de los regadíos de la Comunidad de Regantes Balazote La Herrera, prevé la transformación del riego tradicional en riego presurizado de alta eficiencia de una superficie de 5.349 hectáreas, beneficiando a 1.391 regantes pertenecientes a los municipios de Balazote, La Herrera, Lezuza y Albacete, y supone una inversión de 25’3 millones.

Objetivo. El objetivo de las actuaciones es optimizar la distribución y uso del agua, a fin de disminuir los costes de explotación y conseguir su utilización más eficiente. La obra se encuentra en la segunda fase de su elaboración.

Estas obras fueron declaradas de Urgencia por parte del Gobierno de España el año pasado a través del Plan de Choque 2006-2007 para la modernización de regadíos. La modernización de los regadíos de la CR Balazote-La Herrera permitirá ahorrar 9,48 hectómetros cúbicos de agua al año.

Seiasa de la Meseta Sur comprende en su ámbito de actuación las zonas regables de las comunidades de Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

El objeto de Seiasa de la Meseta Sur es la financiación de las obras de modernización y consolidación de los regadíos que se contemplen en su ámbito, del Plan de Regadíos.

La reserva hídrica se encuentra al 44% de su capacidad total, con 23.847 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que supone una disminución de 541 hm3 (1%) respecto a la semana anterior.

Según informó hoy el Ministerio de Medio Ambiente, la cuenca del Tajo ha perdido 230 hm3, mientras que la del Júcar ha aumentado en 9 hm3.

Los primeros lugares en cuanto a cantidad de agua embalsada los ocupan las cuencas de Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas), que se encuentran al 77,5%; las cuencas internas del País Vasco (76,2%), y la Norte II (Asturias y Cantabria), que está al 71,3%.

En el otro extremo se sitúan la Cuenca Mediterránea Andaluza (25,7%), la del Júcar (18,1%) y la del Segura (13,2%).