E l presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, anunció ayer que debido a la intensidad de las lluvias de los últimos treinta días la Comunidad Valenciana puede estar saliendo del ciclo seco que comenzó en 2005, pero reclamó, no obstante, una «gestión cautelosa» de los caudales de los ríos, pese a que la situación «es bastante mejor que la del año pasado». Según los datos de la Confederación del Júcar, los embalses de la cuenca almacenan esta semana un total de 617 hm 3 , lo que supone el 18,4% de su capacidad. Los tres pantanos del Júcar en Alicante -Beniarrés, Amadorio y Guadalest- embalsaban ayer 37 hm 3 , sobre una capacidad total de cincuenta y seis. La buena situación del Júcar contrasta con la del Segura -el presidente fuentes Fuentes Zorita ya ha advertido de que la sequía continúa- y la de los embalses de cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buendía-, punto donde arranca el trasvase Tajo-Segura, que contienen 359 hm 3 , ciento diecinueve sobre la reserva estratégica a partir de la cual no se puede enviar agua a la provincia.
Moragues, apuntó que «da la impresión» de que la Comunidad Valenciana «está saliendo de un ciclo hídrico seco» pero que requiere una «gestión cautelosa» de los caudales de sus ríos. El presidente de la CHJ realizó estas declaraciones durante un seminario sobre el cambio climático y agua que se celebra en la Universidad Politécnica de Valencia. Moragues admitió que «hasta el momento, el otoño es lluvioso y húmedo» pero «como suele ocurrir en el Mediterráneo, llueve muy fuerte en la costa y las tormentas no llegan más allá de 10 ó 15 kilómetros hacia el interior».
Acuatasa Por otro lado, Moragues recordó sobre los costes del agua, que «el 98% de un recibo del agua en cualquier ciudad de la Comunidad se paga al Ayuntamiento y al Gobierno autónomo», mientras que «el Ministerio de Medio Ambiente recibe tan sólo 0,2 céntimos de euro por cada metro cúbico de agua». Por tanto, el ministerio «no tiene ni competencias ni capacidad» en un tema «transferido en su gestión» como éste. Respecto a la posibilidad de establecer una «acuatasa» dijo no haber oído a nadie hablar en el Gobierno de España sobre ello. De esta forma, Moragues seguía el guión impuesto por la ministra Cristina Narbona que la semana pasada tuvo que corregir la propuesta lanzada por técnicos del Ministerio durante una jornada celebrada, precisamente, en la sede de la Confederación del Júcar.
Por otro lado, el director del Instituto Tecnológico del Agua, Enrique Cabrera, y el director del Centro de Estudios Hidrográficos, Juan Manuel Ruiz, coincidieron en afirmar que «hay signos claros» de que el cambio climático es real y previeron que, como consecuencia, se espera «un descenso de las precipitaciones medias en la Comunidad y un aumento de temperaturas». Cabrera subrayó que «en la ONU, 2.000 científicos de todo el mundo tienen consenso absoluto en los grandes signos del cambio climático». De hecho, «se está experimentando una disminución en la masa de hielo en la tierra, el Polo Norte ha tenido el mínimo histórico hace un mes» y se prevé «un crecimiento de las temperaturas».
Manuel Ruiz descartó los trasvases y la desalación como soluciones a la falta de agua. Sobre los primeros dijo que «llevan aparejados problemas sociales, políticos y un escenario vulnerable también en otras cuencas de donde se quiere traer agua, pues también van a estar impactadas por el cambio climático». A su vez, la desalación tiene el «riesgo de que hace depender el consumo del agua de un consumo eléctrico intensivo». Este experto apeló a la mejora del aprovechamiento de los recursos actuales.
Adena solicitó ayer a la Generalitat que revise los planes de ordenación urbanística del litoral con el fin de evitar que se repitan en un futuro los impactos de las avenidas por lluvias torrenciales en las miles de viviendas que ocupan cauces.

La preocupación por el cambio climático se ha metido en el salón de casi todos los hogares españoles es los últimos años. Prueba de ello es que el que fuera candidato a la presidencia de Estados Unidos, reconvertido en gurú de la protección del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático en todo el mundo, Al Gore, ha recibido los dos galardones más prestigiosos del planeta, el Príncipe de Asturias a la Concordia y el Nobel de la Paz, como reconocimiento a la tarea que está desarrollando.

El cambio climático tiene muchas manifestaciones, desde el aumento de temperaturas, el incremento drástico o el descenso de las precipitaciones en determinadas zonas, o el imparable avance del desierto, todo ello casi siempre acompañado de la mano del hombre que contribuye, y mucho, a la erosión del suelo con urbanizaciones sin control, a la escasez del agua con una mala utilización del líquido elemento o a la deforestación de los pulmones del planeta. Es precisamente todo lo relacionado con la escasez de agua y con la desertificación lo que más afecta a Castilla-La Mancha y a toda España en general, y buena prueba de ello es la preocupación de las administraciones públicas que ya están aplicando medidas para paliar el avance del desierto en todo el territorio nacional, al margen de todas aquellas medidas que se están llevando a cabo para reducir las emisiones de gases a la atmósfera como principal elemento contaminante del mundo.

Mapa de riesgos

Una de esas medidas ha sido la elaboración, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, de un mapa de riesgos de desertificación de toda España en el que la provincia de Albacete no sale muy bien parada.

Según este mapa de riesgo, en torno al 80% del territorio de la provincia tiene un riesgo alto o muy alto de desertificación. Las zonas con mayor riesgo de toda la provincia se encuentran en el este y en el sur de la provincia. La comarca de Almansa (con Caudete, Montealegre del Castillo, Alpera, Bonete, Higueruela o la propia localidad de Almansa como las más afectadas) y una franja que discurre desde la sierra de Alcaraz (Bienservida, Villapalacios y Alcaraz, entre otros) hasta la comarca de Hellín (el riesgo existe tanto en esta localidad como en Tobarra o en Pozohondo entre otros municipios) atravesando la parte más al norte de la Sierra del Segura (como Ayna, Liétor o Peñas de San Pedro, entre otros) son las zonas que presentan un mayor riesgo. Todas estas zonas de la provincia están calificadas con un riesgo muy alto de desertificación por el estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Pero hay otra importante área de la provincia que presenta un riesgo alto de desertificación y que afecta a toda la zona centro (con la capital incluida). De hecho, la mayor parte del territorio provincial presenta un riesgo alto de desertificación y afecta a Albacete, Chinchilla, toda la zona de La Manchuela y otros municipios del centro de la provincia.

Las zonas con menor riesgo de desertificación de todo Albacete son la zona noroccidental con Villarrobledo, Ossa de Montiel, El Bonillo o Munera como municipios menos afectados; y a la zona más meridional con pueblos como Yeste o Nerpio. Estas dos zonas presentan un riesgo medio de desertificación. Pero Medio Ambiente ha establecido otros dos niveles de riesgo el bajo, que afecta a puntos muy concretos en la zona sur de la Península y a grandes extensiones de Castilla y León; y un riesgo nulo que afecta a toda la cornisa cantábrica y pirenaica y grandes áreas del norte y del oeste peninsular.

Este mapa tiene en cuenta parámetros como los incendios forestales que potencian la erosión al perder la cubierta vegetal, la erosión hídrica y el índice de aridez, asociado al clima y a las precipitaciones.

¿Qué se está haciendo para paliar esta situación y frenar el avance del desierto en la provincia? El Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo un Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, que también repercute en la provincia de Albacete, «que sobre todo por el índice de aridez es una de las zonas más complicadas de Castilla-La Mancha», admite el director general de Política Forestal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Ignacio Nicolás.

Acciones

Para combatir los riesgos de la desertificación los esfuerzos se orientan hacia cuatro tipo de acciones, la prevención de incendios forestales, las políticas de hidrología, las políticas de conservación de suelo y las orientadas a combatir el cambio climático, «una suma de pequeñas actuaciones que inciden fundamentalmente sobre el clima y sobre los índices de aridez».

Las inversiones en materia de hidrología, que son cofinanciadas entre el Ministerio y la Junta, se centran fundamentalmente en la provincia de Albacete «por las particularidades que tiene», admitió el director general de Política Forestal. Así, explicó que se están realizando cuatro proyectos en Albacete con una inversión superior a los tres millones de euros orientados a la repoblación de suelos forestales o la realización de tratamientos selvícolas para mejorar las masas forestales que sirvan de contención de suelos.

Esa inversión también se destina a obras de hidrotécnica, que son infraestructuras que se llevan a cabo en los cauces más erosionados de mampostería hidráulica o gavionada con el objetivo de frenar la velocidad del agua cuando hay tormentas y paliar la erosión del suelo. Actualmente se están ejecutando obras sobre 9.620 metros cúbicos que se centran en las zonas con mayor riesgo de desertificación.

Además, se realizan actuaciones de conservación de suelos en los términos municipales de Hellín, Albatana, Villamalea, Fuenteálamo, Tobarra, Ontur, Chinchilla y Pétrola, donde ya hay planes enmarcados en el programa nacional que contemplan actuaciones durante varios años para que, a través de los ayuntamientos, se lleven a cabo actuaciones para evitar la pérdida de suelo y que están orientados fundamentalmente a terrenos de carácter agrícola.

Y es que en ocasiones se ha acusado a la agricultura de ser una de las mayores causantes de la erosión de los suelos, «pero es perfectamente compatible una agricultura realizada de forma sostenible, sin grandes consumos de agua, con el objetivo de la lucha contra la desertificación».

Estrategia global

El director general de Política Forestal recordó que el Gobierno regional está consensuando en la actualidad una estrategia global en la lucha contra el cambio climático «con toda la sociedad de Castilla-La Mancha, para poder llevar a cabo nuestra aportación a mitigar los efectos que tenga».

Y, ¿cómo ha evolucionado el avance de la desertificación en Albacete? Una de los valores tangibles que demuestran el avance de la desertificación es la pérdida de suelo que se mide en toneladas por hectárea y por año. Según los datos aportados por el director general de Política Forestal, en Castilla-La Mancha con unas pérdidas inferiores a doce toneladas por hectárea y por año (un riesgo bajo) está la mayoría del territorio, 3.274.000 hectáreas. Con pérdidas de doce a cincuenta toneladas, que representa un riesgo medio y alto de desertificación, hay en la Región 1.880.000 hectáreas. Las zonas más complicadas, con pérdidas superiores a las cincuenta toneladas por hectárea y año, hay en la Comunidad 971.000 hectáreas, de los que la mitad está en la provincia de Albacete. «Estos datos se mueven muy poco año a año -admitió Nicolás-, pero se verán cuando pasen 20 ó 50 años». Junto a Albacete, también en el sur de la provincia de Ciudad Real hay una zona con «estados erosivos complicados».

El director general de Mejora de Explotaciones Agrarias, Juan Manuel Suárez, ofreció una ponencia sobre “Medidas agrarias en el Plan Especial del Alto Guadiana”, en el marco de la Jornada que ha organizado la Comunidad General de Usuarios del Acuífero de La Mancha Occidental sobre la “Situación actual, real y burocrática del Acuífero 23”, que ha tenido lugar en Tomelloso (Ciudad Real).

Suárez comenzó su intervención haciendo mención a la importancia del Plan Especial del Alto Guadiana, porque con su aplicación se contribuirá especialmente al “desarrollo sostenible de los usos agrícolas y económicos de la zona”, ya que permitirá la corrección de un déficit hídrico estructural existente en la actualidad.

En el transcurso de su ponencia, el director general recordó que la actividad agraria de la Mancha Occidental tiene un gran impacto socioeconómico sobre la zona y supone el sustento de la renta de numerosas familias.

A lo largo de los últimos años, el regadío ha permitido una mayor generación de riqueza, empleo, fijación de la población y vertebración del territorio, pero a costa de comprometer las posibilidades de desarrollo en el futuro, el abastecimiento urbano, la calidad de las aguas y tras haber dañado parajes de un alto valor medioambiental.

Por todo esto, el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias aseguró que la puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana es absolutamente necesaria, “porque va a suponer estabilidad, seguridad y garantía de futuro: estabilidad para los agricultores, porque se va a poner orden en una situación que hasta ahora generaba dudas todos los años; seguridad porque el Plan Especial del Alto Guadiana sirve para preservar el agua para el futuro y contribuirá a dedicar los recursos justos y necesarios para el sector agrario; y futuro, porque asegura las rentas de nuestros agricultores”.

Además, Suárez abordó los ejes sobre los que debe girar el modelo agrario en la zona. El Plan Especial del Alto Guadiana consta de una serie de medidas generales y otras específicas de índole hídrica, ambiental, agrícola y de reconversión socio-económica, pensadas para que sirvan de apoyo a las medidas generales y garanticen su viabilidad, aplicación y efectividad.

En este apartado, el director general señaló que una de las medidas específicas, que tiene una financiación de 940 millones de euros, es el programa de reconversión agrícola que cuenta entre sus directrices más importantes con “un aumento de la eficiencia en la gestión y uso del agua disponible, el desarrollo de un modelo de gestión de los recursos hídricos y la puesta en marcha de un programa de apoyo a la agricultura de secano, para aquellos que se acojan al sistema de venta de derechos de agua al banco creado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, combinando las medidas agroambientales con las de apoyo a zonas agrarias desfavorecidas, y potenciando la agricultura ecológica”.

Además, se establecen medidas de modernización de los regadíos y otras encaminadas a la diversificación de nuestra agricultura y de la industria agroalimentaria de la zona.

La Consejería de Agricultura cree firmemente que en la agricultura de esta zona, con el apoyo de todos los agentes sociales implicados en el Alto Guadiana, se puede conseguir el desarrollo sostenible de 125.000 hectáreas con 200 hm3 asignados.

El Ministerio de Medio Ambiente prevé declarar reservas fluviales en las cabeceras de los ríos pertenecientes a las ocho cuencas hidrográficas de competencia estatal para preservar vírgenes los ecosistemas de esos mismos espacios naturales.

De esas cuencas hidrográficas, varias cabeceras pertenecen al territorio de Castilla-La Mancha, como el Tajo, el Guadiana, el Júcar y , dentro de Albacete, el Segura, cuyo curso alto discurre por las sierras de la provincia.

Así lo anunciaba recientemente el director general del Agua, Jaime Palop. En un acto ceelbrado en Madrid, explicaba que se trata de declarar esas reservas fluviales en la cabeceras de los ríos, donde la presión humana es mínima, con el objetivo de mantener los ecosistemas, como ya se ha hecho en Estados Unidos.

Aseguró que el Gobierno quiere llegar a un acuerdo con las demás administraciones implicadas y ya se están llevando a cabo las primeras conversaciones, por lo que el plazo para culminar este proyecto «dependerá de lo que tardemos en construir un consenso».

Palop ha incidido en que la declaración de una reserva fluvial en la cabecera de un río tiene como objetivo «dejar virgen esos espacios naturales para que las generaciones futuras». «Se trata de que el agua corra libremente -prosiguió- para que cuando llueva corra y cuando haya sequía, se quede prácticamente seco».

El director general reconoció que la declaración de una reserva fluvial «limita el crecimiento y el desarrollo de determinadas zonas», motivo por el cual el Ministerio no puede llevarlo a cabo unilateralmente sino que debe consensuarlo con las comunidades autónomas.

La declaración de reservas fluviales está previsto en la Ley del Plan Hidrológico Nacional, por lo que no sería necesario una reforma de la Ley de Aguas.

E l Consell y el Ministerio de Medio Ambiente han agotado definitivamente la vía política para buscar una solución que desbloquee el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó tras el fracaso de la última reunión celebrada a principios de esta semana en Madrid entre altos cargos del departamento que dirige Cristina Narbona y de la Conselleria de Agua. En la misma volvió a quedar claro que las posturas divergentes no tienen solución debido a que el Ministerio considera ya innegociable el cambio del nuevo trazado que comenzó a construirse el 20 de julio y del que, según Aguas del Júcar, está en marcha el 50% -tramitación y obras-.
Medio Ambiente asegura que tiene usuarios -Confederación Hidrográfica del Júcar- y se siente completamente legitimizado por el respaldo que ha recibido desde la Unión Europea, por lo que en el encuentro rechazó los argumentos de los enviados de la Generalitat, que trataron de explicar los beneficios económicos y sociales – apoyo de la Junta Central de Usuarios- que tendría el traslado de la toma del agua del Azud de la Marquesa al de Antella, donde los informes técnicos aseguran que el caudal sirve tanto para el regadío como para el consumo humano, opción que sí convence a los usuarios de Alicante, dispuestos desde hace meses a renunciar a que el agua llegue desde Cortes de Pallás. La negociación política quedó archivada -la legislatura está en su recta final- y, en estos momentos, la Junta Central y el Consell sólo confían en que prospere alguno de los recursos judiciales que tienen presentados en Madrid y Valencia contra la adjudicación de las polémicas obras y, posteriormente, contra el inicio. La Junta ha presentado ya la reclamación patrimonial por la que pide al Estado cerca de 100 millones de euros en concepto de los daños y perjuicios que, según los usuarios, les ha provocado la paralización de las obras del proyecto original en 2005 y el posterior cambio del proyecto.
La primera demanda se presentó hace un par de semanas en un juzgado de Madrid para reclamar los 752.283 euros pagados por los usuarios entre 2003 y 2006 por diferentes conceptos, entre los que destacan, la comisión de apertura del fallido crédito sindicado de 75 millones de euros que acordaron con la CAM y otras entidades de ahorro para aportar su participación económica en las obras del proyecto original Cortes-Villena. La Junta entiende que la deuda de 43 millones de euros a 30 de septiembre de 2005 que en su día les reclamó Aguas del Júcar por certificaciones del proyecto «no tiene ningún sentido cuando la sociedad estatal cambió el trazado de forma unilateral y sin contar para nosotros. Incluso nos expulsaron del consejo de administración con lo que sólo faltaba ahora que tuviéramos que pagar por una obra que no nos hacen, sería surrealista». Aguas del Júcar había llegado a un acuerdo con los usuarios para que la deuda se pagara vía tarifas cuando llegara el agua. La ruptura de relaciones entre la Junta y la sociedad estatal dio al traste con los acuerdos y anunció el comienzo de la guerra del agua que ha llevado el proyecto a los juzgados.
Los usuarios consideran que su iniciativa tiene argumentos legales suficientes para plantear la denuncia desde el pasado 22 de junio cuando la ministra Cristina Narbona firmó la autorización para el comienzo de las obras en el tramo «C» del nuevo trazado, lo que dio pie a la existencia de un primer documento oficial para reclamar daños y perjuicios a Patrimonio del Estado.
La Junta Central ha intentado acercar posturas con el Ministerio en los últimos meses renunciando incluso a la toma en Cortes de Pallás, si Aguas del Júcar trasladaba la captación del agua desde el Azud de la Marquesa al de Antella. No ha habido respuesta ni de Madrid ni de Valencia al insistir el Ministerio en que la decisión del cambio de trazado fue técnica, los mismos argumentos que trasladaron los altos cargos del Ministerio al Consell en la reunión de principios de semana.
Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aprobará junto a sus homólogos europeos el martes en Luxemburgo un conjunto de medidas para paliar la escasez de agua. El texto que se aprobará contempla todas las opciones: trasvases, reutilización de aguas residuales y la desalación de agua del mar.

L a ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, optó ayer por rectificar y enmendar la plana a sus técnicos y a la Confederación del Júcar, asegurando que la propuesta para crear una tasa que grave el consumo de agua en el sector turístico no está ahora sobre la mesa. De esta forma, la responsable de la política hídrica del Gobierno central, la ministra más cuestionada en Alicante, trataba de amortiguar la catarata de críticas que le llovieron desde el sector turístico de la Costa Blanca y el PP tras hacerse público el contenido de un informe realizado por sus técnicos en el que se apuesta porque hoteles y propietarios de la denominada segunda residencia -vivienda turística- paguen más cara el agua que consumen.
Narbona decidió no airear más una nueva polémica abierta desde su Ministerio -hace dos semanas vinculó al desarrollo urbanístico de la Comunidad Valenciana con las inundaciones en la Marina Alta- y subrayó desde Madrid que el debate sobre la «acuatasa» no está abierto. La ministra eludió, sin embargo, comentar el contenido del informe de sus técnicos y dijo que será en el ámbito de la planificación hidrológica de cada cuenca en el que se analizarán las medidas para cumplir la exigencia europea de acercar el precio del agua a sus verdaderos costes.
La patronal hotelera de la Costa Blanca -Hosbec y Asociación Provincial- rechazó, por su parte, con contundencia la propuesta lanzada por el Ministerio de crear un tasa de agua especial que grave el consumo hídrico del turismo, en concreto de los hoteles y la segunda residencia, tal como figura en el estudio «El uso del agua en la economía española. Situación y Perspectivas», hecho público el miércoles en una jornada celebrada en la Confederación Hidrográfica del Júcar donde el propio presidente, Juan José Moragues, llegó a revelar la existencia de un «turismo depredador» que consume social, económica y medioambientalmente los recursos no renovables. Pere Joan Devesa, presidente de Hosbec -asociación que gestiona 43.000 plazas hoteleras en la Costa Blanca- tildó la idea de «absurda e irresponsable» y cuestionó que «independientemente de que se lleve a efecto el ruido es malo y puede tener efectos negativos en un sector que sólo en la provincia de Alicante genera miles de millones de euros a las arcas del Estado». Javier Luri, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles -diez mil plazas- y circustancialmente de la Federación Valenciana, consideró «injusto este nuevo ataque al sector hotelero apoyado en unos datos de consumos de agua que no sabemos ni de dónde los ha sacado el Ministerio. A veces pienso que los técnicos de Medio Ambiente en vez de trabajar para la ministra, trabajan contra la ministra».
El planteamiento de Medio Ambiente -matizado ayer por la propia ministra- llega, además, en un momento de recuperación del turismo de la Costa Blanca, uno de los «motores» económicos de la provincia que, además, se ha salvado de la crisis hipotecaria que sacude a la construcción. «No me explico cómo pueden lanzarse propuestas como la de crear una tasa para el agua que consumimos cuando va en contra, además, de la competitividad de un sector estratégico para la provincia y España y en plena lucha con destinos como el Caribe, Túnez, Marruecos donde todo son facilidades. Aquí nos quieren freír con una nueva tasa, cuando las empresas pagamos más impuestos que la media de la UE».
El presidente de Hosbec negó, por otro lado, que los hoteles derrochen agua. «Somos pioneros en fomentar un consumo responsable e invito a quien quiera a visitar los establecimientos. Además, si tanto consume el turista español que viene a nuestros hoteles, por qué no nos trasvasan el agua que deja de utilizar en su ciudad y lo mismo pasa con el turismo residencial, el que se aloja en una vivienda aquí, dejará de consumir agua allí».
Pere Joan Devesa recordó que Benidorm tiene congelado el consumo hídrico -12 hm 3 al año- desde hace varias temporadas «y seguimos creciendo en pernoctaciones». También lanzó otra reflexión: «Han hecho los técnicos del Ministerio un estudio sobre el coste que puede acarrear para los hoteles que ya trabajamos con los precios ajustados la nueva tasa, los puestos de trabajo que perderían en el caso de que dejaran de venir turistas; ¿tienen pensado un alternativa ».
Por su parte, Javier Luri, subrayó que «los hoteleros hemos sido pioneros en implantar medidas para proteger el medio ambiente en nuestros establecimientos y, además, el debate del agua no existe en el turismo porque los propios turistas son muy respetuosos con el medio. Sólo falta ya que se pongan trabas a la única industria que funciona bien ahora mismo».
El «lobby» empresarial Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) alertó ayer de una posible ralentización de la actividad turística de cara al cierre del año, que contrastaría con el repunte que ha protagonizado este verano debido al buen funcionamiento principalmente de los destinos urbano. Exceltur estimó en su informe de coyuntura que este año se alcanzarán los 60 millones de turistas extranjeros al finalizar el año, aunque subrayó que no serán suficientes para incrementar los ingresos en términos reales que revierten a España, que se mantendrán «en el mejor de los casos» o caerán un 0,3%.
Por lo tanto, según Exceltur la mayor llegada de turistas extranjeros y el estancamiento previsto de sus ingresos en términos reales provocará «un año más» que el ingreso medio por cada turista extranjero, descontada la inflación, vuelva a reducirse esta vez en un 3% hasta los 622 euros.
Las expectativas para el cuarto trimestre del año de los empresarios turísticos también son cautelosas. El 48% de los empresarios espera mantener sus beneficios entre octubre y diciembre, mientras que un 25,5% descuentan caídas y un 26,5%, moderados crecimientos. De momento, el invierno se presenta favorable para la Costa Blanca.

Castelló Los embalses de la provincia rozan el cincuenta por ciento de su capacidad tras las intensas lluvias de las últimas horas, un dato muy superior al de octubre del pasado año, cuando se encontraban en un alarmante 18,21%, según información facilitada ayer por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Las fuertes precipitaciones alejan de momento el fantasma de la sequía, según explicó ayer el catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda. «El último quinquenio esta registrando valores normales de lluvias, lo que contribuye a que los embalses se estén llenando gracias a la filtraciones del subsuelo y al agua que cae sobre ellos directamente» , aseguró.
Los expertos consideran que el régimen pluviométrico debe alcanzar una media de 300 litros anuales en Castelló para situarse en niveles normales. En septiembre la media fue de 70 litros y en lo que va de octubre más de 100. Según los medidores pluviométricos, en lo que va de año, y tras las lluvias que han caído, ha llovido ya el 75% del total anual. « Es decir, nos falta entre un 20 y un 25 por ciento para estar en la media e incluso creo que al final estaremos por encima de los valores normales» , explicó Quereda.
Las precipitaciones están siendo las que deben ser en esta época del año, incluso se puede decir que está lloviendo como llovía hace décadas, cuando eran jóvenes nuestros abuelos. «Sí, como cuando el abuelo decía hoy no puedo entrar en el campo – dice Quereda – . Otro problema es el grado de consumo que estamos teniendo. Si llueve pero consumimos por encima de nuestras posibilidades es como cuando la paga se nos queda corta», subraya .
Si se echa un vistazo a las tablas estadísticas de los últimos tres años, se puede comprobar que 2007 será uno de los más lluviosos.
La primera semana de octubre de 2005 los embalses estaban al 21,68%; en el mismo periodo de 2006 llegó al 20,44% y la primera semana de octubre de este año el nivel alcanzaba el 46,95%.
La estadística también resulta reveladora examinando la segunda semana. En el año 2005 el nivel de agua embalsada se situó en el 20,96%; un año más tarde fue del 19,80%; y en 2007 ha sido del 47,57%.
La tercera semana del mes de octubre de 2005 los embalses almacenaban un 20,83%; en 2006 un 18,7%; y en 2007 los índices han superado el 47% de capacidad, según las fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El canon que pagan los albaceteños al Ministerio de Medio Ambiente por beber agua del Júcar y la tasa que les cobra el Ayuntamiento de Albacete por recoger la basura, serán cuestionadas en los tribunales, aunque por motivos muy diferentes.

En un tedioso y larguísimo pleno, -más de seis horas-, el debate sobre los impuestos y tasas que pagarán los albaceteños en 2008 se zanjaba con el anuncio de estos dos pleitos.

Uno de ellos, el relativo al que se paga porque llegue el agua del pantano de Alarcón y a través del trasvase, lo hacía el propio alcalde, Manuel Pérez Castell.

«Que conste en acta -dijo el alcalde- mi compromiso a agilizar el encargo a la Universidad de Castilla-La Mancha de un recurso judicial ante el Ministerio de Medio Ambiente contra el pago de un canon por el abastecimiento de la ciudad, en base a una ley de 1971, por la que se puso en marcha el trasvase, que reconocía ese derecho de abastecimiento a la ciudad».

El agua, un 9,4% más

Ya en 2003, Pérez Castell había declarado su intención de pleitear para que la ciudad no tuviese que pagar por beber agua del Júcar y en 2005 encargó un estudio a la Universidad regional para saber si existía base jurídica para ello. Estudio del que nunca más se supo.

Ayer, el mandatario socialista prometía acudir a los tribunales, logrando así que la concejal de IU, Rosario Gualda, se abstuviese, en lugar de votar en contra, a la hora de aprobar la tasa del agua para 2008, que experimentará una subida de un 9,4%.

Y es que, Gualda, -cuyo voto en este mandato tiene el valor extra de romper el empate entre el PSOE y el PP-, advirtió a los socialistas de que si no hacían algo para reclamar ese «derecho histórico a un uso gratuito del Júcar», votarían en contra de esta subida que consideran «excesiva». Sólo este año, los albaceteños, a través del recibo, pagarán 1,5 millones de euros por este canon.

El callejero de la basura

El anuncio del otro pleito, el de la tasa de la recogida de basuras, lo hacía el concejal del PP, Juan Carlos López Garrido, al no conseguir que PSOE e IU aceptaran su petición de que esta ordenanza fiscal se quedase sobre la mesa. Esta tasa subirá un 2,7%, es decir, el IPC; y no un 100% como según denunció el PP iba a subir en algunas calles como consecuencia de una revisión del callejero fiscal. Esta denuncia del PP se debió a un error de López Garrido que, según se justificó ayer en el pleno, se debió a que en los libros de Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento no se había incorporado el callejero específico para el cobro de la tasa de basuras pues, hasta en el Servicio de Gestión de Ingresos, desconocían su existencia.

Así, el PP exigía ayer que mientras no se averiguase cuándo, cómo y dónde había sido aprobado oficialmente dicho callejero, no se diese luz verde a la tasa de basuras de 2008; algo a lo que se negaron PSOE e IU que dieron plena validez a dicho callejero que se viene utilizando «como mínimo, desde 1979».

La palabra del secretario

Esta fecha la constató el propio secretario, quien opinó que «carece de fundamento» poner en duda la legalidad del mismo, aunque no pudo concretar cuándo se había aprobado. Incluso, recordó que en 1997, cuando un gobierno del PP adjudicó a Aquagest el servicio del agua, entregó a la empresa ese mismo callejero para que se hiciese cargo del cobro de las basuras.

Aún así, y para evitar posibles dudas, los concejales socialistas y la edil de IU ratificaron dicho callejero, lo que llegó a López Garrido a anunciar un pleito en los tribunales.

PSOE e IU insistieron en que toda esta polémica no era más que una «cortina de humo» y una «maniobra de distracción» del PP para «salvar sus vergüenzas» y ocultar su error, «¿a qué juega, a buscar claridad o a enredar más?», preguntó el concejal de Hacienda, Antonio Martínez, al concejal del PP «quien ahora pretende culparnos de su error a todos, a los 27 concejales y a los 1.200 funcionarios».

López Garrido negó haber errado «nosotros no nos hemos equivocado, -aseveró- son ustedes los que ponen sobre la mesa un callejero del que nadie conocía su existencia».

El presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur, Francisco Rodríguez, presidió ayer la primera comisión de seguimiento de las obras de modernización de la Comunidad de Regantes de Balazote-La Herrera, que beneficiarán a 1.391 regantes.

El proyecto prevé la transformación del riego tradicional en riego presurizado de alta eficiencia de una superficie de 5.349 hectáreas, y supone una inversión de 25,3 millones de euros, y permitirá ahorrar 9,48 hectómetros cúbicos de agua al año. La obra se encuentra en la segunda fase de su elaboración y fueron declaradas de Urgencia por el Gobierno de España el año pasado.

Los habitantes de la Ribera estarán más seguros ante el riesgo de las temidas inundaciones en el horizonte de 2013 ó 2014 según las previsiones que tiene la Confederación Hidrográfica del Júcar para las actuaciones en el Plan Global frente a las inundaciones de la comarca.

El director de esta ambicioso planeamiento, Pepe López, adelantó ayer en Algemesí, que si todo sigue su cauce norma, los proyectos de las presas de laminación de los ríos Sellent y Cáñoles en Estubeny y Montesa podrían estar acabados en el primer trimestre de 2008.

«Estas obras podrían comenzar en 2009 con una duración de unos tres o cuatro años», señaló. López también explicó que estos pantanos tendrían una capacidad de unos 40 ó 45 millones de metros cúbicos.

Pero, además de estas dos grandes obras, el plan global también tiene un eje muy importante en «conseguir un drenaje suficiente para el río Júcar» y esto se consigue con dos actuaciones más: una que iría desde Carcaixent hasta la AP-7 y otra en la margen sur del Júcar.

Estas dos actuaciones tienen una complejidad de tramitación más compleja y los proyectos podrían estar redactados a final de 2008. A partir de ahí ya se debe tener en cuenta la programación presupuestaria y de disponibilidad del Gobierno.

Por otra parte, además se van a encauzar barrancos como el Barxeta (causante de las últimas inundaciones en Rafelguaraf y Cogullada), Murta o Casella.

Para Pepe López, el objetivo es conseguir que el Júcar esté en condiciones de recibir toda el agua que llevan estos barrancos. «Si llegara una avenida de unos 2.200 metros cúbicos por segundo, algo que no es raro, se quedarían en 1.600 metros cúbicos al tener estas infraestructuras acabadas y, además lo más importante es que el agua tardaría menos tiempo en desaguar», dijo. También se actuará en el azud de la Marquesa para evitar la salinización del Júcar y otras actuaciones.