Más difícil todavía. El concejal del PP, Juan Carlos López Garrido, desveló ayer a última hora un informe de la jefa del Servicio de Gestión de Ingresos, Llanos González, fechado ayer mismo, en el que explica que la tasa de basuras se cobra de acuerdo a un callejero específico y admite que «erróneamente» ella creía que el callejero aplicable era el relativo a las ocupaciones de la vía pública.

Esa misma creencia errónea, fue la que llevó al concejal del PP a calcular que la tasa de basuras para el año 2008 iba a subir hasta un 100% en algunas calles, tras la unificación de dicho callejero con el del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que ahora se ha revisado reclasificando muchas vías públicas.

Tras las declaraciones del concejal de Hacienda, Antonio Martínez, negando que dicho callejero fuera el aplicable a la tasa de basuras, el concejal del PP solicitó este informe, encontrándose con una «sorpresa mayúscula». Y es que, no sólo han descubierto que existe un callejero específico que no se publicaba junto a las ordenanzas fiscales, sino que la jefa del servicio dice que «no ha sido posible averiguar la fecha de aprobación» del mismo por el pleno «ni obtener copia de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia».

«Nosotros hemos sido rigurosos», declaró López Garrido, «pero es evidente que nadie sabía de la existencia de este callejero, a quien se le debe exigir más rigor es al PSOE y al concejal de Hacienda, sobre todo, a la hora de elaborar los expedientes y de dotar de seguridad jurídica a todos los que pagamos nuestros impuestos».

Por estos motivos, hoy, en el pleno, el PP pedirá al PSOE que deje sobre la mesa la tasa de recogida de basuras, pues «legalmente ahora no sabemos por qué una calle es de 1ª o de 2ª categoría».

Subidas desmesuradas

Además, los populares han presentado un voto particular exigiendo al equipo de gobierno que retire la derogación del callejero de ocupación de la vía pública y su unificación con el del IAE, que conlleva el aumento de categoría fiscal de «al menos 360 vías públicas». Esta reunificación supondrá «aumentos desmesurados» en la tasa que los ciudadanos pagan por los vados, la de carga y descarga, la instalación de terrazas por parte de los hosteleros, los contenedores de obra y los quioscos.

Por todo este asunto de la reclasificación de las calles, arremetió ayer la concejal de IU, Rosario Gualda, contra el Partido Popular, «ven fantasmas donde no los hay, se han confundido y confunden a la gente, hablan sin rigor», declaró la portavoz de la coalición.

Gualda consideró razonable la revisión del callejero del IAE pues no se ponía al día desde 1991 e insistió en que no afectará a la tasa de basuras, ni tampoco a los tributos que pagarán los particulares, «sólo incidirá sobre los comercios», aseveró. Recordó que el IAE sólo lo pagan empresas que facturan más de un millón de euros, «de las que no habrá más de 200 en Albacete», y defendió que «quien más tenga, más pague».

Polémica aparte, en Izquierda Unida comparten a rasgos generales la propuesta de política fiscal para 2008 que hoy el PSOE someterá al pleno. «Estamos de acuerdo con que se suba un 2,7%, que es el IPC», afirmó Gualda, que invitó al PP a que digan qué servicios deberían suprimirse o privatizarse si bajase la recaudación por la bajada de impuestos que piden.

Incógnita por el agua

No obstante, Gualda no desveló cuál será su voto hoy en el pleno, pues manifestó su intención de negociar hasta última hora con el PSOE en relación a la tasa del agua. En IU no están de acuerdo con que ésta suba por encima de un 9%, pues creen que no debería repercutirse en los ciudadanos la factura de 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento paga a Aguas del Júcar.

IU exigirá al PSOE que por vía judicial reclamen el derecho al abastecimiento que tiene la ciudad y, por tanto, planteen un pleito al Ministerio de Medio Ambiente exigiendo no pagar tasa alguna por el uso del trasvase y por coger agua del pantano de Alarcón.

El Ministerio de Medio Ambiente continúa su particular cruzada contra los intereses económicos de la Comunidad. Tras las furibundas críticas al modelo urbanístico y las discrepancias en materia de agua y trasvases, el departamento que dirige Cristina Narbona volvió ayer a la carga, esta vez a cuenta del turismo, pero con afectación en otros sectores.

El Gobierno dio a conocer ayer el contenido de un informe sobre el uso del agua en la economía española, en el que se aboga por implantar una «tarifa turística» que grave con mayor intensidad el consumo del líquido elemento en hoteles y segundas residencias.

El documento, presentado ayer en Valencia, concluye que si no se aplica dicho recargo, el aumento del turismo y la estacionalidad provocará un incremento del precio que «tendrá que aguantar la población residente».

No obstante, de acuerdo con el informe, el consumo turístico apenas representa el 23% del total del gasto de agua en la etapa estival de máxima afluencia de visitantes. Este porcentaje se reduce hasta el 6% en la temporada baja.

La media anual del consumo «turístico» se sitúa en el 11,8% del agua facturada para consumo humano en España -372 hectómetros cúbicos-.

En relación a los hoteles, Medio Ambiente cifra el gasto hídrico en 394 litros diarios, que en el caso de los establecimientos de cinco estrellas se eleva a 594.

Con todo, el Ministerio está por la labor de que se extienda el empleo de las tarifas diferenciada del agua, que en España únicamente se aplican en la localidad andaluza de El Ejido y en Palma de Mallorca. Para sus autores, «la estacionalidad del turismo complica la gestión del abastecimiento y tiene efectos sobre los precios».

El presidente de Hosbec, principal patronal del sector, Pere Joan Devesa, consideró que esta medida supondría «un paso más para acabar con el turismo, después de intentar lo mismo con la construcción».

El dirigente empresarial subrayó que aplicar una subida en las tarifas «está fuera de lugar y parece una broma, siempre que el Gobierno no explique qué alternativas tiene para sustituir la contribución económica del sector turístico». Para Devesa, «se trata de una irresponsabilidad que ahuyentará a los visitantes y beneficiará a otros destinos».

El presidente de los hosteleros de Valencia, Juan Carlos Gelabert, se mostró más tibio y partidario de «empezar a valorar la medida». En todo caso, recordó que los hoteles ya apuestan por un consumo razonable del agua y reclamó la complicidad para todas las Administraciones.

Turismo «depredador»

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -dependiente del Ministerio- ejerció de anfitriona del seminario donde se hizo público el estudio y su presidente, Juan José Moragues, aprovechó la coyuntura para cargar contra el «turismo depredador».

A su juicio, la actividad turística que consume social, económica y medioambientalmente los recursos no renovables «está abocado al fracaso» y supone «una irresponsabilidad para generaciones futuras».

En el foro organizado por la CHJ también salió a relucir el problema urbanístico, que la ministra Narbona situó como causante de las trágicas riadas acontecidas en Alicante. Sin embargo, y frente a estas posiciones hostiles, el sector de la construcción sigue dando síntomas de desaceleración que podrían tener un importante coste en términos laborales.

La necesidad de obra pública

En esta línea, el Instituto de Práctica Empresarial (IPE) advirtió ayer de la posible pérdida de entre 30.000 y 40.000 empleos en la Comunidad salvo que «se ponga de forma inmediata en carga la ejecución de nuevos proyectos de infraestructuras».

Los datos del informe elaborado por IPE alertan de la caída de los visados de viviendas en la Comunidad . En todo caso, estas cifras constatan que la región, en contra de la creencia generalizada y frente a las críticas del PSOE, ha perdido peso en relación a los proyectos visados e iniciados en España desde el año 2000 hasta el cierre del pasado ejercicio.

El proyecto gubernamental de las obras de modernización de la Comunidad de Regantes de Balazote-La Herrera beneficiará a 1.391 regantes y prevé la transformación del riego tradicional en riego presurizado de alta eficiencia y la instalación de nuevas redes de telecontrol remoto.

Francisco Rodríguez Mulero, presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur, S.A., empresa pública del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha presidido la primera comisión encargada del seguimiento de las obras de modernización de la Comunidad de Regantes de Balazote-La Herrera .

El proyecto de modernización de los regadíos de la Comunidad de Regantes Balazote La Herrera, prevé la transformación del riego tradicional en riego presurizado de alta eficiencia de una superficie de 5.349 hectáreas, beneficiando a 1.391 regantes pertenecientes a los municipios de Balazote, La Herrera, Lezuza y Albacete, y supone una inversión de 25’3 millones.

Objetivo. El objetivo de las actuaciones es optimizar la distribución y uso del agua, a fin de disminuir los costes de explotación y conseguir su utilización más eficiente. La obra se encuentra en la segunda fase de su elaboración.

Estas obras fueron declaradas de Urgencia por parte del Gobierno de España el año pasado a través del Plan de Choque 2006-2007 para la modernización de regadíos. La modernización de los regadíos de la CR Balazote-La Herrera permitirá ahorrar 9,48 hectómetros cúbicos de agua al año.

Seiasa de la Meseta Sur comprende en su ámbito de actuación las zonas regables de las comunidades de Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

El objeto de Seiasa de la Meseta Sur es la financiación de las obras de modernización y consolidación de los regadíos que se contemplen en su ámbito, del Plan de Regadíos.

La reserva hídrica se encuentra al 44% de su capacidad total, con 23.847 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que supone una disminución de 541 hm3 (1%) respecto a la semana anterior.

Según informó hoy el Ministerio de Medio Ambiente, la cuenca del Tajo ha perdido 230 hm3, mientras que la del Júcar ha aumentado en 9 hm3.

Los primeros lugares en cuanto a cantidad de agua embalsada los ocupan las cuencas de Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas), que se encuentran al 77,5%; las cuencas internas del País Vasco (76,2%), y la Norte II (Asturias y Cantabria), que está al 71,3%.

En el otro extremo se sitúan la Cuenca Mediterránea Andaluza (25,7%), la del Júcar (18,1%) y la del Segura (13,2%).

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, coincidieron ayer en señalar que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) debe hacer compatible la recuperación de los acuíferos de la zona, 23 y 24, y el desarrollo económico y social de la comarca.

Ambos realizaron estas manifestaciones durante el acto de la firma del protocolo de colaboración entre los Gobiernos autonómico y central para desarrollar este plan, que contempla una inversión de 3.000 millones de euros durante los próximos 20 años, informa Ep.

El plan, pendiente sólo ya de que el Consejo de Ministros apruebe el correspondiente decreto para que entre en funcionamiento, se aplicará sobre una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca, en los que se asientan 169 municipios y unos 600.000 habitantes.

Narbona señaló que uno de los principales objetivos es «frenar la sobreexplotación» de los acuíferos, indicando que se pretende ahorrar unos 200 hectómetros cúbicos de agua, que dejarán de extraerse de los acuíferos 23 y 24.

Así, explicó que desde el Ministerio se han puesto en marcha ofertas públicas de adquisición de derechos de agua por 40 millones. Asimismo recordó que se han comprado unas 900 hectáreas en el entorno de Las Tablas de Daimiel, cuya recuperación es prioritario.

Plan de forestación

La ministra destacó la trascendencia del plan de forestación que lleva asociado el PEAG, y en el que se invertirán 1.185 millones.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, destacó que actuar para parar la sobreexplotación de los acuíferos era algo «urgente y necesario», dado que los acuíferos de la zona hacía demasiado tiempo que estaban en «números rojos».

Al igual que Narbona, consideró que es posible un desarrollo sostenible en la zona, salvaguardando los recursos naturales y manteniendo el nivel de renta de los agricultores.

Para alcanzar sus objetivos, sostenibilidad de la actividad económica, conservación de los recursos para el futuro y la consecución de los objetivos ambientales, se aplicarán varios programas, entre ellos, la reordenación y compra de terrenos y derechos de agua (810 millones), medidas de control del consumo de agua con la instalación caudalímetros (432 millones) y medidas de apoyo a los usuarios (34 millones).

Asimismo, se contempla un programa de ayudas para el mantenimiento de regadío o su transformación a secano, en el que se invertirán 940 millones.

Dos días de respiro le ha concedido el PP valenciano a María Teresa Fernández de la Vega, futura número uno del PSOE por Valencia en la lista electoral para las generales de 2008. El sábado, la vicepresidenta del Gobierno anunció que encabezaría la candidatura socialista. A las once menos cuarto de ayer, el portavoz del PP en Les Corts, Esteban González Pons, y el vicesecretario regional, David Serra, iniciaron la ofensiva contra el cartel electoral.

Los populares llevan meses engrasando la maquinaria electoral. Los socialistas, en cambio, metidos en cuestiones internas. La estrategia del PP es no dar ni un segundo de respiro al adversario. Ayer lo volvió a demostrar. El tema escogido, el agua. La del Ebro. Ninguna novedad. Camps ya anunció que este asunto sería uno de los cuatro pilares de su gestión para esta legislatura. Un tema que cala en la sociedad valenciana y que el PSPV no ha sabido taponar.

La proposición no de ley presentada por González Pons y Serra reclama la derogación del Decreto Ley firmado por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el 18 de junio de 2004 que paralizó el Plan Hidrológico Nacional que incluía el trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana. Derogar ese Decreto Ley con la firma de otro Decreto Ley.

La iniciativa rechaza también la implantación masiva de desaladoras y la rectificación del actual trazado del trasvase Júcar-Vinalopó, que pretende obtener el agua en el Azud de la Marquesa. El último de los puntos defiende que el Ministerio de Medio Ambiente no reduzca los aportes del trasvase Tajo Segura para riego ni para abastecimientos urbanos.

En definitiva, el grupo popular crea una gran iniciativa sobre agua que aglutina todas las peticiones realizadas por el Consell al Gobierno de Zapatero en los últimos tres años y tres meses. Hoy se reunirá la Junta de Síndics de Les Corts. La propuesta popular podría ser el punto estrella del pleno de la semana que viene.

Para el portavoz popular, Esteban González Pons, el gesto de Fernández de la Vega de presentarse como número uno por Valencia después de firmar la derogación del Plan Hidrológico Nacional «es una chulería».

El portavoz de campaña del PP y número tres del partido a nivel autonómico, David Serra, criticó la política «antitrasvasista» que defiende el Gobierno de Zapatero. Serra lamentó que cuando se plantea la necesidad de llevar agua a la Comunitat «no sobra en ningún sitio».

Los populares valencianos defienden en la exposición de motivos de su proposición no de ley que el Programa AGUA que anunció la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, «no ha traído más agua y en ningún caso sustituirá la que podría haber empezado a llegar a partir de 2008 con el trasvase del Ebro».

González Pons añadió que tras el anuncio de De la Vega de que irá como número uno por Valencia «se demuestra que el único partido que defiende los intereses de los ciudadanos de la Comunitat es el PP». El portavoz aseguró que el PSPV ha pasado de las primarias a «autoproclamar candidatos, algo típico de las democracias africanas».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, abundó ayer en el discurso mantenido por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, respecto a las inundaciones al solicitar la revisión del Plan de Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad (Patricova) para que no obvie «la influencia de las nuevas urbanizaciones».

Así lo manifestó ayer en la población valenciana de Miramar, tras la presentación de un proyecto contra las avenidas del barranco Sotaia que tendrá un presupuesto de cerca de 770.000 euros. Moragues señaló que «el urbanismo tiene que estar al servicio del Medio Ambiente y no al revés», y lamentó que sus tesis hayan sido «premonitorias».

Medio Ambiente mantiene que «las urbanizaciones tienen que adaptarse a cauces y barrancos», planteamiento que «hemos seguido desde el principio y que nos ha causado muchos problemas». A su juicio, el Patricova «fue en su momento un buen plan» pero «es necesaria su revisión».

La suciedad de los cauces

Moragues consideró que «no contemplaba la influencia de nuevas urbanizaciones en zonas de riesgo; se preguntó qué pasa cuando se urbaniza la ladera de una montaña o un centro comercial cerca de un barranco», y no incluía a los municipios de El Verger o Beniarbeig como «zonas de riesgo».

Asimismo, debería contemplar la pérdida de suelo agrícola «que antes absorbía los primeros 40 ó 50 litros», y puso como ejemplo las Salinas de Calpe. En cambio, Moragues defendió que «no hay ninguna relación entre la vegetación del cauce y las consecuencias de las lluvias».

Suspenden el PAI de Orxeta

Por otra parte, el Ayuntamiento alicantino de Orxeta -gobernado con mayoría simple por el PSOE- desistió ayer de seguir adelante con el PAI que contemplaba 2.225 viviendas (en un municipio de 700 habitantes) y un campo de golf, y que afectaba principalmente a suelo propiedad de los ediles o de sus familias.

El PSOE, que ayer votó en pleno contra su propia propuesta, atribuyó su decisión a la falta de apoyo del edil del PP, de quien depende esta legislatura para gobernar.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 18,30% de su capacidad y almacenan 10,11 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 612,30 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados ayer por este organismo.
Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 12,95% de su capacidad; los del Túria tienen un 34,40% de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 70,05% de agua, mientras que en Castelló, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 47,93% de su capacidad. Muy recuperados En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 71,27% de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 79,85%. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 64,61% de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 38,95%, el de Alarcón un 6,18% y el de Contreras en 5,39%.
En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 60,06%, Benagéber al 36,24%, Loriguilla al 21,06% y Buseo al 38,16%. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 60,85% de su capacidad y el Algar, al 0,00%.

El trasvase Júcar-Vinalopó original, denostado por el Gobierno tras paralizarlo y modificarlo, contaba con el respaldo técnico del Banco Europeo de Inversiones, que lo llegó a calificar de «ejemplar». La conducción que se ejecuta en la actualidad, en cambio, no goza de ningún aval técnico emitido por instancias europeas.

Paradójicamente, el plante de la Comisión Europea (CE) a los regantes alicantinos -con los que se había comprometido a estudiar la toma intermedia al trasvase, en el azud de Antella- ha privado al actual Júcar-Vinalopó de la posibilidad de recabar el citado respaldo técnico. De haber cumplido su compromiso, cabía la posibilidad de que una instancia de la Unión Europea (UE) avalase técnicamente el trazado actual, en lugar del propuesto por los regantes.

En el Astoria

El responsable de los fondos europeos para la Comunidad, el europarlamentario griego Georgios Peroulakis, se comprometió con el representante de los usuarios alicantinos, Andrés Martínez, a sufragar un estudio que comparase el Júcar-Vinalopó actual con el anteproyecto propuesto por los regantes. Según desveló Martínez a ABC, dicho acuerdo se alcanzó tras la reunión que ambos mantuvieron en el hotel Astoria de Valencia, el día 13 del pasado mes de junio.

Según la versión del presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó, el europarlamentario se comprometió a sufragar un estudio comparativo de ambos trazados de carácter técnico, que dilucidase cuál era la mejor opción. El coste habría corrido a cuenta de la partida destinada al programa operativo de la Comunidad -es decir, los mismos que cofinancian el programa AGUA en el que se incluye la infraestructura-.

«Presiones del Gobierno»

Sin embargo, la CE respondió el pasado 8 de octubre a los regantes alicantinos que mantenía su respaldo al actual trazado, por lo que no llegará a estudiar su propuesta. En realidad, esta respuesta no significa que considere mejor el trazado actual que el propuesto, sino que no llegará a compararlos.

La documentación a la que se refiere la CE, esgrimida como aval por parte de Medio Ambiente, se refiere a dos correos electrónicos que Martínez remitió a Peroulakis tras el citado encuentro, a mediados de junio. En éstos le anticipaba que un mes más tarde remitiría el anteproyecto de la toma intermedia, como hizo en julio. Los regantes alicantinos atribuyen el cambio de postura del europarlamentario griego, ante el que se muestran sorprendidos, a «presiones del Gobierno» socialista para evitar que se cuestione el actual Júcar-Vinalopó, en ejecución al 50%.

Los acuíferos subterráneos del Segura están siendo sometidos a un régimen de sobre explotación por la sequía que debe frenarse, según los empresarios. Estos exponen un dato: en 2005 se triplicaron las extracciones de agua por la sequía y a la falta de aportaciones de otras cuencas.

Oficialmente, en el año 2004 se bombearon 130,4 hectómetros cúbicos para la agricultura. En 2005, esa cifra ascendió a 343,6 hectómetros, según los datos del INE relativos a las concesiones legales de agua en Murcia. «La situación no ha mejorado mucho en los dos últimos años y existe un aumento de costes asociado al uso de agua desalinizada, lo que puede poner en riesgo el futuro del sector que es rentable siempre que disponga de agua», apunta el secretario general de Croem, Clemente García.

Señala la patronal que los recursos hídricos destinados al sector agrario regional descendieron en 2005, prolongando así la tendencia iniciada en 2002. De este modo, las concesiones de agua para el sector agrario en 2005 fueron de 586,1 millones de metros cúbicos, un 10,1% menos que en 2004, si bien su distribución es muy heterogénea según su origen.

Compensación

La sequía que atraviesa Murcia condiciona que los descendentes recursos superficiales -que han pasado de 491,3 millones de metros cúbicos en 2004 a 158,7 en 2005-, hayan sido compensados por los de origen subterráneo, que se han triplicado. La región abarca el 3,2% de los recursos nacionales para uso agrícola (el 1,1% de los superficiales, el 10,8% de los subterráneos y el 45,4% de otros recursos, incluidas las desalinizadoras).

«Esta cifra se sitúa muy por debajo de la participación murciana en el VAB agrario nacional (5%), lo que sirve para dar idea de la alta eficiencia hídrica del sector primario. Es más, la técnica de riego más eficiente, el goteo, es utilizada para gestionar el 84,3% del agua destinada a fines agrícolas. Sólo Andalucía (53,8%) y Valencia (48,7%) siguen de lejos a Murcia», dice el informe.