El Júcar se ha librado de miles de metros cúbicos de aguas residuales urbanas e industriales sin tratar. La puesta en marcha de la depuradora de la Ribera del Júcar evitará desde ahora que la carga contaminante que han lanzado al cauce durante décadas los alcantarillados de Alzira, Carcaixent, La Pobla Llarga y Castelló de la Ribera degrade el ecosistema del río y del parque natural de L’Albufera. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó ayer que la infraestructura es clave para la recuperación del Júcar. La planta se inauguró 14 años después de que se declara de interés general.

La instalación será clave para la recuperación del río y de L’Albufera

La estación depuradora de la Ribera del Júcar será clave en la mejora de la calidad de las aguas del río en su curso bajo. La instalación libera al cauce de una contaminación que ha marcado en las últimas décadas la degradación del Júcar y ha impedido también aportes más limpios y de calidad al parque natural de L’Albufera. Las periódicas mortandades masivas de peces por vertidos procedentes de las industrias han sido una muestra patente del deterioro de las aguas del Júcar. Y un motivo constante de denuncia por parte de colectivos ecologistas y Xúquer Viu. Con la puesta en marcha de la nueva infraestructura, se eliminará el vertido sin tratar de una población equivalente a 150.000 personas -la carga contaminante calculada sobre los 76.000 habitantes de cuatro poblaciones y sus industrias-. La estación conecta con una red de colectores los vertidos urbanos e industriales de Alzira, Carcaixent, La Pobla Llarga y Castellló de la Ribera, que hasta ahora lanzaban sus aguas residuales a un alcantarillado que conducía la contaminación al Júcar a través de barrancos y acequias.

La depuradora inaugurada ayer por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se ha hecho esperar. El Gobierno, entonces en manos socialistas, declaró la construcción de la estación de interés general en 1993 junto a otras tres plantas. La de la Ribera del Júcar es la última pendiente de ese paquete de obras. Inicialmente, debía estar en funcionamiento en 1996, pero la construcción no comenzó hasta un año antes. El retraso acumulado en años posteriores obligó finalmente a reformar el proyecto, ya que las poblaciones afectadas habían desarrollado planes urbanísticos e infraestructuras que dejaron obsoleto el primer diseño de la red de colectores que debía unirlas a la depuradora. A ello se sumó luego la plataforma del AVE, otro obstáculo para las tuberías. El Ejecutivo actual achaca a la anterior Administración del PP la responsabilidad en la demora de una infraestructura esencial para el Júcar y el parque natural. El retraso, denunciado reiteradamente por la ministra, también afectó a la depuradora de Albufera Sur, que no limpió las aguas residuales de Alginet, Sollana, Almussafes y Benifaió hasta mediados de 2005.

La adaptación al planeamiento vigente de los municipios de los 21 kilómetros de colectores y las siete estaciones de bombeo que alimentan la depuradora de la Ribera ha supuesto un sobrecoste de 3,92 millones de euros. La inversión final ha alcanzado los 38,06 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea. Sin embargo, el fuerte retraso ha permitido también actuaciones complementarias para «optimizar» algunas fases de la depuración. Con una inversión de 5,02 millones de euros se ha ampliado la línea de fangos que se decantan del agua, entre otras mejoras.

La instalación de la Ribera del Júcar está diseñada para tratar 26.640 metros cúbicos al día. Una vez separados los elementos flotantes, arenas y materia sólida, el agua residual será sometida a reactores biológicos, de modo que el efluente pueda derivarse al Júcar sin dañarlo. Los fangos resultantes acabarán en una planta de compostaje.

«Confiemos en que ahora mejore la calidad del agua del Júcar», apuntó ayer el alcalde de Castelló de la Ribera, Alfred Gregori (EU). El municipio ha resuelto la depuración en su polígono industrial -las empresas están obligadas a tratar sus aguas-. Pero como en el caso del resto de localidades, la esperada conexión a la planta ha tardado 14 años. Además del coste medioambiental, Gregori señaló que la tardanza ha aumentado la factura del canon de vertido que cobra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la falta de depuración. También ha habido multas contra las que los municipios han alegado el retraso de la obra.

Carcaixent, que alberga la nueva planta, también espera una mejora clara de las aguas. Incluso plantea «acerca la ciudad al río» con actividades recreativas, según comentó el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ino Signes (PP). El Ayuntamiento ya aprobó en 2002 una ordenanza de vertidos que favoreció la puesta al día de las empresas. Carcaixent ha intensificado también el control en talleres y ahora en los bares. La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas (PP), se sumó a la satisfacción general por la finalización de «una obra muy esperada por Alzira», la población que concentra mayor número de industrias. Su ordenanza entró en vigor en 2006 con los primeros expedientes a sancionadores a cuatro empresas por verter a la red sin depurar.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró ayer que, «se pongan como se pongan» en Murcia, el trasvase del río Tajo al Segura «se va a terminar en 2015 por razones de justicia y de sentido común».

Lamata se pronunciaba así durante la rueda de prensa en la que informó del contenido del Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el acuerdo entre el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y el secretario regional de los socialistas de esa región, Pedro Saura, para defender conjuntamente el trasvase Tajo-Segura.

Fernando Lamata consideró inviable el mantenimiento del trasvase, pues la cuenca cedente, en este caso Castilla-La Mancha, tiene prioridad sobre la receptora, y existen, además, directivas europeas que obligan a respetar el medio ambiente.

Afirmó que «el trasvase cada día que dura es un atentado ecológico» y convierte al Tajo «en un río moribundo a su paso por Toledo».

«Río vivo»

El vicepresidente primero consideró que hay que duplicar o triplicar el caudal ecológico para que el Tajo «siga siendo un río vivo» y señaló que Murcia no puede pretender obtener del Tajo el agua que necesita para mantener sus producciones, sino que tendrá que buscarla en el mar.

Además, Lamata indicó que si el coste que tendría la utilización del agua desalada no les permite ser competitivos en Murcia, tendrán que buscar alternativas a su actual modelo económico.

Así, explicó que, por ejemplo, en la cuenca del Alto Guadiana, donde también los agricultores quieren regar y hay familias que viven del regadío desde que en los años cuarenta se les animó a regar para incentivar las producciones, se están poniendo en marcha alternativas que pasan por otros usos económicos y sociales porque no hay agua suficiente.

Lamata agregó que lo mismo podrían plantearse en Murcia, y recordó que tiene que recibir a través del trasvase un agua del que no dispone para poder seguir manteniendo su modelo productivo.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha consideró que «seguir insistiendo» en el mantenimiento del trasvase «es hacer perder el tiempo a los agricultores murciano, que dijo tendrían que estar ya pensando en alternativas».

Presión

En su opinión, lo que deberían hacer en la Región de Murcia es «presionar» al Gobierno central para que haga desaladoras, pues una grande puede llegar a producir 50 hectómetros cúbicos anuales, con lo que con cuatro, que podrían estar hechas en 2011, tendrían los 200 hectómetros que necesitan».

Preguntado sobre si el trasvase Tajo-Segura se tratará en la reunión que mantendrá el Consejo Territorial del PSOE el próximo sábado en Toledo, Lamata contestó que si se plantea el tema, está seguro de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dirá lo mismo que hace unos meses en Talavera de la Reina, que «no tomará decisiones en materia de agua» que afecten a la región «sin contar» con su presidente, José María Barreda.

Afirmó que la anulación del trasvase del Ebro supone que el del Tajo tiene que terminar, pues «es la misma lógica del no a los trasvases», y consideró que «la dirección del proceso está en línea con lo que está marcando el presidente Barreda».

Horizonte de 2015

Preguntado por qué a pesar de ello el Gobierno central aprobó el pasado viernes un trasvase de 69 hectómetros cúbicos, de los que 31,4 son para riego, Lamata contestó que de momento no se ha llegado al horizonte de 2015 y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aplica las normas de explotación «atendiendo a los criterios que cree oportunos», si bien reiteró el compromiso del presidente del Gobierno de que en política de agua en Castilla-La Mancha «el presidente Barreda tendrá la última palabra».

Como se recordará, en el encuentro celebrado el martes entre Valcárcel y el líder de los socialistas murcianos, Pedro Saura, se produjo un acercamiento en política de agua, en el sentido de que Saura apostó por hacer cumplir la Ley del Trasvase Tajo-Segura y conseguir que se alcancen los 600 hectómetros cúbicos anuales máximos que estaban previstos.

Ambos analizaron también la financiación autonómica, el control del litoral, las infraestructuras y el modelo de crecimiento económico.

El Gobierno de Murcia y el PSRM-PSOE se pusieron hoy de acuerdo para defender, de forma conjunta, algunos asuntos de «interés» para la Comunidad murciana, como son la defensa del trasvase Tajo-Segura, la reforma del Estatuto de Autonomía y la adaptación de la Ley del Suelo regional a la estatal.

El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, se reunió hoy con el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, para intentar recabar su apoyo en la defensa de los intereses de la región.

A la salida de la reunión, Saura valoró el encuentro como «positivo, de alto nivel de coincidencia en algunos temas», pero reconoció que todavía que que ordenar «nuestras discrepancias, que son muchas en muchos temas».

Los temas en los que ha habido un «alto nivel de coincidencia», apuntó, son en la necesidad de adaptar la Ley del Suelo regional a la estatal; en la defensa del trasvase Tajo-Segura; así como trabajar por conseguir un Estatuto de Autonomía consensuado, entre todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Regional.

Sobre el trasvase Tajo-Segura, Saura contó que van a seguir manteniendo reuniones, junto con expertos de ambos partidos políticos, para trabajar en «dar estabilidad y seguridad al trasvase Tajo-Segura, y analizar punto por punto la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha», en el que, como se sabe, PSOE y PP castellano-manchegos se han puesto de acuerdo para todo lo contrario, o sea, poner punto final al trasvase.

El portavoz del Gobierno regional, Juan Antonio de Heras, resaltó que tienen varios puntos de coincidencia en materia de agua, pero aclaró que las principales diferencias se centran en que el Gobierno de Murcia cree necesario hablar también del Tajo Medio, «pero Saura no lo ve así», al tiempo que reconoció que les gustaría que también » apoyaran el trasvase del Ebro».

El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que autorizó la utilización por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, en Alicante, de 6,1 hectómetros cúbicos regulados en el embalse de Alarcón, en Cuenca.

Según informó la Junta de Comunidades en una nota, el Consejo de Gobierno de esa región acordó ayer interponer un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión, que fue adoptada el pasado 23 de julio.

El agua cuyo uso se autorizaba se destinaría a Alicante y a los municipios alicantinos de San Vicente del Raspeig, Elche, Santa Pola y Hondón de las Nieves.

El ejecutivo que preside el socialista José María Barreda fundamenta su recurso en que las localidades de Alicante, Santa Pola y San Vicente del Raspeig no pertenecen a la demarcación de la cuenca del Júcar, sino que se encuentran geográficamente en cuencas internas de la Comunidad Valenciana.

Por ello, el Gobierno castellanomanchego sostiene que la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar «supone un auténtico trasvase entre distintos ámbitos territoriales, competenciales y de planificación», argumenta.

Ésta no es la primera ocasión en la que la Junta de Castilla-La Mancha muestra su oposición a trasvasar agua. A día de hoy, el ejecutivo de Barreda ha elevado tres recursos por la venta de derechos de agua a la cuenca del Tajo para regadíos en el Levante.

Cabe recordar, además, que está estudiando recurrir también la decisión adoptada este pasado viernes por el Consejo de Ministros de autorizar un trasvase desde la cabecera del Tajo para este trimestre de 69 hectómetros cúbicos, de los que 37,6 son para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

Para el ejecutivo de Barreda, la decisión del Gobierno de Zapatero es una medida «imprudente» y se mostró especialmente crítico con el destino de 31,4 hectómetros a regadíos. El consejero de Ordenación del territorio, Julián Sánchez Pingarón, sostuvo entonces que la «acreditada solidaridad» castellano-manchega para el abastecimiento a poblaciones le «da legitimidad» para exigir que no se aprueben trasvases «para usos no prioritarios».

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto-Ley 9/2007 por el que se adoptan «medidas urgentes» para paliar los efectos de la sequía en varias cuencas hidrográficas.

Este decreto, para ser exactos, da la de cal y la de arena. Por una parte, establece una serie de exenciones fiscales para las comarcas geográficas que quedan dentro de su ámbito de aplicación. Por la otra, mantiene los poderes excepcionales concedidos en su día a las confederaciones hidrográficas para hacer frente a las situaciones de extrema sequía.

Dentro del ámbito de aplicación se incluye, de forma específica, la Mancha Oriental, lo que quiere decir que afecta a las dotaciones y caudales asignados a los consumos y necesidades de los casi 170.000 habitantes de la ciudad de Albacete, así como a las 100.000 hectáreas de regadío, en números redondos, integradas en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, cuyo ámbito territorial, de 9.500 kilómetros cuadrados de superficie se encuentra a caballo de las provincias de Albacete y Cuenca.

En lo tocante a la ‘cara’ de este Real Decreto-Ley, el mismo establece una serie de «medidas de apoyo» para los titulares de derechos de uso de agua para riego que se hayan visto afectados por la sequía «cuando hayan tenido una dotación inferior al 50 por ciento de la normal».

Por ejemplo, los regantes que se hayan visto en esta situación tendrán derecho a que se les exima de la cuota de tarifa de utilización del agua y del canon de regulación establecidos en la Ley de Aguas actualmente vigente.

Además. se establece que quienes hayan pagado «total o parcialmente» estas cuotas «tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas».

Pero también, como ya se ha señalado, hay una ‘cruz’ y es que se mantienen hasta el 30 de noviembre las medidas del Real Decreto 1265/2005, «por el que se adoptan medidas administrativas excepcionales» para la gestión de los recursos hidráulicos «y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo». Un decreto que se dejó sentir el año pasado en esta parte del Júcar.

El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado una ofensiva mediática tras reconocer que, pese a la inversión de 3.900 millones de euros del programa Agua, las «voces críticas han empañado los resultados de estas actuaciones».

En un documento interno de Aguas de la Cuenca Mediterránea, Acuamed, al que ha tenido acceso ABC, la empresa pública dependiente del Ministerio de Cristina Narbona alerta que el mensaje de las bondades de la desalación «no llega a la población» y que ésta «no se trata con objetividad en los medios», por lo que se apresta a preparar una «estrategia organizada» para contrarrestar la «manipulación y tendenciosidad» existente, a su juicio, cuando se informa sobre ella.

Para ello, dicha estrategia se basará en «acercarse» a los medios de comunicación para facilitarles «formación, información y colaboración», en especial en las zonas menos proclives a sus postulados, como la Comunidad y Murcia. De esta forma, se creará un gabinete de prensa de Acuamed sobre desalación con presencia en Madrid y Comunidad Valenciana, se diseñarán estrategias de comunicación proactivas y reactivas para informar sobre aspectos positivos de esta técnica, se mantendrán relaciones con los distintos medios y se llevará a cabo un análisis diario de publicaciones.

Ocho municipios

El referido gabinete de comunicación tendrá una gran carga de trabajo en aras de publicitar al máximo la desalación. Así, se redactarán planes de comunicación específicos para las ocho poblaciones donde las plantas desaladoras puedan producir más «controversia», como son Denia, Torrevieja, Sagunto, Moncofa, El Campello, Oropesa, Jávea y Águilas (Murcia).

El objetivo de esta actuación, según consta en el referido documento interno, es «conocer con qué aliados y adversarios contamos» en cada localidad, proactivar los hitos positivos y contestar las respuestas críticas.

Como el trabajo, sin duda, es ímprobo, Acuamed tiene pensado involucrar al sector de la desalinización en su empeño, para lo cual le aconsejará que creen sus propios gabinetes de prensa.

Además de las típicas reuniones con periodistas «especializados» en políticas de agua y medio ambiente para que «entiendan» el enfoque del Ministerio, el equipo del director general de Acuamed, Adrián Baltanás, dará un teórico toque de originalidad a su estrategia sin aparente importancia, pero de un gran calado político. Se trata, en primer lugar, de convocar el premio «Aqua» de periodismo destinado a artículos que mejor recojan el espíritu de la gestión del agua. Acuamed organizará los galardones y una cena de gala para la entrega de premios en Valencia o Murcia, al tiempo que ofrecerá el copatrocinio al sector de la desalinización.

Con más intención todavía por «acercar» sus tesis a los reporteros, se creará una Diplomatura de periodismo especializado que permitirá obtener un diploma oficial del Ministerio de Medio Ambiente o Acuamed en colaboración con la Universidad de Alicante.

Paralelamente a estas actuaciones, se abordará el mundo publicitario con la organización de concursos de ideas de agencias sobre la desalinización y campañas informativas regional y nacional.

Su lanzamiento se producirá antes de que concluya el año, y su duración será de dos o tres meses. Televisión, radio, prensa y revistas, vallas… serán el soporte de que se valdrá el Gobierno para transmitir a la opinión pública las ventajas de utilizar agua del mar tratada.

Por último, el Ministerio de Medio Ambiente promocionará «test ciegos» entre los ciudadanos, con pruebas de agua desalinizada y del grifo de la ciudad que se elija. Este experimento servirá para hacer un estudio estadístico con datos por provincias de preferencias de tipo de agua.

La reserva hídrica está al 45,5% de su capacidad total, con 24.641 hectómetros cúbicos (hm3) de agua embalsada, lo que representa un aumento de 70 hm3 (el 0,1%), con respecto a los niveles de la semana anterior.

Según informó hoy Medio Ambiente, la cuenca Norte I ha disminuido 73 hm3 esta semana, mientras que la cuenca del Tajo ha aumentado en 92 hm3.

Los primeros lugares en cuanto a cantidad de agua embalsada los ocupan las cuencas de Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas), que se encuentran al 78,9%, las cuencas internas del País Vasco (76,2%), y la Norte II (Asturias y Cantabria), que está al 74%.

En el otro extremo se encuentran las cuencas del Segura (13,1%), Júcar (16,9%) y la mediterránea andaluza (26,3%).

Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península.

Según Medio Ambiente, la acumulación máxima se produjo en Navacerrada (Madrid), con 86,9 litros por metro cuadrado.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, anunció hoy que los servicios jurídicos del Ejecutivo regional estudian un posible recurso contra el trasvase de 31,4 hectómetros cúbicos para regadíos del Segura aprobado el viernes por el Consejo de Ministros.
Así lo manifestó el consejero en la comisión parlamentaria, donde compareció para dar cuenta de las prioridades de su Consejería para la actual legislatura y donde aseguró que la Junta trabajará con «firmeza e inteligencia» para poner el fin al trasvase Tajo-Segura y poder utilizar en Castilla-La Mancha esos recursos.
El consejero recalcó que uno de sus objetivos es continuar con la vía política abierta en el Estatuto de Autonomía para exigir el final del trasvase en 2015.
Sin embargo, subrayó la importancia de acometer al mismo tiempo las inversiones necesarias para que Castilla-La Mancha pueda utilizar de forma efectiva los recursos del Tajo, lo que, unido al cumplimiento de la directiva europea sobre el caudal ecológico del río, supondrá «la caducidad material» del trasvase.
Se refirió en concreto a las obras para llevar el agua del Tajo a la Llanura Manchega, a los municipios ribereños de la cabecera del Tajo y a las localidades aledañas al acueducto, e incidió en el esfuerzo que se realizará para mejorar los mecanismos de depuración y saneamiento en todas las localidades.

Garantizó que en este período «iniciamos la cuenta atrás para finalizar con la hipoteca del trasvase y ponemos el cronómetro en marcha para ejercer nuestro derecho a tomar parte en las decisiones que nos afectan en materia de aguas».

Asimismo, el Gobierno castellano-manchego se esforzará para lograr la participación de la comunidad autónoma en los órganos de gestión del agua y en la nueva planificación hidrológica que debe estar preparada en 2009.

El diputado del PP Marcial Marín aseguró que su grupo irá «a muerte» con el Gobierno para lograr el final del trasvase, pero reprochó al presidente castellano-manchego, José María Barreda, que no haya tenido peso político suficiente para que se debatiera en la actual Legislatura.

Los embalses conquenses del sistema Júcar-Turia, cuya capacidad total es de 1.980,1 hectómetros cúbicos, almacenan esta semana 119,46 hectómetros cúbicos, 0,11 más que la semana anterior, según los datos aportados hoy por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

   El embalse de La Toba, con capacidad para albergar 9,7 hectómetros, bajó 0,44 hectómetros cúbicos y acumula 3,83 hectómetros de agua embalsada, por lo que se encuentra al 39,49 por ciento de su capacidad.

   El de Alarcón, con capacidad para 1.118 hectómetros cúbicos, se sitúa esta semana en el 6,33 por ciento, con 70,75 hectómetros embalsados, 0,10 hectómetros menos que la semana pasada.

   Finalmente, el embalse de Contreras, con capacidad para 852,4 hectómetros cúbicos, sitúa sus reservas esta semana en el 5,26 por ciento de su capacidad, con 44,88 hectómetros cúbicos embalsados, 0,65 hectómetros más que en el anterior recuento.