La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Ana Guarinos, calificó el acuerdo del Consejo de Ministros mediante el cual se autoriza un nuevo trasvase de 31,4 hectómetros cúbicos para regadío, del ejemplo más claro de «falta de firmeza» y «debilidad» del Gobierno de José María Barreda frente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de agua.

   «Esta nueva decisión del Consejo de Ministros no hace sino confirmar la falta de peso específico del Gobierno de Castilla-La Mancha en decisiones tan importantes para los castellano-manchegos como las relativas al agua, pese a los intentos desesperados de José María Barreda de aparentar lo contrario», aseguró la representante del PP en nota de prensa.

   Según Guarinos, «esta situación tiene su origen en la falta de criterio propio y de firmeza en las decisiones que desde la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha se han ido adoptando por el Gobierno Socialista en relación con este tema, encaminadas a defender los intereses partidistas del Gobierno regional y no los intereses de todos los castellano manchegos».

   Así, la portavoz ‘popular’ recordó que en el año 2001 Barreda defendió el Plan Hidrológico Nacional, «porque era bueno para Castilla-La Mancha» y, ante los cambios producidos en la política nacional en marzo de 2004, «comienza a someterse a los dictados de la ministra Cristina Narbona y de Zapatero, apoyando la derogación del trasvase del Ebro».

   Guarinos consideró que con esta actitud, el Gobierno regional ha puesto en peligro el Estatuto de Autonomía aprobado en enero, «siendo la autorización de este nuevo trasvase para regadío un claro ejemplo de ello y de la falta de peso específico que Barreda tiene en el conjunto de España, de la política nacional y de su propio partido».

   Finalmente, la portavoz del PP pidió a José María Barreda que «deje de una vez de pensar en sus intereses políticos y comience a estar a la altura de los castellano manchegos, defendiendo el juramento que hizo ante las Cortes regionales».

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha calificado de «imprudente al inicio del año hidrológico» la aprobación por el Consejo de Ministros de un envío por el acueducto Tajo-Segura de 69 hectómetros cúbicos y ha insistido en que los trasvases tienen fecha de vencimiento y hoy se tacha «un día más en la cuenta atrás».
En una comparecencia ante periodistas en la sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, dijo ayer que el Consejo de Ministros no ha valorado adecuadamente ni la situación de escasez en los embalses ni las necesidades hídricas en la cuenca del Segura.
Además, ha informado de que el próximo Consejo de Gobierno regional estudiará la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) del 23 de julio por el que se autorizaba la utilización de 6,1 hectómetros cúbicos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla como recursos del Júcar.
El consejero ha explicado que la impugnación se basa en que no se respetan las normas, porque parte de ese agua se destina a municipios de Alicante que no pertenecen a la cuenca del Júcar, sino a cuencas internas de la Comunidad Valenciana, y por tanto, a otros ámbitos competenciales y de planificación.
Sánchez Pingarrón ha dicho que se ha «iniciado la cuenta atrás» para el fin del trasvase, tanto por «el sentido común» como porque lo fija la «fecha de vencimiento» (2015) establecida en la reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada por las Cortes regionales y aplazada para la próxima legislatura por el Congreso.
Sánchez Pingarrón, quien ha instado a un impulso a las infraestructuras desalinizadoras, ha indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que estudien la posibilidad de impugnar la decisión del Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy un trasvase desde la cabecera del Tajo para este trimestre de 69 hectómetros cúbicos, de los que 37,6 son para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

La Comisión de Explotación del trasvase, que se reunió ayer, había propuesto al Consejo de Ministros estas cantidades, ya que las reservas de los embalses de Entrepeñas y Buendía están por debajo de los 450 hectómetros cúbicos y la decisión de desembalsar agua corresponde al Gobierno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, informó de esa decisión, «dadas las condiciones hidrológicos excepcionales».

Ha añadido que se trata de conciliar los intereses de todas las regiones en beneficio de los ciudadanos, «cumpliendo las normas del marco legal que nos hemos dado -las reglas de explotación del trasvase- y siempre pensando en el interés general».

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha afirmado que el trasvase «se ha hecho de acuerdo con las reglas de explotación vigente», que marca «como máximo» la aportación de hasta 23 hectómetros cúbicos al mes para garantizar el abastecimiento y un riego «de socorro» en la cuenca del Segura.

En su opinión, el envío del agua garantiza el abastecimiento a las poblaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (2,5 millones de personas de 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete) y a los municipios almerienses servidos desde el acueducto Tajo-Segura.

La referencia del Consejo alude a la «difícil situación» de las cuencas del Segura, Júcar y Almanzora y precisa que el ritmo de trasvase será de 23 hectómetros cúbicos mensuales.

Las reservas de los embalses de la cabecera del Tajo se sitúan en 357 hectómetros cúbicos, volumen superior a los 240, límite establecido por la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 por debajo del cual está prohibido trasvasar agua, con objeto de poder atender las necesidades de la cuenca del Tajo.

El Gobierno pide a la población que continúe con sus hábitos de ahorro, concienciación y sensibilidad frente a la «delicada situación» que se registra en las zonas en las que persisten las condiciones de sequía, como las cuencas del Júcar, Segura, Guadalquivir y Almanzora y la cabecera del Tajo.

Solicita a las fuerzas políticas en Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valencia y Andalucía «la máxima responsabilidad» ante la delicada situación de sequía que afecta, por tercer año, de forma significativa a esos territorios.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, calificó ayer de «atentado medioambiental» trasvasar agua para regadío al Levante, dada la situación «crítica» por la que atraviesan los embalses de la cabecera del Tajo.

Lamata, que inauguró en Ciudad Real las IX Jornadas de Igualdad de Género organizadas por la Confederación de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha (CAVE), se manifestaba así a preguntas de los medios en relación al acuerdo del Consejo de Ministros del viernes en el que se aprobó derivar 69 hectómetros cúbicos de agua desde la cabecera del río Tajo al Levante, 31,4 de ellos para regadío.

Según el vicepresidente castellano-manchego, la situación actual de los embalses de Entrepeñas y Buendía es «crítica» y no parece justificado un trasvase para regadío, sobre todo cuando la situación de la zona de Murcia y Valencia en los actuales momentos «no es tan crítica como se pretende hacer creer», dadas las lluvias caídas en las últimas semanas .

En referencia a la situación de la cabecera del Tajo, afirma que «mandar un agua que no existe es desangrar un río y castigar su capacidad de recuperación medioambiental», informa Europa Press.

Lamata añadió que los trasvases de socorro están marcados por la Ley y en este momento no tienen justificación, recordando que antes del mantenimiento de los árboles leñosos está la recuperación del medio ambiente y la conservación de los humedales manchegos, como el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

En este sentido, puntualizó que «los árboles se mueren, pero que si se muere el Tajo o se mueren Las Tablas de Daimiel, éstos ya no se podrán recuperar». Lamata resumió que las prioridades son, en primer lugar, agua para beber; en segundo lugar, agua para salvar el medio ambiente, y en última instancia, si hay excedentes suficientes que no es el caso ahora, agua para riego.

A vueltas con la «caducidad»

En todo caso, Lamata hizo hincapié en que cada día que pasa es uno más para acabar con el trasvase en el año 2015, una reivindicación remarcó Lamata, en la que Castilla-La Mancha lleva razón porque «necesitamos el agua para nuestro desarrollo y como cuenca cedente según marca la Ley tenemos prioridad para acceder a ella».

En cuanto a la situación en la que se encuentra la cuenca del Júcar en estos momentos, Francisco Belmonte explicó que se mantiene la alerta. No obstante, mostró su confianza en que a finales de octubre se levante el decreto de sequía existente.

Tras el último año hidrológico y las recientes lluvias que se han producido y que aún se esperan, Belmonte manifestó que será difícil que se mantenga el decreto de sequía. En este sentido el responsable de los regantes albaceteños de la Mancha Oriental hizo hincapié en los peligros que supone el hecho de gobernar a golpe de decretos.

Por otra parte, y en relación al trasvase de 69 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo al Segura recomendada por la Comisión de Explotación del acueducto, Belmonte no se posicionó sobre su necesidad o no. No obstante, manifestó que para evitar que estas situaciones se repitan constantemente habría que modificar la ley de explotación del trasvase.

Asimismo Belmonte lamentó que Castilla-La Mancha se vea obligada a ceder agua en todas sus cuencas. «Es una pena que Castilla-La Mancha ceda por todas partes».

El grupo socialista en las Cortes regionales ha solicitado la comparecencia de los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Segura, del Júcar, del Tajo y del Guadiana para que informen sobre la renovación de los planes hidrológicos de estas cuencas, que debe estar concluida en 2009.

Así lo indicó el diputado José Molina, que es el coordinador del área de Desarrollo Económico y Política Territorial del PSOE y que informó de que también han registrado una petición para que el Gobierno regional informe en el Parlamento autonómico del recurso que va a presentar contra la última venta de derechos de regantes del Canal de las Aves al Canal del Taibilla.

Molina, que manifestó que tampoco descartan pedir la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, destacó la importancia que tiene conocer el proceso de elaboración de los planes de cuenca, que determinarán los recursos disponibles para cada uno de los usos del agua. José Molina explicó que los planes deberán atender el crecimiento económico y de la población que ha experimentado la región, así como contemplar las exigencias medioambientales que requiere la preservación de los ecosistemas fluviales.

Además, señaló que los planes recogerán también las inversiones en infraestructuras que son necesarias para que la región pueda disponer de agua. Respecto a la solicitud que ha hecho el PSOE para que el Consejo de Gobierno informe del recurso que va a presentar contra la venta provisional de derechos de regantes del Canal de las Aves al Canal del Taibilla, manifestó que con ella quieren que haya un pronunciamiento de la Cámara regional al respecto, ya que su grupo considera que se trata de un «trasvase encubierto».

Ocho años han sido necesarios para que Francisco Belmonte volviera a presidir una reunión de la Junta de Gobierno de los regantes de la Mancha Oriental. Una tarea en la que ayer volvió a ‘estrenarse’ tras su elección el pasado 29 de septiembre como presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO).

Con la constitución ayer de la nueva Junta de Gobierno y el consiguiente traspaso de competencias tanto en algunas de las vocalías como en la propia Presidencia como único punto del orden del día, se abre una nueva etapa en la JCRMO.

Belmonte explicó tras la reunión que se trató de una primera toma de contacto con el equipo. Una cuestión fundamental a juicio de este regante que asegura que en su anterior etapa al frente de la JCRMO (entre 1994 y 1999) fue un presidente «poco presidencialista». Una fórmula que en esta ocasión espera repetir con idénticos resultados a los de aquel entonces. «La primera labor es cohesionar al equipo», manifestó.

Cohesión política

Y si ese primer paso es toda una declaración de intenciones, no lo son menos los siguientes. No en vano en la agenda de Belmonte la siguiente tarea es «cohesionar a los políticos», incluyendo al Gobierno y a la oposición. «No vale que los políticos se agredan a cuenta del agua. Yo al menos no lo voy a permitir», señaló el flamante dirigente indicando que esa es la única forma de que el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), en cuya renovación debe comenzar a trabajarse previsiblemente en el 2008, «salga bien».

Y es que esta es la prioridad de este nuevo mandato, la renovación del Plan de cuenca. En cuanto a las líneas generales que debería contemplar, Belmonte afirmó que se conformaría con que se aplicase «lo que escribimos la otra vez», es decir que se completase la sustitución de bombeos, los regantes del Levante cumpliesen con la modernización de regadíos y que se aplicase la sentencia del Supremo acerca del Júcar.

En este sentido el presidente de los regantes de la Mancha Oriental manifestó que los albaceteños por su parte sí han cumplido «a rajatabla» con lo establecido en el Plan Hidrológico del Júcar.

«Después de 10 años haciendo los deberes es hora de pedir que a quienes no los hayan hecho se les ponga de cara a la pared», subrayó el que fuese primer presidente de la JCRMO.

De la negociación necesaria en aquel momento para fraguar el PHJ, Belmonte recordó que supuso una ardua e importante tarea en la que fue necesaria la implicación de todos.

Respecto a la petición del grupo socialista en las Cortes regionales para que comparezcan los presidentes de las confederaciones del Segura, Júcar, Tajo y Guadiana para que informen sobre el proceso de renovación de los planes hidrológicos, Belmonte expresó que es más partidario del trabajo en firme que de las comparecencias.

En alusión a los políticos, el presidente de los regantes les recomendó que en esta labor de renovación se dejen asesorar y se fíen de «los que entendemos de esto».

Instrumentos

Por otra parte, insistió en que es intolerable que no se haya obligado a los agricultores de la Comunidad Valenciana a modernizar sus regadíos. Asimismo se refirió a otro de los instrumentos más importantes que los regantes castellanomanchegos de la cuenca del Júcar tiene en sus manos, la sentencia del Supremo en cuya aplicación pretenden incidir.

Y si la reunión de ayer supuso la primera toma de contacto con su equipo, el próximo lunes Belmonte hará lo propio con los máximos representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Así, Belmonte apuntó que el lunes mantendrá un primer encuentro en Albacete como presidente de la JCRMO con el responsable de la Confederación, Juan José Moragues. Una reunión con la que también pretende sentar las bases de la relación que mantendrán a partir de este momento.

«No queremos entretenernos mucho, queremos entrar en materia lo antes posible», avanzó Belmonte señalando que lo deseable es que se actúe antes de que las decisiones estén publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Los problemas hay que afrontarlos desde el principio», indicó poniendo como ejemplo el recientemente aprobado decreto de planificación manifestando en este sentido que «habrá que recurrirlo o pararlo».

La Comisión Europea ha expresado de nuevo su apoyo al actual trazado del trasvase Júcar-Vinalopó y ha rechazado la última queja en contra del proyecto. En una carta remitida el 2 de octubre a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que se opone a la obra en marcha, la dirección deneral de Política Regional destaca que la conducción -con la toma de agua en el Azud de la Marquesa- «puede aportar la solución adecuada, sostenible a largo plazo e integral de la gestión de aguas en la cuenca del Júcar». Añade la carta que el trasvase vigente, que el Gobierno modificó tras un exhaustivo análisis, «se completa con las desaladoras» aprobadas «y la mejora de la depuración de la cuenca» del Júcar. Todo ello redundará en la «recuperación de los acuíferos sobreexplotados de la cuenca del Vinalopó».

Bruselas rechaza así la última propuesta de la Junta Central, que tras pedir que se retomara la toma origional del agua en Cortes de Pallás, pasó a exigir una nueva en Antella. Examinada la documentación aportada por la Junta y comparada con la solución actual, «la Comisión no considera que la alternativa mejore la propuesta de las autoridades españolas» que, además, ha recibido una ayuda de 120 millones de euros. Es más, la dirección regional afirma que el trazado en obras aportará más agua que desde Antella.

Las autoridades europeas advierten que «el tema de la conducción Júcar-Vinalopó está suficientemente examinado» e invitan a la Junta Central «a trabajar junto» al Gobierno en este proyecto. Los usuarios del Vinalopó, apoyados por la Generalitat, han intentado sin éxito que la Comisión apoyara su pretensión de mantener el trasvase original, rechazado por los regantes del Júcar, entre otros.

El Ministerio de Medio Ambiente destacó que la decisión de Bruselas «supone el apoyo a la política medioambiental del programa Agua», basado «en la sostenibilidad y la gestión integral de los recursos».

Acueducto Tajo-Segura

La Comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura propuso ayer al Consejo de Ministros un trasvase desde la cabecera del Tajo para este trimestre de 69 hectómetros cúbicos, de los que 37,6 serán para consumo humano y 31,4, para regadío. Tras la reunión, el director general del Agua, Jaime Palop, recordó que la sequía persiste en los embalses de Entrepeñas y Buendía.No obstante, la situación es mejor que la de los dos años anteriores «por la política de cautela» mantenida ante la sequía y por ser respetuosos con esas reglas de explotación del acueducto, añadió.

El trasvase garantiza el suministro de 2,5 millones de personas que abastece la Mancomunidad de Canales del Taibilla, entre ellas buena parte del sur de la provincia de Alicante. El Gobierno de Castilla-La Mancha, como en otras transferencias del Tajo-Segura, manifestó su oposición a la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto por la «escasez» de agua en los embalses.

La Comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura propuso ayer al Consejo de Ministros una transferencia para el trimestre de 69 hectómetros cúbicos, máximo permitido, de los que 37,6 serán para consumo humano y 31,4, para regadío.

El director general del Agua, Jaime Palop, recordó que la sequía persiste en los embalses de Entrepeñas y Buendía, por lo que será el Gobierno el que lo autorice. Palop indicó también que, en cualquier caso, la situación es mejor que la de los dos años anteriores.

El Gobierno de Castilla-La Mancha manifestó su oposición por la escasez de agua en los embalses de cabecera del Tajo, ya que Entrepeñas y Buendía tienen almacenados 353 hectómetros cúbicos, una cifra que representa el 14% de su capacidad total. Adujeron que no está justificada la necesidad de agua para regadío, ya que no está en peligro la supervivencia por las últimas lluvias.

Pero la última palabra la tiene el Consejo de Ministros de hoy que, además, estudiará la situación hidrológica en España, la sostenibilildad de la costa y las obras contra la sequía. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentará tres informes de evaluación.

Unión Europea
Precisamente ayer el responsable de la Comisión Europea (CE) sobre los fondos para la Comunitat, Georgios Peroulakis, visitó las obras de la desalinizadora de Torrevieja, una de las infraestructuras hidráulicas emblemáticas del Gobierno. Cuenta con un presupuesto de 215 millones de euros (55 de ellos aportados por la UE). Peroulakis afirmó que existen contactos la Generalitat “para trabajar todos y que todo se cumpla en su tiempo”. García Antón indicó ayer, por su lado, que hay dudas “de que lleguen los fondos europeos ante la falta de trámites no cumplimentados por el Ministerio como la declaración de vertidos o la evaluación de impacto integrada”.

La empresa Acuamed tiene asignadas subvenciones europeas en la Comunitat Valenciana por un valor de 365 millones de euros hasta 2013, según informaron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, quienes añadieron que estas ayudas, que en el período 2000-2006 ascendieron a 116 millones, “se duplicarán en el período 2007-2013”.

Por otro lado, la Comisión ha rechazado la petición de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó para realizar la toma del trasvase en Antella de forma que avala el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, según fuentes de la Delegación del Gobierno. La Comisión considera, de esta forma, que la toma en el Azud de la Marquesa, junto a las desalinizadoras y la depuración de la cuenca “aporta la solución adecuada, sostenible a largo plazo” al problema hídrico.

La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, explicó ayer sus prioridades para esta legislatura, entre ellas, conseguir que el cien por cien de los regadíos estén modernizados para optimizar los recursos hídricos, y que la reforma de la OCM del vino sea favorable y «se preocupe» del viticultor.

Gómez compareció ante la Comisión de Agricultura de las Cortes regionales para exponer las políticas en materia agraria que se van a seguir en los próximos cuatro años, que vendrán marcados por la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del vino y que, según la diputada popular Encarnación Naharro, es uno de los mayores problemas de la agricultura regional.

La consejera, que hizo un repaso de la situación actual de la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha, señaló que la optimización de la gestión de los recursos hídricos, para aumentar el ahorro de agua, es fundamental, por eso hay que tender a la modernización del cien por cien de los regadíos, aunque ya lo están el 92% de ellos, frente a, por ejemplo, el 72% de Murcia.

Una «única voz»

En cuanto a la OCM del vino, apuntó la necesidad de que en la comunidad autónoma haya una «única voz» y se mantenga firme en sus planteamientos, esto es, la defensa del viticultor, la diversificación de la producción con mosto y alcohol vínico, puesto que no hay salida en el mercado para tanto vino, y la mejora de la promoción y la comercialización.

Desglosó los dos ejes de ayudas al sector: la Política Agrícola Comunitaria (PAC), mediante el pago único, y el programa de Desarrollo Rural.

En relación con la PAC, se destinarán más de 3.000 millones de euros del sector público para mejorar el nivel de renta de los agricultores y ganaderos, quienes tendrán que realizar trámites más ágiles y sencillos. El programa de Desarrollo Rural, por su parte, recoge todas las actuaciones que se van a llevar a cabo entre 2007 y 2013, cofinanciadas por los fondos europeos Feader, entre las que recordó las ayudas a los agricultores jóvenes, entre 18 y 40 años, para su primera instalación, que pasan de los 20.000 euros actuales a los 34.000 y pueden llegar hasta 40.000.

También se establecen ayudas a la jubilación anticipada en el sector agrario, la implantación de servicios de asesoramiento y la modernización de las explotaciones, así como ayudas a las empresas y cooperativas agroalimentarias que crean riqueza y mano de obra. El citado programa también comprende ayudas agroambientales, por vez primera las destinadas al fomento de los agrosistemas de secano, la apicultura y la ganadería ecológica, y refuerza las que ya había para la agricultura ecológica y las razas ganaderas autóctonas en peligro de extinción. Durante la presente legislatura se duplicarán los recursos para la comercialización y promoción de los alimentos de la comunidad autónoma, con el fin de competir en los mercados internacionales y fomentar su consumo y, en este sentido, la consejera dijo que ya se está trabajando en la puesta en marcha de la marca Alimentos de calidad diferenciada.

La posición del PP

También se está trabajando con las organizaciones agrarias para extender la contratación de seguros agrarios mediante fórmulas más atractivas para los agricultores.Mercedes Gómez recordó, por otra parte, que ya se ha solicitado al Ministerio de Agricultura el adelanto de las ayudas de la PAC al ovino, que se llevará a efecto a partir del 1 de noviembre, debido al «momento delicado» que atraviesa el sector, y añadió que se anticipará el 50% de las subvenciones a las agrupaciones de defensa sanitaria para todas las especies ganaderas.

Por su parte, la portavoz del grupo popular en la Comisión de Agricultura, Encarnación Naharro, indicó que entre los principales problemas que hay en la región está la «crisis tan tremenda» que afecta al sector ganadero, así como la reforma de la OCM del vino cuya negociación está empezando. Consideró también que las materias de agua y desarrollo rural deberían incluirse en las competencias de Agricultura y lamentó los robos que han sufrido los agricultores el verano pasado.