La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anuncia en el Congreso de los Diputados que antes de que finalice 2007 el Gobierno aprobará un decreto que incluirá todos aquellos elementos de la prevista reforma de la Ley de Aguas que no necesiten rango de ley.
Los aspectos que regulará el decreto han sido objeto de informe por parte del Consejo Nacional del Agua y cuentan con el respaldo de la gran mayoría de sus miembros.
La norma regulará la gestion del Dominio Público Hidráulico, en particular la protección en las zonas inundables; incrementara los niveles de seguridad de las presas y homogeneizará los criterios de aplicación de sanciones.
Este texto se añadirá a las reformas legislativas que emprendió el Ministerio de Medio Ambiente al inicio de legislatura en materia de agua. Hasta la fecha ha aprobado 15 normas de distinto rango, reformando de esta forma una parte importante de la legislación española.
Entre estas normas se encuentra el real decreto 2/2004 que modifica la ley del Plan Hidrológico Nacional, que posteriormente se tramitó como ley -11/2005-, que no sólo modifica el PHN sino que también reforma la Ley de Aguas hasta entonces en vigor.
Esta ley implicó, entre otras cuestiones, la regulación de las aguas procedentes de la desalinización como demaniales; la emisión obligatoria por parte de las Confederaciones Hidrográficas de informes sobre las consecuencias y exigencias de actos y planes de Comunidades Autónomas o Entidades Locales cuando comprometen nuevas demandas de recursos hídricos; la introducción de un informe obligatorio de viabilidad económico, social y ambiental previo a la declaración de cualquier obra como obra de interés general del Estado; la definición cualitativa de los caudales ecológicos; la determinación en los planes hidrológicos de las reservas naturales fluviales y la existencia de sistemas de control efectivos de los caudales de agua utilizados y de los vertidos al Dominio Público Hidráulico.
MEDIDAS FRENTE A LA SEQUÍA
Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado esta legislatura los Planes de Actuación en Situación de Sequía, pese a que el PHN de 2001 establecía como límite para hacerlo julio de 2003.
El Gobierno también ha aprobado distintas normas para apoyar económicamente a las explotaciones agrarias frente los efectos de la sequía, como el real decreto ley 10/2005 y el real decreto ley 9/2006, que incluían ayudas sin precedentes.
Además, se aprobaron en noviembre de 2005 dos decretos para poner en marcha medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos en las cuencas del Júcar, Segura, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro.
El Ejecutivo ha invertido más de 600 millones de euros en obras de emergencia, que junto con las actuaciones de gestión han permitido garantizar el abastecimiento de agua potable a todas las ciudades del país durante la sequía más grave que ha padecido España.
También se ha habilitado, a través del real decreto ley 15/2005, a los titulares de derechos al uso del agua para que puedan ser objeto de transacciones con otros concesionarios de derechos en cuencas diferentes, utilizando infraestructuras ya existentes, como son el Negratin-Almanzora y el Acueducto Tajo-Segura.
A estas normas hay que añadir el real decreto de 2006 que desarrolla el Plan de Choque de Modernización de Regadíos, que tiene como objetivo reducir en el horizonte de 2008 en 1.200 hectómetros cúbicos el consumo de agua por parte de las explotaciones agrícolas, y que permitirá, junto a otras medidas complementarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que al final de la legislatura se produzca un ahorro de unos 3.000 hectómetros cúbicos respecto a lo que utilizaba la agricultura al inicio de la presente legislatura.
DIRECTIVA MARCO
Estas y otras normas han desarrollado aquellos elementos que permiten iniciar la nueva planificación hidrológica en España acorde con la Directiva Marco de Agua, que deberá culminar a finales de 2009 para que España cumpla con todas la exigencias de la directiva europea.
En este sentido, cabe destacar la aprobación de la norma que desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración hidráulica en materia de control y vigilancia de la calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al Dominio Público Hidráulico, regulando el registro especial de entidades colaboradoras.
Además, en febrero de 2007 se aprobaron los decretos que fijan el ámbito territorial de las Demarcaciones Hidrográficas de las cuencas intercomunitarias y para regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los Comités de Autoridades Competentes en estas demarcaciones. En julio pasado también se aprobó el decreto que regula la nueva planificación hidrológica, incorporando los objetivos y los criterios a satisfacer de acuerdo a la directiva europea.
MÁS RECURSOS DISPONIBLES
El Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha o adjudicado las desalinizadoras que aportarán casi el 90 por ciento del agua desalinizada que contempla el Programa A.G.U.A., lo que supone una aportación de 633 hm³. Las plantas desalinizadoras puestas en servicio, en construcción y adjudicadas, desde 2004, suponen una inversión de 1.675 millones de euros.
Al inicio de la legislatura el volumen de agua desalinizada en España era de 140 hm³, mientras que en la actualidad asciende a 331 hm³. En total, el Programa A.G.U.A. contempla una aportación de 713 nuevos hm³ procedentes de la desalinización.
Desde 2004 han entrado en funcionamiento ocho plantas desalinizadoras que aportan 191 hm³, lo que ha permitido evitar cortes en el suministro de agua a las ciudades a pesar de la grave sequía padecida.
Actualmente hay diez plantas en construcción y siete que ya están adjudicadas, cuya aportación de agua desalinizada será de 345 hm³ y 97 hm³, respectivamente. Además, otras seis plantas desalinizadoras se encuentran en diferentes fases de tramitación y su aportación alcanzará los 80 hm³.
En total, el Programa A.G.U.A. tiene previsto promover 713 hm³ de agua desalinizada, lo que supone una inversión total de 1.945 millones de euros.
