Los estatutos de autonomía sobrevuelan las Comunidades españolas. Cada Gobierno regional «barre para casa» e intenta moldear un texto que proteja y defienda los intereses de cada territorio. Murcia, que no quiere «ver pasar el tren», se ha puesto a pulir su documento en base a dos grandes áreas: agua y financiación autonómica.
   Por tal motivo, el portavoz del PP en esta zona del levante, Juan Carlos Ruiz, recalcó ayer, en base al documento, que «éste debería incluir el modo de financiación, ya que de no ser así no veríamos ni un euro» procedente del Ejecutivo de la Nación. Y es que mucho se ha hablado, en los últimos días, acerca del monto económico que el Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero va a enviar a un territorio gobernado por la mano popular, que no lleva rosa, y que actualmente es un bastión de la formación liderada por Mariano Rajoy.
   El partido político más votado en Murcia en las pasadas elecciones del 27-M denunció que a los Presupuestos Generales de 2008 les faltaban más de 500 millones de euros para equilibrar lo no ejecutado en la Comunidad en 2007. La no llegada de ese «pellizco» supone, según el diputado del PP, Andrés Ayala, que «la Región se quede en el 49 por ciento de la media de crecimiento de las inversiones de las demás Comunidades». Más claro. Una de las obras clave, la remodelación del «negro» Puerto de la Cadena, que une la capital con la ciudad de Cartagena y que se ha cobrado cientos de muertes, se ha retrasado un año por el deslizamiento de lo no invertido en 2007.
   Exigir como el que más
   En este sentido, el deseo del Grupo Parlamentario Popular es, tal como expresó Ruiz, que el nuevo Estatuto de la Región de Murcia «nazca fruto de las necesidades, deseos e ilusiones compartidas del proyecto común de todos los murcianos, ya que tenemos el legítimo derecho de regular nuestras normas de convivencia y exigir como los que más». «No permitiremos que nadie utilice su peso, población, extensión, coacción o coalición para excluir a nuestra Comunidad de la solidaridad que nos corresponde», subrayó un Ruiz que, además, manifestó que «como primera premisa para la creación de esta comisión especial hemos definido el marco del cual no pretendemos salir; esto es la Constitución Española».
   

El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, ha manifestado a elfaro que esperan que el Consejo de Ministros apruebe el envío el próximo viernes “ya que en los pantanos de Entrepeñas y Buendía hay alrededor de 354 hectómetros cúbicos, cuando el año pasado la cantidad era de 242”. Respecto a las lluvias caídas en los últimos días, Del Amor afirma que han sido muy irregulares “y en los pantanos no han caído más de 10 litros por metro cuadrado”.

La comisión de explotación fijó un máximo de 23 hectómetros de agua trasvasables cada mes, por lo que si cumple este requisito se podrían ceder desde el Tajo hasta 69 hectómetros en los tres primeros meses.

Protesta en La Mancha
Por su parte, el vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, manifestó ayer que la compra-venta de derechos de regadío con destino al Levante puede llegar a ser “una especie de truco para saltarse la norma” de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Lamata se manifestaba así, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, que ayer decidió recurrir la autorización que hizo el Ministerio de Medio Ambiente de la venta de 36 hectómetros cúbicos de regantes del Canal de las Aves a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Lamata, que afirmó que “ese agua no debía haberse cedido”, consideró que la aprobación de esa venta se hizo con irregularidades, pues no se sometió a evaluación de impacto ambiental y hubo un error en el cálculo que se hizo de la dotación por hectárea. Así, explicó que la cantidad vendida, 36 hectómetros cúbicos correspondientes a 3.000 hectáreas, no se corresponde con la asignación que tienen por hectárea y año las parcelas de esa zona.

La gota fría pasa de largo por la Región debido a la falta de viento

Las tormentas previstas para la jornada del martes, que hicieron activar la alerta naranja en la Región, se localizaron en los alrededores de la Sierra de la Pila, donde cayeron alrededor de 40 litros por metro cuadrado. En Yecla el agua caída no superó los 20 litros y en Cieza si bien sólo cayeron 8 litros, la tormenta destacó por su intensidad, ya que apenas duró 10 minutos. En el litoral apenas hubo lluvia y sólo en lugares muy localizados como San Javier cayó un litro.

Según el meteorólogo Luis Bañón, el viento fue el factor que impidió que se produjeran las lluvias previstas, así como la orografía.

Para hoy, la previsión es de intervalos nubosos, más frecuentes por la tarde, con chubascos dispersos moderados, que pueden ir acompañados de tormenta.

El Consell permitía los vertidos al Segura

Los ex presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Antonio Nieto y Juan Cánovas explicaron ayer al juez que no podían prohibir a los ayuntamientos que dejasen de verter residuos al río ya que éstos tenían una autorización provisional de la Generalitat. Nieto y Cánovas prestaron declaración como acusados durante la tercera sesión del juicio que se sigue en la sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, por presuntamente consentir vertidos ilegales al río Segura antes de 2002. Además de estos dos ex mandatarios del CHS, están acusados siete empresarios.

Al Ministerio de Medio Ambiente, pese a su insistencia en el normal desarrollo de la ejecución de los trabajos, no le cuadran los plazos del Júcar-Vinalopó. El trasvase, que recibe 120 millones de financiación -sobre los 303 de coste total- a través de los fondos FEDER que concede Bruselas, podría incumplir según las previsiones del propio Gobierno el límite temporal que condiciona la citada inversión europea.

Así, según anunció ayer la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar), que promueve la infraestructura, se acaba de firmar el contrato definitivo para ejecutar las obras del tramo E -que discurre entre Moixent y La Font de la Figuera, en el límite con la provincia de Alicante y con los tramos respetados del trazado inicial-. Unas obras que, según los plazos establecidos en el pliego de condiciones, finalizarán bien entrado el año 2009.

Según admitió el consejero delegado de AcuaJúcar, José María Marugán, «el plazo de ejecución previsto es de 18 meses». Es decir, a menos que la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria acorte sensiblemente ese plazo, las obras del tramo E -y por tanto del trasvase en sí mismo- no finalizarán hasta finales de marzo de 2009. Tres meses después de la fecha límite para presentar ante Bruselas las certificaciones de obra y merecer los fondos.

La financiación que recibe el Júcar-Vinalopó -y todas las actuaciones del plan AGUA en la región- se enmarca en el plan operativo de la Comunidad Valenciana, que expira el 31 de diciembre de 2008. Tal como reconocía el propio Marugán en un informe publicado en su momento por ABC, de no llegar a tiempo los certificados de finalización de obra, los fondos recibidos hasta el momento deberían reintegrarse -con el consecuente riesgo para la viabilidad económica del proyecto-.

48 millones de euros

El presupuesto del último tramo adjudicado del nuevo Júcar-Vinalopó asciende a más de 48 millones de euros, y recorrerá algo más de 17 kilómetros. La UTE formada por Acciona y la valenciana Construcciones Luján deberá construir cinco acueductos para salvar desniveles orográficos, una balsa de regulación de 30.000 metros cúbicos y una estación de bombeo.

El tramo D, entre Llanera de Ranes y Moixent, se encuentra todavía pendiente de su adjudicación, que se ha fijado para «los próximos días».

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, considera que la compra-venta de derechos de regadío con destino al Levante puede llegar a ser «una especie de truco para saltarse la norma» de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo manifestó ayer después de comunicar que el Consejo de Gobierno decidió, el pasado martes, recurrir la autorización que hizo el Ministerio de Medio Ambiente de la venta de 36 hectómetros cúbicos de regantes del Canal de las Aves a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

En opinión de Lamata, «ese agua no debía haberse cedido» y matizó que la aprobación de esa venta se hizo con irregularidades, pues no se sometió a evaluación de impacto ambiental y hubo un error en el cálculo que se hizo de la dotación por hectárea.

Explicó el vicepresidente que la cantidad vendida, 36 hectómetros cúbicos correspondientes a 3.000 hectáreas, no se corresponde con la asignación que tienen por hectárea y año las parcelas de esa zona del Canal de las Aves, que es de 7.500 metros cúbicos, y añadió que sólo podría alcanzarse la cantidad de 36 hectómetros si la asignación por hectárea fuera de 12.000 metros cúbicos.

Desde el Gobierno regional se considera también que se ha superado el límite de 110 hectómetros cúbicos para abastecimiento, medidos en destino, que fija la Lay de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura.

Se considera rebasado ese volumen porque los 36 hectómetros cúbicos que se ceden deben ser computados como volúmenes trasvasados. En la fecha de firma del contrato de cesión, el 11 de julio de 2007, la dotación máxima ya estaba garantizada mediante los sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros y, por tanto, no procedía autorizar el contrato, argumentan desde el Ejecutivo.

Situación crítica

A juicio de Lamata, esta compra-venta de derechos «es una forma de intentar alterar la aplicación de la norma» cuando ya estaban cubiertos los cupos que corresponderían en una situación crítica, en la que el Consejo de Ministros debe autorizar los trasvases en lugar de la Comisión de Explotación.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha recordó que en una situación crítica lo único que debe garantizarse es el abastecimiento a las poblaciones, pero una autorización para regadío «sería superexcepcional» y sólo podría ser para un «riego de socorro superjustificado» que no pusiera en riesgo el abastecimiento.

También indicó que hasta que las reservas de la cabecera del Tajo no alcancen la media de los últimos años, no se podrá hablar de hacer trasvases para regadío.

El conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, aseguró ayer que el parque natural de la Albufera “tiene un déficit hídrico de 100 hectómetros cúbicos al año por culpa de Zapatero y su Gobierno”, que derogó el trasvase del Ebro.

El principal problema del lago es, según el conseller, la falta de agua, que se solucionaría con la transferencia hídrica del Ebro. Esto posibilitaría liberar caudales del Júcar para que pudieran aportarse a la Albufera.

García Antón señaló que la Albufera seguirá siendo uno de los humedales más importantes del mundo gracias a la Generalitat, que seguirá invirtiendo ‘‘para garantizar los mejores y mayores aportes de agua posibles’’.

El conseller indicó que en los últimos tres años la Albufera ha recibido 160 hectómetros de agua procedente de la depuradora de Pinedo.

La sequía y la escasez de agua han dejado de ser un problema de la Europa seca y se han convertido ya en un una lacra comunitaria contra la que Bruselas empieza a mover sus peones. Sin embargo, la Comisión Europea parece haber olvidado que los que tienen verdadera experiencia en la gestión de recursos hídricos son precisamente las regiones más afectadas por la falta de agua, como es el caso de la Comunidad Valenciana, y ayer desdeñó la defensa de los trasvases que el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, hizo ante Comité de las Regiones para insistir en que lo que las regiones europeas tienen que hacer es ahorrar y, en todo caso, desalinizar o reutilizar el agua.

Rambla, que intervino en nombre de Camps como portavoz de los territorios europeos afectados por la sequía, defendió los trasvases como las infraestructuras «con menor impacto energético y medioambiental, además de ser baratas y sostenibles puesto que sólo son posibles en el caso de que haya cuencas excedentarias». Inspirado en su remota experiencia en la lucha contra la sequía, Rambla insistió en la necesidad de «infraestructuras complementarias considerando el impacto medioambiental, económico y social».

Reutilización y depuración

No obstante, la iniciativa de Rambla no se vio secundada por la de la Comisión Europea, cuya portavoz de la unidad del agua, Stephanie Croguennec, se empeñó en repetir la palabra «ahorro», obviando que la propuesta de invertir en trasvases para prevenir y responder ante la falta de agua en la UE viene de la mano de una de las comunidades que más agua ahorra.

Según datos proporcionados por la Generalitat Valenciana, la Comunidad ahorra con los regadíos modernizados más 100 hectómetros cúbicos anuales, depura 500 y de ellos reutiliza directamente 175 hectómetros cúbicos al año, lo que representa más del 50% de toda el agua que se reutiliza en España. Además, el consumo medio por habitante y día se sitúa en la Comunidad Valenciana por debajo de la media nacional y de autonomías como Castilla-la-Mancha, Andalucía, Cantabria y Aragón, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.

La CE instó a las regiones a atajar el problema reduciendo el consumo de agua a través de una «política de tarificación» del agua de manera que se cobre a un precio «justo», algo que fue sostenido por Rambla. Además, insistió en la necesidad de que cada región planifique y adapte su modelo económico a la disponibilidad de agua. «¿Hasta donde llegará esta medida?», respondió Rambla preguntándose si ello significaría «que los valencianos arranquen sus naranjos».

Rambla no se mostró sin embargo reacio a que las regiones con déficit estructural de agua pasen por el ahorro y una mejor planificación territorial, pero insistió en que a esas medidas habría que añadir «infrestructuras adicionales» como desalación, pantanos y trasvases. Por último, el vicepresidente instó a los agricultores a «reasignar los recursos» y a ceder su agua a las ciudades para que las aguas residuales, una vez depuradas, sean utilizadas para el riego.

Las propuestas presentadas ayer por Rambla y por la Comisión Europea no son más que el punto de partida para la elaboración del «Informe Camps», que pretende servir de inspiración a la UE para tomar de medidas comunitarias contra la sequía y la escasez de agua. Ahora las regiones europeas tiene la oportunidad de aportar sus ideas al informe, que será finalmente presentado y votado el próximo 10 de enero.

El Gobierno de Castilla-La Mancha impugnará la última venta de derechos de agua de regantes del Canal de las Aves, en Aranjuez (Madrid), a regantes murcianos, que fue autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente el pasado 11 de julio. Así lo acordó ayer el Consejo de Gobierno, según informaron fuentes del Ejecutivo regional, que señalaron que la cantidad vendida alcanza los 36 hectómetros cúbicos.

Este es el tercer recurso que presenta el Gobierno socialista del socialista José María Barreda por la venta de derechos de agua de la cuenca del Tajo para regadíos en el Levante. Este recurso se apoya en la ausencia del informe de impacto ambiental, lo que, a su juicio, supone una falta de procedimiento y, en consecuencia, nulidad de pleno derecho. En este sentido, el Ejecutivo recuerda que la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha establece que este trámite debe ser cumplido para autorizar las cesiones de recursos hídricos, porque hay que determinar si puede provocar consecuencias negativas para el medio ambiente.

Otro motivo expuesto por la Junta de Castilla-La Mancha incide en los cálculos realizados por los regantes del Canal de las Aves, que consideran que dejar de regar 3.000 hectáreas sería suficiente para liberar los 36 hectómetros que se ceden a través del contrato.

El recurso plantea que, con ese cálculo, cada hectárea tendría una asignación de 12.000 metros cúbicos anuales y, sin embargo, el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo establece para esa zona una asignación de 7.500 metros cúbicos por hectárea y año. Por último, el Ejecutivo presidido por Barreda considera que se ha superado el límite de 110 hectómetros cúbicos para abastecimiento, medidos en destino, que fija la ley que regula la explotación del acueducto Tajo-Segura.

Excedentes en la cabecera

Por otra parte, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se reunirá mañana en Madrid, bajo la presidencia del director general del Agua, Jaime Palop. Sus miembros tendrán que decidir qué volúmenes se transfieren durante los próximos meses y para qué usos. El Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura ha solicitado oficialmente un envío de 38 hectómetros para atender los cultivos del otoño. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, a su vez, precisará su dotación para abastecer a la población, que ronda los 12 hectómetros por mes. Los pantanos de la cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buenía- almacenan actualmente unos 357 hectómetros cúbicos.

Según las reglas de explotación del acueducto, existen pues 117 hectómetros legalmente excedentarios. La actual situación es mejor que la del año pasado, cuando por estas fechas sólo había almacenados 253 hectómetros cúbicos. Aquella situación provocó que por vez primera en muchos años no se atendiera por completo la petición para los abastecimientos.

Dado que en esta ocasión los abastecimientos tienen garantizado el suministro hasta final de año, se dan las condiciones para que se puede derivar una parte de los excedentes para los regadíos del Segura. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, apuntó la semana pasada que se podría derivar agua para varios usos.

Los regantes del Tajo-Segura confían en que el nuevo año hidrológico se inicie con mejores perspectivas que el anterior. La prueba puede

estar en el Consejo de Ministros de esta semana o de la siguiente, que debe aprobar otro envío de agua desde la cabecera del Tajo. El presidente de la Confederación del Segura, Fuentes Zorita, está

«convencido» de que habrá un desembalse para riego, haciendo suyas las palabras de la ministra de Medio Ambiente. La situación en los embalses de la cabecera del Tajo ha mejorado, ya que almacenan 357 hectómetros, 137 de los cuales son oficialmente trasvasables. El año pasado almacenaban 253 hectómetros.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 16,88 por ciento de su capacidad y almacenan 4,12 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 564,82 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados hoy por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 11,93 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 32,95 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 47,23 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 46,95 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 50,37 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 65,46 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 36,62 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 44,01 por ciento, el de Alarcón un 6,34 por ciento y el de Contreras en 5,19 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 68,48 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 91,59 por ciento, La Muela en un 77,30 por ciento, y El Naranjero al 67,68 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 11,64 por ciento; Escalona al 4,44 por ciento; y Bellus, al 12,65 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 10,46 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 62,80 por ciento, Benagéber al 34,46 por ciento, Loriguilla al 19,28 por ciento y Buseo al 38,32 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 57,26 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 69,65 por ciento; Arenós un 40,31 por ciento; María Cristina un 12,03 por ciento y Sichar el 71,38 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 68,55 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 0,00 por ciento y el de Onda al 52,30 por ciento.