El PP aseguró ayer que el presidente regional «ha dado un rejón de muerte» a la reforma del Estatuto, que no será tramitado en la actual Legislatura, y con él a un asunto «muy importante para los castellano-manchegos» como la caducidad del trasvase Tajo-Segura.

Los dirigentes del PP que negociaron el Estatuto, Leandro Esteban, Ana Guarinos y Vicente Tirado, comparecieron ayer tras conocer que el Congreso ha decidido por unanimidad posponer la tramitación del proyecto de reforma.

Según Leandro Esteban, el propio presidente regional se encargó de «retardar la tramitación» del Estatuto en CLM, por lo que el retraso es «única y exclusivamente imputable» al PSOE, que tardó un año en poner sobre la mesa de negociación el documento sobre el que se trabajó. Esteban acusó a Barreda de «hacer descarrilar» el Estatuto, por lo que consideró que es «el gran fracasado» del proceso y «ha hecho fracasar a la región».

En términos similares se expresaron el secretario general del PP, Vicente Tirado, quien apuntó que lo ocurrido demuestra que Barreda carece de peso específico en Madrid, y la portavoz parlamentaria, Ana Guarinos, quien apuntó que lo conocido ayer es «la crónica de una muerte anunciada».

Guarinos dejó claro que su partido exigirá responsabilidades al presidente regional, al que acusa de haber «dinamitado» el Estatuto y el espíritu de consenso que lo inspiró.Sin embargo, Tirado dejó claro que su partido seguirá defendiendo el texto aprobado, pues está convencido de que es el mejor instrumento para el progreso de CLM

incumplimientos. El PP hiló estas críticas con una nueva denuncia de los incumplimientos que, a su juicio, realiza el PSOE respecto a los acuerdos establecidos en dicho Estatuto, como la reforma de la Ley Electoral.

En esta ocasión, el PP distribuyó un documento firmado por los seis negociadores de ambos partidos que pergeñaron la reforma del Estatuto en el que se comprometen a que esa misma comisión acometiera la reforma de las leyes afectadas por ese texto y que regulan las instituciones de CLM.

El documento establece que los firmantes «se comprometen a que la comisión continúe sus trabajos para proceder a la modificación de cuantas leyes se vean afectadas por la mencionada reforma, y en concreto por las que se deriven de lo contenido del Capítulo V del Título II del borrador de la proposición de ley acordada».

El último punto subrayaba el compromiso de que en el seno de dicho grupo «se avance en una propuesta conjunta de reforma del Reglamento de las Cortes».

El PP sostiene que el PSOE ha incumplido dicho acuerdo, que afecta entre otras instituciones al Defensor del Pueblo y a la Sindicatura de Cuentas. Según los populares, el PSOE no debería haber propuesto el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo hasta la reforma de la institución (que supondría la elección de dos adjuntos, uno de cada partido).

Asimismo, aseguraron que la propuesta del PSOE para reformar la Sindicatura de Cuentas vulnera lo acordado.

Los dirigentes del PP opinaron que estos documentos, junto con la propuesta unilateral del PSOE para reformar la ley electoral, demuestran que Barreda ha incumplido todos sus compromisos.

Esteban aseguró que el PP lleva al menos tres legislaturas proponiendo de todas las formas la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones y siempre encontró el rechazo del PSOE. Hizo estas consideraciones respecto al anuncio realizado por Barreda de suprimir a partir del 1 de enero ambos impuestos. Lamentó que, entre tanto, miles de ciudadanos de la comunidad han tenido que pagar un impuesto que ya no se pagaba en otras CCAA.

Y se congratuló de que Barreda «se haya caído del caballo, se le hayan caído las escamas y haya visto la luz».

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer que el trasvase del Ebro es «una cuestión absolutamente cerrada» y que va «más allá de opiniones de carácter personal de personas que en estos momentos no tienen ninguna responsabilidad política» , dijo en referencia al ex ministro de Defensa José Bono quien el pasado fin de semana defendió el trasvase del Ebro.
La ministra se refirió a esta cuestión en la Cámara Alta. El senador del Partido Aragonés, José María Mur, sacó a colación las recientes palabras del ex ministro José Bono, quien se preguntó por qué se trasvasa agua desde la cabecera del Tajo y no se puede trasvasar desde la desembocadura del Ebro. Narbona, que no mencionó a José Bono, subrayó que se trata de una cuestión zanjada, al margen de la opinión de personas sin ninguna responsabilidad política, en referencia al ex ministro. Post trasvase al Vinalopó Además, la titular de Medio Ambiente afirmó que el Gobierno está «cumpliendo» con el proceso de ejecución de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, por lo que avisó al Consell de que «ya va siendo hora de que termine de financiar» las obras de post trasvase y de modernización de regadíos del Júcar, ya que si no, se finalizará la obra y el agua «no podrá llegar a los agricultores» . Narbona respondió a una pregunta de la diputada del PSOE Juana Serna, acerca de cómo valora el Gobierno el proceso de ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó. Narbona dijo que el Gobierno está «cumpliendo a pesar de los obstáculos que el Gobierno valenciano pone. Tendrían que estar trabajando y no intentando frenar la obra una y otra vez» , dijo.

La disparidad de criterios entre el PP y PSOE murcianos sobre el agua, a diferencia de lo que sucede en otras Comunidades, volvió a escenificarse ayer en la Asamblea Regional con toda su crudeza. El diputado popular José Antonio Ruiz Vivo presentó una moción para que el Gobierno de la Nación se pronuncie a favor de la conexión del Tajo Medio con el Segura; así como sobre la fórmula de los bancos de agua que el PP pretende que se aplique también a las transferencias entre el Ebro y las cuencas del sur. Con el escenario electoral de fondo, PSOE e IU votaron en contra.

Ruiz Vivo expuso que con su propuesta se trataba de defender el Trasvase Tajo-Segura poniendo en escena una nueva derivación del curso medio de este río que debe servir de solución para deshipotecar la cabecera, que tiene menos recursos. Además, denunció la existencia de un «pacto oculto para acabar con el trasvase Tajo-Segura» y criticó la fórmula de la desalinización, ya que a su juicio, Barreda y Narbona «nos van a dar el timo del tocomocho cambiando agua trasvasada por agua desalada».

El Tajo Medio

Añadió que los bancos de agua sólo pueden funcionar «donde hay caudales», y puso como ejemplo el Ebro, al cual no renuncia el PP murciano. «La palabra Ebro está prohibida en el lenguaje de Pedro Saura», dijo en alusión al secretario general del PSOE murciano. «Teme que le pase lo mismo que al socialista Joan Ignasi Pla en Valencia. La pronunció y tuvo que dimitir».

Ruiz Vivo, anterior secretario general de la Presidencia, recordó que el proyecto del Tajo Medio fue presentado por el presidente Valcárcel hace dos años a Rodríguez Zapatero como solución a los problemas hídricos de Murcia y Castilla-La Mancha. Cree que el jefe del Ejecutivo nacional debe pronunciarse ya en uno u otro sentido. Según ha venido publicando ABC, la opción del Tajo Medio sigue en estudio por parte del Ministerio de Medio Ambiente, junto con la derivación del Jarama y la transferencia desde Extremadura.

Añadió que el PP tampoco ha obtenido respuesta a la oferta de Valcárcel y Camps de costear con dinero autonómico la construcción del acueducto del Ebro al Levante y Sureste. Ante la negativa del PSOE e IU a secundar la moción, Ruiz Vivo proclamó que Rajoy «ganará las elecciones y se construirá el trasvase del Ebro».

El portavoz socialista José Ramón Jara señaló que el PP «sólo busca la bronca» con el Gobierno de la Nación, puesto que recordó que la opción del Tajo Medio está en estudio por el Ministerio. Asimismo, apuntó que el Ejecutivo central se ha expresado en varias ocasiones a favor de la continuidad del Trasvase Tajo-Segura. A su juicio, la desalinización y la gestión de la demanda es la mejor solución para los problemas de la cuenca del Segura.

El diputado y coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, votó en contra de lo que consideró más «propaganda electoral» del PP.

IU de Castilla-La Mancha considera que la decisión del Congreso de aplazar hasta después de las generales el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía, que incluye la fecha de caducidad del trasvase en el 2015, beneficiará al PSOE y PP de Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia para mantener en la campaña electoral el «circo del agua». El coordinador regional, Cayo Lara, asegura que «no les podía venir mejor, pues el debate seguirá pendiente y seguiremos con el espectáculo».

ABC

MADRID. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recalcó ayer que el trasvase del Ebro es «una cuestión absolutamente cerrada» y que va «más allá de opiniones de carácter personal de personas que en estos momentos no tienen ninguna responsabilidad política». La ministra se refirió ayer así a esta cuestión en la Cámara Alta.

El senador del Partido Aragonés, José María Mur, en una pregunta sobre depuración de aguas, sacó a colación las recientes palabras del ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono, quien el pasado fin de semana se preguntaba por qué se trasvasa agua desde la cabecera del Tajo «y no se puede trasvasar desde la desembocadura de otros ríos».

Mur preguntaba a la ministra por la construcción de una serie de depuradoras en el Pirineo aragonés y en su argumentación, aseguró que su Comunidad necesita reutilizar y aprovechar toda el agua para que no se reabra el asunto del trasvase del Ebro.

En su respuesta, Cristina Narbona, que no mencionó a José Bono, subrayó que es esta una cuestión zanjada, al margen de la opinión de personas sin ninguna responsabilidad política.

Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente también aseguró ayer que el Gobierno está «cumpliendo» con el proceso de ejecución de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, por lo que avisó al Gobierno de la Generalitat valenciana de que «ya va siendo hora» de que «termine de financiar» las obras de post trasvase y de modernización de regadíos del Júcar, ya que si no, se finalizará la obra y el agua «no podrá llegar a los agricultores».

«La palabra Ebro está prohibida en el lenguaje» de los socialistas murcianos, reprocha el PP

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Proyecto de Ley de Presupuestos Regionales para el año 2008. Estas cuentas autonómicas son «expansivas, equilibradas y garantizan los compromisos» adquiridos por el presidente José María Barreda en su Debate de investidura. El Presupuesto para 2008 asciende a 8.900 millones de euros, un 9 por ciento más que el año pasado. Además, el Proyecto de Ley de Presupuestos avanza en el compromiso de agilizar y mejorar los procedimientos de gestión económica-financiera, así como ofrecer una mayor información y transparencia.

Por otro lado, se aprobó la designación de representantes de la Junta en los Comités de Autoridades competentes de las Demarcaciones Hidrográficas con Cuencas Hidrográficas. Con este acuerdo se designó como vocal en los Comités de Autoridades Competentes de las Demarcaciones Hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, en representación de CLM, al consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón.

También se designó como suplente al director general del Agua, José Fernando Ortega.

El año hidrológico 2006-2007 está a punto de terminar y llega el momento de hacer balance, especialmente en la mayor ciudad a orillas del río Júcar, Albacete. Un balance que es positivo, a pesar de las dificultades del tercer año consecutivo de sequía.

El concejal responsable del abastecimiento y del ciclo del agua en la ciudad, Ramón Sotos, señalaba que este año, la capital manchega ha sabido ceñirse e incluso quedar un poco por debajo de los 15 hectómetros cúbicos anuales que se asignan para las necesidades de sus casi 170.000 habitantes.

En estos cambios, indicó Sotos, se ha dejado notar «un gran cambio en la forma de gestionar la sequía, especialmente la política de desembalses» que beneficiaba, históricamente, a Valencia.

El concejal recordó que, hasta fechas bien recientes, la ciudad de Valencia se abastecía sólo del Júcar, cuando debe hacerlo a la vez de Júcar y Turia. Esto «hipotecaba» cerca de 100 hectómetros del Júcar que ahora se han «liberado» para el resto de la cuenca.

«Por otra parte, ha habido un notable cambio en la política de desembalses», señaló, «de forma que se respeta un caudal ecológico mínimo y no se descarga toda el agua en primavera para que se fuese a Tous».

De esta manera, Albacete ha podido ir dejando de usar los pozos aunque este año, por motivos relacionados con la sequía, se mantuvieron operativos tres pozos que al final, para garantizar la calidad del agua, se quedaron en sólo uno «cosa que hicimos por echarle una mano a los regantes, una mano de seis hectómetros cúbicos que nos costó unas cuantas críticas, aunque lo volveríamos a hacer».

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer cuando acabe este año la Comunitat dispondrá de 335 hectómetros cúbicos más de agua que al inicio de la legislatura. Narbona ofreció estas cifras en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, durante una comparecencia para explicar los motivos de la paralización de la reforma de la Ley del Agua, y manifestó que le gustaría que alguna vez el presidente de la Comunitat, Francisco Camps, reconociese esos datos.

La ministra aseguró que la provincia de Castellón incrementará en 64 hectómetros cúbicos su disponibilidad de agua, de los que 40 hm3 proceden del embalse de Arenós. A esta cantidad hay que sumar otros 11 hm3 debido al ahorro en los regadíos” fruto del plan de modernización puesto en marcha por este Gobierno”, dijo la ministra. El aumento en la provincia de Valencia alcanzará los 84 hm3 gracias a los pozos abiertos con financiación del Gobierno central, más otros 35 hm3 de ahorro en regadíos y otros 50 hm3 debido actuaciones de Agricultura, mientras que en Alicante el aumento será de 40 hm3 de las plantas desalinizadoras y 51 hm3 de ahorro en los regadíos.

La legislatura del agua ha salido mal parada. Ni se crearán los Bancos Públicos del Agua, ni se pagará el precio real del agua, ni se controlarán los pozos ilegales. Todas estas medidas estrella que había anunciado la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se han quedado en papel mojado, porque la reforma de la ley de Aguas que pretendía no saldrá adelante, como ya publicó ABC en marzo. Ayer lo reconocía la propia Narbona en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

En su lugar, el Gobierno aprobará antes de finales de año un real decreto que incluirá todos aquellos aspectos de la prevista reforma que no necesiten rango de ley y que ya cuenta con el respaldo de la mayoría del Consejo Nacional del Agua. En concreto, la norma regulará la gestión del Dominio Público Hidráulico, en particular la protección en las zonas inundables; incrementará los niveles de seguridad de las presas y tratará de homogeneizar los criterios de aplicación de sanciones por daños causados sobre el dominio público hidráulico.

En el fondo, la reforma de la ley de Aguas se ha paralizado por las tensiones que han provocado los diferentes Estatutos, aprobados por distintas comunidades autónomas, que «blindan» el agua de los ríos que pasan por sus territorios. El consenso no fue posible entre las comunidades, las cuales, en definitiva, temían ver mermada la disponibilidad de sus recursos hídricos si la reforma salía adelante. La propia Narbona lo reconocía ante la Comisión del Congreso, donde defendió un modelo que «goce de la máxima estabilidad en el tiempo».

Costes del agua

Pero también hubo otra polémica que ha detenido la reforma, como dijo la ministra. La determinación de los costes del agua de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea fue «rebatida de forma muy dura», según sus palabras, por el Consejo Nacional del Agua, donde están representadas comunidades y asociaciones de regantes, agrarias y ecologistas. Sobre este aspecto, Narbona abogó por seguir trabajando para dar pasos que sean compartidos por el sector agrícola, uno de los principales afectados por la reforma de la ley de Aguas.

La Junta de Portavoces del Congreso acordó ayer dejar para la próxima legislatura la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que llegó a la Cámara el pasado mes de febrero pactado por el PSOE y el PP en esa comunidad.

Según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias, los grupos mayoritarios y las minorías han preferido posponer ese primer debate del Estatuto castellanomanchego dado que no había seguridad de que diera tiempo a completar la tramitación en los pocos meses que quedan de legislatura.

Así las cosas, sólo quedan dos reformas estatutarias con opciones de aprobarse antes de la disolución de las Cortes y las elecciones generales: las referidas a Canarias y Casilla y León.

El debate del Estatuto canario, que llevaba más de seis meses congelado en el Congreso, arrancará por fin hoy con la constitución y tradicional «foto de familia» de la Ponencia de la Comisión Constitucional encargada de su tramitación. Este Estatuto llegó al Congreso en septiembre de 2006, con el apoyo de PSOE y CC y la oposición del PP. No llegó a debatirse en el Pleno del Congreso hasta el pasado mes de febrero, donde se repitió la misma división e incluso la ponente del Grupo Popular llegó a tachar la reforma de «nacional-socialista».

Las elecciones autonómicas cambiaron la situación y Coalición Canaria pactó el gobierno canario con el Partido Popular y juntos registraron en junio un elevado número de enmiendas parciales que introducen importantes cambios en el texto inicial. El PSOE expresó sus dudas sobre esta alianza y anunció condiciones para permitir la aprobación de la reforma.

En esta tesitura, y con el periodo estival de por medio, el Estatuto canario se había dejado aparcado en el Congreso. Finalmente, el presidente de la Comisión Constitucional, el socialista Alfonso Guerra, ha decidido convocar la primera reunión de la Ponencia, aunque los grupos parlamentarios admiten serias dificultades para cerrar un acuerdo en el breve plazo de tiempo que resta para que acabe la legislatura, dado que las diferencias se sitúan en temas clave como el sistema electoral.

Paralelamente, esta tarde finaliza el plazo de enmiendas parciales al Estatuto de Castilla y León, una reforma en la que hay consenso entre las dos fuerzas mayoritarias y que podría acelerar así su tramitación.

De hecho, si se cierra el plazo de enmiendas del texto castellanoleonés, en un breve plazo de tiempo se podría convocar la Ponencia, y en el Grupo Socialista no descarta que esta discusión pueda anteponerse a la del Estatuto canario.

Eso sí, ese adelanto supondría romper la regla no escrita que ha regido hasta ahora para aprobar las reformas estatutarias siguiendo el orden de llegada a la Cámara Baja.

Resulta que ahora va José Bono, el descacharrado político manchego, y vuelve a reclamar el trasvase.

¿Qué quieren que les diga? A mí este prócer, este socialista –¿socialista?–, siempre me ha parecido un demagogo, un vendedor de enciclopedias, de programas de mano a domicilio, y por eso me han venido sublevando sus predicamentos y prestigios entre otros referentes de su línea, tal que el propio Felipe González, a quien clonó sin la sal de Andalucía.

Quizá en el terreno corto, como les ocurre a tantos otros, Pepe Bono se atuse, gane, se meta al personal en el bolsillo, pero, como no he pasado de tratarle en público, no puedo opinar sobre sus más íntimas capacidades de seducción.

Le he visto, como ustedes, rodearse de obispos y folclóricas, chapotear en ese socialismo –¿socialismo?– manchego con las eses aspiradas por la sonrisa de un comercial de sí mismo y del felipismo que lo aupó, y dirigir nuestros ejércitos con arengas de boy scout que hacían bueno a Federico Trillo.

Ahora, ayer, Bono ha vuelto a reclamar el Ebro, a exigir que las aguas sobrantes sean trasvasadas allá donde en España, en Ejpaña, se sufra carestía. En su lenguaje patriarcal, autoritario, tales y subjetivas justicias aspiran a adquirir una categoría bíblica subtonal, algo así como el vigor, la irrefutabilidad de una ley no escrita; es el pastor, el profeta que se dirige a su rebaño desde la altura de un monte seco, y cuya salmodia invoca el milagro de las aguas, de la abundancia, del maná.

Dice este socialista ajoarriero, el expresidente castellano, el hombre que nunca perdió unas elecciones y que aplastó al hijo de Suárez sin tan siquiera nombrarle, que no puede entender por qué el Tajo se trasvasa desde la cabecera mientras que el Ebro, por el contrario, no puede trasvasarse ni siquiera desde la desembocadura.

Bono, ese piel roja, menos de alma, y ahora, un poco como Felipe, en la reserva, no entender por qué hombre blanco monopolizar el agua de los grandes ríos. Su tam-tam ha coincidido con la danza de la lluvia del jefe Arenas, otro demagogo, éste, el mohicano andaluz, más fino y menos descacharrado sobre la jaca que lo pasea por el ferial de la derrota; he aquí que también Arenas reclama el Ebro, y por las mismas razones de supuesta carestía y generosa solidaridad. Habido lo elemental, lo electoral de estos mensajes, más que profesores universitarios, ecologistas o expertos en hidrología deberían ser, en el caso de Bono, sus propios compañeros y amigos, José Luis Rodríguez Zapatero, Marcelino Iglesias, quienes, en tono didáctico, sin acritud, le hiciesen comprender lo profundo de su error, así como el daño originado por sus críticas.

De lo contrario, y de proseguir el educado, o apocado, silencio de Iglesias, podría desprenderse que el PSOE llegara a plantearse la revisión de su política antitrasvasista y, dando pábulo a Bono, Chavez, Ibarra y otros barones pasados o presentes, resucitar el fantasma del trasvase del Ebro. Tesis que podría ganar enteros caso de que Bono fuese rescatado para la política activa en puesto de campanillas donde seguir alternando con la púrpura, las castañuelas y los constructores de presas.