La Federación Nacional de Comunidades de Regantes considera un «error político» que los recientes estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas entren a regular «una competencia exclusiva del Estado, ya que las competencias sobre cuencas intercomunitarias no pertenecen a las regiones, sino al Estado, tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución Española en sus artículos 149 y 45.2».

En este sentido, insistie en que los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas «con independencia del color y signo del partido que las gobierne» deben ser planificados y gestionados por el Estado, con el fin de evitar la «instrumentalización» del uso del agua que «sólo conduce a hipotecar los ríos existentes y a provocar ‘guerras’ del agua».

En este marco, la Federación de Regantes advirtie de que «la pretendida titularidad exclusiva sobre las aguas que realizan algunas reformas estatuarias recientes pueden terminar con el modelo tradicional de gestión por cuencas hidrográficas, siguiendo el lema ‘el agua es de todos’, del que España fue pionera y que ha servido de base en Europa para la Directiva Marco de Aguas (DMA)».

Fenacore estima que la transferencia de las competencias ejecutivas sobre el dominio público hidráulico a las comunidades autónomas «debe hacerse en los términos de la legislación de aguas».

En su opinión, la naturaleza de la cuenca hidrográfica «exige una gestión unificada en manos de los organismos de cuenca, en virtud del principio de unidad de gestión de la cuenca y de indivisibilidad de la misma por tramos autonómicos, lo que exige superar las divisiones político-administrativas».

Nuevo sistema ribereño territorial

Además, considera que este «nuevo sistema ribereño territorial» en el que, a través de los estatutos de Autonomía, distintas comunidades «quieren asumir competencias exclusivas sobre el control de los recursos hídricos que discurren parcialmente por su territorio», puede derivar en un modelo autonómico «insolidario» y en «guerras del agua» entre comunidades autónomas.

En este sentido, apunta que esta confrontación política tiene su reflejo en los recursos que distintas comunidades autónomas, como Aragón, Extremadura, Valencia y Murcia, anunciaron la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional contra los estatutos de las otras comunidades autónomas por considerar que pretenden privarles de sus derechos sobre el agua.

De esta forma, Castilla y León reivindica la gestión del río Duero; Castilla-La Mancha exige el control del Tajo y el Júcar; Andalucía reclamaba la gestión exclusiva del río Guadalquivir; Cataluña y Aragón propugnan la gestión individualizada de sus respectivos tramos autonómicos del río Ebro, oponiéndose frontalmente a cualquier posible trasvase.

Gran pacto político del agua

Para superar estas «divisiones político-administrativas», Fenacore aboga por un «gran pacto político» sobre el agua entre las fuerzas políticas, sociales y económicas basado en los criterios de «sostenibilidad, racionalización económica y solidaridad territorial, que al margen de ‘guerras’ del agua- garantice a los usuarios a corto y medio plazo el suministro en zonas deficitarias y el desarrollo económico de todas las regiones españolas.

La Federación recuerda que la «contaminación política» del agua causó durante estos últimos años «no sólo desencuentros poco afortunados entre las distintas administraciones públicas sino también un gran perjuicio para los propios usuarios por el retraso que supone para la planificación hidrológica nacional».

Por este motivo, considera prioritario impulsar la planificación hidrológica a través de la construcción discriminada de obras de regulación y trasvases intercuencas, así como otras medidas de gestión de la demanda como la modernización de regadíos, la gestión sostenible de los acuíferos o la regeneración de aguas depuradas urbanas que, una vez tratadas, pueden emplearse en los riegos.

El ex presidente de Castilla-La Mancha y ex ministro de Defensa, José Bono, aseguró ayer en su visita a Burjassot que el agua “debe ir de donde sobra a donde falta” y consideró que ése es “el significado de la solidaridad”.

“La solidaridad debe significar eso, que el agua vaya de donde sobra a donde falta, lo que no he entendido nunca es por qué se trasvasa desde la cabecera del Tajo y no se puede trasvasar desde la desembocadura de otros ríos. Nunca lo entenderé”, dijo el ex presidente manchego en alusión al trasvase del Ebro.

Bono se desmarcó de esta manera de la política hídrica del Gobierno de Zapatero y defendió el trasvase del Ebro. Se pronunció así al ser preguntado por la discusión entre los Ayuntamientos de Zaragoza y Valencia a raíz de la promoción y las inversiones de la Expo Zaragoza 2008, que se desarrolla bajo el lema Agua y desarrollo sostenible, y del rechazo del Consistorio que dirige Rita Barberá a que se instale una carpa del acontecimiento en la capital del Turia.

Congreso del PSPV
En su visita a Burjassot, el líder socialista opinó sobre otras cuestiones de actualidad como el debate por suceder a Ignasi Pla al frente del partido. No obstante, optó por la cautela. Bono afirmó que no puede interferir en ese proceso y evitó pronunciarse sobre algunos de los candidatos. “Conozco a todos los que se han postulado o han sido mencionados y les deseo lo mejor, pero no voy a interferir ni menospreciar a nadie. Conozco a Jorge Alarte y a Jordi Sevilla y todos merecen mi consideración y mi respeto”, manifestó.

Sobre el futuro político que lo sitúa en la candidatura a las generales por Toledo, el ex ministro dijo que quienes han anunciado su regreso a la política “son amigos entrañables”, aunque insistió en que él todavía no ha confirmado su presencia en la candidatura socialista.

“No puedo confirmar lo que nunca he afirmado, han sido amigos entrañables quienes han manifestado su deseo de que vaya en las próximas listas, pero el portavoz de mí mismo soy yo, y no deberían atribuirme nada hasta que no lo diga yo mismo. Soy un peón dentro del PSOE, y mi labor es ayudar y empujar”.

También valoró su paso por la presidencia de Castilla-La Mancha dentro de su carrera política. “No ha habido ni habrá otro cargo político más ilusionante. Durante seis elecciones he sentido el apoyo y afecto de mis paisanos y por este motivo me siento obligado a besar por donde pisen los castellano-manchegos”, precisó.

Bono también tuvo palabras de agradecimiento al pueblo valenciano por haber acogido a multitud de inmigrantes manchegos en otros tiempos. “Si hoy se vive mejor en la Comunitat Valenciana y en Castilla-La Mancha no es gracias a ningún ministro, ni a ningún presidente, ni al Rey, ni a un general, sino a quienes se fueron de sus tierras hace años. Por eso yo no cambio mis ascendentes ni por los del mismo rey de España”, afirmó.

Respecto a las críticas del Consell al proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, apuntó que el Gobierno “trabaja más por la igualdad de las personas que por la de los territorios”.

Bono dijo que quienes insultan a los que colocan banderas españolas en edificios públicos son “energúmenos”, y lamentó la situación política en localidades del País Vasco.

En relación a la manifestación convocada en Lizartza contra la alcaldesa del PP, Regina Otaola, Bono señaló que es “muy malo que todavía existan personas que consideran la bandera española como un elemento de insolidaridad”.

El catedrático de derecho internacional Cesáreo Gutiérrez Espada dijo hoy, en las XXII jornada de la asociación española de profesores de derecho internacional, que el Tribunal Constitucional debiera aclarar quién regula los cursos de los ríos cuando nacen y mueren en mas de una comunidad autónoma.

EFE Gutiérrez Espada indicó que «todos esperan las sentencias» del Constitucional en torno a los recursos contra las reformas de algunos estatutos de autonomía que incluyen derechos sobre ríos que pasan por varias autonomías, y recalcó que no aclarar la situación «provocará problemas internos serios». Este experto indicó que la crisis del agua cada vez es mas grave, lo que está forzando a Estados y a organizaciones internacionales a emplear todos los medios posibles para solucionar el problema. Gutiérrez Espada, que habló en su intervención del agua como factor de cooperación y conflicto, elogió el papel que tiene el tribunal de las aguas de Valencia como institución judicial de resolución de conflictos en el tema del agua. Puso como ejemplo además lo ocurrido en Sudán en febrero de 2003, donde fallecieron doscientas mil personas en un conflicto armado en parte derivado por la falta de agua y la miseria, si bien un descubrimiento por teleobservación ocurrido este verano, donde se vieron lagos subterráneos de agua, podrían llevar a la paz con una perforación de mil pozos de agua, solucionando así la peor tragedia humana del siglo. De la importancia del agua, explicó que un hombre no puede pasar mas de tres días sin beberla, pero podría pasar tres semanas sin alimento, y criticó a Occidente por malgastar un recurso tan importante, con un gasto que en España se sitúa en 280 litros diarios por persona, cuando el requerimiento mínimo para beber es de diez litros. Comentó que uno de los mayores obstáculos en el conflicto entre Israel y Palestina radica en lograr un pacto aceptable sobre la gestión y el uso de las aguas del río Jordán. Recordó que en la guerra de Irak de 1991 unos bombardeos en centrales eléctricas causaron de modo involuntario una afección al tratamiento de las depuradoras de ese país, cuyo mecanismo de bombeo funcionaba con energía eléctrica, ocasionando un incremento de gastroenteritis infantil y de aguas contaminadas. En este sentido, indicó que el derecho internacional en caso de conflicto bélico contiene protección hacia las aguas, y citó la convención de Ginebra que protege instalaciones de agua potable, pero consideró necesario añadir normas de protección ambiental. Finalizó su intervención con una oración egipcia, de la época de Akenatón, en la que demandaba la crecida del Nilo a los dioses, y que finaliza con la frase «tráenos el agua para todos». Por otra parte el consejero de Presidencia, Juan Antonio de Heras, dijo hoy en la XXII Jornadas de la Asociación española de profesores de derecho internacional que se celebra en Murcia que hoy en día «nadie discute los oleoductos o los gasoductos, pero a la hora de hacer acueductos, no sería posible ni el que acometieron los romanos en Segovia». De Heras recalcó que haría falta en España una política de Estado en materia de agua como se llevó a cabo cuando se aprobó el Plan Hidrológico Nacional que incluía el trasvase del Ebro, al tiempo que criticó la actual situación en la que se habla de blindar cuencas hidrográficas y reformas estatutarias que incluyen derechos excluyentes en agua. Recordó que los indígenas que en 1855 vendieron Washington advirtieron a los compradores que los ríos «eran nuestros hermanos», un derecho natural que, según dijo, se ha perdido, «y ni en nuestro país estamos logrando salvar principios que debieran estar fuera del debate». Indicó que la mayoría de países europeos tienen sus cuencas hidrográficas interconectadas que en algún caso conllevó un comercio fluvial fructífero, pero, en cambio, «en España la interconexión se ha convertido en un elemento de confrontación y conflicto», afirmó. Juan Antonio De Heras dijo que la postura de Murcia «es clara, y es ser partidaria de que el agua que sobre, sea excedentaria, no tenga valor ambiental o productivo, que pueda aprovecharse donde haga falta, y en Murcia hace falta, con un déficit estructural que supone que necesita una aportación de caudales externos».

El grupo popular en el Ayuntamiento de Benidorm será el primero en materializar la ofensiva del PPCV para reivindicar el trasvase del Ebro y el trazado original del Júcar-Vinalopó, así como para cuestionar la política hídrica del Gobierno socialista, basada en la construcción de desaladoras en el litoral de la Comunidad.

Así, el equipo de gobierno del Consistorio benidormí presentó ayer la moción, que elevará al próximo pleno municipal, en la que rechazan «el plan masivo de implantación de desaladoras» y solicitan recuperar el trasvase del Ebro y el Júcar-Vinalopó con la toma en Cortes de Pallás. El portavoz popular, Antonio Pérez, presentó el texto de la moción, que se incluye en la campaña anunciada por el PP en la Comunidad para reclamar al Gobierno soluciones al déficit hídrico en la región.

La iniciativa de los populares benidormíes se produce en una coyuntura en la que el trasvase al Vinalopó se encuentra fuertemente cuestionado por la calidad de las aguas en la desembocadura del Júcar, y por la parálisis de las obras iniciadas el pasado mes de julio. Así, el trasvase apenas cuenta con usuarios para el caudal a transferir.

Asimismo, resulta especialmente significativo que Benidorm inaugure la ronda de mociones, dado que el último conflicto a cuenta de la desalación -cuando no se ha superado todavía el abierto en Torrevieja- se ha producido en la localidad de Denia, también en las comarcas de las Marinas.

«Retroceso»

Pérez afirmó que el Gobierno del PSOE «ha supuesto un retroceso en la política del agua», en la que ha seguido «los dictados de grupos políticos radicales a cambio de sus votos para sostenerse en el Gobierno».

La moción rechaza «el plan masivo de implantación de desaladoras del Ministerio de Medio Ambiente» por «sus evidentes carencias y los graves perjuicios que ocasionarán».

En el texto los populares piden a la titular del citado Ministerio, Cristina Narbona, que «rectifique el actual trazado del Júcar-Vinalopó», al tiempo que «no se reduzcan los aportes del trasvase Tajo-Segura». Por último, la moción recoge la exigencia de recuperar el trasvase del Ebro, «pieza esencial para mantener una política hídrica coherente».

Con la presentación de esta moción, que podría materializarse la próxima semana en el pleno ordinario, el alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, adoptará una posición más beligerante en la cuestión hídrica, pese a que su turístico municipio no se ha visto afectado por la sequía endémica del Vinalopó y la Vega Baja -y, de hecho, su gestión del agua ha merecido múltiples reconocimientos-.

En cuanto a las desaladoras, el texto afirma que «son para casos determinados» y considera que con los cambios realizados por el Gobierno al Programa AGUA provocarán «importantes perjuicios medioambientales y energéticos por los vertidos de salmueras al mar». La moción añade que la demanda de energía conllevará «problemas de suministro» para la población y la actividad turística, y «la necesidad de nuevas líneas y subestaciones».

El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Manuel Alcalde, aseguró ayer que no se ha detectado la presencia del mejillón cebra en la cuenca del río Júcar. Alcalde explicó que se han incrementado notablemente los controles en la cuenca tras la aparición del mejillón cebra en otras cuencas, para prevenir su aparición.

El comisario de Aguas aclaró que no se ha detectado ni siquiera en los estados más precoces la presencia del mejillón cebra en la cuenca del Júcar.

Alcalde admitió que sí que se había detectado la presencia de larvas en un embalse de Castellón dentro de la demarcación del Júcar, pero en otra cuenca, por lo que ya se han tomado las medidas pertinentes para evitar su propagación y se ha prohibido prácticamente cualquier actividad.

La elaboración de los nuevos planes hidrológicos estará finalizada en el año 2009. Así lo explicó ayer el subdirector del general de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico del Ministerio de Medio Ambiente, Jesús Yagüe, que asistió ayer en Albacete a la reunión que mantuvieron los comisarios de todas las cuencas hidrográficas españolas con el objetivo de coordinar las políticas en materia hidráulica en todo el territorio nacional.

Yagüe recordó que, tal y como marca la normativa europea, el nuevo panorama hidrológico español tendrá que estar terminado para el año 2009, y entre ellos sobresale el Plan Hidrológico del Júcar. Para ello, confió en que a finales del 2008 los técnicos tengan ya aprobados los documentos que se abrirán a la participación pública con el objetivo de que durante ese ejercicio y el 2009 se puedan presentar las alegaciones pertinentes.

El responsable del Ministerio alegó que con esta nuevo marco normativo de las cuencas hidrográficas «entraremos en una nueva cultura del agua, porque ahora seremos exigidos por la Unión Europea para el cumplimiento de la directiva marco y en caso de incumplimiento se impondrán sanciones muy duras». Puntualizó que en el caso de incumplimientos por parte de las Comunidades Autónomas el estado será el sancionado por lo que el Gobierno tendrá que buscar mecanismos para hacer cumplir la normativa a las autonomías que la incumplan.

Participación pública

Tras el periodo que se abrirá a la participación pública la nueva regulación de los planes de cuenca estará plenamente operativa, según Yagüe, para el 2010.

En este sentido, el comisario de aguas de la cuenca del Júcar, Manuel Alcalde, que asistió a la reunión, explicó que tanto los usuarios como las administraciones ya están preparadas para asumir este cambio «porque sería impensable que no lo estuvieran tras tres años de intensa sequía». En la reunión de ayer se abordaron temas «de gran trascendencia» como la elaboración de un plan de choque contra los vertidos «para controlar y mejorar cada vez más la calidad de los ríos con un notable incremento en las inversiones». Yagüe reseñó que el Gobierno está apostando por un programa de restauración de los ríos que prevé la recuperación de los sistemas fluviales, de los ecosistemas y de los sistemas terrestres asociados a los ríos, «con importantes inversiones».

Así, el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar aclaró que la calidad de las aguas del río es «buena, más que aceptable».

A juicio de Alcalde, no existe mucha presión sobre el Júcar ni en la provincia de Albacete ni en Cuenca «donde no hay grandes industrias que realicen vertidos al río» que garantiza unos buenos niveles de calidad de las aguas. No obstante, admitió que hay algunos puntos sobre los que actuar, aunque no concretó en cuáles. Otro proyecto importante que maneja el Ministerio, y que estará finalizado a la vuelta de tres años, será un programa de cartografía de zonas inundables que persigue que todo el territorio nacional esté radiografiado para prever por donde pueden discurrir las avenidas de agua en el caso de lluvias intensas, cuáles son las zonas que tienen un mayor riesgo de sufrir inundaciones en caso de tormenta «para prevenir todos esos peligros para los ciudadanos».

Registro informatizado

Otro reto en el que está enfrascado el Ministerio es la elaboración de un registro de aguas informatizado que permita agilizar la tramitación de los certificados sobre derechos de agua que se emiten.

El responsable ministerial argumentó que Medio Ambiente está cambiando las tendencias en materia de inversiones en materia de presas y embalses. «Ya no se apuesta tanto por la construcción de nuevas infraestructuras sino por el mantenimiento y conservación para garantizar la seguridad».

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, considera que «llegará un momento», de seguir así la situación del clima, en que el trasvase Tajo-Segura se tenga que utilizar «al revés», es decir, «desde el Mediterráneo a la Meseta».

En una entrevista en el programa de Antena 3 ‘El Espejo Público’, Barreda aclaró que mientras los recursos hídricos del Tajo se van mermando, en el Mediterráneo siempre habrá una posibilidad «ilimitada» de conseguir agua y, además, las desalinizadoras son cada vez son más eficaces.

Mientras que las comunidades del litoral mediterráneo -dijo Barreda- tienen una alternativa para abastecerse de agua, Castilla-La Mancha no tiene salida al mar.

Sobre si se logrará poner fin al trasvase Tajo-Segura en el año 2015 como ha pedido Castilla-La Mancha, José María Barreda, indicó que «va a ser la demanda y el uso que los castellano-manchegos hagamos del agua lo que hará acabar con el trasvase«.

Recordó en este sentido que la Ley del Trasvase da prioridad a la cuenca cedente en el uso del agua, un bien necesario para seguir creciendo, por lo que no puede aceptar que «el agua sea un factor que limite nuestro desarrollo».

«El desarrollo sostenible de Murcia -insistió el presidente Barreda- no puede estar basado en un recurso escaso, que les queda lejos y sobre el que tenemos prioridad«.

Preguntado por sus relaciones con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el presidente de Castilla-La Mancha dijo que aunque tiene «discrepancias en algunas cuestiones» hay una «colaboración muy eficaz» con el Ministerio.

Recordó la firma, hace dos años, de un convenio para efectuar inversiones hidráulicas en la comunidad, como nunca antes se habían hecho», por encima de la media nacional por habitante.

Sobre la campaña de la vendimia y los temporeros que trabajan ilegalmente, Barreda dijo que este año se han hecho más del doble de contrataciones que en 2006, más de catorce mil, aunque reconoció que se ha de mejorar en las condiciones laborales de la mano de obra inmigrante.

De cualquier forma, dejó claro que «no le gusta que se criminalice a todos el sector», dijo en defensa de aquellos viticultores que tienen a sus temporeros en regla.

Qué derecho hay para exigirle a Castilla-La Mancha ese sacrificio, esa sangría permanente», así reaccionaba Lamata ante los medios después de conocer las declaraciones que hizo el miércoles el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. El vicepresidente les aclaró que «no hay más agua para que desde la región se siga generando riqueza en Murcia».

Francisco del Amor, del Sindicato de Regantes, confiaba antesdeayer que se aprobase un trasvase para regadío a finales de mes, después de haberse reunido en Madrid con el director general del Agua. Ante estas declaraciones, Lamata recordó que cada mes les dan suficiente para que beban «un millón y medio de personas, casi tantas como las que viven en Castilla-La Mancha».

El vicepresidente recalcó que no mostraría un rechazo tan rotundo si fuera para consumo, «pero para regadío, ni una gota». No quiso pasar por alto que Castilla-La Mancha también necesita de esa fuente para «su desarrollo urbano, social, económico, industrial y agrícola». Subrayó que se están haciendo grandes esfuerzos con planes de ahorro ya en marcha como el del Alto Guadiana.

Lamata aseguró que Levante tiene bastante agua en sus cuenca para abastecer el regadío. Por este motivo, pide a las autoridades murcianas que si quieren potenciar su crecimiento empresarial, analicen nuevas alternativas como es la desalación. «Basta ir a Levante para comprobar que tienen capacidad y desarrollo para hacerlo», añadió.

Para el vicepresidente, el problema de Murcia se resuelve de una forma tan sencilla como calcular los costes de realizar este proceso. Lo que tachó de intolerable es la opción de pedirla a Castilla-La Mancha cuando se trata de generar un producto que van a «vender al mercado».

trasvase mar-tajo El presidente Barreda también se ha manifestado ante esta situación. Apuntó que de seguir así la situación climatológica, llegará un día en que habrá que hacer « trasvase del Mediteráneo a la Meseta».

En una entrevista realizada en el programa Espejo Público, de Antena 3, el presidente de Castilla-La Mancha mantuvo el mismo discurso que Lamata. Se quejó de que mientras que los recursos hídricos del Tajo se van mermando, en el Mediterráneo siempre habrá una posibilidad «ilimitada» de conseguir agua. En varias ocasiones mostró su apoyo a la instalación de desalinizadoras, a las que considera eficaces y factibles.

Barreda insistió en que «el desarrollo sostenible de Murcia no puede estar basado en un recurso escaso, que les queda lejos y sobre el que Castilla-La Mancha tiene prioridad». En cuanto a las relaciones con el ministerio de Medio Ambiente, valoró la colaboración que se mantiene con Cristina Narbona, aunque admitió que hay «discrepancias en algunas cuestiones».

Juan Antonio de Heras, consejero de Presidencia de Murcia, no ha desaprovechado la ocasión para afirmar que la postura de su región es « clara» y se resume en soliciar que «el agua que sobre, sea excedentaria, no tenga valor ambiental o productivo, pueda aprovecharse donde haga falta».

En alusión a Castilla-La Mancha, De Heras también criticó la actual situación en la que se habla de blindar cuencas hidrográficas y reformas estatutarias que incluyen derechos excluyentes.

La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, reiteró la oposición de la Junta a la liberalización de plantaciones y a la chaptalización (añadir azúcar al vino) en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios.

Gómez contestaba así a las preguntas que la Comisión Europea ha formulado en torno a estos dos asuntos de cara a la futura reforma de la OCM del vino, y que se abordarán en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE el día 26.

En este sentido, la consejera se mostró satisfecha por la coincidencia en los planteamientos de todas las Comunidades a la hora de responder a estas preguntas, lo que permitirá a la ministra “tener sobre la mesa una respuesta clara y contundente al respecto ante la comisaria europea de Agricultura”.

En torno a estos dos aspectos, Gómez comentó que “si se eliminasen los derechos de plantación se produciría una deslocalización del viñedo y de la industria asociada al mismo, así como una descapitalización del campo”.

Sobre la chaptalización, mostró su desacuerdo con la utilización de azúcar de la remolacha para aumentar el grado alcohólico del vino, y defendió el uso del mosto de uva para el enriquecimiento de los vinos, así como el mantenimiento de las ayudas al mosto.

“En todo caso”, añadió, “si se utiliza el azúcar de remolacha en la elaboración del vino, esta particularidad tiene que estar perfectamente especificada en la etiqueta del producto para que el consumidor elija”.

cereales. Otro de los puntos abordados fue la situación del mercado mundial de cereales tras la subida de precios registrada en estas producciones.

Gómez manifestó su preocupación ante esta situación por su repercusión negativa en el sector ganadero de nuestra Comunidad, especialmente el de ovino extensivo, debido al aumento de precios en los piensos para alimentación animal.

No obstante, recomendó a los agricultores y a las empresas que tienen grano almacenado “que empiecen a comercializar su producción” ya que, con las medidas que se están poniendo en marcha en estos momentos, “pronto se va a romper la subida de precios”.

Recordó que el MAPA ha puesto en marcha una batería de medidas encaminadas a aliviar esta situación que afecta a CLM, como la eliminación del barbecho tradicional, que supondría la entrada en producción de unas 200.000 hectáreas más para el cultivo de cereales en la región.

Otras actuaciones que pondrá en marcha el Ministerio son la supresión de los aranceles a las importaciones de cereales que tengan como destino la UE y el mantenimiento de una tasa a las exportaciones a terceros países, para evitar que la producción europea salga de nuestras fronteras.

Por su parte, explicó Gómez, la Junta también ha adoptado otras medidas y recordó que ha solicitado el adelanto de los pagos de las ayudas de la PAC al ovino, “que con toda seguridad se autorizarán el 1 de noviembre”, apuntó. Asimismo, “vamos a adelantar los pagos correspondientes a las ayudas a las ADS para todas las especies ganaderas con un anticipo del 50%”.

El VI Congreso de Economía Agraria que se inauguró hoy en Albacete servirá para analizar el impacto que puede tener en la agricultura española la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del vino las medidas que se pueden adoptar para que afecte lo menos posible.

Así lo indicó el presidente de la Sociedad Española de Economía Agraria, José María García, en declaraciones a los periodistas antes de la inauguración del Congreso que se celebra en el Campus Universitario de Albacete desde hoy hasta el viernes.

Explicó que, a través de diversas ponencias, también se estudiarán otros temas de gran importancia para la agricultura como el papel de la mujer en el medio rural, la energía y la gestión del agua, aspecto este último sobre el que dijo que «en España somos punteros».

Preguntado sobre la gestión «idónea» de obras como el trasvase Tajo-Segura, García recordó que ellos tratan de buscar posibles soluciones, pero se refirió a que es a las administraciones a las que corresponde gestionar este tipo de cuestiones.

En este sentido, el consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, que también asistió a la inauguración del congreso, destacó que «en Castilla-la Mancha nos interesa tomar decisiones en base al conocimiento», y añadió que «desde la Junta tenemos especial interés en saber qué piensan los organizadores de este encuentro».

Además, recordó que muchas de las propuestas que está realizando el Gobierno regional en temas relacionados con la agricultura están sustentadas en informes elaborados por la Universidad de Castilla-La Mancha «pionera en iniciativas como el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), que ha sido fundamental para tomar decisiones relacionadas con este recurso».

El consejero se refirió a otros temas, cuyas decisiones serán transcendentales en los próximos años, como la OCM del vino y la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que afectarán a muchos ciudadanos que viven en el medio rural, «por ello, queremos conocer la opinión de los expertos porque desde el Gobierno regional tenemos muy claro que nuestra obligación es defender los intereses de los castellano-manchegos».

Por su parte, el presidente del Comité Organizador del Congreso y profesor de Economía Agraria, Juan Sebastián Castillo, precisó que este congreso es «el foro científico de economía agraria más importante de España y que está entre los más destacados de Europa», al tiempo que se mostró satisfecho con que participen unas 300 personas en su edición en Albacete.

Criticó que, últimamente, «se esté señalando a los viticultores de Castilla-La Mancha como que tratan mal a los temporeros» y detalló que, en este congreso, pretenden «dar una imagen mucho más avanzada del medio rural, incidiendo en que Castilla-La Mancha ha sido puntera en trabajos de investigación agraria».

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ernesto Martínez Ataz, agradeció que este congreso haya venido en su VI edición al Campus de Albacete, y subrayó que el evento, entre otras actividades, incluye dos talleres específicos dedicados a la Economía Agraria y la adaptación al espacio europeo de Educación Superior, además de otro sobre innovación y desarrollo tecnológico en cooperación con administraciones públicas.