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España es el país europeo que más agua consume

España ocupa el primer puesto entre los países europeos por lo que se refiere al consumo de agua en el ámbito doméstico –hogares, pequeños negocios y edificios públicos–, con una media de 250 litros por persona y día y, como país mediterráneo. Además, es uno de los países de la UE que atrae a más turistas, quienes suelen gastar más de un 100% más de agua que los nacionales.

Estos datos forman parte del informe que difundió hoy la Comisión Europea sobre el potencial de ahorro de agua en distintos ámbitos, pero que también pone de relieve algunos patrones de consumo, ya sea en el turismo, la agricultura, el uso doméstico o la industria.

En términos generales, sitúa a la mayoría de España en el grupo de territorios europeos donde se prevé «estrés de agua», provocado no por la sola existencia de recursos hídricos, sino por su relación con la gestión de los mismos que hacen organismos públicos, industrias, plantas de energía o la agricultura. Así, solo la zona de Galicia tendrá un riesgo «bajo» de estrés, que será «medio» en la meseta norte y «elevado» prácticamente en el resto del país.

Por lo que respecta al uso doméstico del agua, sitúa a España a la cabeza del consumo, que se distribuye un 70% en los hogares, un 24% en pequeñas empresas y servicios y un 6% en servicios públicos. El informe señala que, en términos generales, este sector fue el responsable en 2000 del gasto del 24% del agua, correspondiente a 73, 2 kilómetros cúbicos, lo que muestra una «tendencia negativa». En el caso de España, señala que entre 1996 y 1999 las pérdidas de agua en la red de distribución crecieron de 20 a 21, 4%.

El texto propone una serie de medidas con las que se podría ahorrar el consumo de entre un 20 y un 50%, por ejemplo mediante cambios en los hábitos de la población, un uso más eficiente de tecnologías y dispositivos de ahorro o uso de fuentes alternativas de agua que incluyeran su reutilización cuando sea posible.

TURISMO El riesgo mayor que otros países que tiene España a sufrir «estrés» por agua se incrementa teniendo en cuenta la mayor afluencia de turistas que, como el resto de países de Mediterráneo, registra.

El estudio advierte que los turistas no pueden considerarse como causa, aunque admite que los impactos sobre los recursos hídricos son «significativos» en algunas áreas.

Señala que España se situó en 2004 entre los seis países mediterráneos dentro de los 25 principales destinos turísticos.

Advierte que el consumo de agua varía considerablemente entre las temporadas de más afluencia, pero también porque la cuantía del consumo es diferente según el modo de hacer turismo.

En términos generales estima que «los turistas que visitan el Mediterráneo consumen una media de entre 300 y 880 litros al día», lo que supone «más del 100% que los residentes locales». Cita como uno de los ejemplos las Islas Baleares, donde el consumo de agua en julio fue en 1999 igual al 20% de lo que la población local utilizó en todo un año.

El informe indica también que el consumo depende del tipo de alojamiento, de manera que la media en un camping es de 174 litros por persona y día; en un ‘bed and breakfast’, de 281 litros, y de 294 litros en un hotel. En un hotel de más de tres categorías, el consumo en sus bares o cafeterías puede rondar los 35 litros por huésped, mientras que el gasto en locales nocturnos o con piscinas puede llegar a 60 litros más por noche si se compara en lugares que no tienen piscina.

CAMPOS DE GOLF Merecen un comentario especial el consumo en los campos de golf, donde crece «significativamente». De media, un campo de entre 50 y 150 hectáreas consume entre 10. 000 y 15. 000 metros cúbicos de agua, que corresponde al gasto anual en una ciudad de unos 12. 000 habitantes.

El texto vuelve a citar datos de 2004 de España, para indicar que la demanda de agua en los campos de golf se eleva a unos 125 millones de metros cúbicos al año, una cifra que se espera que crezca alrededor de un 65% en 2015.

Las recomendaciones para reducir el consumo en el sector turístico coinciden con las domésticas –como un mayor control en el gasto en inodoros o duchas– o en la agricultura, con irrigación en jardines y campos de golf.

CAMPO E INDUSTRIA Por lo que respecta a la agricultura, el consumo también varía en función de la necesidad de los países de regar o no según su clima, por lo que, una vez más necesitará más agua que países del norte de Europa. «En los países mediterráneos el riego de tierras supone una gran parte del consumo total», dice y señala que en España es del 68%.

Afirma que el ahorro de agua en las actividades agrícolas puede esperarse gracias a las mejoras tecnológicas, cambios en las prácticas agrícolas o uso de cultivos más resistentes a las sequías.

Afirma que el riego por goteo es en general positivo y puede potenciar el ahorro, aunque señala también ejemplos, como en Valencia, donde no funcionaron según lo esperado.

En cuanto al uso de agua en el ámbito industrial, el documento reseña que éste ha disminuido en los últimos 30 años en el sector industria, pero ha aumentado en el de la energía. Los mayores consumidores industriales están en Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, España e Italia.

Aquí propone tecnologías para ahorrar en base a cambios en los procesos de producción, el reciclado del agua, cambios en las tecnologías de refrigeración o mediante los «dispositivos clásicos» de ahorro.

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Los regantes del Segura aseguran que los del Tajo «quieren vendernos toda el agua que haga falta»

Regantes de la cuenca del Tajo están dispuestos a vender sus concesiones de agua a los de la Cuenca del Segura en la cantidad que haga falta. Así lo ha revelado el dirigente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Francisco del Amor, quien precisa que el presidente de la federación de regantes de aquella cuenca ha ofrecido en varias ocasiones agua sobrante, principalmente en territorio extremeño. «Están dispuestos a vendernos toda el agua que haga falta. Dicen que allí tienen los pantanos llenos», indicó Del Amor. El problema no obstante es que ahora no existe ningún medio de transportar esos caudales. El Sindicato también ha recibido dos ofertas de comunidades de regantes de Castilla-La Mancha que quieren vender temporalmente sus concesiones. Los volúmenes no son significativos y oscilan entre 3 y 4 hectómetros.

En Castilla-La Mancha se añade el problema de que el Gobierno regional es totalmente contrario a la venta de derechos de agua que promueve el Ministerio de Medio Ambiente. En este sentido, el Ejecutivo de José María Barreda ha expresado su disconformidad con las cuatro operaciones de compra de caudales realizadas en los últimos años: dos de ellas con regantes de Estremeras y otras dos con los del Canal de las Aves de Aranjuez, ambas en territorio de la Comunidad de Madrid. En el caso de Estremeras, los agricultores de esa zona han ingresado casi dos mil millones de las antiguas pesetas en las dos operaciones realizadas hasta ahora. Probablemente no será la última. Del Amor indicó por otra parte que ya se han repartido los 20 hectómetros cúbicos aportados por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, con cargo a la deuda contraída por este organismo.

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«Palop: «» La oposición de de las autonomías paró la Ley de Aguas, según el Gobierno

El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, desveló ayer que la oposición de las comunidades al reparto de competencias y la de los regantes a pagar más por el agua acabaron por encallar la reforma de la Ley de Aguas, anunciada por Medio Ambiente como solución a la guerra del agua desde hace dos años.

       

      Uno de los puntos sin acuerdo, según Palop, es el régimen económico de la ley. La norma, de acuerdo con la directiva europea, obligaba a recuperar los costes de las obras hidráulicas, algo que subiría el precio. Ante las protestas de los regantes, Medio Ambiente aceptó retrasar este capítulo hasta 2010.

      El segundo aspecto que según Palop bloqueó el texto es la reforma de las confederaciones hidrográficas. Las comunidades no aceptaron el reparto de votos que les ofrecía Medio Ambiente en el nuevo organismo y que dependería del territorio y la población en cada cuenca.

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      Narbona estudia llevar agua del Tajo a Murcia desde Extremadura

      El Ministerio de Medio Ambiente tiene sobre la mesa tres opciones para derivar más agua desde el Tajo hasta la cuenca del Segura y tratar de completar los 600 hectómetros cúbicos máximos anuales que prevé la ley. A las alternativas del Jarama y del Tajo Medio se ha sumado la de Extremadura, según informó ayer a este diario el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura. La solución con más posibilidades a día de hoy sigue siendo la del Jarama, según apuntó el dirigente socialista.

      Saura explicó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero quiere «darle una solución definitiva» a la falta de agua en el Sureste durante la próxima legislatura, si renueva el apoyo en las urnas. «En esta legislatura se ha hecho un esfuerzo para resolver el grave problema que tenían los abastecimientos mediante la construcción de desalinizadoras. La segunda fase consistirá en aportar una solución global para los regadíos», apostilló. En este sentido, Saura añadió que las opciones con mayores posibilidades se pondrán sobre la mesa una vez que se elaboren los nuevos planes de cuenca, que deben estar aprobados en dos años. En ellos se determinarán las demandas reales de cada territorio y la forma de resolver los déficit que se planteen, como el de la cuenca del Segura.

      Garantizar los regadíos

      El secretario del PSOE murciano considera que con las desalinizadoras y la consolidación del trasvase Tajo-Segura -garantizando los 600 hectómetros anuales que recoge la ley- se puede cubrir el déficit de la Región de Murcia y del sur de Alicante. Según Saura, la fórmula consistiría en asegurar los abastecimientos con recursos de la cabecera del Tajo, desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía. El resto de caudales necesarios para los regadíos deben proceder de otras tomas de este río, para lo cual entran en juego las tres opciones en estudio.

      A favor de estas alternativas está el hecho de que con la Directiva Marco de Agua de la UE habrá que revisar al alza el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez (Madrid). En la actualidad está fijado por ley un mínimo de 6 metros cúbicos por segundo. Esto supone que hay que desembalsar 190 hectómetros cúbicos anuales de la cabecera. Si este caudal se duplica, como se ha propuesto en algunos foros, eso significa que habrá que restar otros 200 hectómetros anuales al volumen máximo trasvasable. La consecuencia será que habrá que modificar también el Plan de Cuenca del Tajo para elevar el listón de los caudales excedentarios. Esa barrera está puesta ahora en los 240 hectómetros.

      La alternativa de trasvasar aguas del Jarama para los regadíos ya fue planteada en los estudios previos del Plan Hidrológico Nacional. Se trata en su mayoría de caudales residuales de Madrid que desembocan en el Tajo pasado Aranjuez. Desde este punto se podrían derivar hasta 225 hectómetros cúbicos anuales, aunque es necesaria una depuración previa de estas aguas. No serían aptas para el abastecimiento humano, pero sí para los regadíos.

      Conducción paralela

      El Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura no rechaza esta fórmula que ya le ha sido planteada por el Ministerio, aunque probablemente habría que construir una conducción paralela al acueducto actual, ya que no se pueden mezclan las aguas.

      La opción del Tajo Medio es la que defiende el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, que ha presentado un estudio pormenorizado al Gobierno central. Propone construir un acueducto desde Azután (Toledo) hasta La Roda para derivar un caudal de entre 200 y 500 hectómetros anuales, según el diseño final. Esta alternativa ha contado desde siempre con el rechazo del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

      La tercera posibilidad, según Pedro Saura, está en Extremadura, donde el Tajo tiene unos elevados excedentes de agua, aunque en este caso no está clara la fórmula para transportarlos o permutarlos. El dirigente socialista cree que Portugal no plantearía problemas porque se derivarían las aguas a cuenta de los excedentes trasvasables recogidos en la ley del Tajo-Segura. Saura ha mantenido varias conversaciones con el ministro Jesús Caldera, encargado del programa electoral del PSOE, para que quede reflejada la necesidad de resaltar el déficit estructural del Segura.

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      La Agencia Regional del Agua, en marcha este mismo año

      Antes de final de año, se pretenden crear la empresa pública de Gestión de Suelo de Castilla-La Mancha y la Agencia Regional del Agua, entre otras iniciativas del Gobierno regional.

      El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha analizó, en su reunión de ayer, martes, las iniciativas parlamentarias que el Ejecutivo regional remitirá para el primer periodo de sesiones de las Cortes autonómicas.

      De estas previsiones legislativas cabe destacar el proyecto de Ley de creación de la Agencia Regional del Agua de Castilla-La Mancha. La Agencia Regional del Agua será el instrumento para el ejercicio de las competencias en dicha materia que tiene encomendadas la Comunidad Autónoma, incluyendo también las que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha aspira obtener a medio y corto plazo.

      También dentro del área de Ordenación del Territorio y Vivienda, se ha analizado el proyecto de Ley de creación de la empresa pública de Gestión de Suelo de Castilla-La Mancha, cuyo principal objetivo es poder disponer de los medios de apoyo, técnicos y financieros en el desarrollo de una coherente política de ordenación del territorio e impulsar la política de vivienda pública de la Junta de Comunidades. En materia de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, otras de las previsiones legislativas a destacar son la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible, así como el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las zonas rurales y fomentar la diversificación de la actividad económica en dichos territorios.

      Presupuestos

      Además del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2008, también se elevará a las Cortes regionales el proyecto de Ley de Adecuación y Simplificación de Tasas en materia de Industria, Energía y Minas, entre otras iniciativas.

      Asimismo, la Consejería de Cultura va a plantear la modificación de la Ley con la que se creó la empresa pública del IV Centenario del Quijote, para convertirla en la Sociedad de Conmemoraciones Culturales de Castilla-La Mancha.

      De otro lado, el Consejo de Gobierno ha estudiado el Informe preliminar de la actual campaña de extinción de incendios que ha presentado la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Del mismo modo, el Consejo de Gobierno autorizó al Gabinete Jurídico de la Junta a ejercer la acción popular en el procedimiento penal por malos tratos, derivado del presunto asesinato de una mujer en Fuensalida (Toledo).

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      «PP e IU cargan contra Narbona por retirar la Ley de Aguas

      El anuncio de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de que paraliza la tramitación de la Ley de Aguas, una de las más importantes de su departamento esta legislatura, recibió críticas casi unánimes. El PP la acusó de «incompetente» y anunció que pedirá que comparezca en el Congreso. Los ecologistas e IU-ICV la acusaron a su vez de «cobardía» y de «arredrarse ante las críticas». Sólo los regantes, tradicionalmente contrarios a Narbona, la apoyan esta vez.

      La política del Gobierno en materia de aguas hace aguas. La reforma de la Ley de Aguas, principal herramienta para «introducir sensatez» en el debate autonómico sobre el agua -así la definió Narbona- no verá la luz esta legislatura. Pese a que el ministerio anunció los principios básicos de la norma, ahora alega «falta de tiempo» para tramitarla.

      El anuncio de la ministra recibió un aluvión de críticas. El consejero valenciano de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, José Ramón García Antón, afirmó que la paralización de la ley «demuestra una vez más la incompetencia de la ministra Narbona para llevar a cabo una política hídrica eficaz y seria en el territorio nacional». García Antón criticó la «autarquía autonómica que ha generado el Gobierno de Zapatero en materia hídrica y cuya primera medida desastrosa fue la derogación del Trasvase del Ebro».

      El PP anunció que pedirá la comparecencia de Narbona en el Congreso. Su discurso no es que el borrador de reforma fuese bueno y necesario, sino que esto evidencia que el ministerio se ha quedado sin ideas sobre el agua. Que su primera medida de Gobierno fue derogar mediante un real decreto ley el trasvase del Ebro, pero en los tres años siguientes no ha puesto en marcha ni las obras, ni la legislación necesaria para gestionar el agua. La inmensa mayoría de las desaladoras está en obras o en proyecto y las que han entrado en funcionamiento son principalmente las que estaban ya pensadas.

      Gestión sobre el agua

      Y eso, al tiempo que las comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, reclaman más gestión sobre el agua. En Castilla-La Mancha piden acabar con el trasvase del Tajo. El Estatuto de Andalucía da a la comunidad la gestión del Guadalquivir en su territorio…

      Pero las críticas no vinieron todas en el mismo sentido. Joan Herrera, diputado de IU-ICV, afirmó que el bloqueo del texto «es una oportunidad perdida» y que el Gobierno «se echa para atrás en el último momento, por equilibrios internos dentro del PSOE». Además de dar entrada a las comunidades y ayuntamientos en la gestión de los ríos (desde 1926 en manos del Gobierno), la ley tenía un fuerte tono ecologista: ampliaba la zona de protección de los ríos de cinco a diez metros y presentaba la conservación como un objetivo primordial. Los ecologistas se mostraron también muy contrarios al bloqueo.

      El principal apoyo llegó de los regantes. El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, afirmó: «No nos parece mal que se frene si en la próxima legislatura se va a hacer con consenso, y no deprisa y sin diálogo como esta vez».

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      El Consell destaca la «incompetencia» de Narbona tras el freno a la Ley de Aguas

      El conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, afirmó ayer que, con la paralización de la Ley de Aguas por parte del Gobierno central, se demuestra la «incompetencia» de la ministra de su ramo, Cristina Narbona, «para llevar a cabo una política hídrica eficaz y seria en el territorio nacional».

      Narbona anunció el pasado lunes que, a estas alturas de la legislatura, «no hay ya tiempo» para «plantear más proyectos de ley en el Parlamento», por lo que la reforma de la Ley de Aguas, cuyo texto «está muy avanzado», formará parte del «compromiso» del PSOE de cara a la próxima legislatura.

      Según apreció García Antón, la paralización de la puesta en marcha de la ley no se debe «a la falta de tiempo» sino a que la norma se ha elaborado «sin ningún tipo de consenso; ni con las comunidades autónomas ni con otros sectores implicados como son los usuarios».

      Igualmente, el conseller de Medio Ambiente aseguró que esta reforma de la Ley de Aguas «no da solución a los problemas de insolidaridad y de autarquía autonómica que ha generado el Gobierno de Zapatero en materia hídrica y cuya primera medida desastrosa fue la derogación del trasvase del Ebro».

      En la misma línea, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, aseguró ayer que los espera que la Ley del Agua «no se apruebe nunca» porque «supondría un claro ejemplo de conflicto».

      El secretario general de los populares valencianos indicó que su formación apuesta «por la solidaridad» mientras que la ley «reconoce intereses propios de las autonomías en la gestión del agua», algo que estimó que supondría «un claro ejemplo de conflicto en cuanto esos intereses fueran confrontados».

      Director General del Agua

      Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del grupo socialista en las Cortes, Francesc Signes, denunció ayer la «desidia» Consell para nombrar al director general del Agua, ya que «han transcurrido tres meses desde las elecciones y sigue sin tomar una decisión».

      En este sentido, Signes señaló que este retraso evidencia el «nulo interés» del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, «por solucionar los problemas hídricos de la Comunidad».

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      Narbona afirma que Aznar quería enviar agua contaminada a Murcia con el trasvase del Ebro

      La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reconoció ayer que todas las zonas industriales de España padecen problemas de contaminación en sus ríos debido a la «desidia de las administraciones», porque «durante años no se ha puesto el cuidado que era exigible en el control y depuración de los vertidos», afirmó.

      Con motivo de la «Semana del Agua» que organiza cada año su Ministerio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Narbona recordó las principales cifras del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que obliga a las administraciones públicas a destinar 19.007 millones de euros en los próximos años a descontaminar los ríos y a recuperar los ecosistemas fluviales.

      Medio Ambiente se ha comprometido a aportar un tercio del total de inversión prevista en ese plan, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de junio. Comunidades autónomas y Ayuntamientos deberán hacerse cargo de los dos tercios restantes. La ministra recalcó que el punto de partida para cumplir con las exigencias que plantea la UE respecto a la calidad de las aguas «era francamente malo en casi todo el país al inicio de la legislatura» en lo que se refiere al control de los vertidos a los ríos.

      Acumulación de problemas

      «Es cierto que en todas las zonas industriales, en todas, hemos tenido una acumulación de problemas a lo largo del tiempo por la desidia de las administraciones, por la falta de control», advirtió Narbona, antes de citar ejemplos como los del polo industrial de Huelva, Cartagena (Murcia), la cuenca del Besaya (Cantabria) o «el más espectacular de todos»: el del pantano de Flix (Tarragona).

      Según Narbona, la acumulación de metales pesados y otras sustancias «muy tóxicas» en el pantano de Flix no hizo que el PP cambiara «ni un milímetro su propósito» de realizar el trasvase del Ebro al Levante (posteriormente suspendido por el Gobierno socialista), lo que habría conllevado «un trasvase de contaminación muy peligroso», ya que sus aguas «eran un auténtica bomba de relojería», tal y como informa Servimedia.

      Narbona consideró que situaciones cómo ésa se han producido tras años en los que «las empresas han contaminado el suelo y el agua» en España sin que hubiese normas que se impidiera, en un primer momento, y sin que se les exigiera cumplir lo legislado, más tarde.

      Y González, también

      La ministra Narbona no mencionó, sin embargo, que los ecologistas ya denunciaban en 2005 que los peligrosos vertidos al embalse de Flix se estaban produciendo desde hacía más de 20 años. De hecho, en 1988 ya hubo una sentencia contra la empresa que realizaba los vertidos. Es decir, que cuando el socialista José Borrell, ministro en uno de los gobiernos de Felipe González, presentó en 1993 su Plan Hidrológico Nacional, que incluía el trasvase del Ebro, ya se sabía que la «bomba de relojería» a la que se refiere Narbona, podría llegar a Murcia.

      La ministra señaló que otro de los problemas pendientes desolucionar respecto a la calidad de las aguas fluviales reside en la necesidad de dotar de saneamiento y depuración de las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, ya que hasta ahora el grueso de las inversiones se ha centrado en los núcleos urbanos de mayor tamaño.

      Para ello, el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 permitirá que al final de su ejecución España cumpla con su obligación «no sólo de depurar», tal y como establecen las directivas europeas, sino también de «recuperar» la vida de los ríos y «el equilibrio ecológico que se ha ido perdiendo», según aseguró «essto se conseguirá mediante nuevas infraestructuras y una mejora de la gestión, especialmente en lo que se refiere a los vertidos industriales, que no fueron una prioridad en anteriores legislaturas», añadió. El Plan Nacional de Calidad de las Aguas «incluye todos los planes de calidad de las aguas de las comunidades autónomas» y prevé una financiación total de unos 19. 000 millones de euros, de los que un tercio los pondrá el Ministerio.

      La ministra inauguró el pasado lunes las obras del bitrasvase Ebro-Pas-Besaya, una infraestructura que, con cerca de 70 millones de euros de inversión y una construcción que se ha prolongado durante casi cuatro años, garantizará el agua potable a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

      La infraestructura inaugurada en la estación de Bombeo de la Bifurcación de Corvera de Toranzo, suministrará agua en un principio a las comarcas de Santander y Torrelavega y sus áreas de influencia.Queda pendiente una segunda fase, la que unirá las conducciones actuales a las de la Autovía del Agua, para abastecer a la costa oriental de Cantabria.

      La ministra Cristina Narbona expresó su «enorme satisfacción» por la consecución de esta infraestructura, que ya estaba incluida en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero cuya capacidad ha sido incrementada hasta los 2. 500 litros por segundo por la Administración actual.

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      Zapatero y Rajoy, emplazados a mojarse en la refriega del trasvase

      La firmeza que tanto José María Barreda como María Dolores de Cospedal han expresado reiteradamente en su defensa de la caducidad del trasvase Tajo-Segura, reafirmada este mismo lunes en el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha provocado una dura reacción desde el PP y el PSOE de la Comunidad Valenciana, que no están dispuestos tampoco a ceder lo más mínimo, igual que la Región de Murcia, en su posición de que el trasvase debe continuar.

      Este lunes, tanto desde el partido que lidera el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, como el propio líder de la oposición en esta autonomía, Joan Ignasi Pla, han sentado de nuevo sus posiciones contrarias al «cerrojazo» del trasvase que pretende Castilla-La Mancha y han dado un paso más allá al intentar implicar en la pugna al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al líder del PP, Mariano Rajoy.

      Presidente de todos, y no sólo de algunos

      Así, la secretaria de Comunicación del PP valenciano, Sagrario Sánchez, ha exigido a Zapatero que «actúe como presidente de todos los españoles y muestra su apoyo claro e inequívoco al trasvase para garantizar el agua a los regantes» de las regiones levantinas. La portavoz popular cree que el presidente del Gobierno español debe abandonar el corporativismo y «frenar» las «pretensiones insolidarias» de Castilla-La Mancha, dejando a un lado su «visión partidista» de la política y de la gestión pública y poniendo en marcha una política hídrica de carácter nacional.

      En la misma línea de defensa del trasvase, pero en una posición política antagónica, el líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, también hizo un emplazamiento público, pero en este caso no a Zapatero, sino a Rajoy, al que pidió que coincidiendo con la visita que va a realizar a Alicante se manifieste claramente en torno al trasvase. Pla ha reconocido que Barreda y Cospedal tienen «el mismo guión» en Castilla-La Mancha y cree que ya es hora de que Rajoy, al que todavía no se ha escuchado decir nada al respecto, se implique en este asunto y diga si está o no a favor del trasvase Tajo-Segura.

      Divisiones internas tanto en el PSOE como en el PP

      Tanto en Castilla-La Mancha como en Valencia y Murcia unos y otros partidos son conscientes de que el trasvase Tajo-Segura está provocando divisiones internas tanto en el PSOE como en el PP, y de ahí este emplazamiento de unos y otros a Zapatero y Rajoy, en un intento mutuo de hurgar en las heridas del oponente. En todo caso, y ante el debate que más tarde o más temprano tiene que abrirse en el Congreso de los Diputados en torno al nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, en el que se recoge el fin del trasvase en el año 2015, el Gobierno de Barreda ha vuelto a recordar que, pese a la oposición de una parte del PSOE nacional, no habrá marcha atrás en las posiciones de la región en esta materia.

      En este sentido, este mismo lunes el PP de Cospedal ha vuelto a insistir en el asunto y ha pedido a Barreda que no deje que el debate del Estatuto se retrase hasta la próxima legislatura, como ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. En nota de prensa, el PP castellano-manchego ha dicho que es una «absoluta falta de respeto» a los ciudadanos que el Gobierno de Zapatero anteponga sus intereses partidistas a los de Castilla-La Mancha. 

       

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      El PSOE de Valencia pide a Rajoy que exija la continuidad del trasvase

      El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, afirmó ayer que la solicitud del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de poner fin al trasvase Tajo-Segura «forma parte del guión» del PSOE en esa comunidad, que es «totalmente contrario» al de los socialistas valencianos y al de la dirección federal del partido.

      Preguntado por el anuncio de Barreda de poner fin al trasvase Tajo-Segura en la reforma del Estatuto manchego, Pla emplazó al presidente del PP, Mariano Rajoy, a defender «públicamente» los trasvases Tajo-Segura y el del Ebro durante su visita a la Comunitat Valenciana esta semana.

      El líder socialista aseguró que la solicitud de que se elimine este trasvase «forma parte del guión de Barreda y del PSOE de Castilla- La Mancha pero es totalmente contrario al guión que tienen los valencianos y la dirección federal del partido».

      «El guión es similar al guión del PP en Castilla-La Mancha. Los populares no se acuerdan cuando hablan todos los días del trasvase del Ebro y de las reivindicaciones de Castilla-La Mancha de que el PP en esa comunidad está pidiendo lo mismo que Barreda», puntualizó.

      Igualmente, los populares de Aragón «piden lo mismo» que el PSOE en esa región, aclaró el secretario general del PSPV, quien «todavía» está «esperando escuchar a Rajoy que diga algo de eso».

      Considera que el líder popular «tiene una buena oportunidad estos días» en que visitará Alicante, una provincia que sigue utilizando el trasvase Tajo-Segura, para posicionarse respecto del trasvase. «Tiene una buena oportunidad para manifestar públicamente su posición respecto al trasvase Tajo-Segura» y «decir si continúa apoyando el trasvase del Ebro, que sus compañeros de aquí andan pidiendo a voz en grito todos los días», declaró Pla.

      Por su parte, la secretaria de Comunicación del PP de la Comunitat Valenciana, Sagrario Sánchez, exigió ayer al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que «abandone el corporativismo político, se guíe por el interés general y defienda la continuidad del trasvase Tajo-Segura». Sánchez reclamó a Zapatero que «frene las pretensiones insolidarias» de los socialistas castellanomanchegos.

      A su juicio, Zapatero debe gobernar «pensando en las necesidades y graves carencias hídricas que estamos padeciendo en la Comunitat», y dejar «de lado su visión partidista a la hora de gestionar, que sólo potencia la crispación e insolidaridad entre regiones».

      Para la dirigente popular, Zapatero debe actuar «como presidente de todos los españoles, y mostrar su apoyo claro e inequívoco a la continuidad del trasvase Tajo-Segura para garantizar el agua a los regantes de Alicante y Almería».

      Sin renuncias

      Sánchez aseguró que «necesitamos los trasvases y no vamos a renunciar a ellos», y defendió que «mientras el Gobierno valenciano se dedica a promover políticas de ahorro para solucionar el déficit hídrico, el Gobierno socialista sigue promoviendo el enfrentamiento entre territorios».

      Finalmente, la diputada del PP en Castilla-La Mancha, María Crespo exigió ayer al Gobierno autonómico que diga qué va ha hacer para lograr que el Estatuto de Autonomía se apruebe durante esta legislatura, algo que tanto el Gobierno central como los grupos parlamentarios consideran «complicado».

      En un comunicado, la diputada popular opinó que la Ley de Memoria Histórica, junto con los Presupuestos, impedirá que se debata el Estatuto en las Cortes Generales.

      Por ello, consideró «una absoluta falta de respeto para los castellanomanchegos que se antepongan los intereses partidistas del partido en el gobierno por encima de los intereses de nuestra región».

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