Después de un verano seco en toda la provincia, las principales fuentes de abastecimiento de agua de la capital se resienten, según datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar referentes a la última semana. Según estos el sistema Júcar, al que pertenecen la capital y buena parte de la provincia, perdería 8,84 hectómetros cúbicos respecto a la pasada semana, un porcentaje que sitúa al territorio albaceteño como el que más agua ha perdido en este periodo.

Como ejemplo, el embalse de Alarcón, referente del abastecimiento a la capital, donde se pierden 6,6 de los 8,84 hectómetros cúbicos perdidos. La gran presa de la cuenca, donde hay capacidad para un tercio del agua de la cuenca, se encuentra ahora con 78,15 hectómetros cúbicos, el 6,99% de los 1.118 que puede acoger.

PORCENTAJE MÍNIMO. Si consideramos que el sistema Júcar es un subsistema de los sistemas que conforman la cuenca del río, observamos que la parte que atañe a Albacete es la más castigada por la sequía y por la llevada de aguas a tierras valencianas y alicantinas. Así, el subsistema que afecta a la ciudad se encuentra al 6,71%, mientras que el sistema Júcar-Turia -en el que se engloba el subsistema- se encuentra a un 12,2%, con diferencia el que menos agua tiene en sus embalses. Este porcentaje es ligeramente menor al de la pasada semana y el de quince días atrás, aunque los números son similares. Con todo, la diferencia con otros embalses de la cuenca es notable: los embalses del sistema Alicante (Marina Baja y Serpis) están al 49,29%; los del sistema Turia al 33,78%, y los del sistema Castellón (Palancia, MIjares y Cenia) al 48,91%. Estos datos explican por sí solos que la precaria situación de la cuenca presenta graves diferencias territoriales, colocando al espacio albaceteño al frente de la delicada situación del río y sus embalses.

LIGERAS SUBIDAS. La pérdida de grandes embalses como el de Alarcón se compensa en otras pequeñas presas que ganan esos hectómetros, a lo que hay que sumar el agua que se extrae para consumo humano y regadíos. No obstante, aunque el total de embalses de la cuenca pierden más de 17 hectómetros, es muy considerable el porcentaje que se pierde en los de la provincia: más de ocho. Si bien ningún sistema recupera agua, las pérdidas de una semana son casi inapreciables en otros embalses, aunque ningún otro embalse de la cuenca tienen una capacidad cercana al de Alarcón. A pesar de esa apreciación, la situación de los embalses de la cuenca sería calificada como buena si no se contara con el precario dato de los embalses que retienen agua para el consumo de la región y de la provincia.

En total los embalses contienen 580,5 hectómetros cúbicos, aunque la previsión de pocas precipitaciones podrían hacer empeorar el número hasta que comience la temporada de lluvias de otoño. La posibilidad de una estación seca pondría en peligro los buenos números de precipitaciones conseguidos en la provincia antes del verano.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han disminuido 17,78 hectómetros cúbicos durante la última semana y se han situado en 580,50 hm3, lo que supone un 17% de su capacidad total.

El descenso más significativo se ha producido en el embalse de Alarcón, con 6,60 hectómetros cúbicos menos, lo que lo sitúan al 6,99% de los 1.118 hectómetros cúbicos de su capacidad total. El pantano de Contreras también ha experimentado un descenso de sus reservas, que esta semana están al 5,8%.

Los embalses de Tous, en la cuenca del Júcar, y de Benagéber, en el Turia, también han disminuido sus reservas, debido a que los agricultores se encuentran en campaña de riego. En la cuenca del río Mijares, en Castellón, los embalses de Arenós y Sichar han registrado descensos en sus reservas de poco más de un hectómetro cúbico.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 12,20% de su capacidad; los del Túria tienen un 33,78% de agua embalsada. En Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 49,29% de agua. La cuenca del Mijares se encuentra al 48,91%.

La preocupación por el incremento del número de robos de hilo y material de cobre ha llevado en los últimos meses a las administraciones a intensificar las labores de control, según recordó ayer el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano.

El representante gubernativo indicó en este sentido que junto a las últimas siete detenciones llevadas a cabo en los municipios ciudadrealeños de Alcázar de San Juan y Puerto Lápice, y anteriormente en Malagón y Socuéllamos, también ha sido importante la labor llevada a cabo en Albacete.

En este sentido subrayó que en lo que va de año en la provincia de Albacete se han detenido por este motivo a 23 personas como presuntos autores del robo del cotizado material. El delegado del Gobierno también se refirió a la reciente detención en La Roda de una persona que se encargaba de vender este tipo de material.

El detenido en cuestión fue acusado de un delito de receptación tras comprobarse que había vendido un total de 11.000 kilos de cobre.

Respecto a la petición realizada desde la organización agraria Asaja para que los agricultores, grandes perjudicados por este tipo de robos en sus explotaciones, puedan percibir algún tipo de indemnización por este motivo, Díaz Cano se comprometió a trasladarla al Gobierno.

No obstante, reconoció haber transmitido a los propios representantes de Asaja la dificultad que, en su opinión, podría haber para que esta propuesta salga adelante.

La reserva hidráulica se encuentra actualmente al 51,2% de su capacidad total, con 27.741 hectómetros cúbicos (hectómetros cúbicos3) de agua embalsada, lo que representa una disminución de 845 hectómetros cúbicos (el 1,6%) con respecto a los niveles de la semana anterior.

Sin embargo, según los datos estadísticos, los embalses tienen más agua que el año pasado por estas fechas, cuando la reserva ascendía a 22.761 hectómetros cúbicos, pero están por debajo de la media de la última década (28.851 hectómetros cúbicos).

Esta semana, la mayor disminución se ha registrado en la cuenca del Duero, que ha perdido 232 hectómetros cúbicos, mientras que las cuencas internas del País Vasco se mantienen en los mismos niveles que la semana pasada.

Todas las cuencas

Por cuencas, Galicia Costa se encuentra al 62,4% de su capacidad; Norte I (sur de Galicia y norte de León) al 67%; Norte II (Asturias y Cantabria) al 78%; Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) al 76,1%.

Por su parte, las cuencas internas del País Vasco están al 76,2%de su capacidad; la del Duero al 71,8%; la cuenca del Tajo al 50,7%; y la del Guadiana está al 56,9%.

La cuenca Atlántica Andaluza se encuentra al 43%; la del Guadalquivir al 37%; la Cuenca Mediterránea Andaluza al 29,7%; la del Ebro al 55,8%; y las internas de Cataluña, al 39,3%.

Las que peor están en cuanto a capacidad son las cuencas del Segura, que está al 16,1, y la del Júcar, con el 18,3% de agua.

La incorporación de la problemática del agua a las reformas estatutarias podría «constituir un problema de orden político», si continúa primando la lucha por la propiedad de este recurso, en lugar de que se imponga por encima de todo lo demás un «uso racional y solidario», según un informe del Instituto de Derecho Público, informa Efe.

Esta es la tesis principal que aparece recogida en la valoración general -escrita por el catedrático de Derecho Administrativo Joaquín Tornos-, que introduce el Informe de las Comunidades Autónomas 2006 elaborado por dicho instituto,

Si bien, el catedrático puntualizó que «en ocasiones» las cuestiones estatuarias quedan reducidas a meras declaraciones de voluntad sobre cómo gestionar el agua. Sin embargo, Tornos advierte de los problemas políticos que podrían aparecer en el momento en el que esas ideas se pongan en práctica. Un momento crítico que pondrá en evidencia a los órganos competentes que deberán decidir cómo deben adoptarse «decisiones concretas sobre su administración».

En esta línea, Tornos subrayó que las reformas estatutarias han generado un «efecto de emulación y de confrontación entre comunidades limítrofes o con intereses sobre las mismas cuencas». Un enfrentamiento que ha quedado en evidencia ante los números recursos de inconstitucionalidad contra estatutos que ya habían sido aprobados, consideró el catedrático. Asimismo, la guerra política en la intención, hecha pública por varios Gobiernos autonómicos, de impugnar las previsiones que aparecen en los proyectos de las nuevas reformas.

Todos quieren «su» agua

El autor del informe recuerda que en la actualidad ya hay cuatro estatutos (Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Aragón), que ya han sido aprobados, así como el de Castilla-La Mancha, que continúa su trámite en el Congreso, incluyen en su articulado alusiones directos a este tema desde diversas perspectivas, muchas veces hablando del agua como una propiedad. En un análisis comparativo sobre la cuestión del agua, el informe destaca que Andalucía reclama como competencia exclusiva la cuenca del Guadalquivir que transcurre por su territorio, Aragón establece una cantidad mínima del caudal del Ebro que debe quedar garantizada para la Comunidad.

Por otra parte, frente al artículo 17 del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que se limita a «garantizar el derecho de disponer de abastecimiento de agua de calidad», el artículo 117 del catalán certifica la participación de la Generalitat «en la planificación hidrológica y en las cuencas de gestión intercomunitarias». En el caso de la reforma del estatuto castellano-manchego, se fija el año 2015 como fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura.

Por todo ello, el catedrático concluyó que la «atención especial» prestada por las nuevas reformas estatutarias al tema del agua supone, en la práctica, que la reivindicación «de la propiedad de este recurso» prime sobre el interés general. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) coincidía la pasada semana, como ya publicó ABC, con la tesis de Tornos. En un análisis sobre los estatutos, Fenacore advertía que es «inadecuado» dividir los ríos con carácter artificial por tramos autonómicos, -como establece el estatuto andaluz con el Guadalquivir- estableciendo cada región un régimen diferente para el caudal que atraviesa su territorio, o los plazos impuestos, hasta el 2015, como fecha que ponga fin al acueducto del Tajo-Segura.

Resaltó que el nuevo Estatuto «es constitucional de los pies a la cabeza» y recordó que la Directiva Europea obliga al mantenimiento de la calidad de los ríos y el Tajo «está herido de muerte»

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Fernando Lamata, ha considerado que el Trasvase Tajo-Segura dejará de usarse antes del año 2015 ya que Castilla-La Mancha, según establece la ley actual y «no nuestro nuevo Estatuto de Autonomía», tiene preferencia en la utilización del agua al ser la cuenca cedente, un recurso que nos es necesario para mantener el desarrollo y velar por el medio ambiente.

Castilla-La Mancha necesita una reserva de agua para abastecimiento a población, para uso industrial y agroalimentario pero también como recurso medioambiental ya que la Directiva Europea nos obliga al mantenimiento de la calidad de ríos como el Tajo que, en la actualidad, «está herido de muerte y en una situación insostenible».

Lamata hizo esta afirmación en Albacete a preguntas de los periodistas, ante los que resaltó que el nuevo Estatuto de Autonomía «es constitucional de los pies a la cabeza» y plantea que la competencia en materia de agua es del Gobierno del España.

En el proyecto de reforma, agregó, lo que demanda Castilla-La Mancha es que hay que mejorar las leyes porque «son normas vivas que van cambiando», y a lo que aspiramos es a tener más competencias en materia de agua, un terreno donde «hemos ganado mucho y vamos a seguir avanzando».

En este sentido, Lamata recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió con el presidente Barreda a no adoptar medidas en materia de agua que nos afecten «sin contar con Castilla-La Mancha», una «co-gestión» que es el objetivo que se persigue en el Estatuto.

El Gobierno regional quiere ser partícipe de un debate en el que no pudimos intervenir cuando se puso en marcha el trasvase Tajo-Segura. «Ahora tenemos voz y voto y defendemos nuestro derecho a usar el agua para nuestras necesidades y nuestro progreso», argumentó el vicepresidente primero.

Somos la segunda Comunidad Autónoma en creación de empresas según un reciente estudio, y en el último año se han creado 45.000 nuevos empleos, puso como ejemplos el vicepresidente, y para mantener ese desarrollo y generar riqueza «necesitamos el agua».

Por ello, concluyó Lamata, Castilla-La Mancha considera necesario hacer una reordenación de los recursos ya que, con los medios actuales, el agua se puede obtener por desalinización, «una alternativa del Levante para conseguir más agua» a un precio algo más elevado, si bien esto «es una cuestión de rentabilidad de un negocio y no de supervivencia de un territorio».

El alcalde de La Herrera (Albacete), Pablo Escobar, aseguró hoy en declaraciones a Europa Press que el asentamiento de inmigrantes en la localidad ‘es un problema que necesita soluciones estatales’ y señaló que el hecho de que en el trasvase ‘se bañe una persona algún día, no pasa nada, pero es que se están bañando a diario 2.000 personas, están lavando sus platos, su ropa y a poca distancia de aquí hay una toma que sirve para el abastecimiento a Albacete capital’.

   El municipio albaceteño de La Herrera, de no más de 500 habitantes, padece desde mediados del mes de julio, un multitudinario asentamiento de inmigrantes de nacionalidad rumana junto al trasvase Tajo-Segura, en el que se han llegado a concentrar hasta 2.000 rumanos.

   Una situación que, tanto a los vecinos como al Ayuntamiento les ha desbordado, no tanto por la inestabilidad o posibles enfrentamientos entre personas acampadas y vecinos, sino por la suciedad que está suponiendo para el agua que llega por el canal.

   Los vecinos lo han comentado entre ellos, se lo han planteado a su primer edil, y éste asegura que intenta tener lo más limpio que puede el pueblo ‘pero no me pueden pedir que me presente en un asentamiento donde hay 1.500 personas e intente echarlos, porque el que va al agua casi seguro que soy yo. No tengo ni los medios ni la capacidad para hacer frente a este problema y hacer cumplir las normas, que para eso están’.

   Desde que la población rumana asentada empezó a crecer desmesuradamente, Escobar comenzó a pedir ayuda y a dar cuenta de la situación a administraciones y a instituciones competentes.

   ‘Me he dirigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo, y a la oficina que tiene en La Roda, a la ministra de Medio Ambiente, al director general del Agua, al subdelegado del Gobierno varias veces, desde el 13 de julio, y me ha recibido su secretario porque él estaba de vacaciones, también al delegado del Gobierno en Albacete, y de nuevo a la Subdelegación’.

   Escobar lamentó las pocas actuaciones que se han tomado hasta ahora y que se concentran en que ‘el Seprona ha puesto denuncias aplicando la Ley de Residuos y que han identificado a 43 rumanos’.

NO TRASLADAR EL PROBLEMA.

   Esta misma mañana, el alcalde de La Herrera confirmó a Europa Press que siguen ocupados –por tiendas, coches y unas 500 personas– unos 2,5 kilómetros que ‘pertenecen al margen de seguridad del trasvase’, por lo que la competencia directa es de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Ministerio de Medio Ambiente, que todavía no se han puesto en contacto de forma oficial con el alcalde de este municipio.

   ‘Es cierto que ahora se ven menos rumanos por las calles, con toda la polémica que se ha formado, porque estos días se juntaban por lo menos 200 ó 300 a partir de las ocho de la tarde para hacer botellón’, planteó Escobar.

   La vigilancia en el municipio la mantienen entre dos y tres patrullas de la Guardia Civil que pasean de forma permanente, fundamentalmente por la noche porque los vecinos se habían quejado. ‘Les han quitado frutas, hortalizas, ha habido algunos robos en coches’, explicó Escobar, que pide que, sobre todo, lo que no debe ocurrir es que ‘se elimine el problema de La Herrera trasladándolo de lugar a otro municipio’.

El portavoz de PSRM-PSOE, José Ramón Jara, afirmó en relación a las declaraciones de los regantes respecto al oleoducto que unirá Cartagena con Puertollano, que respeta a los regantes porque «entendemos que tiene un situación de confrontación con regantes de Castilla-La Mancha, pero no podemos ni compartir ni entender al Gobierno regional que está obligado a mantener la cabeza fría y tener mas serenidad en esta materia».
Jara afirmó que «ese oleoducto que lleva el petroleo desde el puerto de Cartagena hasta la planta de Puertollano en Castilla-La Mancha no es un trasvase que hace Murcia a Castilla-La Mancha».
Así, el portavoz socialista equiparó la situación preguntando que «cuando enviamos camiones con pimientos y melocotones a Madrid, ¿estamos trasvasando pimiento y melocotones a Madrid o estamos haciendo un negocio legítimo que beneficia a la economía regional?».
De este modo, continuó el diputado, «el puerto de Cartagena introduce una gran cantidad de petroleo porque tiene buenas condiciones y a Murcia le interesa que el petroleo siga entrando por Cartagena porque asegurar parte de la economía al puerto de Cartagena la economía a la Comunidad de Murcia».
Igualmente, insistió en que «el petroleo no lo producimos en Murcia, por lo que ese oleoducto conviene que exista porque aporta dinero a nuestra economía regional».
En esta linea, recalcó que «decir que no queremos que se haga ese oleoducto es como decir que no queremos mandar pimientos a Toledo. Es una tontería ya que, no hablamos de solidaridad sino de intereses comerciales».
«A Murcia le interesa que el puerto de Cartagena sea importante en petroquímica y a Puertollano le interesa que el petroleo llegue desde Cartagena», apostilló Jara.
Sin embargo, aseguró que «la planta de Repsol de Puertollano no dejaría de funcionar si algún político con pocas miras de futuro decidiera que este oleoducto no se hiciera, puesto que el petroleo entraría por otra comunidad, con lo que se perjudicaría al puerto de Cartagena».
Por todo ello, el socialista exigió «un poco de seriedad», porque estamos jugando con la economía regional, y por tanto, con el empleo y con el negocio de muchas empresas de la Región».
Finalmente, Jara volvió a incidir en que puede «entender a los regantes pero no al Gobierno, cayendo éste en un discurso tan barato y tan simple». Y apuntó, «o el Gobierno de la Comunidad es un ignorante o nos toma por ignorantes a los murcianos, ambas cosas igual de graves», finalizó. o