La incorporación de la problemática del agua a las reformas estatutarias podría «constituir un problema de orden político», si continúa primando la lucha por la propiedad de este recurso, en lugar de que se imponga por encima de todo lo demás un «uso racional y solidario», según un informe del Instituto de Derecho Público, informa Efe.

Esta es la tesis principal que aparece recogida en la valoración general -escrita por el catedrático de Derecho Administrativo Joaquín Tornos-, que introduce el Informe de las Comunidades Autónomas 2006 elaborado por dicho instituto,

Si bien, el catedrático puntualizó que «en ocasiones» las cuestiones estatuarias quedan reducidas a meras declaraciones de voluntad sobre cómo gestionar el agua. Sin embargo, Tornos advierte de los problemas políticos que podrían aparecer en el momento en el que esas ideas se pongan en práctica. Un momento crítico que pondrá en evidencia a los órganos competentes que deberán decidir cómo deben adoptarse «decisiones concretas sobre su administración».

En esta línea, Tornos subrayó que las reformas estatutarias han generado un «efecto de emulación y de confrontación entre comunidades limítrofes o con intereses sobre las mismas cuencas». Un enfrentamiento que ha quedado en evidencia ante los números recursos de inconstitucionalidad contra estatutos que ya habían sido aprobados, consideró el catedrático. Asimismo, la guerra política en la intención, hecha pública por varios Gobiernos autonómicos, de impugnar las previsiones que aparecen en los proyectos de las nuevas reformas.

Todos quieren «su» agua

El autor del informe recuerda que en la actualidad ya hay cuatro estatutos (Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Aragón), que ya han sido aprobados, así como el de Castilla-La Mancha, que continúa su trámite en el Congreso, incluyen en su articulado alusiones directos a este tema desde diversas perspectivas, muchas veces hablando del agua como una propiedad. En un análisis comparativo sobre la cuestión del agua, el informe destaca que Andalucía reclama como competencia exclusiva la cuenca del Guadalquivir que transcurre por su territorio, Aragón establece una cantidad mínima del caudal del Ebro que debe quedar garantizada para la Comunidad.

Por otra parte, frente al artículo 17 del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que se limita a «garantizar el derecho de disponer de abastecimiento de agua de calidad», el artículo 117 del catalán certifica la participación de la Generalitat «en la planificación hidrológica y en las cuencas de gestión intercomunitarias». En el caso de la reforma del estatuto castellano-manchego, se fija el año 2015 como fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura.

Por todo ello, el catedrático concluyó que la «atención especial» prestada por las nuevas reformas estatutarias al tema del agua supone, en la práctica, que la reivindicación «de la propiedad de este recurso» prime sobre el interés general. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) coincidía la pasada semana, como ya publicó ABC, con la tesis de Tornos. En un análisis sobre los estatutos, Fenacore advertía que es «inadecuado» dividir los ríos con carácter artificial por tramos autonómicos, -como establece el estatuto andaluz con el Guadalquivir- estableciendo cada región un régimen diferente para el caudal que atraviesa su territorio, o los plazos impuestos, hasta el 2015, como fecha que ponga fin al acueducto del Tajo-Segura.

Resaltó que el nuevo Estatuto «es constitucional de los pies a la cabeza» y recordó que la Directiva Europea obliga al mantenimiento de la calidad de los ríos y el Tajo «está herido de muerte»

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Fernando Lamata, ha considerado que el Trasvase Tajo-Segura dejará de usarse antes del año 2015 ya que Castilla-La Mancha, según establece la ley actual y «no nuestro nuevo Estatuto de Autonomía», tiene preferencia en la utilización del agua al ser la cuenca cedente, un recurso que nos es necesario para mantener el desarrollo y velar por el medio ambiente.

Castilla-La Mancha necesita una reserva de agua para abastecimiento a población, para uso industrial y agroalimentario pero también como recurso medioambiental ya que la Directiva Europea nos obliga al mantenimiento de la calidad de ríos como el Tajo que, en la actualidad, «está herido de muerte y en una situación insostenible».

Lamata hizo esta afirmación en Albacete a preguntas de los periodistas, ante los que resaltó que el nuevo Estatuto de Autonomía «es constitucional de los pies a la cabeza» y plantea que la competencia en materia de agua es del Gobierno del España.

En el proyecto de reforma, agregó, lo que demanda Castilla-La Mancha es que hay que mejorar las leyes porque «son normas vivas que van cambiando», y a lo que aspiramos es a tener más competencias en materia de agua, un terreno donde «hemos ganado mucho y vamos a seguir avanzando».

En este sentido, Lamata recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió con el presidente Barreda a no adoptar medidas en materia de agua que nos afecten «sin contar con Castilla-La Mancha», una «co-gestión» que es el objetivo que se persigue en el Estatuto.

El Gobierno regional quiere ser partícipe de un debate en el que no pudimos intervenir cuando se puso en marcha el trasvase Tajo-Segura. «Ahora tenemos voz y voto y defendemos nuestro derecho a usar el agua para nuestras necesidades y nuestro progreso», argumentó el vicepresidente primero.

Somos la segunda Comunidad Autónoma en creación de empresas según un reciente estudio, y en el último año se han creado 45.000 nuevos empleos, puso como ejemplos el vicepresidente, y para mantener ese desarrollo y generar riqueza «necesitamos el agua».

Por ello, concluyó Lamata, Castilla-La Mancha considera necesario hacer una reordenación de los recursos ya que, con los medios actuales, el agua se puede obtener por desalinización, «una alternativa del Levante para conseguir más agua» a un precio algo más elevado, si bien esto «es una cuestión de rentabilidad de un negocio y no de supervivencia de un territorio».

El alcalde de La Herrera (Albacete), Pablo Escobar, aseguró hoy en declaraciones a Europa Press que el asentamiento de inmigrantes en la localidad ‘es un problema que necesita soluciones estatales’ y señaló que el hecho de que en el trasvase ‘se bañe una persona algún día, no pasa nada, pero es que se están bañando a diario 2.000 personas, están lavando sus platos, su ropa y a poca distancia de aquí hay una toma que sirve para el abastecimiento a Albacete capital’.

   El municipio albaceteño de La Herrera, de no más de 500 habitantes, padece desde mediados del mes de julio, un multitudinario asentamiento de inmigrantes de nacionalidad rumana junto al trasvase Tajo-Segura, en el que se han llegado a concentrar hasta 2.000 rumanos.

   Una situación que, tanto a los vecinos como al Ayuntamiento les ha desbordado, no tanto por la inestabilidad o posibles enfrentamientos entre personas acampadas y vecinos, sino por la suciedad que está suponiendo para el agua que llega por el canal.

   Los vecinos lo han comentado entre ellos, se lo han planteado a su primer edil, y éste asegura que intenta tener lo más limpio que puede el pueblo ‘pero no me pueden pedir que me presente en un asentamiento donde hay 1.500 personas e intente echarlos, porque el que va al agua casi seguro que soy yo. No tengo ni los medios ni la capacidad para hacer frente a este problema y hacer cumplir las normas, que para eso están’.

   Desde que la población rumana asentada empezó a crecer desmesuradamente, Escobar comenzó a pedir ayuda y a dar cuenta de la situación a administraciones y a instituciones competentes.

   ‘Me he dirigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo, y a la oficina que tiene en La Roda, a la ministra de Medio Ambiente, al director general del Agua, al subdelegado del Gobierno varias veces, desde el 13 de julio, y me ha recibido su secretario porque él estaba de vacaciones, también al delegado del Gobierno en Albacete, y de nuevo a la Subdelegación’.

   Escobar lamentó las pocas actuaciones que se han tomado hasta ahora y que se concentran en que ‘el Seprona ha puesto denuncias aplicando la Ley de Residuos y que han identificado a 43 rumanos’.

NO TRASLADAR EL PROBLEMA.

   Esta misma mañana, el alcalde de La Herrera confirmó a Europa Press que siguen ocupados –por tiendas, coches y unas 500 personas– unos 2,5 kilómetros que ‘pertenecen al margen de seguridad del trasvase’, por lo que la competencia directa es de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Ministerio de Medio Ambiente, que todavía no se han puesto en contacto de forma oficial con el alcalde de este municipio.

   ‘Es cierto que ahora se ven menos rumanos por las calles, con toda la polémica que se ha formado, porque estos días se juntaban por lo menos 200 ó 300 a partir de las ocho de la tarde para hacer botellón’, planteó Escobar.

   La vigilancia en el municipio la mantienen entre dos y tres patrullas de la Guardia Civil que pasean de forma permanente, fundamentalmente por la noche porque los vecinos se habían quejado. ‘Les han quitado frutas, hortalizas, ha habido algunos robos en coches’, explicó Escobar, que pide que, sobre todo, lo que no debe ocurrir es que ‘se elimine el problema de La Herrera trasladándolo de lugar a otro municipio’.

El portavoz de campaña del Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PP-CV), David Serra, afirmó ayer que la visita del miércoles de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a la desalinizadora de Torrevieja supone «un desprecio a los regantes» y la acusó de «intentar engañar a los alicantinos con botellines de agua desalinizada». El portavoz popular reivindicó el trasvase del Ebro como «la solución para acabar con la sequía». Exigió a Narbona que las declaraciones que hizo el miércoles en la Comunidad sobre que el trasvase Tajo al Segura no tendrá fecha de caducidad «no sean vacías» y, respecto al trasvase Júcar-Vinalopó, reiteró su exigencia para que el Gobierno central «vuelva al trazado original y que deje de gestionar de espaldas a los regantes».

Sin embargo, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, del PSOE, apostó ayer por la desalinización, como solución para el Levante. Se trata, según el vicepresidente regional, de un «problema de reordenación de los recursos» disponibles por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, dijo. Y advirtió de que «si insistieran en continuar con la intención de solicitar trasvases, deberán conseguir el agua por el medio que se puede conseguir que, es la desalación».

Añadió que las palabras de Narbona en las que recordaba que el agua es asunto del Gobierno central «no suponen un revés para Castilla-La Mancha ni su Estatuto, porque no ha dudado nunca de eso».

Por su parte, el viceportavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea Regional de Murcia, José Antonio Ruiz Vivo, dijo ayer que la actitud de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, con el regalo de botellines de agua desalinizada es como la de un «vendedor de crecepelo».

A su juicio, Narbona «quiere dar gato por liebre», y recalcó que esta medida debería ser complementaria al trasvase del Tajo al Segura, y no sustituir a los caudales trasvasables.

Ruiz Vivo criticó de este modo el acto oficial que el miércoles protagonizó la ministra en Torrevieja, donde acudió a visitar las obras de la desalinizadora que el Ministerio está construyendo para el abastecimiento humano de la zona y para el regadío.

Al respecto, dijo que la ministra debería aclarar la viabilidad de este recurso hídrico para el riego y el consumo y anunció la presentación el pasado día 30 de julio de una moción en la Asamblea de Murcia en la que se insta al Ejecutivo de la vecina región a que solicite al Gobierno de la nación y al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, un pronunciamiento oficial sobre el plan de interconexiones del Tajo medio y la apertura de bancos de agua en la desembocadura del Ebro.

Sobre los bancos públicos de agua, recordó que tanto el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, como el jefe del Ejecutivo murciano se ofrecieron a sufragar los gastos de conducción del agua desde la desembocadura del Ebro hasta la Región, pasando por Valencia.

El portavoz de PSRM-PSOE, José Ramón Jara, afirmó en relación a las declaraciones de los regantes respecto al oleoducto que unirá Cartagena con Puertollano, que respeta a los regantes porque «entendemos que tiene un situación de confrontación con regantes de Castilla-La Mancha, pero no podemos ni compartir ni entender al Gobierno regional que está obligado a mantener la cabeza fría y tener mas serenidad en esta materia».
Jara afirmó que «ese oleoducto que lleva el petroleo desde el puerto de Cartagena hasta la planta de Puertollano en Castilla-La Mancha no es un trasvase que hace Murcia a Castilla-La Mancha».
Así, el portavoz socialista equiparó la situación preguntando que «cuando enviamos camiones con pimientos y melocotones a Madrid, ¿estamos trasvasando pimiento y melocotones a Madrid o estamos haciendo un negocio legítimo que beneficia a la economía regional?».
De este modo, continuó el diputado, «el puerto de Cartagena introduce una gran cantidad de petroleo porque tiene buenas condiciones y a Murcia le interesa que el petroleo siga entrando por Cartagena porque asegurar parte de la economía al puerto de Cartagena la economía a la Comunidad de Murcia».
Igualmente, insistió en que «el petroleo no lo producimos en Murcia, por lo que ese oleoducto conviene que exista porque aporta dinero a nuestra economía regional».
En esta linea, recalcó que «decir que no queremos que se haga ese oleoducto es como decir que no queremos mandar pimientos a Toledo. Es una tontería ya que, no hablamos de solidaridad sino de intereses comerciales».
«A Murcia le interesa que el puerto de Cartagena sea importante en petroquímica y a Puertollano le interesa que el petroleo llegue desde Cartagena», apostilló Jara.
Sin embargo, aseguró que «la planta de Repsol de Puertollano no dejaría de funcionar si algún político con pocas miras de futuro decidiera que este oleoducto no se hiciera, puesto que el petroleo entraría por otra comunidad, con lo que se perjudicaría al puerto de Cartagena».
Por todo ello, el socialista exigió «un poco de seriedad», porque estamos jugando con la economía regional, y por tanto, con el empleo y con el negocio de muchas empresas de la Región».
Finalmente, Jara volvió a incidir en que puede «entender a los regantes pero no al Gobierno, cayendo éste en un discurso tan barato y tan simple». Y apuntó, «o el Gobierno de la Comunidad es un ignorante o nos toma por ignorantes a los murcianos, ambas cosas igual de graves», finalizó. o

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Ruiz Vivo, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que se solicita que el presidente del Gobierno de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, haga un «pronunciamiento oficial sobre las propuestas presentadas por el presidente de la Región de Murcia, relativas al Plan de Interconexiones del Tajo-Medio y a la apertura de bancos del agua en la desembocadura del Ebro, alternativas que contribuirían a alcanzar soluciones para paliar la escasez de agua que viven diversas zonas de España, y en especial la Región de Murcia».

Según ha manifestado José Antonio Ruiz Vivo, «la situación que vive el campo murciano no permite más dilaciones. Además, las alternativas fueron puestas encima de la mesa por el presidente Valcárcel en su visita a La Moncloa hace ya más de dos años y lo que hay que hacer es darles respuesta con urgencia».

En respuesta a las declaraciones del vicepresidente primero de Castilla La Mancha, Fernando Lamata que aseguraba que el trasvase del Tajo-Segura «no tiene futuro», el portavoz popular le ha recordado que establecer una «autarquía del agua es propia de políticos a los que se les paró el reloj hace tiempo. Es evidente que mientras que los miembros del gobierno castellanomanchego buscan la confrontación permanente, nosotros buscamos la solución permanente».

Ruiz Vivo ha manifestado asímismo que Lamata debería estudiar seriamente el proyecto presentado por Valcárcel y decir «cuánta agua hay almacenada en el Tajo-Medio, en lugar de buscar continuamente la polémica con la Región de Murcia y con la Generalitat Valenciana».

Sufragado por Murcia

En cuanto a los bancos del agua, señaló que «es preciso recordar que tanto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps como Ramón Luis Valcárcel se ofrecieron a sufragar los gastos de conducción del agua desde la desembocadura del Ebro hasta Murcia, pasando por Valencia».

Ruiz Vivo ha añadido que «si el Gobierno central no quiere el trasvase, pero sí admite los bancos de agua, que dejen que las comunidades de Murcia y Valencia acudan a esa fórmula de bancos de agua donde la hay, es decir, en la desembocadura del Ebro».

Igualmente, el portavoz popular ha asegurado que «el llamado Plan Valcárcel sobre el Tajo Medio no puede seguir durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de la mesa de despacho de Zapatero. Tal y como ha explicado Ramón Luis Valcárcel en varias ocasiones, los 500 hectómetros cúbicos que se obtendrían de este nuevo plan solucionarían problemas de agua de Castilla La Mancha y Murcia».

Plan serio y solidario

«Ante el evidente fracaso del programa AGUA -continúa el viceportavoz- y las permanentes protestas de los regantes murcianos, que se ven desamparados por aquellos que les arrebataron un Plan Hidrológico Nacional serio, solvente, solidario y vertebrador, entendemos que ha llegado la hora de alcanzar compromisos sobre la base de los trabajos ya realizados por el presidente Valcárcel que, a la hora de plantear sus alternativas no sólo ha contemplado las necesidades hídricas de la Región, sino también de otras comunidades autónomas, como es el caso de Castilla La Mancha».

Acaba Ruiz Vivo señalando que «Valcárcel ha planteado soluciones donde otros ponen sequía de ideas, que es la peor de las sequías. Por eso, desde el Partido Popular queremos que el pleno de la Asamblea Regional pida al Gobierno de España una respuesta clara, diáfana y concisa sobre el Tajo-Medio y los bancos de agua del Ebro. Tiempo han tenido para ello».

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, advirtió ayer al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de que las Cortes modificarán el Estatuto de su comunidad «en todo aquello que no se atenga al ordenamiento constitucional», y recordó que la gestión del trasvase Tajo-Segura corresponde «exclusivamente» al Gobierno.
   Narbona hizo estas declaraciones durante su visita a la planta desalinizadora de Torrevieja: «El trasvase no tiene fecha de caducidad», sentenció Narbona, quien añadió que la legislación que regula esta infraestructura «establece unas determinadas reglas de explotación que se están respetando» y que dan «garantías a quienes durante mucho tiempo han dependido de la lluvia».
   La ministra recordó que el Estatuto castellanomanchego todavía no se ha sometido a debate en el Parlamento español, y señaló que todos los proyectos autonómicos ya presentados «han sido modificados en aquellos artículos que podían suponer una alteración del ordenamiento constitucional». A este respecto, insistió en que la tarea de las Cortes será la de «modificar el texto en todo aquello que no se atenga al ordenamiento constitucional» y precisó que éste establece «claramente» que la gestión del trasvase «corresponde exclusivamente al Gobierno».
   Horas más tarde, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, respondió a la ministra al asegurar que el Gobierno regional espera que el nuevo Estatuto de Autonomía le dé más competencias «para mejorar la vida» de los habitantes de la región, como la gestión del agua, que calificó de «esencial».

El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, criticó hoy en rueda de prensa lo que calificó como «postura numantina» del gobierno de Castilla-la Mancha y de las Cortes Generales en esa comunidad por su política en materia de agua de criticar el trasvase Tajo-Segura, con lo que pretenden sacar réditos políticos.

A su juicio, tanto el gobierno manchego como el murciano mantienen una política de agua «que no beneficia nada a los intereses de España, de Murcia o de Castilla-La Mancha».

Recordó que el Gobierno central ha dejado claro que los ríos que atraviesan mas de una comunidad autónoma son competencia del Estado y que el trasvase «es intocable y tiene mucho futuro, como lo demuestran las inversiones millonarias que se están haciendo para su fortalecimiento, y que los bancos públicos del agua utilizan su infraestructura para su funcionamiento».

Para Jara, en Castilla-La Mancha «intentan el ejercicio perverso, en el que el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, cae a veces, de igualar el Tajo con Castilla-La Mancha y decir que el agua que viene la mandan los castellano manchegos; lo que no es cierto porque Castilla-La Mancha es la cuenca del Tajo, dado que dos terceras partes no son cuenca del Tajo, y solo un tercio de la cuenca del Tajo está en Castilla-La Mancha, el resto están en Madrid, Extremadura y en Portugal».

«No viene agua de los manchegos para Murcia; viene agua de un río español para Murcia y, por tanto, tenemos tanto derecho a utilizarla como los regantes de la cuenca del Tajo en Castilla-La Mancha», agregó.

José Ramón Jara consideró «inaceptable» esta situación «porque están arrogándose una prioridad y un derecho que no les pertenece porque por ley hace 25 años se asignó a unos regantes derechos sobre la cuenca del Tajo, y esos derechos son tan importantes como los que puedan tener los regantes de Castilla-La Mancha, de Madrid o de Extremadura».

El dirigente murciano afirmó que «harían bien los políticos de uno y otro signo si dejaran de manosear el agua, e intentaran llegar a un consenso o a un acuerdo que beneficiara a todos. En la guerra del agua perdemos todos», añadió.

«Se que es difícil en este país llegar a acuerdos de Estado, pero debería ser posible, no solamente en materia de terrorismo o de educación o pensiones, también en materia de agua sería deseable que este país llegara a un acuerdo», aseveró.

Respecto a las críticas de los regantes murcianos y del gobierno regional a un proyecto de oleoducto desde Cartagena a Puertollano, comparando esta infraestructura a un trasvase, Jara manifestó que se trata de una postura poco seria y de un discurso barato y simplista, ya que a la Región de Murcia le interesa esa infraestructura que aporta dinero a su economía, y dijo que criticarla sería como criticar por ejemplo las exportaciones de frutas murcianas.

El paseo marítimo de la localidad alicantina de Guardamar del Segura, gobernada por la socialista Marylene Albentosa, fue finalmente el escenario en el que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se dedicó a regalar a los bañistas botellines de agua desalada, para convencerles de las bondades de la desalación frente a los trasvases.

Al no autorizar Torrevieja la campaña -tras la negativa de Medio Ambiente a desvelar el contenido de las botellas de 0,33 litros, tal como publicó ABC-, la empresa subcontratada por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (Acuamed) se desplazó hasta la única playa de un municipio socialista en la Vega Baja, para proceder al reparto de botellines.

No obstante, pese a las grandilocuentes afirmaciones que rezaban en la publicidad repartida a pie de playa, el agua que ayer regaló Medio Ambiente -y que seguirá regalando en las principales playas de la Comunidad y Murcia, según Narbona- no era estrictamente desalada. En realidad, según se afirma en el etiquetado, se trata de agua que combina un 75 por ciento de líquido procedente de la desaladora de San Pedro del Pinatar (Murcia), y un 25 por ciento de agua mineral.

Sin embargo, la titular de Medio Ambiente defendió que los botellines de Acuamed contenían «exactamente» el mismo agua que se consume en los hogares la capital alicantina -abastecida por la planta desaladora «Alicante I»-.

Negativa a los vertidos

Narbona, que criticó duramente al Ayuntamiento de Torrevieja -aunque sin explicar que se le había impedido repartir los botellines en la playa del Cura, tal como había planeado en principio-, aseguró que el agua desalada rebajada con mineral cumple las «máximas garantías», ya que ha sido analizada por un laboratorio «acreditado».

Si bien la campaña a favor de la desalación no se desarrolló en Torrevieja, la ministra de Medio Ambiente sí visitó finalmente -seis meses después del inicio de las obras- «la desaladora más grande de Europa», para ufanarse del «respaldo» del Tribunal Constitucional (TC) y la Comisión Europea (CE) a la planta.

Narbona, arropada por medio centenar de cargos gubernamentales y representantes socialistas, se felicitó por el ritmo de los trabajos y consideró que la desaladora se pondrá en marcha el próximo año, pese a no contar todavía con autorización para verter la salmuera -los desechos resultantes del proceso de desalación- en el mar torrevejense.

De hecho, la titular de Medio Ambiente advirtió que utilizará «todos los instrumentos del Estado de Derecho» para obtener dicho permiso -aunque la solicitud se realizó respecto al proyecto anterior, modificado tras su aprobación-, y consideró que «de nuevo» se dará la razón al Gobierno.

Por su parte, desde el PPCV -que recordó la larga lista de agravios de Narbona a la región- se acusó a la ministra, cuya visita se tildó de «provocación», de no dar solución a los problemas hídricos de la Comunidad, mientras las desaladoras se convierten en un «órdago» al ecosistema litoral.

Todo depende de cómo se considere o se mida la situación. Según publicaba ayer el Ministerio de Medio Ambiente a través de su Boletín Hidrológico Semanal, las dos cuencas hidrográficas peninsulares con menos agua embalsada con una situación más precaria son las dos más importantes para la provincia de Albacete, esto es, la del Segura y la del Júcar.

Sin embargo, respecto a la misma semana, pero de hace un año, ambas cuencas están algo mejor, según ese mismo Boletín. En el caso del Segura, su embalses están al 16,7% (188 hectómetros cúbicos almacenados de una capacidad máxima de 1.1.29), un 0,4% menos que la semana anterior pero 3,4 puntos más que el pasado año en las mismas fechas.

Y en el caso del Júcar, se encuentra al 19,2%, un 0,5% menos que hace siete días, pero un 3,9% más que en 2006, porque esta semana contaba con 642 hectómetros cúbicos almacenados de una capacidad de almacenamiento máxima de 3.346 hectómetros.

SISTEMA JÚCAR. En el caso del Júcar, y atendiendo al ‘sistema Júcar’ en sí mismo (Alarcón-Contreras-Tous) señalar que en estos momentos almacena un total de 222 hectómetros cúbicos de una capacidad máxima conjunta de 2.2664 (9,8%), nueve hectómetros menos que hace una semana, según las cifras del ministerio de Medio Ambiente.

Para ser exactos, el embalse de Alarcón dispone de 112 hectómetros cúbicos almacenados, de una capacidad máxima de almacenamiento de 1.112 (sigue igual), el de Contreras, de 57 de un total de 874 ( baja un hectómetro cúbico) y el de Tous de 53 de un total de 378 (baja ocho hectómetros).

En cuanto al Segura, el embalse de Camarillas, sobre el río Mundo, tiene almacenados un total de ocho hectómetros cúbicos de una capacidad máxima de 36; el Cenajo, sobre el Segura, 71 de 437; Fuensanta (Segura), seis de 210; Taibilla (id.) tres de nueve y Taibilla (Mundo) 7 de 35 hectómetros cúbicos de capacidad máxima.

DATOS NACIONALES. En cuanto a la reserva de agua en los embalses peninsulares, según informa EFE, volvió a bajar la última semana, en esta ocasión un 2,2 por ciento (1.208 hectómetros cúbicos), con lo que se sitúa en el 54,5% de su capacidad total, casi nueve puntos más que la que había el año pasado por las mismas fechas.

Según los últimos datos que ha hecho públicos el Ministerio de Medio Ambiente, el agua acumulada en los embalses suma 29.468 hectómetros cúbicos. Las precipitaciones, con una media de 2,8 litros por metro cuadrado, han afectado, sobre todo, a las cuencas de la vertiente mediterránea.

El conjunto de los embalses hidroeléctricos disminuyó durante este periodo en 638 hectómetros cúbicos (el 3,7% de la capacidad total de los embalses), con variaciones entre el Tajo, que pierde 149 hectómetros cúbicos, y Guadalquivir, que no perdió ninguno.

En los de uso consuntivo, la disminución es de 570 hectómetros cúbicos (el 1,6% de la capacidad total de los embalses), con variaciones entre el Ebro, que baja 156 hectómetros cúbicos, y las cuencas internas del País Vasco, que permanecen igual.